Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01503-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01503-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01503-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
21 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01503-00
Accionante: ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad /
Defecto sustantivo / Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad / Principio de congruencia /
Desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Liquidación oficial de
revisión en materia tributaria
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
sociedad Estación de Servicio La Gran Manzana Ltda., a través de
apoderado1, en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda y del
Consejo de Estado – Sección Cuarta, por la presunta vulneración de
derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de las
1
El abogado Edgar Augusto Arana Montoya.
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providencias de 14 de junio de 2019 y 2 de diciembre de 2021,
respectivamente, proferidas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con 66001-23-33-000-2018-
00081-00 acumulado al radicado 660001-23-33-000-2018-00060-00.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
La parte accionante presentó medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) con el fin que se:
«Exp. 66001-23-33-000-2018-00060-00
1. […] declare la nulidad de la resolución que resuelve el recurso de
reconsideración número 007440 del 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
notificada el 28 de OCTUBRE de 2017, a la sociedad y terminaron las
restantes notificaciones al señor Orlando Restrepo Vásquez y Carolina
Higuita García, el 02 de noviembre de 2017, y la liquidación de
Revisión nro. 162412016000061 del 22 de septiembre de 2016,
expedida por División Gestión Liquidación de la Dian, actos
administrativos estos que confirman el requerimiento especial
proferido por la División de Gestión de Fiscalización.
2. Como consecuencia lógica ordénese Archivar el expediente nro. GO
2012 2013 000522 a nombre de la sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO
LA GRAN MANZANA […]”.
[…]
Exp. 66001-23-33-000-2018-00081-00
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2.1. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión
Número 162412016000061 del 22 de septiembre de 2016 proferida
por la División de Gestión de Liquidación de la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.
2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 007440 del 29 de
septiembre de 2017 por medio del cual se resuelve un recurso de
reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial de
Revisión Número 162412016000061 del 22 de septiembre de 2016,
proferidas por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES – DIAN.
2.3. Que a título de restablecimiento del derecho se confirme la
declaración por impuesto de renta y complementarios del año 2012
presentada por la sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN
MANZANA LTDA mediante Liquidación Privada No. 91000172774042
y formulario 1103601274162, corregida mediante Liquidación Privada
No. 91000299479003 y formulario 1103605955769.”
[…]».
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda que,
mediante sentencia de 14 de junio de 2019, negó las pretensiones de
la demanda. La parte vencida interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Cuarta que, a través
de providencia de 2 de diciembre de 2021, confirmó lo resuelto en la
primera instancia.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«PRIMERA: DECLÁRESE que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL –
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, y
NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO DE ESTADO vulneraron los
Derechos Fundamentales de igualdad, y debido proceso.
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SEGUNDA: Declárese que la RAMA JUDICIAL – TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, y RAMA
JUDICIAL – CONSEJO DE ESTADO, incurrieron en vías de hecho
referentes al defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa a la Constitución Política de Colombia de 1991.
TERCERA: DECLÁRESE la nulidad de las providencias proferidas por
parte de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, y NACIÓN-RAMA JUDICIAL-
CONSEJO DE ESTADO en contra de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA
GRAN MANZANA LTDA.
CUARTO: ORDÉNESE a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL – CONSEJO
DE ESTADO, a que dentro de las cuarenta y ocho horas (48)
siguientes, contadas a partir de la notificación de la sentencia, profiera
sentencia judicial de segunda instancia en donde garantice la
protección de los derechos de los actores y conceda las suplicas de la
demanda de tal suerte.
QUINTA: PREVÉNGASE a los tutelados para que en el futuro se
abstenga de proferir sentencias sin el análisis probatorio adecuado
respetando los principios de la unidad de la prueba y afines».
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene la parte accionante que el Tribunal Administrativo de
Risaralda y el Consejo de Estado – Sección Cuarta, con la expedición
de las sentencias de 14 de junio de 2019 y 2 de diciembre de 2021,
respectivamente, incurrieron en:
Defecto sustantivo: por cuanto la DIAN, para la determinación
del margen de rentabilidad e incremento de ingresos para los
años 2010, 2011 y 2012, aplicó el artículo 26 del Estatuto
Tributario y no el artículo 10 de la Ley 26 de 1989, lo cual viola
el principio de congruencia de la sentencia, toda vez que no
existe coherencia jurídica entre el requerimiento especial, la
liquidación de revisión y el fallo del recurso de reconsideración.
