Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01502-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01502-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01502-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01502-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLÍTICA MOVIMIENTO CIUDADANO
INDIGNADOS COLOMBIA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Defectos por desconocimiento
del precedente judicial y decisión sin motivación
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Diego Felipe Urrea Vanegas, en calidad de director de la
Organización Política Movimiento Ciudadano Indignados Colombia, contra la
sentencia de 29 de abril de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “C”, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela
porque no se cumplió con el requisito de aportar el poder especial que lo
legitimara para interponerla.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora relató que la Organización Política Movimiento Ciudadano
Indignados Colombia es un movimiento político conformado por víctimas de la
violencia, excombatientes, minorías étnicas y políticas que fue reconocida a partir
de la refrendación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Afirmó que radicó una petición el 3 de febrero de 2020 ante el Consejo Nacional
Electoral, en la que solicitó la inscripción de un candidato a la presidencia y
vicepresidencia de la República de Colombia para las elecciones presidenciales
del año 2022, la cual fue remitida por competencia a la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Señaló que esta última entidad negó la solicitud mediante Oficio No. RDEDGE –
06384 (sin fecha), con sustento en que luego de verificar el estado de la
Organización Política Movimiento Indignados Colombia, advirtió que carecía de
personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo,
informó que podían postular candidatos por medio de un grupo significativo de
ciudadanos e indicó el trámite respectivo para ello. Así mismo, refirió que no podía
inscribir candidatos a la presidencia, toda vez que el artículo 8 de la Ley 996 de
2005 dispone que la oportunidad iniciaría con cuatro meses de anterioridad a la
fecha de votación de la primera vuelta de la elección presidencial, por lo que
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
sugirió revisar los canales de comunicación para que pudieran conocer la
expedición del calendario electoral que se emitiera para las elecciones de
presidente y vicepresidente. Esa decisión fue confirmada mediante Oficio No. RDE
– 751 de 7 de abril de 2020.
Sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con
el propósito de que se realizara la inscripción de un candidato a la presidencia y a
la vicepresidencia de la República de Colombia para el periodo 2022-2026.
Finalmente, manifestó que la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia
del 20 de enero de 2022, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en
que i) lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, relacionado con la participación
política eran compromisos mas no mandatos o imperativos legales, y no
constituían derechos adquiridos. Por consiguiente, no se le podía exigir a la
entidad demandada acoger favorablemente la solicitud, además que acceder a la
petición supondría que los grupos minoritarios estarían exentos de cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley 1475 de 2011.
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales a elegir y ser elegido y de acceso a la administración de
justicia, así como los principios de legalidad, autodeterminación, participación y
soberanía, supuestamente vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, al negar las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que no le permitió la
inscripción como candidato a la Presidencia de la República para el periodo 2022-
2026.
En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial y consideró que se cumplían, por lo que el juez
de tutela está habilitado para analizar de fondo el asunto y acceder a las
pretensiones de la solicitud.
De otra parte, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial y en decisión sin motivación, toda vez que
la Corte Constitucional en las sentencias SU-257 de 20211, SU-150 de 20212 y C-
630 de 20173, estableció el alcance que se le puede dar al acuerdo de paz,
providencias que no fueron tenidas en cuenta en la providencia objetada.
Por último, manifestó que la sentencia objetada se equivocó al “negar las
pretensiones de la demanda por el período de inscripción de candidatos a la
presidencia de la República UE inicia el día 29 del presente mes dado que la
petición inicial fue presentada al Consejo Nacional Electoral solicitando la
inscripción a las elecciones presidenciales basados en el reconocimiento de la
organización política movimiento ciudadano Indignados Colombia como actor del
proceso de paz, la cual fue trasladada a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
remitiéndonos a las reglas electorales tradicionales como lo es la inscripción por
firmas, desconociendo la progresividad de los derechos políticos de la
organización política movimiento ciudadano Indignados Colombia, en este caso
prima el artículo 228 de la Constitución Política que consagra el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que propende porque las
1
M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar
2
M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
3
M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
normas procesales sean el medio que permita concretar o efectivizar los derechos
sustanciales de los ciudadanos, en la demanda se buscaba efectivizar los
derechos fundamentales a la participación política, democrática y los demás
expuestos en la acción para inscribirnos conforme al cronograma establecido en el
calendario electoral, Actualmente estamos a[b]ocados a un perjuicio irremediable
debido a que las inscripciones para las elecciones presidenciales son hasta el
próximo 11 de marzo de 2022 de acuerdo a la resolución No. 4371 del 18 de mayo
de 2021 Registraduría Nacional del Estado Civil”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“Primero: Tutelar los derechos principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución” (art 2) los principios de autodeterminación, participación y soberanía del
pueblo –, 13 y 40, numeral 3º de la Constitución Política. Así mismo, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (artículo 6º); el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26) y el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículo 7.1). Las sentencias
SU 257 DE 2021, SU150 de 2021, C 630 DE 2017 y T 016 de 2019 a la organización
política movimiento ciudadano Indignados Colombia.
