Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01463-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01463-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01463-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 7 de julio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01463-01
Demandante: Luis Arturo Melo Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos generales de
procedencia - Costas procesales/ Violación directa de la Constitución – non reformatio in
pejus/ Defecto fáctico.
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició, de un lado, la Sentencia de segunda
instancia que revocó el fallo que negó el reconocimiento de unos viáticos y, en su lugar,
declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho, de otro lado, el auto
en el que se aclaró que dicha declaratoria implicaba, igualmente, la negación de las
pretensiones.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia proferida
el 1 de abril de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 3 de marzo de 2022, Luis Arturo Melo Díaz, en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, con ocasión de las providencias de 29 de abril y 2 de diciembre
de 2021, proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 68001-23-33-000-2017-00039-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01463-01
Demandante: Luis Arturo Melo Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica y confirma
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“Primera: Que se Revise y Revoque el numeral segundo de la Sentencia
Aclarada, que declaró probada la Excepción de Prescripción de mi Derecho
adquirido a reclamar los viáticos que allí se mencionan y en su lugar se me
reconozcan y se ordene el pago
Se me libere de las costas-.
Segunda – Que reconocidos los Viáticos se imponga a la RNEC la sanción
moratoria de ley, hasta que se verifique el pago”.
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 18 de enero de 2017, Luis Arturo Melo Díaz2 presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional
del Estado Civil, con el fin de obtener la nulidad del Oficio GTH-0700 de 19
de julio de 2016, mediante el cual se negó el pago de viáticos por comisión
de servicios a su favor, de conformidad con los Decretos 3537 de 2003, 399
de 2006 y 628 de 2007.
5. 2) El asunto lo conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander que, mediante Sentencia de 12 de julio de 2018,
negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que se presentó un
traslado temporal y no la situación administrativa de comisión de servicios,
sin que el acto administrativo que contuvo tal decisión hubiera sido
suspendido o anulado.
6. 3) El actor apeló la anterior decisión3 y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a través de la Sentencia de 29 de abril de
2021, la revocó y, en su lugar, declaró probada la excepción de
prescripción extintiva del derecho para reclamar el reconocimiento y pago
de viáticos por los períodos de 1 de octubre a 24 de noviembre de 2003, 16
de enero a 1 de junio de 2006 y agosto a noviembre de 2007, con
fundamento en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, ya que, al
momento de la presentación de la reclamación administrativa – 23 de
junio de 2016, ya habían trascurrido más de 3 años.
7. 4) El señor Melo Díaz solicitó aclaración y adición de la anterior
sentencia, frente a lo cual la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en Auto de 2 de diciembre de 2021, aclaró el numeral
segundo, en el sentido que agregó la expresión (se trascribe) “y en ese
2 Quien fue nombrado como delegado departamental 0020-04 en la planta global sede central en la
delegación departamental de Norte de Santander, el 8 de febrero de 2002. Cargo que, según indicó en la
tutela, ocupó hasta el 24 de mayo de 2008.
3 En el cual cuestionó el hecho de que la Registraduría Nacional hubiera ordenado el reconocimiento y pago de
un auxilio de traslado en su “traslado temporal” efectuado en época de elecciones, bajo lo dispuesto en el
artículo 36 del Decreto Ley 1014 de 2000, (se trascribe) “cuando la misma normatividad literal indica es que ese
auxilio de traslado deberá ser otorgado al funcionario que fuere nombrado con carácter permanente para
ocupar un cargo en otro municipio”. En esa medida, afirmó que estaban aplicando mal la normatividad o,
mejor, reconociendo auxilios en situaciones por fuera de las contempladas en la norma, pues, el artículo 7 del
Decreto 1487 de 1986 y la Circular No. 10 de 1992 prevén que los traslados realizados durante la época electoral
debían tenerse como “comisiones de servicio” durante el tiempo que durara dicha actividad. Así las cosas,
concluyó que se vulneraban sus derechos al mínimo vital y la primacía de la realidad sobre las formas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01463-01
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica y confirma
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sentido, se niegan las pretensiones de la demanda”, de manera seguida a
la de declaración de la excepción de prescripción extintiva.
8. El fundamento de la vulneración radicó en la presunta configuración
de los defectos procedimental absoluto y fáctico.
9. Para el accionante, el defecto procedimental absoluto se configuró
porque, pese a haber sido apelante único, la autoridad judicial
demandada desconoció el principio “non reformatio in pejus” pues
declaró probada la excepción de prescripción y condenó en costas (se
trascribe) “de las que había sido liberado en la primera instancia”, además,
aclaró el numeral segundo, según él, de manera contradictoria e
incoherente porque reconoció sus pretensiones con la revocatoria, es
decir, (se trascribe) “aceptó la nulidad del Oficio referido [GTH-0700 de 19
de julio de 2016]”.
