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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01694-00

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01694-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por José Barón Uribe y otros contra el Tribunal Administrativo de Casanare. particular, ya que los salvamentos de voto no tienen fuerza vinculante, claro está, siempre que la misma Corporación, mayoritariamente, no altere las reglas que ha unificado”. 31 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co  Demandantes: José Barón Uribe y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2022-01694-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01694-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de mayo de 2022


Demandantes: José Barón Uribe y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01694-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01694-00
Demandantes: JOSÉ BARÓN URIBE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Temas: Tutela contra providencia judicial – Caducidad del medio de
control de reparación directa – Delitos de lesa humanidad –
Reiteración de jurisprudencia. Niega1

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la solicitud de amparo constitucional presentada por los señores y
señoras José Barón Uribe, José Miguel Barón Rodríguez, Lizandro Barón Rodríguez,
Consuelo Barón Rodríguez, María Esperanza Barón Rodríguez, Jazmín Andrea
Barón Hernández, Julio César Barón Hernández, José Miguel Barón Hernández,
Blanca Nubia Barón Hernández, Abadio Barón Hernández, Karen Melisa Barón
Henao, Deynnis Estefanny Barón Henao, Jhoan Uriel Barón Henao, Jaber Lizandro
Barón Henao, Brayan Barrera Barón, Kelly Johana Quiroz Barón y María Arelis
Quiroz Barón, por medio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de
Casanare, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de
mayo de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 16 de marzo de 2022 al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la parte accionante promovió el mecanismo
constitucional contra la autoridad judicial referida, con el fin de que sean amparadas
sus garantías constitucionales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

1
Al respecto consultar las sentencias de 26 de agosto de 2021 y 27 de diciembre del mismo año.
Expedientes: 11001-03-15-000-2021-04855-00, M.P Rocío Araujo Oñate y 11001-03-15-000-2021-
05664-00, M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Demandantes: José Barón Uribe y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01694-00

2. El extremo demandante consideró vulneradas dichas garantías
fundamentales, con ocasión de la sentencia del 16 de septiembre de 2021, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal que
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, dentro del proceso
de radicado N. ° 85001-33-33-001-2015-00485-00/1.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

“PRIMERO (…) sean tutelados los derechos fundamentales de acceso a la
Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229
C.N.), a la integridad personal (Art. 12 C.N.), a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido
proceso (Art. 29 CN) y a la reparación integral derivada de la responsabilidad
patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.) en favor JOSÉ BARÓN URIBE, , JOSÉ MIGUEL
BARÓN RODRÍGUEZ, LIZANDRO BARÓN RODRÍGUEZ, CONSUELO BARÓN
RODRÍGUEZ, MARIA ESPERANZA BARÓN RODRÍGUEZ, JAZMIN ANDREA
BARÓN HERNÁNDEZ, JULIO CESAR BARÓN HERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL
BARÓN HERNÁNDEZ, BLANCA NUBIA BARÓN HERNÁNDEZ, ABADIO BARÓN
HERNÁNDEZ, KAREN MELISA BARÓN HENAO, DEYNNIS ESTEFANNY BARÓN
HENAO, JHOAN URIEL BARÓN HENAO, JABER LIZANDRO BARÓN HENAO,
BRAYAN BARRERA BARÓN, KELLY JOHANA QUIROZ BARÓN y MARIA ARELIS
QUIROZ BARÓN , los cuales les fueron vulnerados dentro del proceso de Reparación
Directa radicado 85001-3333-002-2015-00468-01 iniciado por ellos contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional, por causa de la decisión judicial adoptada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE contenida en su providencia del 16
de Septiembre del 2021, notificada el 20 de Septiembre de 2021, que CONFIRMÓ la
sentencia de primera instancia, a pesar de tratarse de un caso de alegada
responsabilidad del Estado derivado de un presunto delito de lesa humanidad
calificado por las autoridades penales a título de Homicidio en persona protegida
cometido en el escenario del conflicto armado interno por agentes del Estado en
servicio activo, en un probable episodio de los llamados “falsos positivos” que afectó
los derechos de los actores. Decisión judicial adoptada contra legem por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en cuanto contradice la expresa
voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del
CPACA y en contra de precedentes verticales habilitantes aplicados inter comunis y
vigentes a la época de presentación de la demanda y, dictada en desacato de la
interpretación constitucional acuñada con supremacía funcional en las sentencias T-
352 de 201688, T-296 de 201889 y las propias sentencia denominadas de unificación
SU- 312 de 2020 de la Corte Constitucional y la SU de 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, trasgrediendo adicionalmente la doctrina
Convencional de las sentencias de la Corte IDH Barrios Altos vs Perú, Valle Jaramillo
y otros vs Colombia, García Lucero vs Chile, Villamizar Durán y otros vs Colombia,
Órdenes Guerra vs Chile y Familia Julien Grisones vs Argentina vinculantes para
Colombia y aplicables al presente caso concreto conforme al principio de
convencionalidad y al bloque de constitucionalidad.

SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los
demandantes, también con efectos inter comunis o inter pares, por favor se declare
nula por incompatibilidad con la Constitución Política de Colombia y por ser
transgresora del Bloque de Constitucionalidad y de la expresa voluntad del legislador

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expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA -y, en
consecuencia carente de efectos jurídicos-, la providencia del 16 de Septiembre de
2021 notificada el 20 de septiembre de 2021, la cual CONFIRMÓ la decisión de
primera instancia”…

(…)

TERCERA: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la
que pedimos se declare su anulación y por efecto de la expresa voluntad del
legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y de
la unificación interpretativa respecto de la imprescriptibilidad de las acciones
administrativas de reparación o de responsabilidad civil del Estado derivadas de los
delitos de lesa humanidad, contenida en las sentencias de tutela T-352 de 2016 y T-
296 de 2018, así como en las sentencias CIDH Valle Jaramillo y otros vs Colombia de
noviembre 27 de 2008, Órdenes Guerra contra Chile de 29 de noviembre de 2018 Y y
Familia Julien Grisonas vs Argentina96 de 23 de Septiembre de 2021 en los principios
1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado desde febrero
8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado
en el 61° período de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los capítulos
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de 16
de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ó con base en
los precedentes habilitantes en casos semejantes que en igualdad el Juez de Tutela
decida aplicar, se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare a tratar con debida
diligencia el proceso de Reparación Directa radicado 85001-3333-002-2015-00485-
01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda
instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta
el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni, como quiera
que de acuerdo con el sistema de precedentes y el principio de Convencionalidad,
para el presente caso no aplica la regla general del literal i) del numeral 2° del artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
que estableció la caducidad para las acciones de reparación directa sin distinguir su
aplicabilidad a los delitos de lesa humanidad.

CUARTA: Solicito de manera respetuosa, para efectivizar la expresa voluntad del
legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y
conforme al artículo 7° del Decreto 2591 de 199197, por favor se conceda la siguiente
medida provisional con la finalidad de que se protejan los Derechos Fundamentales
de mis representados a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN), a la
reparación integral (Art. 90 C.N.) y al acceso a la Administración de Justicia en
prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), así:

Que por favor con efectos inter comunis o inter pares se proceda a la suspensión
provisional de los efectos de la providencia proferida el dieciséis (16) de Septiembre
de dos mil veintiuno (2021) por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
dentro del proceso de reparación directa 85001-3333-002-2015- 00485-01, para que
de esta manera, a casos similares no se les apliquen los fundamentos y efectos de
dicha jurisprudencia hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela y de esta
manera evitar el menoscabo o vulneración de derechos fundamentales a los actores
de la presente acción y la de casos análogos. (Sic a toda la cita)

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1.3. Hechos probados y/o admitidos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:

4. El día 6 de abril de 2007, el señor Ananías Barón Rodríguez estuvo en la casa
de su hermana Consuelo Barón Rodríguez ubicada en Tauramena, lugar donde
pernoctó. Al día siguiente, retornó a Yopal para atender sus obligaciones laborales.