Segundo: Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil la inscripción de un (1)
candidato a la presidencia y uno (1) a la vicepresidencia de la República de Colombia para
el periodo 2022 – 2026 de la organización política movimiento ciudadano Indignados
Colombia.
Tercero: Conceder medida cautelar previa ordenando a la Registraduría Nacional del
Estado Civil la inscripción de un (1) candidato a la presidencia y uno (1) a la
vicepresidencia de la República de Colombia para el periodo 2022 – 2026 de la
organización política movimiento ciudadano Indignados Colombia para no incurrir en un
perjuicio irremediable, toda vez que las inscripciones son hasta el día 11 de marzo del año
2022”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 11 de marzo de 2022, la Secretaría de la Sección Quinta
del Consejo de Estado allegó el expediente digital No. 11001-03-28-000-2020-
00093-00, correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Diego Felipe Urrea Vanegas contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Igualmente, la parte actora allegó, junto con el escrito de tutela, copia del acta de
junta directiva de 28 de febrero de 2020 de la Organización Política Movimiento
Ciudadano Indignados Colombia, en la que aparece el señor Diego Felipe Urrea
Vanegas como director de la mencionada organización.
5. Trámite procesal
Por auto de 9 de marzo de 2022, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante, a
la autoridad judicial demandada, así como a la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
En escrito de 28 de marzo de 2022, el jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se
desvinculara de la solicitud de amparo, toda vez que no es la entidad llamada a
resolver sobre las pretensiones del demandante.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
Afirmó que estudiar la constitucionalidad de la sentencia objetada es un asunto
ajeno a las competencias de la entidad, razón por la cual no es la llamada a
proteger el derecho señalado por el accionante, toda vez que no fungió como juez
natural de la causa dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por último, resaltó que los reparos del demandante están dirigidos contra la
actuación de la autoridad judicial que, en uso de su autonomía judicial, decidió el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2020-
00093-00, situación que configura una falta de legitimación en la causa por pasiva.
6.2. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación
En oficio de 29 de marzo de 2022, la Procuradora Séptima Delegada ante el
Consejo de Estado pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir con los requisitos especiales de procedibilidad.
Afirmó que el accionante no demostró la configuración de los defectos i) orgánico,
pues la autoridad judicial accionada era el competente, ii) procedimental absoluto,
toda vez que agotaron todas las etapas procesales, iii) error inducido, en razón
que la Sección Quinta del Consejo de Estado dictó su decisión con la
interpretación propia y auténtica de las Leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011, iv) la
motivación de la sentencia de 20 de enero de 2022, fue suficiente y se ajustó a los
fundamentos fácticos y jurídicos, v) sustantivo, ya que la decisión se atuvo al
marco normativo, vi) fáctico, en tanto el fallo objetado se sujetó a las pruebas, el
debate y las normas vigentes ni vii) en violación directa de la Constitución.
Por otra parte, sostuvo que el Ministerio Público le solicitó a la Sección Quinta del
Consejo de Estado negar la nulidad de los oficios RDE – DGE – 0638 por medio
del cual se le informó al señor Urrea Vanegas que el “Movimiento Ciudadano
Indignados Colombia” no cuenta con personería jurídica reconocida por el Consejo
Nacional Electoral, y por lo tanto, solo podrá postular candidatos a través de un
grupo significativo de ciudadanos de conformidad con las reglas establecidas para
tal efecto y RDE-751 del 7 de abril de 2020, por medio del cual se confirmó la
negativa del acto recurrido.
Por último, manifestó que, contrario a lo sostenido por la parte actora en la acción
de tutela, la sentencia de 20 de enero de 2022 tiene plena congruencia interna
entre los fundamentos fácticos, probatorios, jurídicos, hermenéuticos y la decisión.
