Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01635-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01635-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01635-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
13 de julio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01635-01
Demandante: MERIDA PAULINA IBARRA OÑATE Y OTROS
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: REPARACIÓN DIRECTA. FALLA DEL SERVICIO.
MODIFICA FALLO QUE NEGÓ EL AMPARO. ANÁLISIS DE
LOS DEFECTOS FÁCTICO Y SUSTANTIVO. LA SIMPLE
INCONFORMIDAD CON EL ANÁLISIS DE LOS JUECES
ORDINARIOS NO CONSTITUYE UN DEFECTO
SUSCEPTIBLE DE SER AMPARADO VÍA ACCIÓN DE
TUTELA.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada en el
marco del proceso de reparación directa vulneró sus derechos constitucionales fundamentales
del debido proceso, dignidad humana, vida y propiedad privada con ocasión del fallo de 27 de
abril de 2020 por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y violación
directa de la Constitución.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 7 de abril de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva presentada por el DEPARTAMENTO DEL CESAR, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela respecto de
los defectos material o sustantivo y violación directa de la Constitución
alegados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado frente al defecto fáctico, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”. (archivo disponible
en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del
original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01635-01
Demandante: Merida Paulina Ibarra Oñate y otros
Acción de tutela – Impugnación fallo
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 14 de marzo del 2022 la señora Merida Paulina Ibarra Oñate y otros1, por intermedio
de apoderado judicial, presentaron proceso de acción de tutela en contra de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se
protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, dignidad
humana, vida y propiedad privada y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“Se solicita en forma concreta al juez de tutela, mediante la presente acción,
dejar sin efecto la sentencia dictada por esa corporación - sección tercera-
Consejo de Estado, en el proceso radicado 20001233100020030085301, de
reparación directa, y en su defecto se ordene dictar sentencia condenatoria a la
entidades demandadas, reconocer y pagara a los accionantes, los perjuicios de
todo orden causados con el asesinato de su esposo y padre DISNALDO JOSE
PERPIÑAN MARSHELL, ocurrida el 28 de noviembre de 2001; el hurto de
semovientes vacunos, desplazamiento de la familia y demás perjuicios
peritados, para la presentación de demanda, en la suma provisional de Cuatro
Mil Quinientos Millones de Pesos ($ 4.500’000.000); con la debida actualización,
de esa fecha hasta el momento en que se reconozca y pague efectivamente el
monto de los perjuicios hasta hoy, estimados en la suma provisional de Veinte
Mil Millones de pesos ($ 20.000’000.000) o la suma que resulte probada.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) El 27 de marzo de 2003 la señora Merida Paulina Ibarra Oñate y su grupo familiar
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y otros, con el fin de
que se les declarara administrativamente responsables por la muerte del señor Disnaldo
José Perpiñán Marzal y el hurto de un vehículo y ganado de su propiedad.
2) El asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar quien en providencia de
22 de mayo de 2008 negó las pretensiones de la demanda, por cuanto la fuerza pública
prestó vigilancia y protección en la zona de los hechos y, además, porque estos no eran
previsibles.
1 Jhoanny Patricia Perpiñan Ibarra; Disnaldo Alfonso Perpiñan Ibarra; Carlos Antonio Perpiñan Ibarra;
Enrique Eduardo Perpiñan Ibarra.
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Demandante: Merida Paulina Ibarra Oñate y otros
Acción de tutela – Impugnación fallo
3) La anterior decisión fue apelada por la parte demandante pues consideró que las
demandadas incumplieron el deber de protección, pues el señor Perpiñán Marzal fue
extorsionado por grupos al margen de la ley que operaban en la zona.
4) La apelación fue resuelta por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en sentencia de 27 de abril de 20202 en la que confirmó la decisión de primera
instancia, por cuanto no se probó la omisión de las autoridades de proteger la vida y las
reses de ganado del señor Marzal, así como tampoco se acreditó la propiedad del
automotor.
3. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales antes referidos, con ocasión del fallo de 27 de abril de
2020 por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa
de la Constitución.
