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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01496-00

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01496-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la señora Dora Luz Ospina Peñaranda por no superar el requisito de inmediatez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01496-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

28 de abril de 2022

!
Demandante: Dora Luz Ospina Peñaranda
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01496-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01496-00
Demandante: DORA LUZ OSPINA PEÑARANDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Temas: Tutela contra providencia judicial - declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez1

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por la señora Dora Luz Ospina
Peñaranda contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983
de 2017 y 333 de 2021, y con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Dora Luz Ospina Peñaranda, actuando en nombre propio, mediante
escrito enviado por correo electrónico el 7 de marzo de 2022, al buzón de la
Secretaría General del Consejo de Estado, presentó acción de tutela, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales “a la igualdad, debido proceso y
desconocimiento del precedente judicial”.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
la sentencia de 12 de junio de 20192 del Tribunal Administrativo de La Guajira, que
revocó la sentencia del Juzgado Tercero (3º) Administrativo Oral del Circuito de
Riohacha el 19 de octubre de 2018, que había accedido parcialmente a las
pretensiones del medio de control de reparación directa, para en su lugar
negarlas, dentro del proceso que se promovió contra la Nación – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación, el cual se
identificó con el radicado número 44001-33-40-003-2016-00205-01.

!
1
Ver antecedente de la Sección en sentencia de 19 de noviembre de 2020, expediente No. 11001-
03-15-000-2020-04289-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
2
La providencia que puso fin al proceso fue notificada al correo electrónico de las partes el 16 de
julio de 2019 a las 4:48 p.m.!
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Demandante: Dora Luz Ospina Peñaranda
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01496-00

1.2 Hechos

Del expediente de tutela se destacan los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia.

• Se indicó que la señora Dora Luz Ospina Peñaranda y otros3 presentaron
demanda de reparación directa por la presunta privación injusta de la libertad que
padeció la primera en mención, con ocasión del proceso penal adelantado por los
delitos de falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir,
cohecho y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

• El 19 de octubre de 2018 el Juzgado Tercero (3º) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Riohacha declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de la Rama Judicial y declaró administrativa y
extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación.

• El 12 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de La Guajira revocó la
decisión del a quo, al considerar que el daño padecido por la señora Ospina
Peñaranda no era antijurídico, porque estaba en la obligación de soportarlo, ello
comoquiera que se cumplieron los presupuestos para decretar la medida de
aseguramiento (artículo 308 de la Ley 906 de 2004), al partir de la premisa de que
esta persona hacía parte del “Comité interinstitucional que permitió la celebración del
contrato No. 01 con la ARS AIC del Cauca (…)”, acusado de no reunir los requisitos
legales.

• La sentencia de segunda instancia fue notificada al correo electrónico de las
partes el 16 de julio de 2019 a las 4:48 p.m., y la presente acción constitucional se
radicó el 7 de marzo de 2022.

1.3. Fundamentos de la solicitud

La demandante consideró que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente de esta Corporación; particularmente de la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014 proferida al interior del expediente con radicado interno
36.149, la cual pregonaba la responsabilidad objetiva en los asuntos de privación
injusta de la libertad.

Ahora, en cuanto a la oportunidad para presentar la solicitud de amparo, manifestó
que se debía computar la inmediatez desde el 29 de octubre de 2021, cuando la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó la decisión del a quo y condenó a la Fiscalía General de la
Nación, en un asunto tramitado por los mismo hechos, pero en otra demanda
(2016-00197-00).

1.4. Petición de amparo constitucional
!
3
La parte demandante se encuentra integrada por los señores Alberto Luís Zabaleta Ospina, Juan
José Ospina Cotes, Juan José Ospina Peñaranda, José Francisco Ospina Peñaranda, Camilo
Ojeda Díaz y Dora Luz Ospina Peñaranda.
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La pretensión de la demanda de tutela fue la siguiente:

“PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad establecidos en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de
Colombia.

SEGUNDO: DECLARAR, que la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo de la Guajira, el día (12) de junio de 2019, violó mis derechos
fundamentales debido proceso e igualdad consagrados en los artículos 13 y
29 de la Constitución Política de Colombia.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira,
que dentro del término de (48) profiera la sentencia de remplazo conforme al
precedente judicial sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sala Plena de la
Sección Tercera de esta Corporación, Expediente 2002-02548-01 (36.149)
(…) (Sic a toda la cita) ”.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 9 de marzo de 2022, el magistrado ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la tutelante, y como accionado al Tribunal
Administrativo de La Guajira. Asimismo, como terceros con interés en las resultas
del proceso, vinculó al (i) Juzgado Tercero (3º) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Riohacha, (ii) Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, (iii)
Fiscalía General de la Nación; y a los señores (iv) Alberto Luís Zabaleta Ospina,
Juan José Ospina Cotes, Juan José Ospina Peñaranda, José Francisco Ospina
Peñaranda y Camilo Ojeda Díaz.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones correspondientes fueron allegados los siguientes
informes.

