República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01585-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 01585 01
Demandante: Nohora Patricia Betancourt Castro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Prima de medio año
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 6 de mayo de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, declaró improcedente el amparo deprecado.
1. La acción de tutela
La señora Nohora Patricia Betancourt Castro a través de apoderado, promueve acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la
seguridad social.
1.1. Pretensiones
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 01585 01
Demandante: Nohora Patricia Betancourt Castro
En protección de los derechos reclamados, solicita:
PRIMERO: Comprobado como están los elementos axiológicos para la prosperidad de
la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D (sic)
de fecha 16 de febrero de 2022, mediante la cual CONFIRMÓ la sentencia emitida por
el JUZGADO 29 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ el 09 de junio de
2021 la cual NEGÓ las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente a la
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C a proferir sentencia de fondo
ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO reconocer y pagar
la prima de medio año establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 a la señora
NOHORA PATRICIA BETANCOURT CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía No.
51.819.870 expedida en Bogotá.
TERCERA: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficie al JUZGADO 29
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SECCIÓN SEGUNDA para que
allegue en su integralidad el expediente 11001 33 35 029 2020 00303 01, comoquiera
que ha sido devuelto del Tribunal al despacho de origen.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
i) A través de la Resolución 857 del 30 de enero de 2018, el Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio -FOMAG reconoció a la señora Nohora Betancourt Castro,
en su calidad de docente, pensión de jubilación, aclarando que no percibe pensión
gracia por haber sido vinculada con posterioridad al año 1980.
ii) En el año 2019, solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio el reajuste
de la pensión de jubilación con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima
de medio año conforme lo establece el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, entidad que
trasladó la petición a la Fiduciaria La Previsora S.A. por carecer de competencia para
resolver.
iii) El 16 de enero de 2020, por Resolución 20201070232651 la Fiduciaria La Previsora
S.A. le negó el reintegro y la suspensión de los descuentos en salud sobre las mesadas
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Demandante: Nohora Patricia Betancourt Castro
adicionales de cada anualidad y, a su vez, guardó silencio respecto del reconocimiento
de la prima de medio año.
iv) A través de apoderado radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el propósito de que declarara la nulidad de los actos administrativos
proferidos por el FOMAG y, se dispusiera, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento y pago de la prima de medio año.
v) El 9 de junio de 2021, el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá negó las pretensiones
de la demanda.
vi) El 16 de febrero de 20211 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A confirmó la providencia proferida por el juez a quo.
1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante
La señora Nohora Patricia Betancourt Castro aduce la vulneración sus derechos a la
igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad jurídica, pues las
decisiones objeto de escrutinio incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente, por cuanto al haber sido vinculada como docente con posterioridad al año
1980 y con anterioridad a la Ley 812 de 2003, es acreedora de la prima de medio año,
equivalente a una mesada adicional conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, la cual es completamente diferente de la mesada 14 establecida en
el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 -que exceptúa al personal docente-, razones que
la excluyen de las limitaciones contempladas en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Indicó que se desconocieron los fallos de tutela: i) del 21 de junio de 2018 proferido
por el Consejo de Estado-Sección Quinta, ii) del 24 de octubre de 2018 y iii) del 31 de
octubre de 2019 del Consejo de Estado-Sección Cuarta. Esgrimió además que la
sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de
1 El fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, anotó como
año en el que profirió la sentencia de segunda instancia 2021, sin embargo, debe entenderse que corresponde al
año 2022, pues el fallo proferido por el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá data del 9 de junio de 2021.
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2018, no le aplica a los educadores oficiales vinculados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio al no estar cobijados por el régimen de
transición, pues se encuentran exceptuados de su ámbito de aplicación, conforme al
artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
1.4. Actuación procesal
La tutela de la referencia, admitida por auto del 18 de marzo de 2022, ordenó notificar
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y al juez 29 Administrativo de Bogotá como demandados, y como
terceros interesados, a la Nación-Ministerio de Educación -Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMPREMAG y a la Fiduciaria La Previsora S. .A.
al haber actuado como demandados en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado núm. 11001 33 35 029 2020 00303 00 [01], para que
dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C,2 Samuel José Ramírez Poveda, ponente de la providencia
objeto de litis, al oponerse al amparo adujo que la providencia reprochada se ajustó a
las normas aplicables y al criterio jurisprudencial vigente, por lo que no se vulneraron
los derechos fundamentales alegados y no se configuran las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Añadió que se negó el
reconocimiento de la prestación reclamada, por no concurrir con los requisitos de ley
para acceder a la prima de medio año o mesada adicional.
