Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01516-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01516-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01516-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
31 de marzo de 2022
Demandante: Jairo Hernán Páez Rodríguez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01516-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01516-00
Demandante: JAIRO HERNÁN PÁEZ RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Tema: Tutela de fondo – solicitud de inscripción y registro de tarjeta
profesional de abogado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Resuelve la Sala la acción de tutela presentada por el ciudadano Jairo Hernán Páez
Rodríguez contra el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia–, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 1.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Jairo Hernán Páez Rodríguez, actuando en nombre propio, ejerció acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia –2, en procura de la defensa de sus derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital.
2. En sentir del accionante, la transgresión de las citadas garantías constitucionales
se fundó en la falta de inscripción y expedición de su tarjeta profesional de abogado,
teniendo en cuenta que radicó la solicitud ante la citada dependencia de la autoridad
tutelada el 22 de octubre de 2021, sin que a la fecha de presentación de la tutela
haya obtenido alguna respuesta.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 El escrito de tutela se envió el 7 de marzo de 2022 al correo electrónico
apptutelascuc@cendoj.ramajudicial.gov.co y se remitió posteriormente al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado.
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Demandante: Jairo Hernán Páez Rodríguez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
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1.2. Hechos probados y/o admitidos
3. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
4. El señor Jairo Hernán Páez Rodríguez afirmó que se graduó el 29 de septiembre
de 2021 de la carrera profesional de derecho en la Universidad Simón Bolívar, sede
Cúcuta.
5. Indicó que el 22 de octubre de 2021 envió a la dirección de correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co el formulario único de múltiples trámites y las
copias de su cédula de ciudadanía, de su acta de grado y del desprendible de pago
del Banco BBVA; con el fin de obtener la inscripción y expedición de su tarjeta
profesional de abogado.
6. El 25 de octubre de 2021 recibió a su buzón de correo el acuso de recibo de sus
documentos y el informe de que la solicitud “fue transferida al personal encargado
para su correspondiente trámite”.
7. Manifestó que desde el pasado 25 de octubre no ha vuelto a obtener respuesta
alguna de su solicitud.
1.3. Fundamentos de la solicitud
8. Expuso que es un joven recién graduado de 24 años que no cuenta con ayuda
económica y tenía la “esperanza” de ingresar a trabajar para mejorar su calidad de
vida, pero ante la falta de expedición e inscripción de su tarjeta profesional de
abogado, le ha sido imposible.
1.4. Pretensión
9. La parte actora presentó la siguiente:
Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al señor Magistrado TUTELAR a mi favor los derechos
constitucionales fundamentales invocados ORDENÁNDOLES a las autoridades
accionadas tramitar de manera inmediata mi Tarjeta Profesional y realizar la entrega
efectivamente.
1.5. Trámite de la acción de tutela
10. Mediante auto del 10 de marzo de 2022 el Despacho del magistrado ponente
admitió la demanda. En consecuencia, ordenó notificar al accionante y como
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demandado al Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia.
1.6. Intervención
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
11. Mediante escrito enviado el 15 de marzo de 2022, expresó que hay un “aumento
desmesurado de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas, expedición de
tarjetas profesionales de abogados y licencias temporales que sobrepasan en gran
medida la capacidad operativa de la unidad” y que los trámites se atienden en orden
de llegada al correo institucional.
12. Sin embargo, en cuanto al caso del señor Páez Rodríguez, precisó que en el
correo del 22 de octubre de 2021 en el que remitió sus documentos, faltaba el
formulario único de múltiples trámites debidamente diligenciado y dos fotografías de
fondo azul, en tamaño 3x4, y que por ello no le había sido posible continuar el
trámite.
13. Por lo anterior, requirió al accionante el 29 de noviembre de 2021 para que
allegara los faltantes y al no recibir respuesta, nuevamente el 11 de marzo de 2022,
le pidió la citada documentación, pero sigue sin recibir lo que falta para darle
continuidad al procedimiento.
14. Concluyó que no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, “ya que los documentos requeridos al Dr. JAIRO
HERNÁN PÁEZ RODRÍGUEZ, para dar continuidad al trámite de expedición de su
Tarjeta Profesional de Abogado, no han sido allegados a esta unidad”.
15. El 17 de marzo siguiente remitió otra intervención en la que informó que el día 14
del mismo mes y año el accionante aportó los documentos para dar continuidad al
trámite de inscripción y registro de su tarjeta profesional de abogado, y en
consecuencia, lo inscribió en el registro nacional de abogados “asignándole la tarjeta
profesional de Abogado No. 379.817 mediante el Acta No. 6159 de 2022”.
