Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01598-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01598-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01598-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01598-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
8 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
Demandado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del
requisito de subsidiariedad
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 19 de mayo de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 24 de
febrero de 2022, dentro del proceso del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 110010328000202000037-00
(Acumulado 110010328000202000036-00), vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, el 31 de enero de 2020, el señor Luis Anderson Larrota Alvarado,
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, presentó demandas
separadas identificadas con los números de radicación
110010328000202000036-00 y 1100010328000202000037-00, contra el Acuerdo
núm. 200-3-2-19-006 de 31 de diciembre de 2019, proferido por el Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – Corporinoquia,
mediante el cual se designó a la actora como Directora General Encargada de la
entidad. Precisó que, en las demandas mencionadas anteriormente se formularon
las siguientes pretensiones en común:
“[…] 1. Emitir sentencia de mérito en donde se declare que existe nulidad del
Acuerdo 200-3-2-10-006 del 31 de diciembre del año 2.019 […]”.
2. Condenar a la parte pasiva a pagar a favor del demandante las costas
generadas en el proceso […]”.
3.1. Manifestó que, como presupuestos fácticos de dichas demandas se señaló
que:
3
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
3.1.1. Mediante el Acuerdo núm. 200-3-2-19-005 de 30 de octubre de 2019, el
Consejo Directivo de Corporinoquia eligió como Directora General a Doris Bernal
Cárdenas, para el período 2020-2023.
3.1.2. Señaló que, contra el acto mencionado supra, se interpusieron tres
demandas ante el Consejo de Estado, en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, las cuales fueron tramitadas bajo los números de radicación:
110010328000201900061-00, 1100010328000201900062-00 y
1100103280002019-00089-00; primera frente a la cual, a través de auto de 12 de
diciembre de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda
y ordenó la suspensión provisional de los efectos de la elección cuestionada.
3.1.3. Sostuvo que, para ese momento, la señora Martha Jhoven Plazas Roa
venía desempeñándose como Directora General de Corporinoquia, periodo 2016-
2019, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2019, razón por la cual, ante
la inminente falta temporal que se produciría a partir del 1 de enero de 2020,
como consecuencia de la medida cautelar decretada, el Consejo Directivo de
Corporinoquia, en sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2019, solicitó asesoría
a la Oficina Jurídica sobre el procedimiento a seguir para suplirla y convocó a
sesión extraordinaria el 31 de diciembre siguiente para designar a un encargado.
3.1.4. Adujo que el jefe de la Oficina Jurídica, mediante Oficio núm. 120.11.19-
14549 de 23 de diciembre de 2019, conceptuó que ante la desvinculación de
quien fuera elegida como Directora General, a partir del 1.º de enero de 2020,
debería darse aplicación a lo previsto en los estatutos sobre su ausencia
temporal por orden judicial y, en esa medida, debería asumir sus funciones en
encargo el Secretario General o quien hiciera sus veces, mientras el Consejo
Directivo lo ratificaba o nombraba a un Director Encargado por el término que se
extendiera la vacante, quien tendría que pertenecer al nivel directivo o asesor de
la entidad y cumplir con los requisitos de ley para desempeñar ese empleo.
3.1.5. Indicó que, el 26 de diciembre de 2019, se reunió el Comité Directivo de
Corporinoquia, integrado por los funcionarios de ese rango dentro de la planta de
personal, quienes argumentaron que la potestad nominadora de aquella
colegiatura para realizar tal designación se activaba al hacerse efectiva la falta
4
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
temporal correspondiente y, por tanto, manifestaron por unanimidad que no
tenían intención de asumir el encargo que eventualmente se dispusiera antes del
1.º de enero de 2020, por lo que no autorizaron el envío de sus hojas de vida
para tal efecto hasta entonces.
3.1.6. Precisó que, también el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales
se unió a la posición expuesta supra, por lo que mediante Oficio núm. 111036-
2330 de 27 de diciembre de 2019, señaló que a partir de esa fecha el Consejo
Directivo tendría la competencia para realizar el encargo en cuestión, pues solo
hasta entonces se produciría la vacancia del Director General, por el final del
periodo de la señora Martha Jhoven Plazas Roa y la suspensión de los efectos
de la elección de la señora Doris Bernal Cárdenas, ordenada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
3.1.7. Expresó que, a pesar de tales circunstancias y del inminente final del
periodo de varios consejeros presentes, el Consejo Directivo de Corporinoquia,
en sesión extraordinaria de 31 de diciembre de 2019, expidió el Acuerdo núm.
200-3-2-19-006 de 2019, mediante el cual designó como Directora General
Encargada de la entidad a Dolia Jenny Gámez Cala, quien se desempeñaba
como Profesional Especializada, Código 2028, Grado 16, con derechos de
carrera, adscrita a la Subdirección de Planeación de la corporación, teniendo en
cuenta que los funcionarios del nivel directivo y asesor renunciaron expresamente
a ser nombrados como tal.
3.2. Indicó que, como fundamento de las demandas de nulidad electoral
presentadas por el señor Luis Anderson Larrota Alvarado, se señaló que el acto
demandado incurrió en las causales de nulidad de: i) falta de competencia “[…]
ratione temporis […]” y expedición irregular, en cuanto presuntamente el referido
órgano colegiado desconoció las condiciones y procedimientos internos para
proveer las faltas temporales en el cargo de Director General como consecuencia
de una decisión judicial, en este caso, del auto de 12 de diciembre de 2019,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso con
número de radicación 110010328000201900061-00; y ii) falta de requisitos para
ser designada como Directora General Encargada de Corporinoquia, teniendo en
cuenta que, al momento de su designación, la demandada desempeñaba el
5
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
empleo de profesional especializado y, en ese orden, no pertenecía al nivel
directivo o asesor de la planta de personal de la entidad, como lo exigen los
estatutos de la corporación.
Sentencia proferida en única instancia el 24 de febrero de 2022 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
110010328000202000037-00 (Acumulado 110010328000202000036-00)
4. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 24 de
febrero de 2022, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Acuerdo 200-3-2-19-006 del 31 de
diciembre de 2019, proferido por el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA, que
designó a la señora Dolia Jenny Gámez Cala como directora general encargada de
la entidad.
SEGUNDO: NEGAR la condena en costas deprecada por el demandante.
TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Sostenible […]”.
[…]
“[…] SEXTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso alguno […]”.
4.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
4.1.1. Frente a la norma que debía regir la designación de la actora como
Directoral General Encargada de Corporinoquia, manifestó que:
“[…] A continuación, la Sección abordará el estudio de tales cargos en forma
conjunta, al encontrar que existe una relación inescindible entre ellos, en la
medida en que se fundamentan en la infracción de las mismas normas, en
particular del artículo 25, numeral 11 de la Resolución No. 1367 del 21 de
septiembre de 2005, que consagra los estatutos de CORPORINOQUIA, en
concordancia con el artículo 3.9 del Reglamento Interno de su Consejo
Directivo, que básicamente lo reproduce, interpretado a la luz de las normas
constitucionales invocadas, según las consideraciones generales expuestas sobre
su contenido y alcance, así como de los elementos de juicio argumentativos y
probatorios aportados al plenario por los sujetos procesales […]”.
[…]
“[…] Bajo este panorama y luego de contrastar las diferentes posiciones
jurídicas en disputa sobre cuál es la norma rectora de la presente
6
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
designación, a la luz de las consideraciones generales expuestas, encuentra la
Sala que impera la contenida en el artículo 25.11, inciso segundo, de los
estatutos de CORPORINOQUIA, en consonancia con el artículo 3, numeral 9
del Reglamento Interno, por cuanto el inciso primero establece las reglas
generales a seguir para suplir las ausencias del director general de la entidad, por
las situaciones enlistadas en su artículo 37, entre otras; mientras que el segundo
fija las reglas especiales que rigen ante una de esas causales, en concreto, la
establecida en su numeral 9, esto es, «Por orden de decisión judicial o
disciplinaria».
Esta es la interpretación gramatical y sistemática, que se desprende tanto de su
enunciado normativo como de su lectura integral con las referidas disposiciones de
la Resolución No. 1367 de 2005 y la ley 99 de 1993, a partir de la cual se
desprende que ambos incisos tienen una relación de género-especie entre sí y, en
ese orden, se deduce que el fundamento fáctico del presente asunto se
subsume en el supuesto de hecho previsto en el segundo, por cuanto la
expresión «desvinculado temporalmente» debe ser entendida lato sensu,
para salvaguardar su efecto útil.
