Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01497-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01497-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01497-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
7 de julio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01497-01
Demandante: Juan Carlos Ramírez Moreno
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01497-01
Demandante: JUAN CARLOS RAMÍREZ MORENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D”
Temas: Tutela contra providencia judicial – contrato realidad – defecto
fáctico – confirma la negativa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 22 de abril de 2022, dictada por la Subsección “A” de la Sección Tercera de
esta Corporación que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 4 de marzo de 2022 en el correo de recepción de
tutelas y habeas corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Juan Carlos
Ramírez Moreno, actuando a través de apoderada judicial, ejerció acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“D”, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
2. El accionante consideró vulnerados los derechos invocados, con ocasión de
la sentencia del 21 de octubre de 2021, mediante la cual la autoridad judicial
accionada revocó el fallo, dictado el 18 de mayo de 2020 por el Juzgado Veintitrés
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones
de la demanda para, en su lugar, negarlas. Ello, en el marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que el señor Ramírez Moreno instauró
contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiduciaria La Previsora S.A.
y el Archivo General de la Nación, que se identificó con el radicado N.º 11001-33-
35-023-2017-00353-00/01.
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Demandante: Juan Carlos Ramírez Moreno
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
“Se revoque totalmente el fallo del 21 de octubre de 2021, emitido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN D, dentro del proceso 11001333502320170035302, y en sede
de esta instancia confirme la sentencia de primera instancia.
Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
SEGUNDA, SUB SECCION D, que, en el término de ley, proceda a emitir
nueva sentencia dentro del proceso referido, acorde con la constitución y la
Ley, y los precedentes Judiciales de la Corte Constitucional y Consejo de
Estado aplicables al caso en comento”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Juan Carlos Ramírez Moreno prestó sus servicios al Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS, desde el 4 de septiembre de 2012 hasta el 27
de junio de 2014.
5. Mediante acta del 11 de julio de 2014, dicho contrato fue subrogado por
parte del Fondo Rotatorio del DAS al Archivo General de la Nación. La relación
laboral entre el tutelante y esta última entidad se mantuvo vigente del 28 de junio
hasta el 31 de diciembre de 2014.
6. El 1º de junio de 2017, el señor Ramírez Moreno radicó peticiones ante la
Fiduciaria La Previsora S.A. y el Archivo General de la Nación, en los que solicitó
el reconocimiento y pago de acreencias laborales.
7. Ambas entidades resolvieron desfavorablemente sus solicitudes, la
fiduciaria, mediante el Oficio N.º 20170990678691 del 12 de junio de 2017; y el
Archivo General, a través del Oficio N.º 2-2017-01557-SDAS del 9 de octubre de
2017.
8. Ante la negativa, el señor Juan Carlos Ramírez Moreno presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiduciaria La Previsora S.A. y el
Archivo General de la Nación, con el fin de obtener el reconocimiento de sus
derechos laborales, así como el pago de la liquidación definitiva de las
prestaciones sociales y la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo.
9. En primera instancia, el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá, en sentencia del 18 de mayo de 2020, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, i) declaró la nulidad de los
oficios demandados y; ii) condenó a las entidades al pago de a) las prestaciones
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sociales y demás emolumentos legales, “(…) en igualdad de condiciones que un
funcionario de la planta de personal (…) durante el período en el cual se demostró la
existencia de la relación laboral (…)”; b) los porcentajes de cotización
correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los Fondos
correspondientes; y, c) los valores correspondientes a las prestaciones sociales,
actualizados conforme con los índices de inflación del DANE.
10. Inconformes con dicha determinación, las entidades presentaron recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Subsección “D” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia del 21 de octubre de
2021 en la que se resolvió revocar el fallo de primera instancia que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas.
11. Como fundamento de su decisión, el ad quem explicó que, si bien en el
caso sub judice se comprobaron los elementos de prestación personal del servicio
y de remuneración por la labor prestada, lo cierto es que el presupuesto de la
subordinación no logró acreditarse porque,
“(…) el actor fue contratado para apoyar el proceso de supervisión de unas
labores particulares específicas y transitorias, como fueron la organización de
los fondos acumulados del DAS, en los términos establecidos en el Acuerdo
02 de 2004 del Archivo General de la Nación, el Manual de Organización de
Fondos Acumulados y demás normas archivísticas.
(…) el demandante pudo ejecutarlas con cierta independencia, toda vez que
no implicaba que una persona le estuviera dando órdenes, sino que
simplemente necesitaba pautas para el desarrollo de las labores, lo cual se
infiere de la naturaleza de estas (…) si el demandante era el encargado de
apoyar el proceso de supervisión de la organización de los fondos acumulados
del DAS, era su deber desarrollar tal actividad en el lugar y en el horario de
funcionamiento del DAS en supresión, más aún cuando en los contratos se
establecieron cláusulas de manejo adecuado y reserva de la información
(obligación No. 37), motivo por el cual tampoco podía extraer documentos
para trabajar en su casa o de manera aislada de la entidad (…)
En el caso sub examine, no existen documentos tales como órdenes o algún
tipo de instrucciones, llamados de atención, invitación u órdenes de asistir a
capacitaciones, circulares indicando la forma de realizar las labores; así como
memorandos, comunicaciones, solicitud y concesión de permisos, planillas de
turnos, entre otros, como ocurre con frecuencia en las relaciones laborales
subordinadas, pues las únicas documentales aportadas al expediente fueron
los contratos de prestación de servicios, planillas del pago a la seguridad
social, la petición con la cual se reclamó la existencia de la relación laboral y
los actos administrativos acusados, y en ese sentido, la parte demandante no
cumplió con la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos en que se
apoyan sus pretensiones (artículo 167 del CGP), pues se reitera, no resultan
suficientes las pruebas testimoniales recaudadas.
