RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01568-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01568-00

Fecha
1 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01568-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01568-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1o.) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO SE INCURRIÓ EN
LOS DEFECTOS ADUCIDOS. EL TRIBUNAL EXPLICÓ DE FORMA
RAZONABLE LA DECISIÓN MEDIANTE LA CUAL NEGÓ EL
RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN AL ACTOR. COMO FUNDAMENTO
DE LAS PRETENSIONES SE INVOCA UNA SENTENCIA CON EFECTO
INTER PARTES POSTERIOR A LA PROVIDENCIA CUESTIONADA.
TRANSICIÓN RÉGIMEN PENSIONAL CUERPO DE CUSTODIA INPEC.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

SALA CUARTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE RISARALDA1.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ, actuando a través de

apoderado, instauró acción de tutela contra el TRIBUNAL con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, al

haber proferido la sentencia de 23 de septiembre de 2021, dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con el número único de radicación 50660013333005 2019 00055 01.

I.2.- Hechos

Señaló que prestó sus servicios como dragoneante en el INSTITUTO

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC2 entre el 30

de abril de 1997 y el 1o. de agosto de 2018, por un tiempo de 20

años, 11 meses y 16 días.

Mencionó que el 17 de mayo de 2018, solicitó a COLPENSIONES el

2
En adelante INPEC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

reconocimiento y pago de su pensión especial de jubilación, conforme

con el artículo 963 de la Ley 32 de 3 de febrero de 19864, petición

que fue denegada mediante resoluciones núms. SUB 264554 de 9 de

octubre, SUB 249265 de 20 de septiembre y DIR 19671 de 7 de

noviembre de dicha anualidad.

Agregó que en el año 2019 promovió el medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho, identificado con el número único de

radicación 50660013333005 2019 00055 00, con la finalidad de

discutir la legalidad de los referidos actos administrativos y obtener el

reconocimiento de su pensión de jubilación.

Expuso que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en

primera instancia al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE

PEREIRA5 que, mediante sentencia de 16 de octubre de 2020,

denegó las pretensiones al estimar que no le era aplicable la Ley 32

de 1986, en la medida que no cumplía con los requisitos establecidos

en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100

de 23 de diciembre de 19936 y 6 del Decreto 2090 de 26 de julio

3
“[…]Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio,
continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad […]”.
4
“Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.
5
En adelante el JUZGADO.
6
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

20037.

Explicó que interpuso el recurso de apelación respectivo ante el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 23 de septiembre de 2021,

confirmó la decisión recurrida con base en la misma posición.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la decisión cuestionada incurrió en los defectos

sustantivo y violación directa de la Constitución, por cuanto el

TRIBUNAL hizo una interpretación errada del parágrafo transitorio

5 del artículo 1º del Acto legislativo 01 de 20058.

Explicó que a “[…] partir del parágrafo 5 transitorio del acto

legislativo No 01 de 2005, el decreto 1950 de 2005 y la sentencia C-

651 de 2015; resultaba claro que, los miembros del Cuerpo de

Custodia y Vigilancia del INPEC, que ingresaron con antelación a la

expedición del decreto 2090 de 2003, tienen derecho al

reconocimiento de la pensión, en los términos del artículo 96 de la

7
“Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades”.
8
“Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

ley 32 de 1986 […]”.

Agregó que no es dable exigir a los miembros del cuerpo de custodia

del INPEC vinculados antes de la expedición del Decreto 2090 de

2003, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 36 de

la Ley 100 de 1993, para la aplicación de la Ley 32 de 1986.

Manifestó que a través de la sentencia T-012 de 21 de enero de 2022,

la Corte Constitucional hizo una interpretación sobre las normas que

regulan la pensión de los miembros del cuerpo de custodia del

INPEC, en particular, del parágrafo 5 transitorio del artículo 1º del

Acto legislativo 01 de 2005, lo que deja en evidencia el error del

TRIBUNAL e incluso el del Consejo de Estado al resolver este tipo

de asuntos.

