Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01599-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01599-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01599-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
5 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01599-00
Demandante: Rubén Darío Plazas Herrera y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01599-00
Demandante: RUBÉN DARÍO PLAZAS HERRERA Y ADRIANA TORRES LÓPEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Solicitud de vacaciones individuales. No se probó que se hubieran
causado ni que se hubiesen denegado o suspendido. Otro medio de
defensa judicial frente a la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Rubén Darío Plazas Herrera
y Adriana Torres López contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca – Dirección Ejecutiva Seccional de Cali.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, los señores Rubén Darío Plazas Herrera y Adriana
Torres López pidieron la protección de los derechos fundamentales al descanso, a la
igualdad y al trabajo en condiciones dignas, que estimaron vulnerados por el Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca –
Dirección Ejecutiva Seccional de Cali. En concreto, formularon las siguientes pretensiones:
Se nos tutele los derechos fundamentales al descanso, al trabajo en condiciones de dignidad humana
y a un desempeño laboral libre de circunstancias que afecten la salud física y mental, tanto del
funcionario como de los empleados judiciales, y se ORDENE a la parte accionada, las acciones
pertinentes para garantizar la provisión de los recursos y como consecuencia, se entregue el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal necesario para que RUBEN DARIO
PLAZAS HERRERA, en calidad de Juez Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Cali, le conceda el disfrute de vacaciones a que tiene derecho ADRIANA TORRES
LOPEZ, en su calidad de Secretaria del mismo, y pueda nombrar su remplazo en ese cargo por otro
empleado o empleada que cumpla con los requisitos que exigen los mismos.
Se nos tutele el derecho a la igualdad, considerando lo resuelto por el Consejo de Estado en
providencia del 06 de agosto del año 2020, Magistrada Ponente Dra. Rocío Araujo Oñate dentro del
expediente 11001-03-15-000-2020-03100-00 en donde se estudió un asunto con similares
características al que hoy ocupa nuestra atención (…)”.
2. Hechos y argumentos de la acción de tutela
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Los demandantes laboran en el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Cali: Jairo Fernando Fierro Cabrera se desempeña como juez y
Adriana Torres López como secretaría del despacho judicial.
2.2. Señalaron que el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Cali está compuesto por el juez, un oficial mayor y un secretario.
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Demandante: Rubén Darío Plazas Herrera y otro
2.3. Que, mediante Oficio 149 del 21 de febrero de 2022, el titular del Juzgado Diecisiete
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca la expedición de
certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin de nombrar el reemplazo de la
Secretaría del despacho judicial, quien había solicitado el reconocimiento de las
vacaciones.
2.4. Por Oficio DESAJCLO22-617 del 8 de marzo de 2022, la Directora Ejecutiva Seccional
Cali - Valle del Cauca, respondió al titular del despacho, informándole que:
(…) no es procedente para esta Direccional Seccional, solicitar recursos para reemplazo de
Vacaciones de la servidora judicial ADRIANA TORRES LÓPEZ, quien desempeña el cargo de
Secretaría del Despacho que usted dirige, teniendo en cuenta la Circular No. PSCAC11-44 de
noviembre 23 de 2011, mediante la cual se deroga las Circulares 44 y 89 de 2005, dado a que refiere
a la programación de las vacaciones de los Funcionarios. Circular que a la fecha se encuentra vigente
y no ha sido derogada.
Como quiera que la Circular excluye a los servidores judiciales que ostentan la calidad de empleados,
no es dable para esta entidad desconocerla para atender su solicitud, ello teniendo en cuenta que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, son “el órgano técnico y
administrativo que tiene a su cargo la ejecución de actividades administrativas de la Rama Judicial,
con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. (Art. 98 ley 270 de
19996).
2.5. Sostuvo que la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca “es razón suficiente para negar el disfrute del período de
vacaciones reclamado por Adriana Torres López, Secretaria (…)”.
2.5.1. Lo anterior, explicaron, teniendo en cuenta que un despacho judicial con función de
garantías solo cuenta con dos personas en su planta de personal, más el titular del
despacho, lo que, a su juicio, hace materialmente imposible que se puedan atender y
cumplir con las funciones a su cargo, esto es, trámite de acciones constitucionales (tutelas,
habeas corpus e incidentes), atención al público y asistir al titular del Despacho en las
audiencias públicas, entre otras.
