Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01683-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01683-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01683-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actora: Cesar Augusto Caro Blanco
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
de inmediatez
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición y ii) acceso a la administración
de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico porque, a su juicio, al no dar respuesta a la petición de 28
de octubre de 1998, en la cual solicitó “[…] proferir copia de la sentencia de fecha 07
de septiembre de 1994 así como también con el oficio de cancelación de la Resolución
814 del 31 de octubre 1986 en virtud del cual INSTITUTO COLIMBIANO (sic) DE LA
REFORMA AGRARIA INCORA adjudico (sic) al señor Miguel Medina Algarín un lote
baldío […]”, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada
con el número único de radicación 08001233100119885156000; vulneró sus
derechos fundamentales invocado supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico porque, a su juicio, al no dar respuesta a la petición de
28 de octubre de 1998, en la cual solicitó “[…] proferir copia de la sentencia de fecha
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
07 de septiembre de 1994 así como también con el oficio de cancelación de la
Resolución 814 del 31 de octubre 1986 en virtud del cual INSTITUTO COLIMBIANO
(sic) DE LA REFORMA AGRARIA INCORA adjudico (sic) al señor Miguel Medina
Algarín un lote baldío […]”, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el número único de radicación
08001233100119885156000; vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que su padre el señor Cesar Caro Guete (q.d.e.p.) presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA (hoy extinto) – Agencia
Nacional de Tierras -ANT, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución
núm. 014 del 31 de octubre de 1986; y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagar los perjuicios materiales
ocasionados con la ilegal adjudicación que se hizo en un primer momento al señor
Miguel Medina Algarín.
Sentencia proferida el 7 de septiembre de 1994 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 080012331001198851560-00
4. El Tribunal Administrativo del Atlántico dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:
“[...] 1. Declárase la nulidad de la Resolución No. 814 de 31 de octubre de 1.986 en
virtud de la cual la Dirección Regional del Atlántico del INSTITUTO COLOMBIANO
DE LA REFORMA AGRARIA “INCORA” adjudicó al señor MIGUEL MEDINA
ALGARIN, un lote de terreno baldío denominado “LA CARABELA #2 (LA
CUCHILLA)”, ubicado en el corregimiento de Salgar, Municipio de Puerto Colombia,
en el Departamento del Atlántico.
2o) Ordénase a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la cancelación del
registro de la resolución mencionada en el punto anterior.
3o) Condénese (sic) al INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
“INCORA”, Regional Atlántico a pagar al actor, CESAR CARO GUETE el valor
correspondiente a la indemnización de perjuicios materiales que se han ocasionado
con motivo de la ilegal adjudicación que se hizo al señor MIGUEL MEDINA ALGARIN
mediante la Resolución impugnada.
4o) Los perjuicios materiales se tasarán de manera incidental en los términos del Art.
137 del C. de P. C., incidente que deberá interponerse dentro del término de 60 días,
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
contados a partir del auto de obedecimiento a la providencia que confirme la
sentencia.
5o) Ejecútese está (sic) sentencia en el término y forma prevista en el artículo 176 del
C.C.A. [...]”.
Sentencia proferida el 14 de agosto de 1997 por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en grado de consulta del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
080012331001198851560-00
5. La Sección Tercera de la Sala del Consejo de Estado resolvió:
“[...] CONFÍRMASE la sentencia materia de consulta dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 7 de septiembre de 1994, salvo en sus ordinales 3o a
5o, que se revocan.
NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda [...]”.
5.1. Al respecto manifestó que:
“[...] No hay duda de que el acto acusado viola flagrantemente las normas de orden
superior a las cuales debía sujetarse. Dentro del marco jurídico que se ha dejado
puntualizado, la situación fáctica observada en el curso de la inspección ocular dentro
del trámite administrativo constituía un impedimento infranqueable para acceder a la
adjudicación pretendida, pues en esas condiciones no puede predicarse que el lote
estuviera siendo ocupado y por ende tampoco podía ser calificado como un baldío
adjudicable.
