Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-01489-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-01489-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01489-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
7 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISÉIS (26) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre dos mil veintitrés (2023)
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01489-00 (2151)
Demandante: Luis Fernando Lenis Barco
Demandado: Nación− Contraloría General de la República
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN- numeral 5 del artículo 250 del
CPACA- No se acreditaron los presupuestos necesarios para la procedencia de la causal-No
procede para cuestionar la valoración probatoria.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
del 28 de enero de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el aquí demandante.
El recurrente plantea la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA.
I. ANTECEDENTES
Demanda inicial
1. El señor Luis Fernando Lenis Barco presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1 en contra de la Nación− Contraloría General de la
República, con el fin de que se declarara la nulidad del auto n.° 001079 de 13 de
agosto de 2015 y del auto que lo confirmó, proferidos por la Contraloría Delegada
Intersectorial 2, que lo declaró fiscalmente responsable por presuntas irregularidades
en la inversión de excedentes de liquidez de regalías en contratos fiducia y cesión de
derechos de beneficios con pacto de readquisición en el fideicomiso Fiduagraria
Fideicomiso Patrimonio Autónomo Cosacol 31638, así como del auto n.° 80112-
0182-2015 de 14 de octubre de 2015, expedido por el Contralor General de la
República, que confirmó la decisión en grado de consulta. Solicitó a título de
restablecimiento, la exoneración de responsabilidad fiscal, la suspensión del cobro
coactivo y la suma de 100 SMLMV, por perjuicios morales, materiales y daño a la
vida en relación, respectivamente. Como fundamento de su demanda adujo que la
Contraloría General de la República tenía cinco años a partir del hecho generador (el
contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago suscrito
1 SAMAI, índice n.° 22, archivo 29, archivo cuaderno 1, folios 183 a 244.
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01489-00 (2151)
Demandante: Luis Fernando Lenis Barco
Demandado: Nación- Contraloría General de la República
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
el 17 de julio de 2006 renovado el 8 y 21 de marzo 2007 y 10 y 21 de diciembre de
2007), para investigar su responsabilidad por el detrimento contra el patrimonio
público, sin embargo, el ente de control lo vinculó a un proceso de responsabilidad
fiscal dos años después de que ya había caducado la acción fiscal, esto es, el 13 de
mayo de 2014.
2. El 8 de julio de 20192, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las
pretensiones, al determinar que el hecho generador de responsabilidad fiscal ocurrió
el 17 de julio de 2006, fecha de suscripción del contrato fiducia mercantil irrevocable
de administración y fuente de pago, renovado Fiduagraria S.A. y Cosacol. Por tanto,
como la Contraloría General de la República abrió el proceso de responsabilidad
fiscal el 17 de febrero de 2011, actuó dentro del término de cinco años para adelantar
el procedimiento y vincular a los presuntos responsables.
Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
3. Corresponde a la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado de 28 de
enero de 20213, que confirmó la decisión del a quo.
4. La Sección Primera estimó que no se desvirtuó la legalidad de los actos
administrativos acusados, al advertir que el término de caducidad de la acción fiscal
debió contarse desde la fecha de la última actividad de los contratos de cesión de
derechos con pacto de readquisición, marzo de 2010; por tanto, la fecha máxima
para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal sin que operara el fenómeno de la
caducidad de la acción fue marzo de 2015. Como el auto de apertura de
investigación n.° 140-003-8681 se expidió el 17 de febrero de 2011 y el señor Lenis
Barco fue vinculado al proceso fiscal el 13 de mayo de 2014, la acción fiscal se
ejerció en tiempo.
5. La Sección Primera evidenció que el señor Lenis Barco incurrió en una conducta
omisiva, causa eficiente y determinante del detrimento patrimonial, al permitir que los
excedentes de liquidez del municipio de Yumbo se invirtieran en una operación no
autorizada por la ley y dejar que los contratos de cesión de derechos se renovaran
sin adelantar ninguna gestión para evitar la pérdida de la suma de
$11.989.230.045,98.