1.5.2. El juez 29 administrativo de Bogotá,3 Enrique Arcos Alvear, adujo que la
protección de amparo deviene en improcedente por no ser un asunto de relevancia
constitucional, incumplir el requisito de inmediatez y no existir vulneración de los
2Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.
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derechos fundamentales alegados por la accionante, pues la sentencia se dictó de
conformidad con las normas vigentes y las pruebas aportadas al proceso.
1.5.3. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación,4 Luis
Gustavo Fierro Maya, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque la entidad no fue la responsable de la conducta que genera la vulneración de
los derechos alegados.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en fallo del 6 de mayo de 2022,
al declarar improcedente el amparo deprecado, señaló que no le corresponde al juez
de tutela revisar ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez natural del
asunto a los preceptos aplicados al resolver la controversia, y que la acción de amparo
no constituye una instancia adicional al proceso ordinario, ni un escenario para refutar
la valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte desfavorecida por
una decisión proponga una mejor solución al caso.
1.7. Impugnación
La accionante manifestó que el argumento de la improcedencia no era congruente con
la situación planteada en el libelo tutelar, pues la objeción formulada consiste en el no
reconocimiento de la prima de medio año establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de
1989 para los docentes y no en el de la mesada 14 prevista en el artículo 142 de la
Ley 100 de 1993, como lo señalan las providencias objeto de estudio.
Finalmente, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional reiteró la
vulneración de los derechos al debido proceso y al mínimo vital.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
4 Expediente digital de tutela.
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Esta Sala es competente para asumir el presente asunto de acuerdo con el numeral
5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333
de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, quebrantó los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante al proferir
la sentencia del 16 de febrero de 2021 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 029 2020 00303 01, que
confirmó la decisión del juez a quo en el sentido de negar el reconocimiento de la prima
de medio año contemplada en el numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91de 1985.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».
En cuanto al instrumento constitucional, la acción de tutela se caracteriza por tener un
procedimiento preferente y sumario, mientras que su ejercicio es subsidiario ante la
existencia de otros mecanismos judiciales de protección. Por ello, cuando el afectado
tiene a su alcance alguna de las acciones ordinarias, igualmente eficaces para la
protección de sus derechos fundamentales, y prescinde de ellas para beneficio de la
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de las características del amparo, la acción de tutela deberá de ser declarada
improcedente.
Así lo previó el legislador al momento de desarrollar el ejercicio de las de la acción de
tutela, por lo que el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 estableció
expresamente como causal de improcedencia de la tutela, el que existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 ha reiterado que el juez de
tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando
estrictamente el carácter subsidiario y residual de la acción, es decir, que la acción de
tutela únicamente es procedente cuándo dentro los diversos medios legales
existentes, ninguno de ellos resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho
fundamental invocado.
Ahora bien, frente a lo anterior, el numeral 1.° del artículo 6.° del decreto 2591 de 1991
presenta una excepción, y es que el amparo puede resultar procedente cuando, a
pesar de que el afectado disponga de otro medio de defensa judicial -idóneo- para
proteger su derecho, acude a la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, dicho perjuicio, lo ha establecido la
Corte,6 tendrá que ser probado, al menos sumariamente.
En efecto, para que el amparo proceda excepcionalmente cuando el accionante
dispone de otros mecanismos de defensa judicial, requiere que se pruebe la necesidad
de la intervención inmediata y urgente del juez constitucional para impedir la
configuración de un perjuicio irremediable, mientras el juez natural decide de fondo el
respectivo proceso ordinario. De no tenerse en cuenta estos parámetros, se
desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez
constitucional en contravía del sistema jurídico.
5 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 205, T-972 de 2006,
T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 2011, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras.
6 Al respecto, ver entre otras la sentencia T-440 de 2012.
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2.3.2. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela de la referencia
Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no esté siendo utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías
judiciales ordinarias, conforme a tales parámetros el caso objeto de estudio reviste
suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo
vital y a la seguridad social.
La Sala considera que el presente asunto satisface el requisito de subsidiariedad
debido a que se dirige contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que resolvió la apelación propuesta
contra la decisión adoptada en fallo del 9 de junio de 2021 por el Juzgado 29
Administrativo de Bogotá; en ese sentido, la parte accionante agotó todos los medios
ordinarios de defensa, es decir, que acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.