(…) en su momento el extinto DAS contrató los servicios personales de Juan
Carlos Ramírez Moreno, en atención al proceso de supresión de la entidad y
a la falta de personal de planta para dichas labores, tal y como se indica en
cada uno de los contratos de prestación de servicios allegados al proceso”.
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12. La referida decisión se notificó por mensaje de datos enviado a los correos
electrónicos de las partes el 8 de noviembre de 2021.
1.4. Sustento de la vulneración
13. La parte actora consideró que la Subsección “D” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la sentencia del 21 de octubre de 2021, mediante la cual se revocó el
fallo de primer grado que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, en
su lugar, las negó. Lo anterior, con fundamento en que, en su criterio, dicha
providencia adolece de los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente.
14. En relación con el defecto fáctico, indicó que a pesar de que se aportaron
todas las pruebas que demostraron una verdadera relación laboral, la calidad de
trabajador y la negativa de las entidades en el pago de las prestaciones sociales,
el fallador de segunda instancia no les dio el valor probatorio correspondiente al
desconocer que sí existen elementos que evidencian la exigencia de cumplir
horario, además de los testimonios brindados por las personas que trabajaron de
planta en el DAS y que también desarrollaron las funciones contratadas.
15. Aseguró que al momento de la subrogación del contrato, el Archivo General
de la Nación controlaba el ingreso de los trabajadores a través del aparato
biométrico, en desarrollo de la Resolución N.º 248 de 2013 que fue aportada, y
que demuestra que el señor Ramírez Moreno, lejos de tener la libertad a la que se
hizo referencia en la sentencia objeto de reproche, demostraba que el
demandante sí debía cumplir un horario por orden de la supervisora del contrato, a
partir de las 8:00 am, lo cual se evidenciaba del correo electrónico que en su
momento allegó.
16. Respecto del defecto sustantivo, mencionó que en el asunto sub judice se
desconoció que el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la
temporalidad y por la necesidad del servicio, situación que en su criterio permitió
que se desatendiera lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015 y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
17. Finalmente, refirió que también se desconoció el precedente fijado en la
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 del Consejo de Estado, sin
que la autoridad judicial accionada explicara las razones para apartarse de aquella
y sin demostrar suficientemente que la interpretación que se ofreció desarrollaba
con mayor precisión los derechos, principios y valores constitucionales.
18. Explicó que dicha sentencia es aplicable a su caso, teniendo en cuenta que,
i) se desconoció que en el contrato de prestación de servicios que celebró con el
DAS se indicó que la labor era requerida por un periodo de 3 meses y 21 días, lo
que no se asemeja a lo que en realidad sucedió toda vez que posterior a ello se le
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informó que la contratación pretendía “apoyar el proceso de supervisión”, labor que
en todo caso no imponía que se ejecutara dentro de las instalaciones del DAS; ii)
que hubo una subordinación continuada, ya que se le asignó un puesto de trabajo
en el sótano de las instalaciones, con escritorio y útiles de oficina, así como el
sistema biométrico del Archivo General de la Nación, reiterando para el efecto el
correo electrónico que mencionó en el defecto fáctico y; iii) se pasó por alto que
los periodos de interrupción entre un contrato y otro no fueron superiores a 30
días, lo que demuestra que no hubo solución de continuidad.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
19. Por encontrar que la acción cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, el despacho ponente de la Subsección “A”
de la Sección Tercera de esta Corporación, la admitió y ordenó la notificación de la
parte accionante y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, como autoridad judicial accionada.
20. Así mismo, dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y vinculó como terceros con interés al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, al presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A. y al director
general del Archivo General de la Nación, como entidades que intervinieron como
demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. No
obstante, consideró innecesario vincular al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá, “toda vez que la demanda de tutela se dirige
únicamente contra el Tribunal”.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Fiduciaria La Previsora1
21. El apoderado de la entidad solicitó que se declare la improcedencia del
mecanismo con fundamento en que en el presente asunto no se observa
vulneración de ningún derecho y porque es evidente que lo que pretende la parte
actora es revivir etapas e introducir pruebas que no hicieron parte del expediente.
22. Explicó que, contrario a lo pretendido, en el trámite ordinario se cumplieron
todas las etapas del proceso en ambas instancias y en ninguna de las
oportunidades procesales el accionante adujo el presunto correo del 1 de
septiembre de 2014 que pretende introducir por vía constitucional, lo que se
traduciría en la violación del debido proceso y el derecho de defensa y
contradicción de las entidades accionadas. No obstante, precisó que, si en gracia
1
Como vocera del PAP Fiduprevisora S.A., defensa jurídica del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS y su fondo rotatorio, según el contrato de Fiducia Mercantil N.º
6.001-2016, suscrito el 15 de enero de 2016.
