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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01671-00

Fecha
6 de mayo de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01671-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01671-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

6 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202201671 00

Accionante: DIANA MARCELA SILVA LESMES

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO
– No se configuró.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Diana Marcela Silva Lesmes, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

La señora Diana Marcela Silva Lesmes, por conducto de apoderado judicial,
instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso. La tutelante elevó las siguientes pretensiones (se
trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

Se solicita al señor Juez constitucional conceder el amparo por vía de hechoy
que, en consecuencia, ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA -SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “D” MAGISTRADO
PONENTE ISRAEL SOLER PEDROZA, que en un plazo razonable (que el
señor Juez debe señalarle con perentoriedad) proceda a modificar la
sentencia de segunda instancia confirmando la del a quo.

1

Radicación número: 110010315000202201671 00
Accionante: Diana Marcela Silva Lesmes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Diana Marcela Silva Lesmes demandó a la Alcaldía Mayor de Bogotá –
Secretaría de Desarrollo Económico, con el fin de que se declarara la nulidad del
oficio mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de acreencias laborales,
bajo el argumento de que no existió vínculo laboral.

A título de restablecimiento del derecho, se solicitó que se declarara que entre las
partes existió una relación laboral entre el 22 de mayo de 2008 y el 17 de octubre
de 2013 y, como consecuencia, se ordenara a la entidad demandada a pagarle los
salarios y prestaciones sociales derivados de dicho vínculo y el equivalente a 200
SMLMV por concepto de perjuicios morales.

Mediante sentencia de 5 de noviembre de 2019, el Juzgado 57 Administrativo de
Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Las partes apelaron la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el que, por medio de proveído
de 12 de noviembre de 2021, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Fundamentos de la demanda

La accionante señaló que, aunque el juez de primera instancia declaró la
existencia de la relación laboral con fundamento en los testimonios practicados en
el proceso –ex contratistas de la entidad David Ramírez Guerra, María Elsy Celis
Castellanos y Juan Guillermo Gaviria Vélez, y de Jorge Enrique Segura Ramírez y
Ricardo Hernando Alvarado Rosas–, la autoridad judicial accionada revocó esa
decisión, tras considerar que “... si bien es cierto los testimonios recibidos afirman
que existió subordinación en la vinculación de la actora, no se allegaron
documentos que refuercen su tesis, los cuales son necesarios para complementar
esas pruebas”.

Refirió que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

2

Radicación número: 110010315000202201671 00
Accionante: Diana Marcela Silva Lesmes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Creemos que se equivoca el despacho, pues la prueba testimonial practicada
es clara, concreta, coincidente, conducente e idónea para demostrar los
hechos aducidos en la demanda y, en tal sentido, dado que cumple con los
requisitos de existencia, validez y eficacia, no necesita de una prueba
complementaria para adquirir validez, valga la redundancia.

Pero admitiendo, en gracia de discusión que, en el régimen probatorio
colombiano una prueba testimonial válida requiera ser complementada por
otra prueba documental, encontramos que el Tribunal se equivoca al sostener
que no se allegaron pruebas documentales para ‘reforzar’ las testimoniales,
pues con la demanda se aportaron correos electrónicos enviados a la
demandante, documentos, comunicaciones y órdenes enviadas a la
demandante por los directivos de la entidad, en dos (2) CDs y más de 200
folios.

Lo que ocurre es que el Tribunal los malinterpreta, pues pese a constatar la
existencia de directrices sobre horarios estrictos, concluye erradamente que
‘no eran para los contratistas’, cuando justamente los testigos dicen que eran
para todos, de lo que se deduce que si hay complementariedad entre la
prueba testimonial y la documental.

De manera general, el Tribunal malinterpreta la prueba documental, cuando no
la desconoce, y tergiversa los testimonios que son indubitables cuando
afirman que la demandante nunca fue subdirectora (los contratos tampoco lo
dicen) de abastecimiento alimentario, que tenía un inventario que constaba de
computador, escritorio, silla, archivo y teléfono, que también tenía un carnet
con el cual se activaba el torniquete tanto de entrada como de salida del
edificio, el horario dependía del lineamiento del Secretario para la prestación
del servicio, podía ser de 7:30 a 4:30 o de 8:00 a 5:00, siendo éste último el de
ella.