De igual modo, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, debido a que la
providencia acusada fue proferida el 16 de febrero de 2021,7 y notificada
electrónicamente el 21 de febrero de 2022,8 mientras que la acción de tutela de la
referencia fue radicada el 10 de marzo de 2022,9 es decir, dentro de los 6 meses que
han sido acogidos por esta corporación como término prudencial para recurrir al medio
de amparo constitucional.
Dentro de la solicitud de tutela se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos
fundamentales en la sentencia enjuiciada.
El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso ejecutivo.
7 Como quedó aclarado en el pie de página 1. de esta providencia, el fallo proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A si bien señaló como año el 2021, debe entenderse que el 2022.
8Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
9https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002022015850
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2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 30 de enero de 2018, la directora de Talento Humano de la Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá, le reconoció pensión de jubilación a la señora Nohora
Patricia Betancourt Castro.10
2.4.2. El 26 de noviembre de 2019, la señora Nohora Patricia Betancourt Castro radicó
petición ante la Fiduciaria La Previsora S. A., encaminada al reconocimiento de la prima
de medio año, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.11
2.4.3. El 16 de enero de 2020, la Fiduciaria La Previsora S. A. a través de Oficio
20201070232651, negó el reintegro de los descuentos en salud, así como la prima de
medio año.12
2.4.5. A través de apoderado radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
proferidos por el FOMAG y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el
reconocimiento y pago de la prima de medio año.13
2.4.6. El 9 de junio de 2021, el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda, sobre el particular expuso:
La señora NOHORA PATRICIA BETANCOURT CASTRO se vinculó como docente el 8 de
febrero de 1993, es decir, la demandante no fue vinculada antes del 1.° de enero de
1981, conforme se observa en la resolución 0857 del 30 de enero de 2018, a través de
la cual se reconoce la pensión de jubilación y donde realiza el recuento conforme
certificación expedida por el Profesional Especializado de la secretaría de Educación,
estableciendo su nombramiento por Resolución No. 202 del 1.° de febrero de 1993.
10 Folio 13 y vuelto cuaderno de anexos expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
11 Folio 16 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Folios 17 y 18 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Expediente digital original nulidad y restablecimiento del derecho.
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De igual modo, la demandante adquirió el estatus pensional el 2 de mayo de 2017, esto
es, después de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, hecho que de entrada
implica que solo puede percibir trece mesadas.
De la misma manera, la situación de la demandante tampoco se ajusta a la excepción
de la norma, toda vez que su mesada pensional para el año 2017, ascendía a $2.562.542
pesos, es decir, no era inferior a tres salarios mínimos, toda vez que, para cuando le fue
reconocida la pensión, el salario (años 2017) correspondía al valor de $737.717 pesos.
En consecuencia, no hay lugar al reconocimiento de la prima de medio año contemplada
en el numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
2.4.7. El 16 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, confirmó la providencia proferida por el juez a quo.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Cuestión previa
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, consideró que en el caso bajo
examen la acción de tutela es improcedente, en tanto al juez de tutela no le
corresponde revisar ni evaluar la interpretación y el alcance que el juez natural del
asunto le atribuya a los preceptos aplicados al resolver la controversia.
Esta Sala, contrario a lo señalado por el juez a quo de tutela y una vez efectuado el
análisis del libelo tutelar y el escrito de impugnación, evidencia que la señora
Betancourt Castro planteó un asunto de naturaleza constitucional susceptible de
implicar la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social, lo cual hace necesario realizar un estudio de fondo por
parte del juez de tutela con el fin de determinar si la providencia objeto de litis incurrió
en los defectos alegados.
De este modo, antes de proceder a estudiar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la accionante, la Sala avocará el análisis de la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que puso fin a la controversia en estudio.
Así las cosas, y establecido el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad del mecanismo de amparo, procede la Sala a estudiar el cargo
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endilgado a fin de determinar si se transgredieron los derechos fundamentales
invocados por la tutelante.
Al efecto, la Sala advierte que la acción de la referencia pretende que en esta sede se
ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
emitir una nueva sentencia que tenga por objeto el reconocimiento y pago de la prima
de medio año.
Con tal finalidad, la accionante fundamenta su reparo en la configuración de un
defecto sustantivo, pues en su criterio el Tribunal sustentó la providencia objeto de
estudio en disposiciones inaplicables al caso concreto, esto es, las relacionadas con
el reconocimiento y pago de la mesada 14 prevista en el artículo 142 de la Ley 100 de
1993 y no como correspondía, fundándose en el precepto contenido en el artículo 15
de la Ley 91 de 1989, que establece de manera exclusiva para los docentes, una prima
de medio año, razones que la excluyen de las limitaciones contempladas en el Acto
Legislativo 01 de 2005.
