Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01635-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01635-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01635-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01635-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: MERIDA PAULINA IBARRA OÑATE Y OTROS.
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA SECCIÓN
TERCERA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS MATERIAL O
SUSTANTIVO, FÁCTICO Y VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN ALEGADOS. NO SER PROBÓ LA FALLA DEL
SERVICIO POR PARTE DEL ESTADO EN LA MUERTE DEL FAMILIAR
DE LOS ACTORES A MANOS DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DIGNIDAD
HUMANA, VIDA Y PROPIEDAD PRIVADA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
CONSEJO DE ESTADO 1.
1
En adelante Sección Tercera.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01635-00
Actores: MERIDA PAULINA IBARRA OÑATE Y OTROS.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores MERIDA PAULINA IBARRA OÑATE, JHOANNY
PATRICIA, DISNALDO ALFONSO, ENRIQUE EDUARDO y CARLOS
ANTONIO PERPIÑAN IBARRA, actuando por intermedio de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitan la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a
la vida y a la propiedad privada, los cuales estiman vulnerados por
la SECCIÓN TERCERA al proferir la providencia de 27 de abril de
2020, dentro del medio de control de reparación directa identificado
con el número único de radicación 20001-23-31-000-2003-00853-
01.
I.2.- Hechos
Manifestaron que su familiar, el señor DISNALDO JOSÉ PERPIÑAN
MARSHELL, luego de ser amenazado y extorsionado, el 28 de
noviembre de 2001, fue asesinado por un grupo paramilitar en el
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Municipio Agustín Codazzi (Cesar), asimismo, les hurtaron 1.500
semovientes vacunos y los obligaron a desplazarse por causa de las
amenazas.
Afirmaron que debido a lo anterior, promovieron demanda en el
ejercicio del medio de control de reparación directa contra del Estado
colombiano, cuyas pretensiones estaban encaminadas a que se
declarara la responsabilidad por la muerte del señor DISNALDO
JOSÉ PERPIÑAN MARSHELL.
Mencionaron que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 20001-23-31-000-2003-00853-01 y le correspondió por
reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR2 que,
mediante providencia de 22 de mayo de 2008, denegó las
pretensiones de la demanda.
Señalaron que la anterior decisión fue apelada ante la SECCIÓN
TERCERA que, mediante providencia de 27 de abril de 2020,
confirmó la decisión de primera instancia.
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En adelante el Tribunal.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmaron que la sentencia cuestionada incurrió en defecto
material o sustantivo, en tanto la providencia acepta la ocurrencia
de los hechos que condujeron al asesinato del señor DISNALDO
JOSÉ PERPIÑAN MARSHELL, pero en la “ratio decidendi” no
reconoce la violación de derechos humanos, ni la omisión de las
autoridades en la protección de sus garantías.
Indicaron que la SECCIÓN TERCERA incurrió en defecto fáctico al
omitir el decreto de pruebas necesarias en el proceso, al valorar de
manera arbitraria las pruebas presentadas y desconocer en su
integridad las pruebas que conllevaban a inferir razonablemente que
la víctima fue objeto de amenazas y extorsión, así como la prueba
sobreviniente consistente en la confesión de los miembros del grupo
armado ilegal que aceptaron en forma expresa el homicidio del señor
DISNALDO JOSÉ PERPIÑAN MARSHELL.
Señalaron que también incurrió en violación directa de la
Constitución al considerar que, estando probada la vulneración de
sus derechos fundamentales y la causación de los perjuicios, la
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sentencia desconoció el artículo 90 superior al momento de efectuar
la valoración probatoria.
Finalmente, indicaron que la autoridad judicial accionada justificó la
ineptitud y la omisión de las autoridades para brindar protección a la
víctima.