Expuso que no existe prueba que permita concluir, como lo hizo el tribunal
accionado, que hubo una “coordinación de actividades” y que tampoco es verdad
que las actividades desarrolladas por la ahora tutelante fueran específicas, dado
que “debía trabajar en los mercados campesinos, labor que no figura en los
contratos, pues era orden directa de los directivos”.

Adujo que en el fallo cuestionado existe una contradicción porque luego de que se
admite que los testimonios afirman que existió subordinación, se concluye que “la
demandante para realizar sus actividades no requería que se le dieran órdenes”.

4. La oposición

4.1. Mediante providencia de 17 de marzo de 2022, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como
tercero con interés, a la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Desarrollo
Económico, los que se pronunciaron en los siguientes términos:

3

Radicación número: 110010315000202201671 00
Accionante: Diana Marcela Silva Lesmes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

4.1.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, informó que su decisión se basó en el análisis crítico de las pruebas pertinentes
y de los razonamientos legales, específicamente el artículo 167 del CGP que
establece que la carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la
relación laboral.

Agregó que en el caso bajo estudio, “básicamente se cuenta únicamente con la
versión de los testigos y las pruebas documentales, con las cuales no se prueba la
subordinación que pregona la parte actora, sino que demuestran que simplemente
lo que hubo fue una coordinación de actividades entre contratante y contratista,
para cumplir el objeto contractual”.

Refirió que esa corporación valoró la copia de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes, así como la constancia expedida por el
Subdirector Administrativo y Financiero de la Alcaldía Mayor de Bogotá y los
testimonios de los señores David Ramírez Guerra, María Elsy Celis Castellanos y
Juan Guillermo Gaviria Vélez -compañeros de trabajo de la demandante en el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá-, solo que

… se llegó a la conclusión, que dichas pruebas testimoniales analizadas
conjuntamente con las demás obrantes en el plenario, no resultaban
suficientes para acreditar fehacientemente el elemento de la subordinación,
como requisito necesario para establecer si bajo la apariencia de un contrato
de prestación de servicios, se ocultó una verdadera relación laboral entre las
partes, en cuanto, si bien es cierto se solicitó y se practicaron los testimonios
relacionados, no allegaron pruebas documentales que refuercen su tesis, las
cuales son necesarias para complementar esas pruebas testimoniales,
conforme a la exigencia de la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, que en
determinados casos señala, que la simple declaración de testigos no es
suficiente para concluir que en efecto se presentó una relación subordinada.

Añadió que lo anterior tuvo fundamento en una sentencia en la que el Consejo de
Estado ha establecido que “la simple declaración de testigos y aseveración del
demandante sobre la existencia del cargo y quién era su titular, no dan el alcance
probatorio suficiente para corroborar que sus funciones también fueron ejecutadas
por un análogo de planta de personal” (fallo del 15 de mayo de 2020, número
interno 2220-18).

Resaltó que, aunque existen pruebas como correos electrónicos en los que se cita
a reuniones; se requiere la afiliación y pago en la ARL, la toma de foto del carné

4

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Accionante: Diana Marcela Silva Lesmes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

institucional y la entrega de hoja de vida actualizada y se envían cronogramas de
las actividades, lo cierto es que no demostró la existencia de la subordinación.

Agregó que esa decisión se fundamentó en un pronunciamiento de la misma Sala
del 9 de septiembre de 2021 (radicado 2016-00481), en el que se resolvió un
asunto similar.

Dijo que es cierto que al expediente se allegaron los informes que debía rendir la
tutelante a su supervisor, no obstante, afirmó que su presentación no evidencia la
existencia de la subordinación porque “hacen parte de la supervisión que efectúa
el contratante según el objeto contractual, de conformidad con lo previsto en el
artículo 4 numerales 1 y 4 de la Ley 80 de 1993, lo que significa simplemente que
es una obligación legal, sin que se pueda derivar una subordinación o
dependencia de tales circunstancias para el contratista”.

Por lo anterior, solicitó que se negara el amparo reclamado porque no se
vulneraron los derechos fundamentales de la tutelante, toda vez que se dio
aplicación estricta a las normas que regulan la materia y se decidió de
conformidad con el material probatorio allegado al expediente.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo

1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
5

Radicación número: 110010315000202201671 00
Accionante: Diana Marcela Silva Lesmes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.