El recurso extraordinario de revisión
6. La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia antes mencionada por
haber incurrido en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
esto es, por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
2 SAMAI, índice n.° 22, archivo 29, archivo cuaderno 1A, folios 253 a 276.
3 SAMAI, índice n.° 22, archivo 29, archivo Consejo de Estado, folios 63 a 111.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01489-00 (2151)
Demandante: Luis Fernando Lenis Barco
Demandado: Nación- Contraloría General de la República
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
7. Afirmó que la decisión cuestionada se apartó de la ley y del precedente judicial al
tomar el mes de marzo de 2010 como fecha para computar la caducidad de la acción
fiscal. En su criterio, la caducidad debió contarse desde la celebración del contrato
de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago, suscrito el 17 de
julio de 2006, renovado entre Fiduagraria S.A. y Cosacol el 8 y 21 de marzo 2007 y
10 y 21 de diciembre de 2007. Bajo ese entendimiento consideró que debió ser
vinculado a la investigación antes del 31 de diciembre de 2012.
8. Adujo que la sentencia objeto de revisión modificó la postura del juez de primera
instancia en cuanto a la forma de computar el término de caducidad de la acción
fiscal, toda vez que amplió el margen de la Contraloría General de la República para
dar inicio al proceso de responsabilidad fiscal y vincularlo a éste. Por ende, la
sentencia de la Sección Primera incurrió en un defecto sustantivo y desconoció el
principio de non reformatio in pejus.
Oposición e intervenciones
9. La Nación− Contraloría General de la República solicitó declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión. El ente de control consideró que, contrario a lo
manifestado por el recurrente, no existen fundamentos para alegar la caducidad de la
acción fiscal. Adujo que el recurrente pretende convertir al recurso extraordinario de
revisión en una instancia adicional del proceso primigenio y discutir cuestiones ya
decididas4.
10. La parte recurrente solicitó declarar la prosperidad del recurso y reiteró los
argumentos ya expuestos5.
11. En su concepto, el Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión, al considerar que no se acreditaron los presupuestos
fácticos y normativos de la causal invocada. Estimó que la sentencia recurrida arribó
a la misma conclusión que la decisión de primera instancia, por tanto, no excedió el
marco de discrecionalidad fijado por el principio de congruencia y el principio de non
reformatio in pejus. Indicó que la argumentación del recurrente busca reabrir el
debate sobre la legalidad de las decisiones de responsabilidad fiscal6.
Período probatorio
12. En proveído del 28 de abril de 20237 se incorporaron como pruebas los
documentos aportados con el recurso y el expediente digitalizado del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Luis Fernando Lenis
Barco contra la Nación−Contraloría General de la República, identificado con
radicado nº. 76001-23-33-000-2016-01142-01.
4 SAMAI, índice n.° 13, archivo 18, folios 1 a 20.
5
SAMAI, índice n.° 25, archivo 39, folios 1 a 39.
6 SAMAI, índice n.° 14, archivo 23, folios 1 a 16.
7
SAMAI, índice n.° 16, archivo 24, folios 1 a 3.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01489-00 (2151)
Demandante: Luis Fernando Lenis Barco
Demandado: Nación- Contraloría General de la República
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Manifestaciones de impedimento
13. El doctor Luis Alberto Álvarez Parra manifestó su impedimento para conocer del
presente asunto, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 3.° del
artículo 130 del CPACA, en la medida en que su cónyuge está vinculada a la
Contraloría General de la República como servidora pública de carrera y en la
actualidad encargada como Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada
para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico8.
14. El doctor Milton Chaves García manifestó su impedimento para conocer del
asunto de la referencia, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral
4° del artículo 130 del CPACA, en razón a que un pariente en segundo grado de
consanguinidad (línea colateral) ostenta la calidad de contratista en la Contraloría
General de la República.