Agregó que la sentencia T 012 de 2022, “[…] debe ser acatada por

todas las autoridades judiciales y administrativas, teniendo en cuenta

que; la misma corresponde a una interpretación del parágrafo 5

transitorio del acto legislativo 01 de 2005, interpretación que debe

prevalecer, ante cualquier otra interpretación que le sea contraria

[…]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

Expuso que, en ese orden de ideas, “[…] existen elementos

suficientes para revisar en sede de tutela, la tesis sostenida por el

Tribunal de Risaralda, en el sentido de que el señor JOSE

GIOVANNY MÉNDEZ debe cumplir con los requisitos de transición

del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y los del artículo 6 del decreto

2090 de 2003, para poder ser beneficiario de la ley 32 de 1986, tesis

bajo la cual se negó su derecho a la pensión de jubilación, por parte

de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales de,
ACCESO MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
IGUALDAD ANTE LA LEY Y DEBIDO PROCESO del señor JOSE
GIOVANNY MENDEZ.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin
efectos la sentencia del 23 de septiembre de 2021 proferida por
el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, proferida
bajo el radicado No 66001-33-33-005-2019-00055-01 (L-0023-
2021) y se ordene proferir en su lugar una nueva sentencia, de
conformidad con la interpretación de la Corte Constitucional, en
la sentencia T- 012-2022 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que en la providencia cuestionada dejó

“[…] plenamente establecidos los argumentos y consideraciones que

motivaron la decisión confirmatoria de la sentencia de primera

instancia, los cuales guardan correspondencia con la reiterada

jurisprudencia del Consejo de Estado y Corte Constitucional, en

especial de la interpretación constitucional de la sentencia C-651 de

2015, cumpliéndose así con la carga argumentativa que impone las

decisiones judiciales […].

Agregó que encontró que el Acto legislativo 01 de 2005, no dispuso

la derogatoria ni la modificación de los requisitos exigidos por el

artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, en materia de régimen de

transición, para gozar de los beneficios pensionales previstos en la

referida Ley 32 de 1986.

Manifestó que, en ese orden de ideas, para que los miembros del

cuerpo de custodia del INPEC preserven el régimen de transición,

deben haber cotizado 500 semanas para la fecha de entrada en

vigencia del Decreto 2090 de 2003 y cumplir con los requisitos del

artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

Precisó que dicha posición tiene fundamento en el criterio pacífico de

la SECCIÓN SEGUNDA del Consejo de Estado, así como el adoptado

en sede de tutela por otras secciones de esta Corporación.

Agregó que la sentencia T-012 de 2022 era posterior a la providencia

cuestionada, sin que, en todo caso, en esta se haya desatendido el

régimen pensional aplicable o se haya efectuado una interpretación

errónea del mismo.

Destacó que su decisión “[…] hace parte de los aspectos inherentes

a la autonomía e independencia funcional de los jueces los cuales

han sido ampliamente protegidos por la jurisprudencia de la Corte

Constitucional, la cual ha sostenido que prima facie, los debates

sobre la adecuada interpretación de un texto legal o reglamentario

no pueden dar origen a la acción de tutela contra una providencia

judicial […]”.

Concluyó que la acción de tutela de la referencia debe ser declarada

improcedente o denegada, en la medida que, a su juicio, no fue

acreditado que la providencia cuestionada haya incurrido en defecto

alguno.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

I.5.2.- COLPENSIONES, vinculada en calidad de tercera con interés

directo en las resultas del proceso, aseguró que efectuar un estudio

sobre el fondo del asunto y acceder a las pretensiones del actor,

implicaría desconocer la competencia y autonomía del juez ordinario,

“[…] en la medida que no se probó vulneración a derechos

fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga

viable proteger derecho alguno […]”.

Explicó que, en ese orden de ideas, la presente acción de tutela es

improcedente, en razón a que no es un mecanismo para volver a

discutir un asunto ya resuelto por el juez natural.

