Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01658-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Corte: requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01658-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01658-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
29 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., julio veintinueve (29) de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Accionante: MATILDE FANNY AGUDELO MORENO Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DE ALTA
CORTE – Requisitos / DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO POR EXCESO
DE RITUAL MANIFIESTO EN CONCURRENCIA CON EL DEFECTO FÁCTICO -
No se configuraron por ser la decisión razonable / VALORACIÓN PROBATORIA –
Fue razonada y el análisis devino de la autonomía judicial en materia de pruebas /
PRUEBA DEL PARENTESCO – Registro civil de nacimiento. Prueba idónea /
TERCERO DAMNIFICADO – Prueba / NIEGA - Revoca el amparo dispuesto
porque no hubo vulneración de derechos fundamentales.
La Sala resuelve las impugnaciones interpuestas por las partes contra la
sentencia proferida el 5 de mayo de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por medio de la cual se negó el amparo en relación con la señora Matilde
Fanny Agudelo Moreno y se ampararon los derechos fundamentales invocados
por el señor José Luis Orozco Márquez, en los siguientes términos (transcripción
de forma literal):
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos invocados en relación con la situación
de la señora Matilde Fanny Agudelo Moreno.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por el señor José Luis
Orozco Márquez, por configuración de defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto en concurrencia con el defecto fáctico, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
TERCERO: DEJAR sin efectos la providencia del 18 de noviembre de 2021, proferida
por la Sección Tercera – Subsección “B” del Consejo de Estado. En consecuencia,
ORDENAR a la referida autoridad judicial que decrete la prueba que permita superar
las dudas relacionadas con el vínculo entre los señores Eudes Robinson Orozco
Posada y José Luis Orozco Márquez. De esta forma, deberá proferirse una sentencia
de reemplazo en la que se tenga en cuenta dicho elemento probatorio y, modifique en
lo pertinente, lo relacionado con los derechos del señor Orozco Márquez. Lo anterior,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, conforme a
los parámetros señalados en la parte motiva de este proveído.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 14 de marzo de 2022, los señores Matilde Fanny
Agudelo y José Luis Orozco Márquez, a través de apoderado judicial, instauraron
demanda de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la seguridad jurídica, a la igualdad procesal y a ser reparado integralmente.
La parte demandante elevó las siguientes pretensiones (trascripción literal con
posibles errores incluidos):
1. Que mediante fallo de tutela se protejan los derechos fundamentales al debido
proceso, y a la seguridad jurídica, en concordancia con el derecho a la igualdad
procesal, y el derecho a ser reparados integralmente por el hecho acaecido el dia 14
de noviembre de 2005 donde fuera tildado por parte del Ejercito Nacional de
subversivo el Señor EUDES ROBINSON OROZCO POSADA y dado de baja
descubriéndose que tal baja fue una Ejecución extrajudicial donde a la Señora
MATILDE FANNY AGUDELO MORENO y al Señor JOSE LUIS OROZCO
MARQUEZ no se le reconocieron su condición de compañera permanente y madre de
su hijo, a la primera y su condición de Padre de la Victima al Segunda.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Sección Tercera,
Subsección B del Honorable Consejo de Estado, se adicione la Sentencia proferida el
dia 18 de noviembre de 2021 en la cual se deberá de reconocer la calidad de
compañera permanente de la victima de la Ejecución Extrajudicial EUDES
ROBINSON OROZCO POSADA a la Señora MATILDE FANNY AGUDELO
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
MORENO y la calidad de Padre de esta victima al Señor JOSE LUIS OROZCO
MARQUEZ y no como un tercero incidental.
3. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene pagar a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional a la Señora MATILDE FANNY AGUDELO
MORENO por perjuicio moral la cantidad de 150 salarios mínimos legales mensuales
vigentes; así como al Señor JOSE LUIS OROZCO POSADA se de deberán ordenar
pagar a la misma entidad la cantidad de 150 salarios mínimos legales mensuales
vigentes y no el valor de 22 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Que se ordene al Honorable Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en
este fallo de tutela que dentro de las 48 horas siguientes se adicione esta sentencia y
la misma se notifique en el mismo termino.
2. Hechos
El señor Eudes Robinsón Orozco Posada trabajaba en una fábrica de jeans en
Medellín.
El 12 de noviembre de 2005 fue el último día que se tuvo conocimiento de su
paradero, hasta 5 días más tarde, que la señora Matilde Fanny Agudelo Moreno
-quien aseguró que convivía en unión libre con él- recibió la noticia de que su
cuerpo se encontraba sin vida en el municipio de San Carlos (Antioquia).