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Manifestó que la decisión en cuestión debió haberse
fundamentado en el principio «derecho y de hermenéutica
“DONDE EXISTE LA MISMA RAZÓN HAY LA MISMA
DISPOSICIÓN”», teniendo en cuenta que en 2009 se surtió
una investigación idéntica en donde el uso del artículo 10 de la
Ley 26 de 1989 fue el correcto, a diferencia de los años
gravables precitados.
Según señala, con ello se indujo al error al contribuyente quien
realizó su declaración de renta de conformidad con las normas
conciliadas en 2009 y no siguiendo lo dispuesto en el Estatuto
Tributario.
Desconocimiento del precedente: fijados por el Consejo de
Estado – Sección Cuarta en sentencia de 12 de agosto de 2021,
el cual señala que el Estatuto Tributario sólo es aplicable
exclusivamente para períodos no revisables, en cuyo caso el
valor de los activos o pasivos se declaran como renta líquida
gravable, sin sanción por inexactitud cuando los incluye el
contribuyente y con la respectiva sanción cuando lo hace la
administración, supuestos que no se dieron en la investigación
adelantada contra la sociedad accionante.
Violación directa de la Constitución: en lo relacionado con
los principios de favorabilidad, legalidad y seguridad jurídica en
materia tributaria, los cuales regulan que las contribuciones en
las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un
período determinado, sólo pueden aplicarse a partir del período
que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley,
con lo cual se proscribe de manera categórica cualquier
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consecuencia hacia el pasado de normas tributarias que afecten
de manera negativa al contribuyente.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 10 de marzo de 2022, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Cuarta y
al Tribunal Administrativo de Risaralda, como accionados, y a la DIAN
como tercero interesado en las resultas del proceso, para que
ejercieran su derecho de defensa.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
5. INTERVENCIONES
5.1. La DIAN, a través de la subdirectora de representación externa,
solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela de la
referencia por cuanto con el actuar judicial de la parte accionada no
se vulneró derecho fundamental alguno, sino que la única pretensión
es cuestionar y debatir la decisión definitiva adoptada por el Consejo
de Estado – Sección Cuarta.
Indicó que el argumento planteado por la sociedad accionante relativo
a que esta discusión presenta relevancia constitucional por la
presunta vulneración al debido proceso es erróneo, ya que en el
escrito de tutela sólo se reiteran argumentos que ya fueron
planteados y posteriormente resueltos por las autoridades
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competentes, tanto en primera, como en segunda instancia, por los
operadores judiciales cuestionados, por lo que no se encuentra
sustento constitucional de la acción instaurada.
5.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante el
magistrado Fernando Alberto Álvarez Beltrán, solicitó que se rechace
por improcedente la presente acción de tutela o, en su defecto, se
nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto la providencia
que se acusa no adolece de vicio alguno que haga preciso dejarla sin
efectos jurídicos.
Sostuvo que en las ciudades que se aplica el régimen de libertad
vigilada, como el caso de Pereira, el margen de rentabilidad del
distribuidor resulta del precio final determinado por el mismo
distribuidor como precio de venta al público; por tanto, dicho régimen
se identifica plenamente con el concepto de margen de
comercialización a que se refiere la Ley 26 de 1989, lo cual tiene
efectos de establecer los ingresos brutos de un distribuidor minorista
de combustible, que se encuentre en una zona sometida al régimen
de libertad vigilada, caso en el cual no debe tenerse en cuenta el
margen de comercialización que precisa el Gobierno, sino que le
compete fijar el suyo propio y real. Es por ello que, según indica, los
distribuidores minoristas de combustibles líquidos y derivados del
petróleo deben determinar sus ingresos en los términos establecidos
en la Ley 26 de 1989, esto es, mediante un procedimiento especial
aplicable independientemente del régimen al cual pertenezcan.
En ese sentido, manifestó que resulta claro que los distribuidores
minoristas tanto del régimen de libertad regulada como de libertad
vigilada deben calcular sus ingresos brutos multiplicando el número
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de galones vendidos por el margen de distribución máximo o de
comercialización, sea fijado por el gobierno nacional, o establecido de
manera libre por el distribuidor, menos el porcentaje de evaporación,
lo que diferencia una y otra es la obtención de los factores, es decir,
el margen de comercialización, que en el caso del régimen de libertad
vigilada se liquida a partir del precio de venta que fije
autónomamente el distribuidor, el cual puede verse afectado por
ciertos costos, sin que sea posible incluir los costos de transporte y
abastos, que ya fueron calculados inicialmente en la primera
operación.