En el sub lite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que debía
confirmar el fallo proferido el 9 de junio de 2021 por el Juzgado 29 Administrativo de
Bogotá, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, luego de analizar los hechos y las pruebas jurídicamente relevantes
acreditadas en el proceso, conforme a los lineamientos planteados por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado14 y de la Corte Constitucional,15 en
materia de las mesadas adicionales y el régimen aplicable.
En primer lugar, examinó el régimen pensional de los docentes contemplado en la Ley
91 de 1989, señalando que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio continuaron bajo dicho régimen, incluso con la expedición de
la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 279 los excluyó expresamente del Sistema Integral
de Seguridad Social.
Así, a renglón seguido precisó que con la expedición de la Ley 812 del 2003 -vigente
14 Concepto del 22 de noviembre de 2007, expediente radicado núm . 1.857. 7
15 Corte Constitucional, sentencias C-409 de 1994, C-461 de 1995.
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a partir del 27 de junio del 2003-, se determinó que los docentes afiliados al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio antes de la entrada en vigencia de dicha
normatividad, continuarían siendo beneficiarios del régimen de excepción, mientras
que aquellos vinculados con posterioridad, se regularían por lo señalado en la Ley 100
de 1993.
En relación con el régimen legal de la mesada adicional, afirmó que la Corte
Constitucional en sentencia C-461 de 1995, amplió este beneficio a todos los
pensionados cobijados por la Ley 100 de 1993, y precisó que para los docentes, la
norma aplicable era el numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la cual prevé
el pago de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional, que es
asimilable a la mesada catorce de la Ley 100 de 1993.
Esta Sala, advierte que respecto de la asimilación de la prima de medio año con la
mesada catorce, la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación,16 atendiendo
el sentido y alcance de la sentencia C-461 de 1995, señaló:
Posteriormente, la Corte Constitucional en la sentencia C-461 de 1995, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, precisó que la finalidad de la mesada catorce es compensar la pérdida
de poder adquisitivo de las pensiones causada por la inflación. Así mismo, aclaró que
con los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la sentencia C-409 de 199417 se
extendió el beneficio de la mesada adicional a todos los pensionados cobijados por la
Ley 100 de 1993, y que en el caso de los docentes la norma aplicable es el numeral 2
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
[…]
Igualmente, resaltó que según el literal b) del citado numeral los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados, y todos los nombrados desde
el 1 de enero de 1990 tienen derecho a una sola pensión del 75% del salario mensual
promedio del último año, en consonancia con el régimen vigente para los pensionados
el sector público nacional, y que también percibirían una prima de medio año equivalente
a una mesada pensional.
En este orden de ideas, la Corte concluyó que los docentes "quienes son acreedores a
la pensión gracia y quienes fueron vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1981,
cuentan con un beneficio asimilable a la mesada adicional establecida en el artículo 142
de la Ley 100 de 1993". Agregando que "existe equivalencia entre "una mesada
16Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente radicado núm.
05001 23 31 000 2011 01551 01.
17 La sentencia en cita dispuso: “Declarar la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones "actuales "y"cuyas pensiones
se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1o.) de enero de 1988", contenidas en el inciso primero
del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, al igual que el inciso segundo de la misma disposición.”
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Demandante: Nohora Patricia Betancourt Castro
pensional" (monto de la prima de medio año de la Ley 91) y "30 días de pago de la
pensión" (monto de la mesada adicional de la Ley 100)".
[…]
En cuanto a la expedición de la Ley 238 de 1995 -que adicionó el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993-, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumentó que
conforme lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
«lo que se quiso fue aplicar a un grupo de pensionados unos beneficios del régimen
general, pero no planteó, ni se discutió, la modificación de los correspondientes
regímenes especiales. De este modo, se demuestra que con el parágrafo 4º del
artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se permite el reconocimiento de la mesada
adicional a los sectores de pensionados exceptuados de ese régimen general, pero
sin modificar sus propios regímenes especiales para incorporarla a ellos».