I.4.- Pretensiones
Los accionantes solicitaron dejar sin efecto la sentencia objetada y,
en su lugar, ordenar a la SECCIÓN TERCERA emitir un nuevo
pronunciamiento, en los siguientes términos:
“[…] Se solicita en forma concreta al juez de tutela, mediante
la presente acción, dejar sin efecto la sentencia dictada por
esa corporación - sección tercera- Consejo de Estado, en el
proceso radicado 20001233100020030085301, de
reparación directa, y en su defecto se ordene dictar sentencia
condenatoria a la entidades demandadas, reconocer y pagara
a los accionantes, los perjuicios de todo orden causados con
el asesinato de su esposo y padre DISNALDO JOSE PERPIÑAN
MARSHELL, ocurrida el 28 de noviembre de 2001; el hurto de
semovientes vacunos, desplazamiento de la familia y demás
perjuicios peritados, para la presentación de demanda, en la
suma provisional de Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos
($4.500’000.000); con la debida actualización, de esa fecha
hasta el momento en que se reconozca y pague
efectivamente el monto de los perjuicios hasta hoy,
estimados en la suma provisional de Veinte Mil Millones de
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pesos ($ 20.000’000.000) o la suma que resulte probada
[…]”.
I.5.- Defensa
La SECCIÓN TERCERA indicó que las consideraciones esgrimidas en
la sentencia objetada son suficientes para advertir la improcedencia
del amparo.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El DEPARTAMENTO DEL CESAR solicitó su desvinculación
de la acción de tutela de la referencia, al considerar que no goza de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha vulnerado los
derechos fundamentales de los accionantes.
I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN manifestó que la
presente tutela es improcedente, por cuanto no se acreditó el
agotamiento de los recursos judiciales ordinarios o extraordinarios
para ventilar las pretensiones objeto estudio.
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Señaló que la parte actora no sustentó las causales específicas de
procedibilidad y, además, que por tratarse de pretensiones
económicas la presente acción no tiene relevancia constitucional.
I.6.3.- La NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA
NACIONAL manifestó que bajo ningún contexto podría endilgársele
responsabilidad por omisión en sus deberes de protección o
seguridad, por cuanto no hay prueba que indique las amenazas en
contra de la víctima y la solicitud de medidas de protección.
Arguyó que la acción es improcedente, teniendo en cuenta la
inexistencia de un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e
injustificada que amerite la protección de los derechos deprecados y
el reconocimiento de las pretensiones.
I.6.4.- El TRIBUNAL se limitó a enviar el expediente digital
contentivo del medio de control de reparación directa objeto de
análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la
acción de tutela.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
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La Sala advierte que el DEPARTAMENTO DEL CESAR formuló
petición de desvinculación en la presente acción de tutela, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el DEPARTAMENTO DEL CESAR, actuó como parte
demandada dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 20001-23-31-000-
2003-00853-01, objeto del presente estudio, la Sala concluye que a
la entidad, en calidad de tercera, le asiste interés en la decisión que
se adopte en la acción constitucional de la referencia, razón por la
que se denegará su solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que los actores pretenden
que se deje sin efecto la providencia de 27 de abril de 2020
proferida por la SECCIÓN TERCERA, por medio de la cual se
denegaron las pretensiones de reconocimiento e indemnización de
los perjuicios causados por el homicidio del señor DISNALDO JOSÉ
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PERPIÑAN MARSHELL, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 20001-23-31-
000-2003-00853-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, a la dignidad humana, a la vida y a la
propiedad privada, habida cuenta que, a juicio de los actores, la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, defecto
material o sustantivo y violación directa a la Constitución.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la autoridad
judicial incurrió en los defectos endilgados.
La Sala advierte que frente al defecto fáctico endilgado se cumple
con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto los actores
plantean, con suficiente carga argumentativa, las razones por las
cuales, en su criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales;
contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
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estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia
(artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable3 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos
que se estiman lesionados.
Ahora bien, contrario ocurre respecto de los defectos material o
sustantivo y violación directa de la Constitución alegados por
los actores, pues frente a los mismos no se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, comoquiera que lo pretendido es
revivir una discusión que ya fue objeto de debate y resuelto por el
juez natural del asunto.
