Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01464-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01464-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01464-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Expediente núm. 11001-03-15-000-2022-01464-00
ACCIÓN DE TUTELA
ACTOR: JOAQUÍN FELIPE NEGRETTE SEPULVEDAY OTRO.
TESIS: ES IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE
CARECE DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS ACTORES
PRETENDEN DEBATIR EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL ASPECTOS
QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO, A LA DEFENSA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo
presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta
Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.
1 En adelante la Sección Quinta
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01464-00
Actor: JOAQUÍN FELIPE NEGRETTE SEPULVEDA Y OTRO
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
Los señores RAFAEL RICARDO COGOLLO PITALUA y
JOAQUÍN FELIPE NEGRETTE SEPULVEDA, éste último
actuando en nombre propio y como apoderado del primero, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por la SECCIÓN QUINTA, al haber proferido
la providencia de 16 de septiembre de 2021, dentro del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de
radicación 11001-03-28-000-2021-00020-00.
I.2 Hechos
Indicaron que la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA es una entidad
oficial de educación superior del orden nacional con régimen
especial, que fue creada mediante la Ley 37 de 3 de agosto de
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01464-00
Actor: JOAQUÍN FELIPE NEGRETTE SEPULVEDA Y OTRO
19662, con personería jurídica, autonomía administrativa,
financiera y patrimonio independiente.
Afirmaron que el artículo 2° del Acuerdo núm. 270 de 12 de
diciembre de 20173, dispone que la máxima autoridad
administrativa es el Consejo Superior Universitario4.
Refirieron que mediante el Acuerdo núm. 65 de 2 de septiembre
de 20205, el CSU reeligió al señor JAIRO MIGUEL TORRES
OVIEDO como rector de la Universidad de Córdoba, para el
período comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 y el 17 de
diciembre de 2025.
Señalaron que inconformes con la anterior decisión, promovieron
el medio de control de nulidad electoral identificado con el núm.
único de radicación 2020-00088-00, el cual le correspondió por
reparto a la SECCIÓN QUINTA que, a través de auto de 16 de
diciembre de 2020, decretó la suspensión provisional del acto
administrativo cuestionado.
2 “Por la cual se crea la Universidad de Córdoba”
3 “Por medio del cual se adopta el Estatuto General de la Universidad de Córdoba”
4 En adelante el CSU
5 “Por medio del cual se realiza una designación”
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Expusieron que el decreto de la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo controvertido se efectuó bajo el
argumento de que se acreditó a través de diversos medios
probatorios que algunos familiares del señor JOSÉ GABRIEL
FLÓREZ BARRERA celebraron contratos estatales y fueron
nombrados por el señor JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO como
rector de la Universidad de Córdoba en ese ente universitario y
luego de ello participaron en su reelección en dicho cargo para el
período 2021-2026, sin manifestar impedimento alguno y
además, se demostró que aquel postuló al señor NICOLÁS
MARTÍNEZ HUMÁNEZ como decano de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad, quien posteriormente
participó en el acto de elección cuestionado.
Alegaron que, debido a la suspensión de los efectos del acto
administrativo acusado, el señor TORRES OVIEDO renunció a la
designación como rector de la Universidad de Córdoba.
Precisaron que mediante el Acuerdo núm. 130 de 29 de diciembre
de 2020, el CSU realizó una nueva convocatoria, para que en esa
elección no participaran aquellos consejeros titulares que se
encontraban inmersos en alguna inhabilidad, sino los suplentes de
dichos consejeros, figura que no contaba con respaldo legal, pues
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no estaba prevista en la Ley 30 de 28 de diciembre de 19926, tal
y como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-589 de
1997.
Manifestaron que, en esa oportunidad, tres de los consejeros
titulares presentaron excusa de inasistencia, por lo cual fueron
representados por sus suplentes y en desconocimiento de la Ley
y de los precedentes de constitucionalidad decidieron elegir
nuevamente como rector de la Universidad al señor JAIRO
MIGUEL TORRES OVIEDO, quien fue designado mediante el
Acuerdo núm. 020 de 5 de marzo de 2021.