I.5.3.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir copia digital del

expediente ordinario del proceso origen de la controversia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia

judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20129

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-01328.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera
del texto)

En el presente asunto, el actor pretende que se deje sin efectos la

sentencia de 23 de septiembre de 2021, proferida por el

TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación

50660013333005 2019 00055 01.

A la providencia cuestionada el actor le atribuye la configuración de

los defecto sustantivo y violación directa a la Constitución,

porque, a su juicio, el TRIBUNAL dio una interpretación errada al

parágrafo 5 transitorio del artículo 1º del Acto legislativo 01 de 2005,

para efectos de la aplicación del régimen de transición pensional que

le correspondía.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

El disenso del actor radica en que al haber estado vinculado al INPEC

a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, conforme con la

norma aludida, en su criterio, le es aplicable el régimen previsto en

la Ley 32 de 1986, esto es, para que se le reconozca una pensión de

jubilación por haber prestado sus servicios durante 20 años.

Lo anterior, sin que, a su juicio, le sea exigible cumplir con los

requisitos previstos en el régimen de transición contenido en los

artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6 del Decreto 2090 de 2003.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL

accionado vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos

sustantivo y violación directa de la Constitución, al haber

proferido la sentencia de 23 de septiembre de 2021 aludida.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con

suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se

configuran los defectos que alega; contra la decisión cuestionada no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable10, la solicitud identifica los

hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se

trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la

Sala hará mención al marco jurídico general de los defectos

sustantivo y violación directa a la Constitución, para enseguida

resolver el fondo del asunto.

Del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional11 ha

precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial

aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la

que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría

10
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 200912, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional13 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

12
M.P Mauricio González Cuervo.
13
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados

por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

De la violación directa de la Constitución

Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela,

encuentra su sustento en el artículo 4° de la Constitución Política,

según el cual “[…] la Constitución es norma de normas. En todo caso

de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma

jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales […]”.

La referida Corporación Judicial14 ha señalado que este defecto se

estructura cuando una sentencia judicial desconoce o inaplica

determinados postulados del texto superior, bien sea porque los

omite por completo, los contradice, o les atribuye un alcance

insuficiente.

Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-490 de 13 de septiembre de 2016, M.P.: GABRIEL EDUARDO
14

MENDOZA MARTELO.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

En cuanto a la configuración de esta causal como requisito de

procedibilidad, la Corte15 ha sostenido que el juez ordinario

desconoce la Constitución Política cuando:

“[…]

(i) Deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto, es decir, cuando (a) en la solución del caso se deja
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata, y (c) el juez en sus
decisiones vulnera derechos fundamentales y no tiene en
cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución.

(ii) Aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
Hace referencia al deber de aplicar las normas
constitucionales con preferencia a las legales, mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.

[…]”.

Caso concreto

El actor, quien prestó sus servicios en el INPEC, reprocha el hecho

de que el TRIBUNAL no haya accedido al reconocimiento de su

pensión de jubilación en los términos de la Ley 32 de 1986, al exigirle

para tal efecto el cumplimiento de los requisitos previstos en los

artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6 del Decreto 2090 de 2003,

15
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-587 de 21 de septiembre de 2017, C.P.:
ALBERTO ROJAS RÍOS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

para la aplicación del régimen de transición.

La posición jurídica del actor está fundamentada en que, en su

criterio, al haber estado vinculado al INPEC antes de la entrada en

vigencia del Decreto 2090 de 2003, su pensión debía haber sido

reconocida conforme con la Ley 32 de 1986, de acuerdo con lo

señalado en el parágrafo 5 transitorio del artículo 1º del Acto

legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución

Política, así:

“[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO 5o. <Parágrafo
adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005.
El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de
2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto,
a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad
a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente
para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual
deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes […]”.

