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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01667-00

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01667-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Unidad Administrativa de Carrera Judicial, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó la señora Magda Lorena Belalcázar Revelo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 23 Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00 Actora: Magda Lorena Belalcázar Revelo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01667-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00
Actora: Magda Lorena Belalcázar Revelo
Demandados: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y Presidencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del
requisito de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii)
acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: i) Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de
Carrera Judicial y la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, porque, a su juicio, al negarle la solicitud de traslado para ocupar el
cargo de Juez 20 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00
Actora: Magda Lorena Belalcázar Revelo

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra
la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
Administrativa de Carrera Judicial y la Presidencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, porque, a su juicio, al negarle la solicitud de
traslado para ocupar el cargo de Juez 20 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Barranquilla, vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] Mediante oficio CJO21-624, de fecha 1º de marzo de 2021,
el Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Administración de Carrera Judicial,
emite concepto favorable de traslado como servidora de carrera (Art. 134 numeral
3 Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 12, 13, 17 y ss del Acuerdo
PCSJA17- 10754 de 2017), al cargo de juez 20 Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Barranquilla […]”.

4. Adujo que, mediante Resolución de Sala Plena Ordinaria núm. 4.042 de 26
de agosto de 20211, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla2
resolvió:

“[…] PRIMERO: ADMITIR la solicitud de traslado presentada por el doctor, Javier
Eduardo Ospino Guzmán, como funcionario inscrito en carrera, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 72.186.260, en su condición de Juez Primero Promiscuo
Municipal de Malambo, al mismo cargo en el Juzgado Veinte Penal Municipal con
funciones de conocimiento de Barranquilla, de conformidad con lo expuesto en
precedencia.

1
“Por medio de la cual se admite una solicitud de traslado y se efectúa una designación en propiedad”.
2
Resolución suscrita por la Presidenta de dicho Tribunal.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00
Actora: Magda Lorena Belalcázar Revelo

SEGUNDO: DESIGNAR EN PROPIEDAD POR TRASLADO, doctor, Javier Eduardo
Ospino Guzmán, como funcionario inscrito en carrera, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 72.186.260, en el cargo de Veinte Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Barranquilla, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 134
numeral 3 y 152 numeral 6 de la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 771 de
2002 y reglamentados por el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 expedido el
Consejo Superior de la Judicatura.

TERCERO: Comuníquese esta decisión doctor (sic), Javier Eduardo Ospino
Guzmán, en el término establecido en el inciso primero del artículo 133 de la Ley
270 de 1.996, a fin de que manifieste si acepta o rehúsa el cargo y en caso de
aceptarlo, acreditará los requisitos y calidades establecidas en los artículos 127 y
128, ibídem, para obtener su respectiva confirmación.

CUARTO: comuníquese esta decisión a los doctores Jorge Ortiz Ángel, Magda
Lorena Belalcazar (sic) Revelo, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de
2011.

QUINTO: Remítase copia de la presente Resolución a la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, para los fines pertinentes.

SEXTO: Contra esta Resolución procede el Recurso de Reposición de conformidad
con lo establecido en el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 […]”.

5. Precisó que, el 17 de septiembre de 2021, interpuso recurso de reposición
contra la decisión mencionada supra.

6. Manifestó que, mediante Resolución de Sala Plena Ordinaria núm. 4.061 de
7 de octubre de 20213, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla 4 se
pronunció en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 4.042 de la Sala Plena de esta
Corporación, emitida en fecha 26 de agosto de 2021, por medio de la cual se Por
medio de la cual se (sic) admitió la solicitud de traslado presentada por el doctor,
Javier Eduardo Ospino Guzmán, como funcionario inscrito en carrera, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 72.186.260, en su condición de Juez Primero
Promiscuo Municipal de Malambo, al mismo cargo en el Juzgado Veinte Penal
Municipal con funciones de conocimiento de Barranquilla, y se efectuó su
designación en propiedad por traslado en el cargo mencionado; por las razones
expresadas en la parte considerativa de este pronunciamiento […]”.