Sostuvieron que dicho acto administrativo se encontraba
amparado en normas internas que eran manifiestamente
contrarias a las normas de carácter superior, por lo cual
presentaron una nueva demanda de nulidad electoral identificada
con el núm. único de radicación 2021-00020-00, la cual le
correspondió por reparto a la SECCIÓN QUINTA que, a través de
providencia de 16 de septiembre de 2021, denegó las
pretensiones por considerar que dentro del proceso se demostró
con suficiencia que la elección del señor TORRES OVIEDO no
incurrió en vulneración de normas superiores, ni el acto
6 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
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administrativo acusado fue dictado sin competencia o con
desconocimiento del quorum establecido.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia, al haber
proferido la providencia de 16 de septiembre de 2021.
Sostuvieron que, al proferir la providencia cuestionada, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
Argumentaron que la providencia controvertida incurrió en defecto
sustantivo y violación directa a la Constitución, por cuanto
desconoció que la sentencia C-589 de 1997 estableció que las
Universidades oficiales están compuestas por ocho miembros del
CSU y, sin embargo, la Universidad de Córdoba tiene nueve, que
además tienen suplentes.
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Sostuvieron que la sentencia cuestionada incurrió en defecto
fáctico pues no se valoró en debida forma los elementos de prueba
aportados, ni el contenido del acto administrativo demandado, el
cual desconoce abiertamente la Constitución Política y la Ley 30
de 1992, permitiendo la creación de figuras de consejeros
sustitutos o suplentes que no se encuentran previstas, ni
autorizadas.
Alegaron que la anterior omisión también implicaba que la
autoridad accionada incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional, por no tener en cuenta
lo previsto frente al particular en la sentencia C-589 de 1997.
I.4. Pretensiones
Los actores solicitaron en el escrito de tutela el amparo de sus
derechos fundamentales invocados ut supra y, además:
“[…] 1.Solicitamos respetuosamente, al juez constitucional,
dejar sin efecto la sentencia de 16 de septiembre 2021, Nulidad
Electoral bajo el radicado: 11001-03-28-000-2021-00020-00,
cuya última notificación (salvamento de voto) se realizó
mediante correo electrónico de septiembre 27/202,1 (sic)
proferida por la Sección Quinta del H. Consejo de Estado, en la
cual resolvieron denegar las pretensiones que el suscrito hizo en
la demanda de elección de Jairo Miguel Torres Oviedo como
Rector de la Universidad Nacional de Córdoba período 2021-
2025.
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2. Que se ordene a la Sección Quinta que, en el término de 48
horas siguientes a su decisión, profiera una nueva sentencia en
el proceso antes mencionado la cual contendrá los lineamientos
señalados por el C. de Estado al amparar nuestros derechos.
3. Las demás que el señor juez constitucional considere a bien
proferir […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La Sección Quinta solicitó declarar la improcedencia del
amparo deprecado, toda vez que la solicitud incumple con el
requisito de la relevancia constitucional.
Afirmó que aunque los actores alegaron la vulneración de sus
derechos fundamentales, lo cierto es que la discusión propuesta
corresponde a un aspecto de naturaleza meramente legal, en
relación con su propia interpretación de la Ley 30 de 1992 y de la
sentencia C-589 de 1997, y su injerencia en el acto acusado de
ilegal, estudio y aplicación respecto del cual el juez natural en sede
de nulidad electoral, ya se pronunció de fondo y de manera
absoluta de todos los cargos formulados, como da cuenta la
sentencia que se pide dejar sin efectos.
Señaló que no incurrió en los defectos invocados, por cuanto las
afirmaciones de la parte accionante se limitan a demostrar su
disenso con la argumentación expuesta por el juez natural para
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denegar su petición de anular la designación del rector de la
Universidad de Córdoba, período 2021-2026 y a procurar por
reabrir un debate que ya concluyó sin incurrir en yerro alguno.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El señor JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO solicitó
declarar improcedente la acción de la referencia por falta de
relevancia constitucional, habida cuenta que los actores se
limitaron a controvertir la interpretación de la ley que efectuó la
SECCIÓN QUINTA y que se encuentra ajustada a derecho.