6.3. Coadyuvancia del señor José Alfonso Caicedo Cárdenas
En correo electrónico de 14 de marzo de 2022, el señor Caicedo Cárdenas
coadyuvó las pretensiones de la solicitud de amparo con sustento en lo siguiente:
“En mi calidad de secretario del Movimiento Unidad Nacional de Víctimas reconocido
mediante la ley 1448 de 2011 en todo el territorio nacional y en las 16 circunscripciones
transitorias especiales de paz, respetuosamente me permito coadyuvar al demandante
en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia. Por este motivo
solicito amparar los derechos de la organización de víctimas a la que represento que
hacen parte de la Organización Política Indignados Colombia para que se nos proteja el
derecho a participar en las elecciones de 2022 e iniciar un periodo de transición para la
obtención de la personería jurídica de conformidad con lo establecido en los artículos 1,
3, 40, 107 y 108 de la Constitución, la sentencia SU-257/21, la sentencia C-160-17, el
numeral 2.3 del Acuerdo de Paz y del (sic) Medidas para promover el acceso al sistema
político y de esta manera nos permita participar con la inscripción de un candidato a la
presidencia y uno a la vicepresidencia de la República en el año 2022”.
6.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado, guardó silencio a pesar de que
se le notificó en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de 29 de
abril de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que el
accionante no cuenta con poder especial que lo legitime para actuar en nombre
del Movimiento Ciudadano Indignados Colombia.
Indicó que el señor Diego Felipe Urrea Vanegas no allegó al expediente el poder
conferido por la Organización Política Movimiento Ciudadano Indignados
Colombia, para que, en su nombre y representación, acudiera al juez
constitucional en procura de la protección de los derechos fundamentales
invocados.
Por último, manifestó que el señor Urrea Vanegas no está legitimado ni facultado
para representar al citado movimiento político en el presente trámite porque la
jurisprudencia constitucional ha definido como consecuencia jurídica, que en
aquellos eventos en los que el proceso constitucional se presentó por intermedio
de apoderado judicial, pero el abogado no contaba con poder especial, la solicitud
de amparo es improcedente por falta de legitimación en la causa por activa.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó la sentencia bajo el argumento de que se encontraba
facultado para ejercer la acción de tutela en nombre de la Organización Política
Movimiento Ciudadano Indignados Colombia.
Afirmó que mediante acta de reunión celebrada el 28 de febrero de 2020 se facultó
al señor Diego Felipe Urrea Vanegas, director general de la Organización Política
Movimiento Ciudadano Indignados Colombia, para que los representara ante el
Consejo de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante la
jurisdicción ordinaria para interponer demanda con el propósito de inscribir un
candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia para el
periodo 2022-2026.
Resaltó que en ningún momento se indicó que el señor Urrea Vanegas solo quedó
facultado para ejercer la defensa y la representación en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional del Estado
Civil, lo cual es falso, pues en el acta se especificó que estaba facultado para
interponer demandas con el propósito de proteger los derechos humanos y
fundamentales violados a la organización política Movimiento Ciudadano
Indignados Colombia quedando legitimado por activa para interponer la acción.
Sostuvo que, de acuerdo con el acta de la organización política, el señor Diego
Felipe Urrea Vanegas demandó mediante acción de tutela la protección de los
derechos fundamentales vulnerados de la organización política Movimiento
Ciudadano Indignados Colombia para lograr la inscripción de un candidato a la
presidencia y uno a la vicepresidencia de la República de Colombia, además del
poder especial mencionado, en la misma acta quedó facultado para actuar como
representante legal para todos los efectos legales y jurídicos.
Expresó que en la sentencia impugnada primó la tergiversada interpretación del
derecho procesal sobre el sustancial, logrando de esta manera que una acción de
tutela que pretendía evitar un perjuicio irremediable fuera notificada casi tres
meses después de interpuesta, momento en el cual ya se habían surtido las
elecciones presidenciales de la primera vuelta, desconociendo no solo los fines del
Estado Social de Derecho, el principio de participación política, autodeterminación,
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
soberanía nacional y convencionalidad con los acuerdos de paz, sino, la
dimensión política de la Constitución Política.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. En los escritos de tutela y de impugnación se observa que la parte actora
alega los defectos por desconocimiento del precedente judicial y violación directa
de la Constitución, los cuales se estudiaran en conjunto en razón a que invoca
decisiones que se dictaron en ejercicio del control abstracto y concreto que realiza
la Corte Constitucional.
