Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01567-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01567-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01567-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01567-00
Actor: LEIDY TATIANA GARCÍA CABRERA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: RECONOCIMIENTO DE LA PRÁCTICA JURÍDICA – No existe vulneración de
derechos fundamentales - El término para resolver sobre la solicitud no había vencido
cuando se presentó la demanda de tutela.
Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, en relación con la demanda
de tutela instaurada por la señora Leidy Tatiana García Cabrera, de acuerdo con
el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 9 de marzo de 2022, la señora Leidy Tatiana García
Cabrera instauró demanda de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y de petición.
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó (se transcribe de forma literal, con
posibles errores incluidos):
PRIMERO: Se TUTELE a mi favor el derecho fundamental al trabajo y
petición.
Radicación: 110010315000202201567 00
Accionante: Leidy Tatiana García Cabrera
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENE al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - APLICATIVO REGISTRO NACIONAL
DE ABOGADOS, realice la validación de mi práctica jurídica y posterior
entrega de la resolución en mención en el término de 48 horas.
TERCERO: Se ORDENE el amparo de aquellos derechos fundamentales
no invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que usted, en
su función de guardián de la Constitución Política, pueda establecer como
violados, amenazados y/o vulnerados.
2. Los hechos que dieron lugar a la demanda de tutela
La accionante manifestó que el 1º de marzo de 2022 remitió a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitud de aval de su
práctica jurídica, pero a la fecha de presentación de la demanda de tutela no ha
recibido respuesta a su petición.
3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
3.1. Mediante auto del 16 de marzo de 2022, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la autoridad accionada.
3.2. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia señaló que, mediante la Resolución No. 3187
de 2022, se reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica a la señora Leidy
Tatiana García Cabrera, la cual le fue notificada mediante correo electrónico.
En ese sentido, sostuvo que no existe vulneración a los derechos de la aquí
demandante y solicitó que se negara la solicitud de amparo, al tratarse de un
hecho superado.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para
obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en los casos que señale la ley.
2
Radicación: 110010315000202201567 00
Accionante: Leidy Tatiana García Cabrera
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de
la Constitución Política, en virtud del cual toda persona tiene derecho a “(…)
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución (…)”.
Por su parte, la Corte Constitucional ha manifestado que el núcleo esencial del
derecho de petición se encuentra en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión planteada y, además, que la respuesta debe ser de fondo, clara, precisa,
de manera congruente con lo solicitado y comunicada al peticionario1.
En el caso bajo estudio, se alega que el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró los
derechos fundamentales de la señora Leidy Tatiana García Cabrera por no
expedir el acto de reconocimiento de la práctica jurídica, pese a que radicó la
solicitud el 1º de marzo de 2022.
Respecto de este tema, la Subsección2, reciente en pronunciamiento, estableció
lo siguiente –argumentos que se acogen en su integridad–:
… la Sala precisa que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la
Salud – OMS calificó el brote del coronavirus COVID-19 como una pandemia.
Por su parte, el Ministerio de Salud profirió la Resolución 385 del 12 de marzo
del 2020, mediante la cual declaró el estado de emergencia sanitaria en todo
el territorio nacional. Así mismo, el Gobierno Nacional, profirió el Decreto
Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
En consideración a lo anterior, el 28 de marzo del 2020, se expidió el Decreto
Legislativo 491, mediante el cual «se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación
de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica». El artículo 53 de este Decreto estableció que:
Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las
peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia
de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo
14 de la Ley 1437 de 2011, así:
1
Corte Constitucional, sentencia T-332 del 1º de junio de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: María Adriana Marín, sentencia del 4
de marzo de 2022, radicación número: 11001-03-15-000-2022-00825 00.
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Original de la cita: “En la sentencia C-242 de 2020, la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad condicionada de este artículo bajo el entendido que «la ampliación de términos que
contempla para solucionar las peticiones es extensible a los particulares que deben atender
solicitudes»”.
