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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01493-01

Fecha
12 de agosto de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01493-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de mayo de 2022, por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01493-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

12 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / la parte actora pretende reabrir el debate
jurídico al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el señor Daniel Alcántara
Rada en contra de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2022, por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:

<< PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Daniel Alcántara Rada, por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
(artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta
y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma
deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la
Secretaría General para tal fin1.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente
providencia en la página web del Consejo de Estado.>> (negrilla propia del texto)

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 4 de marzo de 2022, el señor Daniel Alcántara Rada interpuso demanda de
tutela contra el Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las
autoridades judiciales accionadas, al proferir los fallos de 24 de mayo y 15 de

1
Cita original: “secgeneral@consejodeestado.gov.co”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

septiembre de 20212, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho3, que promovió en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a las siguientes:

<< PRIMERO: Obtener de su señoría la protección a los derechos al debido proceso,
a la defensa, declarando la Nulidad de los.

SEGUNDO que con fundamento en la anterior decisión se ordene AL JUZGADO
ONCE ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA y/o TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER se profiera una nueva sentencia que garantice
mis derechos, accediendo a las pretensiones de la demanda incoada y ordenando la
anulación de los fallos de 1 y 2 instancia proferidos dentro del proceso disciplinario
proferidos por el JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE
LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA MEBU, Mayor CAMILO
ERNESTO RODRIGUEZ SEPULVEDA el 20 de Agosto de 2019, haberse establecido
que infringió la ley 1015 de 2006 en sus Artículos 34 Numeral 14 y numeral 4, de la de
la ley 734 de 2002 articulo 23 modificado por el artículo 59 de la ley 1474 de 2011,
sancionándolo disciplinariamente con DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL
PARA EJERCER CARGOS 99PUBLICOS POR UN TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS
Y LA EXCLUSION DE LA CARRERA y el fallo de segunda instancia del 28 de enero
de 2020, proferido por la INSPECTOR DELEGADO REGIONAL CINCO, expedido por
la teniente coronel ADRIANA GISELA PAEZ FERNANDEZ, por el cual se resolvió el
recurso de apelación y resuelve CONFIRMAR la decisión adoptada por el JEFE DE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA MEBU.

SEGUNDO: Se requiera a la Entidad Accionada, para que no vuelva a incurrir en estas
conductas.>>4 (negrilla propia del texto)

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.1.- El 17 de noviembre de 2016, el señor Daniel Alcántara Rada, en su condición
de miembro del Grupo de Operaciones de la Unidad de Inteligencia de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga, hizo parte de una diligencia de registro y
allanamiento de un establecimiento comercial de tecnología móvil, ubicado en el
Centro Comercial Panamá, en el que fue capturado el señor Jorge Enrique Gómez
Aguilar, por el delito de receptación.

3.2.- Posteriormente, el 23 de noviembre de 2016, el señor Gómez Aguilar presentó
denuncia ante la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la cual manifestó que un

2
Decisión que fue notificada el 16 de septiembre de 2021.
3
Identificado con el número de radicado 68001-33-33-011-2020-00170-00/01.
4
Expediente digital, folio 1 del escrito de demanda.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

funcionario había hurtado unos equipos celulares durante el procedimiento que se
llevó a cabo en el referido local comercial, según unos videos registrados por la
cámara de seguridad del establecimiento.

3.3.- En virtud de lo anterior, por auto del 16 de mayo de 2017, la Oficina de Control
Disciplinario Interno de Bucaramanga, dio apertura a la investigación disciplinaria en
contra del señor Alcántara Rada, por su presunta participación en los hechos antes
mencionados.

3.4.- Mediante sentencia del 20 de agosto de 2019, el Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga declaró
responsable disciplinariamente al actor, a título de dolo, por la falta prevista en el
numeral 145 del artículo 34 de la Ley 1015 de 20066. En consecuencia, fue
sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por el término de
10 años. Decisión que fue confirmada por la Inspectora Regional de Policía No. 5, a
través del fallo dictado el 7 de enero de 2020.

3.5.- Inconforme con lo anterior, el accionante instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos a
través de los cuales fue sancionado disciplinariamente.