10. Respecto del defecto fáctico, indicó que la decisión desconoció las
solicitudes y derechos de petición con los que interrumpió los términos de
la prescripción laboral4, por lo que, a su juicio, careció de apoyo
probatorio para la aplicación de la supuesta prescripción.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
11. Mediante Sentencia de 1 de abril de 2022, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado frente al
defecto procedimental absoluto, al determinar que no cumplió con el
requisito de subsidiariedad, pues, consideró que la parte actora tenía a su
disposición el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250
de la Ley 1437 de 2011 para alegar la vulneración a los principios de
congruencia y “non reformatio in pejus”, bajo la causal establecida en el
numeral 5 concerniente a la existencia de una nulidad en la sentencia.
12. Por otro lado, precisó que no emitiría pronunciamiento de fondo
respecto del defecto fáctico, (se trascribe) “toda vez que los argumentos
jurídicos expuestos para estructurarlo tienen una conexión directa con el
4 “1. Oficio sin número del Juzgado Tercero de Familia del distrito Judicial de Cúcuta. Acción de Tutela Radicado
54001311000-200900245-00 se anexa.
2. Oficio No. 1608- de 12 de junio de 2009- 54001311000-200900245-00 se anexa.
3. Oficio No. SGTP007209 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL de fecha 19 de junio de 2009 solicitando copia del oficio
remisorio del proceso de la acción de Tutela fallada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
Magistrado Félix María Galvis Ramírez. Se anexa.
4. Escrito de la Anterior Acción de Tutela y constancia de Acta de Reparto, siete folios.
5. Oficio del Seguro Social de fecha 8 de junio de 2009 No. GS-DP- 6341 con petición especial al suscrito de dar
plazo para expedir el acto administrativo que nunca se, ni me fue enviado, a la dirección suministrada hasta la
fecha.
6. Oficio del Seguro Social, de fecha 9 de julio de 2012, relativa a una indagación preliminar por queja de mi
parte ante la morosidad de tramites de Solicitudes y Derechos de Petición del seguro social relativo a mis
derechos pensionales.
7. Oficio del 20 de diciembre de 2010, del suscrito Luis Arturo Melo, aun sin respuesta del Seguro Social, ni de
COLPENSIONES por no incluir en mi Historia Laboral las semanas cotizadas por la UFPS – Universidad Francisco de
Paula Santander- y omití en la Liquidación por tiempo de Servicios, salarios y prestaciones – aun hoy sin resolver,
conforme Respuesta de Colpensiones anexos, que siguen interrumpiendo la prescripción “.
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica y confirma
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desconocimiento de los principios de congruencia y la «non reformatio in
pejus»”.
13. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante presentó
escrito de impugnación, en el que sostuvo que se encontraba en
presencia de un perjuicio irremediable dadas sus circunstancias de salud y
su edad – 79 años, lo cual hacía que los mecanismos no fueran eficaces.
Además, manifestó que la tutela contenía un importante acervo
probatorio que nunca fue evaluado en la sentencia impugnada.
14. Adicionalmente, precisó que (se trascribe) “mi pretensión se refiere a
la revisión y revocatoria solo del numeral que declara la prescripción de mi
derecho laboral al pago de uno viáticos y la aplicación de la sanción
moratoria”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos presuntamente vulnerados. 2.2. Identificación
de defectos. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.4.1 En relación con la condena en costas procesales. 2.4.2.
En relación con los demás reparos. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o vulneración
de derechos fundamentales. 2.6. Conclusiones.
2.1. Identificación de derechos presuntamente vulnerados
15. Pese a que, en la solicitud de amparo, la parte actora señaló la
vulneración de 2 derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en
la vulneración del derecho al debido proceso, pues, en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si el derecho al debido
proceso fue vulnerado, ya que la vulneración del otro derecho surge como
consecuencia de la misma afrenta al debido proceso. En ese orden, de
encontrarlo lesionado, existirá razón suficiente para conceder el amparo.
2.2. Identificación de defectos
16. Si bien, el demandante invocó, de forma expresa, un defecto
procedimental absoluto por la presunta vulneración del principio “non
reformatio in pejus”, lo cierto es que, por tratarse de un principio
constitucional, la Sala estudiará tal reparo, pero a la luz del defecto de
violación directa de la Constitución.
