Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01512-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01512-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01512-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
4 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-01512-001
Actor : Hugo Hernán Ortiz Páez
Demandados : Magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derecho constitucional
fundamental al debido proceso
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Hugo Hernán
Ortiz Páez, por la presunta vulneración de su derecho constitucional
fundamental al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Hugo Hernán Ortiz Páez, quien
actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de la garantía superior a la que se hizo referencia, presuntamente
quebrantada por los señores magistrados de la subsección B de la sección
tercera del Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 17 de
marzo de 2021, mediante el cual el Consejo de Estado (subsección B de la
sección tercera) negó, en única instancia, las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra el municipio de
Gachetá (expediente 11001-03-26-000-2005-00037-00); en su lugar, se
ordene a las autoridades accionadas emitir una nueva providencia en la que (i)
anulen todo lo actuado en el aludido proceso y (ii) dispongan que el
competente para conocerlo, en primera instancia, es el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
1.2 Hechos. Relata el accionante que la oficina de planeación de Gachetá, a
través de Resolución 35 de 20 de diciembre de 1998, le negó el permiso «del
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Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
uso del suelo» para la operación de su «planta gravillera», decisión contra la
cual interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación, desatados
con Resoluciones 1 de 27 de enero de 1999 y 834 de 26 de septiembre
siguiente, en su orden, proferidas por los señores secretario de planeación del
ente territorial y su alcalde, respectivamente, en el sentido de confirmar la
determinación administrativa inicial.
Que promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
precitado municipio (expediente «2000-00164-00»), encaminada a obtener la
anulación de los actos administrativos aludidos en el párrafo precedente,
asunto del que conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección B de la sección primera), que el 7 de abril de 2005, luego de
surtir varias etapas procesales, (i) declaró la nulidad de todo lo actuado, con el
argumento de que el competente para tramitar las diligencias, en única
instancia, era el Consejo de Estado, y (ii) dispuso remitirlas a esta
Corporación, donde se les asignó el número de radicación 11001-03-26-000-
2005-00037-00 y se dictó auto admisorio el 9 de diciembre de ese año, habida
cuenta de que la controversia concernía a aspectos mineros.
Dice que mientras se tramitaba la demanda ordinaria, la Corporación
Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio), por conducto de Resolución
543 de 12 de septiembre de 2014, le otorgó la respectiva licencia ambiental
para el funcionamiento de su «planta gravillera», por lo que inició
actividades de extracción de minerales en el área rural de Gachetá.
Que el 17 de marzo de 2021 las autoridades accionadas negaron las
pretensiones de la acción 11001-03-26-000-2005-00037-00, al considerar que
las determinaciones administrativas enjuiciadas no eran pasibles de control
jurisdiccional por ser de trámite, toda vez que se emitieron dentro del
procedimiento administrativo de otorgamiento de una licencia ambiental, que
culminó, en su momento, con la Resolución 210 de 23 de abril de 1999,
mediante la cual Corpoguavio negó aquella.
Sostiene que los demandados no advirtieron que las Resoluciones 35 de 20 de
diciembre de 1998, 1 de 27 de enero de 1999 y 834 de 26 de septiembre
siguiente, atañen a cuestiones ambientales y no mineras, motivo por el cual el
conocimiento del proceso contencioso-administrativo debió ser asumido, en
primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme
al artículo «152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
Contencioso Administrativo» (CPACA), y no por el Consejo de Estado en
única instancia.
Que el alto tribunal contencioso-administrativo, al tramitar en única instancia
la demanda ordinaria 11001-03-26-000-2005-00037-00, trasgredió los
principios de doble instancia y de legalidad, lo que comporta vulneración de
su derecho constitucional fundamental al debido proceso.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 11 de marzo de 2022, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera
del Consejo de Estado y dispuso vincular al señor alcalde de Gachetá, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado, por conducto del ponente del fallo atacado, indican que
«no participará[n] en la acción de tutela de la referencia como parte ni como
tercero[s] y acatará[n] estrictamente las disposiciones que se adopten en
ella».
2.1.2 El señor alcalde de Gachetá, por intermedio de apoderado, pide declarar
improcedente la acción de tutela, habida cuenta de que no colma la exigencia
de inmediatez, pues se presentó casi un año después de que se notificó la
providencia cuestionada. Asimismo, no se evidencia que dicha decisión
judicial incurra en alguna causal específica de procedibilidad del amparo,
comoquiera que se dictó de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el accionante, quien aduce quebranto de su derecho constitucional
fundamental al debido proceso.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 17 de marzo de 2021, por
cuyo conducto el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera)
negó, en única instancia, las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el tutelante contra el municipio de
Gachetá (expediente 11001-03-26-000-2005-00037-00); y, en caso
afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada
en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales2, rectificó su
2
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20123, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos4.
3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor; (ii)
contra el fallo objeto de censura no procede recurso alguno, por cuanto fue
emitido en única instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía
superior y (iv) la decisión acusada no decidió una acción de tutela.