3.6.- El asunto le correspondió, en primera instancia, al Juzgado 11 Administrativo
Oral del Circuito de Bucaramanga, despacho que, mediante sentencia proferida el
24 de mayo de 2021, negó las pretensiones de la demanda, por estimar que el
procedimiento sancionatorio se adelantó bajo los presupuestos constitucionales y
legales que rigen el derecho disciplinario, respetando los derechos de defensa y
contradicción del demandante.

3.7.- Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander, a
través de fallo de 15 de septiembre de 2021.

4.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora alega que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y
defensa, toda vez que incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial, al
apartarse de los fallos del 9 de agosto de 2016 7 y 23 de marzo de 20178, proferidos
por el Consejo de Estado, según los cuales, es deber del juzgador realizar un estudio
minucioso del proceso disciplinario.

5
“Apropiarse (...) bienes (...) de los (...) particulares, con intención de (...) obtener beneficio propio.”
6
“Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.”
7
Expediente 11001-03-25-000-2011-00316-00.
8
Expediente 11001-03-25-000-2011-00519-00.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4.1.- Al respecto, manifestó que las autoridades enjuiciadas se limitaron a realizar un
análisis meramente procedimental, sin estudiar el fondo del asunto, pues no
determinaron si la sanción impuesta fue razonada, proporcional a la falta que le fue
endilgada y acorde al acervo probatorio recaudado en el trámite disciplinario.

B. Sentencia de primera instancia

5.- La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 11 de mayo de 2022, negó el amparo deprecado en la demanda, al no
encontrarse configurado el defecto endilgado.

5.1.- Respecto de la sentencia proferida el 23 de marzo de 2017, por esta
Corporación, estimó que si bien allí se estudió una solicitud de nulidad sobre unos
fallos disciplinarios que impusieron una sanción de destitución e inhabilidad a un
funcionario de la Policía Nacional, lo cierto es que en dicha providencia no se fijaron
reglas de unificación, de las cuales se pueda predicar su desconocimiento. Además,
señaló que esa decisión presenta diferentes supuestos fácticos a los que fueron
objeto de estudio en el proceso que es objeto de reproche en la presente acción
constitucional.

5.2.- En lo concerniente al fallo de unificación de 9 de agosto de 2016, dictado por el
Consejo de Estado, precisó que dicha providencia sí resultaba aplicable al caso sub
examine, pues allí se fijaron unas reglas de unificación sobre el análisis integral que
debe realizarse sobre fallos disciplinarios.

5.3.- No obstante lo anterior, concluyó que el tribunal accionado no se apartó en
forma alguna de la referida decisión; por el contrario, señaló que la sentencia
enjuiciada se ajustó a las reglas fijadas por el Consejo de Estado, comoquiera que
se realizó un control integral del proceso disciplinario que se adelantó en contra del
accionante.

C. La impugnación

6.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación; para
el efecto, reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio, insistiendo en
que “no existe plena prueba sobre la existencia y propiedad de los presuntos
celulares que manifiesta él sindicado de receptación que se le extraviaron del local
allanado”, de ahí que la sanción que le fue impuesta resulte desproporcional y sin
justificación.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

D. Competencia

7.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 19919.

E. Análisis del caso concreto

8.- Corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo impugnado.

9.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha reconocido que para determinar si una
acción de tutela satisface el requisito de relevancia constitucional es necesario entrar
a examinar dos elementos, a saber10:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento anotado, en
tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la
decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la
determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas
de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

10.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el contenido de la
providencia enjuiciada, no encuentra esta Sala que la autoridad judicial accionada

9
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
10
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

haya quebrantado las prerrogativas superiores alegadas por la parte accionante, así
como tampoco que hubiere incurrido en el defecto específico que se le atribuye.
Ciertamente, una revisión de los planteamientos aducidos en la demanda de tutela
permite advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate jurídico ya
zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de
confirmar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, negar las
pretensiones de la demanda.

