Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01522-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01522-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01522-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
26 de mayo de 2022
Demandante: Cristian Camilo Rojas Flórez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y Juzgado 006 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01522-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01522-00
Demandante: CRISTIAN CAMILO ROJAS FLÓREZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y JUZGADO 006
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
MEDELLÍN
Temas: Acción de tutela por violación al derecho al buen nombre y habeas
data.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Cristian Camilo
Rojas Flórez, por la violación a los derechos fundamentales al buen nombre y
habeas data por parte del Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado 006 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, al vincular de manera
errónea su número de cédula a un proceso penal del cual no hace parte.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 7 de marzo del 2022 al correo electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co, el señor Cristian Camilo Rojas Flórez, actuando
en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura y el Juzgado 006 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al
habeas data y al buen nombre.
2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías con ocasión al error de
digitalización de su cédula cometido por el Juzgado 006 de Ejecución de Penas y
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Demandante: Cristian Camilo Rojas Flórez
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de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
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Medidas de Seguridad de Medellín en el sistema de la Rama Judicial, el cual lo
vincula al proceso penal con radicado N.° 05380-60-00-000-2016-00007-00.1
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, como consecuencia, pidió:
“(…) solicito al señor juez TUTELAR en mi favor el derecho constitucional
fundamental invocado, ordenándole al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA y AL DESPACHO JUDICIAL en el que se tramitó originalmente el
proceso con SPOA 05380600000020160000702, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, desde la notificación del fallo que se servirá corregir la
información errónea existente en sus bases de datos, excluyendo mi número de
cédula del proceso SPOA 05380600000020160000702, pues como se explicó no
tengo que ver en el mismo, y se hagan los reportes ante las demás autoridades a
que haya lugar.”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín el 7 de otubre de
2016 condenó al señor Cristian Aldemar Gil Vélez “a la pena principal de cuatro (4) años
de prisión y una multa de mil trescientos cincuenta (1.350) SMLMV, PAGADEROS A FAVOR
DEL Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, por
ser penalmente responsables del delito de concierto para delinquir agravado -artículo 340
inc. 1° y 2° del Código Penal-. Igualmente le impuso la pena accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo lapso de la pena
privativa de la libertad.
5. Debido a una verificación interna de seguridad de la empresa en la cual trabaja el
señor Rojas Flórez se le informó que en el sistema de la Rama Judicial se registraba
con su número de cédula un proceso penal bajo el radicado 05380-60-00-000-2016-
00007-00, que cursa en el Juzgado 006 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y el cual lo vincula al delito de concierto para delinquir.
1.3. Fundamentos de la vulneración
6. El accionante consideró vulneradas dichas garantías con ocasión al presunto error
cometido por el Juzgado 006 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín y que lo vincula al proceso penal con radicado N.° 05380-60-00-000-2016-
00007-00. Advirtió que lo anterior, “me trae problemas en mi trabajo, pues si no se
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El cual es una ruptura del caso matriz “053806099022201400626.”
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soluciona me pueden terminar mi contrato de trabajo, además de afectar mi buen nombre,
pues no tengo nada que ver con el proceso penal señalado.”
7. Puso de presente que el 7 de diciembre de 2021 presentó denuncia ante la
Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad personal, pero este fue
archivado.
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
8. A través de auto del 18 de marzo de 2022, la magistrada ponente decidió, entre
otras cosas, admitir la demanda y notificar a la parte actora, así como al Consejo
Superior de la Judicatura y al Juzgado 006 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín, como sujetos accionados. Así mismo, vinculó como terceros
con interés a la Fiscalía General de la Nación y al señor Cristian Aldemar Gil Vélez.
1.5. Intervenciones
9. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.5.1. Juzgado 006 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
10. Mediante escrito enviado el 24 de marzo de 2022 el referido despacho judicial
hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso penal
con radicado N.° 05380-60-00-000-2016-00007-00.
11. En primera medida indicó que el 11 de mayo de 2017 avocó conocimiento del
expediente para ejecutar la pena a varias personas privadas de la libertad, entre
ellos, del señor Cristian Aldemar Gil Vélez, quien fue condenado el 7 de octubre de
2016 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín a 4 años de
prisión y una multa equivalente a 1350 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
por su responsabilidad conjunta en el delito de concierto para delinquir agravado.