Ahora bien, en relación con la discusión planteada por el actor, en la

providencia cuestionada, el TRIBUNAL señaló:

“[…] en el presente asunto debe analizarse si el actor es
beneficiario, como funcionario del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC, del régimen pensional
especial contemplado en la Ley 32 de 1986; razón por la cual

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

examinará la Sala el régimen pensional de los servidores del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional del INPEC, a efectos de definir si, como lo aduce la
parte demandante, el actor es beneficiario de dicho régimen
especial; o si como lo dedujo la a quo no le es aplicable dicho
régimen anterior al demandante, por no acreditar los
requisitos de la transición establecida en el artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003, esto es, 500 semanas de cotización
para la fecha de entrada en vigencia del referido decreto y
adicionalmente los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100
de la 1993 (edad o tiempo de servicio) al 01 de abril de 1994.

[…]

8.5.1. Régimen pensional de los servidores del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional del INPEC.

El cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC es un organismo
integrado por personal uniformado, jerarquizado con régimen
y disciplina especiales, en atención a lo cual se expidió la Ley
32 del 3 de febrero de 1986 “Por la cual se adopta el Estatuto
Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”, que tuvo como
objeto regular el ingreso, la formación, la capacitación, los
ascensos, traslados y retiros del personal de custodia y
vigilancia penitenciaria nacional, su administración y el
régimen prestacional y pensional, organismo que se define
así:

[…]

Ahora bien, en los artículos 73 al 80 del citado estatuto se
estableció para el personal de custodia y vigilancia
penitenciaria nacional, un catálogo de prestaciones entre las
cuales se encuentra la prima de navidad, prima de
vacaciones, prima de servicio, prima de instalación, prima de
clima, prima de antigüedad, prima de vigilantes instructores
y prima extra carcelaria. Empero en cuanto al tema pensional,
el artículo 96 de la precitada ley reguló lo relativo a las
pensiones de los servidores del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria nacional, y señaló sobre el particular:

[…]

Esta norma estableció como requisito para la pensión, tan

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

solo acreditar 20 años de servicio, sin tener en cuenta la edad,
y guardó silencio en cuanto al IBL aplicable para establecer
su monto, no obstante, el artículo 114 señaló que “En los
aspectos no previstos en esta Ley o en sus decretos
reglamentarios, a los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, se les aplicarán las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales”.

[…]

La Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, dispuso que el
Gobierno Nacional debía determinar cuáles eran las
actividades de alto riesgo que requerían de tratamiento
especial respecto del número de semanas cotizadas y el
monto de la pensión. Por su parte, el artículo 140 catalogó la
actividad desarrollada por el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
del INPEC como de alto riesgo, dispuso que sería el Gobierno
Nacional quien debía expedir un régimen para este tipo de
servidores y lo circunscribió a una menor edad de
jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos.

[…]

La ley 797 de 2003 otorgó facultades al Gobierno Nacional
para la expedición de normas relacionadas con el régimen
legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto
riesgo, lo cual se materializó con la expedición del Decreto
2090 del 26 de julio 2003, el cual valga la pena resaltar en su
artículo 11 derogó el Decreto 407 de 1994 y además
estableció lo siguiente:

[…]

“ARTÍCULO 6o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> Quienes a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto hubieren
cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el
número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de
2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida
en las mismas condiciones establecidas en las normas
anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

establecen en el presente decreto cuando las personas se
encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales
aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797
de 2003.

Artículo 7º. Normas aplicables. En lo no previsto para las
pensiones especiales por el presente decreto, se aplican
las normas generales contenidas en la Ley 100 de 1993,
la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios”.
(Negrillas y subrayas de la Sala).