El 19 de noviembre de 2007, los señores José Luis Orozco Márquez (padre),
Matilde Fanny Agudelo Moreno (supuesta compañera permanente), quien obró en
nombre propio y en representación del menor Junior Orozco Agudelo (hijo) y
Jeannette Villada Pérez, quien actuó en representación de la menor Nasly
Dayana Orozco Villada (hija), presentaron demanda de reparación directa contra
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con el fin de que se le
declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios
ocasionados como consecuencia de la ejecución extrajudicial del señor Orozco
Posada.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 21 de junio de 2013, negó
las pretensiones de la demanda, decisión que, el 18 de noviembre de 2021, fue
revocada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante
la cual declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
– Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de la que fue víctima el señor
Eudes Robinson Orozco Posada.
3. Fundamentos de la demanda
Los accionantes indicaron que el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B incurrió en un defecto procedimental, por exceso de ritual
manifiesto en concurrencia con defecto fáctico, pues no se logró acreditar la
calidad de padre por no encontrarse el registro civil de nacimiento en el
expediente de la víctima directa del daño, de modo que se le tuvo como tercero
damnificado, en virtud de la denuncia que formuló el señor José Luis Orozco por
la desaparición de su hijo.
Alegaron que se configura el defecto fáctico, por no acreditarse la calidad de
compañera permanente de la señora Matilde Fanny Agudelo Moreno, toda vez
que en la declaración de la propia demandante manifestó que la víctima, por
“dificultades económicas”, vivía sola en Medellín al momento de los hechos.
A juicio de los demandantes, se les desconoció el derecho a ser reparados
integralmente, en razón a que sufrieron la ejecución extrajudicial del señor Eudes
Robinson Orozco, hecho que ni la compañera permanente ni el padre de la
víctima estaban obligados a soportar, por lo que deben ser indemnizados por ser
un delito de lesa humanidad.
Respecto de la señora Matilde Fanny Agudelo, se indicó que, además de la
declaración que ella presentó, obraba en el proceso ordinario la declaración de
Omaira de Jesús Moreno Ibarra, quien aseguró que eran compañeros
permanentes y que el certificado de defunción daba cuenta que fue ella quien
reclamó el cadáver y quien hizo tal diligencia.
Indicó que “no existió rompimiento de la relación afectiva y marital, esto por
cuanto eran las dificultades económicas las que dieron la separación”, del mismo
modo aseguró que una prueba es su hijo, que al momento de los hechos tenía 7
meses de nacido.
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Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
Por otra parte, respecto del señor José Luis Orozco, padre de la víctima, se le dio
la calidad de un tercero afectado, y con ello se tasó el perjuicio moral en 22
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por no encontrarse el registro civil
del occiso, prueba idónea para acreditar la calidad de padre, no obstante, se
contaba con la denuncia (indicio) y la enunciación del registro civil en el acápite
pruebas documentales, teniendo en cuenta que el juez pudo, de oficio, solicitar la
prueba para aclarar dudas; al respecto, indicó (trascripción literal con posibles
errores incluidos):
… se anexo el registro civil de nacimiento de la victima de la ejecución extrajudicial,
allí en el ítem de las pruebas documentales, aparece que se anexo al proceso este
documento que daba cuenta de que el Señor JOSE LUIS es el padre del Señor EUDES
ROBINSON. Es claro que no existió requerimiento del despacho de primera Instancia
para que aportare este documento en el hipotético caso que no se hubiere anexado,
con ello se presume su presentación y si no reposa allí, se extravió en el curso de estos
14 años que duro este proceso.
Hizo referencia al salvamento parcial de voto del magistrado Alberto Montaña
Plata, quien se separó de la decisión pues consideró que los señores Agudelo
Moreno y Orozco Márquez tenían derecho a que se les reconociera como
“afectados directos”.
4. Trámite en primera instancia
4.1. Mediante auto del 22 de marzo de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a parte actora, así como a
los magistrados del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B;
vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, al tribunal administrativo de primera instancia y a
quienes integraron la parte actora en el proceso ordinario, los que se
pronunciaron en los siguientes términos:
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, resaltó que
la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo ordinario adicional;
frente a la vulneración alegada por parte de la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado indicó que, “el Tribunal Administrativo de Antioquia en calidad
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
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Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
de vinculado a la presente acción de tutela, no ha vulnerado derecho alguno de la
parte accionante, no obstante, dará cumplimiento a la decisión que se adopte en
este trámite”.