3
Radicación: 110010315000202201567 00
Accionante: Leidy Tatiana García Cabrera
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los (30) días
siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
(i)Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de
los veinte (20) días siguientes a su recepción.
(ii)Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta
y cinco (35) días siguientes a su recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,
antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando
los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble inicialmente
previsto en este artículo.
En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la
efectividad de otros derechos fundamentales.
(…)
La señora Daniela Alejandra Fonseca Llano considera que el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia vulneró su derecho fundamental de petición, por no
haber tramitado y resuelto la solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica
que presentó el 12 de enero de 2022.
De entrada, la Sala advierte que a la fecha de la presentación de la acción de
tutela no se había vencido el término para que la entidad accionada diera
respuesta a la aquí accionante.
En efecto, la solicitud de reconocimiento de práctica jurídica fue presentada,
vía correo electrónico, el 12 de enero del año en curso, mientras que la
solicitud de amparo se radicó el 1° de febrero siguiente, es decir, apenas 14
días después4. Dicho de otro modo: cuando la señora Fonseca Llano instauró
la acción de tutela ni siquiera había transcurrido el término de 15 días previsto
en la Ley 1755 de 2015, plazo que, como se vio, fue ampliado a 30 días por
disposición del artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020 y que cobija la
situación aquí examinada, por cuanto la petición de reconocimiento de la
práctica jurídica fue radicada durante la vigencia de la emergencia sanitaria5.
Con todo, conviene señalar que la autoridad demandada ya requirió a la
accionante a fin de que aportara una certificación necesaria para continuar
con el estudio de reconocimiento de la judicatura que realizó en la cárcel La
Modelo de Bogotá, lo cual desvirtúa cualquier conducta negligente respecto
del trámite impartido a la solicitud presentada el 12 de enero de 2022. Así, lo
procedente es que la demandante atienda cabalmente el requerimiento
efectuado por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia y, una vez se examinen los documentos aportados, pueda obtener el
aval de su práctica jurídica.
4
Original de la cita: “Los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de enero de 2022 no fueron hábiles”.
5
Original de la cita: “El estado de emergencia sanitaria ha sido prorrogado de manera sucesiva
mediante las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020; 222, 738, 1315 y 1913 de 2021, y 304 de
2022. Esta última prorrogó la emergencia hasta el 30 de abril de 2022”.
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Radicación: 110010315000202201567 00
Accionante: Leidy Tatiana García Cabrera
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
Bajo ese contexto, la Sala concluye que no se vulneró el derecho fundamental
de petición de la señora Daniela Alejandra Fonseca Llano y, por ende, negará
el amparo solicitado.
Con base en el anterior pronunciamiento, la Sala concluye que el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia no vulneró los derechos fundamentales de la señora García
Cabrera, toda vez que, cuando se radicó la demanda de tutela –9 de marzo de
2022–, aún no había vencido el término de 30 días con el que contaba la
autoridad para resolver la petición de reconocimiento de la práctica jurídica de la
mencionada señora –presentada el 1º de marzo de 2022–.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsección considera pertinente mencionar que,
como lo afirmó la entidad accionada en la contestación de la demanda de tutela,
mediante Resolución No. 3187 del 10 de marzo de 20226 –notificada por oficio de
la misma fecha–, se resolvió la petición de la tutelante en el sentido de
reconocerle su práctica jurídica y, por tanto, resultaría inocua la intervención del
juez constitucional.
En ese contexto, la Sala negará el amparo solicitado por la señora Leidy Tatiana
García Cabrera.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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En dicho acto se lee:
“ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar al
título de Abogado a LEIDY TATIANA GARCIA CABRERA, quién se identifica con cédula de
ciudadanía No. 1110589009, y acredita que egresó de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA - SEDE IBAGUÉ.
ARTÍCULO 2°: Notifíquese esta Resolución a la interesada de conformidad con el Decreto
Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición”.
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Radicación: 110010315000202201567 00
Accionante: Leidy Tatiana García Cabrera
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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