12. Agregó que varios de los sentenciados, entre ellos el señor Gil Vélez, fueron
trasladados para el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Puerto Triunfo-
Antioquia, por lo que remitió el 9 de agosto de 2017 copia del expediente para los
Homólogos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de El Santuario,
Antioquia, sin que se tenga conocimiento del estado actual de dicha ejecución de
pena.
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13. Explicó que en la referida sentencia condenatoria (la cual aportó en su escrito de
contestación) se dejó plasmado que el señor Cristian Aldemar Gil Vélez se identifica
con la cédula de ciudadanía 1.000.920.723 de La Estrella - Antioquia, es hijo de
María Licinia y Carlos Enrique Gil, nació el 18 de febrero de 1997 en el municipio de
Caldas.
14. Igualmente, explicó que el anterior dato es con el único que cuenta, “además que
esa misma cédula de ciudadanía es la que figura en la página oficial del Sistema de Gestión
y Consulta de la Rama Judicial a nombre del sentenciado CRISTIAN ALDEMAR GIL
VELEZ.”, por lo que es la Fiscalía General de la Nación quien debe informar sobre los
datos de identificación que acreditó en el sistema.
1.5.2. Consejo Superior de la Judicatura Centro de Documentación Judicial -
CENDOJ -
15. La directora de la entidad mediante escrito enviado el 28 de marzo de 2022
manifestó que la entidad que preside es administradora del portal Web
www.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar
el espacio para la publicación de la información administrativa y judicial producida por
las diferentes dependencias de la Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo
PSAA11-9109 de 2011.
16. De otra parte, arguyó que la Consulta Nacional Unificada de Procesos, integra
información de las versiones cliente servidor y web del sistema de información
judicial Justicia XXI que es administrada por de la Unidad de Informática de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de conformidad con los Acuerdos 1591
del 2002 y PSAA14- 10215.
17. Así, estimó que la información publicada en la Consulta de Procesos Nacional
Unificada de la página web www.ramajudicial.gov.co es un reflejo de lo incluido
directamente por los despachos y corporaciones judiciales.
18. Por último, solicitó la desvinculación del presente de tutela en la medida que no
vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que no
adelantó los procesos judiciales ni realizó el registro de las actuaciones procesales
en el sistema, la cual es de competencia exclusiva de los despachos, en este caso
concreto el Juzgado 006 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín. Concluyó que “el CENDOJ, no tiene usuario, permisos, facultad, ni competencia
para registrar, diligenciar o modificar información en el sistema de gestión procesal en la
consulta de procesos nacional unificada.”
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1.6. Fiscalía General de la Nación
19. La Fiscalía 44 Especializada Delegada ante el Gaula – Grupo Distrito Norte con
escrito del 4 de abril de 2022 informó que “ninguno de los despachos adscritos a la
Unidad de Fiscalías Especializadas Delegadas ante el GAULA de la Dirección de Fiscalías
de Medellín, ADELANTA o ADELANTÓ investigación penal en contra del señor CRISTIAN
CAMILO ROJAS FLOREZ”.
20. Indicó que realizó la consulta en el sistema de información SPOA de la Fiscalía
General de la Nación y arrojó la siguientes información, sin verificar de que se trate
de homónimo:
21. Por su parte, la Fiscal 33 Especializada Gaula Medellín con escrito enviado el 4
de abril de 2022 informó que no contaba con el correo electrónico del señor Cristian
Aldemar Gil Vélez, solo reposaba en el proceso ubicación en el sector Altos de la
Virgen, corregimiento de La Tablaza del municipio de La Estrella, sin nomenclatura
exacta.
22. Los demás sujetos pese a ser notificados en debida forma, no rindieron informe
alguno.
1.8. Auto que ordena vincular
23. La magistrada ponente mediante providencia del 5 de mayo 2022 ordenó la
notificación del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín y del
Juzgado de Ejecución de Penas de El Santuario. Esto al advertir que el asunto no
solo involucraba la vulneración de los derechos fundamentales del actor por el
presunto error de digitalización de su cédula en el que incurrió el Juzgado 006 de
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Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, como lo afirmó en su
escrito, sino del posible actuar desplegado por dichas autoridades judiciales.