4.3. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B solicitó que se
rechazaran o negaran las pretensiones de la tutela por las siguientes razones (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
a) De manera infundada e injustificada los actores pretenden reabrir el debate
probatorio lo cual desconoce la finalidad de la acción de tutela que no es
propiamente la de ser una tercera instancia, tal como lo ha reiterado
sistemática y puntualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
múltiples oportunidades, lo mismo que la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
b) La providencia que se cuestiona con la acción de tutela está plena y
debidamente sustentada desde los puntos de vista fáctico, probatorio y
jurídico, para cuya constatación basta una simple lectura desprevenida de su
texto, lo cual conduce a concluir, fácil y necesariamente que no presenta
ninguna falencia ni error de los que pregonan los demandantes del proceso
de acción de tutela.
c) Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse que en el citado proceso de
reparación directa los ahora actores del proceso de acción de tutela
incumplieron la carga probatoria prevista en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil debido a que no aportaron los elementos de acreditación
que dieran cuenta de modo idóneo y suficiente de la condición con la que
dijeron comparecer al proceso, por consiguiente, la falta de prueba acerca de
esos precisos hechos es atribuible única e inequívocamente a la parte
demandante.
d) En consecuencia salta a la vista la ausencia de mérito de las pretensiones
del proceso de tutela de la referencia, circunstancia por la cual deben ser
denegadas.
e) De otra parte, es especialmente relevante advertir que las dos personas
actoras de este proceso interpusieron sin justificación alguna y por conducto
del mismo apoderado judicial otra demanda idéntica a la que dio origen este
proceso, con las mismas partes, los mismos hechos y las mismas súplicas, la
cual cursa en el despacho del señor consejero Julio Roberto Piza Rodríguez
de la Sección Cuarta de esta Corporación y cuyo número de expediente es
2022-01711-00, lo cual hace evidente la temeridad con la que han actuado los
demandantes, situación por la cual de conformidad por lo expresamente
dispuesto en el artículo 38 Decreto 2591 de 1991 deben rechazarse o
decidirse desfavorablemente las dos pretensiones de una y otra demanda de
tutela, al tiempo que, deben expedirse copias de la actuación a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial para que se imponga la respectiva sanción al
profesional del derecho que apodera judicialmente a los demandantes.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
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Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
4.4. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó que “se
nieguen las pretensiones del accionante al resultar esta acción improcedente y
consecuencialmente negar el amparo invocado”, pues los accionantes solo
argumentaron que no se tuvieron en cuenta unas pruebas o se les dio
interpretación errónea y “se desconoce los motivos con razonabilidad jurídica de
la indebida valoración probatoria en la sentencia acusada, del mismo modo se
desconoce cuál fue el engaño inducido a los Magistrados del Consejo de Estado y
que normas inexistentes fueron invocadas que provocarían los defectos
imputados”.
Agregó que la parte actora no cumplió con la carga de argumentar las razones de
la violación y que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
Acto seguido, resaltó la necesidad de estudiar si se configura “una actuación
temeraria por la presentación de dos tutelas similares. Lo anterior, teniendo en
cuenta que también cursa la tutela con radicado No. 11001031500020220171100,
que coincide en apoderado, partes, hechos y pretensiones”.
Adujo que la sentencia cuestionada cumplió con los requisitos de razonabilidad y
proporcionalidad en el marco legítimo de su autonomía judicial y sin desconocer
las reglas de la lógica y la sana crítica.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 5 de mayo de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado negó el amparo invocado frente a la señora Matilde Fanny Agudelo
Moreno, por considerar que la valoración probatoria por parte de la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado “obedeció a un razonamiento
acorde con las normas de la lógica y la sana crítica pues, en efecto, los únicos
dos medios de prueba con los que se contaba en el expediente para acreditar la
calidad de compañera permanente de la señora Agudelo Moreno eran
inconsistentes”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
En relación con el señor José Luis Orozco Márquez, la Sección Quinta del
Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados, por
configuración de defecto procedimental absoluto -por exceso ritual manifiesto en
concurrencia con el defecto fáctico-, en vista de que, “era deber de este juez
solicitar de oficio el registro civil de nacimiento para esclarecer dicho punto, pues
existían razones suficientes para considerar que su inactividad podía obstaculizar
la efectividad del derecho sustancial”.
Señaló que la valoración probatoria se debió hacer desde la perspectiva del
enfoque diferencial atendiendo a la condición de sujetos de especial protección de
los demandantes como víctimas del conflicto armado interno y, por tal razón, se
debían flexibilizar los estándares probatorios relacionados, en el asunto en
concreto, con la exigencia del registro civil de nacimiento, el cual pudo haber
solicitado en cumplimiento de sus facultades oficiosas porque existían indicios
que permitían inferir, razonablemente, que era probable que el demandante
contara con la calidad alegada.