Precisó que, conforme con el marco normativo y jurisprudencial,
contrario a lo afirmado por el demandante, el Tribunal encontró que la
entidad fiscalizadora efectuó un análisis completo del artículo 10 de la
Ley 26 de 1989, acompañado de los hallazgos de la investigación
administrativa adelantada por la Superintendencia de Sociedad y de lo
consultado ante la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas
y Energía, para calcular los ingresos brutos especiales para
distribuidores minoristas de combustible, como lo es la Estación de
Servicios La Gran Manzana Ltda., arribando a la conclusión que se
evidenciaron ingresos no contabilizados ni declarados para cada tipo
de gasolina y derivado de petróleo, lo que llevó a realizar nuevamente
el cálculo de los mismos, con los componentes de la fórmula acotada,
como son el margen de comercialización propios del distribuidor
minorista (ingreso de ventas de combustible que realmente cobró
menos su costos), y el porcentaje de evaporación (porcentaje del
0.4% excepto para el ACPM que no se evapora).
Finalmente, expuso que fue claro en advertir que no existían errores
de apreciación o diferencias de criterio relativos a la interpretación del
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derecho aplicable; por el contrario, la sociedad demandante incluyó
datos equivocados, al omitir ingresos operacionales y no operaciones,
de manera injustificada, circunstancia que generó un menor impuesto
a pagar, razón por la cual es procedente la imposición de la sanción
por inexactitud. Igualmente se consideró que no había lugar a
referirse en relación con la aplicación del artículo 288 de la Ley 1819
de 2016 que modificó el artículo 648 del E.T., en concordancia con el
principio de favorabilidad, disminuyendo la sanción por inexactitud de
un 160% a un 100%, por cuanto dentro del recurso de
reconsideración se realizó una nueva liquidación y fue modificada la
liquidación oficial de revisión en dicho aspecto.
5.3. Las demás partes guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».2
2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
¿El Tribunal Administrativo de Risaralda y el Consejo de Estado
– Sección Cuarta, con la expedición de las sentencias de 14 de
junio de 2019 y 2 de diciembre de 2021, respectivamente, que
resolvieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado número 66001-23-33-000-2018-00060-01 y
acumulado 66001-23-33000-2018-00081-00, incurrieron en un
defecto sustantivo, un desconocimiento del precedente y una
violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad de la parte accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
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requisitos de procedibilidad, iii) el principio de subsidiariedad, iv) el
defecto sustantivo, v) el desconocimiento del precedente, vi) la
violación directa de la Constitución y vii) el caso concreto.
3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
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presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.2. DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
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fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una entidad pública de cualquier índole o de los
particulares, cuya conducta represente una afectación grave a
derechos fundamentales.
Al respecto, el artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991
señala dentro de las causales de improcedencia de la tutela, «cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de
competencias delineada por la carta y el principio de especialidad de
la jurisdicción.
Por lo tanto, el principio de subsidiariedad constituye un requisito
fundamental para la procedibilidad de la acción de tutela, frente a eso
la Corte Constitucional señaló que para que la tutela proceda se debe
cumplir con las exigencias de que el actor: (i) no disponga de otro
medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio
de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo
no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera
que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.4
El Consejo de Estado estableció que la acción de tutela es de
naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual para debatir asuntos
4
Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de
2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.
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propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es
improcedente, porque su objeto se encuentra definido de forma plena
en el artículo 104 del C.P.A.C.A., que le otorga «además de lo
dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los
que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa».5
3.3. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional6, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales7, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas
de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
5
Consejo de Estado. Sentencia del 5 de mayo de 2014. Radicación No: 19001-23-33-000-2014-00061-
01. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
6
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
7
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición»8.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando
en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la
explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi)
se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con
omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii)
cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución»9. Este defecto, se presenta
ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la
decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría
improcedente10.
3.4. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma11.
En ese sentido, el precedente judicial12 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho13.
En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido14. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o
no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”15.
Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando «(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
11
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
12
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
13
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
14
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación»16.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales17, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial18.
3.5. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
ha referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la Carta Política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
16
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas
por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso
concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
18
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales»19.
La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una
disposición ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al
margen de los dictados de la Carta:
«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha
dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con
el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el
segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo
tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad» .