Conforme a lo visto precedentemente, el fallo consultado será confirmado, salvo en
lo que se refiere a la condena al pago de perjuicios, que se revoca [...]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Se ampare el derecho fundamental de petición y acceso a la Administración
de Justicia (sic) cualquier otro del mismo rango que se determine como violado.
2. Se ordene al accionado(a), que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de la Sentencia (sic) produzca la respuesta a la petición formulada y se me envié a
mi dirección electrónica cesarcaroblanco7@gmail.com copia de la sentencia de fecha
07 de septiembre de 1994 así como también con el oficio de cancelación de la
Resolución 814 del 31 de octubre 1986 en virtud del cual INSTITUTO COLIMBIANO
(sic) DE LA REFORMA AGRARIA INCORA adjudico (sic) al señor Miguel Medina
Algarín un lote baldío denominado Carabela 2 ( la Cuchilla) ubicado en el
corregimiento de salgar, Municipio de puerto Colombia. Dirigido a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla. Al correo
documentosregistrobarranquilla@supernotariado.gov.co
3. Se ordene al accionado(a), que una vez producida la decisión definitiva en el asunto
en cuestión, remita a su Despacho, copia del oficio que ordena lo solicitado con las
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
formalidades de ley, so pena de las sanciones de ley por desacato a lo ordenado por
Sentencia (sic) de tutela
4. Se autorice la expedición de fotocopias, a mi costa de la Sentencia (sic) de esta
tutela y de la contestación que al fallo produzca el o la accionada. […]”.
6.1. Como fundamento de lo expuesto supra, el actor indicó que:
“[…] 2.- Es importante anotar Honorables Magistrado (sic) que ese Tribunal
Administrativo se tramito (sic) un proceso de Restablecimiento del Derecho en contra
de Incora cuya radicación Fue (sic) 5156 magistrado ponente Dr. LLINAS; es
importante anotar que este proceso termino (sic) con sentencia acogiendo las
pretensiones de la demanda ya que se había adjudicado el predio de mi padre como
fuera un predio baldío a un tercero, esta sentencia fue confirmada por el Consejo de
Estado anexo la sentencia.
3- En Tribunal en su momento oficio (sic) a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barranquilla afectos de que se inscribiera la sentencia, pero nunca la
allegaron con dicho oficio esto fue el 20 de junio del 2000 y desde esa fecha no nos
han querido expedir copias de dicha sentencia a fin de poder ejecutar dicha sentencia
y recuperar nuestro predio y ocasionándome graves perjuicios de índole económicos
ya que tenemos como 3 hectáreas embolatada por la negligencia de los funcionarios
de dicho Tribunal […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1.o de abril de 2022; i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Atlántico; y iii) vinculó a la Agencia Nacional de Tierras y a Miguel Medina
Algarín, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de
tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
8. El Tribunal Administrativo del Atlántico manifestó que la acción de amparo es
improcedente. Al respecto manifestó que:
“[...] El fallo que lo benefició suscrito por el ponente Magistrado doctor Enrique Llinás
(Despacho 01), data del año 1998.
El doctor Enrique Llinás se pensionó en el año 2004, y desde ese momento se
encuentra en su reemplazo, fungiendo como Magistrada del Despacho la doctora
JUDITH ROMERO IBARRA.
En la época en que se profirió el fallo, se envió el oficio a la Oficina de Instrumentos
Públicos y se decidió la consulta de la sentencia, el Secretario General de ésta
corporación era el doctor JAIRO FRANCISCO CASTILLA DE LA PEÑA y no el
suscrito GIOVANNI RADA HERRERA. Ya que yo me posesioné apenas en el cargo
de Secretario General el día 5 de diciembre de 2000.
Por último y lo más importante, la presente acción es total y rotundamente
improcedente puesto que carece del requisito de procedibilidad de INMEDIATEZ. El
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
hecho que hayan transcurrido más de veintitrés (23) para reclamar la supuesta
vulneración del derecho fundamental de petición, al cual se debía dar respuesta en
quince (15) días a partir de su presentación, denota una notoria falta de interés en el
asunto por parte del actor, e incluso de su difunto progenitor [...]”.
[...]