También se precisó lo siguiente:
42. La autoridad judicial accionada y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional advirtieron sobre la presunta temeridad que se configura en el presente asunto,
teniendo en cuenta que también cursa la tutela con radicado No.
11001031500020220171100, que coincide en partes, hechos y pretensiones.
43. No obstante, en oficio con fecha del 28 de marzo de 2022 correspondiente al índice
16 de SAMAI y firmado por el secretario general de la Corporación, se dejó constancia
que con respecto al trámite de la presente acción de tutela hubo un “doble reparto”. En
efecto, en dicho documento señaló: “Con toda consideración y de manera respetuosa, me
permito informar que la acción de tutela de la referencia, le fue igualmente repartida al
despacho del doctor Julio Roberto Piza Rodríguez con el radicado número
11001-03-15-000-2022-01711-00”.
44. A su vez, precisó que con respecto a este tipo de trámites, la secretaría de la
Corporación: “ha implementado controles con el fin de prevenir esta situación; sin
Demandante: Matilde Fanny Agudelo Moreno y otro Demandado: Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección “B” Radicado: 11001-03-15-000-2022-01658-00 11 Calle
12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co embargo, al momento de efectuar el segundo reparto, el
aplicativo SAMAI no permitió identificar que ya se había radicado un expediente con las
mismas partes”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
45. En tal sentido, es posible concluir que en el presente asunto no se establecen los
requisitos que configuran un actuar temerario por parte de los accionantes, pues se
evidencia que lo acaecido fue debido a un error secretarial en el trámite del reparto de la
tutela. Por tanto, el 2 de mayo de 2021, el despacho del magistrado Julio Roberto Piza
profirió auto en el que resolvió “Abstenerse de emitir pronunciamiento respecto la acción
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-01711- 00”, con lo que se finalizó el trámite
surtido en dicho expediente.
6. La impugnación
6.1. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado impugnó el fallo de
primera instancia, oportunidad en la que consideró que no es cierto que se
hubiere configurado el defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto
en concurrencia con el defecto fáctico, debido a que el accionante no aportó el
registro civil de nacimiento de la víctima, medio idóneo para probar quiénes fueron
sus padres, por lo que el juez de la reparación directa no tuvo a su disposición el
medio de prueba necesario para verificar el parentesco que se debía demostrar
para acceder al reconocimiento de perjuicios morales reclamados por el señor
José Luis Orozco Márquez en su supuesta calidad de padre de la víctima.
Aseguró que el juez no está obligado a decretar pruebas de oficio ante la falta de
diligencia de los demandantes, dado que esa postura rompe el equilibrio, el
principio de igualdad de las partes con sus deberes y cargas procesales, teniendo
el demandante la carga de probar los hechos en que funda la pretensión de la
demanda.
Adujo que la acción de tutela no es un mecanismo para reabrir un debate
probatorio e imponer un juicio de apreciación frente a la valoración y que esta
acción es un medio especial para la protección y garantía de derechos
constitucionales que se encuentren en real y evidente amenaza.
6.2. La parte demandante también impugnó la decisión de primera instancia por el
no reconocimiento de la calidad de compañera permanente de la señora Matilde
Fanny Agudelo y el no pago de la indemnización a que tendría derecho, pues
reiteró que de la declaración rendida por la señora Matilde Agudelo no se extrae
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
que se hayan separado, sino que la víctima estaba viviendo sola por problemas
económicos, siendo una situación que vivían de momento.
Argumentó que la diferencia encontrada en las dos declaraciones, la separación
se dio solo por problemas económicos y no lo sabía la testigo, eran problemas al
interior de la familia, por tanto, no es una contradicción.
Adujo que por estar frente a un proceso especial debe darse un trato diferencial
por repercutir en el derecho internacional y, en tal sentido, debe dársele valor
probatorio a la prueba indiciaria y tenerse en cuenta las otras pruebas aportadas,
tales como: la declaración de la señora Agudelo Moreno ante el juez de
instrucción penal militar, y porque la demandante es la madre del menor Junior
Orozco, hijo de la víctima directa del daño.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.
1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de
2012, exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
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Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas
otras providencias.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
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• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado4.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016,
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
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Conviene mencionar, además, que cuando controvierten providencias judiciales
dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte
Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de
tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”.
Puntualmente, en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó:
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de
2010, reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es
más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una
decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios
de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión’.
Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales
de procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional.
2. Caso concreto
exp. 2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016,
exp. 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5
Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configuraron o no los
defectos alegados por la parte actora.