CONSIDERACIONES
La causal de revisión consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
15. La causal 5ª de revisión determina que la sentencia será anulable cuando sea
portadora de un vicio originado en el mismo acto de adopción, contra el que no
proceda recurso de apelación. Sobre esta causal, la Sala Plena del Consejo de
Estado9 ha manifestado, entre otras cosas, que para su estructuración el vicio debe
configurarse al momento mismo de la expedición de la sentencia, de modo que no es
procedente controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a esta y que
debieron ser alegadas cuando ocurrieron. Con esta exigencia, se requiere además
que el vicio de cuenta de una irregularidad grave, con capacidad de variar la decisión
en caso de no haber estado presente10.
16. El Consejo de Estado, además de las nulidades procesales del artículo 133 del
CGP, ha identificado otras hipótesis fácticas llamadas a configurar un vicio con el
contenido y alcance ya referenciado11, entre ellas: (i) haberse dictado fallo con
sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido proceso, (ii)
haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada al
proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio
injustificado, o (v) faltar al principio de congruencia.
8
SAMAI, índice n.° 27.
9 Ver, entre otras, las siguientes providencias: de 20 de abril de 2004, expediente con número de radicado 11001-
03-15-000-1996-0132-01, de 18 de octubre de 2005, expediente con número de radicado 11001-03-15-000-2000-
00239-00, de 7 de febrero de 2006, expediente con número de radicado 11001-03-15-000-1997-00150-00, de 9
de marzo de 2010, expediente con número de radicado 1100103150002002-1024-01 y de 31 de mayo de 2011,
expediente con número de radicado 1100103150002008-00294-00.
10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 13
de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119. M.P. Alberto Montaña Plata.
11 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 1 de septiembre de 2020, Exp. 11001- 03-
15-000-2020-00266-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
sentencia de 7 de febrero de 2017, Exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV); Sentencia de 8 de mayo de
2018, Exp. 11001-03-15-000-1998-00153- 01 (REV).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01489-00 (2151)
Demandante: Luis Fernando Lenis Barco
Demandado: Nación- Contraloría General de la República
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Análisis del caso concreto con fundamento en la causal invocada
17. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, dado que la
circunstancia fáctica que se alega no es una situación que configure un vicio de
nulidad originado en la sentencia, en los términos de la causal 5ª del artículo 250 del
CPACA.
18. El recurrente planteó que el término de caducidad de la acción fiscal inició desde
la celebración del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente
de pago, suscrito el 17 de julio de 2006 y renovado entre el 8 y 21 de marzo de 2007
y 10 y 21 de diciembre de 2007, entre Fiduagraria S.A. y Cosacol S.A., por ello,
consideró que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, al
contabilizar la caducidad desde marzo de 2010, fecha de ejecución de la última
actividad del contrato, incurrió en (i) defecto fáctico y (ii) desconocimiento del
principio de non reformatio in pejus.
19. Verificadas las piezas procesales que obran en el plenario, la Sala constata que
la sentencia objeto de revisión no modificó la tesis del a quo, como tampoco creó una
situación más gravosa para el apelante único, pues ambas instancias determinaron
que la acción fiscal no estaba caducada. Así, la sentencia objeto de revisión
consideró que el término para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal debía
contarse desde marzo de 2010, fecha en que debía ejecutarse la última actividad de
los contratos fiducia y cesión de derechos de beneficios con pacto de readquisición -
recuperación de dineros invertidos-, pues al tratarse de un contrato sin liquidar por el
incumplimiento del pago de los recursos, el hecho o acto generador del daño al
patrimonio público se materializó en ese momento. Bajo ese entendimiento, la
Sección Primera determinó que el plazo máximo para proferir el auto de apertura sin
que operara el fenómeno de la caducidad era marzo de 2015.