Afirmó que en el escrito de tutela no existe ninguna
argumentación que sustente los motivos por los cuales la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada
vulneró los derechos fundamentales de los actores y, en
consecuencia, que el juez constitucional aborde un estudio de
fondo del asunto implicaría que zanje un debate que corresponde
a aspectos de legalidad o reglamentarios.
Sostuvo que la sustentación de la vulneración de derechos
fundamentales, se centra en controvertir que la interpretación
jurídica efectuada es contraria a los intereses de los actores frente
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a la existencia de miembros suplentes del Consejo Superior de la
Universidad de Córdoba, cuya integración, elección y participación
se encuentra soportada y reglamentada en los acuerdos núms.
103 de 2014 y 270 de 2017.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6
de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre
las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
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Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García
González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica
y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales
cuando se esté en presencia de la violación de derechos
constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor
Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
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pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
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dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
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constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
Análisis del caso concreto
En el presente caso, la parte actora pretende que se deje sin
efectos la providencia de 16 de septiembre de 2021, proferida
por la Sección Quinta, por medio de la cual denegó las
pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad
electoral identificado con el número único de radicación 2021-
00020-00.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración
de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a la defensa y al acceso a la administración de justicia, habida
cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.
Los actores manifestaron que el Acuerdo núm. 020 de 5 de marzo
de 2021, mediante el cual se eligió como rector al señor JAIRO
MIGUEL TORRES OVIEDO, transgrede lo dispuesto por la Ley 30
de 1992 y la sentencia C–589 de 1997, en la medida que la figura
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de los “consejeros suplentes” no está allí dispuesta, lo cual
implicaba que dicha elección se efectuó con un deliberado
desconocimiento de la ley y de los precedentes de
constitucionalidad, aplicando los reglamentos o Acuerdos internos
y el Estatuto de la Universidad, por encima de las normas de
carácter general.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta
Corporación, en especial el requisito de la relevancia
constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,
cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe
discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional».
Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no está
diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de
reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la
solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de
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legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el
desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido
proceso constitucional7, de manera tal que «sólo aquellas
vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
la Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de
5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de
los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por
otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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para “involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga
argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional por
la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de
tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión
será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló
lo siguiente:
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590
de 2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49
(“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del
numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte
del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”)
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de
amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: JOAQUÍN FELIPE NEGRETTE SEPULVEDA Y OTRO
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe
ser una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa
que origina la presentación de la acción suponga el
desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse
en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede
ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que
esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al
intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así
por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la
existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El
primero que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro que es
fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art.
29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales
garantías esenciales son el derecho al juez natural [16]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el
derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o
principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los
procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar
la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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acción, más cuando se trata de atacar las providencias
de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico
de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los
argumentos que invocan los accionantes como fundamento de la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales son los
mismos que fueron puestos a consideración de la Sección
Quinta en el escrito introductorio de la demanda del
proceso de nulidad electoral y en los alegatos de
conclusión.
Así se desprende de la lectura del concepto de violación y los
alegatos de conclusión que presentaron en el proceso de nulidad
electoral, y su comparación con el escrito de tutela, como se
explica a continuación:
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De la revisión del escrito introductorio del proceso de nulidad
electoral, se desprende que los actores sostuvieron que la elección
del señor TORRES OVIEDO como rector de la Universidad de
Córdoba debía revocarse, puesto que, a su juicio, era ilegal por
haber sido realizada por los consejeros suplentes del Consejo
directivo, sin que dicha figura existiera en la ley 30 de 1992, ni en
la Constitución Política y, además, contrariaba la interpretación de
la Corte Constitucional frente al particular, efectuada en la
sentencia C-589 de 1997. En efecto, en la providencia
cuestionada, la autoridad judicial accionada delimitó el concepto
de violación así:
“[…] 22. Frente al vicio relacionado con el
desconocimiento de norma superior, señalaron que la
Universidad de Córdoba, con la expedición de los Acuerdos
270 de 2017 y 020 de 2015, abusó del concepto de autonomía
universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Constitución
Política y vulneró el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, pues
dichos actos además de establecer las funciones del consejo
superior crearon la figura de los suplentes para los
representantes de las directivas académicas, docentes,
egresados, estudiantes, del sector productivo y de los ex
rectores, sin existir fundamento legal alguno.