5. El día 7 de abril de 2007, la Fiscalía 32 Seccional de Yopal tuvo conocimiento
de la muerte de una persona en medio de un supuesto enfrentamiento al interior de
un operativo del personal del Gaula del Ejército.

6. Según la parte accionante, el domingo 8 de abril de 2007, Ananías Barón
Rodríguez salió de su residencia a la 6:00 a.m., se despidió de la dueña de la casa
en la que vivía como arrendatario, y se dirigió al lugar en Yopal donde estudiaba;
desde ese momento no se supo más de él.

7. El mismo 8 de abril, en horas de la tarde, la señora Consuelo Barón Rodríguez
recibió llamadas de compañeros de trabajo de Ananías Barón Rodríguez –su
hermano- en las que le informaron acerca de su deceso y que se encontraba en el
cementerio de Yopal. Por ello, se trasladó desde Tauramena para efectos de
reconocer el cadáver.

8. El mismo día, compareció ante el Despacho del Grupo de Criminalística de la
SIJIN DECAS, confirmando que el occiso correspondiente al Acta de Inspección a
cadáver No. 058 de fecha 08-04-07, practicada por la Fiscalía 32 URI de Yopal, se
trataba de su hermano.

9. El 9 de abril de 2007, la señora Consuelo Barón Rodríguez rindió declaración
ante la Fiscalía 32 URI Yopal, en la que manifestó que se enteró de la muerte de su
hermano por las llamadas telefónicas que le hicieron sus compañeros de trabajo,
quienes primero le dijeron que había sido un accidente y de manera posterior le
indicaron que había sido asesinado y que se encontraba en el cementerio. Con
relación al occiso, señaló que estudiaba contaduría pública y estaba cerca de
graduarse. Asimismo, que trabajaba como mesero en un bingo de Yopal gracias a la
recomendación de un teniente de la Policía.

10. Igualmente, la hermana de la víctima puso de presente que Ananías Barón
Rodríguez desde el año 2005 se había reinsertado del Bloque Centauros de las
autodefensas unidas de Colombia.

11. El mismo día, el comandante de la misión táctica antiextorsión 038 “ATILA II”
rindió informe a la fiscal 32 seccional URI de Yopal, en el que manifestó que en

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desarrollo de la operación resultó abatido en combate un N.N de sexo masculino.
Dicho informe también fue rendido ante el Juzgado de Instrucción Penal Militar
Brigadas XVI y VIII.

12. En dicho informe se precisó que el día 7 de abril de 2007, en horas de la
noche, se recibió una información en la línea de emergencia 147 por parte de una
persona que se reservó su identidad, en la cual alertó sobre la presencia de sujetos
armados que se autodenominaban “Águilas Negras” y que venían extorsionando a
ganaderos de la zona. Con el fin de corroborar o desvirtuar la información recibida,
los miembros del Gaula Casanare, adscritos a la Decimosexta Brigada del Ejército
Nacional, se trasladaron hasta la vereda Mate Palma, jurisdicción del municipio de
Yopal donde fueron interceptados por sujetos presuntamente al margen de la ley, de
lo que se produjo un intercambio de disparos. Una vez controlada la situación, se
mencionó que, del registro de la zona hecho tras lo sucedido, hallaron un sujeto
abatido que portaba un revólver calibre 38.

13. La situación se informó al Comando de la Unidad, para efectos de coordinar
con las autoridades encargadas la realización de la inspección de levantamiento del
cadáver.

14. En el acta de inspección al cadáver No. 058 que se realizó el 8 de abril de
2007, se estableció que la muerte la produjeron impactos de armas de fuego
utilizadas por uniformados del Ejército Nacional.