En este sentido, hay lugar a ratificar lo expuesto prima facie por esta Sala en el
auto del 23 de julio de 2020, proferido dentro de este mismo proceso, el cual
resolvió no reponer la providencia del 5 de marzo de 2020, que decretó la
suspensión provisional de los efectos del acuerdo impugnado, luego de precisar
que:
51. Ahora bien, la apoderada de la demandada aduce que en este caso no se
puede hablar de desvinculación formalmente, por cuanto la directora titular no logró
posesionarse en el empleo por la data en que se dio la suspensión de su
designación. Al respecto, se debe señalar que según el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, por desvincular se entiende:
1. tr. Anular el vínculo de una persona o cosa con otra.
52. Y, en este caso al ser una desvinculación temporal, se dejó sin efectos de
manera transitoria el acto electoral, razón por lo cual la titular del empleo no
se encuentra ejerciendo sus funciones, lo que materialmente se traduce en
una desvinculación transitoria que impone el nombramiento en encargo de
un director para que la entidad funcione normalmente.
Este es el alcance que se le debe dar a dicho aparte normativo que, en definitiva,
reglamenta de forma específica el procedimiento a seguir para suplir las
faltas temporales del director general de la entidad que son producto de una
decisión judicial o disciplinaria expedida antes o después de su posesión, es
decir, haya o no lugar a su consecuente remoción por parte del Consejo Directivo,
tal como sucedió en el caso sub judice en razón de la ausencia generada por la
suspensión provisional del acto de elección en ese cargo de la señora Doris Bernal
Cárdenas, periodo 2020-2023, decretada por auto del 12 de diciembre de 2019, el
cual fue dictado dentro del expediente No. 11001-03-28-000-2019-00061-00, antes
de que aquel produjera sus efectos […]”. (Resaltado por la Sala)
4.1.2. Por otra parte, en relación con la causal de nulidad por falta de
competencia del Consejo Directivo de Corporinoquia para designar a la Directora
General Encargada, expresó que:
7
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
“[…] descendiendo al núcleo fáctico y jurídico del caso, la Sección observa que la
referida potestad nominadora del Consejo Directivo de CORPORINOQUIA está
consagrada en sus estatutos a efectos de «elegir o remover al Director de la
Corporación» (artículo 25.8) y «designar encargado durante las ausencias del
Director General» (artículo 25.11, inciso primero), en concordancia con la
cláusula general de competencia que sobre la materia le reconoce el artículo 27,
literal j de la Ley 99 de 1993, al señalar como función de ese cuerpo colegiado
«Nombrar de acuerdo al artículo siguiente o remover de conformidad con los
estatutos, al Director General de la Corporación».
Por tanto, no hay lugar a establecer, por vía de interpretación, interrupciones o
suspensiones a su debido ejercicio, condicionándolo a un factor temporal que no
está previsto en la ley, como lo invoca la parte actora en su entendimiento del
inciso segundo del artículo 25, numeral 11 de la Resolución 1367 de 2015, el cual
resulta contrario a la naturaleza jurídica de este instituto procesal y del principio de
legalidad en que se funda, de acuerdo con las razones dogmáticas expuestas, en
la medida en que tendría como consecuencia someter su validez a límites
temporales implícitos, además de invertir la relación jerárquica entre las distintas
fuentes del derecho, en cuanto llevaría a desconocer que la autonomía reconocida
a estas corporaciones solo (sic) puede ser ejercida en el marco de la Constitución y
ley y, en ese orden, los estatutos de la entidad no pueden llegar a modificar las
competencias reconocidas a sus autoridades en la Ley 99 de 1993, en sus distintos
factores (objetivo, subjetivo, territorial, temporal, funcional y de conexión).
Otra cosa distinta es que su ejercicio pueda ser sometido, por vía reglamentaria, a
condiciones y reglas procedimentales, tal como sucede en el sub judice, cuando el
inciso en mención impone a la autoridad nominadora que, ante la ausencia
temporal del director general por orden judicial, debe asumir sus funciones el
secretario general de la entidad y, en ese orden, su competencia se manifiesta
posteriormente en la decisión de ratificarlo en el encargo o designar uno nuevo
entre el personal directivo o asesor de la entidad, lo cual no implica que sea
despojado transitoriamente de aquella sino que su ejercicio se activa con el
acaecimiento de dicha condición, tal como se explicará con mayor detalle en el
numeral siguiente.
A su vez, se debe señalar que el referido órgano colegiado se rige por los
principios de unidad e inescindibilidad en la toma de decisiones, por lo que no es
aceptable el razonamiento de la parte actora que pretende diferenciarlo
ontológicamente por períodos, como si se tratara de corporaciones separadas,
puesto que si bien la membresía de sus respectivos integrantes, en efecto, tiene
unos plazos predeterminados normativamente, el ejercicio de sus competencia y
cumplimiento de sus funciones es de carácter permanente, colectivo e institucional,
mas no personal.
Así las cosas, encuentra la Sala que este primer cargo de nulidad debe ser
desestimado porque la designación de la demandada como directora general
encargada se enmarca en la cláusula general de competencia que legalmente
ostenta el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA como autoridad nominadora de
ese cargo, la cual también ha sido reconocida y desarrollada estatutariamente […]”.
(Resaltado por la Sala)
4.1.3. Frente a la causal de nulidad por expedición irregular, la Sección Quinta
del Consejo de Estado consideró lo siguiente:
8
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
“[…] Sobre este punto, la Sección considera acertado el análisis que plantea la
parte activa, en cuanto, como se dejó explicado en el cuadro comparativo de los
incisos primero y segundo de dicha disposición, la consecuencia jurídica de la
«desvinculación temporal» del titular de dicho cargo, por orden judicial o
disciplinaria, era justamente que el secretario general asumiera como tal, en la
medida en que, como se señaló preliminarmente en el auto del 5 de marzo de 2020
«(…) tiene consolidada una situación legal y reglamentaria, es decir, tiene ya una
vinculación materializada legalmente a través de los indispensables 1) acto
administrativo de nombramiento y 2) acto de posesión. Por lo tanto, para asumir
temporalmente las funciones de director general no requiere una nueva
vinculación, puesto que no se trata de un cambio de puesto o cargo, sino, se repite,
del ejercicio de las funciones».
En consecuencia, la potestad nominadora del Consejo Directivo se expresaba en la
decisión de ratificarlo o designar un encargado, la cual se debió adoptar a
posteriori, mas (sic) no a priori, como sucedió en el presente asunto. De esta
manera, se comparte la conclusión a la que arribó la agente del Ministerio Público,
en su concepto, al sostener que:
La claridad de la norma aplicable al caso en estudio no le permite distinguir al
intérprete. La previsión de los Estatutos de CORPORINOQUIA es contundente
cuando señala que, si el Director General es desvinculado por decisión judicial
temporalmente del cargo, debe asumir sus funciones el secretario general o quien
haga sus veces, mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa el director
encargado.
(…) La norma no diferencia si se trata del designado que ya inició sus labores o
solo del elegido sin posesión en el cargo. Es determinante y cerrada en hablar de
director general de manera atemporal […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, la presente acusación está llamada a prosperar teniendo en
cuenta, además, que su incidencia en el resultado de la designación, en los
términos del artículo 288 del CPACA, resulta evidente, pues a la luz de lo dispuesto
en el artículo 25, numeral 11, inciso segundo de los estatutos, quien estaba
llamado a asumir las funciones de secretario (sic) general el 1 de enero de 2020
era el secretario general de la corporación, mas no cualquier otro funcionario de la
entidad […]”. (Resaltado por la Sala)
4.1.4. Finalmente, en lo que concierne a la irregularidad relacionada con que la
actora no reunía los requisitos de elegibilidad para ser designada Directora
General Encargada, la Sección Quinta expuso que:
“[…] Al respecto, encuentra la Sección que la verificación de la debida observancia
de las calidades de elegibilidad es un deber jurídico, mas no una facultad optativa,
para la autoridad nominadora, al punto que su incumplimiento acarrea la nulidad de
los actos electorales, como causal subjetiva, según el artículo 275.5 del CPACA,
al tiempo que podría configurar una falta disciplinaria, por incurrir en la prohibición
de «nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no
reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión
a sabiendas de tal situación» (artículo 35.18 de la Ley 734 de 2002 y 39.15 de la
Ley 1952 de 2019), en cuanto con ello se afecta la igualdad, transparencia y el
9
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
mérito en el acceso a la función pública y, en particular, a las altas dignidades del
Estado.