23. Por otra parte, afirmaron que de conformidad con la
sentencia C-589 de 1997 de la Corte Constitucional, en las
universidades del orden nacional como lo es la de Córdoba
“…no tiene asiento el gobernador del Departamento tal como
sucede en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá,
donde en su Consejo Superior no hacen parte ni el alcalde
Bogotá (que si lo hace en la U. Distrital) así como tampoco el
gobernador de Cundinamarca”, por lo que no debió participar
en el trámite eleccionario acusado, el primer mandatario del
departamento, irregularidades que sumadas afectan de forma
irrefutable el quorum decisorio.
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24. Agregaron, que la elección del demandado se declaró
para el período 2021-2026 lo que implica que fue entendido
como un período personal, situación que desconoce los
estatutos de la Universidad de Córdoba, que establece en su
artículo 21, que este deberá ser institucional.
25. En este orden de ideas, para la parte actora, la
elección del señor Jairo Miguel Torres Oviedo incurre
desconocimiento de las normas en que debía fundarse y falta
de competencia, en razón que en la votación que finalizó con
designación del rector de la Universidad de Córdoba
participaron personas que no estaban habilitadas por la ley,
desconociendo el quórum y el debido proceso, con lo que se
vulneró el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, dada la condición
de suplentes de algunos de los miembros del consejo directivo
[…]”.
Igualmente, los alegatos de conclusión presentados en el proceso
de nulidad electoral por los hoy tutelantes estuvieron
estructurados sobre una reiteración de los argumentos principales
que sostuvieron su posición jurídica inicial, conforme a la cual la
participación de los suplentes en la elección del rector de la
Universidad de Córdoba no resultaba ajustada al ordenamiento
jurídico y constituía una vulneración de la norma superior. Para el
efecto, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial
accionada delimitó las alegaciones de conclusión presentadas por
los aquí demandantes así:
“[…] 1.6. Alegatos de conclusión
1.6.1. De la parte demandante
1. La parte actora reiteró sus presiones y se refirió a la
fijación del litigio, insistió que los suplentes que votaron por
el demandado lo hicieron sin competencia, porque de su
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interpretación del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, esta figura
no está prevista y su implementación tampoco encuentra
respaldo jurídico en la autonomía universitaria porque “…no
puede estar por encima de la ley”.
2. En lo demás señaló “…permitir la participación de los
ciudadanos `suplentes´ antes mencionados en la elección del
Dr. TORRES OVIEDO, es una evidente violación al debido
proceso, a la ley 30/92 y a los propios Estatutos Generales y
normas internas de la Universidad”.
3. Finalmente, nuevamente manifestó que “con el
señalamiento del período a partir de la posesión, se desconoce
el período institucional del rector señalado en el Acuerdo
270/2017 (art 21)”, con los fundamentos ya expuestos en
este mismo proceso […]”.