1.6.1. El Tribunal Administrativo de La Guajira, por intermedio del magistrado
ponente de la sentencia controvertida, solicitó declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional de la referencia, toda vez que no se cumple el requisito
de inmediatez, ya que “no es acertado el análisis del requisito de inmediatez que realiza
la accionante en su escrito de tutela, pues la acción constitucional está dirigida es contra
la sentencia proferida por este tribunal de fecha 12 de junio de 2019, por ser la decisión
que considera vulneró sus derechos fundamentales cuya protección pretende del juez
constitucional, en tal razón, el tiempo razonable debe ser el transcurrido desde el hecho
que originó la presunta violación de los derechos fundamentales y la solicitud de amparo”.

Además, destacó que lo pretendido por la demandante es convertir la tutela en
una tercera instancia.

1.6.2. El Juzgado Tercero (3º) Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Riohacha, a través del funcionario a cargo, también requirió decretar la
improcedencia por la falta de acreditación del presupuesto de la inmediatez.
Asimismo, agregó que su despacho no vulneró ninguna garantía porque garantizó
el derecho a la doble instancia.

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1.6.3. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de un profesional experto
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad, pidió que se declarara
improcedente este asunto, por cuanto no se cumplen las causales generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, a pesar de que tenía la carga de
la prueba; y porque el fallo es acorde con el precedente jurisprudencial.

Asimismo, enfatizó que no se acreditó el requisito de inmediatez, porque se
supera ampliamente el término de los seis (6) meses.

1.6.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y los señores Alberto Luís
Zabaleta Ospina, Juan José Ospina Cotes, Juan José Ospina Peñaranda, José
Francisco Ospina Peñaranda y Camilo Ojeda Díaz, pese a habérseles notificado,
guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Dora Luz Ospina Peñaranda contra el Tribunal Administrativo de La
Guajira, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en el evento de superar los requisitos de
procedibilidad adjetiva, si en el caso concreto se presenta una vulneración a los
derechos fundamentales advertidos por la accionante, por parte del Tribunal
Administrativo de La Guajira, como autoridad judicial accionada, con ocasión de la
sentencia proferida en segunda instancia el 12 de junio de 2019.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso en
concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20124
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.

!
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar los reparos contra las
providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de sus derechos fundamentales “a la igualdad, debido
proceso y desconocimiento del precedente judicial”.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia que los derechos
fundamentales que subyace en el sub lite, tienen rango constitucional, lo que
implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.

2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
accionante fue proferida en el marco del proceso de reparación directa identificado
con el número 44001-33-40-003-2016-00205-01.

2.4.3. No obstante lo anterior, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo
no cumple con el requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación
se explican:

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable8, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de

!
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
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lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo9.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección10 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es
la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección, y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite
es que se declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio, como la accionante en su solicitud de tutela pretende
que se deje sin efectos la sentencia de 12 de junio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, este requisito debe estudiarse a la luz de la
ejecutoria de la providencia que puso fin al proceso, esto es, de la proferida por el
juez de segunda instancia.

Al respecto, la Sala encontró que:

• La sentencia de 12 de junio de 2019, del Tribunal Administrativo de La
Guajira, se notificó al correo electrónico de las partes.

• Dicha notificación se realizó el 16 de julio de 2019 a las 4:48 p.m.

• La ejecutoria de la mencionada providencia operó el 19 de julio de 2019.

• La solicitud de tutela se radicó el 7 de marzo de 2022.

Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 7 de marzo de 2022, la
Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la respectiva
providencia, un término superior a 6 meses, particularmente más de 2 años y 7
meses, lo cual desatiende el plazo que tanto la Corte Constitucional como esta
Sala han considerado como prudencial para presentar la solicitud de amparo
constitucional.

Ahora bien, en relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015,
cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la acción de
tutela será procedente “[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el
hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la
!
Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del
26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015,
Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
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inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual […]”11.

Al respecto, esta Sección advierte que la parte accionante adujo, en su escrito de
impugnación, que la solicitud de tutela sí cumple con el requisito de inmediatez,
porque al interior de otro proceso contencioso que se adelantó por los mismos
hechos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a las demandadas
en segunda instancia el 29 de octubre de 2021.

Para la Sala no es de recibo este argumento, pues como se expuso en líneas que
anteceden, esta Colegiatura ha considerado como plazo prudencial el de seis (6)
meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual, para el caso
concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada. En este punto
cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se exponga una
razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del derecho a la
igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a quienes se les
ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el lapso en
mención.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

De igual manera se precisa que, a juicio de este Juez Colegiado, controvertir una
providencia judicial, supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y
seguridad jurídica, lo cual impone al interesado que se haga en un plazo
pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar y
demostrar a la parte accionante.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las
tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la

!
11
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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decisión que se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea
conocida en razón de la efectiva notificación, y se encuentre ejecutoriada para que
la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus derechos.

2.5. Conclusión

En ese orden de ideas, en el presente caso no se advierte ninguna explicación
válida para el ejercicio de la presente acción constitucional por fuera del tiempo
proporcional y razonable adoptado por la Corporación y la Corte Constitucional, el
juez constitucional no puede extralimitar la competencia del funcionario que
conoce la controversia, por lo tanto, declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo.
3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Dora Luz Ospina Peñaranda por no superar el requisito de
inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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