6

Radicación número: 110010315000202201671 00
Accionante: Diana Marcela Silva Lesmes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
7

Radicación número: 110010315000202201671 00
Accionante: Diana Marcela Silva Lesmes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado4.

2. Caso concreto

La Subsección procede a verificar si se configuró o no el defecto alegado por la
tutelante, al proferirse la providencia de 12 de noviembre de 2021, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo los siguientes
argumentos (trascripción literal):

(iii) Subordinación. Frente a este aspecto, la parte accionada en el recurso
de alzada, hace énfasis en que no se configuró el elemento de la
subordinación, dado que se trató simplemente de una coordinación de
actividades.

Como primera medida observa la Sala, que se encuentra probado que la
demandante suscribió varios contratos de prestación de servicios con la
entidad demandada, y que el desempeño de sus labores fue por un lapso
superior a los 3 años, con las interrupciones señaladas, circunstancia que
evidencia que no se trató de un vínculo ocasional o con una temporalidad
mínima, característica propia del contrato de prestación de servicios al tenor
del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, lo cual constituye un
‘indicio claro de que bajo la figura del Contrato de Prestación de Servicios se
dio en realidad una relación de tipo laboral’.

(…)

Por su parte, se destacan las siguientes actividades realizadas por la
demandante, tomadas de la certificación expedida el 12 de marzo de 2019,
por el Subdirector Administrativo y Financiero de la Alcaldía Mayor de Bogotá -
Secretaría de Desarrollo Económico, que por ejemplo con relación al contrato
No. 264 de 2012, se señalaron las siguientes: (…)

Es necesario anotar, que las actividades señaladas son similares, por ejemplo,
a las previstas en el contrato de prestación de servicios No. 062 de 2012.

A su vez, en el contrato de prestación de servicios No. 173 de 2009, se

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
8

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Accionante: Diana Marcela Silva Lesmes
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

plasmaron las siguientes obligaciones contractuales: (…)

Estas actividades son semejantes a las que contienen los demás contratos de
prestación de servicios suscritos entre la demandante y la entidad accionada.

De lo expuesto, se advierte que la demandante fue contratada para labores
particulares específicas, encaminadas a la prestación de servicios
profesionales para apoyar a la Dirección de Economía Rural y
Abastecimiento Alimentario, en el desarrollo del servicio de gestión
financiera del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria
del Distrito Capital, que implicaba por ejemplo, uno, desarrollar las gestiones
pertinentes para la realización de alianzas, acuerdos, convenios y contratos
relacionados con el financiamiento de los actores de la cadena de
abastecimiento del citado Plan Maestro; dos, la implementación y puesta en
marcha de una operación de referencia para 20 unidades comerciales, para la
central de Abastos del Norte – CODABAS, en donde se desarrollara
operaciones de pagos y recaudos a través de medio electrónico, para la
cadena de frutas y verduras; y tres, coordinar la lista de planificadores de
crédito para las líneas FINAGRO, entre otros.

Asimismo, las actividades que tenía que desarrollar la actora, estaban
dirigidas a la prestación de servicios profesionales para apoyar las
estrategias de modernización de los vehículos particulares que prestan
servicio público de transporte de alimentos que ingresan a Corabastos,
priorizando los procesos organizados de pequeños transportadores de
alimentos, que llevaba consigo, verbigracia, el apoyo en la estructuración de
un proyecto de acuerdo distrital para presentarla al Concejo de la ciudad, que
facilitara la chatarrización de los vehículos; el asesoramiento de alternativas
de financiamiento de los actores involucrados que les permitieran acceder a
un vehículo nuevo, entre otras, obligaciones que se encuentran relacionadas
de manera directa con la prestación del servicio, pues resultan ser
permanentes y por ende del giro ordinario del objeto de la entidad
enjuiciada, como se infiere de la misión y visión de la Alcaldía Mayor de
Bogotá - Secretaría de Desarrollo Económico, que establecen: (…)

No obstante lo anterior, de las actividades consagradas en los contratos,
infiere la Sala, que la demandante pudo ejecutarlas con cierta independencia,
como se analizará más adelante, toda vez que no implicaba que una persona
le estuviera dando órdenes, sino que simplemente necesitaba pautas para el
desarrollo de las labores, lo cual se deduce de la naturaleza de las mismas, y
del hecho que no obran pruebas contundentes que indiquen, que hubiera
estado bajo subordinación, entendida como ‘(...) un poder jurídico
permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del
trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la
imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar
las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias (...)’.

