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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01541-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01541-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del 20 de mayo de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado pero solo en cuanto declaró improcedente el amparo solicitado respecto al defecto procedimental por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo, en todo lo demás REVOCAR la providencia impugnada y en su lugar, www.consejodeestado.gov.co 21 C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0 B og o tá D . C . – C ol o mbi a ACC IÓN D E TUT EL A R a di c a do : 1 10 01 - 03 - 15 - 0 00 - 20 22 - 01 5 41 - 01 A cci on a nt e: A mp a ro R od r íg u ez R ol d á n SEGUNDO. – NEGAR la acción de tutela presentada por la señora Amparo Rodríguez Roldán contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en relación con los defectos fáctico y sustantivo deprecados, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO. – LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01541-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01541-01
Accionante: AMPARO RODRÍGUEZ ROLDÁN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia / debido proceso y acceso
a la administración de justicia / defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente / proceso de
reparación directa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 20 de mayo de 2022
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia tiene sustento en
los siguientes:

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1. HECHOS

La señora Amparo Rodríguez Roldán presentó demanda de reparación
directa contra la Nación – Rama Judicial por los perjuicios
ocasionados en razón del error judicial en que a su juicio incurrieron
el Tribunal Superior de Cali y la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia al proferir las sentencias del 16 de julio de 2001 y 27 de
octubre de 2005, respectivamente, que la sancionaron por la
comisión del delito de prevaricato por acción cuando ejercía como
jueza 31 penal municipal de Cali.

De igual forma, reprochó la providencia del 7 de junio de 2007
expedida por la Sala Penal de la Corte Suprema que declaró
infundadas las causales de revisión invocadas contra el fallo
condenatorio y el auto del 9 de octubre de 2007 que inadmitió la
tutela que interpuso contra las anteriores decisiones judiciales.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien conoció del
proceso en primera instancia, mediante sentencia del 26 de junio de
2014, declaró de oficio la excepción de caducidad de la acción y se
inhibió para proferir una decisión de fondo.

Contra la decisión anterior la parte demandante presentó recurso de
apelación el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado quien, a través de fallo del 30 de julio
de 2021, resolvió revocarla y en su lugar declarar la excepción de
caducidad de la acción respecto a la sentencia del 27 de octubre de
2005 expedida por la Corte Suprema de Justicia y negar las demás
pretensiones de la demanda.

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2. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«PRIMERA.- Que se protejan los DERECHOS AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA VIDA DIGNA, AL DEBIDO
PROCESO, A QUE SE LE APLIQUE LA INTERPRETACIÓN DE LA
NORMA MÁS FAVORABLE, A LA DECISIÓN DENTRO DE UN PLAZO
RAZONABLE, vulnerados con la providencia 094 del 15 de octubre
de 2021, con ponencia de la HM ZORANNY CASTILLO OTALORA, del
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA, se revocó la sentencia de primera instancia en su totalidad.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de lo anterior, se ORDENE AL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA, que profiera un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta
las consideraciones de expuestas mediante un análisis mediante la
aplicación de la jurisprudencia vigente al momento de tomar la
decisión, cuando se ha incurrido en INJUSTIFICADA MORA
JUDICIAL» (sic en toda la cita).

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con los argumentos expuestos en la tutela la Sala de
Decisión advierte que la parte alega que en la sentencia del 30 de
julio de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se configuraron los siguientes defectos:

• Defecto procedimental: por cuanto no se ofició a la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia para que allegara copia del
rechazo de la tutela expedido en el expediente T-1100102-03-
000-007-0539-00, pese a que fue solicitado en la demanda.

• Defecto fáctico: toda vez que la decisión judicial careció de
apoyo probatorio sobre la infracción de la jurisprudencia de la

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Corte Constitucional en relación con la procedibilidad del habeas
corpus que se le endilgó.