3
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por por (sic) la doctora Magda
Lorena Belalcazar (sic) Revelo, contra la Resolución de Sala Plena No. 4.042 del 36 (sic) de agosto de 2.02
(sic), por medio de la cual se admite la solicitud de traslado presentada por el doctor, Javier Eduardo Ospino
Guzmán, como funcionario inscrito en carrera, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.186.260, en
su condición de Juez Primero Promiscuo Municipal de Malambo, y se designa en propiedad en el mismo
cargo en el Juzgado Veinte Penal Municipal con funciones de conocimiento de Barranquilla”.
4
Resolución suscrita por la Presidenta de dicho Tribunal.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00
Actora: Magda Lorena Belalcázar Revelo

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Se conceda el amparo a mis derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, igualdad y acceso a la administración de justicia violentados por el
Tribunal Superior de Barranquilla y la Unidad de Carrera Judicial.

2. En consecuencia, se deje sin efectos los actos administrativos por los cuales se
resuelven las solicitudes de traslado para ocupar la vacante del Juzgado 20 Penal
Municipal con funciones de conocimiento de Barranquilla y aquella que confirma
dicha determinación.

3. En su lugar, se ordene al Tribunal Superior de Barranquilla que proceda a
resolver las solicitudes de traslado de acuerdo con lo probado por los aspirantes y
con fundamento en la integridad de parámetros objetivos que así lo habilitan […]”.

8. Como fundamento de su solicitud la actora adujo lo siguiente:

“[…] a lo largo de todo el proceso de selección: i) Dice que se dio aplicación a la
sentencia C-295 de 2002, lo cual -agrega- se puede observar de las consideraciones
del acto administrativo cuestionado. Esa afirmación NO ES CIERTA, como aquí se
va a demostrar. ii) Afirma, sin detenerse en la gravedad de lo dicho, que los
aspirantes a un traslado por carrera, conocemos los tramites (sic) y reglas para dicho
procedimiento. Es decir, conocemos las exigencias que ello apareja. Un
planteamiento de esa naturaleza resulta delicado y complejo, no solo porque es ni
más ni menos que una autoridad del nivel del Tribunal Superior de Barranquilla, en
cabeza de su Presidenta, quien hace invisible al administrado y a la comunidad
en general las razones en las que se fundamentaría una decisión tan
importante como la de proveer la vacante de un Juez, al tiempo que da por
sentado que todos, incluidos los aspirantes conocemos de antemano de forma
clara, concreta y específica los parámetros de selección. Es importante anticipar
que, conforme ustedes lo podrán comprobar, dichas cualidades estuvieron ausentes
en todo el procedimiento […]”.

[…]

“[…] Posteriormente se centra la discusión en el análisis de hoja de vida y se habla
de la socialización de un cuadro comparativo de las hojas de vida (que no fue
conocido por la suscrita en tanto no forma parte del acto administrativo
cuestionado ni del acta de deliberación). En esa discusión la H. Magistrada Dra.
Catalina Rosero Díaz del Castillo realiza la siguiente observación: “(…) deja la
constancia de que una vez comparada las hojas de vida, la doctora Magda
Belalcazar (sic), es quien tiene la mejor hoja de vida en cuanto a calificación de
servicios, cualificación académica (cuenta con tres especializaciones y una maestría
todo en penal y constitucional), es quien tiene mayor tiempo de experiencia como
Juez Penal, y además es autora de dos libros. Por estas razones considera y hace
constar que es la mejor hoja de vida entre los tres conceptos de traslados que nos
han comunicado.” […]”.

[…]

5

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Actora: Magda Lorena Belalcázar Revelo

“[…] Luego, cuando se expiden los actos administrativos que se cuestionan, la
información que se consigna es tan precaria que se pone en evidencia no solo la
falta de motivación de las decisiones que conllevan la violación de mis
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, sino que aquella
que escasamente se aporta, resulta contraria a los precedentes
constitucionales que orientan la toma de decisiones relativas a traslados de
funcionarios en carrera, cuanto más si ninguna explicación razonable da para
descartar los elementos que permitirían estructurar, en condiciones de igualdad, la
evaluación de las hojas de vida […]”.
[…]

“[…] Es decir, se insiste, no solo (sic) no es precisa en determinar los criterios
objeto de estudio para evaluar las solicitudes de traslado, sino que sin razón
alguna dejó de lado otros, que pueden considerarse parámetros objetivos, es el
caso de la capacitación adicional, formación de posgrado y maestría, publicaciones y
calificación de servicios […]”.