Frente a lo anterior, la SECCIÓN QUINTA mediante sentencia de
16 de septiembre de 2021, al efectuar el análisis del caso en
concreto, estudió el procedimiento establecido para elegir rector
en la Universidad de Córdoba y la figura de la suplencia en la
integración de los miembros del Consejo Superior de la institución
universitaria a la luz de la Ley 30 de 1992, la Constitución Política
y la jurisprudencia vigente, conforme a las cuales concluyó, de un
lado, que dicha figura ya se encontraba prevista en el Estatuto
General contenido en el Acuerdo núm. 021 de 1994, que fue
derogado por el Acuerdo 270 de 2017 y estaba plenamente
vigente, incluso para la fecha en que se profirió la decisión
cuestionada y, de otro lado, que los suplentes agotaron su propio
proceso eleccionario que culminó con su designación y posesión,
así:
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“[…] 2.7. Análisis del caso en concreto
2.7.1. Respecto de si en la votación que finalizó con
designación del demandado como rector de la Universidad
de Córdoba participaron personas que no estaban
habilitadas por la ley, desconociendo el quórum y el debido
proceso, dada la condición de suplentes de algunos de los
miembros del consejo directivo
102. Para los demandantes, el acto electoral cuestionado incurre
en infracción de norma superior y fue expedido con falta de
competencia y afectación del derecho al debido proceso porque, en
la sesión que culminó con la elección del señor Jairo Miguel Torres
Oviedo, participaron 3 suplentes de los miembros del Consejo
Superior de la Universidad de Córdoba, que no “están habilitados
por la ley” y lo que impide la debida conformación del quorum.
103. Lo anterior porque, en su criterio, la Ley 30 de 1992 no
establece la figura del reemplazo para los integrantes del consejo
superior universitario.
104. En este sentido, del estudio del Acta No. 09 de 5 de marzo
de 2021, de la sesión presencial del Consejo Superior de la
Universidad de Córdoba, en la cual se eligió al demandado rector,
se advierte que se hicieron presentes 7 de los 10 miembros que lo
conforman:
[…]
109. Entonces, es necesario concluir que no se advierte
yerro alguno en lo relativo al quorum de la sesión de 5 de
marzo de 2021, en la medida que el consejo superior de la
Universidad de Córdoba está conformado por 10 miembros,
de los cuales para el momento que decidieron elegir al
demandado como rector, estaban presentes 6 de ellos,
asistencia con lo cual se cumple con la participación mínima
exigida en el artículo 22 inciso 3º, del Acuerdo 270 de 2017,
pues cinco de ellos tenían derecho a voto.
110. También se encuentra probado que la votación
obtenida por el señor Jairo Miguel Torres Oviedo, de 5 votos
a favor y ninguno en contra, atiende la exigencia impuesta
por los estatutos de la universidad de que el rector deberá ser
“…el candidato que obtenga la mayoría simple de los
miembros presentes con derecho a voto”, pues todos los
asistentes decidieron otorgarle su apoyo.
[…]
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112. Así las cosas, y recordando que los Acuerdos No. 103 de
2014 “por el cual se expide el reglamento interno del consejo
superior” y 270 de 2017, estatuto general de la Universidad
de Córdoba, tienen previsto la figura de los suplentes para los
representantes del sector productivo, de las directivas
académicas y de los estudiantes ante el consejo superior
universitario, debe concluir la Sala que no encuentra
demostrado que los suplentes que participaron y votaron en
la sesión en la que el demandado quedó elegido como rector
hayan participado sin tener competencia o no estar
debidamente legitimados.
113. Por el contrario, se da cuenta que los mismos agotaron
las instancias previstas por la Universidad de Córdoba a fin de
desempeñar la representación de los estamentos
correspondientes en su calidad de suplentes y ante la
inasistencia a la reunión del miembro principal.
114. Ahora, se queja la parte actora que la figura de la
suplencia no está permitida por la Ley 30 de 1992 Acuerdo
No. 103 de 2014 “por el cual se expide el reglamento interno
del consejo superior”, pues del contenido del artículo 64, que
refiere a la integración del consejo superior universitario, no
tiene previsto que los representantes del sector productivo,
de las directivas académicas y de los estudiantes, puedan
tener suplente.
115. Al respecto, para esta Sala es necesario aclarar que la
presunta vulneración del contenido del artículo 64 de la Ley
30 de 1992, no deviene del acto de elección del demandado,
pues como quedó demostrado allí los suplentes actuaron
porque cumplieron las exigencias para desempeñar dicha
suplencia de conformidad con las normas internas de la
Universidad de Córdoba.