24. Con ocasión de lo anterior Juzgado de Ejecución de Penas de El Santuario
mediante escrito del 11 de mayo de 2022 adujo que una vez revisado el radicado y el
libro sistematizado de las actuaciones internas del despacho, no ha conocido ni
conoce de algún proceso adelantado contra el señor Cristian Aldemar Gil Vélez, “o
en su defecto contra quien se identifique con número de cédula 1.000.920.723” motivo
por el cual solicitó la desvinculación del presente trámite constitucional.
25. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación allegó un memorial el 9 de mayo
de 2022 indicó lo siguiente:
“En atención a la notificación de la tutela 11001-03-15-000-2022-01522-00, me
permito informarle que la Noticia Criminal con número 053806000000201600007,
es una ruptura del caso matriz 053806099022201400626, en la cual se adelantó
en contra de la banda delincuencial Altos de la Virgen del Municipio de la Estrella
(Antioquia), en el cuál fue requerido mediante Orden de Captura Nro. 624 el 16
de mayo de 2016, por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control
de Garantías, el ciudadano CRISTIAN ALDEMAR GIL VELEZ, identificado con la
cédula 1.000.920.793, el cual ya fue condenado por esos hechos.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Anexo Orden de Captura 624.”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Rojas Flórez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 8° del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de
2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo Superior
de la Judicatura y otro y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 8° de la referida
norma.
2.3. Solicitud de desvinculación
25. El Consejo Superior de la Judicatura Centro de Documentación Judicial -
CENDOJ solicitó su desvinculación del presente trámite porque a su juicio, no
vulneró derecho fundamental alguno. Al respecto, se tiene que la Sala negará tal
petición, puesto que el actor elevó pretensiones concretas en contra de dicha
autoridad y su comparecencia a este trámite se hace necesaria, en aras de que
pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa.
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26. No obstante, se accederá a la solicitud de desvinculación propuesta por el
Juzgado de Ejecución de Penas de El Santuario, pues si bien fue vinculado a este
proceso en calidad de tercero, lo cierto es que en el escrito allegado a esta tutela
adujo que no ha conocido de algún proceso adelantado contra el señor Cristian
Aldemar Gil Vélez, motivo por el cual no le asiste ningún interés en las resultas del
proceso.
2.4. Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante: ¿el Consejo
Superior de la Judicatura, el Juzgado 006 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Medellín y el Juzgado de Ejecución de Penas de El Santuario vulneraron los
derechos fundamentales al habeas data y al buen nombre, con ocasión al error de
digitalización de su cédula el cual lo vincula al proceso penal con radicado N.° 05380-
60-00-000-2016-00007-00?
28. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela (ii) debido proceso judicial; (iii) derecho al buen
nombre y habeas data; iv) análisis del caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
29. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.
30. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
31. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda
la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
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32. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría
desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de
contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.
2.6. Derecho al buen nombre y habeas data2
33. El artículo 15 de la Constitución Política reconoce el derecho a la intimidad
personal y familiar, al buen nombre y al habeas data, y radicó en cabeza del Estado
el deber de respetarlos y hacerlos respetar. El texto del canon Superior es el
siguiente:
“ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas…”
34. En cuanto al derecho al buen nombre y a la honra, la misma Corporación
precisó3:
“(…) hace referencia al concepto que se forman los demás sobre cierta
persona. De esta manera, la jurisprudencia de esta Corte ha definido el derecho
al buen nombre como “la reputación, o el concepto que de una persona
tienen los demás” y “la estimación o deferencia con la que, en razón a su
dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de
la colectividad que le conocen y le tratan”. (…) Este derecho puede ser
vulnerado tanto por autoridades públicas como por particulares, lo cual ocurre
cuando se divulga información falsa o errónea, o se utilizan expresiones
ofensivas o injuriosas, lo que conlleva a que la reputación o el concepto que
se tiene de la persona se distorsionen, afectando también su dignidad
humana.” (Destacado por la Sala)
35. Acerca del contenido y alcance de los derechos al buen nombre y a la honra,
debe entenderse que estos propenden por garantizar la adecuada valoración de una
persona frente a los demás y su reputación, por lo que su vulneración se traduce en
actos como la divulgación de información falsa o errónea, o el uso de expresiones
injuriosas u ofensivas que repercuten en el concepto que se tiene del individuo.
36. A su turno, sobre el derecho al habeas data, el mismo se encuentra regulado en
la Ley 1581 de 2012, cuyo artículo 1° define su objeto así:
“ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
2
Se recoge lo plasmado en la sentencia del 19.08.2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
3
Sentencia T-117 de 2018.