También es necesario resaltar, que como lo señaló la jurisprudencia del H.
Consejo de Estado5, en donde el personal de planta no resulta suficiente
para prestar en debida forma el servicio público, la entidad se ve en la
imperiosa necesidad de contratar personas ajenas a la institución, en
este caso a la actora, para prestar los servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, en el desarrollo
del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de
Bogotá D.C., lo que denota que era necesario que la contratista respetara las
pautas, las jornadas en las cuales era requerida y la coordinación por parte de

5
Original de la cita: “Ibidem 5”.
9

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

la entidad accionada, sin que por ello se observe una real subordinación de la
demandante, respecto del personal de la institución donde desarrolló las
labores contractuales.

Se infiere, que los contratos de prestación de servicios fueron suscritos,
porque no se contaba con el personal de planta que pudiera garantizar la
prestación del servicio público.

En efecto, se recibieron los testimonios de David Ramírez Guerra, María
Elsy Celis Castellanos y Juan Guillermo Gaviria Vélez, quienes fueron
compañeros de trabajo de la demandante, dado que también fueron
contratistas de la entidad enjuiciada, así como de los señores Jorge
Enrique Segura Ramírez y Ricardo Hernando Alvarado Rosas, quienes
precisaron que conocieron a la accionante en un proyecto que realizó en
Corabastos, donde manifestaron lo siguiente:

(…)

De otra parte, los testimonios rendidos por solicitud de la parte actora, fueron
coincidentes en afirmar, que al interior de la entidad demandada, si bien
existía personal de planta, no era el suficiente para atender las
necesidades de la citada secretaría, aunado a que las funciones que
desarrollaban los empleados de planta no eran similares a las labores
que ejecutaban los contratistas, así:

(…)

A su vez, los testimonios de Jorge Enrique Segura Ramírez y Ricardo
Hernando Alvarado Rosas, quienes además de precisar que conocieron a la
demandante en un proyecto que realizó la entidad demandada en Corabastos,
señalaron que la accionante fue la delegada para realizar el proyecto de
abastecimiento de alimentos, por el Secretario de Desarrollo Económico, el
cual inició en el año 2012 y finalizó en el 2016, y que además, se realizaban
reuniones en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico o en
el propio Corabastos, en horas de la tarde o de la mañana, con el fin de
cumplir con los objetivos del proyecto, recalcando que ella era la delegada de
la citada Secretaría.

En resumen, se advierte que algunos de los testigos fueron compañeros de
trabajo de la accionante y otros la conocieron por las labores que adelantó en
Corabastos, quienes coinciden en señalar, que la señora Diana Marcela Silva
Lesmes tenía una jornada laboral que realizaba bajo el cumplimiento estricto
de un horario de trabajo que era de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m. y
que en algunas ocasiones podía ser los sábados y domingos; que sus
actividades siempre se desarrollaron de manera continua y bajo una relación
subordinada y carente de independencia, porque debía seguir las
instrucciones dadas por su jefe inmediato que era el Secretario de Desarrollo
Económico, o los Subdirectores, aunado a que debía asistir a reuniones que
eran de carácter obligatorio, las cuales eran informadas por medio de correo
electrónico, de todo lo cual debía rendir los informes respectivos.

No obstante lo anterior, para la Sala lo que se evidencia es la denominada
coordinación de actividades entre la demandante y la entidad accionada, en
aras de cumplir con el objeto contractual, pues como se advierte de los
testimonios, las obligaciones contractuales que desarrolló la actora fueron
específicas y no fueron similares a las funciones que debía ejecutar el
personal de planta de la entidad accionada.

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Adicionalmente, la demandante para realizar sus actividades no requería que
se le dieran órdenes, sino que podía llevarlas a cabo sin que necesariamente
tuviera un jefe que le indicara cómo debía ejecutarlas, dado que iban
encaminadas a apoyar la estrategia de reposición de vehículos de transporte
de alimentos que ingresaban a Corabastos, así como el apoyo a la Dirección
de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario para realizar actividades
tendientes a obtener acuerdos, convenios y contratos relacionados con la
financiación de los actores de la cadena de abastecimiento.