116. En efecto, los reparos de la parte actora, en realidad,
recaen en la normativa de la Universidad de Córdoba que
tiene establecido que los representantes mencionados tengan
suplentes, al punto que como ya se expuso se adelanta todo
un proceso eleccionario a fin de lograr su designación.
117. Por lo expuesto, es lo procedente concluir que el debate
en torno a si la Universidad de Córdoba al establecer la figura
de la suplencia vulnera o no el artículo 64 de la Ley 30 de
1992, debe darse en el curso del proceso que se adelante
contra el Acuerdo 270 de 2017 “por medio del cual se adopta
el estatuto general de la Universidad de Córdoba” o incluso
también respecto del Acuerdo 103 de 2014 “por el cual se
expide el reglamento interno del consejo superior”, por ser las
disposiciones que autorizan la participación de los suplentes
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de los representantes del sector productivo, de las directivas
académicas y de los estudiantes ante el consejo superior
universitario, pero no en sede del presente medio de control
de nulidad electoral. Además, quienes fungen como
suplentes, lo hacen en virtud del acto electoral que en su
momento definió los representantes de cada estamento al
interior del consejo directivo, elecciones que no pueden ser
analizadas bajo la égida del presente medio de control, para
estudiar indirectamente la legalidad de la selección de los
miembros de otros estamentos.
118. En efecto, como quedó suficientemente explicado el acto
de elección del demandado como rector, no incurrió en
desconocimiento de norma alguna y tampoco fue expedido
con falta de competencia ni de legitimación y mucho menos
con desconocimiento del quorum requerido pues, se reitera,
no se encontró vicio alguno respecto de la participación de los
suplentes de algunos de los miembros del consejo superior de
la Universidad de Córdoba que asistieron, participaron y
votaron en la sesión en la cual el señor Jairo Miguel Torres
Oviedo fue elegido.
119. Conviene agregar que el establecimiento de las
suplencias cuestionadas resulta ajeno al procedimiento
eleccionario pues su creación es anterior al inicio de la
convocatoria y, por supuesto, de la declaratoria del señor
Jairo Miguel Torres Oviedo, como rector de la Universidad de
Córdoba y consta en actos administrativos que no existe
prueba en este proceso que hayan sido anulados o
suspendidos y, por el contrario, se presume su legalidad.
120. Así las cosas, no se avizora yerro en el acto de elección
objeto de análisis de este proceso y teniendo claro que el
supuesto desconocimiento de la Ley 30 de 1992, es un cargo
que no se le puede enrostrar al Acuerdo 20 de 2021, por el
cual se designó como rector al demandado, sino que, en
realidad, puede recaer en los estatutos de la universidad y en
el reglamento del consejo superior, por ser los acuerdos en
los cuales se estableció la figura de la suplencia que los
demandantes consideran ilegal, es lo procedente negar este
cargo de anulación.
121. Resulta necesario precisar que, en este caso, no se
advierte la procedencia de analizar la configuración de la
excepción de ilegalidad de que trata el artículo 148 de la Ley
1437 de 2011, que permite “…inaplicar con efectos interpartes
los actos administrativos cuando vulneren la Constitución
Política o la Ley”.
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122. Es importante recordar que se alega que la figura de los
suplentes para los representantes de las directivas
académicas, del sector productivo y de los estudiantes, no
está prevista en el artículo 64 de la Ley 30 de 1992 “por lo
que deviene ilegal”, entonces, para los demandantes, su
participación, en la votación que culminó con la elección del
demandado como rector, resulta irregular.
123. Como ya quedó demostrado la figura de los suplentes en
el consejo superior de la Universidad de Córdoba, ya se
encontraba prevista en el estatuto general contenido en el
Acuerdo 021 de 1994, que fue derogado por el Acuerdo 270
de 2017, y está plenamente vigente, incluso para la fecha de
la presente decisión.