20
Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede
tener una relación directa con otras causales especiales de
procedencia, como los defectos sustantivos o el desconocimiento del
precedente, la fuerza normativa de la constitución (art. 4°) implica
que esta sea reconocida como una causal independiente.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
la sociedad Estación de Servicio La Gran Manzana Ltda., a través de
19
Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
20
Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.
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apoderado21, en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda y del
Consejo de Estado – Sección Cuarta, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, ocurrida
con ocasión de la expedición de las providencias de 14 de junio de
2019 y 2 de diciembre de 2021, respectivamente, proferidas dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado con 66001-23-33-000-2018-00081-00 acumulado al
radicado 660001-23-33-000-2018-00060-00.
Previo a resolver, esta Sala de Subsección considera necesario aclarar
que el estudio del caso concreto se centrará en la providencia de 2 de
diciembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección
Cuarta, por ser esta la que puso fin al proceso. En ese sentido, se
considera innecesaria la vinculación del Tribunal Administrativo de
Risaralda, por cuanto la eventual prosperidad de la acción de tutela
implica dejar sin efectos la decisión de primera instancia.
Ahora, de conformidad con los fundamentos de la acción de tutela y
de las pruebas obrantes en el expediente, se encuentra lo siguiente:
4.1. En primer lugar, frente a los requisitos generales de
procedibilidad, se advierte que la pretensión de amparo constitucional
es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se
contrae a establecer de manera central si la parte accionada incurrió
en la violación de los derechos fundamentales ya señalados.
Se tiene, igualmente, que la interposición del mecanismo se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia
cuestionada se profirió el 2 de diciembre de 2021 y la acción de tutela
21
El abogado Edgar Augusto Arana Montoya.
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se presentó el 7 de marzo de 2022. Asimismo, no se trata de
irregularidades procesales ni de una tutela contra tutela.
No obstante, en cuanto a la existencia de otros medios de defensa, se
encuentra que la parte accionante alega la configuración de un
defecto sustantivo, por cuanto la DIAN, para la determinación del
margen de rentabilidad e incremento de ingresos para los años 2010,
2011 y 2012, aplicó el artículo 26 del Estatuto Tributario y no el
artículo 10 de la Ley 26 de 1989, lo cual viola el principio de
congruencia de la sentencia, toda vez que no existe coherencia
jurídica entre el requerimiento especial, la liquidación de revisión y el
fallo del recurso de reconsideración.
Al respecto, la controversia aquí planteada encaja dentro de los
supuestos que el CPACA consagra para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, pues en la misma es posible alegar la
transgresión del principio de congruencia, que es precisamente el
argumento que fundamenta este cargo, basado en la causal de
nulidad contenida en el ordinal 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, a saber:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
Sobre este punto, si bien no en todos los casos en los cuales el
análisis recaiga sobre la congruencia del fallo es improcedente la
acción de tutela, en el presente asunto no se acredita la amenaza
inminente de los derechos fundamentales de los cuales se pide su
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protección, ni tampoco se encuentra que el amparo deba concederse
en este momento procesal al ser un asunto que data de 2018 y no
existe como tal una urgencia que amerite un pronunciamiento de
fondo del juez constitucional.
Así las cosas, dado que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios
y recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos
legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos, ese
reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.
En ese sentido, es necesario reiterar que la jurisprudencia
constitucional22 ha sido clara en precisar que las personas deben
hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el
sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza
o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido
de la acción de tutela como vía preferente o instancia judicial
adicional de protección.
Frente a esto, si bien la Corte Constitucional23 ha señalado que, aun
cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela puede
proceder de forma excepcional si se acredita un perjuicio
irremediable, también ha dispuesto que este debe cumplir los
siguientes supuestos:
22
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
23
Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.
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i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes.
iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.
De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un
perjuicio irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo
cuando la parte accionante no hizo uso de los medios de defensa
judicial que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de las
pretensiones aquí planteadas, por lo que se rechazará por
improcedente la solicitud de amparo frente al defecto sustantivo por
falta de congruencia alegado por la sociedad accionante.
4.2. En segundo lugar, la sociedad accionante alega (i) un
desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado –
Sección Cuarta en sentencia de 12 de agosto de 2021, el cual señala
que el Estatuto Tributario sólo es aplicable exclusivamente para
períodos no revisables y no para supuestos como los que se dieron en
la investigación adelantada por la DIAN; y (ii) una violación directa de
la Constitución, con ocasión de la inobservancia de los principios de
favorabilidad, legalidad y seguridad jurídica en materia tributaria, los
cuales regulan que las contribuciones en las que la base sea el
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, sólo
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pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar
la vigencia de la respectiva ley.