Por tanto, el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA debía tener presente, al
momento de proveer la falta temporal en cuestión, no solo el trámite especial
prescrito en el pluricitado inciso segundo del artículo 25.11, sino también que,
al tenor literal de esa misma disposición estatutaria, el encargo
correspondiente «solo podrá recaer en un funcionario del nivel Directivo o
Asesor de la Corporación» (a quien se le exigen también los requisitos para
desempeñar ese empleo, establecidos en el artículo 21 del Decreto 1768 de
1994 y 34 de los estatutos). En este sentido, es menester poner el énfasis en el
uso del adverbio «solo» dentro de aquel enunciado normativo, el cual equivale a
«únicamente» o «exclusivamente» y, entonces, tiene la función gramatical de
excluir las demás posibilidades, es decir, de imponer como única opción que la
designación del director general encargado se realice en cabeza de un servidor
que pertenezca a alguno de tales niveles dentro de la planta de personal de la
entidad, sin que haya lugar a excepciones.
En este orden, ninguna de las dos razones de tipo fáctico y jurídico, que invocaron
tanto la demandada, como la corporación y su Consejo Directivo para desconocer
esta exigencia que no era cumplida por la señora Dolia Jenny Gámez Cala resultan
admisibles porque no encuentran asidero en la norma jurídica que gobierna el caso
y además porque no existía la urgencia alegada para realizar la designación de
directora general encargada ese día, teniendo en cuenta que como ya se explicó
atrás, el procedimiento previsto en la referida disposición prevé que asumiera sus
funciones el secretario general de pleno derecho, precisamente para permitirle a la
autoridad nominadora tomarse el tiempo requerido para estudiar las hojas de vida
de los funcionarios elegibles y, así votar de manera informada y reflexiva para
adoptar tan importante decisión, como es la de elegir a quien asumiría en encargo
la cabeza de la entidad […]”.
[…]
“[…] Se evidencia entonces que, a pesar del dicho de las partes, todos ellos
pertenecen al nivel directivo, más no se relaciona a ninguno de los asesores de la
planta de personal de la entidad, por lo que no existe prueba de que ellos también
se negaran a ser nombrados como tal […]”.
[…]
“[…] Por último, en cuando a la aplicación de las normas generales que gobiernan
el encargo en la función pública y que sirvieron de fundamento jurídico al acto
acusado, en razón de la remisión normativa que contiene el artículo 2.2.8.4.1.22
del Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente, al señalar
que el régimen de los directores generales de las CAR es el «(…) previsto en la
Ley 99 de 1993, el presente Decreto y en lo que sea compatible con las
disposiciones aplicables a los servidores públicos del orden nacional», basta con
resaltar la condición impuesta por la misma disposición para tal efecto, esto es, «en
lo que sea compatible».
Al respecto, basta decir que aquella exigencia no se cumple en el caso de las
normas invocadas por la parte pasiva para acudir a la regulación de esa situación
administrativa dentro de la función pública, las cuales entran en tensión con el
requisito de elegibilidad sub examine, referido a que el encargo recaiga sobre un
funcionario perteneciente a los niveles directivo o asesor, llegando a configurar
inclusive una antinomia, la cual debe ser resuelta a favor del inciso segundo del
artículo 25.11 de los estatutos de CORPORINOQUIA, en virtud no solo del
10
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
principio de autonomía que le reconoce la Constitución y la ley a estos entes
corporativos sino también del principio hermenéutico de especialidad según el
cual cuando se plantea un conflicto entre una norma de carácter general y una
especial, se aplicará prevalentemente esta última.
Así las cosas, este tercer cargo de nulidad también será despachado
favorablemente, en cuanto se demostró que la señora Dolia Jenny Gámez Cala no
cumplió con los requisitos para ser designada como directora general encargada
de CORPORINOQUIA, en particular el de pertenecer al nivel directivo o asesor de
la corporación, y, en consecuencia, se declarará la nulidad del acto electoral
demandado […]”. (Resaltado por la Sala)
La solicitud de tutela
Pretensiones
5. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: DECLARAR que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – TRIBUNAL
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN QUINTA vulneró mis derechos fundamentales al acceso a la justicia,
seguridad jurídica y debido proceso, con ocasión a la expedición de la sentencia del
24 de febrero de 2022, dentro del proceso de nulidad electoral con radicado No. 0-
037 (acumulado 2020-036).
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del 24 de febrero de 2022, dentro del proceso de nulidad electoral con radicado No.
0-037 (acumulado 2020- 036)
TERCERA: ORDENAR al accionado, que como consecuencia de lo anterior
REVISE NUEVAMENTE la sentencia proferida 24 de febrero de 2022, dentro del
proceso de nulidad electoral con radicado No. 0-037 (acumulado 2020-036) […]”.
6. La actora señaló que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en
la causal de decisión sin motivación, la cual sustentó en los siguientes términos:
“[…] el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN QUINTA, incurrió en varios yerros que se enmarcan dentro del concepto
de DEFECTO ESPECÍFICO por haber proferido una DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN,
al momento de emitir la sentencia atacada, lo cual afecta su legalidad y a la vez
transgreden mis derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y debido proceso, las cuales son causa fundante de la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El error específico en mención, se demuestra de la siguiente manera.
El defecto por emitir una decisión sin motivación, al tenor de lo expuesto por la Sala
Plena de la Corte Constitucional a través de Sentencia de Unificación 195 de 2012
“implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
11
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional” y se fundamenta
fáctica y jurídicamente en lo siguiente […]”.
6.1. Para fundamentar la configuración de dicha causal, a continuación, la
actora desarrolló el defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas
jurídicas.
7. La Sala advierte que, si bien expresamente la actora alegó un defecto
fáctico, lo cierto es que los argumentos que expuso para tal fin se relacionan con la
interpretación que realizó la autoridad judicial demandada frente a la normatividad
aplicable al caso concreto en función de las circunstancias que rodearon el caso de
la actora, razón por la cual, la Sala considera que este se subsume en el defecto
sustantivo por interpretación irrazonable de unas normas jurídicas, en la
medida en que la actora al referirse al defecto fáctico cuestiona el alcance
hermenéutico que le dio la Sección Quinta de esta Corporación a las normas
invocadas por el demandante dentro del proceso ordinario. Como fundamento del
defecto sustantivo mencionado anteriormente, la actora manifestó que:
“[…] El accionado en su errónea apreciación, aplicó e interpretó de forma indebida
el artículo 37 de los estatutos de la Corporación, el artículo 2.2.8.4.1.22 del
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 122 de la Constitución Política de
Colombia, por los siguientes errores de hecho […]”.
[…]
“[…] artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, que establece en su
artículo segundo: “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben.” Y el artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 2015, establece en su
inciso segundo, que: “El director general de las corporaciones tomará posesión de
su cargo ante el presidente del consejo directivo de la corporación, previo el lleno
de los requisitos legales exigidos […]”.
[…]
“[…] El accionado en su errónea apreciación, aplicó e interpretó de forma indebida
el artículo 25, numeral 11, de los estatutos de la Corporación, por los
siguientes errores de hecho.
➢ No dio por demostrado, estándolo, que el Consejo Directivo de
CORPORINOQUIA tenía facultad para designar encargado durante las ausencias
del Director General.
➢ Dio por demostrado, sin estarlo, que el Secretario General debía asumir de
forma automática las funciones de Director General, hasta que el Consejo Directivo
decidiera si lo ratificaba o designaba un nuevo encargado.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
➢ No dio por demostrado, estándolo, que el presupuesto de hecho y la disposición
estatutaria aplicable, era la contenida en el artículo 25, numeral 11, inciso primero
de los estatutos de la Corporación […]”.
[…]
“[…] Al no haberse materializado la vinculación legal y reglamentaria de la
Ingeniera Doris Bernal Cárdenas, como se explicó en la sustentación del defecto
anterior, el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA se encontraba en la obligación
legal de ENCARGAR un Director General para que se hiciera cargo de la entidad, a
partir del 1° de enero de 2022, previo a que se produjera una vacancia definitiva
del empleo. Es decir, se encontraba en el presupuesto estatutario contenido en el
inciso primero del artículo 25, numeral 11, que establece: “11. Designar encargado
durante las ausencias del Director, entre el personal directivo de la Corporación. En
este evento, el Consejo Directivo, con la mayoría absoluta de sus miembros emitirá
su voto de la designación del encargado, previa verificación de que éste cumple
con los mismos requisitos exigidos para la ocupación del cargo de Director General
[…]”.