“[...] No obstante, lo anteriormente expuesto le informo que me he dado a la tarea de
buscar el expediente la cual ha sido dispendiosa dada su antigüedad, así mismo le
hago saber continuaré con la búsqueda del expediente en físico, para contestarle al
señor CÉSAR CARO BLANCO, o en su defecto darle trámite a la reconstrucción de
éste [...]”.
9. La Agencia Nacional de Tierras indicó que se declare improcedente la solicitud
de amparo por carencia de objeto. Al respecto adujo lo siguiente:
“[…] La accionante manifiesta que se ha violentado el derecho al debido proceso que
le asiste frente al procedimiento de la revocatoria directa de los actos administrativos
a través de los cuales se adjudica un terreno baldío; procedimiento que se encuentra
en estudio por la ANT a través de la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda
por Demanda respecto de la adjudicación que se realizó a través de la Resolución
No. 000742 del 13 de septiembre de 2000, no obstante, aun cuando no le asiste razón
en la imputada violación de derechos, y bajo el hipotético caso de que se hubiera
procedido en dicha forma no demuestra como tales actuaciones son origen de un
perjuicio que revista el carácter de irremediable que amerite el ejercicio de la tutela
como mecanismo transitorio.
Por lo anterior no se puede afirmar que el supuesto perjuicio por los accionantes
invocado sea (i) inminente (ii) urgente ni mucho menos (iii) grave pues los actores no
logran probar siquiera sumariamente que los supuestos perjuicios expresados
cuentan con dichas características, pues la resolución de adjudicación No 4773 de
fecha 17 de agosto de 2018, quedó debidamente ejecutoriada desde el 14 de
noviembre de 2018 y solo hasta hoy, casi dos años después, pretende hacer uso de
este mecanismo; esta situación nos lleva a concluir que no nos encontramos en
presencia de que se consume un daño antijurídico irreparable, hecho que raya el
carácter de impostergable que justifica el amparo.
Bajo estas consideraciones no es posible configurar ninguna de las características
propias del perjuicio irremediable, pues no se ha demostrado como la ANT, primero
transgreda los derechos expuestos por los accionantes y segundo que los haya
transgredido de forma inminente, injustificada y grave, y que por ende requieran de la
implementación de medidas que la cesen prontamente.
No es posible en el caso en concreto solicitar la procedencia de la acción de tutela
como mecanismo de protección transitorio, toda vez que “el instrumento jurídico de la
acción de tutela no fue consagrada para provocar la iniciación de procesos
alternativos o sustitutivos, ni para crear instancias adicionales a las ya existentes.”
(Sentencia T-119 de 1993) [...]”.
10. Miguel Medina Algarín guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017 2, por el
cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; el Acuerdo 377 de
11 de diciembre de 20183 y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194.
Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
13. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, concretamente si se cumplió con el requisito de la inmediatez.
14. Para resolver el anterior problema jurídico, esta Sala analizará los siguientes
temas: i) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela en el caso concreto, ii) acerca del requisito de inmediatez en la
acción de tutela, iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, iv) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental de petición, v) contenido y alcance del derecho fundamental
de petición; vi) el derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales; vii) el
derecho a la administración de justicia y el debido proceso frente a la mora judicial,
viii) el análisis del caso en concreto, y ix) las conclusiones de la Sala.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
4 “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
acción de tutela en el caso concreto
15. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, a saber, el requisito de inmediatez. Para tal efecto, la Sala advierte que, la
Sala Plena de la Corte Constitucional consideró tres reglas en el análisis de la
inmediatez5:
“[...] En primer término, la inmediatez es un principio orientado a la protección de la
seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad,
posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. En segundo lugar,
la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en
atención a las circunstancias de cada caso concreto. Finalmente, esa razonabilidad
se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente
e inmediata de un derecho constitucional fundamental [...]”.
Acerca del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela
16. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916 estableció que
la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia
SU-961 de 19997 dijo:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.