2.2. Así las cosas, le corresponde a la Sala en los términos del escrito de
impugnación, determinar si se debe revocar la sentencia proferida el 29 de abril de
2022, por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en la que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que, a juicio del
accionante, demostró que está legitimado para promover la acción de tutela. En
caso de que se supere este requisito y los generales de procedencia contra
providencias judiciales, deberá establecer si la Sección Quinta del Consejo de
Estado en el fallo de 20 de enero de 2022, incurrió en desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución al no dar aplicación a las
sentencias SU-257 de 2021, SU-150 de 2021 y C-630 de 2017, por medio de las
cuales la Corte Constitucional estableció el alcance del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
4
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
5
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
6
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii)
Defecto fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi)
Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
8
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
10
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
12
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisn que afecta derechos fundamentales.
14
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
15
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) el señor Diego Felipe Urrea Vanegas,
contrario a lo manifestado en la sentencia impugnada, sí cuenta con interés
legítimo para interponer la acción de tutela, pues en primer lugar, promovió la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en nombre propio y de la
Organización Política Movimiento Ciudadano Indignados Colombia, y dicha calidad
(parte demandante) se le reconoció en el proceso ordinario. En segundo término,
el señor Urrea Vanegas es el director y representante legal de la Organización
Política Movimiento Ciudadano Indignados Colombia tal como se evidencia en el
acta de junta directiva de 28 de febrero de 202018, allegada con el escrito de tutela,
razón por la cual se encuentra legitimado para actuar en nombre de dicha
organización sin necesidad de poder especial.
Por otra parte, (ii) el asunto goza de relevancia constitucional, pues la parte actora
no pretende proponer una instancia adicional con la solicitud de amparo, sino que
invoca una presunta vulneración de los derechos fundamentales a elegir y ser
elegido y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
legalidad, autodeterminación, participación y soberanía, por la supuesta
configuración de los defectos por desconocimiento precedente judicial y violación
directa de la Constitución por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al dictar la
sentencia de 20 de enero de 2022, de única instancia, en la que se negaron las
pretensiones tendientes a anular los actos administrativos mediante los cuales la
Registraduría Nacional del Estado Civil negó unas peticiones de inscripción del
demandante como candidato presidencial para el periodo 2022-2026.
Igualmente, (iii) la providencia objetada se dictó en el marco de un proceso de
única instancia, por lo que el demandante no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial; (iv) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6)
19
meses establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional20; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución alegados
4.2.1. La parte actora manifestó que la Sección Quinta del Consejo de Estado en
el fallo de 20 de enero de 2022, vulneró sus derechos fundamentales a elegir y ser
elegido y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
legalidad, autodeterminación, participación y soberanía, supuestamente
vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al negar las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto
18
Del acta se observa lo siguiente: “Facultar al director general de la ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO
CIUDADANO INDIGNADOS COLOMBIA señor Diego Felipe Urrea Vanegas para que represente esta organización política
ante la jurisdicción (Consejo de Estado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos) o ante la jurisdicción ordinaria
para interponer demanda con el propósito de inscribir un candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República de
Colombia para el periodo 2022-2026.”
19
La providencia atacada se profirió el 20 de enero de 2022 y se notificó mediante correo electrónico el 21 de enero de
2022, mientras que la acción de tutela se instauró el 4 de marzo de 2022, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6)
meses.
20
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
administrativo que no le permitió la inscripción como candidato a la presidencia y
vicepresidencia de la República para el periodo 2022-2026
Lo anterior, con sustento en que incurrió en los defectos por desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución, al no dar aplicación a las
sentencias SU-257 de 2021, SU-150 de 2021 y C-630 de 2017, por medio de las
cuales la Corte Constitucional estableció el alcance del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de 29 de
abril de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que el
señor Diego Felipe Urrea Vanegas no aportó poder especial para actuar en
representación de la Organización Política Movimiento Ciudadano Indignados
Colombia.
En el escrito de impugnación, la parte actora manifestó que se encuentra
legitimado para adelantar la acción de tutela que radicó contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado, presupuesto que ya fue superado en el análisis realizado
en precedencia.
4.2.2. El señor Diego Felipe Urrea Vanegas presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional del Estado Civil con
el fin de que se declarara la nulidad de los Oficios RDE-EDGE-0638 (sin fecha) y
RDE – 751 de 7 de abril de 2020, mediante los cuales se negó la inscripción de un
candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia para el
periodo de 2022-2026 y la garantía para acceder a medios de comunicación y
financiación estatal.