16. La anterior información le fue comunicada al actor el 16 de marzo de 2022 a su
correo electrónico mediante un oficio. Por lo anterior, solicitó que se denegara el
amparo deprecado.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
17. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el ciudadano Jairo Hernán Páez Rodríguez, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
18. Lo anterior, por cuanto la presente acción se dirige contra el Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia –
y le corresponde al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia conocer a
prevención de las solicitudes de amparo que se presenten contra esa autoridad.
2.2. Legitimación en la causa
19. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
20. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19913, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii)
a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales4.
21. Con fundamento en el marco conceptual expuesto5, la Sala advierte que el
accionante es el titular de los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital que
reclama, en consideración a que fue quien envió los documentos para la inscripción y
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández
5 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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expedición de su tarjeta profesional de abogado el 22 de octubre de 2021. En
consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que
al superarse permite el estudio del núcleo esencial de los derechos presuntamente
vulnerados.
22. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia está igualmente legitimado
en la causa por pasiva, por ser la autoridad a la que se le dirigió la solicitud que el
accionante afirma que no le ha sido resuelta.
2.3. Problema jurídico
23. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las
pretensiones, el material probatorio recaudado, el informe y argumentos esgrimidos
por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema
jurídico que subyace al caso en concreto:
¿Resultaron vulnerados los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo
vital de Jairo Hernán Páez Rodríguez por parte de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura, por no realizar la inscripción y expedición de la tarjeta profesional
de abogado que solicitó desde el 22 de octubre de 2021?
24. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; y (iii) el análisis del caso
concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
25. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
26. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo
un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.
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2.5. El derecho de petición
27. El derecho fundamental de petición se presenta como un instrumento en
beneficio de los administrados, que más allá de vehiculizar el conjunto de derechos
plasmados en la Carta6, permite la consecución de los fines esenciales del Estado
Social de Derecho7, al potenciar “la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”8.
28. Es este carácter axiológico del derecho de petición el que explica la carga
obligacional que surge para las diversas ramas del poder público, luego de que es
empleado por los ciudadanos.
29. En efecto, los deberes de las autoridades van más allá de las meras formas,
pues el contenido mismo de la respuesta debe adecuarse a ciertos presupuestos
fijados por la jurisprudencia, lo que significa que no basta para su concreción que las
entidades públicas, e incluso los particulares, resuelvan, de manera vaga y
superficial, las solicitudes formuladas.
30. Se requiere igualmente que la solución procurada satisfaga criterios de claridad y
congruencia en relación directa entre lo pedido y lo resuelto, lo que no quiere decir
que tenga que ser positiva frente a lo solicitado.
31. Cuenta de ello da no solamente el desarrollo normativo del artículo 23
constitucional sino a la vez su tratamiento jurisprudencial, en el que no se escatima
oportunidad para recordar el núcleo complejo que compone el derecho de petición.
32. Así, del derecho de toda persona a obtener pronta resolución de sus peticiones,
que se relaciona con los tiempos en que deben ser decididas (artículo 23
constitucional), se avanza, en el entendido de que además de oportunas, las
resoluciones deberán ser completas y de fondo (inciso 1º Artículo 13 Ley 1755 de
2015), en una especie de positivización del derecho fijado por la jurisprudencia
constitucional.
33. En términos de la Corte Constitucional, el contenido esencial del derecho de
petición comprende los siguientes elementos:
…a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
6 Corte Constitucional. Sentencia T-801 del 11 de octubre 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8 Artículo 2º Constitucional.
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abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en el fondo de
la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia,
refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
con independencia de que su sentido sea positivo o negativo9.
34. Se colige del aparte trascrito que la respuesta de fondo o contestación material
de las peticiones implica, por contera, que la autoridad administrativa:
1. Se inmiscuya activamente en las materias propias de la solicitud.
2. Trate o desarrolle todos los asuntos planteados, de manera particular y
precisa.
3. Conteste de forma congruente, es decir, que exista correspondencia entre la
petición y la respuesta.
4. Excluya de sus respuestas fórmulas o conceptos evasivos o elusivos.
5. Responda con base en su competencia, lo cual supone, por oposición lógica,
que si no lo es, informe inmediatamente al interesado y remita la petición a la
autoridad competente.
35. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que ésta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
la Corte Constitucional ha señalado:
Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente 10 (subrayado
fuera del texto).
36. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, cualquier solicitud que
se inicie ante las autoridades se considera como derecho de petición, por lo que no
es necesario que el peticionario indique en su escrito que está ejerciendo el derecho
de petición previsto por el artículo 23 de la Constitución Política.
37. Esa misma norma previó que existen tres modalidades de derecho de petición: (i)
de carácter general, en cuyo caso el término de respuesta debe ser de quince (15)
9 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
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días; (ii) peticiones de documentos e información, cuya respuesta debe ser
proporcionada en diez (10) días; y, finalmente, (iii) consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo, (30 días de respuesta); todos ellos, contados a
partir de la fecha en que se reciba la solicitud.