En efecto, en cuanto al defecto material o sustantivo, los actores
afirmaron que la sentencia cuestionada acepta la ocurrencia de los
hechos que condujeron al asesinato del señor DISNALDO JOSÉ
PERPIÑAN MARSHELL, pero en la “ratio decidendi” no reconoce la
violación de derechos humanos, ni la omisión de las autoridades en
la protección de sus garantías.
3
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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Frente, a la violación directa de la Constitución, señalaron que
estando probada la vulneración de sus derechos fundamentales y la
causación de los perjuicios, la sentencia desconoció el artículo 90
superior al momento de efectuar la valoración probatoria.
De lo expuesto, se evidencia que los fundamentos que soportan tanto
el defecto material o sustantivo como la violación directa de la
Constitución son una reiteración de los planteamientos que fueron
resueltos en el curso del proceso de reparación directa, se dirigen de
manera exclusiva a controvertir la actuación del Estado y la presunta
responsabilidad patrimonial por los daños antijuridicos alegados.
Para la Sala, los planteamientos formulados por los actores no
cumplen con la suficiente carga argumentativa, en tanto no se
exponen las razones por las cuales la autoridad judicial cuestionada,
incurrió en la vulneración de las garantías constitucionales
deprecadas, contrario a ello, lo pretendido por los actores con tales
inconformidades es reabrir un debate ya surtido dentro del proceso
ordinario, lo cual no es de recibo en esta instancia constitucional.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de “evidente relevancia constitucional”.
Bajo esa expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que
la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada
como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar
los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo
no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es
necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que “sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela”.5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez.
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“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”
[8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa
es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ 11]. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural [13]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la
publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición
de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]”. (Resaltado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y, (iii) preservar la competencia
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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y la independencia del juez ordinario.
En suma, no se advierte en tales inconformidades la existencia de
una cuestión que sea de «verdadera relevancia constitucional» que
conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la
actora, sino la reiteración de planteamientos que ya fueron
estudiados por el juez natural y que obedecen a un debate surtido
en sede ordinaria, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse,
so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del
juez ordinario; igualmente, se advierte que no es dable por esta vía
plantear un debate legal como si se tratara de un recurso o una
instancia adicional14.
Por lo anterior, la Sala declarará improcedente las pretensiones
frente a los defectos material o sustantivo y violación directa
de la Constitución, como en efecto lo dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
14
Esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto similar mediante sentencia de 4 de
febrero de 2021, Expediente radicado bajo el núm. 11001 03 15 000 2020 04128 01. C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.
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Ahora bien, al encontrarse que el defecto fáctico sí cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, se desarrollará el marco
jurídico de este, para enseguida resolver el fondo del asunto.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 201315, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto
de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una
omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una
valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes
para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas
en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez
desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas
de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha
identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio
constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la
realidad probatoria del proceso […]”.
15
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa
que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte
de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
de que son titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas
del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
se debe examinar lo decidido en la sentencia de 27 de abril de 2020
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proferida por la SECCIÓN TERCERA, aquí cuestionada, en la cual
se indicó lo siguiente:
“[…] Responsabilidad por omisión del deber de seguridad y
protección […]
Al delimitar su alcance, la jurisprudencia ha considerado que el
Estado es responsable patrimonialmente, a título de falla del
servicio, por omisión en el deber de prestar seguridad a las
personas, cuando: (i) se solicita protección especial, por las
particulares condiciones de riesgo en que se encuentra la persona1
1 ; (ii) no se solicita expresamente, pero es evidente que la persona
necesitaba la protección, porque existían pruebas o indicios
conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba
amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus
bienes12 y (iii) se deja a la población a merced de los grupos de
delincuencia, sin brindarles protección alguna, cuando se tiene
conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo
desconocidos por grupos organizados al margen de la ley13.