El artículo sexto transcrito previó un régimen de transición
según el cual, para aplicar por transición el régimen anterior,
esto es, el previsto en la Ley 32 de 1986 (que establece como
requisito para obtener la pensión, tan solo 20 años de
servicio), se requiere que el trabajador hubiese: i) cotizado
por lo menos 500 semanas antes del 28 de julio de
200310 y ii) acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Posteriormente el Decreto 1950 del 13 de junio de
2005, si bien dispuso que de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley
2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este
último decreto (28 de julio de 2003), a los miembros del
INPEC se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado
en el mismo decreto y que con anterioridad a dicha fecha, el
régimen hasta ese entonces vigente, esto es, el dispuesto por
la Ley 32 de 1986, lo cierto es que dicha normativa no derogó
el régimen de transición establecido en el Decreto 2090 de
2003, por lo que quienes se hubieren vinculado con
anterioridad y pretendan la aplicación del régimen anterior
establecido en la referida ley, deben cumplir con los requisitos
allí establecidos para beneficiarse de dicho régimen, sin que
en modo alguno pueda entenderse que con la expedición del
Decreto 1950 de 2005 perdió vigencia o fueron subrogados y
menos que desaparecieron las reglas sobre pensiones de alto
riesgo y presupuestos de la transición establecidos en el
Decreto 2090 de 2003.

Se reafirma la vigencia y rigor íntegro del régimen de alto
riesgo contemplado en el Decreto 2090 de 2003, cuando el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

Acto Legislativo 01 de 2005, en lo aquí relevante dispuso:

“…
"A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no
habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio
del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y
a lo establecido en los parágrafos del presente artículo".

"Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido
en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010;
excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen,
además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014".

"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas
cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen".

"Parágrafo transitorio 5o. De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia
de este último decreto, a los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional
se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en
el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha
fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente
para dichas personas por razón de los riesgos de su labor,
este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes". (Negrillas y subrayas fuera de texto
original).

Estima la Sala que el Acto Legislativo 01 de 2005 no dispuso
la derogatoria ni modificación de los requisitos exigidos por el
artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 en materia de régimen
de transición para gozar de los beneficios pensionales
consagrados en la referida Ley 32 de 1986, al contrario,
advirtió que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 y el mismo Decreto 2090 de 2003,
las personas ingresadas con anterioridad al 28 de julio de
2003 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090),

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

mantendrán el régimen de transición allí previsto, el cual
precisamente exige las 500 semanas cotizadas y
adicionalmente el cumplimiento de los presupuestos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (edad o semanas
cotizadas) al 01 de abril de 1994.

Sobre la necesidad de acreditar los requisitos de transición
exigidos por la Ley 100 de 1993 a los miembros del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha considerado:
“…Por lo tanto, para que el demandante se pensionara bajo
los derroteros de la Ley 32 de 1986, debía cumplir con los
requisitos de transición que estableció el Decreto 2090 de
2003, en cuanto a cotizaciones y, adicionalmente, acreditar
al 1º de abril de 1994, 40 o 35 años de edad según sea
hombre o mujer, o 15 años de servicios…”.

En igual sentido, la Sección Segunda de dicho alto tribunal, en
sentencias del 7 de noviembre de 2013 y 28 de octubre de
2016, luego de estudiar el contenido del Decreto Ley 2090 de
2003, concluyó que «para beneficiarse del régimen de transición
se requiere: i) acreditar para el 28 de julio del 2003 cuanto
menos 500 semanas de cotización especial, ii) completar con
el número mínimo exigido por la 797 del 2003, y
adicionalmente, iii) cumplir con los requisitos previstos en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De esta manera, expuso:

[…]

En sede de tutela, la Sección Cuarta de la referida
Corporación, en sentencia del 14 de junio de 2018,
encontró ajustada a derecho la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander en dicho sentido, esto
es, la necesidad de acreditar las condiciones descritas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quien pretendía el
reconocimiento de una pensión de jubilación con aplicación
del régimen especial previsto en los artículos 96 de la Ley 32
de 1986 y 168 del Decreto 407 de 1994, criterio ratificado por
la misma sección en fallo de tutela del 12 de agosto de
202120, en el cual se dejó sentando:

[…]

En sentido similar, la Corte Constitucional en la Sentencia C-

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

651 de 2015, invocada por el demandante como sustento de
sus pretensiones, consideró lo siguiente sobre los alcances del
Acto Legislativo número 01 de 2005 en relación con los
integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