17. Asimismo, la Corte Constitucional frente al cumplimiento del requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela en sentencia de 23 de enero de
20178 manifestó:
“[...] La eficacia de la acción de tutela frente a la protección de los derechos
fundamentales se encuentra relacionada directamente con la aplicación del principio
de la inmediatez, presupuesto sine qua non de procedencia de dicha acción, dado
que su objetivo primordial se encuentra orientado hacia la protección actual, inmediata
y efectiva de derechos fundamentales. Bajo ese contexto, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que, siendo el elemento de la inmediatez consustancial
5 Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 30 de abril de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
7 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
8 Corte Constitucional. Sentencia T -022 de 23 de enero de 2017, M.P. Luis Guillermo Gutiérrez Pérez.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
al amparo que la acción de tutela brinda a los derechos de las personas, ello
necesariamente conlleva que su ejercicio deba ser oportuno y razonable [...]”.
18. Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la
acción de tutela conlleva a que su ejercicio debe ser oportuno y razonable, pues
su objetivo primordial se encuentra orientado hacia la protección “[...] actual,
inmediata y efectiva de derechos fundamentales [...]”9.
19. Además, el Consejo de Estado en jurisprudencia reciente consideró10:
“[...] Responde a la urgencia que caracteriza a este mecanismo de amparo y que,
si bien se predica en principio a los operadores judiciales, también es exigible a los
demandantes para que pongan en conocimiento del juez de tutela los hechos u
omisiones que consideran vulneradores de sus garantías constitucionales desde el
momento en que se presente la lesión o amenaza de derechos fundamentales [...]”.
(Resaltado por la Sala)
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
20. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
21. Atendiendo a que, la Corte Constitucional11 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición
9
Ibídem.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Tercera, sentencia
de 22 de marzo de 2022, C.P. Fredy Ibarra Martínez, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-01175-
00.
11 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
22. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”.
23. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional 12 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.
Contenido y alcance del derecho fundamental de petición
24. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de 2
de enero de 198413, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
25. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201114, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.
26. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
12 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
13 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.
27. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30 de
junio de 2015.
28. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201515 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.
Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
29. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
30. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.
31. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley es regular el
derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.
32. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones,
el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral 1.º
dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14
ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta
a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
15 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
33. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.
34. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.
35. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.
36. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de la
norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en
los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
37. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, esta
deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la recepción
de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá la petición
al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.
Reglas jurisprudenciales del derecho de petición
38. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política
ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una respuesta de
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Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-146 de 201216,
se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional respecto del
derecho de petición:
“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
16 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado
fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el
problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta
aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572
de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415
de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137
de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.
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Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.
39. De estas reglas se desprende, que toda respuesta a un derecho de petición se
convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.
40. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.
41. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”17.
42. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.
43. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional18:
“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
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Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.
Derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales
44. En relación con el derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales,
esta Sala ha sido enfática en señalar que no es procedente su ejercicio durante el
curso y con ocasión de un proceso judicial, en razón a que el legislador ha previsto
procedimientos específicos para su trámite.
45. En sentencia de 17 de noviembre de 201719, esta Sala con ponencia de la
Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González reiteró lo expuesto
en sentencia de 18 de junio de 2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada
bajo el núm. 2015-01196-00, en la que se indicó lo siguiente:
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende
es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un
proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho
cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la
obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones
netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo precisó la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del
Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción
de tutela radicada bajo el nro. 2008-00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio
mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso,
por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos;
y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría
destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
19 Consejo de Estado, Sección Primera, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00, Actor:
María Eugenia Hernández Valenzuela, demandado: Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del
Huila.
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Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso)20, la Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en
el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o
para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora
bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.
Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado,
los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos.
Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración,
esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en
relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos
propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que
presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del
proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP Alejandro Martinez Caballero)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez
como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como
tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos.
Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría
destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en
detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las
autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las
normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos
mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales”
Sentencia T-178-00. MP José Gregorio Hernández Galindo) […]” (Destacado
fuera del texto).
46. En ese orden de ideas, dentro del marco de las solicitudes que presentan las
personas debe distinguirse entre los de carácter jurisdiccional y los administrativos.
Frente a los segundos el trámite debe llevarse a cabo a través del marco del derecho
de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991 y
desarrollado por la Ley 1755 de junio 30 de 201521, y los primeros deben tramitarse
de conformidad con los procedimientos propios de cada juicio, lo que implica que la
omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones formuladas en relación con
20 Criterio que contó con salvamento de voto de los señores Consejeros doctores Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.