Consideró que se configuraba el defecto procedimental por exceso de ritual
manifiesto en concurrencia con el defecto fáctico al omitir el juez el decreto de
oficio del registro civil de nacimiento del occiso que acreditaba la calidad de padre
del señor Orozco Márquez y el defecto fáctico por no reconocer la calidad de
compañera de la señora Matilde Fanny Agudelo teniendo en cuenta la declaración
ante el Juzgado 31 de Instrucción Penal Militar cuando habla de que la separación
fue por las condiciones económicas, el hecho de tener su hijo el apellido de la
víctima con 7 meses al momento del fallecimiento; aunado a ello, el hecho de que
la demandante sea quien aparezca en el certificado de defunción como la
denunciante y quien reclamó el cadáver en el municipio donde fue ejecutado
extrajudicialmente.
En la sentencia cuestionada, proferida el 18 de noviembre de 2021, la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado -en lo pertinente- consideró
(trascripción literal):
De otro lado, la parte actora no acreditó la supuesta calidad de padre de la
víctima en la que dice actuar el señor José Luis Orozco Márquez pues, si bien
en el acápite de pruebas de la demanda se indicó que el registro civil de
nacimiento del señor Eudes Róbinson Orozco Posada acompañaba el libelo,
lo cierto es que revisado el expediente en su integridad no se encontró tal
elemento probatorio.
No obstante, se tendrá a dicho demandante como tercero damnificado porque
en el expediente obra copia de la denuncia que este ciudadano formuló con
ocasión de la desaparición forzada del señor Eudes Róbinson Orozco
Posada, lo cual hizo en la supuesta condición de padre de la víctima; de la
mencionada denuncia se desprende lo siguiente:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. URI CENTRO (GUAYABAL) MEDELLÍN,
NOVIEMBRE 16 DEL AÑO DOS MIL SIETE (2007). EN LA FECHA SE HACE
PRESENTE EL SEÑOR JOSÉ LUIS OROZCO MÁRQUEZ (…) A
PRESENTAR DENUNCIA POR EL PRESUNTO DELITO DE DESAPARICIÓN
FORZADA.
A MI HIJO EUDES RÓBINSON OROZCO POSADA DE 29 AÑOS DE EDAD Y
A UN MUCHACHO QUE ANDABA CON ÉL, AL CUAL NO LE SÉ EL
NOMBRE, PERO LE DECÍAN EL CALVO, LES OFRECIERON UN TRABAJO
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
EN UNA FINCA EN SAN CARLOS (ANTIOQUIA) Y ÉL ME COMENTÓ EL
DOMINGO Y YO LE DIJE QUE NO FUERA POR ALLÁ PORQUE UNO
DESCONOCIDO NO DEBERÍA IRSE PARA UNA FINCA. DE TODAS
MANERAS, ÉL SE FUE (…). YO FUI POR AHÍ EL MIÉRCOLES DE ESA
SEMANA Y EL JUEVES COMENCÉ A HACER VUELTAS EN SAN CARLOS Y
SALIÓ REPORTADO COMO QUE LO HABÍA MATADO EL EJÉRCITO Y LO
REPORTARON COMO GUERRILLERO Y ÉL NO ERA GUERRILLERO. ÉL
TRABAJÓ CONMIGO DESDE PEQUEÑO. YO VI ELCADÁVER DE MI HIJO
EN UNA FILMACIÓN QUE ME MOSTRÓ EL COMANDANTE DE LA POLICÍA
DE SAN CARLOS (…)” (fls. 126 a 127 cdno. 6 de justicia penal militar –
mayúsculas del original – negrillas de la Sala).
Con fundamento en el anterior elemento de prueba, la Sala reconocerá al
señor José Luis Orozco Márquez la suma equivalente a 22 de SMMLV por
concepto de perjuicios morales en calidad de tercero damnificado.
De otra parte, la supuesta calidad de compañera permanente alegada por la
señora Matilde Fanny Agudelo Moreno no se encuentra demostrada; al
respecto en el expediente obran dos medios de prueba que no son
consistentes entre sí, circunstancia que impide tener por demostrada dicha
condición.
En efecto, por un lado, obra la declaración de la señora Omaira de Jesús
Moreno Ibarra, prima de Matilde Fanny Agudelo Moreno, quien afirmó que
dicha demandante convivía con la víctima y su hijo de manera ininterrumpida
(fls. 42-44 cdno. 1). Este medio de prueba debe valorarse con mayor
rigurosidad pues, proviene de una persona que tiene una relación de
parentesco con uno de los actores lo cual puede afectar su imparcialidad. La
mencionada ciudadana narró que:
Sí lo conocí, porque él [Eudes Róbinson Orozco Posada] era el
compañero de la prima mí, lo conocí prácticamente durante dos años
que vivieron por mi casa. (…). Pues, él estaba conviviendo con Matilde
Fanny y tenía un niño que quedó de siete meses y se llama Júnior. (…).