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de discusión el correo se hubiese aportado al plenario, el elemento tampoco
cambiaría el sentido de la decisión respecto de la Fiduprevisora, toda vez que allí
se trató un tema al interior del Archivo General de la Nación, después de darse el
cierre definitivo del DAS en supresión que ocurrió el 14 de julio de 2014.
1.6.2. Archivo General de la Nación
23. Por conducto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó
que se niegue el amparo invocado y se ordene el archivo del expediente al
considerar que en el presente asunto no se configuraron los defectos alegados, de
acuerdo con los siguientes argumentos.
24. Afirmó que no es posible demostrar la subordinación únicamente con las
declaraciones de los testigos que aseguraron que el demandante se
desempeñaba en la jornada laboral, toda vez que aquí no puede perderse de vista
la especialidad de las actividades para las que fue contratado y que los
documentos que manejaba el señor Ramírez Moreno eran de inteligencia y
contrainteligencia nacional, los cuales tienen reserva y, por tal motivo, no podían
ser retirados ni trasladados por fuera de la sede.
25. Mencionó que en el expediente no reposan las copias de la planilla en la
que se registró su ingreso y salida del sitio de trabajo, ni tampoco el registro
biométrico, ni los correos electrónicos en los que se le solicitó el cumplimiento del
horario, mucho menos el que se aportó en la tutela.
26. Indicó que los contratos que suscribió el actor se dirigían a ejecutar el plan
de organización documental para que la información fuese entregada a las
entidades receptoras o al Archivo General de la Nación. Agregó que el actor
conocía las condiciones de su contrato y que la planta del extinto DAS no contaba
con profesionales que tuvieran conocimientos específicos para la supervisión de
este tipo de contratos, aunado a que el vínculo estuvo sometido desde su inicio a
una condición resolutoria que era la liquidación definitiva de la entidad.
27. Finalmente, puso de presente que las actividades que el accionante
desarrolló no tenían vocación de permanencia, precisamente porque el contrato no
correspondía a la actividad misional de la entidad, sino a la organización del
archivo del DAS con ocasión de su supresión.
1.6.3. Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
28. El secretario del despacho remitió en medio magnético el expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la radicación de
este mecanismo.
1.6.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Subsección “D” de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pese a haber
sido notificados en debida forma, guardaron silencio.
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1.7. Sentencia de primera instancia
29. En sentencia del 22 de abril de 2022, el a quo constitucional negó el
amparo deprecado, por considerar que la sentencia objeto de reproche no
adolecía de los defectos alegados. La anterior providencia fue notificada a las
partes el 29 de abril de 2022.
30. La Sala precisó que el estudio de los defectos se realizaría conjuntamente,
pues todos se sustentaban en el presunto cumplimiento de los presupuestos de
existencia de la subordinación derivada del cumplimiento del horario, de la forma
en que se ejecutaron las labores y de la aparente distorsión de los elementos
propios del contrato estatal, “(…) sin perjuicio del análisis particular sobre la prueba del
correo electrónico y del desconocimiento del precedente”.
31. Luego de analizar los argumentos planteados por el tribunal para revocar la
decisión de primer grado, concluyó que el operador jurídico explicó con suficiencia
y claridad por qué con las normas que regían el caso, la jurisprudencia aplicable y
las pruebas que se aportaron no había lugar a demostrar el elemento de
subordinación en la relación contractual que se celebró con el DAS.
32. En ese contexto, indicó que el fundamento expuesto resultó razonable y no
merecía reproche alguno desde el punto de vista constitucional, al considerar que
respondían adecuadamente al problema jurídico que se abordó por lo que, el
hecho de que el accionante no lograra demostrar su dicho no quería decir que el
fallador hubiese adoptado una decisión irracional, absurda o contraevidente.
33. Respecto de la sentencia de unificación que se alegó como desconocida, el
a quo constitucional precisó que, de hecho, la decisión cuestionada estableció que
la razón para no declarar la relación laboral encubierta se debió a que el
demandante no logró demostrar los elementos que la configuran, toda vez que en
este caso el señor Ramírez Moreno no pudo corroborar la subordinación. Aunado
a ello, precisó que la regla de unificación que se fijó en dicha sentencia estaba
relacionada con el término de 30 días como indicador temporal para inferir que no
hubo solución de continuidad, en el evento de que estuvieran acreditados los
requisitos para declarar la existencia del contrato realidad, y sólo para los efectos
de la prescripción de los derechos laborales.
34. Por último, aseguró que tampoco se incurrió en el defecto fáctico alegado,
ya que, al revisar los documentos que obraron en el expediente que allegó el
juzgado, se puedo constatar que “(…) dicho correo electrónico no fue aportado con la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, además, tampoco se evidencia que
hubiera sido incorporado al expediente en alguna de las oportunidades probatorias
previstas (…) como el citado documento no fue decretado como prueba en el proceso
ordinario, resulta razonable que el Tribunal demandado no se hubiera pronunciado, pues
se trata de un elemento que el demandante pretende hacer valer en sede de tutela sin
que se hubiera puesto de presente en el proceso ordinario”.