[…]

“[…] La Resolución por la cual se resuelve el recurso de reposición profundiza la
vulneración a mis derechos cuando únicamente se menciona de forma insular a la
experiencia de uno de los candidatos, atribuyendo la calidad de experiencia en el
sector público, que cuando menos es una afirmación imprecisa, pues queda claro de
la hoja de vida que sólo 9 años han sido destinados a la función publica (sic), al
tiempo que descarta la experiencia específica como criterio de evaluación […]”.

[…]

“[…] En este sentido, cabría preguntarse si un mecanismo de control como el de
nulidad y restablecimiento del derecho, que es la acción que el ordenamiento
jurídico ofrece para atacar actos administrativos como el cual se señala como
violatorio de mis derechos fundamentales, ¿resulta idónea y efectiva para
conjurar su evidente trasgresión? Pues bien, la respuesta al anterior
cuestionamiento debe necesariamente resolverse consultando en el caso concreto la
idoneidad, eficacia y proporcionalidad que ofrece el mecanismo de defensa judicial
para lograr el amparo efectivo de los derechos fundamentales invocados.

De esta manera, es posible que, aunque existan otras vías de defensa judicial de los
derechos presuntamente amenazados o transgredidos, el actor pueda acudir a la
acción de tutela para evitar la prolongación en el tiempo de la vulneración de
sus derechos mientras se agotan las respectivas acciones ordinarias […]”.

[…]

“[…] el Tribunal Superior de Barranquilla desbordó su competencia discrecional y
resolvió sobre la solicitud de traslado de manera arbitraria, sin consultar
verdaderas razones de carácter objetivo, pero, sobre todo, sin consultar los
principios que informan la carrera judicial. Esta circunstancia implica un claro y
grosero desconocimiento a mi derecho fundamental al debido proceso administrativo
e impone la corrección de la decisión, lo cual solo se logrará dejándolo sin efectos,
imponiéndose al accionado que proceda a seleccionar de manera objetiva la mejor
hoja de vida entre los aspirantes al cargo vacante […]”. (Resaltado por la Sala)

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Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 18 de marzo de 2022; i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior
de la Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
y al Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; iii) negó
la medida provisional solicitada por la actora; y iv) vinculó a Javier Eduardo
Ospino Guzmán, a Jorge Ortiz Ángel y al Juez 20 Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Barranquilla, como terceros con interés, concediéndoles el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla solicitó declarar
la improcedencia de la solicitud de amparo o, en su defecto, negar la acción de
tutela, al considerar que no se advierte vulneración alguna a los derechos
fundamentales de la actora.

10.1. Al respecto, realizó el siguiente recuento fáctico de lo sucedido con las
solicitudes de traslado objeto de debate:

“[…] en efecto, los doctores JAVIER EDUARDO OSPINO GUZMÁN, Juez Primero
Promiscuo Municipal de Malambo, JORGE ORTIZ ÁNGEL, Juez Segundo Penal
Municipal de Soledad y la tutelante, que funge como Juez Segunda Penal
Municipal con Función de Control de Garantías - Ambulante de Pasto (Nariño),
solicitaron traslado al cargo de Juez Veinte Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Barranquilla, obteniendo todos ellos concepto favorable, para ésta
según comunicación CJO21-624 del 1 de marzo de 2021 expedida por la Unidad
de Administración de Carrera Judicial.

Es de resaltar que el trámite para la designación por traslado se dio bajo el marco
del debido proceso administrativo, solicitando a todos los interesados sus hojas de
vida y soportes del caso y fue así como la actora la remitió el 31 de mayo de 2021
y el 8 de junio del mismo año los documentos de la misma.

También se debe resaltar que el 30 de junio de 2021 que el aspirante JORGE
ORTIZ ÁNGEL allegó escrito a esta Corporación manifestando la siguiente
situación:

“La vacante para este cargo fue publicada por primera vez en el mes de diciembre
del año anterior, al cual opcionamos en tiempo oportuno 2 aspirantes, ambos
pertenecientes a este distrito judicial.