El tiempo que supe que estuvo conviviendo con él, siempre era
normal, siempre vivían juntos, no que una semana sí y otra no,
vivían en un apartamentito cercano a mi casa (fls. 43-44 cdno. 1 –
negrilla de la Sala).
Por otro lado, obra la declaración rendida por la propia demandante, señora
Matilde Fanny Agudelo Moreno, ante el Juzgado 31 de Instrucción Penal
Militar de Medellín, quien manifestó que la víctima vivía solo en la ciudad de
Medellín, lo cual refirió en los siguientes términos:
“PREGUNTADO: Dígale al despacho en qué lugar residía el señor
EUDES RÓBINSON para la fecha en que falleció. CONTESTÓ: Él vivía
en el centro de Medellín, porque estábamos en dificultades
económicas, vivía solo, se bajaba para el centro y pagaba una pieza y
yo permanecía en EL PEDREGAL, en la dirección donde fue citada.
(…)” (fls. 231-232 cdno. 1 – negrillas de la Sala).
En ese orden, se considera que no existen suficientes elementos probatorios
que acrediten que la señora Matilde Fanny Agudelo Moreno era compañera
permanente de la víctima pues, fue la propia demandante quien bajo la
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
gravedad del juramento afirmó que para la fecha del hecho dañoso el señor
Eudes Róbinson Orozco Posada vivía solo, circunstancia que descarta una
comunidad de vida permanente y singular, tal como lo exige el artículo 1º de
la Ley 54 de 1990.
A juicio de la Sala, la decisión cuestionada, en cuanto a la valoración probatoria
que efectuó frente a la legitimación o calidad en que dijeron actuaron los
mencionados demandantes, no amerita reproche desde el punto de vista
constitucional, pues se trató de una decisión razonada, con base en la autonomía
que caracteriza la actividad judicial, en especial en materia de apreciación
probatoria.
Respecto de la decisión de tener como tercero damnificado a quien dijo ser el
padre de la víctima directa del daño, pero no aportó el registro civil de nacimiento
de la víctima, la Sala lo encuentra en sintonía con la jurisprudencia de esta
Sección del Consejo de Estado, que, en diversos pronunciamientos, ha
considerado:
De ahí que, en atención al principio de congruencia, la Sala verificó si tales
calidades se acreditaron en el plenario encontrando las falencias probatorias
a cargo de la parte demandante en cuanto a la prueba legal del parentesco,
pues como ya se ha señalado, es el registro civil la prueba idónea y
suficiente para probar el parentesco.
Así lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación que sobre el
particular ha señalado6:
Pues bien, la Ley establece una solemnidad probatoria en materia de
acreditación del parentesco, es decir, exige que se pruebe la relación de
parentesco con la presentación del registro civil, sin que exista
posibilidad alguna de suplir dicha prueba mediante otros medios
probatorios.
En efecto, esta Corporación ha dicho:
… Para verificar su ocurrencia es menester tener en cuenta que esa
circunstancia corresponde al ámbito de las relaciones familiares, que es
un supuesto distinto al del estado civil, aunque ambos constituyen los
dos aspectos básicos de la estructura jurídica familiar, los cuales se
deben distinguir en este caso debido a que el régimen de la prueba de
uno y otro es diferente en nuestro ordenamiento jurídico.
6
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 10 de mayo de 2017, exp. 76001-23-31-000-2009-00433-01(44080),
CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera”.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
Lo anterior obedece a diferencias fácticas entre dichos fenómenos, de
allí que si bien la mayoría de los estados civiles se funda en una
relación de parentesco, v. gr. el estado civil de hijo, la ley también
reconoce relaciones familiares que no generan estados civiles
propiamente dichos, que es el caso de las relaciones familiares de
afinidad (cuñado, suegra, etc.) y las de compañero o compañera
permanente; así como igualmente prevé estados civiles que no surgen
del parentesco, como ocurre con el estado civil de cónyuge (artículos 5,
44, 67 y concordantes del Decreto 1260 de 1970). Quiere ello decir que,
(sic) no son dos aspectos inescindibles o inseparables, sino que pueden
darse el uno sin el otro. Puede haber relación de parentesco sin que se
produzca un correspondiente estado civil o, contrario sensu, un estado
civil determinado sin una relación de parentesco que lo hubiera
originado.