[…]
“[…] aplicó e interpretó de forma indebida la ley al considerar que la remisión legal
a la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, en lo que tiene que ver con el
encargo, no son aplicables a este caso, en virtud de la autonomía Constitucional y
legal a las Corporaciones Autónomas Regionales.
El accionado, no dio por demostrado, estándolo, que CORPORINOQUIA debía
acudir a las previsiones contenidas en el artículo 24 y 26 de la Ley 909 de 2004 y
el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 […]”.
[…]
“[…] Los estatutos corporativos de CORPORINOQUIA no cuentan con
reglamentación específica respecto del trámite a surtir para el encargo de un
empleo, por ende, ante la falta de regulación y por mandato de la ley, en lo que
sea compatible, las Corporaciones Autónomas Regionales deben aplicar las
disposiciones existentes en el ordenamiento jurídico para los servidores públicos
del orden nacional, tal como lo demanda el artículo 69 de los estatutos de la
Corporación […]”.
[…]
“[…] Valga la pena resaltar que, pese a su autonomía administrativa, las CAR sí
pertenecen al orden nacional, conforme se reseña en sentencia de
constitucionalidad C – 593 de 1995, así: “Las corporaciones autónomas regionales
son entidades administrativas del orden nacional […]”. (Resaltado por la Sala)
Actuación
8. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 15 de marzo de 2022; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado; iii) vinculó
como terceros con interés legítimo a los señores Luis Anderson Larrota Alvarado,
13
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
Diego Fernando Trujillo Marín, Gonzalo Ramos Rojas y Ricardo José Lozano
Picón, al Departamento del Casanare, a la Nación – Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a la Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquía –Consejo Directivo, concediéndoles el término de dos (2) días para que
rindieran informe sobre el particular; iv) ordenó publicar en la página web del
Consejo de Estado esta providencia para el conocimiento de todos los terceros
interesados; y v) ordenó notificar dicha providencia a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en calidad de interviniente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que “[…] se desestime
el petitorio de la señora Dolia Jenny Gámez Cala y, por tanto, se deniegue el
amparo deprecado […]”.
9.1. Al respecto, señaló que:
“[…] Esta Sala Electoral, en la providencia que se impugna por vía de amparo
constitucional, resolvió declarar la nulidad del Acuerdo 200-3-2-19-006 del 31 de
diciembre de 2019, expedido por el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA, que
designó a la entonces demandada, como directora general encargada, al encontrar
que estaba viciado por las causales de invalidez de expedición irregular (artículo
137 del CPACA) y falta de las calidades o requisitos de elegibilidad (artículo 275.5
ejusdem), a la vez que negó el cargo por falta de competencia.
Lo anterior, por considerar que existe una norma especial en los estatutos de la
entidad, el artículo 25, numeral 11, inciso segundo de la Resolución No. 1367 del
21 de septiembre de 2005, que prevé una regla específica para suplir las faltas
temporales de director general, producto de una decisión judicial o administrativa,
tal como sucedió en ese caso en el que la ausencia se configuró como
consecuencia del auto del 12 de diciembre de 2019, por el cual esta misma
Sección decretó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 200-3-2-19-
005 del 20 de octubre del mismo año, mediante el cual se eligió en aquel cargo a la
señora Doris Bernal Cárdenas, para el periodo 2020-2023.
La referida disposición prevé, por una parte, que una vez se genere la vacante
correspondiente, se debe observar el siguiente procedimiento para suplirla:
«asumirá sus funciones el Secretario General o quien haga sus veces, mientras el
Consejo Directivo lo ratifica o designa al Director encargado (…)», y por otra parte,
establece como requisito para tal efecto, que: «Esta designación solo (sic) podrá
recaer en un funcionario del nivel Directivo o Asesor de la Corporación». Sin
embargo, el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA, al ejercer su potestad
nominadora a través del acto electoral que fue anulado, nombró como directora
encargada a la señora Dolia Jenny Gámez Cala antes de que se produjera la falta
en ese empleo, evitando así que el secretario general asumiera sus funciones ipso
14
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
iure y sin que ella perteneciera a tales niveles jerárquicos dentro de la planta de
personal de la entidad, en cuanto se desempeñaba como profesional
especializado, código 2028, grado 16, adscrita a la Subdirección de Planeación
[…]”.
[…]
“[…] Al respecto, lo que se evidencia es que su análisis se limitó a equiparar tal
exigencia de procedibilidad del amparo constitucional contra sentencias, al aspecto
formal referido a que no se interponga con el propósito de revivir oportunidades
procesales perdidas (sic), pero dejó de lado la justificación de su elemento
material consistente en que no se emplee como una instancia adicional al
proceso ordinario, que es justamente lo que ahora pretende la señora Dolia
Jenny Gámez Cala, en cuanto las cuatro tesis citadas como fundamentos de la
presente acción se corresponden con estrictez a los argumentos que invocó
su abogado defensor dentro del trámite del medio de control de nulidad
electoral, tanto al contestar la demanda como en sus alegatos de conclusión, los
cuales fueron analizados a profundidad en la motivación de la decisión anulatoria.
En tal virtud, la Sala Electoral considera respetuosamente que aquí se está
utilizando la vía constitucional como medio de apelación del fallo ordinario en
un intento por modificar su naturaleza jurídica de única instancia […]”.
[…]
“[…] De esta manera, resulta oportuno reiterar que el fallo que se controvierte en
esta sede constitucional fue dictado en el marco de un proceso de nulidad electoral
de única instancia, de conformidad con el artículo 149, numeral 4 de la Ley 1437
de 2011, cuyas etapas fueron rigurosamente agotadas, en aplicación a la figura de
la sentencia anticipada, de conformidad con lo establecido en el artículo 13,
numeral 1º del Decreto Legislativo 806 de 2020, en concordancia con el artículo
182A, numeral 1º, literales a) y d) del CPACA, con la intervención activa de las
partes y el Ministerio Público, en ejercicio activo de su derecho de defensa y
contradicción, en consonancia con las normas adjetivas y sustantivas relevantes,
que fueron debidamente invocadas, interpretadas y aplicadas por la Sección
como juez electoral, según la jurisprudencia vigente, tratándose de una decisión
legítima constitucionalmente en la que no se demostró violación alguna del
debido proceso ni desconocimiento de normas superiores, que amerite la
intervención del juez de tutela […]”. (Resaltado del texto original)
10. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó su
desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
10.1. Señaló que:
“[…] Al respecto, es menester señalar que los cuestionamientos en sede
constitucional se orientan al amparo de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica y debido proceso, los cuales según el
(sic) accionantes se vulneraron con la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, de fecha 24 de febrero de 2022, dentro del proceso de
nulidad electoral con radicado No. 11001-03- 28-000-2020-00037-00 (acumulado).
Así las cosas, el escenario donde fueron valoradas las anteriores circunstancias es
eminentemente jurisdiccional, cuya función es ajena a las competencias de la
Entidad que represento. Por ello, al minambiente (sic) no le asiste la
15
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
responsabilidad de proteger los derechos invocados por la accionante, toda vez
que no fungió como juez natural dentro del referido proceso electoral […]”.
11. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia
manifestó que “[…] mi representada se atiene a lo probado y decido por el
concejero (sic) que conoce el presente asunto […]”.
12. Luis Anderson Larrota Alvarado, Diego Fernando Trujillo Marín, Gonzalo
Ramos Rojas, Ricardo José Lozano Picón y el Departamento de Casanare
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 19 de
mayo de 2022, resolvió:
“[…] 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la señora Dolia
Jenny Gámez Cala contra la Sección Quinta del Consejo de Estado […]”.
13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] De manera general, las inconformidades de la parte actora tienen que ver con
la presunta aplicación errónea e indebida interpretación de: (i) el artículo 37 de los
estatutos de la Corporación, el artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 2015 y el
artículo 122 de la Constitución Política de Colombia; (ii) del numeral 11 del artículo
25, de los estatutos de la Corporación; (iii) de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083
de 2015 y, (iv) de las normas de carrera administrativa, por considerar que una
empleada del nivel profesional no podía ser encargada en el empleo de Director
General.
Al respecto, la Sala destaca los cargos planteados por la parte actora en el escrito
de tutela, fueron expuestos en el trámite del proceso electoral y resueltos por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, como se pasa a evidenciar […]”.