La anterior conclusión tiene soporte en lo dicho por algunos testigos, como por
ejemplo, Jorge Enrique Segura Ramírez y Ricardo Hernando Alvarado
Rosas, quienes manifestaron que la demandante siempre fue delegada por
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para cumplir esa labor, lo que
refuerza aún más, que no requería de órdenes para adelantar sus labores,
sino que contaba con cierta independencia para ejecutarlas, aclarando que en
todo caso sí debía seguir algunos lineamientos de la entidad demandada, sin
que ello signifique una subordinación, como lo pregona la parte actora, como
se deduce por ejemplo, del correo electrónico dirigido no solo a ella, sino a
múltiples personas, donde se señala: (…)

Adicionalmente, es necesario señalar que en el expediente no hay prueba
documental que permita evidenciar que la accionante trabajara todos los días
de la semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., como lo indican algunos testigos. A
contrario sensu, en el plenario reposa, por ejemplo, un correo electrónico que
envió el señor Oscar Moreno, Profesional Especializado de la Dirección de
Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, dirigido a muchas personas, entre las que se encuentra
la accionante, donde fueron citadas para visitar unas plazas de mercado
únicamente en la jornada de la mañana. Veamos: (…)

Lo anterior permite deducir, que no necesariamente la demandante tenía que
estar de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para desarrollar sus labores, como lo afirman
algunos deponentes, sino que a veces podía llevarlas a cabo incluso en
jornadas de la mañana únicamente, lo que lleva a la Sala a concluir que la
actora contaba con cierta independencia para adelantar las tareas derivadas
de los contratos.

Además, también se recalca que en el plenario hay prueba documental que
permite evidenciar que la actora, en algunas ocasiones, laboraba los fines de
semana, conforme da cuenta el correo electrónico de 28 de septiembre de
2010, dirigido, entre otras personas, a la actora, donde se señaló el
cronograma para la participación de la Dirección de Economía Rural y
Abastecimiento Alimentario en la jornada de mercados campesinos. Veamos:
(…)

Lo anterior, si bien corrobora lo que señalaron los testigos que debía trabajar
la demandante los fines de semana, eso no significa que debía ser todo el día,
pues conforme a las instrucciones dadas debía asistir por lo menos 3 horas,
ya fuera en la mañana, a medio día o en la tarde, para dar cuenta de la
presencia institucional de la entidad en la jornada de mercados campesinos,
horario que eran los propios involucrados quienes determinaban en qué
jornada del día iban a asistir, pruebas que indican que no se presentó la
subordinación, primero, porque el cumplimiento de horario lo que demuestra
es una coordinación de actividades para ejecutar el objeto contractual, como
se señalará más adelante y, segundo, porque no era una orden que debía
cumplirse de manera estricta, pues según se lee en el contenido del correo
electrónico, si tenían algún inconveniente con la asignación que les
correspondió, eran ellos los que debían gestionar el cambio con los demás

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

compañeros, o por el contrario, determinar a su propio arbitrio, en qué horario
asistirían.

(…)

En consecuencia, dichas pruebas testimoniales no resultan suficientes para
acreditar fehacientemente el elemento subordinación, como requisito
necesario para establecer si bajo la apariencia de un contrato de prestación de
servicios, se ocultó una verdadera relación laboral entre las partes, en cuanto
si bien es cierto solicitó y se practicaron los testimonios relacionados,
no existen pruebas documentales que refuercen su tesis, las cuales son
necesarias para complementar esas pruebas testimoniales, conforme a
la actual exigencia de la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, que
señala que en ciertos casos, la simple declaración de testigos no es
suficiente para concluir que en efecto se presentó una relación
subordinada, como se explica a continuación.