En cuanto al defecto sustantivo señalaron que en la sentencia se mencionaron las
pruebas de amenazas y extorsión y se aceptó la ocurrencia de los hechos que condujeron
al asesinato del señor Perpiñán, pero no se reconoció la violación de los derechos
humanos ni la omisión de las autoridades en la protección de la familia afectada y
perjudicada con el daño antijurídico.
Frente al defecto fáctico indicaron que la autoridad judicial demandada omitió la
valoración de las pruebas que demostraban las amenazas y extorsión a que fue sometido
el señor Perpiñán Marzal, tales como las denuncias escritas y verbales presentadas por
la víctima.
Por último, manifestaron que se incurrió en violación directa de la Constitución, pues se
dejó de aplicar el artículo 90 de la Carta Política, para dar una valoración caprichosa y
arbitraria a las pruebas presentadas.
2 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 6 de octubre de 2021.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
4. Actuación de primer grado
Mediante auto de 16 de marzo de 2022 la Sección Primera del Consejo de Estado dispuso
admitir el proceso de acción de tutela y notificar a los magistrados de la Subsección C
dela Sección Tercera del Consejo de Estado, al Ejército Nacional y la Policía Nacional, a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al
departamento del Cesar, al Tribunal Administrativo del Cesar y al municipio Agustín
Codazzi, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 7 de abril de 2022 negó el
amparo invocado respecto del defecto fáctico y declaró improcedente la acción de tutela
frente a los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución.
En cuanto a los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución adujo que eran
una reiteración de los planteamientos que fueron resueltos en el curso del proceso de
reparación directa y se dirigían de manera exclusiva a controvertir la actuación del Estado
y la presunta responsabilidad patrimonial por los daños antijuridicos alegados, por lo que
había lugar a declarar improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
En relación con el defecto fáctico, luego de analizar lo decidido en la sentencia del 27 de
abril de 2020, afirmó que de las pruebas allegadas al expediente la autoridad judicial
demandada pudo establecer que no era posible atribuirle responsabilidad al Estado bajo
la teoría de la falla del servicio por el daño causado por miembros de un grupo al margen
de la ley, en consideración a que, si bien la víctima presentó algunas denuncias por
extorsión, no solicitó medidas de seguridad al Departamento Administrativo de Seguridad
ni a la Alcaldía de Agustín Codazzi, entidades encargadas de prestar la seguridad a los
ciudadanos en la jurisdicción.
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6. Impugnación
La parte demandante impugnó el fallo de primera instancia, recurso que fue concedido
en auto de 27 de abril de 2022.
Mencionó que en la sentencia materia de la solicitud de amparo se impuso una
apreciación personal del consejero ponente por encima de la realidad probatoria y de los
hechos que patrocinó la omisión del Estado para la protección de los derechos
fundamentales de los ciudadanos y que derogó el contenido del artículo 2 de la norma
superior.
Sostuvo que de ninguna manera los argumentos que soportan los defectos invocados
son la reiteración de los planteamientos del proceso ordinario.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
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De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, dignidad
humana, vida y propiedad privada presuntamente vulnerados con ocasión del fallo de 27
de abril de 2020 por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución.
En la sentencia de primera instancia la Sección Primera de esta Corporación negó el
amparo invocado respecto del defecto fáctico y declaró improcedente la acción de tutela
frente a los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, pues no cumplían
con el requisito de relevancia constitucional.
La parte demandante en su escrito de impugnación solicitó la revocatoria del fallo
impugnado, pues consideró que en la sentencia materia de la solicitud de amparo se
impuso una apreciación personal por encima de la realidad probatoria y de los hechos
que patrocinó la omisión del Estado para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos y derogó el contenido del artículo 2 de la norma superior.
Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción
de tutela se alegaron los defectos fáctico y violación directa de la Constitución, lo cierto
es que a partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte que los reparos
efectuados en realidad tienen relación directa con la indebida valoración de los medios
probatorios allegados al proceso ordinario; por consiguiente, se procederá a realizar el
análisis únicamente frente al primero de ellos pues los argumentos relacionados con el
segundo también constituyen un defecto fáctico, por lo que se valorarán bajo esa óptica.