124. Así mismo, está acreditado, que la elección de los
suplentes está regulada mediante: i) Resolución 2788 de 2013
“por medio de la cual se reglamenta la elección del
representante de los egresados ante el consejo superior
universitario de la Universidad de Córdoba”; ii) Resolución
0063 de 2014 “por medio de la cual se reglamenta la elección
del representante de los ex rectores ante el consejo superior
universitario”, en su artículo 1º, señala los requisitos que
deberán cumplir los candidatos a ser representante principal
y suplente y iii) Resolución 0355 de 2019 “por medio de la
cual se modifica el proceso electoral de los representantes de
docentes ante el consejo superior universitario de la
Universidad de Córdoba”, deja en claro en su artículo 6º los
requisitos para ser representante principal y suplente de los
docentes.
125. En este orden de ideas, debe insistirse que no es dable
desconocer que los suplentes que participaron en el proceso
electoral del rector que se juzga de ilegal, accedieron al
mismo luego de agotar su propio proceso eleccionario que
culminó con su designación y posesión, como también quedó
probado en el expediente (numeral 112 de la presente
providencia que enlista las actas de posesión de los tres
suplentes que apoyaron al demandando).
126. Quiero ello decir que, además de los actos
administrativos de carácter general (estatutos y reglamento
interno del consejo superior universitario), existen y gozan de
presunción de legalidad actos particulares y concretos (actos
de elección de los suplentes), que simplemente no pueden ser
desconocidos por parte de este juez de lo electoral.
127. En efecto, incluso si de manera hipotética, se considerara
que los estatutos de la Universidad de Córdoba devienen
ilegales, en cuanto permiten que los representantes de las
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directivas académicas, del sector productivo y de los
estudiantes, tengan suplentes, por ser una figura no prevista
por la Ley 30 de 1992, esta supuesta irregularidad no podría
conllevar un desconocimiento de la firmeza de los actos de
elección de los suplentes que les permite su legal participación
ante el consejo superior universitario, como, en efecto,
acaeció.
128. Aceptar lo anterior conllevaría que a pesar de que era de
público conocimiento que los suplentes de los representantes
de las directivas académicas, del sector productivo y de los
estudiantes que acudieron a la sesión de 5 de marzo de 2021,
facultados legalmente luego de haber ganado cada uno de
ellos su respectivo proceso electoral y de tomar debida
posesión de su cargo, que vía excepción se anule la
designación del demandado como rector, esto muy a pesar de
tratarse de un yerro que no fue producido en el trámite del
presente proceso eleccionario sino que se trata de una
decisión adoptada con bastante anterioridad.
129. Al respecto conviene precisar que dicha excepción de
ilegalidad podría invocarse y ser analizada en el proceso que
se adelante contra la elección de los suplentes pero no
respecto de los actos desplegados o la decisiones adoptadas
por ellos que es lo que intenta proponer la parte actora, al
cuestionar el voto de los suplentes que, en su momento
fueron elegidos de acuerdo con las normas que regulaban
dicho procedimiento electoral y dieron su apoyo al demandado
para que fuera elegido rector de la Universidad de Córdoba,
pues se insiste al desplegar su potestad eleccionaria lo
hicieron con plena vigencias de sus atribuciones.
130. Entonces, como el vicio de ilegalidad que se pretende
enervar al acto electoral del demandado como rector de la
Universidad de Córdoba, en realidad no fue producido, ni
interviene de manera directa en su designación no advierte
esta Sala que resulta procedente el análisis de la excepción
de ilegalidad de cara a los estatutos y simplemente obviar la
firmeza y legalidad de las designaciones de los suplentes.
131. Lo anterior, no pretende desconocer que los votos de los
suplentes permitieron la designación del demandado, pues
claramente se trata de tres (3) de los cinco (5) apoyos que le
permitieron alcanzar el cargo de rector. Lo que se quiere
resaltar es que la presunta ilegalidad de la creación de las
suplencias se configura en un yerro que no debe afectar la
elección del señor Jairo Miguel Torres Oviedo, pues si insiste
la actuación de estos representantes, como quedó
demostrado, estuvo antecedida de una actuación
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administrativa eleccionaria que ni siquiera ha sido objeto de
control del juez administrativo.