2.6. Adicionalmente, expuso que, en atención a que la negativa se ha vuelto recurrente por
parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Cali, un grupo de jueces de control de garantías
ha solicitado a los Magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca,
para que “se estudiara la posibilidad, entre otras, de avalar el nombramiento de un
empleado en remplazo del que entra a disfrutar el período de vacaciones individuales”, y
así proteger el derecho al descanso de los empleados y, a su vez que se puedan cumplir
con las funciones de los despachos judiciales.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. Los demandantes explicaron que si a un empleado le conceden vacaciones y no se
expide certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo, se afecta la
prestación del servicio de administración de justicia. Que, adicionalmente, los demás
integrantes del despacho deben asumir el cumplimiento de las labores del empleado que
se va a disfrutar de las vacaciones, con el fin de no entorpecer el desarrollo normal del
despacho judicial.
3.2. Que con la negativa de las entidades demandadas a disponer del presupuesto
necesario para nombrar un empleado que reemplace a quien disfruta de vacaciones, se
vulneran los derechos fundamentales de los empleados que deben asumir la carga del
compañero que se va a descansar.
4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 16 de marzo de 2022, el Despacho la admitió y, entre otras cosas, ordenó
notificar a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al director ejecutivo de
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administración judicial, a los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca y a la directora ejecutiva seccional de administración judicial de Cali.
4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 28 de marzo de 2022.
5. Intervenciones
5.1. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca solicitó
que se excluyera a esa entidad de la presente acción de tutela, porque, a su juicio, ni de los
hechos ni de las pretensiones se deducía responsabilidad de su parte. Dijo que lo solicitado
es “(…) una obligación que surge de la no apropiación del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal para el pago de prestaciones sociales en reemplazos de vacaciones, le
corresponde, única y exclusivamente, a la Dirección Ejecutiva o Seccional, según el caso,
realizar la apropiación del rubro correspondiente y en el caso bajo examen, a la Directora
Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, como ordenadora del gasto, quien
debe entrar a decidir lo pretendido por los accionantes, y no al Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca”.
5.2. La Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela, en razón a que no se ha vulnerado ningún derecho
fundamental de los demandantes. Explicó que las decisiones de la entidad están acordes
con las disposiciones vigentes. Específicamente, respecto de la disponibilidad presupuestal
para los reemplazos de funcionarios que se encuentran en el régimen individual de
vacaciones. Que el Consejo Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 del
año 2011, la cual se encuentra vigente y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento.
5.2.1. En todo caso, explicó que la entidad no se opone al legítimo derecho a las vacaciones
de los empleados judiciales, sin embargo, su concesión y disfrute no puede ser supeditada
a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar los respectivos
reemplazos, como lo pretende hacer el titular del Juzgado Diecisiete Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Cali.
5.2.2. Por tanto, solicito que “se ampare el derecho de la accionante señora Adriana Torres
López (sin supeditarlo al CDP), por parte del otro accionante que es titular de dicho
despacho, Dr. Rubén Darío Plazas Herrera, a las vacaciones, en forma individual para no
afectar la atención del despacho, sin que se admita negativa por parte del titular del
despacho de negarle las vacaciones por razones de índole presupuestal y/o
administrativas”.
5.3. A pesar de haber sido notificados, la presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y el director Ejecutivo de Administración Judicial no rindieron informe sobre
los hechos que motivaron la interposición de la acción de tutela.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela. Generalidades
1.1. La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier
autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
1.2. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado como mecanismo
transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para conceder la tutela.
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2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. De manera preliminar, la Sala advierte que en el presente asunto se deben distinguir
dos situaciones diferentes. Por un lado, la relacionada con el derecho al descanso de la
señora Adriana Torres López y, por otro, la presunta vulneración del derecho al trabajo en
condiciones dignas de Rubén Darío Plazas Herrera ante la negativa de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Cali de expedir certificado de disponibilidad presupuestal para
nombrar el reemplazo de la señora Torres López, mientras disfruta de las vacaciones.
2.2. Luego, en los anteriores términos, corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos:
¿Las entidades demandadas vulneraron el derecho fundamental al descanso de Adriana
Torres López?
¿La demanda presentada por Rubén Darío Plazas Herrera, cumple con el requisito de
subsidiariedad?