Por error, seguramente involuntario, la vacante se volvió a publicar en el mes de
enero de este año, como si no se hubiese recibido solicitud de traslado alguna,

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pues lo propio era no volverla (sic) a publicarla mientras se definían las solicitudes
radicadas en el respectivo mes.

Durante el mes de enero se postuló una juez de otro distrito judicial, cuyo concepto
favorable ya fue remitido por la unidad nacional de carrera y que está bajo su
consideración, por lo que solicito NO sea tenida en cuenta dada su
extemporaneidad, muy a pesar del error en la publicación, pues ello no legitimaría
desconocer el debido proceso que demanda este trámite reglado.”

Lo anterior fue sometido a estudio por parte de esta Corporación y se dispuso que
se oficiara la Dirección de Unidad de Carrera Judicial para esclarecer las
circunstancias puestas en conocimiento, respondiéndose por oficio CJO21-3386
del 11 de agosto de 2021 en los siguientes términos:

“En cumplimiento a lo ordenado en el auto del 30 de junio del año en curso,
relacionado con esclarecer las circunstancias descritas en los oficios suscritos por
el doctor Jorge Alberto Ortiz Ángel, me permito informarle que la vacante para el
cargo de Juez Veinte (20) Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla (Atlántico) fue publicada en diciembre de 2020, durante la publicación
de la vacante no hubo integrantes del registro que optaran por la vacante, ni se
recibieron solicitudes de traslados en la Unidad.

Para la publicación de vacantes de enero de 2021, el Consejo Seccional de la
Judicatura de (sic) Atlántico no informó a esta Unidad la existencia de traslados
para ese cargo, por lo tanto dicha vacante se publicó nuevamente en enero de
2021, y en ese mes se recibió solicitud de traslado de la doctora Magda Lorena
Belalcázar Revelo por lo que la Unidad de Carrera Judicial, mediante oficio CJO21-
624 del 1 de marzo de 2021 emitió concepto favorable para ser efectivo en el
Juzgado 20 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Barranquilla, el cual
fue remitido al Consejo Seccional de la Judicatura de (sic) Atlántico, con oficio
CJO21-850 del 11 de marzo de 2021, para el trámite pertinente.”

10.2. Frente a la solicitud de amparo se pronunció en los siguientes términos:

“[…] Ahora bien, respecto de la solicitud de tutela se destaca que se acude a la
misma obviando su naturaleza residual y subsidiaria, que no puede emplearse de
forma paralela a los mecanismos legalmente establecidos para la defensa de los
derechos, como en efecto prevé el decreto 2591 de 1991 en su artículo tercero; en
consonancia con ello, al expedirse los actos administrativos que resolvieron el
traslado y agotarse la defensa ante este Tribunal con el recurso de reposición, la
actora cuenta con el camino expedito de presentar la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través de la cual, incluso, puede solicitar medida
cautelar de suspensión del acto atacado, sin si quiera ocuparse de mencionar las
situaciones de perjuicio irremediable que le impiden proceder de esa forma.

En este sentido, tampoco se observa una circunstancia que implique la necesidad
de adoptar la decisión por fuera de tal medio de defensa ordinario, la urgencia,
inminencia y gravedad en el caso, pues se trata de una servidora judicial que
ocupa su cargo en propiedad, siendo que, de hecho, se recibió de la misma y del
doctor Arturo Castañeda Sanjuán, Juez Dieciséis Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Medellín, en propiedad, concepto favorable de traslado
para el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Barranquilla, que se encuentra en trámite.

Ahora bien, de considerarse eventualmente que la tutela deba estudiarse de fondo,
de igual manera, es evidente que esta Corporación no ha quebrantado los

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derechos deprecados como vulnerados por la accionante, toda vez que se ha dado
alcance a sus solicitudes y se ha resuelto el recurso de ley interpuesto en su
oportunidad, por lo que se vislumbra la improcedencia de esta acción, sin
demostrarse la violación alegada, pues se ha actuado dentro del margen legal y en
consonancia con la sentencia C-295 de 2002.