Precisó que con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, la mesada adicional
para el personal docente sólo resulta aplicable cuando: i) se cause su derecho
pensional con anterioridad al 31 de julio de 2011, y ii) perciban una pensión igual o
inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El Tribunal, tras precisar el contenido del inciso octavo y del parágrafo transitorio sexto
del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2015, evidenció que de conformidad con el
contenido de la Resolución 0857 del 30 de enero de 2018, a la demandante no le
asistía el derecho al reconocimiento de la mesada adicional, en tanto su estatus
pensional fue adquirido el 2 de mayo de 2017, es decir, con posterioridad a la entrada
en vigencia del mencionado acto reformatorio de la Constitución. Adicionalmente,
indicó que el monto reconocido fue superior al límite de los tres (3) salarios mínimos
establecidos, y al efecto señaló: «[e]s así como, se le reconoció la mesada en suma
de $2.562.542,oo y en ese año (2018), el salario mínimo mensual legal vigente se fijó
en $781.242 y tres salarios mínimos correspondían a la suma de $2.343.726. Ahora,
para el año 2017, se le reconoció una mesada por valor de $2.562.542 y para esa
anualidad el salario mínimo mensual vigente fue establecido en $737.717 y tres
salarios mínimos ascendían a la suma $2.213.151».
En ese orden de ideas, concluyó que en el caso de la señora Betancourt Castro no era
posible aplicar esta excepción, debido a que la mesada pensional se causó con
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Demandante: Nohora Patricia Betancourt Castro
posterioridad al 31 de julio de 2011 y supera el valor de tres salarios mínimos, por lo
que solo tiene derecho a percibir 13 mesadas pensionales al año.
Para la Sala la conclusión expuesta en precedencia tuvo como sustento una lectura
armónica de las disposiciones del citado acto reformatorio de la Constitución,
especialmente, lo fijado en el inciso 8º del artículo 1.º, el cual señala que «las personas
cuyo derecho de pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo
no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la
pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun
cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento».
Por todo lo anterior, esta Sala de Subsección considera que la providencia
controvertida, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, está suficientemente argumentada, en cuanto lo demandado
por la señora Nohora Betancourt Castro fue fallado conforme a la normativa vigente al
momento de la consolidación de su derecho, no se acreditó un trato discriminatorio ni
el desconocimiento de sus derechos fundamentales, lo que descarta la vulneración
alegada.
La accionante aduce que en el análisis del caso se desconocieron las sentencias de
tutela i) del 21 de junio de 2018 proferidas por el Consejo de Estado-Sección Quinta,
y ii) del 24 de octubre de 2018 y iii) 31 de octubre de 2019 del Consejo de Estado,
Sección Cuarta. Esgrimió además que la sentencia de unificación de la Sala Plena del
Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, es inaplicable a los educadores oficiales
vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al no estar
cobijados por el régimen de transición, pues se encuentran exceptuados de su ámbito
de aplicación, conforme al artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
Sobre el particular, la Sala ha venido señalando que para el análisis de la causal por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, resulta necesario que se trate de
una sentencia con carácter de unificación en términos de lo previsto en el artículo 270
del CPACA, o un conjunto de sentencias emitidas por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en sede de lo contencioso administrativo o por la Corte Constitucional
por vía de unificación o cuando se alleguen varias sentencias con efectos inter partes,
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en las que se hayan resuelto de forma uniforme asuntos con supuestos fácticos y
jurídicos iguales, eventos que no se cumplen en el sub examine.
La Sala evidencia que las providencias enunciadas como omitidas señalan la forma
como debe entenderse la aplicación del régimen general de pensiones de los docentes
vinculados al servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, que es
el contenido en la Ley 91 de 1989, que tal y como se evidenció en líneas precedentes
no fue desatendido.
Ahora bien, respecto de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida
por esta corporación, analizada la providencia objeto de litis, se observa que no fue
invocada para resolver el litigio puesto en consideración en sede contencioso
administrativa; se reitera que la razón por la cual le denegaron el reconocimiento y
pago de la prima de medio año fue porque no tenía el derecho.
En este estado de cosas, la Sala estima que la providencia proferida por la autoridad
judicial accionada no incurrió en una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere
los derechos fundamentales de la parte accionante, en tal virtud, se denegará el
amparo constitucional invocado por la accionante.
3. Conclusión
La Sala concluye que la providencia del 16 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, no vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la
seguridad social, al no acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que interpuso la accionante contra la Nación -Ministerio
de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FONPREMAG y la Fiduciaria La Previsora S. A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Demandante: Nohora Patricia Betancourt Castro
Falla:
Primero: Revocar la sentencia de 6 de mayo de 2022, que dictó el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela formulada por la señora Nohora Patricia Betancourt Castro, para en su lugar,
denegar el amparo conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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