21 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
los asuntos jurisdiccionales trae como consecuencia la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y no el de petición.
El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso frente
a la mora judicial
47. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al acceso
a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos judiciales, ha
señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una
impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos legales,
estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del
mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”22.
48. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201623, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 2017 24, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.
49. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte Constitucional
en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que dieron
origen a esta25, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como la
complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201326, afirmó:
22 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de
2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
25 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:
doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales
y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o pronunciamiento
de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad para la cual fue
creada la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos fundamentales, si se
permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso judicial, so pretexto de
resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que aquejan a la Rama Judicial
pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta el notable incremento del
tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y controversias que se someten a su
consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
26 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado de la
Sala).
50. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se
evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”27.
51. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, solo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
52. La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito de inmediatez.
53. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
27 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
54. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
55. En el expediente está plenamente acreditado que el accionante presentó una
solicitud el 28 de octubre de 1998 ante la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Atlántico en el cual solicitó: i) “[…] copia de la sentencia de fecha 07 de septiembre
de 1994 así como también con el oficio de cancelación de la Resolución 814 del
31 de octubre 1986 en virtud del cual INSTITUTO COLIMBIANO (sic) DE LA
REFORMA AGRARIA INCORA adjudico (sic) al señor Miguel Medina Algarín un
lote baldío […]”.
56. Al respecto, la Sala advierte que transcurrieron más de 23 años entre el 28 de
octubre de 1998 y el 15 de marzo de 2022 (fecha de presentación de la acción de
tutela), tiempo que se considera irrazonable e incongruente con el principio de
inmediatez.
Solución del caso concreto
57. Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela no fue
presentada en un término razonable. Si bien no existe un término de caducidad
para la presentación de la acción de amparo, es decir, que puede interponerse en
principio en cualquier tiempo, la misma debe ser interpuesta en un plazo razonable
dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente
y realmente produce un daño evidente.
58. Cabe manifestar que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
insistente en determinar que la acción de tutela fue creada para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, es
necesario que la misma sea presentada en el marco temporal de ocurrencia de la
amenaza o violación de derechos.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201683-00
Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
59. Al respecto, advierte la Sala que los hechos acaecieron en el año 1998, cuando
se solicitó ante el Tribunal Administrativo del Atlántico copia de la sentencia de 7
de septiembre de 1994, mediante la cual se le reconoció un predio baldío al padre
del actor, decisión que fue confirmada en grado de Consulta por el Consejo de
Estado.
60. La Sala observa que solo hasta el año 2022 el peticionario acudió a este
instrumento procesal alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, es
decir, que hizo uso de la presente acción, de naturaleza subsidiaria, urgente,
residual y que persigue la protección inmediata de los derechos, treinta y tres años
después de la ocurrencia de los hechos, en concreto, de la solicitud de copias que
presentó ante el Tribunal.
61. En ese sentido y reiterando lo expuesto por la Corte en la Sentencia T-607 de
200828, “[...] el silencio del actor durante estos años demuestra que no se sintió
vulnerado en sus garantías fundamentales [...]”.
62. Por lo expuesto, la Sala considera que resulta improcedente la solicitud de
amparo deprecada, toda vez que, conforme con los supuestos fácticos y jurídicos
expuestos anteriormente, esta no fue incoada dentro de un término razonable, lo
que permite concluir que los derechos fundamentales del demandante no se
encuentran en un grave riesgo, en la medida en que desde la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales transcurrió un término bastante amplio para acudir
a este mecanismo de amparo, lo que evidencia la falta de urgencia por parte del
actor, lo cual, se insiste, caracteriza a esta acción constitucional.
Conclusiones de la Sala
63. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo que presentó el señor Cesar Augusto Caro Blanco, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
28 Corte Constitucional. Sentencia T-607 de 19 de junio de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
20
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Actor: Cesar Augusto Caro Blanco
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó el señor
Cesar Augusto Caro Blanco, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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