No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
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En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará la sentencia
de primer grado y dispondrá negar el amparo invocado respecto del defecto fáctico y
declarar improcedente la acción de tutela frente al defecto sustantivo, por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
1. Análisis del defecto fáctico
1.1 En lo que se refiere al defecto fáctico invocado en la acción de tutela el presente caso
cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia
constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles
al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii)
se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue
promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada 3;
(iii) no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de
la parte actora; (iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una
sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia
constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales
fundamentales con ocasión de la providencia que no declaró probada la falla del servicio
por reparos relacionados con la sentencia de segunda instancia, lo cual tiene una
estrecha relación con las garantías del debido proceso y acceso a la administración de
justicia, al tiempo que no constituye una reiteración de lo debatido en el proceso ordinario.
1.2 En cuanto a este defecto la parte demandante indicó que la autoridad judicial
demandada no valoró las pruebas que demostraban las amenazas y la extorsión a las
que fue sometido el señor Perpiñán Marzal, tales como las denuncias escritas y verbales
presentadas por la víctima.
1.3 Así las cosas, la Sala procederá a realizar un estudio de la providencia atacada con
el fin de verificar si la autoridad judicial demandada omitió valorar o valoró
defectuosamente el material probatorio a que hace referencia la parte demandante y con
el que, a su juicio, era posible determinar la falla del servicio en la que incurrieron las
3 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 6 de octubre de 2021 y la demanda fue presentada el
14 de marzo del presente año.
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demandadas por no tomar las medidas correspondientes con el fin de impedir el
asesinato del señor Perpiñán Marzal y el hurto del vehículo y ganado de su propiedad.
1.4 En la sentencia materia de tutela la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado tuvo como hechos probados los siguientes:
“7.2 El 8 de enero de 1999, Disnaldo José Perpiñán Marzal denunció a personas
desconocidas por extorsión. Relató que a un empleado de su finca “Los Andes”
le exigieron el pago de $15.000.000, según da cuenta copia de la denuncia (f.35
c.1).
7.3 El 11 de mayo de 2000, Disnaldo José Perpiñán Marzal presentó denuncia
por extorsión y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal- GAULA
se trasladó a su residencia para identificar los responsables, sin éxito, según da
cuenta certificación proferida por el GAULA (f. 43 c.1).
7.4 el 11 de abril del 2001, el Consejo Departamental de Seguridad del Cesar
discutió la situación de orden público del municipio de Agustín Codazzi y adoptó
medidas de seguridad, según da cuenta copia auténtica de las actas (f. 270 a
279 c. 1).
(…)
7.7 El 16, 23 y 30 de octubre del 2001, el Consejo Departamental de Seguridad
del Cesar volvió a discutir la situación de orden público del municipio de Agustín
Codazzi y adoptó medidas de seguridad, según da cuenta copia auténtica de
las actas (f. 234 a 244 c.1).
7.8 El 28 de noviembre del 2001, Disnaldo José Perpiñán Marzal murió, según
da cuenta copia simple del Registro Civil de Defunción (f.8 c.1).
7.9 El 29 de noviembre del 2001, el Ejército Nacional puso a disposición de la
Fiscalía local de turno de Bosconia-César una camioneta Dodge de placas IBE-
363 y 16 reses de ganado vacuno, que fueron recuperadas en un operativo
militar contra grupos al margen de la ley, según da cuenta copia simple del oficio
no 0480 (f. 49 y 50 c.1).
7.10 El 17 de diciembre del 2001, Disnaldo Alfonso Perpiñán Ibarra denunció a
“personas desconocidas” por el homicidio de Disnaldo José Perpiñán Marzal y
el hurto calificado del vehículo Toyota con placas PKJ-299 modelo 1971, según
da cuenta copia simple de la denuncia (f.42 c.1).