[…]

Dicha sentencia de constitucionalidad, al analizar la
naturaleza del régimen pensional de las profesiones de alto
riesgo, consagrado en el Decreto 2090 de 2003, contrario a
como lo entiende la parte actora, consideró que la mentada
disposición no determinó un régimen especial de pensiones
sino que, por el contrario, estableció normas especiales para
la adquisición de la pensión de vejez por la actividad
desarrollada dentro del régimen general estatuido por la Ley
100 de 1993; y reiteró la exigencia de los requisitos del
régimen de transición del artículo 36 y los requeridos por el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 para gozar de la
aplicación de la Ley 32 de 1986; de tal manera que la
actividad de riesgo no se considera un régimen exceptuado
en relación con el sistema general de pensiones.

8.5.2. Derecho Pensional pretendido en el sub examine.

[…]

Siendo ello así, con fundamento en una interpretación integral
y mesurada de las normas aplicables al asunto sub examine
y con fundamento en las pautas trazadas en la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional antes
reseñadas, estima esta colegiatura judicial que, aunque el
actor acredite haber prestado 20 años de servicio para el
INPEC como dragoneante (desde el 30 de abril de 1997 hasta
el 01 de agosto de 2018), lo cierto es que éste no es
beneficiario del régimen pensional especial estatuido en la Ley
32 de 1986, por no reunir a plenitud los presupuestos de la
transición consagrada en el artículo 6 del Decreto 2090 de
2003, los cuales, como ha quedado anotado, se mantienen
incólumes y deben observarse incluso con ocasión de la
expedición del Decreto 1950 de 2005 y el parágrafo
transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005, ello por cuanto,
en primer lugar, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto
2090 (28 de julio de 2003) el demandante no contaba con el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

mínimo de semanas de cotización especial allí exigido (500)
en calidad de Dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario - INPEC, dado que ingresó a laborar para dicha
institución desde el 30 de abril de 1997, por lo que acumulaba
solo 314.16 semanas de cotización especial para la vigencia
del referido decreto.

Y, en segundo lugar, por cuanto tampoco acredita alguno de
los requisitos del régimen general, o bien edad (40 Hombre-
35 Mujeres) o años de servicio (15) al 1º de abril de 1994,
establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez
que en relación con la edad, si el actor nació el 28 de enero
de 1976, para el 1º de abril de 1994 contaba con solo 18 años,
y sobre el tiempo de servicio, de acuerdo el resumen de
semanas de cotización (fls. 22 y s.s.), solo empezó a registrar
aportes al sistema de seguridad social en pensiones o en su
defecto inició a prestar sus servicios laborales desde el 1 de
mayo de 1997, de tal forma que, al 01 de abril de 1994, el
demandante contaba con cero años de servicios; por lo cual
no acreditó tampoco el demandante alguno de los supuestos
(edad o años de servicio) establecidos en el referido artículo
36 de la Ley 100 de 1993 […]”. (Destacados dentro del texto)

De acuerdo con lo expuesto en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL no pasó desapercibido el texto del parágrafo 5 transitorio

del artículo 48 de la Constitución Política, sino que, por el contrario,

analizó dicha norma como parte del marco jurídico de las pensiones

de los empleados del INPEC, para concluir que conforme con este,

la jurisprudencia del Consejo de Estado y la sentencia C-651 de 2015,

los servidores que pretendan beneficiarse del régimen pensional

previsto en la Ley 32 de 1986, deben cumplir con los requisitos

especiales dispuestos en los artículos 6 del Decreto 2090 de 2003 y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

36 de la Ley 100 de 1993.

A partir de dicha conclusión general el TRIBUNAL estableció que en

la medida que al 1o. de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia

de la Ley 100 de 1993, el actor no tenía ni 40 años de edad ni 15

años de servicios prestados, no era beneficiario del régimen de

transición que permitiera la aplicación de la Ley 32 de 1986, además

porque a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, tampoco

había cotizado 500 semanas.