Ahora bien, para dilucidar si se colma la exigencia de inmediatez, se advierte
que la determinación judicial atacada5 quedó ejecutoriada el 30 de abril de
2021 y la solicitud de amparo se presentó el 8 de abril de 2022, esto es, once
(11) meses y ocho (8) días después. Al respecto, la Corte Constitucional, en
sentencia T-954 de 20106, sostuvo:
[…] esta Corporación ha precisado que en virtud de la naturaleza
cautelar de la acción de tutela, ésta debe ser presentada en término
oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se presuma que la
afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce
un daño palpable”7. Ese “plazo razonable” es consustancial a las
regulaciones procedimentales de la acción de tutela y determina en gran
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
3
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
4
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
5
Notificada por edicto desfijado el 27 de abril de 2021.
6
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
7
Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
medida el campo de acción del juez de tutela, pues su orden debe estar
respaldada por la urgencia e inmediatez, “en presencia de las cuales la
Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un
proceso sumario y expedito en el tiempo. […]. Incluso, la real
configuración de una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en
duda cuando la demanda de tutela se interpone en un momento demasiado
alejado de la ocurrencia del hecho que supuestamente la generó”8.
Asimismo, el alto tribunal constitucional ha dicho que el ordenamiento jurídico
no establece expresamente un plazo dentro del cual se deba incoar la solicitud de
amparo, por lo que es al juez de tutela a quien le corresponde determinar, en
atención a las situaciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, si la acción
fue interpuesta en un lapso razonable. Sobre este punto, afirmó:
La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha señalado que si
bien, la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro
del cual deba ser ejercida, como propugna por la protección de derechos
fundamentales vulnerados o con amenaza inminente de vulneración,
cabe promoverla dentro de un término razonable contado a partir de la
ocurrencia de los hechos de los que se desprende el agravio de los
derechos.
La Corte ha advertido que frente a cada caso concreto, le corresponde al
juez de tutela evaluar la razonabilidad de dicho término, para concluir si,
teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que
ocurrieron los hechos, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez
o si, por el contrario, en atención al tiempo transcurrido, el amparo se
torna improcedente9.
En virtud de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-
01, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra
providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-
administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.
En ese fallo esta Corporación dijo:
[…] Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar
la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la
acción se interpuso en un plazo razonable.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
8
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Corte Constitucional, sentencia T-518 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica
que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas
diferentes sobre este aspecto10.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las
mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las
situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en
cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión
judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.
Así las cosas, el interregno de seis (6) meses dentro de los cuales se debe
incoar la tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o
medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-
administrativa comporta una regla jurisprudencial, y en el sub lite el tutelante
no justificó debidamente su omisión de instaurarla en ese lapso, motivo por el
cual la Sala encuentra que el requisito de inmediatez no se satisface.
Cabe advertir, a guisa de pedagogía judicial, que la inconformidad expuesta
por el demandante en la solicitud de amparo, consistente en que el asunto
contencioso-administrativo debió tramitarlo en primera instancia el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y no el Consejo de Estado en única, fue
definida en autos de (i) 7 de abril de 2015, mediante el cual aquella
Corporación anuló lo actuado en las diligencias y ordenó enviarlas al Consejo
de Estado; y (ii) 9 de diciembre siguiente, con el que este alto tribunal
10
La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto para ejercer la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha manifestado que es
de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término razonable para interponer la acción de tutela
contra providencias judiciales no puede exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han
fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses.
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
admitió la demanda, porque fue por conducto de ellos que se determinó la
autoridad judicial encargada de conocerla.
Por lo anterior, el demandante debió formular el precitado planteamiento a
través de los recursos que procedían contra los mencionados proveídos
(apelación frente al de 7 de abril de 201511 y reposición en cuanto al de 9 de
diciembre de ese año12), lo cual no ocurrió, omisión que no es dable subsanar
en esta instancia constitucional13.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las
circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni
jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que se impone declarar
improcedente el trámite de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Declárase improcedente la tutela instaurada por el señor Hugo Hernán
Ortiz Páez contra los señores magistrados de la subsección B de la sección
tercera del Consejo de Estado, conforme a la parte motiva.
2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
11
Artículo 181 del Código Contencioso Administrativo (CCA) [vigente en la fecha en que se presentó la
demanda ordinaria]: Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los
siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones
o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos:
[…]
6. El que decrete nulidades procesales […]».
12
Artículo 180 del CCA: «El recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicta el ponente
y contra los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, o por los tribunales, o por el juez,
cuando no sean susceptibles de apelación […]».
13
Corte Constitucional, sentencia T-396 de 2004, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio: «[…] es reiterativa la
posición de la Corte en cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial
las partes pudieron valerse de los recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados
oportunamente, ya que no puede constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que
adquirieron firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por
los interesados […]».
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01512-00
Actor: Hugo Hernán Ortiz Páez
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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