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informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y
los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información
consagrado en el artículo 20 de la misma.”
37. Por su parte, el artículo 2° Ibidem circunscribe su ámbito de aplicación “a los datos
personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento
por entidades de naturaleza pública o privada.”
38. Entre las definiciones más importantes acerca del derecho bajo cita, previstas en
el artículo 3°, vale destacar las siguientes: “b) Base de Datos: Conjunto organizado de
datos personales que sea objeto de Tratamiento; c) Dato personal: Cualquier información
vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o
determinables; (…) f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de
Tratamiento; g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.”
39. Ahora bien, entre los principios para el tratamiento de datos, conviene resaltar el
de la finalidad, que consiste en que “El Tratamiento debe obedecer a una finalidad
legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;”, así
como el de veracidad o calidad, según el cual “La información sujeta a Tratamiento debe
ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el
Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;”, y el de
acceso y circulación restringida, que advierte que “Los datos personales, salvo la
información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un
conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente
ley; (…).”
40. Sobre su contenido, la Corporación de cierre en materia constitucional señaló4:
“La Corte reafirma esta condición del habeas data como derecho autónomo y
como garantía. Como derecho autónomo, tiene el habeas data un objeto
protegido concreto: el poder de control que el titular de la información puede
ejercer sobre quién (y cómo) administra la información que le concierne. En
este sentido el habeas data en su dimensión subjetiva faculta al sujeto
concernido a conocer, actualizar, rectificar, autorizar, incluir, excluir, etc.,
su información personal cuando ésta es objeto de administración en una
base de datos. A su vez, como garantía, tiene el habeas data la función
específica de proteger, mediante la vigilancia del cumplimiento de las reglas y
principios de la administración de datos, los derechos y libertades que
dependen de (o que pueden ser afectados por) una administración de datos
personales deficiente. Por vía de ejemplo, el habeas data opera como
garantía del derecho al buen nombre, cuando se emplea para rectificar el
tratamiento de información falsa. Opera como garantía del derecho a la
seguridad social, cuando se emplea para incluir, en la base de datos, información
4
Sentencia SU-458 de 2012.
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personal necesaria para la prestación de los servicios de salud y de las
prestaciones propias de la seguridad social. Opera como garantía del derecho de
locomoción, cuando se solicita para actualizar información relacionada con la
vigencia de órdenes de captura, cuando éstas por ejemplo han sido revocadas
por la autoridad competente. Y finalmente, puede operar como garantía del
derecho al trabajo, cuando se ejerce para suprimir información que funge
como una barrera para la consecución de un empleo.” (Destacado por la
Sala).
41. Como se observa, la Corte Constitucional le confirió al derecho al habeas data
una dimensión doble, (i) como derecho autónomo que supone para su titular la
posibilidad de ejercer control sobre quien administra la información, y poder
conocerla, actualizarla, rectificarla, entre otros, cuando esta se administra en una
base de datos; y (ii) como garantía para la protección los derechos y libertades que
puedan llegar a afectarse por una administración de datos deficiente.
2.7. Caso concreto
42. Se reitera que la parte actora consideró vulneradas sus garantías
constitucionales al buen nombre y habeas data con ocasión al error de digitalización
de su cédula cometido por el Juzgado 006 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín en el sistema de la Rama Judicial, el cual lo vincula al proceso
penal con radicado N.° 05380-60-00-000-2016-00007-00.
43. Adujo que lo anterior le ha traído problemas en su trabajo, pues la empresa en la
cual trabaja le puede terminar su contrato, aunado a que se afecta su buen nombre
ya que nada tiene que ver con el proceso penal señalado.
44. Sea lo primer poner de presente que en este caso se supera el requisito de
subsidiariedad, pues si bien la Ley 1266 de 2008 establece herramientas a través de
las cuales los titulares de la información pueden efectuar consultas o reclamaciones
por los datos que reposan en las bases de datos, así como el artículo 15 de la Ley
1581 de 2012, dispone que el titular que considere que la información contenida en
una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión puede
presentar un reclamo ante el responsable o encargado del tratamiento de la
información; lo cierto es que la tutela resulta procedente teniendo en cuenta la
urgencia manifiesta y la posible configuración de un perjuicio irremediable, pues el
actor adujo que el error en la digitalización de su cédula vulnera su mínimo vital5
5
Sentencia T-469 del 07.12.2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. “La Corte ha definido el
mínimo vital como un derecho fundamental que le permite al individuo vivir de acuerdo con el estilo de
vida que lo caracteriza, conforme a su situación económica y todo lo que requiere para vivir
dignamente. Sin embargo, también ha precisado que no cualquier variación en los ingresos supone su
desconocimiento, debido a que cada persona tiene un mínimo vital diferente, que obedece a la
condición socioeconómica alcanzada.”