3. De la presunta vulneración al derecho al descanso de la señora Adriana Torres
López
3.1. La acción de tutela respecto de la presunta vulneración al derecho al descanso de la
señora Adriana Torres López cumple con el requisito de subsidiariedad y procede como
mecanismo principal para la protección de los derechos de la demandante, pues no
cuestiona la legalidad de ningún acto administrativo, sino que solicita la materialización del
derecho al descanso presuntamente vulnerado.
3.2. Del derecho fundamental al descanso
3.2.1. El artículo 53 de la Constitución Política prevé el derecho al descanso, que está
estrechamente ligado con el artículo 25 ibidem que consagra que toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
3.2.2. En el ámbito internacional, diferentes tratados internacionales, que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho al descanso. En ese sentido, el
artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona
tiene “derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. En sentido análogo se dispone en el
artículo 71 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3.2.3. En reiterada jurisprudencia2, la Corte Constitucional ha señalado que uno de los
derechos fundamentales del trabajador es el derecho al descanso y que “la ius
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los artículos
1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una consecuencia necesaria de la
relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo”3.
Además, ha señalado que el derecho al descanso debe entenderse como la oportunidad
que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, pues la
finalidad del cese de actividades por un periodo de tiempo es que el trabajador recupere las
energías gastadas en la labor que desempeña, así como proteger su salud física y mental.
3.2.4. Es importante señalar que, en nuestra legislación, las vacaciones constituyen como
el derecho al descanso remunerado. Así, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un
tiempo libre como recompensa por las labores que desarrolló al servicio del empleador y
1 Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de todas personas al goce de condiciones de
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
(…)
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
2 Sentencias C-710 de 1996, C-019 de 2004, C-035 de 2005.
3 Sentencia T-076 de 2001.
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con el pago anticipado de ese derecho causado. La Corte Constitucional 4, respecto del
derecho de vacaciones, señaló lo siguiente:
Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el
reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la
dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo
sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones
está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el
trabajador efectivamente descanse. (Subraya la Sala).
3.2.5. Además, en Sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional estableció que “las
vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos para
concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del trabajador;
cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio
de sus actividades laborales”. De ahí que la periodicidad de las vacaciones garantice el
descanso efectivo para el trabajador.
3.3. Análisis del caso concreto
3.3.1. De la revisión del expediente, la Sala encuentra que, a la fecha, no existe prueba de
que la señora Adriana Torres hubiere causado las vacaciones. Y si bien el titular del
Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali advirtió
que la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de negar la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de la Secretaría del Despacho
Adriana Torres López sería razón suficiente para negar el disfrute de las vacaciones, lo
cierto es que tampoco se aportó un acto administrativo que demuestre con certeza que las
vacaciones fueron causadas y que se denegaron o suspendieron.
3.3.2. En otras palabras, aunque la señora Adriana Torres alega la vulneración del
derecho al descanso, no aportó pruebas que soportaran ese reproche. La Sala tampoco
encuentra en el proceso pruebas que den certeza sobre las situaciones descritas por la
demandante.
3.3.3. Al respecto, es pertinente señalar que la Corte Constitucional ha establecido que “los
hechos afirmados por el accionante en el trámite de una acción de tutela, deben ser
probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez pueda inferir con plena certeza la
verdad material que subyace con la solicitud de amparo constitucional” 5.
3.3.3.1. Ciertamente, el interesado que pretende el amparo de un derecho fundamental
debe demostrar los hechos en que fundamenta sus pretensiones, pues solo de esa forma
el juez de tutela, con plena certeza y convicción de que se ha amenazado o vulnerado un
derecho, puede proceder a su protección.
3.3.3. Vale la pena aclarar, que la Sala6 ha proferido diversas decisiones en las que se ha
protegido el derecho fundamental al descanso de servidores judiciales. Sin embargo, se
trata de casos diferentes al aquí estudiado, pues en eso procesos se encontraba probado
que las vacaciones se causaron, que el nominador había negado el reconocimiento al
disfrute de las vacaciones o las había suspendido por necesidades del servicio, situaciones
que, se repite, no se probaron en el presente caso y, por lo tanto, no puede accederse a las
pretensiones de la demandante.
4 Sentencia C-598 de 1997, reiterado en sentencia C-019 de 2004
5 Sentencia T-571 de 2015.
6 Sentencia del 28 de octubre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2021-00192-01, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Sentencia del 15 de octubre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-03365-01, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Sentencia del 12 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04136-00, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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3.4. Se resuelve, entonces el primer problema jurídico propuesto: las entidades
demandadas no vulneraron el derecho fundamental al descanso de la señora Adriana
Torres López, por tanto, se denegará la acción de tutela sobre dicho aspecto.