Al respecto se debe resaltar que todo el trámite del traslado se realizó en debida
forma, solicitando los soportes del caso para analizar la situación, sometiéndose a
estudio de la Sala Plena de esta Corporación las tres hojas de vida de los
aspirantes al traslado, estudiándose la situación particular manifestada por uno de
ellos, oficiando, obteniendo la información para el efecto y finalmente designándose
a un servidor judicial que cumple con todos los requisitos para ostentar el cargo
[…]”.

11. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura solicitó “[…] desvincular al Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, o rechazar por improcedente o
negar la acción de tutela interpuesta por la accionante […]”.

11.1. Señaló que:

“[…] El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, debe ser desvinculada como parte accionada en el presente proceso
constitucional, por falta de legitimación por pasiva, toda vez que la decisión sobre
los nombramientos de los jueces de la República corresponde al respectivo
tribunal, sin que el Consejo Superior de la Judicatura representado por esta Unidad
tenga o pueda tener injerencia alguna.

El artículo 131 de la Ley 270 de 1996, señala cuales son las autoridades
nominadoras en el Rama Judicial y para el caso de los cargos de jueces de la
República, el numeral 7 de esta preceptiva, dispone que el nominador es el
respectivo tribunal.

Ahora bien, respecto a la solicitud de traslado presentada por la doctora Magda
Lorena Belalcázar Revelo, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
procedió a realizar el estudio administrativo respecto de la situación de la
solicitante y del cumplimiento de los presupuestos y requisitos para la
procedibilidad y emitió concepto previo favorable de traslado mediante oficio
CJO21-624 de 1 de marzo de 2021, sin que éste pudiera entenderse como una
imposición, ya que la decisión final le compete a la correspondiente autoridad
nominadora, en este caso al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla
[…]”.

[…]

“[…] Consecuente con lo expuesto, solicito muy respetuosamente, desvincular al
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, o rechazar por improcedente o negar la acción de tutela interpuesta por la
accionante en atención a que:

1. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial no amenazó, vulneró o puso en riesgo los derechos fundamentales
invocados por la accionante.

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2. El concepto favorable de traslado emitido por la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial mediante oficio CJO21-624 de 1 de marzo de 2021 no tiene
carácter vinculante, dado que la decisión sobre la solicitud de traslado corresponde
exclusivamente al nominador.

3. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez que la
autoridad competente para determinar el nombramiento en el cargo de Juez 20
Penal Municipal con función de conocimiento de Barranquilla o para satisfacer las
pretensiones de la tutela es el Tribunal Superior de Barranquilla […]”.

12. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Javier Eduardo Ospino
Guzmán, Jorge Ortiz Ángel y el Juez 20 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Barranquilla guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
7
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
8
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Cuestión previa

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20069, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de

9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[10]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es
el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18. La Sala advierte que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación, por cuanto, a su
juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que “[…] la decisión
sobre los nombramientos de los jueces de la República corresponde al respectivo
tribunal, sin que el Consejo Superior de la Judicatura representado por esta
Unidad tenga o pueda tener injerencia alguna […]”.

19. Al respecto, la Sala advierte que, la actora interpuso la solicitud de tutela de
la referencia contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Presidencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, es decir, que la Unidad fue notificada como
autoridad demandada. Ahora bien, de conformidad con el acervo probatorio, la
Sala considera que a la Unidad le asiste interés en la medida en que participó en
el procedimiento cuestionado con la expedición del “[…] concepto favorable […]”,
por lo que, de ser el caso, será en el fondo del asunto donde se determinará si por
su parte se configuró alguna vulneración a los derechos fundamentales de la
actora.

20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial le asiste interés en la decisión de tutela que esta
Sala profiera.

10
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-
562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

12

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Actora: Magda Lorena Belalcázar Revelo

21. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto de la Unidad Administrativa
de Carrera Judicial.

Problemas jurídicos

22. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad, y de ser así, ii) establecer si la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la
Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al negarle la
solicitud de traslado a la actora para ocupar el cargo de Juez 20 Penal Municipal
con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra

23. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, iii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad, procediendo posteriormente a resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos

24. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991,
relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla
general, para controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y
concreto (numeral 1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°),
toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para
desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y el medio de control de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la

13

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Actora: Magda Lorena Belalcázar Revelo

acción de inconstitucionalidad11 si lo que se indica es que el acto administrativo
general quebrantó la Constitución Política.