En conclusión, no se advierte procedente analizar, vía
excepción de ilegalidad, en el presente proceso electoral, si la
creación de las suplencias ya mencionadas contradice el
contenido del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, pues como se
explicó se trata de un yerro que en realidad involucra juzgar
la legalidad de los estatutos de la universidad e incluso de la
designación de dichos representantes suplentes, quienes para
el momento de elegir al demandado como rector de la
Universidad de Córdoba, contaban con el respaldo legal y
estatutario requerido para su debida participación. Así las
cosas, dicha inaplicación solo debería afectar la elección de los
suplentes pero no los actos y tampoco las decisiones
adoptadas con anterioridad, lo que deviene en que el presunto
vicio no tiene relación directa con el objeto de la presente
controversia […]”.
(Destacado fuera del texto).
Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo
planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto
de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la
jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa
la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por los
peticionarios. Por el contrario, se destaca que todos sus
argumentos, -que son de mera legalidad-, fueron analizados y
resueltos por la Sección Quinta dentro del proceso de nulidad
electoral y, en esa medida, solo se procura su discusión en sede
de tutela para buscar la oportunidad de debatir, en una tercera
oportunidad, la posición de los accionantes, lo cual resulta
improcedente.
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Actor: JOAQUÍN FELIPE NEGRETTE SEPULVEDA Y OTRO
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha
declarado improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión
litigiosa no resulta ser de verdadera relevancia constitucional,
debido a que se centra en reabrir un debate judicial debidamente
clausurado. Tal fue el caso de la providencia de 29 de agosto de
201817, en la que se sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia
en el argumento de la falta de competencia del
funcionario que decidió su retiro de la institución,
aspecto que fue precisamente el que revisó la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en sede de
revisión, y frente a la cual indicó de manera clara, que
se trataba de un punto nuevo que no había sido
presentado en su momento en el escrito de apelación,
por lo que el recurso extraordinario no estaba diseñado
para convertirse en una tercera instancia. Y se tiene
que estos argumentos resultan válidos y razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve
la presunta trasgresión de los derechos fundamentales del
actor, sino la reiteración de planteamientos que, por lo
menos en sede de revisión ya fueron estudiados por el juez
natural y que no pueden volver a ser analizados ahora en sede
de tutela, pues esta acción constitucional tiene por
objeto la protección inmediata de derechos de rango
fundamental que se encuentren vulnerados, lo cual no
sucede en este caso […]” (Destacado de la Sala).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201718, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que
no se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo
cual genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01464-00
Actor: JOAQUÍN FELIPE NEGRETTE SEPULVEDA Y OTRO
actora es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión
jurídica sobre cuestiones estrictamente legales que ya fueron
discutidas y falladas en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con radicado No. 11001-33-
31-015-2011-00427-00, por parte de los jueces de
dicha causa, con pleno desconocimiento de que el
objeto del juicio de amparo constitucional no es otro
que la defensa de los derechos fundamentales y no la
revisión de la legalidad de las decisiones de la justicia
ordinaria […]”.(Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los
actores, sino la reiteración de planteamientos que ya fueron
estudiados por el juez natural y que obedecen a un debate de
mera legalidad, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse,
so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del
juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto,
se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer
la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró
probado, pues en la providencia objeto de censura, se explicaron
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Actor: JOAQUÍN FELIPE NEGRETTE SEPULVEDA Y OTRO
las razones por las cuales se encontraba ajustado a derecho el
acto de elección del rector de la Universidad de Córdoba. Además,
se repite, no se puede por esta vía plantear un debate legal como
si se tratara de un recurso o una instancia adicional.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por la parte actora, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
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Actor: JOAQUÍN FELIPE NEGRETTE SEPULVEDA Y OTRO
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de junio de
2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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