[…]
“[…] Sin embargo, todas estas circunstancias fueron objeto de amplio análisis por
parte de la autoridad judicial demandada, para lo cual, la Sección Quinta del
Consejo de Estado se ocupó de explicar que la desvinculación de la señora Doris
Bernal Cárdenas, en virtud de la medida cautelar, se trató de una desvinculación
transitoria o temporal y que, en esa medida, la norma que resultaba aplicable para
suplir dicha falta, era la prevista en el inciso 2 del numeral 11 del artículo 25 de los
estatutos de Corporinoquia […]”.
[…]
16
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
“[…] Quiere decir lo anterior que, pese a que la parte accionante insiste en el
argumento, según el cual, la falta de director general de Corporinoquía es de
carácter permanente, del análisis que desplegó la autoridad judicial demandada, de
acuerdo con las circunstancias fácticas del caso objeto de estudio y con el
precedente judicial de la misma Sala de Decisión -en condición de máximo órgano
en materia electoral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo-, es que fue
posible determinar que la ausencia de director general es de carácter temporal,
circunstancia que condujo a que determinara que la norma que resultaba aplicable,
para efecto de nombrar el director en encargo, era el inciso 2 del numeral 11 del
artículo 25 de los estatutos y no el inciso 1 de dicha norma, como lo sostiene la
actora.
Sin que los alegatos expuestos por la parte actora en el escrito de tutela expongan
verdaderos argumentos capaces de desvirtuar la interpretación que llevó a cabo el
juez natural de conocimiento o que pongan en evidencia una interpretación
contraevidente de las normas analizadas y finalmente aplicadas para resolver el
caso objeto de estudio […]”.
[…]
“[…] Luego, no se advierte la vulneración de derechos fundamentales a la actora
por parte de la autoridad judicial demandada, la decisión cuestionada fue el
resultado del análisis e interpretación de las normas aplicables al caso, de
conformidad con los elementos materiales que fueron allegados al proceso
electoral, con fundamento en el cual concluyó, de un lado, que se trató de la
ausencia temporal del director general, por lo que, el Consejo Directivo de
Corporinoquia actuó con falta de competencia al nombrar a la señora Gámez Cala
como directora general encargada y, del otro, que, en definitiva la aquí accionante
no cumplía los requisitos para ocupar dicho cargo.
Por lo tanto, la Sala encuentra que la decisión cuestionada fue debidamente
motivada y sustentada, la cual, en todo caso, resulta razonable y ajustado a
derecho, de conformidad con las circunstancias específicas del caso concreto,
distinto es que la parte actora no se encuentre de acuerdo con las conclusiones a
las que llegó el juez natural de conocimiento, porque no coinciden con sus
intereses.
En suma, la decisión de declarar la nulidad de la elección de la señora Dolia Jenny
Gámez Cala como directora general encargada de Corporinoquia resultó ser una
decisión precedida de los requisitos legales y, además, razonable a la luz del
ordenamiento jurídico vigente […]”.
La impugnación
14. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado al considerar lo siguiente:
“[…] El primer motivo de inconformidad tiene que ver con la forma en que la
Corporación fija el problema jurídico dentro de este asunto, al señalar que el
defecto a estudiarse dentro del trámite constitucional no sería el “defecto por
decisión sin motivación” sino el denominado “defecto material o sustantivo” bajo el
entendido que en el escrito de tutela se exponen argumentos encaminados a
cuestionar la indebida aplicación e interpretación de normas y disposiciones
estatutarias de Corporinoquia […]”.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
[…]
“[…] Frente a esta última, en sentencia T 041 de 2018 se hace un análisis del
concepto, entendiendo que en el pasado este error se enmarcaba dentro del
defecto sustantivo o material, pero que, con independencia de este, la causal
alegada por la suscrita se produce porque las decisiones del juez no se encuentran
plenamente sustentada (sic) en el marco jurídico aplicable.
Así las cosas, lo que se reprocha de la sentencia proferida el 24 de febrero de
2022, en la que se declara la nulidad del Acuerdo No. 200.3.2.19.006 del 31 de
diciembre de 2019, emanado del Consejo Directivo de CORPORINOQUIA, es que
se realice por parte de la Corporación, el desapego de la normatividad aplicable,
pese a que se acreditaron fáctica y probatoriamente, las normas que en su
momento gobernaron el proceso de encargo por vacancia definitiva del empleo de
Director General de CORPORINOQUIA, a partir del 1 de enero de 2020, por cuanto
con el decreto de la medida provisional de suspensión de los efectos del acto
electoral de la Ingeniera Bernal Cárdenas como Directora de CORPORINOQUIA,
es decir, el Acuerdo No. 200-3-2-19-005 del 30 de octubre de 2019, ella no tomó
posesión del cargo, es decir, no ha sido desvinculada temporalmente del mismo,
que es el presupuesto de hecho que contemplaban los estatutos de la entidad.
Debo insistir entonces en que este juicio valorativo no corresponde a una
interpretación armónica de la Constitución y la Ley; por cuanto al interpretar de
forma consonante con la previsión contenida en el artículo 122 del texto superior,
de cuyo tenor literal se desprende que, para ser empleado público se requiere,
además de la elección o nombramiento, prestar juramento y tomar posesión […]”.
[…]
“[…] Se itera entonces que, la expresión “desvinculado temporalmente” no aplica
lato sensu, porque como se demostró en el proceso con las pruebas aportadas, se
insistió en las estrategias de defensa de los accionados y se explica nuevamente a
través de este medio constitucional, los estatutos de la Corporación regulan el
evento en que se produce la ausencia del titular del empleo de Director General, lo
que conllevó a que se aplicaran de forma indebida los estatutos de la Corporación
al decidir el objeto bajo estudio […]”.
[…]
“[…] obligaban a la entidad a dar cumplimiento a la remisión legal a la Ley 909 de
2004 y el Decreto 1083 de 2015, en lo que tiene que ver con el encargo, reitero,
porque no existía norma específica aplicable para este presupuesto de hecho […]”.
[…]
“[…] Pretender, entonces, equiparar la desvinculación temporal a una ausencia del
empleo, para aplicar la consecuencia jurídica establecida en el inciso 2° del
numeral 11 del artículo 25 de los estatutos de la Corporación, es realizar una
interpretación que desconoce la regulación expresa de los estatutos de la
Corporación, al disponer de otra alternativa a adoptar, en otro tipo de ausencias,
que se encuentra contenida en el inciso 1° ibídem […]”.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”.
20. La Sala advierte que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la
causa por pasiva.
21. Al respecto, es preciso indicar que, revisado el expediente del proceso
ordinario, se advierte que, frente a dicho Ministerio, la Sección Quinta del Consejo
de Estado manifestó que “[…] basta señalar que: (i) el titular de esa cartera no
expidió ni participó en el acto de designación de la demandada, como Directora
General (E) de CORPORINOQUIA y, en consecuencia, (ii) ni en el auto admisorio
del 5 de marzo de 2020, expediente 2020-00037-00, ni en el del 23 de julio del
mismo año, expediente 2020-00036-00, se ordenó su vinculación al proceso […]
En ese orden, se negará su pedido comoquiera que no fue llamado a comparecer
en esta causa […]”, es decir que, a dicha entidad no le asiste interés en el
resultado del proceso de la referencia.
22. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible no le asiste interés en la decisión de tutela que
esta Sala profiera.
23. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada respecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Problema jurídico
24. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 24 de febrero de
2022, dentro del proceso del medio de control de nulidad electoral identificado con
el número único de radicación 110010328000202000037-00 (Acumulado
21
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
110010328000202000036-00), incurrió en un defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de normas jurídicas, lo que trajo como
consecuencia que declarara la nulidad del Acuerdo núm. 200-3-2-19-006 de 31 de
diciembre de 2019, proferido por el Consejo Directivo de Corporinoquia, mediante
el cual se designó a la actora como Directora General Encargada de la entidad.
25. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo
por interpretación irrazonable de normas jurídicas; v) la decisión sin motivación;
vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia; viii) análisis del caso concreto, y finalmente ix) las
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
26. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
27. Esta Sección8 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
28. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la
relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa
judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se
trate de tutela contra tutela.
29. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.
30. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento
del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
9
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos
parámetros.
32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de
la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela en el caso concreto
34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
35. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedibilidad, así:
35.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia
constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
35.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
10
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
24
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) la actora cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, en un defecto
sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas y en la causal de
decisión sin motivación.
35.3. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales12, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de la actora, que realmente el operador judicial profirió
una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
35.4. Cumplió con el principio de inmediatez13.
35.5. La Sala advierte que, frente al defecto sustantivo por interpretación
irrazonable de unas normas jurídicas, no existen medios ordinarios y/o
extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la actora
pueda lograr la protección de los derechos invocados. Sin embargo, en lo que
concierne a la causal de proferir una decisión sin motivación, esta Sección
considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la
actora contaba con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, esto es el recurso
extraordinario de revisión14.