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1.8. Impugnación
35. A través de correo electrónico enviado el 4 de mayo de 2022 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la
sentencia proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta
Corporación el 22 de abril de 2022, notificada el 29 del mismo mes y año.
36. Insistió en que el señor Juan Carlos Ramírez Moreno sí probó el elemento
de subordinación en la relación contractual que se celebró con el DAS pues,
contrario a lo manifestado en la providencia objeto de censura, se logró acreditar,
sin que fuera debidamente valorado:
• Que el señor Ramírez Moreno no pudo ejecutar las actividades estipuladas
en los contratos con independencia y autonomía, pues debía recibir y
cumplir órdenes impartidas por sus superiores, que en este caso
correspondían a las dictadas por la señora Gladys Jiménez González, en
calidad de supervisora del contrato, debiendo además cumplir horarios y
pedir permisos, al igual que los demás funcionarios de planta.
• Que la función “ARCHIVÍSTICA” por sus características y la naturaleza de la
entidad, así como de la información que allí se manejaba, no gozaba de
autonomía del contratista pues debía recibir órdenes de superiores y no
simples pautas como pretenden hacerlo ver.
• Que los testimonios recaudados evidenciaban el cumplimiento de horarios
en los que prestaba el servicio en igualdad de condiciones que los
empleados de planta. Que el actor cumplió con las órdenes impuestas por
el jefe inmediato y que, incluso en ambas entidades se le asignó un espacio
de trabajo en el que contaba con escritorio, computador y demás elementos
de oficina.
• Que la función que cumplió “(…) NO REQUERÍA LA PRESENCIA CONTÍNUA Y
EL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS para la ejecución de las labores
contratadas”.
37. Reprochó el hecho de que el tribunal demandado no encontrara probado el
elemento de subordinación, cuando a partir de distintos elementos de convicción
se evidenció que el señor Ramírez Moreno cumplió un horario en igualdad de
condiciones que los empleados de planta del DAS, con fundamento en la
naturaleza de la información que manejaba, desconociendo de esa manera que el
objeto contractual era “APOYAR LA LABOR”, lo que en su criterio desdibuja lo
dispuesto en el artículo 81 del Decreto 1510 del 17 de julio de 20132.
2
Artículo 81. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas
naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es
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38. Asimismo, precisó que la postura adoptada en la providencia censurada
desconoció lo establecido en la sentencia C-154 de 1997, M.P. Hernando Herrera
Vergara, en la que se estudió la diferencia entre el contrato de prestación de
servicios y el contrato laboral, así como la aplicación del principio de primacía de
la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.
39. Agregó que el fallo impugnado perdió de vista que el artículo 24 del Decreto
4057 de 2011, por el cual se suprimió el DAS, dejó en evidencia que el cargo para
el que fue vinculado no fue transitorio, “(…) pues conforme a lo previsto en las normas
mencionadas para tal función, el manual de requisitos y funciones de la Entidad
contemplaba personal de planta que tenían asignadas dichas funciones, haciendo
evidente que el señor JUAN CARLOS RAMÍREZ cumplía una función que podía ser
desempeñada por personal de planta (…)”.
1.9. Trámite en segunda instancia
40. Encontrándose el expediente en estado de proferir el fallo de segunda
instancia, la magistrada ponente advirtió que al momento de admitir la acción de
tutela, la Subsección “A” de la Sección Tercera de la Corporación consideró
innecesario vincular al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bogotá, como autoridad judicial que profirió la sentencia que, en primera
instancia accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y que originó la presentación de esta acción constitucional, razón por la
que, mediante auto del 13 de junio del año en curso, ordenó su vinculación al
proceso para que alegara la nulidad, se pronunciara sobre la solicitud o, guardara
silencio.
1.9.1. El Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá, pese a que fue notificado en debida forma3, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
41. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia del 22 de abril de 2022, dictada por la Subsección
“A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador
del gasto debe dejar constancia escrita.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la
entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.
La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse
a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos
previos.
3
El expediente pasó nuevamente al despacho para fallo el viernes, 24 de junio de 2022.
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como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
42. En primer lugar, la Sala advierte que el señor Juan Carlos Ramírez Moreno
está legitimado en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de
la Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de
1991, en la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por
cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien
sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio
de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en
condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela
los defensores del pueblo y los personeros municipales4.
43. En el caso concreto, se tiene que el tutelante instauró el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia objeto
de censura, por lo que es claro que es el titular de los derechos fundamentales
cuya vulneración alega.
44. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” también está legitimado en
la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que resolvió la segunda instancia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que provocó la
radicación de esta demanda.
2.3. Problema jurídico
45. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 22 de abril de 2022, por la Subsección “A” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual se negó el amparo
deprecado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?
46. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:
• Si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D” vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al
proferir la sentencia del 21 de octubre de 2021, a través de la cual revocó el
fallo de primer grado para, en su lugar, resolver desfavorablemente el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que
pretendía el reconocimiento de sus derechos laborales, así como el pago
de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales y la indemnización
moratoria, con ocasión del contrato de prestación de servicios que suscribió
4
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
10
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con el extinto DAS y que posteriormente fue subrogado al Archivo General
de la Nación, por presuntamente incurrir en defecto fáctico.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
47. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) generalidades de los defectos
alegados; (iii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iv) análisis del
caso concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
5
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su
procedencia7.
49. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
50. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
51. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
5
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez
Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de
conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
11
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2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
52. En el sub judice se advierte que en lo que se refiere al reconocimiento los
derechos laborales, así como el pago de la liquidación definitiva de las
prestaciones sociales, el asunto es de relevancia constitucional, por cuanto, en
primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia proferida
el 21 de octubre de 2021 a través de la cual la Subsección “D” de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó lo resuelto por el
Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, para en su
lugar negar las súplicas de la demanda por no encontrar acreditado el elemento de
subordinación que permitiera corroborar la presunta relación laboral entre el
accionante y el extinto DAS, determinación que, en su criterio, adolece de los
defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente.
53. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión
pues, en efecto, el accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
porque, pese a que logró probarse que el demandante desempeñó la labor
contratada dentro de la sede y durante la jornada laboral que cumplían los
empleados de planta de la entidad, que se le asignó un puesto de trabajo, que
recibió órdenes de su superior y que tenía que pedir permiso para ausentarse, el
ad quem del proceso insistió en que ello no permitía corroborar el elemento de
subordinación, dada la naturaleza de las funciones que estaba desempeñando y
que el material documental que debía manejar estaba sometido a reserva.
54. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, concretamente lo relacionado
con el hecho de que no se encontraran acreditados los elementos de la relación
laboral, conllevó a que se omitiera el deber del juez ordinario de actuar tanto como
juez de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa
ordinaria.
55. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte tutelante frente a
la razonabilidad de la decisión, pues existen interpretaciones contradictorias sobre
el mismo derecho, lo que, en su criterio, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
56. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende la parte
accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de
la Carta, lo que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal. En
virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie
resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
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constitucionales, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido
por la ley para su protección.
57. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.
2.6.2. Tutela contra tutela8
58. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia que se censura fue proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 11001-33-35-023-
2017-00353-01.
2.6.3. Inmediatez9
59. En relación con este requisito, la Sala tampoco advierte ningún reproche en
vista de que la providencia que en esta instancia se ataca fue proferida el 21 de
octubre de 2021, notificada a través de mensaje de datos remitido 10 de
noviembre siguiente10, es decir que cobró ejecutoria el 16 de noviembre de 2021
por lo que, al haberse radicado la tutela el 4 de marzo de 2022, se advierte que la
parte actora sí acudió al amparo constitucional antes de que culminara el plazo
razonable de 6 meses.
60. En ese orden de ideas, para esta Sección del Consejo de Estado es claro
que este asunto sí supera el requisito adjetivo de la inmediatez.
2.6.4. Subsidiariedad
61. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que se agotó el recurso de apelación contra
la decisión que resolvió favorablemente las pretensiones en primera instancia, que
corresponde al medio de impugnación ordinario procedente.
8
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia
27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-
00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
9
Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 3.2.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-06564-01.
10
De acuerdo con el inciso 3º del artículo 8º del Decreto 806 de 2020, “(…) la notificación personal se entenderá realizada
una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la notificación”.
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62. Con respecto a los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia el despacho advierte que tampoco son procedentes, toda vez que
los argumentos expuestos en la tutela no se enmarcan en las causales taxativas
previstas por el legislador en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.
2.7. Generalidades del defecto alegado
2.7.1. Defecto fáctico
63. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201511 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.
64. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
decreto y alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
práctica de para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
pruebas y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
indispensables ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos
para fallar el de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
asunto importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
probatorio frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
determinante son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
11
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No.
11001-03-15-000-2015-01471-01,
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para identificar la punto, se requiere que, de forma específica, se concrete
veracidad de los en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas
hechos alegados oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que:
a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
arbitraria de las manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
pruebas peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
aportadas
Se requiere entonces que:
a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
con fundamento asunto con base en pruebas que no observaron los
en pruebas requisitos legales para su producción o introducción al
obtenidas con proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
violación del equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
debido proceso cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido
proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.
65. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
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66. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
67. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.
2.8. Caso concreto
68. La parte actora considera que la sentencia del 21 de octubre de 2021 a
través de la cual la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de primera instancia que había
accedió a las súplicas de la demanda para, en su lugar, negarlas, en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que pretendía
que se declarara la existencia de la relación laboral que aparentemente sostuvo
con el extinto DAS y que posteriormente se subrogó al Archivo General de la
Nación, vulneró sus garantías constitucionales del debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia.
69. En primera instancia, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado negó el amparo deprecado, al concluir que el operador jurídico explicó
con suficiencia y claridad por qué con las normas que regían el caso, la
jurisprudencia aplicable y las pruebas que se aportaron no había lugar a demostrar
el elemento de subordinación en la relación contractual que se celebró con el
DAS.
70. Precisó que la regla fijada en la sentencia de unificación que se alegó como
desconocida partía de la base de que se acreditaran los elementos de la relación
laboral, para luego establecer que el término de interrupción de 30 días entre un
contrato y otro no constituían solución de continuidad, todo ello de cara a la
prescripción de los derechos del trabajo.
