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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01551-00

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01551-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la señora Teresa Sanguino de Quintero, www.consejodeestado.gov.co 21 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-01551-00 Ac c i o n a n t e : T e r e s a S a n g u i n o d e Q u i n t e r o mediante apoderado, en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01551-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01551-00
Accionante: TERESA SANGUINO DE QUINTERO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a
la administración de justicia y seguridad social /
Principios constitucionales de derechos adquiridos
con justo título y seguridad jurídica / Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho /
Defecto sustantivo, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución / Pensión de jubilación docentes /
Contratos de prestación de servicios

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Teresa Sanguino de Quintero, mediante apoderado1, en contra

1
El abogado Jorge Luis Luna Leyton.

www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01551-00
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del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por la
presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión
de la expedición de la providencia de 9 de septiembre de 2021,
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado número 54001-23-33-000-2013-00091-02.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad
social, y de los principios constitucionales de derechos adquiridos con
justo título y seguridad jurídica, se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante presentó medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de la Gobernación de Norte de
Santander y del municipio de San José de Cúcuta para solicitar la
nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución núm.
000817 del 2 de octubre de 2012, mediante la cual la Secretaría de
Educación del municipio de San José de Cúcuta le negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación docente.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que, a través de sentencia de 26 de enero de 2017, negó
las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión se interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección B que, por medio de providencia de 9
de septiembre de 2021, confirmó lo resuelto en primera instancia.

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2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Expediente No. 54001-23-33-000-2013-
00091-02 (1038-2017) LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN
SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Consejero
Ponente Dr. César Palomino Cortés al confirmar la sentencia del 26
de enero de 2017 emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, vulneraron (sic) a la señora TERESA SANGUINO DE
QUINTERO los derechos fundamentales a: la igualdad frente a la
aplicación de la ley y el bloque de jurisprudencia relacionada con la
pensión de jubilación que debía incluir los tiempos OPS, los derechos
adquiridos con arreglo a la ley, al trabajo, el acceso a la administración
de justicia, el debido proceso judicial, el derecho a la seguridad social,
la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales que resulten
del estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.

SEGUNDA. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la
sentencia de segunda instancia emitida por LA SUBSECCIÓN “B” DE
LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO
fechada el 09 de septiembre de 2021 y notificada el 29 de octubre del
mismo año.

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada
para que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a
dictar sentencias fundamentadas en la normatividad vigente, valorando
en plenitud las pruebas aportadas y la línea jurisprudencial vigente
contenidas entre otras, en la sentencia C-555 de 1994 proferida por la
Corte Constitucional y en el fallo unificado de agosto 25 de agosto de
2016 proferido por la Sección Segunda suscrita entre otros, por los
Consejeros tutelados». (sic en toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, con la expedición de la sentencia de 9 de
septiembre de 2021, incurrió en:

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 Defecto sustantivo: por la aplicación indebida de los artículos
6° de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994, los cuales
fueron declarados inexequibles por la sentencia C-555 de 1994,
proferida por la Corte Constitucional, la cual sostuvo que los
articulados que fueron objeto de censura constitucional
transgredieron el artículo 13 superior por cuanto reafirmaban la
vocación de permanencia de los «docentes-contratistas» y «[…]
la semejanza material de su actividad respecto a la que
desempeñan los demás maestros y profesores».

 Decisión sin motivación: porque se mencionó sólo una
sentencia de unificación, excluyéndose las demás que
componen el precedente jurisprudencial en el caso concreto,
como lo es la sentencia C-555 de 1994, a través de la cual se
precisa que los tiempos de contratos de prestación de servicio
docente surten efectos pensionales, además de los
innumerables fallos de las máximas corporaciones judiciales que
reiteran este concepto.

Sostuvo que el máximo órgano de lo contencioso
administrativo, al emitir la sentencia de segunda instancia,
debió argumentar o motivar con suficiente claridad su
apartamiento del precedente constitucional y contencioso
administrativo, además de explicar con fundamento en la
Constitución, tratados y convenios internacionales el principio
de solidaridad y sostenibilidad financiera para negar derechos
prestacionales protegidos nacional e internacionalmente.