• Defecto sustantivo: puesto que se desconoció que las
decisiones judiciales respecto de las cuales se deprecó el error
judicial no tuvieron en cuenta que la normatividad que regulaba
el habeas corpus al que accedió y por el cual fue sancionada al
considerar que no agotó el procedimiento previsto para dicha
acción constitucional, había sido declarada inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-620 de 2001.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 15 de marzo de 2022, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de la
referencia y ordenó notificar a los señores consejeros de estado que
dictaron la sentencia del 30 de julio de 2021 en el radicado núm.
76001-23-31-000-2009-00746-01 y al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, como accionados y a la Nación - Rama Judicial y a
los señores Luis Gabriel Garnica Rodríguez, Jorge Jesús Gutiérrez
Coleman, Luis Eduardo Rodríguez Maya y Gilberto Andrés Gutiérrez
Rodríguez, como terceros interesados, para que se pronunciaran
sobre los hechos que originaron la solicitud constitucional.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de uno de sus consejeros, solicitó que se declarara
la improcedencia del amparo requerido por cuanto la decisión judicial
reprochada tuvo fundamento en un análisis claro y suficiente de la

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tesis argumentativa del error judicial, por lo tanto, los defectos
señalados en la tutela no se configuraron.

5.2. Los demás vinculados no se pronunciaron.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
de sentencia del 20 de mayo de 2022, declaró la improcedencia del
amparo solicitado por incumplir con el requisito de relevancia
constitucional con sustento en que «no se advierte que las decisiones
cuestionadas sean caprichosas o arbitrarias y los argumentos
expuestos por el solicitante están encaminados a volver sobre la
controversia decidida por los jueces naturales».

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia pues
reiteró que las decisiones judiciales atacadas sí incurrieron en los
defectos deprecados, argumentos que no se estudiaron de fondo
porque se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 080 de 20191,

1
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Decisión que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
al expedir la sentencia del 30 de julio de 2021 incurrió en los
defectos procedimental, fáctico y sustantivo, por consiguiente,
vulneró los derechos fundamentales invocados en protección por
la accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) los defectos procedimental,
fáctico y sustantivo y iv) el caso concreto.

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3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth
García González.

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generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la

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misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEFECTO PROCEDIMENTAL

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el
juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido4. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental
absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5.

4 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.

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En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los
administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente
ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso” 6 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa
y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la
consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la
violación a los derechos fundamentales”7 […]».

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal
manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia8.
Este defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del
derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración de
justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la
vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se
exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que
pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando
dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de

6 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,

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severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se
omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar 9.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y
trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de la
decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido
proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna
otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso,
a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del
caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales10.

3.3. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional 11 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa12, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
9 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y
T-053 de 2012.
10 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
11 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,

T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.

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hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva13, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»14.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

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3.4. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional15, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales16, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas
de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición”17.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la
explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi)
se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con

15
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017,
SU-567 de 2015, entre otras.
16
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba
Triviño.
17
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii)
cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución”18. Este defecto, se presenta
ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la
decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría
improcedente19.

4. CASO CONCRETO

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:

(i) A diferencia de lo considerado por el a quo se advierte que la
pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado con la providencia del 30 de julio de 2021, incurrió en la
violación de los derechos de la parte accionante al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
sentencia reprochada no procedía recurso alguno respecto los

18
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
19
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

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defectos fáctico y sustantivo alegados, puesto que en relación con el
defecto procedimental la parte accionante contaba con el recurso
extraordinario de revisión como pasará a explicarse más adelante;

(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la
interposición de la acción se dio en un lapso «razonable y
proporcionado» por cuanto la providencia deprecada se profirió el 30
de julio de 2021, fue notificada el 8 de septiembre de 2021, quedó
ejecutoriada el 13 de septiembre de 2021 y la tutela se presentó el 9
de marzo de 2022;

(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de reparación directa.

De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con
todos los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.

A propósito, se advierte que la decisión judicial reprochada fue
expedida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 30 de julio de 2021, en el trámite del recurso de apelación
interpuesto por la señora Amparo Rodríguez Roldán en contra de la

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providencia proferida el 26 de junio de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda.

En la sentencia del 30 de julio de 2021, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado decidió revocar la providencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declarar la caducidad de
la acción de reparación directa respecto a la sentencia del 27 de
octubre de 2005 proferida por la Corte Suprema de Justicia y negar
las demás pretensiones de la demanda.

Ahora bien, en relación con este fallo, la parte accionante alegó que
se configuró un (i) defecto procedimental porque no se practicó
una prueba consistente en oficiar a la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia para que allegara el auto que rechazó la tutela que
presentó en el expediente identificado con el radicado T-1100102-03-
000-007-0539-00, (ii) defecto fáctico puesto que la decisión careció
de apoyo probatorio en relación con la infracción de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre la procedibilidad del habeas corpus
que se le endilgó y (iii) defecto sustantivo toda vez que no se tuvo
la normatividad que regulaba el habeas corpus al que accedió y por el
cual fue sancionada al considerar que no agotó el procedimiento
previsto para dicha acción constitucional, había sido declarada
inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-620 de
2001.