7.11 El 4 de enero del 2002, Claudia Ariza Contreras denunció a “personas
desconocidas” por el delito de hurto calificado. Relató que el 28 de noviembre
de 2001 sujetos al margen de la ley hurtaron 758 reses de ganado vacuno de
la finca “Villa Claudia”, propiedad de Disnaldo José Perpiñán Marzal y dibujó el
hierro marcador que tenían los animales -iniciales “DP”-, según da cuenta copia
simple de la denuncia (f. 38 c. 1).
7.12 El 4 de enero del 2002, Disnaldo Alfonso Perpiñán Ibarra denunció a
“personas desconocidas” por el delito de hurto calificado. Relató que el 28 de
noviembre de 2001 sujetos al margen de la ley hurtaron 269 reses de ganado
vacuno, propiedad de Disnaldo José Perpiñán Marzal, finca “La providencia”
ubicada en la vereda “La Paralizada” y las fincas “La Amazonita” y “La Estrella”
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y dibujó el hierro marcador que tenían los animales -iniciales “DP”-, según da
cuenta copia simple de la denuncia (f. 39 c.1).
7.13 El 10 de enero del 2002, Disnaldo Alfonso Perpiñán Ibarra solicitó al
comandante del comando no. 7 del Ejército Nacional protección de una reses
de ganado vacuno ubicadas en las haciendas “El tiburcio” en el municipio de
San Diego, “Cocoloso” y “Arca” corregimiento de “Aguas Blancas”, “Génova”
ubicada en la vía que conduce del municipio de Codazzi al municipio de San
Diego, “El Cerrito” ubicada en la vía que conduce del corregimiento de
“Casacará” al municipio de Becerril, “El Laurel” en el municipio de Becerril, “Villa
del Río” en el municipio de Codazzi y “Los Andes” en la vereda “La Duda”,
porque estaban en riesgo de hurto por grupos armados al margen de la ley,
segunda cuenta copia de la petición (f. 55 a 56 c.1).
7.14 El 14 de enero de 2002, la Personalidad del municipio de Agustín Codazzi
“certificó” que Disnaldo José Perpiñán Marzal fue víctima de una masacre en el
marco del conflicto armado, según da cuenta copia simple de la certificación (f.
10 c.1).
(…)
7.17 En la época de los hechos, grupos al margen de la ley incursionaron en el
municipio de Agustín Codazzi y la fuerza pública implementó medidas para
contrarrestarlos, según da cuenta oficio no. 1692 de 24 agosto de 2005,
expedido por el departamento de Policía del Cesar (f. 385 a 393 c.1).
7.18 Disnaldo José Perpiñán Marzal no solicitó medidas de seguridad al
Departamento Administrativo de Seguridad DAS del Cesar, ni a la alcaldía del
municipio de Agustín Codazzi, segunda cuenta certificaciones del director
seccional de ese departamento administrativo y de la entidad territorial (f. 46 y
228 c.1). “. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI).
1.5 De conformidad con lo anterior se estimó que se probó que el señor Disnaldo José
Perpiñán Marzal no solicitó medidas de seguridad al Departamento Administrativo de
Seguridad del Cesar ni a la Alcaldía del municipio Agustín Codazzi, así:
“Está acreditado que Disnaldo José Perpiñán Marzal murió [hecho probado 7.8];
que Disnaldo Perpiñán lbarra denunció a "personas desconocidas" por el
homicidio de Disnaldo José Perpiñán Marzal y por el hurto de unas reses de
ganado vacuno [hecho probado 7.10, 7.13, 7.15 y 7.16]; que Claudia Ariza
Contreras denunció a "personas desconocidas" por hurto de reses de ganado
[hecho probado 7.11] y que el hierro marcador del ganado que denunciaron
robado coincide con el registrado ante el municipio de Agustín Codazzi [hechos
probados 7.1, 7.11, 7.12, 7.15 y 7.16].