11.- Para sustentar la ocurrencia del desconocimiento del precedente judicial, el
accionante alegó que el tribunal enjuiciado se apartó de los fallos del 9 de agosto de
2016 (rad. 11001-03-25-000-2011-00316-00) y 23 de marzo de 2017 (rad. 11001-
03-25-000-2011-00519-00) dictados por el Consejo de Estado, al hacer un análisis
únicamente sobre el procedimiento adelantado al interior del proceso disciplinario,
sin realizar un estudio sobre el fondo del asunto, con el fin de determinar si la sanción
disciplinaria que le fue impuesta era razonada, proporcional y acorde a la conducta
que le fue endilgada.

12.- Al respecto, cabe recordar que la Corte Constitucional ha definido el precedente
judicial como “aquel conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver
que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional,
debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento
de dictar sentencia”11.

12.1.- En tal sentido, el juzgador tiene el deber de acatar el precedente, siempre y
cuando la ratio decidendi de la sentencia anterior: i) fije una regla relacionada con el
caso pendiente de resolver, ii) haya servido como fundamento para solucionar un
problema jurídico similar al que es objeto de análisis y, iii) contenga supuestos de
hecho semejantes al asunto sometido a estudio12.

13.- De esta manera, el desconocimiento del precedente se configura cuando el
fallador judicial al resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a los
decididos en las sentencias proferidas por las altas cortes o dictadas por ellos
mismos, se aparta de dichas providencias sin exponer las razones jurídicas que
justifiquen su decisión, es decir, el juzgador se aparta del precedente cuando no
aplica una misma consecuencia jurídica ante un supuesto fáctico similar.

14.- Así las cosas, se advierte que las sentencias proferidas por el Consejo de
Estado que se estiman desconocidas no constituyen precedente judicial alguno, toda

11
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017, MP. Alberto Rojas Ríos.
12
Ibídem.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

vez que los supuestos de hecho difieren a los que fueron objeto de estudio en la
providencia cuestionada.

14.1.- En el fallo de 23 de marzo de 2017, la falta disciplinaria atribuida al
demandante, en su calidad de miembro de la Policía Nacional, fue “realizar una
conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón,
con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”, por lo que se investigó
una conducta distinta a la que fue objeto de estudio en el asunto de la referencia.
Además, en dicha providencia no se estableció alguna regla relacionada con el caso
sometido a consideración.

14.2.- De otra parte, en la sentencia de unificación del 13 de junio de 2013, si bien
se fijaron reglas jurisprudenciales relativas al control judicial integral de los actos
administrativos sancionatorios proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la Ley 734 de 2002, lo cierto es que en dicho asunto la parte
demandante fue investigada en su condición de Senadora de la República, por
presuntos vínculos con grupos al margen de la ley.

15.- De lo expuesto, se observa que dichas situaciones son diferentes a la puesta
en conocimiento del Tribunal Administrativo de Santander; por lo tanto, se reitera,
las providencias que se alegan como desconocidas no constituyen un precedente
judicial aplicable al caso objeto de estudio.

16.- Con todo, contrario a lo expuesto por la parte actora, se advierte que la autoridad
judicial accionada realizó un análisis integral del proceso disciplinario, tanto
procedimental, como sustancial, acorde a las reglas jurisprudenciales fijadas por
esta Corporación, en materia del control integral que ejerce la jurisdicción
contenciosa administrativa respecto de los actos administrativos de carácter
sancionatorio.

16.1.- Para tal efecto, el tribunal accionado analizó cada una de las etapas del
proceso disciplinario, cotejado, a su vez, con el material probatorio obrante en el
expediente disciplinario, esto, en aras de determinar si se garantizaron los derechos
del actor y si la sanción que le fue impuesta al accionante se ajustó a la falta que le
fue endilgada. Por interesar al asunto, la Sala traerá a colación, el análisis efectuado
en la providencia enjuiciada:

<< 5.2 Análisis crítico de las pruebas frente al marco normativo y
jurisprudencial

(...)

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Revisado el contenido de la decisión que declaró responsable al accionante se
advierte que, contrario a lo señalado en el recurso si existió valoración integral de: i)
Las pruebas recaudadas en el proceso, ii) Las circunstancias en las que se
desarrolló el operativo de allanamiento, iii) Los elementos que obraban en el lugar
de los hechos, los cuales sirvieron de fundamento para proferir la decisión, iv) Las
disposiciones contenidas en la Ley 1015 de 2006, v) La proporcionalidad de la
sanción, vi) Los principios que rigen el derecho disciplinario, y vii) De los argumentos
de defensa propuestos por el accionante.