25. En ese sentido, la jurisprudencia12 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:

“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio
se debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de
tutela, salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una
eficaz y pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se
esté ante la posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo
caso las acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber
caducado al momento de interponerse la acción de tutela.

[…]

“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto,
sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el
contenido del acto de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y
directamente un derecho fundamental de una persona determinada o
determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad
excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto,
con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de
fondo por parte del juez competente […]”.

26. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable;
con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 200313, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de
un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela
podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de

11
Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

14

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1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. […]”. (Resaltado por la Sala).

27. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un
perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva
mediante la acción constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

28. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional14 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
14
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

15

Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00
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convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

30. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional15 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

32. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

15
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

16

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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.

33. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales […]”.

Análisis del caso en concreto

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

16
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

17

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36.1. Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.

36.2. Informes rendidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, con sus anexos.

Solución del caso concreto

37. En el caso sub examine, la actora afirma que las entidades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de los actos administrativos
contenidos en la Resolución de Sala Plena Ordinaria núm. 4.042 de 26 de agosto
de 202117 y la Resolución de Sala Plena Ordinaria núm. 4.061 de 7 de octubre de
202118 expedidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla19.

38. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad de los actos administrativos
referidos por la actora, con los cuales, en su sentir, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

39. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico
colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la
legalidad de los actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de
forma oportuna e inmediata los derechos fundamentales que la actora considera le
han sido vulnerados.

40. En segundo lugar, para demandar dichos actos administrativos, esto es, la
Resolución de Sala Plena Ordinaria núm. 4.042 de 26 de agosto de 2021 y la
Resolución de Sala Plena Ordinaria núm. 4.061 de 7 de octubre de 2021,

17
“Por medio de la cual se admite una solicitud de traslado y se efectúa una designación en propiedad”.
18
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por por (sic) la doctora Magda
Lorena Belalcazar (sic) Revelo, contra la Resolución de Sala Plena No. 4.042 del 36 (sic) de agosto de 2.02
(sic), por medio de la cual se admite la solicitud de traslado presentada por el doctor, Javier Eduardo Ospino
Guzmán, como funcionario inscrito en carrera, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.186.260, en
su condición de Juez Primero Promiscuo Municipal de Malambo, y se designa en propiedad en el mismo
cargo en el Juzgado Veinte Penal Municipal con funciones de conocimiento de Barranquilla”.
19
Resoluciones suscritas por la Presidenta de dicho Tribunal.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00
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expedidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el legislador
estableció en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo los respectivos medios de control, entre ellos, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

41. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió […]”.

42. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que la pretensión de la
actora relacionada con que se “[…] deje sin efectos los actos administrativos por
los cuales se resuelven las solicitudes de traslado para ocupar la vacante del
Juzgado 20 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Barranquilla y
aquella que confirma dicha determinación […]”, debe analizarse por su juez natural
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el
encargado de realizar el examen de legalidad de dichos actos expedidos, en este
caso, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla20.

43. Al respecto, en casos similares, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

43.1. En sentencia de 8 de octubre de 202121, la Subsección C de la Sección
Tercera indicó que:

“[…] La Sala observa que los argumentos de la tutelante se contraen a afirmar la
violación de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones
dignas, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada,
a la igualdad y los beneficios que tienen los empleados que pertenecen al régimen
de carrera administrativa respecto al mérito, traslado y ascenso, por haber negado
la solicitud de traslado.

Tal y como el juez de tutela de primera instancia lo precisó, la señora Luz Stella
Arias cuenta con un mecanismo judicial ordinario para procurar la defensa de los
derechos fundamentales, que considera vulnerados con los actos administrativos,

20
Resoluciones suscritas por la Presidenta de dicho Tribunal.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, sentencia
de 8 de octubre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-01, C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.