Disnaldo José Perpiñán Marzal presentó denuncias por extorsión [hechos
probados 7.2 y 7.3], pero en ellas no pidió medidas de seguridad. Aunque
su hijo solicitó la protección de unas reses de ganado vacuno [hechos
probados 7 .13], el ganado robado con posterioridad a la solicitud no se
encontraba en las fincas indicadas por el peticionario [hechos probados 7
.15 y 7 .16].
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Demandante: Merida Paulina Ibarra Oñate y otros
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La Personería del municipio de Agustín Codazzi "certificó" que Disnaldo José
Perpiñán Marzal fue víctima de una "masacre" [hecho probado 7.14]. El
funcionario que expidió este documento no presenció los hechos, ni hizo
referencia a los documentos o información que acreditaría lo allí señalado.
La parte demandante no acreditó que Disnaldo José Perpiñán Marzal
hubiera solicitado protección de las autoridades. Por el contrario, se
probó que Disnaldo José Perpiñán Marzal no solicitó medidas de
seguridad al Departamento Administrativo de Seguridad DAS del Cesar, ni
a la Alcaldía del municipio de Agustín Codazzi [hecho probado 7.18]. Estos
documentos no fueron tachados de falsos y provienen de los funcionarios
encargados de verificar los requerimientos de protección solicitada por
personas bajo amenaza por grupos ilegales.
No obran al menos indicios conocidos que permitieran concluir que
Disnaldo José Perpiñán Marzal iba a ser víctima de un homicidio y hurto
por grupos al margen de la ley. De las denuncias que formularon Disnaldo
Alfonso Perpiñán lbarra y Claudia Ariza Contreras no se podía advertir por
anticipado que iba a sufrir un atentado contra su vida o sus bienes. Tampoco
se probó que la población del municipio Agustín Codazzi estaba sin
protección alguna, pues el Consejo Departamental de Seguridad del Cesar
adoptó medidas de seguridad [hechos probados 7.4 a 7.7] y el Ejército
Nacional hizo presencia contra grupos al margen de la ley [hechos probados
7.9 y 7.19].
La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión, debe tenerse
en cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para
disuadir la acción de los grupos ilegales. Lo contrario significaría que las
autoridades de policía estarían obligadas a lo imposible, esto es, a poner a
disposición de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente,
la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que este tipo de
delitos sucedan. El juez de la administración no puede desconocer la realidad
institucional y, después de hechos de esta naturaleza, exigir acciones que
desbordaban la capacidad de respuesta de las autoridades.
Según el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168
y 267 CCA, quien alega un daño debe demostrar su ocurrencia para que se
produzca el efecto pretendido, ya que la sola afirmación de la demandante no
es suficiente para acreditarlo. La demanda adujo que el vehículo Toyota,
placa PKJ-299 y modelo 1971 fue robado, pero la parte demandante no
aportó pruebas que acreditaran la propiedad del automotor. Como no se
probó la omisión por parte de las autoridades en el deber de protección
de la vida y las reses de ganado de Disnaldo José Perpiñán Marzal, no se
configuró una falla del servicio de las demandadas. Por ello, la Sala
confirmará la decisión de primera instancia.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).
1.6 Pues bien, una vez examinado lo anterior, esta Sala encuentra que la autoridad
judicial accionada efectivamente analizó el caso a la luz de la falla del servicio y valoró
las pruebas que obraban en el expediente, las cuales le llevaron a concluir que el señor
Disnaldo José Perpiñán Marzal no solicitó medidas de seguridad al Departamento
Administrativo de Seguridad del Cesar ni a la Alcaldía de Agustín Codazzi y que tampoco
obraban al menos los indicios suficientes que permitieran concluir que iba a ser víctima
de homicidio y hurto por parte de grupos al margen de la ley, pues de las denuncias que
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formularon los señores Disnaldo Alfonso Perpiñán Ibarra y Claudia Ariza Contreras no
era posible advertir por anticipado dicha situación.
1.7 Asimismo, es preciso señalar que la autoridad judicial demandada no omitió valorar
ni mucho menos analizó de manera arbitraria o defectuosa el material probatorio allegado
al proceso, como lo alega la parte atora, cuestión distinta es que ante la falta de pruebas
que acreditaran una falla del servicio consideró que las demandadas no incumplieron su
deber de protección frente a la víctima y sus propiedades.