Esa diferencia probatoria también está determinada por el fin que se
persigue con la invocación del estado civil o de la relación familiar. Es
así que cuando el estado civil se aduce como fuente de ‘derechos’ y de
‘obligaciones’ (artículo 1º del Decreto 1260 de 1970) es necesario acudir
a su régimen probatorio, establecido en los artículos 101 y ss del
Decreto 1260 de 1970, tal como se explica adelante; mientras que
cuando se aduce ‘una relación parental’ o ‘parentesco’ para deducir
consecuencias jurídicas distintas de las antes mencionadas, como las
concernientes a inhabilidades o incompatibilidades electorales, el
parentesco de que se trate puede demostrarse con la prueba del estado
civil correspondiente, si lo hay, o mediante cualquiera de los demás
medios probatorios legales, previstos en el artículo 175 del C. de P.C.
3.2.1. En cuanto al estado civil, se tiene que el artículo 105 del Decreto
1260 de 1970 establece que los hechos y actos relacionados con el
estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de
la Ley 92 de 1938 y hasta 1970, se probarán con copia de la
correspondiente partida o folio, o con certificado expedidos con base en
los mismos; y que en caso de pérdida o destrucción de ellos, se
probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante
de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100; (sic)
de modo que (sic) en cuanto a los estados civiles constituidos entre
1938 y 1970, su prueba legal será siempre la copia del registro del
estado civil como prueba principal y, en caso de reconstrucción del
mismo, las pruebas supletorias atrás mencionadas, lo cual significa que
el régimen probatorio del estado civil varía según la época de ocurrencia
de los hechos constitutivos del mismo”7.
(…).
Acerca de la prueba del parentesco, esta Sala afirmó:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970,
el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la
sociedad y su asignación corresponde a la ley. Según el artículo 101 del
mismo decreto, consta en el registro del estado civil, que es público, y
7
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Primera, 24 de agosto de 2006, expediente
25000-23-15-000-2005-01477-01(PI), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianetta”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
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Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
las copias y certificados que se expidan con base en los libros de dicho
registro son instrumentos públicos.
(…)
Conforme al artículo 105, los hechos y actos relacionados con el estado
civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley
92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio,
o con certificados expedidos con base en los mismos. El artículo 103
dispone, además, que se presume la autenticidad y pureza de las
inscripciones hechas en debida forma en el registro del estado civil.
(…)
De conformidad con las normas citadas anteriormente, resulta claro que
(sic) cuando se expida un certificado de registro civil de nacimiento y en
él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho
documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de
consanguinidad existente entre éste y aquéllos. En efecto, si tales
nombres fueron indicados en el correspondiente certificado, es porque
el inscrito nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo
hijo extramatrimonial, fue reconocido por su padre o se declaró
judicialmente su paternidad.
Y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el
parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley, de
manera excepcional, para la demostración de los hechos y actos
relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo
dispuesto en el citado artículo 105 del Decreto 1260 de 1970”8 .
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el registro civil
constituye el medio idóneo y suficiente para probar el parentesco, según
dispone el artículo 101 del Decreto 1260 de 1970; por tanto, su ausencia
impide tener por probada la relación parental y ello deriva en la falta de
legitimación en la causa (en este caso por activa) y también tiene
incidencia en la determinación de la indemnización pretendida en el
marco de la acción de reparación directa, puesto que es el parentesco lo
que permite dar aplicación a la presunción de dolor y sufrimiento de los
familiares más cercanos de la víctima del daño antijurídico alegado y
determinar la edad de la misma para efectos de establecer el monto de los
perjuicios materiales que se pudieran derivar de dicho daño”9 (negrillas fuera
de texto).
La Sala de Subsección, en la sentencia cuestionada en sede tutela, señaló
que como el registro civil de nacimiento del joven Guillermo Loaiza Rodríguez
no decía quién era su padre, no podía verificarse que el señor Franciner
Rodríguez Toro fuera el tío de la víctima.
En el registro civil de nacimiento del señor Franciner Rodríguez Toro sí
aparecen como sus padres los señores Guillermo Rodríguez y Amalia Toro,
8
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de
2000, expediente 11766, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez”.
9
Original de la cita: “Al respecto, consultar sentencia del 23 de mayo de 2012, radicación 25.267”.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
pero como en el plenario no se probó quién era el padre del joven fallecido,
tampoco pudo constatarse que los citados demandantes eran sus abuelos.
Igualmente, se advierte que tal y como aparece en el acápite sobre
indemnización de perjuicios, en el numeral 7.1 sobre perjuicios morales, para
negar un monto superior al tope reconocido por la jurisprudencia respecto de
esta modalidad de perjuicios, se evaluaron los testimonios de los señores
Carlos Enrique Bedoya Rivera, Roberto Rendón García, Telmo López Encizo,
Maribel Cardona y Mario de Jesús Muñoz Zapata10.