A propósito, la Sala de Subsección advierte que la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver el recurso de
apelación presentado por la señora Amparo Rodríguez Roldan resolvió
revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar declarar la

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excepción de caducidad de la acción respecto a la sentencia del 27 de
octubre de 2005 expedida por la Corte Suprema de Justicia y negar
las demás pretensiones de la demanda.

En cuanto al defecto procedimental señalado en la acción de tutela,
la Sala de Decisión considera que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad puesto que la parte accionante contaba con el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia deprecada, en el
entendido que su inconformidad se concreta en que no se practicó
una prueba que fue decretada en el proceso de reparación directa,
argumento que corresponde a la causal 5 del artículo 250 del CPACA
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación» en concordancia con
el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso «cuando
se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo
con la ley sea obligatoria».

En ese orden de ideas, en relación con el defecto procedimental se
confirmará la sentencia impugnada que rechazo por improcedente la
acción de tutela, pero por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

Por otra parte, en cuanto a los defectos fáctico y sustantivo
señalados en la tutela, la Sala de Decisión debe aclarar en primer
lugar que estos no pueden recaer sobre el análisis que realizó la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación
con la sentencia del 27 de octubre de 2005 proferida por la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la decisión del 16 de
julio de 2001 del Tribunal Superior de Cali a través de la cual sancionó

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a la señora Amparo Rodríguez Roldan por la comisión del delito de
prevaricato, puesto que respecto a estas se declaró la caducidad de la
acción en los siguientes términos:

«Así las cosas, respecto de la sentencia de 27 de octubre de 2005,
proferida en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia –
Sala Penal, dentro del proceso penal seguido contra la señora Amparo
Rodríguez Roldán, si bien no se allegó al expediente el edicto
notificatorio o la constancia de ejecutoria de dicha providencia, lo
cierto es que, en el sistema de consulta de procesos de la Rama
Judicial30 se observa que ésta fue notificada mediante edicto
desfijado el 11 de noviembre del mismo año, lo que permite concluir
que dicha providencia quedó ejecutoriada el 17 de noviembre de
2005, de conformidad con el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991 –
aplicable al proceso penal sub examine.

Por tanto, es claro que respecto de las pretensiones que se
formularon en relación con la sentencia de 27 de octubre de 2005, la
acción de reparación directa se formuló por fuera de la oportunidad
legal establecida para tal efecto, toda vez que el término de caducidad
de la acción venció el 19 de noviembre de 2007, y la solicitud de
conciliación extrajudicial y la demanda se presentaron hasta el 12 de
junio y 31 de julio de 2009, respectivamente».

Es decir, respecto a estas providencias la autoridad judicial accionada
no realizó un estudio de fondo en relación con el cual se pudiera
alegar los defectos indicados, en el entendido que se fundamentaron
en argumentos relativos a la jurisprudencia y normatividad aplicable
al trámite del habeas corpus y no a la declaración de caducidad de la
acción.

Ahora bien, sobre la providencia del 7 de junio de 2007 expedida por
la Corte Suprema de Justicia mediante la cual resolvió declarar
infundado el recurso extraordinario de revisión que presentó la señora
Amparo Rodríguez Roldán y el auto del 9 de octubre de 2007 que
inadmitió la acción de tutela contra las sentencias que la sancionaron,

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la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado sí realizó
un estudio de fondo frente a la configuración de un error judicial, sin
embargo no lo encontró acreditado por las razones transcritas a
continuación:

«Descendiendo al caso concreto, en primer lugar, la Sala abordará el
error jurisdiccional aducido en relación con la sentencia de 7 de junio
de 2007 proferida por la Corte Suprema de Justicia, que en su parte
resolutiva decidió declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el apoderado de la señora Amparo Rodríguez
Roldán contra la sentencia dictada por esa Corporación el 27 de
octubre de 2005, que confirmó la sentencia de 16 de julio de 2001
proferida por el Tribunal Superior de Cali, mediante la cual la condenó
como autora del delito de prevaricato por acción.