1.8 En efecto, el Consejo de Estado señaló que a pesar de que se encontraba probado
el daño antijurídico las pruebas allegadas no eran suficientes para acreditar que el señor
Disnaldo José Perpiñán Marzal solicitó la protección de su vida y del ganado y que, sin
embargo, las autoridades omitieron desplegar las medidas correspondientes.
1.9 Así las cosas, la Sala considera que la providencia de 27 de abril de 2020 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en el defecto
fáctico invocado, pues estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, las
pruebas documentales allegadas al proceso, así como la normativa y la jurisprudencia
aplicable al caso concreto, lo cual le permitió concluir que en el plenario no existían
suficientes elementos de juicio que brindaran certeza de la existencia de una falla del
servicio.
1.10 Por consiguiente, los planteamientos realizados por la parte actora en el presente
asunto obedecen a un desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la
autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la
providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se encuentra
que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que
realizó el juez natural del proceso hizo parte de la autonomía e independencia que tienen
los jueces de la República y, por consiguiente, las partes ni el juez constitucional pueden
imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural,.
1.11 En consecuencia, para esta Sala no hay lugar a declarar la presencia de un defecto
fáctico en la providencia atacada.
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2. Análisis del defecto sustantivo
2.1 La parte demandante señaló que en la sentencia se mencionaron las pruebas de
amenazas y extorsión y se aceptó la ocurrencia de los hechos que condujeron al
asesinato del señor Perpiñán, pero no se reconoció la violación de los derechos humanos
ni la omisión de las autoridades en la protección de la familia afectada y perjudicada con
el daño antijurídico que se solicitó reparar en forma integral.
2.2 No obstante, para la Sala, como lo fue para la primera instancia, es claro que los
fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera
exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y
resueltos en el trámite del proceso ordinario y que estaban dirigidos a que se declarara
la responsabilidad patrimonial del Estado por la omisión en el deber de seguridad y
protección que ocasionó el homicidio del señor Disnaldo José Perpiñán Marzal y el hurto
de un vehículo y ganado de su propiedad.
2.3 En el recurso de apelación del proceso ordinario la parte demandante indicó, en los
mismos términos que ahora plantea, que las autoridades demandadas incumplieron el
deber de protección, pues, a pesar de todas las denuncias presentadas por el señor
Perpiñán Marzal este fue extorsionado, asesinado por grupos al margen de la ley y
víctima del hurto de su ganado en los siguientes términos:
“Comedidamente me dirijo a usted a fin de INTERPONER RECURSO DE
APELACIÓN de la sentencia que desestimó las pretensiones de la
demanda del proceso referenciado, cuyos criterios que tomó su despacho
los respeto más no los comparto, ya que a mi juicio consideró que la
muerte del señor DISNALDO PERPIÑÁN y el hurto del ganado se dio
por omisión del servicio, por parte de las autoridades demandadas,
máxime que está probado dentro de la demanda la solicitud de la
protección a su vida y a sus bienes, y no es con el criterio de la falla
relativa argumentada por su despacho que contrarreste la pretensión
aludida por los actores principales del proceso, No obstante su apreciación
sustentaré en debida oportunidad el mencionado recurso.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI -mayúsculas del
original, negrillas de la Sala).