38. Cabe mencionar que con ocasión al Estado de Emergencia Sanitaria decretado
por el Gobierno Nacional por la propagación del COVID-19, se expidió el Decreto 491
de 28 de marzo de 2020, a través del cual se ampliaron los términos para atender
aquellas peticiones que se encontraban en curso o que fueran radicadas durante la
vigencia del estado de emergencia.
39. Para tal efecto, en su artículo 5 se estableció lo siguiente:
[…] Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de
los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro
de los veinte (20) días siguientes a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse
dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,
antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto en este artículo. […].
2.6. Caso concreto.
40. De la revisión del material probatorio obrante en el expediente la Sala encontró
probado que el tutelante radicó ante el SIRNA la solicitud de inscripción y expedición
de su tarjeta profesional de abogado el 22 de octubre de 2021, que en la misma
fecha envió al buzón web regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co un mensaje de datos
con cinco documentos adjuntos y que el día 25 del mismo mes y año la entidad
acusó recibo de dicho correo y le informó que remitiría su solicitud al personal
encargado.
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41. En la intervención que arrimó al plenario el Consejo Superior de la Judicatura el
15 de marzo de 2022, afirmó que al advertir que el señor Páez Rodríguez no había
aportado la totalidad de los documentos requeridos para la inscripción y expedición
de su tarjeta profesional de abogado, el 29 de noviembre de 2021 le solicitó el
formulario único de múltiples trámites y dos fotos tamaño documento para continuar
con la diligencia. Apuntó que le reiteró la necesidad de que allegara esos
documentos para culminar su solicitud mediante escrito del 11 de marzo de 2022.
42. Pese a que adujo que anexaba copia del requerimiento del 29 de noviembre, este
no se encontró dentro del expediente de la acción constitucional. No obstante, el del
11 de marzo de 2022 sí se aportó y también se arrimó al plenario la constancia de
envío al correo electrónico al cual el actor radicó la solicitud y allegó los documentos.
43. Posteriormente, la entidad accionada informó que el 14 de marzo de 2022 el
actor le envió el formulario único de múltiples trámites junto con las fotos que le
hacían falta, y por ello, pudo inscribir en el registro nacional de abogados su tarjeta
profesional. La entidad aportó la constancia de envío de los anteriores documentos
por parte del actor.
44. En consecuencia, mediante oficio enviado el 16 de marzo siguiente le puso en
conocimiento al señor Páez Rodríguez, a través de un mensaje de datos, que ese
día había atendido su solicitud, como se ilustra a continuación:
45. Así las cosas, si bien es cierto que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia excedió el término
legalmente establecido para atender la petición que le presentó el actor desde el 22
de octubre de 2021, no fue por razones que le puedan ser imputables.
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46. Lo anterior, porque se encontró probado que hacían falta algunos documentos
para finalizar el trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado. De otro lado, si bien no se aportó el requerimiento del 29 de noviembre de
2021 sí se anexó el del 11 de marzo de 2022 y se probó que el señor Páez
Rodríguez los remitió el 14 de marzo siguiente.
47. De ese modo, una vez la entidad tuvo a su alcance el formulario y las fotos
faltantes, procedió a inscribir en el registro nacional de abogados al actor, realizó un
oficio en el que le informó su número de tarjeta profesional y que podía acceder al
certificado de vigencia de la misma por la página web y de ello lo notificó a su
dirección electrónica jotajairo1997@hotmail.com, que es la misma de la cual envió la
solicitud que motivó la interposición de esta solicitud de amparo.
48. El envío del oficio en el que se le pone en conocimiento a la parte actora lo
anterior, se constata en la siguiente imagen aportada por la entidad:
49. Así las cosas, no le fueron vulnerados los derechos fundamentales al trabajo y al
mínimo vital al señor Jairo Hernán Páez Rodríguez por parte de la autoridad
accionada, dado que, si bien no resolvió su solicitud dentro del término en el que de
acuerdo a los artículos 13 de la Ley 1437 del 2011 y 5 del Decreto 491 de 28 de
marzo de 2020 debió hacerlo, ello obedeció a que el accionante no aportó la totalidad
de documentos requeridos para el efecto, y una vez cumplió con el requisito,
pasados dos días, lo inscribió en el registro nacional de abogados, le asignó un
número de tarjeta profesional y le informó dicha situación.
2.7. Conclusión
50. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia no vulneró los derechos fundamentales deprecados por la
parte actora, y, por ende, se denegará la solicitud de amparo.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DENEGAR la acción de tutela formulada por el señor Jairo Hernán Páez
Rodríguez, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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