La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 20 de enero de 2022, negó
las pretensiones de la demanda. Inicialmente, se refirió a las formalidades legales
con el proceso de inscripción para los cargos de presidente y vicepresidente, para
lo cual indicó que las Leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011, establecen unos
requisitos que varían dependiendo de si es partido político o un grupo significativo
de ciudadanos, asimismo un requisito temporal.
Posteriormente, se refirió a la aplicación del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, para lo cual reiteró la
postura de 14 de marzo de 2018 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
la que se precisó que “las medidas que se pactaron para la apertura democrática y
la participación activa de todos los sectores sociales en el escenario político del
país, aun no gozan de un desarrollo legal o normativo que permitan la aplicación
directa de las mismas, lo que impide que la autoridad demandada autorice
partidos o movimientos políticos con la flexibilización que propone el Acuerdo”.
Igualmente, manifestó que “hasta tanto no se regule por el legislador las medidas
tendientes a remover los obstáculos y hacer los cambios institucionales para que
los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven su personería jurídica,
los requisitos y exigencias que prevén los artículos 107 y 108 constitucionales,
deben acreditarse por otros aquellos que pretendan establecerse como tal”.
Luego, al resolver el caso concreto la autoridad judicial accionada consideró lo
siguiente:
“Bajo estos derroteros, se insiste en que las previsiones del conocido acuerdo no son
mandatos que se puedan aplicar de forma inmediata, muchos menos puede
reconocérseles como derechos adquiridos – como lo insinúa el demandante –, sino que
constituyen compromisos políticos del Estado que se inscriben en el marco del respeto
y garantía de la Carta Magna, con la cual deben ser armonizados a fin de orientar las
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
reformas legales pertinentes tendientes a mejorar la calidad de la representación y
participación política de los grupos minoritarios. Esta renovación normativa debe ser
producto del debate democrático en el máximo foro de deliberación, como es, el
Congreso de la República, en el que se tendrán que alcanzar los acuerdos necesarios
entre las distintas fuerzas políticas y sociales del país para aprobar las nuevas
previsiones jurídicas que se hacen necesarias ante los diferentes aspectos que
deberán ser objeto de innovación legislativa o modificación, por ejemplo, aquel
señalado por el demandante en relación con la exigencia a grupos minoritarios de la
obtención de la personería jurídica como presupuesto a la postulación de una
candidatura.
Acorde con lo anterior, no le era exigible a la autoridad demandada acoger
favorablemente la solicitud que en sede administrativa efectuó el demandante, en
cuanto, en primer lugar, ello supondría dar trámite a una inscripción que se hizo de
manera extemporánea el 3 de febrero de 2020, tal como se explicará más adelante. Y
en segundo término, debido a que si bien el Estado se comprometió a implementar
mecanismos idóneos que faciliten la participación política de ciertos grupos minoritarios
que actualmente no tienen representación, en manera alguna ello conlleva de facto a
que dichas colectividades se encuentren exentas de cumplir con los requisitos
contenidos en la Ley 1475 de 2011 que se estudiaron en el numeral 4º de esta
providencia y sin los cuales no sería posible la inscripción de un candidato.
En este orden, la negativa de la entidad demandada en inscribir a un candidato
presidencial y su fórmula vicepresidencial no puede considerarse como una actuación
restrictiva de los derechos políticos del “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”,
por el contrario, se ajustó a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 996 de 2005 que
prescribe que: “La inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República con su
fórmula vicepresidencial se iniciará con cuatro (4) meses de anterioridad a la fecha de
votación de la primera vuelta de la elección presidencial” y en el artículo 30 de la Ley
1475 de 2011 que contempla: “En los casos en que los candidatos a la Presidencia de
la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de
Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta”. En
efecto, el 29 de mayo de 2022 se llevará a cabo la elección presidencial en primera
vuelta, tal como lo establece la Resolución 4371 de 18 de mayo de 2021, expedida por
la Registraduría Nacional del Estado Civil11; por tanto, el 29 de enero de 2022 iniciará
el período de inscripción de candidatos.
De esta manera, al haberse solicitado la inscripción el día 3 de febrero de 2020, salta a
la vista que la misma se efectuó de manera extremadamente anticipada al plazo que el
legislador estatutario previó, el cual no puede ser desconocido en detrimento del
principio de preclusividad que debe regir a este tipo de procesos democráticos, así
como el derecho a la igualdad que se debe proteger frente a los demás aspirantes
políticos”.