4. Del cumplimiento del requisito de subsidiariedad
4.1. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
4.2. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de
otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la
acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección
que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos
fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó4:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad
del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia
entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción
ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al
alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema
jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales (…).
4.3. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la
interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las
decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
4.4. En el caso concreto, los demandantes aducen que se vulnera el derecho fundamental
al trabajo en condiciones dignas, al no expedirse el certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar el reemplazo de Adriana Torres López, secretaria del Juzgado
Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, mientras disfruta
del período de vacaciones.
4.5. A juicio de la Sala, la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, pues, en los
términos del artículo 137 de la Ley 1437 de 20117, pueden ejercer la acción de nulidad
simple. Se trata de un mecanismo idóneo y eficaz, pues, junto con la respectiva demanda,
puede pedirse el decreto de medidas cautelares, como lo sería la suspensión provisional
7 Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento
automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social
o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará
conforme a las reglas del artículo siguiente.
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de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, proferida por el Consejo Superior
de la Judicatura, que estableció el programa de vacaciones individuales del sistema penal
acusatorio, y que fue el fundamento del Oficio No. DESAJCLO22-617 del 8 de marzo de
2022, mediante el cual se negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
para el nombramiento del reemplazo de la señora Adriana Torres López.
4.6. Además, los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 permiten que, en los
procesos de nulidad simple, a petición de parte y debidamente sustentada, el juez o
magistrado ponente decrete las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
respectiva sentencia.
4.6.1. En efecto, las medidas cautelares del proceso contencioso administrativo permiten
que el juez adopte las decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren
derechos fundamentales. Incluso, la Sala Plena de esta Corporación 8 estableció que las
medidas cautelares previstas en los procesos ordinarios resultan eficaces para la protección
de los derechos fundamentales, así:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se
podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho,
teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma
prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al
iniciar el proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado:
que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo. (Resalta la
Sala).
4.7. Por otro lado, la Sala advierte que la acción de tutela tampoco procede como
mecanismo transitorio, puesto que los demandantes no demostraron la existencia de un
verdadero perjuicio irremediable. Según el escrito de tutela, la decisión cuestionada afecta
el servicio público de administración de justicia y vulnera el derecho fundamental del trabajo
en condiciones dignas de los demás servidores judiciales del despacho, que deben asumir
las funciones del empleado que se va a disfrutar de las vacaciones.
4.7.1. La Sala no pretende desconocer la carga laboral de los despachos judiciales del país
ni la carga laboral adicional que los demás empleados del juzgado tendrían que asumir
como consecuencia de la concesión del disfrute de las vacaciones por parte de Adriana
Torres López. Sin embargo, ese argumento, per se, no es suficiente para advertir un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
4.7.1.1. En otras palabras, no basta con mencionar la existencia de un perjuicio
irremediable, sino que se requiere exponer de manera clara en qué consiste la amenaza o
vulneración de derecho fundamentales. Los demandantes, sin embargo, no explicaron
razonadamente el perjuicio irremediable que se causaría ni aportaron pruebas que
soportaran la afectación del servicio de administración de justicia y del derecho al trabajo
en condiciones dignas.
4.7.2. El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las
consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que puede producir las decisiones de la
administración. Esas decisiones pueden estar revestidas de legalidad y, por ende, las
consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas. No porque
una decisión de la administración resulte desfavorable a los intereses de los administrados
debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse mediante la acción
de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos que establecen situaciones
desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos por vía de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06871-01.
Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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Demandante: Rubén Darío Plazas Herrera y otro
4.7.3. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegarse a producir no
tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la ley, a tal punto de ser atentados contra los derechos
fundamentales. Esas circunstancias, sin embargo, no se advierten en el presente caso y,
por lo tanto, la acción de tutela no procede como mecanismo transitorio.
4.8. Conforme con lo anterior, la Sala se abstiene de hacer un pronunciamiento de fondo.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo respecto a la
protección del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas de Rubén Darío
Plazas Herrera.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela respecto de la señora Adriana Torres
López, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela respecto del señor Rubén Darío Plazas
Herrera, por las razones expuestas.
3. Notificar a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Con aclaración de voto
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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