Dicho lo anterior, en el libelo demandatorio la parte actora indicó que
en la providencia cuestionada la autoridad desconoció el precedente
constitucional y sus efectos erga omnes (art. 48, L. 270 de 199664) al
inaplicar la sentencia C-620 de 2001, – que declaró inexequible el
procedimiento establecido para la acción de hábeas corpus en la Ley
600 de 2000 – por considerar que: i) las disposiciones sobre hábeas
corpus contenidas en el Decreto 2700 de 1991 – norma aplicable al
proceso penal – seguían vigentes, y ii) la causal 7ª de revisión, esto
es, “cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya
cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar
la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como
de la punibilidad”, se predica solo de las sentencias proferidas por la
Corte Suprema de Justicia, excluyendo a las de la Corte
Constitucional. Todo lo cual, en su criterio, permitió mantener el fallo
condenatorio en contra de la demandante, pues, aquel se soportó en
las normas que fueron declaradas inexequibles.

Este presunto yerro corresponde al mismo argumento esgrimido
para formular la demanda de revisión bajo la causal dispuesta en
el numeral 7 del artículo 192 del C.P.P., pues, en aquella oportunidad,
la demandante adujo que la Corte Suprema de Justicia, en el fallo que
confirmó la condena, inaplicó la mencionada sentencia de
constitucionalidad haciéndole oponible el trámite previsto en el
artículo 430 del Decreto 2700 de 1991 para la acción de hábeas
corpus, pese a que, en su criterio, aquella normativa había

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desaparecido con la declaratoria de inexequibilidad.

Lo que se observa, entonces, es que la parte actora insiste en la
certeza de su alegato de instancia y de revisión, esta vez
endilgando un error jurisdiccional a las providencias judiciales
que fueron desfavorables a sus intereses. En este sentido, se
itera que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo
contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la
vocación de constituirse en una instancia adicional a la
tramitada dentro del cauce procesal en el cual se aduce la
configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el
ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la
intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judicial a
la cual se le endilga la producción del daño antijurídico.

Agréguese a lo dicho que no se observa que la parte actora hubiera
cumplido con la carga de suficiencia, pues si bien aduce que la
Corte Suprema de Justicia en sede de revisión debió considerar
la sentencia C-620 de 2001; lo cierto es que ni siquiera
especificó las razones por las que dicha actuación era oponible
a un proceso penal regulado por un procedimiento penal
distinto –Decreto 2700 de 1991–, ni demostró que de no haber
ocurrido el presunto yerro hubiera procedido la revisión de la
sentencia y revocatoria de la condena, lo cual, de entrada,
supone una carencia argumentativa y demostrativa de la imputación
jurídica realizada a la pasiva.

[…]

Ahora bien, los argumentos anteriormente esgrimidos son extensibles
al análisis respecto del yerro aducido frente al auto de 9 de octubre de
2007, que inadmitió el trámite de la acción de tutela contra la
sentencia condenatoria de segunda instancia y la sentencia de
revisión, aunado a que la parte actora ni siquiera aportó las
providencias que resolvieron los recursos que interpuso contra dicho
proveído, lo cual le impide a la Sala conocer cuál fue la regla de
decisión que se utilizó para definir el asunto» Destacado fuera del
texto original.

En ese orden de ideas, la Sala de Decisión considera que los defectos
fáctico y sustantivo no se configuraron, toda vez que del texto

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transcrito se evidencia que la autoridad judicial accionada analizó las
providencias respecto de las cuales se alegó el error judicial frente a
las pruebas allegadas y las normas aplicables lo cual conllevó a que
negara la condena requerida al no encontrar acreditada la
responsabilidad endilgada.

Congruente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró la improcedencia de la acción, pero solo
respecto al defecto procedimental por el incumplimiento del requisito
de subsidiariedad, en todo lo demás se revocará y en su lugar se
negarán las pretensiones de la acción, toda vez que no se probaron
los defectos fáctico y sustantivo alegados contra el fallo del 30 de julio
de 2021 expedida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del 20 de mayo de 2022
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado pero solo en cuanto declaró improcedente el amparo solicitado
respecto al defecto procedimental por las razones expuestas en la
parte motiva de este fallo, en todo lo demás REVOCAR la providencia
impugnada y en su lugar,

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SEGUNDO. – NEGAR la acción de tutela presentada por la señora
Amparo Rodríguez Roldán contra la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en relación con los defectos fáctico y sustantivo
deprecados, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.

TERCERO. – LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el primero (1) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

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