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Demandante: Cristian Camilo Rojas Flórez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y Juzgado 006 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01522-00
“pues si no se soluciona me pueden terminar mi contrato de trabajo, además de afectar mi
buen nombre”.
45. Así, el Juzgado 006 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
en su escrito de contestación manifestó que el sentenciado Cristian Aldemar Gil
Vélez fue trasladado para el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Puerto
Triunfo - Antioquia, motivo por el cual el 9 de agosto de 2019, por factor de
competencia, remitió copia del expediente para los Homólogos de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de El Santuario -Antioquia.
46. Sea lo primero poner de presente que tal y como lo demostró en su escrito de
tutela, el número que corresponde a su cédula de ciudadanía es 1.000.920.723,
como se observa en la fotocopia de dicho documento, el cual adjuntó:
47. Igualmente, esta Sala para corroborar lo anterior, accedió a la pagina web de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y generó el certificado de vigencia de la
mentada cédula, el cual coincide con la información aportada por el actor:
11
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48. Ahora bien, en sentencia condenatoria del 7 de octubre de 2016 proferida por el
Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, en el acápite referido a
la individualización e identificación de los procesados, se indicó lo siguiente:
“Cristian Aldemar Gil Vélez alias Aldemar (…) identificado con la cédula de
ciudadanía 1.000.920.723 de la Estrella, privado de la libertad en Pedregal”.”
49. Seguidamente, en la parte resolutiva de la sentencia se consignó lo que se cita:
“Primero: Condenar a Cristian Aldemar Gil Vélez (…) a la pena principal de
cuatro (4) años de prisión y una multa de mil trescientos cincuenta (1.350)
SMLMV, PAGADEROS A FAVOR DEL Tesoro Nacional en cuenta administrada
por el Consejo Superior de la Judicatura, por ser penalmente responsables del
delito de concierto para delinquir agravado -artículo 340 inc. 1° y 2° del Código
Penal-.
Cuarto: Condenar a Cristian Aldemar Gil Vélez (…) a la pena accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo
lapso de la pena privativa de la libertad…”
50. Advierte esta Sala que cotejada la información, resulta evidente que el Juzgado
Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín incurrió en un error
mecanográfico al momento de individualizar al procesado, pues al señor Cristian
Aldemar Gil Vélez le asignó un número a la cédula de ciudadanía que no le
corresponde, situación que ha generado la angustia e inseguridad del señor Cristian
Camilo Rojas Flórez ante su asociación, no solo con hechos delictivos, sino con una
condena judicial, lo que trae consecuencias como el registro de antecedentes del
orden penal y disciplinario que afectan el buen nombre y el habeas data de una
persona que se presume honesta.
51. El anterior error se corroboró con el memorial allegado el 21 de abril de 2022 por
el Inpec de cara a una solicitud realizada por la Secretaría General de esta
Corporación, en donde afirmó que la cédula del señor Gil Vélez es 1.000.920.793, tal
y como se observa:
“En aras de brindar trámite a su petición, fue consultada la base de datos
sistematizados SISIPEC WEB (Sistematización Integral del Sistema Penitenciario
y Carcelario), por funcionarios adscritos a la Coordinación de Policía Judicial,
desde el año 2006 hasta la fecha, se encontró información para él o (los)
nombres y Apellidos de:
CRISTIAN ALDEMAR GIL VELEZ CC. 1000920793. Estuvo recluido en el
EPMSC TIERRAALTA, Fecha de Salida 9/04/2019, Libertad por Autoridad.”