12
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
13
Puesto que el mensaje de datos para notificar personalmente la sentencia de 24 de febrero de 2022
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se envió el 25 de febrero de 2022, mientras que la
tutela se interpuso el 10 de marzo de 2022, es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses
después de notificada la providencia cuestionada.
14
Frente al cargo de decisión sin motivación, ha señalado esta Sala que procede el recurso de extraordinario
de revisión, Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3
25
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
35.5.1. En efecto, esta Corporación15 se pronunció en relación con la causal
de nulidad originada en la sentencia, como causal de procedencia del recurso
extraordinario de revisión, en los siguientes términos:
“[…] El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio
grave o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta
Corporación ha identificado los siguientes defectos como causantes de
nulidad en la sentencia16 […]”.
[…]
“[…] Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso
[…]”. (Resaltado por la Sala)
35.5.2. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos
de control judicial para garantizar la protección de los derechos fundamentales de
la actora, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento
de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto a
la causal de decisión sin motivación, antes de acudir a la acción de tutela. En esa
medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela como se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
35.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es
necesario hacer un análisis de este requisito;
35.7. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
35.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
de abril del 2020, número único de radicación: 11001 03 15 000 2020 00579 00. C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia
del 5 de abril del 2016, número único de radicación: 11001 03 15 000 2008 00320 00. C.P. Danilo Rojas
Betancourt.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad.
REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de
sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
26
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma jurídica
36. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura
una vía de hecho por defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma
adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad
jurídica. 17
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente18 o porque ha sido derogada19, es inexistente20,
inexequible21 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador22.
b. No se hace una interpretación razonable de la norma23.
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes24.
d. La disposición aplicada es regresiva25 o contraria a la Constitución26.
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición27.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma28.
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”.
17
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743
de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de
enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy
Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con
ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
19
Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
20
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
21
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
22
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23
Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24
Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera
Carbonell.
25
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
26
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
28
Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
27
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
37. Como se puede evidenciar uno de los defectos sustantivos en que puede
incurrir un juez es la interpretación irrazonable de la norma jurídica aplicable al
caso concreto que se realiza de manera arbitraria vulnerando los postulados
constitucionales y por consiguiente los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
38. Frente al alcance de la interpretación irrazonable de las normas jurídicas la
Corte Constitucional ha dicho:
“[…] Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de procedencia
de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que ver con que la
interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial que, en el marco
del Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces de injerencias
indebidas en su labor de resolver las controversias jurídicas que se sometan a su
conocimiento a partir de la interpretación que estimen más ajustada al
ordenamiento jurídico y a los criterios auxiliares de la actividad judicial: la
equidad, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.29
La independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de
interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo, absolutas30. El
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso
a la administración de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y
autoridades públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores31 y
justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los preceptos
de la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable.
17. El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones
derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone,
entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el
principio de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un
precepto que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se
encuentra la Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y
coherencia al ordenamiento jurídico.32
29
Constitución Política, Artículo 230.
30
Corte Constitucional, Sentencias T-1031 de 27 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
y T-1001 de 18 de septiembre de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
31
Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone
concebir la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales,
los principios y los fines del estado (parte dogmática).
32
Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de 26 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett indicó que “Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los
derechos y libertades individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo
a la realidad social, entonces puede afirmarse que, respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una
dimensión hermenéutica de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus
funciones deben realizar varios ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas
sobre las cuales habrán de decidir. Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el
reconocimiento (en el artículo 4 Superior) del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de
28
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
Bajo tales supuestos, esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos
dos circunstancias: i) cuando le otorga a una disposición jurídica un sentido y
alcance que no tiene, es decir, que la interpreta de forma contraevidente, o ii)
cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en
principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece,
pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados.
18. La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto
sustantivo por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva
interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo
que ofrece la disposición aplicable al caso, en contravía del principio de legalidad.
Sin embargo, el defecto sustantivo no se presenta ante cualquier discrepancia
dogmática respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial,
sino, solamente, cuando la misma es manifiestamente irracional, sin sentido,
consecuencia de una desviación notoria del derecho. En palabras de la Corte, las
fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que
sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido
contraevidente”.33[…]”34
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
39. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional35 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
interpretación se debe conducir según los cauces que ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en
lo relativo a la protección de los derechos fundamentales; en efecto, sólo en la medida en que la labor
hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales, puede afirmarse que respeta el principio de
legalidad”.
33
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1045 de 24 de octubre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
34
Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2 de octubre de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
35
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
29
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
41. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional36 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
36
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
30
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
Análisis del caso en concreto
43. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
44. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
45. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
45.1. Copia en medio digital del expediente del proceso del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
110010328000202000037-00 (Acumulado 110010328000202000036-00).
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por interpretación irrazonable del
“[…] artículo 37 de los estatutos de la Corporación, el artículo 2.2.8.4.1.22
del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 122 de la Constitución Política de
Colombia […]”
46. La actora manifestó que hubo una interpretación normativa irrazonable al
desconocerse que si bien el Consejo Directivo de Corporinoquia eligió como
Directora General a Doris Bernal Cárdenas, para el período 2020-2023, ella no
tomó posesión del cargo, en la medida en que antes de que esto sucediera, la
Sección Quinta decretó la suspensión provisional de dicho acto de elección; razón
31
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
por la cual, a su juicio, no aplica la “[…] desvinculación temporal […]” a la cual hizo
referencia la autoridad judicial demandada. Para tal efecto, expuso que:
“[…] El accionado en su errónea apreciación, aplicó e interpretó de forma indebida
el artículo 37 de los estatutos de la Corporación, el artículo 2.2.8.4.1.22 del
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 122 de la Constitución Política de
Colombia, por los siguientes errores de hecho […]”.
[…]
“[…] artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, que establece en su
artículo segundo: “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben.” Y el artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 2015, establece en su
inciso segundo, que: “El director general de las corporaciones tomará posesión de
su cargo ante el presidente del consejo directivo de la corporación, previo el lleno
de los requisitos legales exigidos […]”. (Resaltado por la Sala)
47. Por su parte, la autoridad judicial demandada al respecto consideró lo
siguiente:
“[…] Bajo este panorama y luego de contrastar las diferentes posiciones
jurídicas en disputa sobre cuál es la norma rectora de la presente
designación, a la luz de las consideraciones generales expuestas, encuentra la
Sala que impera la contenida en el artículo 25.11, inciso segundo, de los
estatutos de CORPORINOQUIA, en consonancia con el artículo 3, numeral 9
del Reglamento Interno, por cuanto el inciso primero establece las reglas
generales a seguir para suplir las ausencias del director general de la entidad, por
las situaciones enlistadas en su artículo 37, entre otras; mientras que el segundo
fija las reglas especiales que rigen ante una de esas causales, en concreto, la
establecida en su numeral 9, esto es, «Por orden de decisión judicial o
disciplinaria».
Esta es la interpretación gramatical y sistemática, que se desprende tanto de su
enunciado normativo como de su lectura integral con las referidas disposiciones de
la Resolución No. 1367 de 2005 y la ley 99 de 1993, a partir de la cual se
desprende que ambos incisos tienen una relación de género-especie entre sí y, en
ese orden, se deduce que el fundamento fáctico del presente asunto se
subsume en el supuesto de hecho previsto en el segundo, por cuanto la
expresión «desvinculado temporalmente» debe ser entendida lato sensu,
para salvaguardar su efecto útil […]”.
[…]
“[…] 51. Ahora bien, la apoderada de la demandada aduce que en este caso no se
puede hablar de desvinculación formalmente, por cuanto la directora titular no logró
posesionarse en el empleo por la data en que se dio la suspensión de su
designación. Al respecto, se debe señalar que según el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, por desvincular se entiende:
1. tr. Anular el vínculo de una persona o cosa con otra.
52. Y, en este caso al ser una desvinculación temporal, se dejó sin efectos de
manera transitoria el acto electoral, razón por lo cual la titular del empleo no
se encuentra ejerciendo sus funciones, lo que materialmente se traduce en
32
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
una desvinculación transitoria que impone el nombramiento en encargo de
un director para que la entidad funcione normalmente.