71. Finalmente, indicó que al revisar los documentos que obraron en el
expediente que allegó el juzgado, se pudo constatar que el correo electrónico que
se trajo a colación con la demanda de tutela no fue aportado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni se evidenció que fuese
incorporado en alguna de las etapas probatorias previstas, lo que demostraba el
motivo por el cual no fue abordado por el operador jurídico demandado y que en
todo caso no podía ser estudiado en este mecanismo de amparo, so pena de
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vulnerar el debido proceso, así como el de contradicción y defensa de la
contraparte.
72. Inconforme con dicha determinación, la parte actora la impugnó, insistiendo
en que el cumplimiento del horario, la realización de las labores en la sede de la
entidad, el acatamiento de órdenes dictadas por un superior, la asignación de un
puesto de trabajo, así como los elementos que le permitían desarrollarlo, daban
cuenta de que el señor Ramírez Moreno no se desempeñó con la independencia
que caracteriza el contrato de prestación de servicios y que, por el contrario,
evidenciaban el elemento de subordinación de la relación laboral.
73. Asimismo, agregó que el tribunal demandado incurrió en un i) defecto
sustantivo por inaplicación del artículo 81 del Decreto 1510 de 2013, así como del
artículo 24 del Decreto 4057 de 2011 y; ii) en desconocimiento del precedente
establecido en la sentencia C-154 de 1997 de la Corte Constitucional en la que se
estudió la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y el contrato
laboral, así como la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formas en las relaciones de trabajo.
74. Sea lo primero aclarar que en este caso no se abordará el estudio de los
defectos sustantivo12 y por desconocimiento del precedente13 expuestos en el
párrafo anterior, toda vez que, si bien, desde el escrito inicial se alegó que la
providencia objeto de censura adolecía de dichos yerros, lo cierto es que el
fundamento de estos varió entre la demanda y la impugnación. En tal sentido, al
exponer argumentos nuevos en la impugnación en torno a estos defectos no
podrán ser abordados en segunda instancia, pues lo contrario vulneraría el debido
proceso, así como la defensa y contradicción del operador jurídico tutelado y de
los terceros vinculados.
75. Aclarado lo anterior, es menester revisar los fundamentos expuestos por la
Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia objeto de censura, a partir de los cuales
determinó que en el caso sub examine no se estructuraron los elementos
constitutivos del contrato laboral, puntualmente el de la subordinación. Lo anterior,
12
En el escrito de la demanda, se indicó que el operador jurídico desconoció que el contrato de
prestación de servicios se caracteriza por la temporalidad y por la necesidad del servicio, situación
que en su criterio permitió que se desatendiera lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; mientras que, en la impugnación, se señaló
que la autoridad judicial desconoció lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto 1510 del 17 de julio
de 2013, así como el artículo 24 del Decreto 4057 de 2011, por el cual se suprimió el DAS, lo que
dejaba en evidencia que el cargo para el que fue vinculado el tutelante no fue transitorio.
13
En el libelo introductorio se refirió que el tribunal desconoció el precedente fijado en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 del Consejo de Estado, sin explicar las razones para
apartarse de aquella y sin demostrar suficientemente que la interpretación que se ofreció
desarrollaba con mayor precisión los derechos, principios y valores constitucionales. En la
impugnación, aseguró que la providencia censurada desconoció lo establecido en la sentencia C-
154 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara, en la que se estudió la diferencia entre el contrato
de prestación de servicios y el contrato laboral, así como la aplicación del principio de primacía de
la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.
17
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a efectos de verificar si le asiste razón o no al accionante, respecto del defecto
fáctico que alegó.
76. Al emprender el estudio de cara al referido elemento, el tribunal manifestó
que i) el demandante suscribió varios contratos de prestación de servicios con el
DAS, de forma continua e ininterrumpida; y que ii) el desempeño de sus labores
transcurrió por más de dos años, lo que demostraba que el vínculo no fue
ocasional ni temporal, e indicó que dicha situación, en principio constituiría, “un
indicio claro de que bajo la figura del Contrato de Prestación de Servicios se dio en
realidad una relación de tipo laboral”.
77. No obstante, aseguró que las demás pruebas que se aportaron al plenario
evidenciaban que en realidad no se configuraba una relación laboral subordinada
en el caso del señor Ramírez Moreno. Para el efecto, destacó que el objeto de los
contratos14 siempre fue que “EL CONTRATISTA, en virtud de las condiciones
personales se compromete para con el DAS EN PROCESO DE SUPRESIÓN a apoyar el
proceso de supervisión del contrato No. 009 FR -Proyecto de Organización de los Fondos
Acumulados del DAS en proceso supresión y su Fondo Rotatorio – en los aspectos
técnicos de archivo y demás aspectos que se generen en el proceso de supresión, de
acuerdo con las condiciones señaladas en la Ficha Técnica (Estudios Previos) y en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA”.