Al respecto la Sala advierte que en el presente caso no se configuran

los defectos sustantivo y violación directa de la constitución,

por cuanto la decisión de no acceder al reconocimiento de la pensión

de jubilación del actor, según lo fijado por el régimen especial de la

Ley 32 de 1986, fue razonable y estuvo soportada en las normas

aplicables y criterios jurisprudenciales relacionados con el tema.

En efecto, respecto de la obligatoriedad del cumplimiento de los

requisitos para la aplicación del régimen de transición previsto en el

Decreto 2090 de 2003, a efectos del reconocimiento de pensiones

conforme con la Ley 32 de 1986 y el alcance del parágrafo 5

transitorio del artículo 48 de la Constitución Política, en sentencia de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

10 de diciembre de 201816, esta Sala señaló:

“[…] 89. De lo anterior se colige que el Decreto 2090 de 2003
ofrece un trato especial para el reconocimiento de las pensiones
de vejez de alto riesgo, que consisten en: i) edad de 55 años
para pensionarse, la cual se puede disminuir 1 año por cada 60
semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas
requeridas en el Sistema General, sin que la edad pueda ser
menor a 50 años y ii) el monto de cotización para efectos de
adquirir estas pensiones, y dice que será "el previsto en la Ley
100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del
empleador, sin que, conforme el parágrafo 5.0 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y la interpretación desarrollada por la
Corte Constitucional en la citada sentencia, pueda equipararse a
la totalidad de un régimen especial o exceptuado, en la medida
que hace parte del régimen de prima media con prestación
definida de la Ley 100 de 1993.

90. Por tanto, como lo señaló el Tribunal accionado
cuando el Acto legislativo 01 de 2005 dispone que a
quienes se vincularon antes del 28 de julio de 2003 se les
aplica el régimen hasta ese entonces vigente por razón de
los riesgos de su labor, hace clara referencia a la
protección de las expectativas legítimas que ampara el
régimen de transición regulado en el artículo 6° del
Decreto Ley 2090 de 2003, que a su vez exige el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]”.

De igual forma, sobre el particular, en el contexto de un proceso

ordinario, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez,

en sentencia de 23 de octubre de 202017, la SECCIÓN SEGUNDA de

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2018, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03
1500020180352301.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección B-,
sentencia de 23 de octubre de 2003, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 47001-
23-33-000-2017-00025-01(4414-17).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

esta Corporación precisó:

“[…]62. En el sub judice se tiene que el actor inició labores en el
INPEC el 4 de abril de 1994, por lo que al 28 de julio de 2003,
fecha en la que entro a regir el Decreto 2090 de 2003,
únicamente acreditaba 486 semanas de cotización,
incumpliendo los supuestos de la norma para, en virtud del
régimen de transición del mencionado decreto, obtener el
derecho pensional bajo las disposiciones de la Ley 32 de 1986.

63. En este estado, para la Sala es importante recordar que lo
dispuesto en el parágrafo transitorio 5º del artículo 48 de la
Constitución Política, adicionado por el artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005, no desconoce lo dispuesto en el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 ni en el Decreto 2090 de 2003, por
lo que el régimen de transición establecido en este decreto
seguirá produciendo efectos para la aplicación de la Ley 32 de
1986 para el reconocimiento pensional, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes […]”.

Ahora bien, la Sala destaca que al margen de otras interpretaciones

que pueda haber sobre el marco jurídico de la transición prevista en

el régimen jurídico pensional de los miembros del cuerpo de custodia

del INPEC, lo cierto es que en la decisión cuestionada el TRIBUNAL

explicó de manera razonable cuáles eran las normas que regulaban

la reliquidación de la pensión del accionante y los motivos por los

cuales eran aplicables al caso concreto.