Este es el alcance que se le debe dar a dicho aparte normativo que, en definitiva,
reglamenta de forma específica el procedimiento a seguir para suplir las
faltas temporales del director general de la entidad que son producto de una
decisión judicial o disciplinaria expedida antes o después de su posesión, es
decir, haya o no lugar a su consecuente remoción por parte del Consejo Directivo,
tal como sucedió en el caso sub judice en razón de la ausencia generada por la
suspensión provisional del acto de elección en ese cargo de la señora Doris Bernal
Cárdenas, periodo 2020-2023, decretada por auto del 12 de diciembre de 2019, el
cual fue dictado dentro del expediente No. 11001-03-28-000-2019-00061-00, antes
de que aquel produjera sus efectos […]”.
[…]
“[…] La claridad de la norma [artículo 25, numeral 11, inciso segundo de los
estatutos] aplicable al caso en estudio no le permite distinguir al intérprete. La
previsión de los Estatutos de CORPORINOQUIA es contundente cuando señala
que, si el Director General es desvinculado por decisión judicial temporalmente del
cargo, debe asumir sus funciones el secretario general o quien haga sus veces,
mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa el director encargado.
(…) La norma no diferencia si se trata del designado que ya inició sus labores o
solo del elegido sin posesión en el cargo. Es determinante y cerrada en hablar de
director general de manera atemporal […]”. (Resaltado por la Sala)
48. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que el debate
propuesto por la actora gira en torno a que, en su criterio, de conformidad con las
tres normas mencionadas supra en su escrito de tutela, la falta de posesión por
parte de la señora Doris Bernal Cárdenas como Directora General de
Corporinoquia para el período 2020-2023, impedía interpretar que la suspensión
del acto de elección daba lugar a entender una “[…] desvinculación temporal […]”
y, en esa medida, no era razonable aplicar el inciso 2.° del numeral 11 del artículo
25 de la Resolución núm. 1367 de 21 de septiembre de 2005 (estatutos de
Corporinoquia), el cual, dentro de las funciones del Consejo Directivo, dispone lo
siguiente:
“[…] 11. Designar encargado durante las ausencias del Director General, entre el
personal directivo de la Corporación. En este evento, el Consejo Directivo, con la
mayoría absoluta de sus miembros, emitirá su voto de la designación del
encargado, previa verificación de que este cumple con los mismos requisitos
exigidos para la ocupación del cargo de Director General.
Cuando por decisión judicial o disciplinaria sea desvinculado temporalmente del
cargo el Director General, asumirá sus funciones el Secretario General o quien
haga sus veces, mientras el Consejo Directivo lo ratifica o designa el Director
encargado por el término señalado en el Acto Administrativo u orden judicial
correspondiente y a quien se le exigirán los mismos requisitos contemplados en la
ley y estos Estatutos para desempeñar el cargo de Director General de la
33
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
Corporación. Esta designación solo podrá recaer en un funcionario del nivel
Directivo o Asesor de la Corporación […]”.
49. La Sala advierte que, contrario a lo expuesto por la actora, la Sección Quinta
de esta Corporación interpretó de manera razonable la norma mencionada
anteriormente, sin desconocer los presupuestos fácticos y jurídicos propios del
caso de la tutelante.
50. En efecto, la Sala observa que el alcance que le dio la autoridad judicial
demandada al término de “[…] desvinculación temporal […]” no obedeció a una
interpretación arbitraria carente de sustento, sino que, por el contrario, corresponde
a la aplicación de varios métodos interpretación normativa debidamente
justificados, tales como, un interpretación gramatical y sistemática de la norma, la
consulta del término “[…] desvincular […]” en el diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, la aplicación del criterio según el cual donde la norma no
distingue no le está dado hacerlo al intérprete y la salvaguarda del efecto útil de la
norma; todo lo cual, condujo a la Sección Quinta a que de forma razonable y
justificada señalara que para la aplicación del inciso 2.° del numeral 11 del artículo
25 de los estatutos de Corporinoquia no tenía incidencia la falta de posesión de la
señora Doris Bernal Cárdenas como Directora General de Corporinoquia para el
período 2020-2023, para entender que la suspensión provisional que se decretó
frente a dicho acto de elección implicaba una “[…] desvinculación temporal […]”.
Análisis del presunto defecto sustantivo por interpretación irrazonable del
“[…] el artículo 25, numeral 11, inciso primero de los estatutos de la
Corporación […]”
51. Por otra parte, la actora manifestó que hubo una interpretación normativa
irrazonable al desconocerse que la norma aplicable a su designación como
Directora General Encargada era el inciso 1.° del numeral 11 del artículo 25 de la
Resolución núm. 1367 de 21 de septiembre de 2005 (estatutos de Corporinoquia),
y no el inciso 2.° de dicha disposición como, a su juicio, erradamente lo entendió la
Sección Quinta del Consejo de Estado. Para tal efecto, expuso que:
“[…] El accionado en su errónea apreciación, aplicó e interpretó de forma indebida
el artículo 25, numeral 11, de los estatutos de la Corporación, por los
siguientes errores de hecho.
34
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
➢ No dio por demostrado, estándolo, que el Consejo Directivo de
CORPORINOQUIA tenía facultad para designar encargado durante las ausencias
del Director General.
➢ Dio por demostrado, sin estarlo, que el Secretario General debía asumir de
forma automática las funciones de Director General, hasta que el Consejo Directivo
decidiera si lo ratificaba o designaba un nuevo encargado.
➢ No dio por demostrado, estándolo, que el presupuesto de hecho y la disposición
estatutaria aplicable, era la contenida en el artículo 25, numeral 11, inciso
primero de los estatutos de la Corporación […]”. (Resaltado por la Sala)
52. Por su parte, la autoridad judicial demandada al respecto consideró lo
siguiente:
“[…] Bajo este panorama y luego de contrastar las diferentes posiciones
jurídicas en disputa sobre cuál es la norma rectora de la presente
designación, a la luz de las consideraciones generales expuestas, encuentra la
Sala que impera la contenida en el artículo 25.11, inciso segundo, de los
estatutos de CORPORINOQUIA, en consonancia con el artículo 3, numeral 9
del Reglamento Interno, por cuanto el inciso primero establece las reglas
generales a seguir para suplir las ausencias del director general de la entidad, por
las situaciones enlistadas en su artículo 37, entre otras; mientras que el segundo
fija las reglas especiales que rigen ante una de esas causales, en concreto, la
establecida en su numeral 9, esto es, «Por orden de decisión judicial o
disciplinaria».
Esta es la interpretación gramatical y sistemática, que se desprende tanto de su
enunciado normativo como de su lectura integral con las referidas disposiciones de
la Resolución No. 1367 de 2005 y la ley 99 de 1993, a partir de la cual se
desprende que ambos incisos tienen una relación de género-especie entre sí y, en
ese orden, se deduce que el fundamento fáctico del presente asunto se
subsume en el supuesto de hecho previsto en el segundo, por cuanto la
expresión «desvinculado temporalmente» debe ser entendida lato sensu,
para salvaguardar su efecto útil […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, encuentra la Sala que este primer cargo de nulidad debe ser
desestimado porque la designación de la demandada como directora general
encargada se enmarca en la cláusula general de competencia que legalmente
ostenta el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA como autoridad nominadora de
ese cargo, la cual también ha sido reconocida y desarrollada estatutariamente […]”.
[…]
“[…] Sobre este punto, la Sección considera acertado el análisis que plantea la
parte activa, en cuanto, como se dejó explicado en el cuadro comparativo de los
incisos primero y segundo de dicha disposición, la consecuencia jurídica de la
«desvinculación temporal» del titular de dicho cargo, por orden judicial o
disciplinaria, era justamente que el secretario general asumiera como tal, en la
medida en que, como se señaló preliminarmente en el auto del 5 de marzo de 2020
«(…) tiene consolidada una situación legal y reglamentaria, es decir, tiene ya una
35
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
vinculación materializada legalmente a través de los indispensables 1) acto
administrativo de nombramiento y 2) acto de posesión. Por lo tanto, para asumir
temporalmente las funciones de director general no requiere una nueva
vinculación, puesto que no se trata de un cambio de puesto o cargo, sino, se repite,
del ejercicio de las funciones».