78. Luego de ello, encontró que el señor Juan Carlos Ramírez Moreno: i) realizó
las actividades que allí fueron señaladas; ii) fue contratado para apoyar el proceso
de supervisión de unas labores que eran particulares, específicas y transitorias,
como lo fue “(…) la organización de los fondos acumulados del DAS, en los términos
establecidos en el Acuerdo 02 de 2004 del Archivo General de la Nación, el Manual de
Organización de Fondos Acumulados y demás normas archivísticas”; iii) pudo
ejecutarlas con cierta independencia, teniendo en cuenta que el desarrollo de las
mismas no implicaba que una persona le impartiera órdenes, sino que necesitaba
unas pautas que le permitieran desarrollar las labores conferidas, lo que infirió de
la naturaleza de aquellas; iv) que debido a que la labor consistía en el apoyo de la
supervisión de la organización de los fondos acumulados de la entidad,
naturalmente debía desarrollar la actividad en el lugar y en el horario en que
funcionaba el DAS, máxime porque “(…) en los contratos se establecieron cláusulas
de manejo adecuado y reserva de la información”, razón por la que no podía extraer
documentos para trabajar desde su casa o por fuera de las instalaciones de la
entidad.
79. Asimismo, trajo a colación el Decreto 4057 de 2011 que estableció en
cabeza del director de la supresión, el deber de adoptar las medidas necesarias
para la administración, conservación y fidelidad de los archivos de la entidad y
para garantizar la seguridad de los archivos de inteligencia se debían pactar
cláusulas que avalaran la reserva de la información contenida en los archivos.
14
Los contratos de prestación de servicios Nos. 0452 de 2012, 0608 de 2012, 0279 de 2013, 0429
de 2013, 0897 de 2013, 1227 de 2013, 0269 de 2014 y 0471 de 2014 .
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Demandante: Juan Carlos Ramírez Moreno
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80. Igualmente revisó los testimonios de Clara del Pilar Bohórquez Bohórquez,
Martha Adriana Abril González, Henna Rosa Cely Albarracín y Luz Stella Pardo
Cortés, quienes laboraban en el extinto DAS, y partir de ellos advirtió que si bien el
demandante prestó sus servicios en el área de archivo de dicha entidad, las
declaraciones transcritas no eran certeras respecto del cumplimiento del horario,
ni permitían inferir que las funciones que desempeñaba el señor Ramírez Moreno
se realizaron bajo una relación de subordinación o dependencia respecto del
empleador, teniendo en cuenta que la única de las citadas que aseveró que al
demandante le llamaban la atención fue la señora Bohórquez Bohórquez, mientras
que las demás coincidieron en asegurar que no les constaba que le hubiesen
hecho algún tipo de llamado de atención o que cumpliera a cabalidad con el
horario dispuesto para los empleados de la planta.
81. En todo caso, explicó que, aunque en el asunto se hubiese logrado acreditar
el cumplimiento del horario, ello podía deberse a la naturaleza de las labores para
las que fue contratado, teniendo en cuenta que no podía extraer documentos para
trabajar desde su casa o por fuera de las instalaciones. Por tal motivo, concluyó
que las pruebas testimoniales que se aportaron al plenario no eran suficientes
para acreditar el elemento de subordinación como último requisito para establecer
si bajo la apariencia del contrato de prestación de servicios se ocultó una
verdadera relación laboral entre el señor Ramírez Moreno y el extinto DAS.
82. En virtud de todo lo expuesto, esta Sala de Decisión encuentra razonable
que la autoridad judicial accionada concluyera que, si bien en el caso sub judice se
comprobaron los elementos de prestación personal del servicio y de remuneración
por la labor prestada, no ocurría lo mismo con presupuesto de la subordinación,
frente a lo cual también señaló que:
“(…) el actor fue contratado para apoyar el proceso de supervisión de unas
labores particulares específicas y transitorias, como fueron la organización de
los fondos acumulados del DAS, en los términos establecidos en el Acuerdo
02 de 2004 del Archivo General de la Nación, el Manual de Organización de
Fondos Acumulados y demás normas archivísticas.
(…) el demandante pudo ejecutarlas con cierta independencia, toda vez que
no implicaba que una persona le estuviera dando órdenes, sino que
simplemente necesitaba pautas para el desarrollo de las labores, lo cual se
infiere de la naturaleza de estas (…) si el demandante era el encargado de
apoyar el proceso de supervisión de la organización de los fondos acumulados
del DAS, era su deber desarrollar tal actividad en el lugar y en el horario de
funcionamiento del DAS en supresión, más aún cuando en los contratos se
establecieron cláusulas de manejo adecuado y reserva de la información
(obligación No. 37), motivo por el cual tampoco podía extraer documentos
para trabajar en su casa o de manera aislada de la entidad (…)
En el caso sub examine, no existen documentos tales como órdenes o algún
tipo de instrucciones, llamados de atención, invitación u órdenes de asistir a
capacitaciones, circulares indicando la forma de realizar las labores; así como
memorandos, comunicaciones, solicitud y concesión de permisos, planillas de
turnos, entre otros, como ocurre con frecuencia en las relaciones laborales
subordinadas, pues las únicas documentales aportadas al expediente fueron
los contratos de prestación de servicios, planillas del pago a la seguridad
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social, la petición con la cual se reclamó la existencia de la relación laboral y
los actos administrativos acusados, y en ese sentido, la parte demandante no
cumplió con la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos en que se
apoyan sus pretensiones (artículo 167 del CGP), pues se reitera, no resultan
suficientes las pruebas testimoniales recaudadas.