De conformidad con los argumentos que fundamentaron la sentencia
acusada, se advierte que la Sección Cuarta de esta corporación tuvo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 714 del ET, vigente para la época
de los hechos en discusión, el cual disponía que las declaraciones
tributarias adquirían firmeza, entre otros eventos, si dentro de los dos
años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar, no
se había notificado requerimiento especial.
A su vez, se basó en lo señalado en el artículo 147 del ET que
consagra un término especial de firmeza de cinco años, contados a
partir de la fecha de su presentación, para las declaraciones de renta
y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas
fiscales. Según indicó, esta norma constituye una prerrogativa que
amplía a cinco años el término general de firmeza de las declaraciones
privadas, para que la administración pueda ejercer la facultad de
fiscalización y determinación del tributo, siempre y cuando en las
declaraciones de renta y sus correcciones se determinen o compensen
pérdidas fiscales.
Por lo anterior, siguiendo las pruebas aportadas al plenario, consideró
que para el caso en estudio:
«[…] de conformidad con el artículo 12 del Decreto 2634 de 17 de
diciembre de 2012, la demandante tenía plazo hasta el 12 de abril de
2013 para presentar la declaración de renta del año gravable 2012.
La ES La Gran Manzana presentó la declaración el 11 de abril de
2013, en la que registró compensaciones por pérdidas fiscales de
vigencias anteriores, por $95.094.000.
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El 28 de mayo de 2015, la DIAN profirió y notificó a la referida
sociedad emplazamiento para corregir.
El 29 de mayo de 2015, la ES La Gran Manzana presentó corrección a
la declaración inicial en la que mantuvo la compensación de pérdidas
fiscales.
El 4 de enero de 2016, la DIAN notificó a la sociedad actora el
requerimiento especial en el que propuso modificar la declaración de
corrección de 29 de mayo de 2015. La sociedad actora dio respuesta y
se opuso a las glosas cuya modificación se propuso en dicho acto.
Dado que la ES La Gran Manzana registró en la declaración privada
compensaciones por pérdidas fiscales, se aplica el término de firmeza
de cinco años, fijado en el artículo 147 del ET, vigente para la época
de los hechos que se discuten.
En este caso, el plazo empezó a correr desde la fecha de presentación
de la declaración y vencía el 11 de abril de 2018.
Entonces, la DIAN al notificar el requerimiento especial a la
demandante el 4 de enero de 2016, lo hizo de manera oportuna.
No es cierto, como lo dicen los apelantes, que, al expedir el
emplazamiento para corregir, la DIAN tuvo en cuenta el artículo 714
del ET que consagra el término general de firmeza, vigente para la
época, y que con el requerimiento especial se propuso la aplicación
del término especial del artículo 147 ib.
En efecto, en el anexo explicativo del emplazamiento para corregir, la
DIAN indicó que, en el denuncio rentístico del año 2012, la ES La Gran
Manzana registró en el renglón 59 una compensación por valor de
$95.094.000, “[…] por lo tanto de conformidad con el artículo 147 del
Estatuto Tributario, el término para proferir actuaciones vence el 12
de abril de 2018, por consiguiente, la Administración se encuentra
dentro de dicho término.”
Por lo demás, el emplazamiento para corregir es un acto facultativo
de la Administración (artículo 685 del ET), en el que si advierte
indicios de inexactitud en la declaración privada persuade al
contribuyente para que corrija su declaración y así evitar un litigio,
pero ello no resulta indispensable en el proceso de determinación del
tributo. Dicho emplazamiento no es un acto vinculante para el
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contribuyente puesto que el artículo 685 del ET señala que “la no
respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna”.
De otra parte, en el requerimiento especial, la DIAN sustentó en el
artículo 147 del ET la oportunidad para expedir dicho acto previo y
precisó que la actora registró compensación por pérdidas, por lo que
el término para notificar el requerimiento vencía el 12 de mayo de
2018. En concreto, indicó “[…] la ley establece casos especiales en los
cuales las declaraciones tributarias adquieren su firmeza en tiempos
diferentes a los dos años contemplados en el artículo 714 del Estatuto
Tributario transcrito, como el artículo 147 que en uno de sus apartes
determina “El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus
correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales,
será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su
presentación”.
Aunado a lo anterior, precisamente la firmeza de la declaración de
renta de 2012 fue uno de los cargos a los que se opuso la sociedad
actora en la respuesta al requerimiento especial y, sobre ese punto,
en la liquidación oficial de revisión, la DIAN calculó el término de
firmeza con base en el artículo 147 del ET.