 Desconocimiento del precedente: fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-555 de 1994 y por el Consejo
de Estado en la providencia de 25 de agosto de 2016, entre

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otras, las cuales resuelven casos similares donde se reconoce la
pensión de jubilación de docente oficial con período acumulado
en virtud de contratos de prestación de servicios.

 Violación directa de la Constitución: al desconocer el tiempo
laborado como docente OPS para la obtención de un derecho de
tanta relevancia como lo es la pensión de jubilación, situación
que vulnera y transgrede los derechos fundamentales a la
igualdad, acceso a la administración de justicia, derechos
adquiridos con justo título, seguridad social integral y seguridad
jurídica, lo cual, según indica, hace completamente loable la
presente acción constitucional.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 15 de marzo de 2022, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección B, como accionado, y al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
departamento de Norte de Santander y al municipio de San José de
Cúcuta, como terceros interesados en las resultas del proceso, para
que ejercieran su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

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5. INTERVENCIONES

5.1. La Gobernación de Norte de Santander, a través de su
secretario jurídico, indicó que no debió haber sido vinculado en la
presente acción de tutela porque, teniendo en cuenta sus
competencias constitucionales y legales, no tuvo ninguna injerencia
en la sentencia que se acusa.

Sin embargo, señaló que las consideraciones a las cuales arribó el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B en la sentencia
de 9 de septiembre de 2021, se ajustaron a las disposiciones que
regulan la situación de carácter pensional de la parte accionante, por
lo que solicitó que nieguen las pretensiones de la demanda.

5.2. La Nación – Ministerio de Educación Nacional, mediante el
jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva.

5.3. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección

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inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».2

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, con
la expedición de la providencia de 9 de septiembre de 2021, que
resolvió el medio de control radicado número 54001-23-33-000-
2013-00091-02, incurrió en un defecto sustantivo, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución y, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a
la administración de justicia y seguridad social, y de los

2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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principios constitucionales de derechos adquiridos con justo
título y seguridad jurídica de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el defecto sustantivo, iv) la decisión
sin motivación, v) el desconocimiento del precedente, vi) la violación
directa de la Constitución y vii) el caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de

3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la

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tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala de Subsección que la
pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si la parte accionada incurrió en la violación de los
derechos fundamentales ya señalados.

Así mismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; y se tiene, igualmente, que la interposición del
mecanismo se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por

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cuanto la providencia cuestionada se profirió el 9 de septiembre de
2021 y la acción de tutela se presentó el 9 de marzo de 2022.

No se trata de irregularidades procesales ni de una tutela contra
tutela.

3.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas
de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición»6.

4
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando
en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la
explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución»7.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que
se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la
acción de tutela resultaría improcedente8.

3.3. DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN

La jurisprudencia Constitucional9 ha señalado que la falta de
motivación de una providencia como causal de procedencia de una
tutela contra providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto
atacado carece de legitimación, debido a que el funcionario judicial
encargado de adoptar determinada decisión, incumplió su obligación
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan,

7
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
9
Sentencia C-590 de 2005

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lo cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce derechos
fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional 10 ha establecido
los criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió
un defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede
estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de
la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio
de autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá
cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y
«se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de
voluntad del juez, es decir en una arbitrariedad11».

Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional12 que cuando se
estipule que una providencia judicial incurrió en falta de motivación
debido a la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el
juez constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a
obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no
sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función
judicial que ostentan los administradores de justicia.

3.4. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de

10
Sentencia T-233 de 2007
11
Sentencia T-709 de 2010
12
Sentencia T-041 de 2018

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las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma13. En ese sentido, el
precedente judicial14 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento,
pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos
sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho15.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido16. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o
no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”17.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando «(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a

13
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
14
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
15
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
16
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación»18.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales19, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial20.

3.5. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
ha referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la

18
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas
por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso
concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
20
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales»21.