9. La responsabilidad del Estado por pérdida o hurto de ganado se
rige por los mismos postulados [núm. 8]. Como sucede en relación
con el deber de protección a la seguridad e integridad de las
personas, las autoridades -civiles y la fuerza pública- también
están instituidas para proteger los bienes de los residentes en
Colombia (arts. 2, 189.3, 218, 303 y 315.2 CN). Este deber -que
tampoco es absoluto- debe apreciarse en cada caso e impone tener
en cuenta los recursos materiales y humanos de los que disponen
esas autoridades para su cometido.
De modo que la responsabilidad del Estado, por la falla del servicio,
solo surgirá si el afectado acredita que solicitó la protección del
ganado y las autoridades omitieron desplegar -en la medida de sus
posibilidades- la guarda de aquel, o si demuestra que las
autoridades dejaron en desprotección total a la población frente a
la delincuencia y grupos armados al margen de la ley14. Asimismo,
el afectado por la pérdida del ganado debe probar que es el titular
de los hierros o marcas quemadoras, de conformidad con los
artículos 35 de la Ley 132 de 1931 y 3 del Decreto 1372 de 1933,
si los hechos por los que se reclama la responsabilidad estatal son
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anteriores a la vigencia de la Ley 914 de 2004, que creó el Sistema
Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino.
10. La demanda afirmó que la Nación-Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, y otros incurrieron en falla del servicio por
omisión al deber de seguridad y protección por el asesinato de
Disnaldo José Perpiñán Marzal y el hurto de un vehículo y reses de
ganado de su propiedad.
Está acreditado que Disnaldo José Perpiñán Marzal murió [hecho
probado 7.8]; que Disnaldo Perpiñán lbarra denunció a "personas
desconocidas" por el homicidio de Disnaldo José Perpiñán Marzal y
por el hurto de unas reses de ganado vacuno [hecho probado 7.10,
7.13, 7.15 y 7.16]; que Claudia Ariza Contreras denunció a
"personas desconocidas" por hurto de reses de ganado [hecho
probado 7.11] y que el hierro marcador del ganado que
denunciaron robado coincide con el registrado ante el municipio de
Agustín Codazzi [hechos probados 7.1, 7.11, 7.12, 7.15 y 7.16].
Disnaldo José Perpiñán Marzal presentó denuncias por extorsión
[hechos probados 7.2 y 7.3], pero en ellas no pidió medidas de
seguridad. Aunque su hijo solicitó la protección de unas reses de
ganado vacuno [hechos probado 7 .13], el ganado robado con
posterioridad a la solicitud no se encontraba en las fincas indicadas
por el peticionario [hechos probados 7 .15 y 7 .16].
La Personería del municipio de Agustín Codazzi "certificó" que
Disnaldo José Perpiñán Marzal fue víctima de una "masacre" [hecho
probado 7.14]. El funcionario que expidió este documento no
presenció los hechos, ni hizo referencia a los documentos o
información que acreditaría lo allí señalado.
La parte demandante no acreditó que Disnaldo José Perpiñán
Marzal hubiera solicitado protección de las autoridades. Por el
contrario, se probó que Disnaldo José Perpiñán Marzal no solicitó
medidas de seguridad al Departamento Administrativo de
Seguridad DAS del Cesar, ni a la Alcaldía del municipio de Agustín
Codazzi [hecho probado 7.18]. Estos documentos no fueron
tachados de falsos y provienen de los funcionarios encargados de
verificar los requerimientos de protección solicitada por personas
bajo amenaza por grupos ilegales
No obran al menos indicios conocidos que permitieran concluir que
Disnaldo José Perpiñán Marzal iba a ser víctima de un homicidio y
hurto por grupos al margen de la ley. De las denuncias que
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formularon Disnaldo Alfonso Perpiñán lbarra y Claudia Ariza
Contreras no se podía advertir por anticipado que iba a sufrir un
atentado contra su vida o sus bienes. Tampoco se probó que la
población del municipio Agustín Codazzi estaba sin protección
alguna, pues el Consejo Departamental de Seguridad del Cesar
adoptó medidas de seguridad [hechos probados 7.4 a 7.7] y el
Ejército Nacional hizo presencia contra grupos al margen de la ley
[hechos probados 7.9 y 7.19].