También se acreditó que, la decisión proferida no se fundamentó exclusivamente en
la denuncia instaurada por el señor Jorge Enrique Gómez, pues el expediente
disciplinario da cuenta de la investigación realizada en aras de corroborar los hechos
narrados en la queja presentada, lo que dio lugar a la vinculación del demandante al
estar involucrado en el allanamiento realizado el día 17 de noviembre de 2016 y en
los hechos particulares que dieron como resultado la imposición de la sanción objeto
de debate; sin que el hecho de no acogerse los argumentos del demandado implique
la nulidad de los actos acusados.

Así, el material probatorio que obra en el plenario demuestra que, en el proceso
disciplinario adelantado contra el demandante, en el que fue sancionado
disciplinariamente por la comisión de falta gravísima contemplada en el numeral 14
del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 concretamente por “Apropiarse de bienes de
los particulares, con intención de obtener beneficio propio”, se llevaron a cabo todas
las etapas procesales, se le otorgó la posibilidad de ejercer su derecho de defensa,
rendir versión libre sobre los hechos, aportar pruebas diferentes a las que ya obraban
en el proceso y contradecir las mismas, presentándose una solicitud nulidad
procesal, descargos y el recurso de apelación respectivo contra la decisión que
impuso la sanción disciplinaria.

El demandante tampoco acreditó el desconocimiento de sus derechos
fundamentales, pues contrario a lo señalado se observa que la autoridad disciplinaria
tuvo en cuenta los argumentos de defensa presentados, sin que sea procedente
afirmar que la sanción impuesta fue desproporcionada y sin fundamento por el hecho
de ser trasladado durante el trámite de la investigación, pues como se indicó, el
uniformado contaba con un apoderado que podía ejercer su defensa técnica y
procurar adelantar las gestiones necesarias para demostrar que no se configuró la
conducta endilgada.

Respecto al deber de probar la comisión de la conducta imputada, considera la Sala
que en este caso la entidad accionada efectuó una valoración seria, conjunta,
motivada razonada y ponderada de los medios de convicción allegados al plenario
que conllevaron a imponer sanción disciplinaria al señor DANIEL ALCANTARA
RADA, conforme lo determinado por la Ley 1015 de 2006 aplicable a los integrantes
de la Policía Nacional y dentro de los rangos establecidos en la ley, siendo deber del
acusado desvirtuar las acusaciones realizadas, lo que en efecto no ocurrió.>>

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

17.- De esta manera, la decisión sometida a examen no comporta una actuación
arbitraria o abusiva y, por el contrario, encuentra que la misma fue proferida dentro
del marco de la sana crítica, autonomía e independencia judicial, con una carga
argumentativa válida y razonable, sustentándose en disposiciones claramente
aplicables al caso en concreto, con apoyo en el material probatorio aportado al
proceso, sin que pueda decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de
la parte actora.

18.- Visto lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, responden, en
realidad, a una discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso
que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues
siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el
llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los
criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.

19.- Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando éstas se
fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de
las normas que son aplicables a la causa y en una valoración adecuada de las
pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión arbitraria del
juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial, y en éstos al del juez natural, los cuales, en
forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley -sustancial y procesal-13.

20.- Insiste también esta Sala en que los derechos, expectativas e intereses que se
llevan al conocimiento de la judicatura, de cara a la preexistencia de un conflicto, la
mayoría de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo
que sólo resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del
juez se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia,
que se presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, asunto
que, como ya se vio, no se reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión
judicial y la de la parte que no resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste
al operador judicial la importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en
aplicación y desarrollo de la anterior premisa.

21.- Por lo expuesto anteriormente, la acción de tutela que se examina se torna
improcedente, al no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional. Por
lo tanto, esta Sala revocará la sentencia de 11 de mayo de 2022, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

13
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01493-01
Demandante: Daniel Alcántara Rada
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

22.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de mayo de 2022, por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

14
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

10

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