20. Aunque el Tribunal consideró una fecha distinta como el inicio del cómputo del
término de la acción sancionatoria, también concluyó que el procedimiento de
responsabilidad fiscal se había ejercido dentro del término legal, porque el hecho
generador del daño al patrimonio público lo constituía el contrato de fiducia mercantil
suscrito el 17 de julio de 2006 y el auto que dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal se profirió el 17 de febrero de 2011, es decir, “dentro de los 5
años establecidos en el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 610 de 2000, para que la
autoridad fiscal iniciara el proceso de responsabilidad fiscal, no es factible concluir
que la acción fiscal caducó, pues se reitera el término consagrado en el inciso 1 del
artículo 9 de la Ley 610 de 2000, corresponde al tiempo con el que cuenta la
autoridad fiscal para iniciar el procedimiento correspondiente a la acción fiscal, lo
cual no es extensible al momento de notificación o vinculación al trámite de los
posibles responsables”. Por ende, a pesar de que en las instancias se tomaron
hechos distintos como extremo inicial para el cómputo de la caducidad, en ninguna
de las instancias se consideró que la acción estaba caducada, lo que desvirtúa el
alegato sobre la violación de la no reformatio in pejus, pues la sentencia de primera
instancia no fue favorable en este aspecto al recurrente.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01489-00 (2151)
Demandante: Luis Fernando Lenis Barco
Demandado: Nación- Contraloría General de la República
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
21. A la par de lo anterior, la caducidad fue ampliamente debatida por las dos
instancias, las cuales llegaron a la misma decisión sobre la oportunidad para
adelantar la actuación y la consecuente vinculación del señor Lenis Barco al proceso
de responsabilidad fiscal en su calidad de alcalde del municipio de Yumbo. En ambas
instancias se desestimó el argumento en el que insiste aún el recurrente, que el
extremo final para el cómputo de la caducidad es el auto de apertura del
procedimiento y no la vinculación del presunto responsable, pues así lo establece el
inciso 1 del artículo 9 de la Ley 610 de 2000.
22. Sobre el defecto fáctico aducido en el recurso extraordinario que ahora se
desata, recuerda la Sala que este medio de control judicial no está estatuido para
reabrir el debate propio de las instancias o para cuestionar la actividad interpretativa
del juez. El hecho de que el recurrente no esté de acuerdo con la decisión que negó
la nulidad de los actos administrativos acusados, al acreditarse que no operó la
caducidad de la acción fiscal, no implica que deba hacerse una revisión de fondo de
lo decidido en el proceso, y sobre el cual no se advierte una ausencia de motivación
o cualquier otra circunstancia que afecte la validez de la sentencia12.
23. Por tanto, de conformidad con lo expuesto y retomando la manifestación de
partida de análisis del caso concreto, la Sala declarará infundado el recurso
interpuesto.
Costas
24. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”. Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso
(aplicable por remisión expresa del art. 188 del CPACA13) prevé que se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, siempre y cuando se demuestren causadas,
y en la medida de su comprobación.
25. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en el
artículo 5, numeral 9 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dispone que la
tarifa de agencias en derecho, tratándose de recursos extraordinarios, debe oscilar
entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
26. La Nación-Contraloría General de la República actuó a través de apoderado,
para contestar el recurso. Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión
desarrollada por el profesional del derecho, se tasará, por concepto de agencias en
derecho, la suma equivalente a un (1) SMLMV a favor de la demandada, a cargo del
demandante.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 1 de diciembre de 2010,
expediente 00480-00.
13 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil” (se resalta).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01489-00 (2151)
Demandante: Luis Fernando Lenis Barco
Demandado: Nación- Contraloría General de la República
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
PARTE RESOLUTIVA
27. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis (26) Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Luis Fernando Lenis Barco contra la sentencia proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del expediente 76001-23-33-000-
2016-01142-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente; FIJAR como agencias en
derecho a cargo de la parte recurrente la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Por Secretaría,
LIQUIDAR lo correspondiente.
TERCERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el doctor Luis
Alberto Álvarez Parra Álvarez, para conocer del presente asunto.
CUARTO: DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el doctor Milton
Chaves García, para conocer del presente asunto.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Salvamento parcial de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al
aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda
que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el
sistema Samai.
VF
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