También en el numeral 7.2 denominado “reparación Integral: medidas no
pecuniarias para reparar la vulneración a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados” se analizaron los testimonios de los señores
Roberto Rendón García, Carlos Enrique Bedoya Rivera y Maribel Cardona,
con el propósito de examinar el reconocimiento de unas medidas de carácter
no pecuniario, las que efectivamente se concedieron.
Respecto de considerarlos como terceros damnificados, la Sala de
Subsección en un caso precedente a la sentencia objeto de tutela reconoció a
los hijastros de una víctima de privación injusta de la libertad la calidad de
“terceros damnificados por principio de congruencia, pues así se solicitó en la
demanda y se precisó en el recurso de apelación”11.
No obstante, la jurisprudencia de esta Sección también ha señalado que
quienes no demuestren el parentesco pueden ser reconocidos como
terceros damnificados y otorgárseles la indemnización correspondiente
si acreditan la relación afectiva y el perjuicio moral sufrido12. Igualmente,
la Sala ha precisado que el parentesco puede acreditarse a través de las
providencias de otra jurisdicción en las cuales se hubiere dado por sentado el
mismo y que se agreguen válidamente al expediente.
De conformidad con lo anterior y en aras de garantizar una reparación
integral, la Sala entrará a analizar si puede legitimarse a los señores
Franciner Rodríguez Toro, Guillermo Rodríguez y Amalia Toro, como
terceros damnificados13 (se destaca).
Con base en lo expuesto, la Sala encuentra que la decisión se ajustó a la postura
reiterada de esta Sección y, además, contó con la carga argumentativa necesaria
y válida, de modo que no puede predicarse defecto alguno, so pretexto de la
facultad oficiosa que le asiste al juez en materia de decreto y práctica de pruebas,
10
Fls. 582 a 604 y 635 a 647 c 3.
11
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 12 de junio de 2017, exp. 25000-23-26-000-2004-01945-01(44559)”.
12
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 10 de mayo de 2017, exp. 76001-23-31-000-2009-00433-01(44080), CP: Carlos Alberto
Zambrano Barrera; Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, exp.
05001-23-31-000-2008-01041-01(41652), CP: Stella Conto Díaz del Castillo”.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
1° de marzo de 2018, exp. 63001-23-31-000-2009-00067-01 (42.041), decisión que, incluso, se profirió en
acatamiento de una orden de tutela emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
pues, como también lo ha precisado esta Sala, “el juez puede disponer que se
practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de
la contienda, pero ello no implica suplir la carga probatoria de la parte
demandante cuando esta no ha procurado la práctica de evidencia alguna de las
decretadas”14.
En el mismo sentido, frente a la falta de legitimación en la causa por activa de la
señora Matilde Fanny Agudelo Moreno, la Subsección encuentra una decisión
razonable, definida de manera válida por el juez natural de la causa, con base en
el acervo probatorio del proceso, razonamiento en modo alguno arbitrario o
abrupto, y tampoco merece la intervención del juez de tutela. Otra cosa es que, en
ejercicio de la autonomía funcional que caracteriza la actividad el juez, adoptara
una decisión diferente a la esperada por la parte actora.
Resulta evidente que lo pretendido por los accionantes es que, bajo la posible
configuración de un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto en
concurrencia con el defecto fáctico, se allegue una nueva prueba como lo es el
registro civil de nacimiento de la víctima, que debió ser aportada en la demanda
ordinaria y, si verdaderamente se extravió del proceso -como ahora lo afirma-,
debió solicitarse su reconstrucción parcial para verificar tal situación, pero nada de
ello ocurrió, pretendiendo ahora para suplir su inactividad probatoria, cuando lo
cierto es que la acción de tutela, reitera la Sala, “no es un medio que remedie los
desaciertos procesales de las partes”15.
En el mismo sentido, se pretende que el juez de tutela efectúe una nueva revisión
del material probatorio del proceso ordinario para reemplazar al juez natural y
arribar a una decisión diferente mediante la valoración de las pruebas en el
sentido y bajo el entendimiento que la parte actora considera acertado, aspecto
que resulta abiertamente improcedente.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2
de agosto de 2018, exp. 44.872, entre muchas otras decisiones de la Sala.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo de
2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre muchas otras
decisiones que la han reiterado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01658-01
Actor: Matilde Fanny Agudelo Moreno y José Luis
Orozco Márquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
De conformidad con lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada y negará
el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 5 de mayo de 2022 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado y, como consecuencia, NEGAR el amparo
solicitado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE CON PERMISO
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.
VF
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