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una
disposición ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al
margen de los dictados de la Carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha
dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con
el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el
segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo
tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad» .
22

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede
tener una relación directa con otras causales especiales de
procedencia, como los defectos sustantivos o el desconocimiento del
precedente, la fuerza normativa de la constitución (art. 4°) implica
que esta sea reconocida como una causal independiente.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
la señora Teresa Sanguino de Quintero, mediante apoderado, en

21
Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
22
Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

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contra del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad
social, y de los principios constitucionales de derechos adquiridos con
justo título y seguridad jurídica, ocurrida con ocasión de la expedición
de la providencia de 9 de septiembre de 2021, proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
número 54001-23-33-000-2013-00091-02.

Previo a resolver, esta Sala de Subsección considera:

Pese a que la parte accionante alega la configuración de un defecto
sustantivo, una decisión sin motivación, un desconocimiento del
precedente y una violación directa de la Constitución, su
inconformidad se relaciona con la no aplicación de lo dispuesto en la
sentencia C-555 de 1994, proferida por la Corte Constitucional, sobre
el tiempo laborado como docente OPS para el reconocimiento de la
pensión de jubilación.

En ese sentido, la providencia de 9 de septiembre de 2021 se
fundamentó en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de
agosto de 2016, la cual se refiere al contrato realidad derivado de la
vinculación de docentes a través de contratos de prestación de
servicios estableciendo lo siguiente:

«En lo que se refiere a la vinculación de docentes a través de
contratos de prestación de servicios, sea lo primero advertir que el
artículo 2 del Decreto ley 2277 de 197940 define como docente a
quien ejerce la profesión de educador, es decir, "... el ejercicio de la
enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los
distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente incluye esta
definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección

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escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y
orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de
adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional, en los términos que determine el
reglamento ejecutivo”41.

Asimismo, les impone la citada normativa una serie de
obligaciones42 y prohibiciones43, entre las que se destacan:
(i) "Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus
superiores jerárquicos", (ii) "Cumplir la jornada laboral y dedicar la
totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su
cargo" y (iii) no "... abandonar o suspender sus labores
injustificadamente o sin autorización previa".

(…)

Ahora bien, en relación con las actividades y/o funciones de los
docentes temporales46 y docentes - empleados públicos, en el
parágrafo primero del artículo 6º de la Ley 60 de 199347 se dispuso un
régimen transitorio de seis años, con el objeto de incorporar
progresivamente a las plantas de personal a aquellos vinculados por
medio de contratos de prestación de servicios, precepto que alentaba
la disparidad entre dichos regímenes jurídicos y fue objeto de censura
constitucional en la sentencia C-555 de 199448 por infracción al
artículo 13 superior, ya que con la citada incorporación
progresiva49 de los "docentes-contratistas" se afianzaba su vocación
de permanencia sin discusión alguna y " ... la semejanza material de
su actividad respecto a la que desempeñan los demás maestros y
profesores", pues de mantenerse la norma, se permitiría una
desigualdad material.50 prohibida en la Constitución Política.

La Corte Constitucional, en las consideraciones del citado fallo,
sostuvo además que la aplicación del principio de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales,
de conformidad con "Las características asociadas a la celebración de
contratos administrativos de prestación de servicios con docentes
temporales, por las notas de permanencia y subordinación que cabe
conferir a la actividad personal que realizan, pueden servir de base
para extender a ésta la protección de las normas laborales».

En ese orden de ideas, la parte accionada indicó que la señora
Sanguino de Quintero goza del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en

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la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985 por lo que
debía acreditar i) 55 años de edad y ii) veinte años de tiempo de
servicio. Sin embargo, pese a que cumplía con el requisito de edad,
consideró que no se probó que la demandante se hubiera
desempeñado como docente para las entidades territoriales por medio
de contratos de prestación de servicios.