2.3. Fijación de la controversia
17. Establecer, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como juez de
segunda instancia, incurrió en los defectos violación directa de la
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Constitución y fáctico, por la presunta vulneración del principio de “non
reformatio in pejus”, en relación con las costas procesales y la declaración
de prescripción extintiva, y la no apreciación de ciertas pruebas. Como
consecuencia de lo anterior, se procederá a confirmar, modificar o
revocar el fallo impugnado, según sea el caso.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5
2.4.1. En relación con la condena en costas procesales
18. La Sala advierte que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, porque la imposición de la condena en costas, en el caso
concreto, constituye una controversia eminentemente patrimonial y
económica, de la cual no se advierte un desconocimiento de los derechos
fundamentales que amerite la intervención del juez constitucional. En ese
orden, al igual que en ocasiones anteriores, se declarará la improcedencia
de la acción de tutela frente a este aspecto6.
19. No sobra advertir que, de existir algún reparo frente al monto de las
costas en comento, las partes siempre podrán objetar la liquidación que
de ellas se haga por Secretaría, previamente a que las mismas sean
aprobadas por el juez de conocimiento, de manera que, es en ese
escenario que la parte actora podrá discutir lo que a bien tenga, si es que
no se ha procedido con su liquidación -artículo 366 CGP7. Por tal motivo, se
confirmará la improcedencia que declaró el juez de tutela de primera
instancia, pero, únicamente, respecto del cargo relacionado con la
condena en costas y por las razones aquí expuestas.
2.4.2. En relación con los demás reparos
20. La Sala advierte que, contrario a lo que dispuso la primera instancia,
en el presente caso no existe recurso o medio de defensa judicial idóneo y
eficaz que permita a la parte demandante alegar los reparos planteados
5 Este análisis se hace de conformidad con el orden establecido en la Sentencia T-66 de 2019 de la Corte
Constitucional.
6 Al respecto, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019,
Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y
11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00,
Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-00; Sentencia de 5 de febrero de 2020,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00294-00,
Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de 5 de junio de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-01641-01,
Sentencia de 1 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-02188-00.
7 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: (…)
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los
recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.” Es
Preciso indicar que se acude a la referida normatividad porque el artículo 30 de la Ley 393 de 1997 dispone que
en los aspectos no contemplados en esta Ley se seguirá el Código Contencioso Administrativo en lo que sea
compatible con la naturaleza de las Acciones de Cumplimiento y, a su vez, este último Código, en su artículo
188, prevé que la liquidación y ejecución de la condena en costas se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil, ahora Código General del Proceso.
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vía tutela y procurar la defensa del derecho fundamental al debido
proceso, ya que esta Sala ha considerado8 que el recurso extraordinario de
revisión (artículo 250 del CPACA9), bajo la configuración de una causal de
nulidad originada en la sentencia (causal 5), no procede respecto a la
afectación del principio alegado, ni del principio de congruencia que no
fue invocado pero que encuadró el juez de tutela de primera instancia,
pues las causales de nulidad son taxativas y se encuentran contempladas
en el artículo 133 del CGP10, dentro de las cuales no se encuentran los
aspectos reseñados.
21. Así las cosas, se considera que, en efecto, sí se cumplió con el
presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela y, por tanto, se
revocará la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado, en
cuanto a ese punto, y se continuará con el estudio los demás requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
22. De cara a los demás requisitos, logró advertirse que hubo un plazo
razonable entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada –
Auto de aclaración de 2 de diciembre de 2021- (2/12/2021) y la de
interposición de la presente acción de tutela (3/3/2022). No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una sentencia de
segunda instancia y un auto de aclaración, proferidos en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos. La controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso con
ocasión de 2 providencias judiciales de las que se predica la afectación al
principio de “non reformatio in pejus” y el desconocimiento del acervo
probatorio que, en su parecer, interrumpió a prescripción laboral en el
marco de la pretensión de reconocimiento y pago de viáticos, aspecto
sobre el cual no se advierte que los argumentos formulados en el escrito de
tutela hayan sido una reproducción de aquellos planteados durante el
trámite ordinario.
8 Revisar, entre otras, las Sentencias proferidas dentro de los expedientes de tutela: 2019-01010-01, 2019-04407-01,
2020-04756-01, 2021-02892-01 y 2021-04048-01.
9 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación. (…)”
10 “Artículo 133. Causales de Nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1.
Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. // 2. Cuando
el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia. // 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las
causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad
debida. // 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder. // 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar,
decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea
obligatoria. // 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado. // 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación. // 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación
del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas,
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. (…)”
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Decisión: Modifica y confirma
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2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
23. Como se dijo previamente, la Sala modificará la Sentencia de 1 de
abril de 2022, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de
tutela en lo relacionado con las costas y se confirmará la decisión de
negar el amparo respecto los demás reparos planeados, por las siguientes
razones:
24. (1) Frente a la violación directa de la Constitución por transgresión al
principio de “non reformatio in pejus”, es pertinente aclarar que, de
conformidad con el artículo 31 de la mencionada norma, este consiste en
que (se trascribe) “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando
el condenado sea apelante único”
25. Sin embargo, está claro que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander no creó ninguna situación favorable al demandante, toda vez
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.
26. Es decir, con la decisión de primera instancia no se situó al actor en
una situación que lo beneficiara y, por ende, la decisión de segunda
instancia no resultó contraria al citado principio de “non reformatio in
pejus”, máxime cuando el artículo 187 del CPACA dispone que (se
trascribe) “En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y
sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del
inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”.
27. (2) En relación con el defecto fáctico, la Sala advierte que el actor no
explicó cómo las pruebas11, presuntamente, dejadas de valorar por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado interrumpían
la prescripción extintiva y, en ese orden, tenían la virtualidad de cambiar la
decisión que declaró probada esa excepción.
11 “1. Oficio sin número del Juzgado Tercero de Familia del distrito Judicial de Cúcuta. Acción de Tutela Radicado
54001311000-200900245-00 se anexa.
2. Oficio No. 1608- de 12 de junio de 2009- 54001311000-200900245-00 se anexa.
3. Oficio No. SGTP007209 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL de fecha 19 de junio de 2009 solicitando copia del oficio
remisorio del proceso de la acción de Tutela fallada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
Magistrado Félix María Galvis Ramírez. Se anexa.
4. Escrito de la Anterior Acción de Tutela y constancia de Acta de Reparto, siete folios.
5. Oficio del Seguro Social de fecha 8 de junio de 2009 No. GS-DP- 6341 con petición especial al suscrito de dar
plazo para expedir el acto administrativo que nunca se, ni me fue enviado, a la dirección suministrada hasta la
fecha.
6. Oficio del Seguro Social, de fecha 9 de julio de 2012, relativa a una indagación preliminar por queja de mi
parte ante la morosidad de tramites de Solicitudes y Derechos de Petición del seguro social relativo a mis
derechos pensionales.
7. Oficio del 20 de diciembre de 2010, del suscrito Luis Arturo Melo, aun sin respuesta del Seguro Social, ni de
COLPENSIONES por no incluir en mi Historia Laboral las semanas cotizadas por la UFPS – Universidad Francisco de
Paula Santander- y omití en la Liquidación por tiempo de Servicios, salarios y prestaciones – aun hoy sin resolver,
conforme Respuesta de Colpensiones anexos, que siguen interrumpiendo la prescripción “.
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Decisión: Modifica y confirma
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28. En todo caso, la Sala evidenció que dichas pruebas no fueron
allegadas, solicitadas ni decretadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 68001-23-33-000-2017-00039-01, pues, ni
en la demanda ni en las audiencias inicial y/o de pruebas12 se aludió a las
mismas, es más, no se observó que alguna hubiera sido dirigida a la
Registraduría Nacional del Estado Civil (parte demandada del proceso
ordinario) que tuviera la entidad para desvirtuar la prueba de reclamación
administrativa de 23 de junio de 201613, que sirvió de fundamento a la
autoridad judicial demandada para dictar la decisión enjuiciada y, en esa
medida, no careció de apoyo probatorio.
2.6. Conclusiones
29. La Sala modificará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la tutela respecto de todos los reparos alegados, para en su
lugar declarar improcedente la tutela, únicamente, frente a la condena en
costas procesales, y negar el amparo solicitado respecto de los defectos
fáctico y violación directa de la Constitución en lo atinente al principio de
“non reformatio in pejus”, por no configurarse ninguno.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo de tutela de 1 de abril
de 2022, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las
razones dadas en esta providencia, el cual quedará así:
DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela presentada por Luis Arturo Melo
Díaz, únicamente, frente a la condena en costas y por los motivos
aquí dados, y NEGAR el amparo solicitado respecto de los defectos
fáctico y violación directa de la Constitución en lo atinente al
principio de “non reformatio in pejus”, por las razones expuestas.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
12 Folios 10, 139-140 y 186-187 del expediente ordinario.
13 Prueba que obra en el folio 13 del expediente ordinario y que fue referida en el a Sentencia de 29 de abril de
2021, folios 260-264.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01463-01
Demandante: Luis Arturo Melo Díaz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica y confirma
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decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento parcial de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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