En efecto, si bien es allí se discutió el caso de un médico general vinculado
mediante contrato de prestación de servicios, lo cierto es que lo señalado por
el H.Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. César
Palomino Cortés, en Sentencia de 15 de mayo de 2020, Radicado No.
50001-23-31-000-2011-00400-01 (2220-18), refuerza la conclusión que se
viene señalando. Dijo el H. Consejo de Estado: (…)

En este caso, pese a que existen pruebas documentales consistentes en
correos electrónicos que enviaba la entidad accionada, de manera general, a
diferentes personas, incluida la demandante, por medio de los cuales eran
citados a reuniones; requeridos, entre otros aspectos, para que efectuaran la
afiliación y pago, por concepto de Administradora de Riesgos Laborales; toma
de la foto del carné institucional; allegar hoja de vida actualizada;
acompañamiento a las actividades de fortalecimiento de los convenios;
recordatorio sobre informes de cierre de administración; la entrega de sus
cronogramas actualizados de las actividades correspondientes a la semana e
invitación a capacitaciones (fls. 40 a 77 del Cdno Ppal y Cuadernos de Anexos
Nos. 1, 2 y 3), lo cierto es que dichos medios de conocimiento no conducen a
demostrar la existencia de una subordinación, como también lo sostuvo esta
Subsección en Sentencia de 9 de septiembre de 2021, con ponencia de la
Magistrada Alba Lucía Becerra Avella, Radicado:
25307-33-40-002-2016-00481-01, donde en un asunto similar al que es objeto
de estudio, toda vez que se pretendía la declaratoria de la existencia de una
relación laboral de una persona que había trabajado como Instructora del
SENA en estética, belleza y peluquería, se señaló: (…)

Nótese, que en la prueba documental antes aludida, por ejemplo, también se
destaca el memorando de 18 de febrero de 2009, que emitió la Secretaría del
Despacho de la entidad accionada, donde reitera el cumplimiento del horario,
de la siguiente manera: (…)

De igual manera, reposa en el expediente la Circular No. 060 de 2011,
emitida por el Secretario del Despacho de Desarrollo Económico de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, por medio de la cual se estableció el nuevo horario de
trabajo, en los siguientes términos: (…)

En tercer término, reposa la Circular No. 028 de 26 de octubre de 2009, que
hace alusión al descanso compensado en navidad y fin de año, en los
siguientes términos: (…)

En los citados medios de conocimiento no se incluye el caso de la

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demandante, en tanto que solamente iban dirigidos, a los Directores y Jefes
de Oficinas Asesoras y a los servidores públicos de la entidad, más no a
contratistas.

Adicionalmente, a pesar de que en el expediente también obran los informes
que debía rendir la accionante a su supervisor (Cd-Room a folio 1 del
Cuaderno Anexo No. 1), no puede olvidarse que en casos como el que se
examina, la presentación de éstos no puede considerarse como elementos de
subordinación laboral, pues hacen parte de la supervisión que efectúa el
contratante, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 numerales 1 y 4 de
la Ley 80 de 1993, lo que significa simplemente que es una obligación legal,
sin que pueda derivar una subordinación o dependencia para el contratista.

(…)

De otro lado, es preciso resaltar que la norma que regula el contrato de
prestación de servicios, numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
dispone que es posible que las entidades del Estado vinculen personas por
contratos de prestación de servicios para el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, y que no
puedan realizarse con el personal de planta o se requiera de conocimientos
especializados, circunstancias que están acreditadas en el sub examine,
porque en el plenario, por ejemplo, de los contratos suscritos entre las partes,
se encuentran los estudios previos para el proceso de contratación, donde se
lee lo siguiente (Cd-Room a folio 1 del Cuaderno Anexo No. 1): (…)

Las afirmaciones plasmadas en los citados documentos, no fueron
desvirtuadas por la parte actora, lo que denota que la entidad demandada
procedió a contratar por prestación de servicios a la accionante, porque no
contaba con el suficiente personal para desarrollar las actividades que hacía la
Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de Desarrollo Económico.

En ese orden de ideas, es dable afirmar que la parte demandante NO probó
que la suscripción de los contratos de prestación de servicios se hubiera
realizado con fines distintos a los establecidos en el numeral 3 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993.

Se recuerda, que en esta clase de asuntos, la carga de la prueba corresponde
a quien pretende demostrar la existencia de una relación laboral, de acuerdo
con el artículo 167 del CGP, y que básicamente se cuenta únicamente con la
versión de los testigos, pues como se demostró líneas atrás, las pruebas
documentales que reposan en el expediente no conllevan a concluir que se
hubiera configurado la subordinación que pregona la parte actora, sino
simplemente una coordinación de actividades entre contratante y contratista,
para cumplir el objeto contractual…(negrilla del original).