La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión,
debe tenerse en cuenta que la capacidad de acción de las
autoridades no es ilimitada para disuadir la acción de los grupos
ilegales. Lo contrario significaría que las autoridades de policía
estarían obligadas a lo imposible, esto es, a poner a disposición de
los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente,
la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que
este tipo de delitos sucedan. El juez de la administración no puede
desconocer la realidad institucional y, después de hechos de esta
naturaleza, exigir acciones que desbordaban la capacidad de
respuesta de las autoridades.
Según el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los
artículos 168 y 267 CCA, quien alega un daño debe demostrar su
ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido, ya que la
sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo.
La demanda adujo que el vehículo Toyota, placa PKJ-299 y modelo
1971 fue robado, pero la parte demandante no aportó pruebas que
acreditaran la propiedad del automotor. Como no se probó la
omisión por parte de las autoridades en el deber de protección de
la vida y las reses de ganado de Disnaldo José Perpiñán Marzal, no
se configuró una falla del servicio de las demandadas. Por ello, la
Sala confirmará la decisión de primera instancia. […]”
De lo anterior, se extrae que la autoridad judicial accionada, al
conocer del medio de control de reparación directa en segunda
instancia, confirmó la decisión del a quo de denegar las pretensiones
de la demanda, al considerar que no se reunieron los elementos de
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juicio que permitieran declarar la responsabilidad estatal por los
daños ocasionados.
Para arribar a tal conclusión, la autoridad judicial accionada estimó
que de las pruebas allegadas al proceso, no era posible atribuirle
responsabilidad al Estado bajo la teoría de la falla en el servicio, por
el daño causado por miembros de un grupo al margen de la ley,
comoquiera que si bien la víctima presentó algunas denuncias por
extorsión como se encontró probado, en tales reclamos, no solicitó
medidas de seguridad al Departamento Administrativo de Seguridad,
ni a la Alcaldía del Municipio de Agustín Codazzi, entidades estatales
encargadas de prestar la seguridad a los ciudadanos en la
jurisdicción.
En efecto, para la SECCIÓN TERCERA, del material probatorio
obrante en el expediente, no se desprendieron indicios con los que
se lograra inferir que el señor PERIPIÑÁN IBARRA sería víctima de
homicidio y hurto por grupos al margen de la ley, la autoridad judicial
argumentó que dicha situación no podría ser advertida por
anticipado, máxime cuando se encontró probado que la población del
Municipio de Agustín Codazzi contaba con protección de la fuerza
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pública y se habían implementado algunas medidas de seguridad en
virtud de un Consejo Departamental de Seguridad del Cesar.
En ese sentido, la SECCIÓN TERCERA al valorar el material
probatorio en conjunto, concluyó que no hubo omisión de protección
por parte del Estado, en tanto adoptó las medidas posibles y
razonables en aras de proteger a la población civil.
En ese sentido, la Sala no evidencia la configuración del defecto
fáctico alegado, en tanto la decisión cuestionada fue adoptada a
partir de la situación fáctica planteada en la demanda y en el material
probatorio aportado al plenario, por lo que de conformidad con la
autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, la
SECCIÓN TERCERA confirmó la decisión del a quo, que denegó las
súplicas de la demanda. Por lo tanto, el análisis de la decisión
contenida en la providencia controvertida, no resulta arbitraria o
incongruente.
En ese orden de ideas, en la medida que la autoridad judicial
accionada no incurrió en el defecto fáctico alegado por los actores,
la Sala denegará el amparo constitucional, como se dispondrá en la
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parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el
DEPARTAMENTO DEL CESAR, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela
respecto de los defectos material o sustantivo y violación directa de
la Constitución alegados, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado frente al defecto fáctico,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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