Al respecto, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación precisó que el legislador impuso la obligatoriedad de
realizar aportes parafiscales a pensión, a fin de que la entidad de
previsión obligada pueda pagar sin detrimento patrimonial las
prestaciones que por ley debe reconocer, entre ellas, las pensiones,
en consonancia con el principio de sostenibilidad financiera del
sistema y solidaridad, en razón de los aportes a los que aquellos están
obligados. Así, sostuvo:

«La Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 2019, señaló que el
contenido de la sostenibilidad financiera a la que se refiere el artículo
48 de la Constitución se materializa “con la aplicación de las reglas
que establece la misma disposición, en particular las relativas a la
obligación de realizar aportes, la correspondencia entre la
contribución al sistema y la liquidación de la mesada, el
establecimiento de topes pensionales, y la prohibición de establecer
regímenes especiales. (…) Además, la sostenibilidad exige que “para
el conjunto de población protegida por el mismo, se hayan definido las
fuentes de financiación de tales prestaciones y se cumplan los
requisitos de acceso establecidos por el legislador”. (Subrayado fuera
de texto)

Por su parte, en un caso análogo al presente, esta Subsección
manifestó lo siguiente23:

“(…) es improcedente el computo del tiempo en que la actora prestó
sus labores a través de órdenes de prestación u/o contratos al
Departamento de Norte de Santander y al Municipio de Villa del

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Expediente 54001-23-33-000-2012-00182-02
(4134-2016), con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Rosario (años 1988, 1990, 1991 y 1992), pues durante dicho periodo
no se evidencia aportes efectivamente cotizados a la seguridad social,
los cuales, como ya se dijo, tienen el carácter de parafiscales y son
obligatorios, aún antes de la expedición de la misma Ley 100 de 1993,
tanto para el empleador como para el empleado y para quienes han
suscrito un contrato con el Estado, sin que su pago quede al arbitrio
de quienes están en la obligación de efectuarlos, ni llegar a ser objeto
de negociación, acuerdo o conciliación. Una vez decretados por la ley,
estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo establecidos
(…)”».

En ese sentido, la discusión llevada a cabo por el juez de lo
contencioso administrativo no se centró en si el tiempo laborado como
docente vinculada bajo contrato de prestación de servicios debía o no
tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento pensional, sino
frente a si la señora Sanguino de Quintero logró acreditar haber
realizado cotizaciones durante el tiempo en que laboró bajo esa
modalidad. Lo cual no se probó en el plenario en virtud de lo
dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas
complementarias, que señalan que los contratistas están obligados a
realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Finalmente, en la sentencia acusada también se indicó que, a través
de Resolución núm. 510 de 2 de septiembre de 2013, a la parte
accionante ya se le reconoció pensión de jubilación, por lo que las
cotizaciones realizadas ya dieron lugar a la obtención del derecho a la
pensión. Sobre ello, precisó:

«Así las cosas, como quiera que la actora no realizó cotizaciones
durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios, los
tiempos laborados bajo dicha modalidad no pueden tenerse en cuenta
para efectos pensionales.

En síntesis, debe resaltarse que la actora en la actualidad supera los
20 años de servicios docentes y le fue reconocida una pensión de
jubilación docente mediante Resolución núm. 510 del 2 de septiembre
de 2013. En tal virtud, y como quiera que ya tiene derecho a la
pensión, mal puede considerarse el tiempo no cotizado para efecto del

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reconocimiento, pues lo cierto es que las cotizaciones efectivamente
realizadas ya dieron lugar al reconocimiento pensional, por lo cual
pierde objeto el proceso».

De conformidad con el análisis realizado, no encuentra esta Sala de
Subsección que se haya incurrido en ninguna de las causales de
procedibilidad alegadas, puesto que la sentencia de 9 de septiembre
de 2021 se fundamentó en la providencia de unificación de 25 de
agosto de 2016 y la discusión se centró en si la parte accionante
realizó las cotizaciones durante la ejecución de los contratos de
prestación de servicios y no si los tiempos laborados bajo dicha
modalidad pueden tenerse o no en cuenta para efectos pensionales.

Así las cosas, se advierte que las conclusiones a las que llegó la parte
accionada para resolver el caso no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, sino que se basaron en las normas jurídicas aplicables
al asunto y a lo que la jurisprudencia ha señalado para el caso
concreto. Por lo anterior, al no existir vulneración alguna de derechos
fundamentales, se negará lo pretendido por la señora Teresa Sanguino
de Quintero, mediante apoderado, en contra del Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección B.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la señora Teresa Sanguino de Quintero,

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mediante apoderado, en contra del Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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