A juicio de la accionante, en esa decisión se incurrió en un defecto fáctico porque
no se valoraron en debida forma los testimonios rendidos dentro del proceso, los
que, a su juicio, evidenciaban que existió subordinación y, por ende, relación
laboral.

Para la Subsección, en este caso no hay lugar a predicar la configuración del

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defecto alegado, pues no se evidencia una valoración indebida o irrazonable de
las pruebas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D.

La Sala observa que la autoridad judicial accionada sí valoró las pruebas
allegadas al expediente, tan es así que en la decisión cuestionada se concluyó
que concurrieron 2 de los elementos esenciales de la relación laboral, la
prestación del servicio y la remuneración. Cuestión diferente es que se
considerara que esas pruebas no eran suficientes para acreditar el elemento de la
subordinación.

Al analizar dicho elemento -subordinación-, la autoridad judicial accionada precisó
que era posible inferir que la ahora tutelante desarrolló las actividades para las
que fue contratada con cierta independencia, porque no se evidenció que se le
estuvieran dando órdenes, solo se necesitaban unas pautas para el desarrollo de
sus labores.

También aclaró que el hecho de que la contratista debiera respetar las pautas
dadas por la entidad y las jornadas en las cuales era requerida no implicaba la
existencia de subordinación, sino que evidenciaba que debía existir coordinación
entre esta y la entidad contratante para prestar los servicios para los que se le
contrató –apoyo a la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario
en el desarrollo del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaria de Bogotá D.C.–

A su vez, la Sala observa que, contrario a lo alegado por el tutelante, sí se
valoraron los testimonios rendidos en el proceso ordinario, al punto que se aceptó
que fueron coincidentes en afirmar que la tutelante cumplía un horario de 8 a.m. a
5 p.m. y que desarrolló sus funciones de manera continua y subordinada, “porque
debía seguir las instrucciones dadas por su jefe inmediato”.

Otra cosa es que, en ejercicio de la autonomía judicial que caracteriza la actividad
de los jueces, concluyera que ello no demostraba el cumplimiento del elemento
de la subordinación sino la “coordinación de actividades”, necesaria para el
cumplimiento del objeto contractual.

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Para desestimar dicho medio probatorio, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, también se fundamentó en un
pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se sostuvo que las
declaraciones de los testigos no constituyen prueba suficiente para tener por
acreditada la subordinación, sino que deben estar respaldadas por otros medios
probatorios.

En línea con lo anterior, hizo referencia a la existencia de unos correos
electrónicos dirigidos a algunas personas –incluida la demandante– en los que, de
manera general, se citaban a reuniones o se requerían para presentar los informes
de cierre de administración, entre otras cosas, solo que consideró que estos
documentos “no conducen a demostrar la existencia de una subordinación”, como
tampoco lo prueban el memorando del 18 de febrero de 2009, la Circular No. 060
de 2011 y la circular No. 028 de 2009, porque en ellos “no se incluye el caso de la
demandante, en tanto que solamente iban dirigidos a los Directores y Jefes de
Oficinas Asesoras y a los servidores públicos de la entidad, mas no a contratistas”.

En el mismo sentido, se precisó que la presentación de informes no constituyen
elementos de subordinación, sino que hacen parte de la coordinación y ejecución
del contrato de servicios, en atención a lo previsto el artículo 4 de la Ley 80 de
1993.

En razón de lo anterior, la Sala estima que la determinación de negar las
pretensiones de la demanda devino de un análisis con una carga argumentativa
válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la
apreciación de las pruebas que le permitió concluir que no se demostró elemento
de la subordinación, necesario para declarar la existencia de la relación laboral
entre la tutelante y la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Desarrollo
Económico.

Se concluye, por tanto, que la autoridad judicial accionada, en ejercicio del
principio de autonomía funcional, analizó el acervo probatorio allegado al proceso
ordinario, que, a pesar de no resultar favorable a la ahora accionante, no se puede
predicar que esa labor y, por ende, la decisión de segunda instancia fueron
contrarias a derecho. Lo que sí encuentra la Subsección es el claro propósito del

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accionante es reabrir el debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez
natural de la causa.

Por lo expuesto, al no haberse configurado el defecto fáctico alegado por la señora
Diana Marcela Silva Lesmes, la Sala negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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