En consecuencia, la potestad nominadora del Consejo Directivo se expresaba en la
decisión de ratificarlo o designar un encargado, la cual se debió adoptar a
posteriori, mas (sic) no a priori, como sucedió en el presente asunto. De esta
manera, se comparte la conclusión a la que arribó la agente del Ministerio Público,
en su concepto, al sostener que:
La claridad de la norma aplicable al caso en estudio no le permite distinguir al
intérprete […]”. (Resaltado por la Sala)
53. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que la Sección
Quinta interpretó de manera razonable el numeral 11 del artículo 25 de la
Resolución núm. 1367 de 21 de septiembre de 2005, en la medida en que, a
partir de una interpretación gramatical y sistemática, advirtió que en efecto la
competencia para designar a un encargado durante las ausencias del Director
General correspondía al Consejo Directivo de Corporinoquia, tal como lo señala
la tutelante. Sin embargo, teniendo en cuenta que la suspensión del acto de
elección de la señora Doris Bernal Cárdenas se dio como consecuencia de una
decisión judicial, resolvió aplicar el inciso 2.° de la norma de la referencia, al
advertir que “el inciso primero establece las reglas generales a seguir para suplir
las ausencias del director general de la entidad, por las situaciones enlistadas en
su artículo 37, entre otras; mientras que el segundo fija las reglas especiales que
rigen ante una de esas causales, en concreto, la establecida en su numeral 9,
esto es, «Por orden de decisión judicial o disciplinaria» […]”, lo cual para la Sala
resulta ajustado a los supuestos fácticos y obedece a una hermenéutica que lejos
de ser arbitraria, se justificó en las particularidades del caso de la actora, como la
existencia de una decisión judicial que suspendió el acto de elección de quien
había sido elegida como Directora General de Corporinoquia.
54. Ahora bien, precisamente, es con fundamento en esa interpretación que la
Sección demandada advirtió que se desconoció el trámite previsto frente a las
desvinculaciones temporales del Director General, frente a lo cual, en efecto, del
tenor literal de la norma se lee que “[…] Cuando por decisión judicial o
disciplinaria sea desvinculado temporalmente del cargo el Director General,
asumirá sus funciones el Secretario General o quien haga sus veces, mientras el
Consejo Directivo lo ratifica o designa el Director encargado por el término
36
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
señalado en el Acto Administrativo u orden judicial correspondiente […]”, es decir
que, resultaba razonable considerar que en el trámite de designación de la actora
como Directora General Encargada de Corporinoquia se omitió que, de manera
previa, el Secretario General de la Corporación debía asumir esas funciones, sin
que para ello se requiriera una nueva vinculación de dicho funcionario.
Análisis del presunto defecto sustantivo por interpretación irrazonable del
“[…] artículo 24 y 26 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto
1083 de 2015 […]”
55. La actora manifestó que hubo una interpretación normativa irrazonable al
desconocerse que existían normas en el ordenamiento jurídico que regulan la
figura del encargo para los servidores públicos del orden nacional, de conformidad
con las cuales su designación no habría sido declarada nula. Para tal efecto,
expuso que:
“[…] aplicó e interpretó de forma indebida la ley al considerar que la remisión legal
a la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, en lo que tiene que ver con el
encargo, no son aplicables a este caso, en virtud de la autonomía Constitucional y
legal a las Corporaciones Autónomas Regionales.
El accionado, no dio por demostrado, estándolo, que CORPORINOQUIA debía
acudir a las previsiones contenidas en el artículo 24 y 26 de la Ley 909 de 2004 y
el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 […]”.
[…]
“[…] Los estatutos corporativos de CORPORINOQUIA no cuentan con
reglamentación específica respecto del trámite a surtir para el encargo de un
empleo, por ende, ante la falta de regulación y por mandato de la ley, en lo que
sea compatible, las Corporaciones Autónomas Regionales deben aplicar las
disposiciones existentes en el ordenamiento jurídico para los servidores públicos
del orden nacional, tal como lo demanda el artículo 69 de los estatutos de la
Corporación […]”.
[…]
“[…] Valga la pena resaltar que, pese a su autonomía administrativa, las CAR sí
pertenecen al orden nacional, conforme se reseña en sentencia de
constitucionalidad C – 593 de 1995, así: “Las corporaciones autónomas regionales
son entidades administrativas del orden nacional […]”. (Resaltado por la Sala)
56. Por su parte, la autoridad judicial demandada al respecto consideró lo
siguiente:
37
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
“[…] Por último, en cuando a la aplicación de las normas generales que gobiernan
el encargo en la función pública y que sirvieron de fundamento jurídico al acto
acusado, en razón de la remisión normativa que contiene el artículo 2.2.8.4.1.22
del Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente, al señalar
que el régimen de los directores generales de las CAR es el «(…) previsto en la
Ley 99 de 1993, el presente Decreto y en lo que sea compatible con las
disposiciones aplicables a los servidores públicos del orden nacional», basta con
resaltar la condición impuesta por la misma disposición para tal efecto, esto es, «en
lo que sea compatible».
Al respecto, basta decir que aquella exigencia no se cumple en el caso de las
normas invocadas por la parte pasiva para acudir a la regulación de esa situación
administrativa dentro de la función pública, las cuales entran en tensión con el
requisito de elegibilidad sub examine, referido a que el encargo recaiga sobre un
funcionario perteneciente a los niveles directivo o asesor, llegando a configurar
inclusive una antinomia, la cual debe ser resuelta a favor del inciso segundo del
artículo 25.11 de los estatutos de CORPORINOQUIA, en virtud no solo del
principio de autonomía que le reconoce la Constitución y la ley a estos entes
corporativos sino también del principio hermenéutico de especialidad según el
cual cuando se plantea un conflicto entre una norma de carácter general y una
especial, se aplicará prevalentemente esta última.
Así las cosas, este tercer cargo de nulidad también será despachado
favorablemente, en cuanto se demostró que la señora Dolia Jenny Gámez Cala no
cumplió con los requisitos para ser designada como directora general encargada
de CORPORINOQUIA, en particular el de pertenecer al nivel directivo o asesor de
la corporación, y, en consecuencia, se declarará la nulidad del acto electoral
demandado […]”. (Resaltado por la Sala)
57. De conformidad con lo expuesto supra, una vez más, la Sala advierte que
la Sección Quinta justificó de manera razonable la aplicación del inciso 2.° del
numeral 11 del artículo 25 de la Resolución núm. 1367 de 21 de septiembre de
2005 frente a las normas que la actora considera debían haberse aplicado de
manera preferente.
58. En efecto, se observa que en aplicación i) del principio de autonomía que
le reconoce la Constitución y la ley a estos entes corporativos, como lo es
Corporinoquia, y ii) la aplicación del principio hermenéutico de especialidad,
según el cual, cuando se plantea un conflicto entre una norma de carácter
general y una especial, se aplicará prevalentemente esta última; la Sección
Quinta concluyó razonablemente que debía prevalecer la aplicación del numeral
11 del artículo 25 de los estatutos de Corporinoquia, como norma especial y, en
esa medida, advirtió que la persona designada como Director General Encargado
debía pertenecer al nivel Directivo o Asesor de la Corporación.
38
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
59. En ese orden de ideas, para esta Sección la autoridad judicial demandada
no incurrió en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, teniendo en
cuenta que su análisis normativo lo hizo de conformidad con el contenido propio
de cada disposición, las particularidades del caso de la actora y teniendo en
cuenta distintos métodos de interpretación jurídica.
60. Se debe recordar que, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para efectos de que se configure el defecto en cuestión, se debe
acreditar en el caso concreto que la interpretación que se hace de una norma
jurídica sea grosera y arbitraria que traiga como consecuencia la vulneración de
los derechos fundamentales, situación que no aconteció en el presente caso,
toda vez que el ejercicio hermenéutico de interpretación normativa se realizó de
manera razonable.
61. Además, la Corte ha dicho que se trata de una de las causales más
restringidas, dado que la interpretación de la ley es un escenario en el que se
evidencian con especial intensidad los principios de independencia y autonomía
judicial que dentro del marco del Estado Social de Derecho se busca proteger al
operador judicial de injerencias indebidas en su rol de resolver las controversias
jurídicas que se sometan a su conocimiento a partir de la interpretación que
estimen más ajustada al ordenamiento jurídico.
Conclusiones de la Sala
62. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala modificará la sentencia de 19 de mayo de 2022
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó
la solicitud de amparo, la cual quedará establecida en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo respecto de la
causal de decisión sin motivación, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela en lo que concierne al defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de unas normas jurídicas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia”.
39
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo
expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de 19 de mayo de 2022 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de
amparo, la cual quedará establecida en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo respecto de la
causal de decisión sin motivación, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela en lo que concierne al defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de unas normas jurídicas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia”.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
40
Núm. único de radicación: 110010315000202201598-01
Actora: Dolia Jenny Gámez Cala
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.