Igualmente, en el recurso de reconsideración, la sociedad actora
insistió en la firmeza de la declaración privada y en la falta de
correspondencia entre las normas invocadas. Y al resolver el recurso,
la demandada nuevamente explicó que la norma aplicable es el
artículo 147 del ET porque la actora registró compensación por
pérdidas fiscales.
[…]»
En este orden de ideas, la Sección Cuarta encontró que las
actuaciones realizadas por la DIAN garantizaron el debido proceso y el
derecho de defensa de la sociedad accionante, puesto que tanto en el
requerimiento especial como en la liquidación oficial de revisión e
incluso en el acto que resolvió el recurso de reconsideración, sustentó
la oportunidad para fiscalizar el periodo 2012, en el artículo 147 del
ET y no como lo aseguran los recurrentes, en el artículo 714 del
Estatuto Tributario.
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De igual modo, en cuanto a la aplicación del artículo 10 de la Ley 26
de 1989, en la sentencia de 2 de diciembre de 2021 se concluyó que,
en la liquidación oficial de revisión, la DIAN señaló que la Estación de
Servicio La Gran Manzana no determinó correctamente sus ingresos
teniendo en cuenta el régimen que le corresponde como distribuidor
minorista ubicado en Pereira, es decir, bajo el régimen de libertad
vigilada con base en el margen de comercialización fijado por el
mismo.
Frente a ello, señaló que:
«Teniendo en cuenta lo anterior, la DIAN determinó los ingresos de la
sociedad actora conforme al artículo 10 de la Ley 26 de 1989, para lo
cual calculó el margen de comercialización propio del distribuidor
minorista (ingreso de ventas de combustible que realmente cobró la ES
La Gran Manzana menos su costo) y el porcentaje de evaporación (0.4%
por evaporación excepto para el ACPM que no se evapora) y encontró
que la demandante registró un valor menor por ingresos por venta de
combustibles líquidos derivados del petróleo (gasolina corriente, ACPM-
Diesel y gasolina extra). Entonces, omitió ingresos en su declaración de
renta.
[…]
En consecuencia, respecto de los ingresos por venta de combustibles
líquidos y derivados del petróleo, la DIAN no aplicó a la sociedad
actora el artículo 26 del ET, sino el artículo 10 de la Ley 26 de
1989. Y motivó de manera amplia y suficiente la adición de
ingresos por el concepto en mención. Además, en el recurso de
apelación no se exponen argumentos que permitan desvirtuar la adición
de ingresos ni la motivación realizada por la demandada. No prospera el
cargo[…]». (Subrayado y negrillas fuera del texto).
En este orden de ideas, las conclusiones a las que arribó la parte
accionada se fundamentaron en las normas jurídicas aplicables al caso
concreto y en lo dispuesto en la sentencia de 12 de agosto de 2021,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, en la cual se
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ACCIÓN DE TUTELA
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Manzana Ltda.
establece que el artículo 10 de la Ley 26 de 1989 es la norma especial
para el cálculo de los ingresos brutos del distribuidor minorista de
combustibles líquidos y derivados del petróleo, sino que lo ocurrido
frente a la sociedad accionante fue que la DIAN encontró una omisión
de ingresos en su declaración de renta.
Así las cosas, esta Sala de Subsección no encuentra que se haya
incurrido en un desconocimiento del precedente o una violación
directa de la Constitución. De igual modo, tampoco se advierte una
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante,
por lo que se negarán las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia respecto de las dos causales específicas de procedibilidad
estudiadas en este acápite.
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por la sociedad Estación de Servicio La Gran Manzana
Ltda., a través de apoderado, en contra del Consejo de Estado –
Sección Cuarta, en lo relacionado con el defecto sustantivo alegado,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO.- NIÉGASE la solicitud de protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad pretendida mediante
la acción de tutela presentada por la sociedad Estación de Servicio La
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Manzana Ltda.
Gran Manzana Ltda., a través de apoderado, en contra del Consejo de
Estado – Sección Cuarta, respecto del desconocimiento del precedente
y la violación directa de la Constitución alegada, en los términos
fijados en la parte considerativa de esta decisión.
TERCERO.- DESVINCÚLESE al Tribunal Administrativo de Risaralda
del trámite del presente proceso.
CUARTO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
QUINTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
EN COMISIÓN FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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