De lo anterior, se observa que la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, al
evidenciar que no era procedente tramitar la inscripción que se hizo de manera
extemporánea el 3 de febrero de 2020 y además que, si bien el Estado se
comprometió a implementar mecanismos idóneos que faciliten la participación
política de ciertos grupos minoritarios que no tienen representación, lo cierto es
que se deben cumplir con ciertos requisitos sin los cuales no sería posible la
inscripción de un candidato.
4.2.3. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que21: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
21
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación»
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas22:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones
para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto23.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección
del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía
de la confianza legítima.
4.2.4. Descendiendo al caso concreto, se observa que la parte actora alegó el
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución al no
aplicar las sentencias SU-257 de 2021, SU-150 de 2021 y C-630 de 2017.
Al respecto, la decisión SU-257 de 2021, la Corte Constitucional dejó sin efectos la
sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó
las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
la que se pretendió la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento
de la personería jurídica al partido político Nuevo Liberalismo, asunto que difiere
del caso de la parte actora, pues lo reprochado es no permitirle la inscripción de
candidato para la presidencia y vicepresidencia para las elecciones que se
adelantaron en el 2022.
En la sentencia SU-150 de 2021, la Corte Constitucional dio por aprobado el
proyecto de Acto Legislativo 05 de 2017 Senado, 017 de 2017 Cámara, “por el
cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara
de Representantes en los períodos 2018-2022 y 2022-2026”, lo cual no goza de
similitud fáctica y jurídica, pues la parte actora no reprocha la posibilidad de
inscribirse a las 16 curules creadas, sino por el hecho de que no se le permitió a la
organización política que representa inscribir un candidato para la presidencia y
vicepresidencia de la República de Colombia para el periodo 2022-2026.
22
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
Finalmente, respecto a la sentencia C-630 de 2017, por medio de la cual se realizó
la revisión constitucional automática del Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de
2017, “Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con
el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, a partir
de la cual se alega que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa
de la Constitución, se recuerda que dicho defecto, se materializa cuando el juez en
la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no se
aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a)
al resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron
derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución.
En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el
artículo 4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe
incompatibilidad con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las
constitucionales 24.
En el sub examine, se observa que en la sentencia de 20 de enero de 2022, la
Sección Quinta del Consejo de Estado se refirió a las interpretaciones que ha
realizado la Corte Constitucional respecto al “Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” y los compromisos
adquiridos por parte del Estado, en concreto aludió a las sentencias C-332 de
201725, C-630 de 201726, SU-257 de 202127 y SU-316 de 202128, a partir de las
cuales concluyó que el Acuerdo “constituye compromisos, mas no mandatos o
imperativos legales, por lo que corresponde a los órganos competentes del
andamiaje estatal producir e incorporar al ordenamiento jurídico la normatividad
que materialice el cumplimiento de las responsabilidades que adquirió”.
Ahora bien, en la C-630 de 2017 la Corte Constitucional estudió el procedimiento
mediante el cual el Congreso de la República tramitó el Acto Legislativo 02 de
2017. Igualmente, se sometió dicho acto al test de sustitución de la Constitución y
se estudió su articulado, sin que el alto tribunal evidenciara alguna sustitución o
supresión de ejes definitorios de la Carta, como los principios de democracia y
legalidad, de supremacía de la Constitución y separación de poderes.
La anterior conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada no desconoce
ni es contraria a la interpretación que realizó la Corte Constitucional del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera en la sentencia C-630 de 2017, en la cual declaró la exequibilidad del
Acto Legislativo 02 de 2017. Adicionalmente, no se observa que en el presente
asunto hubiera sido procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por
incompatibilidad de alguna norma con la Constitución Política.
Así las cosas, se observa que la parte actora no demostró que la autoridad judicial
accionada incurriera en desconocimiento del precedente judicial ni en violación
directa de la Constitución, por lo que se negarán las pretensiones de la solicitud.
24
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
25
M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
26
M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo
27
M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
28
M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01502-01
Demandante: ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO CIUDADANO INDIGNADOS
COLOMBIA
Por las razones expuestas, se revocará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, se negarán las
pretensiones de la acción de tutela al no evidenciarse la vulneración de algún
derecho fundamental a la parte actora, ni la configuración de los defectos
alegados.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 29 de abril de 2022, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
señor Diego Felipe Urrea Vanegas, en calidad de director de la Organización
Política Movimiento Ciudadano Indignados Colombia, contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por las consideraciones señaladas en esta providencia.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.