2.4 En el fallo de 27 de abril de 2020 que resolvió el recurso de apelación la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, después de hacer el análisis de las
pruebas allegadas al proceso y el estudio del marco normativo y jurisprudencial sobre la
materia, indicó que, a pesar de que se encontraba probado el daño antijurídico, no se
acreditó el nexo causal que posibilitara su imputación a alguna de las demandadas en
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01635-01
Demandante: Merida Paulina Ibarra Oñate y otros
Acción de tutela – Impugnación fallo
consideración a que no se demostró que el señor Perpiñán Marzal hubiese solicitado
protección ante las autoridades competentes, como lo indicó la providencia -se
transcribe-:
“La parte demandante no acreditó que Disnaldo José Perpiñán Marzal
hubiera solicitado protección de las autoridades. Por el contrario, se
probó que Disnaldo José Perpiñán Marzal no solicitó medidas de
seguridad al Departamento Administrativo de Seguridad DAS del Cesar, ni
a la Alcaldía del municipio de Agustín Codazzi [hecho probado 7.18]. Estos
documentos no fueron tachados de falsos y provienen de los funcionarios
encargados de verificar los requerimientos de protección solicitada por
personas bajo amenaza por grupos ilegales.
No obran al menos indicios conocidos que permitieran concluir que
Disnaldo José Perpiñán Marzal iba a ser víctima de un homicidio y hurto
por grupos al margen de la ley. De las denuncias que formularon Disnaldo
Alfonso Perpiñán lbarra y Claudia Ariza Contreras no se podía advertir por
anticipado que iba a sufrir un atentado contra su vida o sus bienes. Tampoco
se probó que la población del municipio Agustín Codazzi estaba sin
protección alguna, pues el Consejo Departamental de Seguridad del Cesar
adoptó medidas de seguridad [hechos probados 7.4 a 7.7] y el Ejército
Nacional hizo presencia contra grupos al margen de la ley [hechos
probados 7.9 y 7.19].”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI- negrilla de la Sala).
2.5 En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos encaminados a
determinar si había lugar a imputar responsabilidad al Estado por falla del servicio fueron
debidamente analizados y resueltos en la providencia de 27 de abril de 2020 que confirmó
la decisión de negar las pretensiones de la demanda.
2.6 Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los que fueron
analizados en el proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión
tendiente a determinar si en la sentencia se omitió reconocer la violación de los derechos
fundamentales y la falla del servicio en la que incurrieron las autoridades demandadas,
así:
“Defecto material o sustantivo. Enseña la Corte Constitucional, que este defecto
se presenta en los casos en que se decide, con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
La sentencia en los fundamentos menciona las pruebas de amenazas y
extorsión, acepta la ocurrencia de los hechos, que condujeron al asesinato del
ciudadano DISNALDO JOSE PERPIÑAN MARSHELL, pero en la” ratio
decidendi” no reconoce la violación de los derechos humanos, ni la
omisión de las autoridades, en la protección de los derechos
fundamentales de la familia afectada y perjudicada con la causación del
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01635-01
Demandante: Merida Paulina Ibarra Oñate y otros
Acción de tutela – Impugnación fallo
daño antijurídico, que se solicita reparar, en forma integral.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-negrillas de la Sala)
2.7 Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en la
demanda de reparación directa y en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos
en las instancias pertinentes del proceso ordinario.
2.8 Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial accionada en
la providencia objeto de tutela concluyó que no era procedente endilgar la
responsabilidad del Estado por falla del servicio, en atención a que no se encontraba
probado que el señor Disnaldo José Perpiñán Marzal hubiera solicitado protección de las
autoridades competentes, por lo que se advierte que se trata de un planteamiento que
fue analizado y resuelto en la providencia de instancia, sin que le sea dado al juez de
tutela inmiscuirse en asuntos que no son de su resorte.
2.9 En consecuencia, en cuanto a dicho defecto la acción de la referencia no reviste
relevancia constitucional.
2.10 En consecuencia, esta Sala modificará la sentencia de primer grado y dispondrá
negar el amparo invocado respecto al defecto fáctico y declarar improcedente la acción
de tutela frente al defecto sustantivo por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Modifícase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado respecto del
defecto fáctico y declaró improcedente la acción de tutela frente a los defectos sustantivo
y violación directa de la Constitución y, en su lugar, se dispone:
1º) Niégase el amparo invocado respecto al defecto fáctico, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01635-01
Demandante: Merida Paulina Ibarra Oñate y otros
Acción de tutela – Impugnación fallo
2º) Declárase improcedente la acción de tutela frente al defecto sustantivo, por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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