Al respecto, en un asunto como el que nos ocupa, en sentencia de

24 de julio de 202018, esta Sala señaló:

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de julio
de 2020, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-01951-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

“[…] Corolario de lo expuesto, la Sala estima que el aludido
defecto sustantivo no se configuró en la medida que la
autoridad judicial accionada explicó de manera razonable
cuáles eran las normas que regulaban la situación
pensional del accionante y los motivos por los cuales era
aplicable la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 proferida por esta Corporación.

Así las cosas, la Sala advierte que la acción de tutela no fue
instituida para impugnar o controvertir asuntos fallados en
derecho por los jueces de conocimiento de conformidad con su
autonomía y competencias constitucionales y legales, como si se
tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo
excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos de
manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales
adolezcan de los defectos que ha desarrollado la jurisprudencia
constitucional.

Lo señalado significa que no le corresponde al juez de tutela
entrar a debatir las decisiones a las que llegaron los jueces
ordinarios, pues ello está dentro de la autonomía funcional del
llamado a resolver el caso, por lo que la intervención del juez
constitucional se circunscribe a evitar el defecto que se le
endilgue a la providencia judicial cuestionada y como en este
caso no se acreditó, será denegado el amparo de los derechos
fundamentales invocados […]”. (Destacado fuera de texto)

Por otro lado, la Sala destaca que sobre el tema en cuestión no hay

sentencia de unificación, por lo que tampoco sería dable que a través

de la acción de tutela el juez constitucional entrara a imponer

determinada posición jurídica en detrimento de la autonomía del juez

natural.

Sobre este tema, en el marco de acciones de tutela, la SECCIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

SEGUNDA19 de esta Corporación ha indicado:

“[…] Finalmente, la Subsección estima ineludible
esclarecer que, a la fecha, como lo reconoce el señor
Gutiérrez Parra, no existe un precedente judicial en los
términos de la Ley 1437 de 2011 frente al régimen
especial de pensiones de los miembros del INPEC,
concretamente, en lo que se refiere a las transiciones
normativas definidas en los Decretos 407 de 1994 y 2090
de 2003, por lo cual a los jueces y tribunales corresponde,
en virtud del principio de independencia judicial, analizar
las particularidades de cada asunto, para adoptar la
decisión que mejor se ajuste a aquellas y a la
jurisprudencia existente, aspecto en el cual el juez
constitucional no puede intervenir, como lo pretende la
parte accionante.

[…]

De este modo, para la Subsección la interpretación del Tribunal
Administrativo del Risaralda, Sala Tercera de Decisión, resulta
razonable y se enmarca en el ejercicio autónomo e
independiente de su rol de juez, pues realizó un análisis
minucioso del régimen especial de pensiones de los servidores
del INPEC y definió las particularidades del caso, respecto al
momento de vinculación del señor Gutiérrez Parra y los
regímenes vigentes en esas fechas, lo cual le permitió concluir
que no había lugar a reconocer la pensión de jubilación, en los
términos previstos en la Ley 32 de 1986. En esa medida, no
puede afirmarse que el ad quem del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho desconoció los derechos que
asisten al accionante, pues adoptó la decisión ahora acusada con
fundamento en la interpretación que estimó era la correcta
respecto al régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de
la prestación [...]” (Destacado fuera de texto).

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, CP William
Hernández Gómez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03501-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

Por otro lado, en relación con la sentencia T-012 de 2022 invocada

como desconocida en los fundamentos de las pretensiones del actor,

la Sala advierte que, si bien dicha decisión pudo haberse adoptado

bajo la tesis jurídica que propone, no puede imponerse a la autoridad

judicial accionada en el presente caso porque es posterior a la

sentencia cuestionada.

En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión

contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o

arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las

fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las

particularidades de este.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del actor con

la decisión, no así la configuración de los defectos estudiados, por lo

que la Sala denegará el amparo solicitado, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 110010315000 2022 01568 00
Actor: JOSÉ GIOVANNY MÉNDEZ

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, conforme con lo

expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión de día 1o. de abril de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.