(…) en su momento el extinto DAS contrató los servicios personales de Juan
Carlos Ramírez Moreno, en atención al proceso de supresión de la entidad y
a la falta de personal de planta para dichas labores, tal y como se indica en
cada uno de los contratos de prestación de servicios allegados al proceso”.
83. Así pues, contrario a lo señalado por la parte actora, esta Sala de Decisión
considera que el análisis fáctico, normativo y jurisprudencial que desplegó el
operador jurídico censurado se ajusta a derecho, dado que de los elementos de
convicción recaudados sólo se podía inferir que el señor Ramírez Moreno
desempeñó sus funciones en las instalaciones del DAS y posiblemente dentro del
horario de los demás empleados de la planta, no obstante, se explicó que en todo
caso ello tuvo lugar por la naturaleza de la entidad que estaba en proceso de
supresión y la reserva con la que se debía manejar la información que se estaba
archivando, lo que evidentemente demostraba la razón para que el actor ejecutara
el contrato en las condiciones en que lo hizo y, por consiguiente, dichas
circunstancias no podían traer como consecuencia que la relación contractual
derivara en una laboral.
84. Lo anterior, teniendo en cuenta que el material probatorio que fue analizado
le permitió a la autoridad judicial accionada observar que la función del señor
Ramírez Moreno consistió en apoyar el proceso de supervisión de la organización
de los fondos acumulados de la entidad objeto de supresión, lo que denotaba la
necesidad de que el contratista respetara las pautas, las jornadas en las que era
requerido y la coordinación del DAS, sin que todo ello demostrara la subordinación
del demandante pues, se insiste, el contrato no podía ejecutarse de una forma
distinta por las labores conferidas y la imposibilidad de sacar de las instalaciones
la documental que se estaba archivando.
85. Aunado a ello, esta Sección coincide con lo expuesto por el a quo
constitucional respecto de la improcedencia de analizar el correo electrónico que
el señor Juan Carlos Ramírez Moreno aportó en sede de tutela, como elemento
con el que pretendía demostrar que recibía y cumplía órdenes impartidas por la
señora Gladys Jiménez González, en calidad de supervisora del contrato,
debiendo además cumplir horarios y pedir permisos, al igual que los demás
funcionarios de planta pues, se reitera, dicho elemento no hizo parte del
expediente del proceso ordinario, lo que deja entrever el motivo para que el
operador jurídico acusado no lo analizara.
86. Frente al punto, vale la pena aclarar que el mecanismo de amparo no es un
instrumento que permita subsanar las falencias probatorias y argumentativas
desplegadas en el proceso ordinario, ni revivir términos para favorecer el resultado
del proceso.
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87. Sin perjuicio de lo anterior, también resulta importante precisar que aun
cuando en la sentencia no se haga mención específica de todos los elementos de
convicción que componen el expediente en el análisis del caso concreto, ello no
implica que el juez de instancia no los haya analizado y que, a partir de ello se
pueda evidenciar un defecto fáctico pues, de hecho, el juez natural tiene la
potestad de señalar las pruebas que considera necesarias, pertinentes y
conducentes para resolver el problema jurídico planteado y de esa manera
acreditar la posición jurídica que está adoptando, tal como ocurrió en este asunto.
88. En síntesis, de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, así como los
fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D” para orientar el sentido de su providencia, esta Sala de
Decisión no observa que la decisión objeto de censura adoleciera de ninguno de
los defectos alegados por la parte actora puesto que la misma obedece a la
apreciación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como a la
adecuada aplicación de los criterios jurisprudenciales vigentes, de cara a la
acreditación de los elementos esenciales para declarar la existencia del contrato
realidad.
89. En consecuencia, el hecho de que la decisión objeto de reproche no fuera
favorable a las pretensiones de la parte accionante no implica per se que el
operador jurídico demandado vulnerara sus derechos fundamentales puesto que,
se insiste, la sentencia del 21 de octubre de 2021 se profirió con fundamento en
una adecuada valoración de los elementos de convicción efectivamente
recaudados los cuales, en criterio del juez natural de la causa, no fueron
suficientes para demostrar el elemento de subordinación, como presupuesto
necesario para mutar la relación contractual a una laboral.
2.9. Conclusión
90. En ese contexto, esta Sección del Consejo de Estado confirmará la
sentencia del 22 de abril de 2022 a través de la cual la Subsección “A” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo deprecado por no
encontrarse configurados los defectos alegados.
91. Lo anterior, sobre la base de considerar que, contrario a lo expresado por la
parte tutelante, el operador jurídico demandado no contó con los elementos
probatorios suficientes que permitieran evidenciar la configuración del elemento de
subordinación, que hiciera viable que en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se declarara la existencia de la relación laboral y no
la contractual que tuvo lugar.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
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Sección Segunda, Subsección “D”
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de abril de 2022, a través de la cual
la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado NEGÓ el amparo
deprecado por el señor Juan Carlos Ramírez Moreno, por las razones expuestas
en las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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