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52. Igualmente la Fiscalía General de la Nación mediante escrito allegado el 9 de
mayo de 2022 adjuntó la orden de captura contra el señor Gil Vélez, en la cual
coincide que su número de cédula es 1.000.920.793, como se anota:
53. Debe recordarse que la Corte Constitucional ha establecido que la cédula de
ciudadanía es un documento que cumple tres funciones esenciales; i) la
individualización de las personas, ii) permitir que los ciudadanos ejerzan sus
derechos civiles, y iii) desarrollar el principio democrático del Estado social de
derecho colombiano.6
54. Igualmente ha indicado que la cédula, al tratarse de un documento que permite la
identificación de las personas se les debe asignar “un número único y constan en ella
datos adicionales y generales que permiten diferenciar a la población que cumple la mayoría
de edad.”7 (Negritas propias).
55. Del mismo modo, “la ley ha depositado en la cédula de ciudadanía el estatus de
prueba de identificación personal, por medio de la cual se pueden acreditar la
personalidad de su titular en todos aquellos actos, negocios o situaciones jurídicas en que se
haga necesario presentar prueba que acredite tal calidad, por lo que dicho documento se ha
convertido en el elemento idóneo para el cumplimiento del referido propósito y el que a su
vez es irremplazable”.8 (Negritas propias).
56. Resulta importante mencionar que el Máximo Tribunal Constitucional en su
pacífica jurisprudencia también ha destacado que se configura una vulneración a los
derechos fundamentales al buen nombre y habeas data de una persona ante la
6
T-653/2014, T-069/ 2012 y T-1000-201
7
T-653/2014,
8
T-485/2013 y sentencia C-511 de 1999. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01522-00
difusión de información errónea, pues esto atenta y distorsiona el prestigio social de
una persona y, en virtud del registro de antecedentes y bases de datos se ocasionan
perjuicios y se lesionan sus garantías.
57. Así, al ser la cédula de ciudadana un documento con número de identificación
único y al evidenciarse el error en la identificación del autor del delito, se concederá
el amparo a la parte actora y se ordenará a Fiscalía General de la Nación (entidad
que efectuó el proceso de identificación de la persona vinculada al proceso penal) y
al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín (juez de
conocimiento quien impuso la condena penal), que en el término de 20 días
siguientes a la notificación de la presente providencia, adelanten de manera
conjunta los trámites a que haya lugar para corregir la imprecisión mecanográfica en
el que se incurrió. Lo anterior en aras de que se suprima de manera definitiva la
información que asocie el número de cédula del actor con la comisión del delito de
concierto para delinquir agravado en el marco del proceso penal con radicado N.°
05380-60-00-000-2016-00007-00.9
58. Se hace hincapié en que deberán enviarle al ciudadano, vía correo electrónico
institucional, la información acerca de las correcciones y anotaciones adelantadas en
aras de dar cumplimiento a esta orden de tutela, y que demuestren de manera
fehaciente que el actor no se encuentra vinculado a dicho proceso penal.
2.8. Conclusión
59. La Sala concluye que se deben amparar los derechos fundamentales al buen
nombre y habeas data de la parte actora por haberse incurrido en un error
mecanográfico al momento de identificar al autor del delito en el marco del proceso
penal en mención, frente al cual no tiene relación alguna.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación solicitada por el Consejo Superior
de la Judicatura y ACCEDER a la solicitud de desvinculación propuesta por el
Juzgado de Ejecución de Penas de El Santuario, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta sentencia.
9
El cual es una ruptura del caso matriz “053806099022201400626.”
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SEGUNDO: AMPARAR los derechos al buen nombre y habeas data del señor
Cristian Camilo Rojas Flórez, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENARLE a la Fiscalía General
de la Nación (entidad que efectuó el proceso de identificación de la persona
vinculada al proceso penal) y al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Medellín (juez de conocimiento quien impuso la condena penal), que en el término de
20 días siguientes a la notificación de la presente providencia, adelanten de manera
conjunta los trámites a que haya lugar para corregir la imprecisión mecanográfica en
el que se incurrió. Lo anterior en aras de que se suprima de manera definitiva la
información que asocie el número de cédula del actor con la comisión del delito de
concierto para delinquir agravado en el marco del proceso penal con radicado N.°
05380-60-00-000-2016-00007-00.
Se hace hincapié en que deberán enviarle al ciudadano, vía correo electrónico
institucional, la información acerca de las correcciones y anotaciones adelantadas en
aras de dar cumplimiento a esta orden de tutela, y que demuestren de manera
fehaciente que, en efecto el señor Cristian Camilo Rojas Flórez no se encuentra
vinculado a dicho proceso penal.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
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ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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