19

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Oficio CJO21-1596 del 28 de abril de 2021 y la Resolución CJR21-0203 del 27 de
mayo de 2021, que le resolvieron de manera desfavorable la petición de traslado.
Mecanismo que no es otro que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que resulta posible controvertir la
constitucionalidad de un acto particular, como el del sub lite, conforme lo establece
el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y en el que es posible solicitar el decreto y
práctica de las medidas cautelares que se consideren procedente y
pertinentes, incluso las de urgencia, en procura de la protección de los derechos
que estima desconocidos. La aquí accionante dirige sus inconformidades contra las
determinaciones proferidas en sede administrativa que dieron por terminada dicha
etapa. Reproches que son propios de llevar y discutir al juez de legalidad del
acto administrativo y no al juez de tutela.

Ahora bien, como la Sala explicará a continuación, las razones expuestas por la
parte accionante no se ubican en los escenarios excepcionales para pasar por
alto los instrumentos jurídicos previstos en el ordenamiento; y así acudir
directamente a la intervención del juez constitucional […]”. (Resaltado por la Sala)

43.2. En sentencia de 26 de agosto de 202122, la Sección Quinta indicó que:

“[…] Sea lo primero advertir que las pretensiones elevadas por la parte actora
atacan directamente las decisiones contenidas en los oficios Nos. CJ021-693 y
CJ021-678 proferidos por la Unidad de Adminitración (sic) de la Carrera Judicial,
así como la Resolución CJR21-0126 del 6 de abril de 2021 dictada por el Consejo
Superior de la Judicatura, a través de las cuales se le negó su solicitud de
traslado del Distrito Judicial de Pasto al de Cali, las cuales gozan de
presunción legalidad y, por lo tanto, como se indicó el marco teórico
anteriormente expuesto, los reparos deben ser controvertidos ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa a través de los medios de control
contenidos en la Ley 1437 de 2011 para que el juez natural de la causa se
pronuncie al respecto.

Así las cosas, esta Sección considera que en efecto, se configura la causal de
improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 […]”.

[…]

“[…] Bajo ese orden, el carácter perentorio de la salvaguarda de los derechos de la
accionante no permite concluir en la ineficacia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues bien se sabe que en el contexto de los
procesos ordinarios las partes pueden solicitar el decreto de medidas
cautelares para la protección de los bienes jurídicos que se ven en riesgo por el
paso del tiempo, facultad que, bajo ciertas condiciones, le ha sido concedida de
oficio al juez administrativo […]”. (Resaltado por la Sala)

43.3. En sentencia de 15 de julio de 202123, la Sección Primera sostuvo que:

“[…] 24. Como se enunció previamente, la acción de tutela resulta improcedente
cuando pretende controvertir la legalidad de los actos administrativos de
contenido particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio de
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-02575-01, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

20

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defensa ordinario como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual es el mecanismo idóneo para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que lesionan el
ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos fundamentales.

25. En este sentido resulta pertinente resaltar que a la luz del artículo 43 de Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la
jurisprudencia de esta Sección, son susceptibles de control jurisdiccional los actos
definitivos, esto es, aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación».

26. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta razonable concluir que los actos
administrativos enjuiciados en el sub lite -mediante los cuales se emitió un
concepto desfavorable a la solicitud de traslado elevada por la accionante-
son susceptibles de control jurisdiccional, ya que este tipo de decisiones se
enmarcan en la categoría de los actos definitivos, en tanto que resuelven el fondo
del asunto.

27. Significa lo anterior que la señora Luz Stella Arias Pérez cuenta con un medio
de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual puede discutir la legalidad de
los actos administrativos en cuestión, en el que, además, podrá solicitar
medidas cautelares […]”. (Resaltado por la Sala)

44. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades
anteriores24 que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el
argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado.

45. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia25, como la suspensión provisional de los
efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento

24
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
25
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así
adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que
así lo decrete

21

Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00
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ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser remediada
incluso antes de que se profiera una decisión definitiva.

46. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección26 ha señalado que
aun cuando la actora considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.

47. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que la actora no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.

48. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional27:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que
éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable.” […]”.

49. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer
que la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

50. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine,
existe otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos

26
Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
27
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00
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legales, para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados,
antes de acudir a la acción de tutela.

Conclusiones de la Sala

51. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Unidad Administrativa de Carrera Judicial, por
lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó la
señora Magda Lorena Belalcázar Revelo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202201667-00
Actora: Magda Lorena Belalcázar Revelo

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
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