15. El 19 de abril del mismo año, la Fiscalía 32 URI de Yopal remitió la
investigación por la muerte de Ananías Barón Rodríguez al Juzgado de Instrucción
Penal Militar de la Brigada Decimosexta del Ejército Nacional.

16. El 2 de mayo de 2007, el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar profirió auto
de apertura de la investigación preliminar contra los presuntos responsables en
averiguación por el delito de homicidio, la cual fue archivada el 30 de julio siguiente
por cesación del proceso en contra de los militares involucrados en lo sucedido por
decisión de la Fiscalía 20 Penal Militar.

17. La parte accionante, mencionó que la señora Consuelo Barón Rodríguez –
hermana de la víctima- solo tuvo conocimiento de dicha investigación hasta el mes
de octubre de 2014 de manera que solo hasta ese momento supo que
aparentemente “había sido muerto en combate con el (sic) miembros del Grupo
Gaula Casanare adscritos a la Decimosexta Brigada en un supuesto enfrentamiento
armado ocurrido en la vereda Mate Palma jurisdicción del municipio de Yopal
(Casanare)”.

18. Sostuvo el extremo demandante que la hermana de la víctima solicitó copias
de la investigación y al observar múltiples y graves irregularidades en el expediente y
en el fundamento de la decisión de cesación de procedimiento que benefició a los

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procesados, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 22 de
septiembre de 2015. No obstante, mediante Oficio N° 1038 MDN-DEJUM-F20PM de
fecha 16 de diciembre de 2015, la Fiscal 20 Penal Militar le informó la imposibilidad
de iniciar nuevamente otra denuncia por los mismos hechos en que murió su
hermano.

19. Puso de presente que con ocasión de una tutela interpuesta y un fallo
favorable respecto de la misma, la Fiscalía General de la Nación dispuso que la
Fiscalía 60 Especializada adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada
de Derechos Humanos y DIH asumiera a prevención la investigación por el homicidio
de Ananías Barón Rodríguez, ocurrida el 7 de abril de 2007, en contra de los otros
responsables que no fueron cobijados por la cesación del procedimiento dictada por
la justicia penal militar.

20. La Fiscalía 60 Especializada, mediante auto de fecha 25 de julio de 2016,
avocó el conocimiento de la Investigación N° 10071 y dispuso inspeccionar y solicitar
copias del expediente penal militar y recibir la declaración de la señora Consuelo
Barón Rodríguez, sin que en la acción tutelar se hubiera advertido como superada la
etapa de indagación.

21. Según lo mencionado en el escrito de tutela, en dicha declaración se
manifestó lo siguiente:

ANANIAS BARÓN RODRIGUEZ (Q.E.P.D.) estudiaba en Yopal y trabajaba en el
Bingo que queda en seguida del almacén “Los Perseguidos” ubicado en la Carrera 20
entre calles 8 y 9 de esta localidad, información que se corrobora con la declaración
rendida por la misma señora Consuelo Barón, años atrás dentro de la Investigación
N° 09368 que se adelantó en la Fiscalía 20 penal Militar en Yopal (Casanare).

La noche del sábado 7 de abril de 2007 ANANIAS BARÓN RODRIGUEZ (Q.E.P.D.)
no pudo estar en combate alguno, pues como le indicó la señora Rubiela (vecina de
Ananías) a CONSUELO BARÓN RODRÍGUEZ el salió de la casa a estudiar a
tempranas horas del día 08 de abril de 2007.

Los zapatos que llevaba el cadáver de ANANIAS BARÓN RODRIGUEZ (Q.E.P.D.) no
pertenecían a él, dicha información se confirma con la declaración rendida por la
señora Rubiela Otaya vecina de la víctima dentro la Investigación N° 09369 que se
adelantó en la Fiscalía 20 penal Militar en Yopal (Casanare).

ANANIAS BARÓN RODRIGUEZ (Q.E.P.D.) no pertenecía a ningún grupo al margen
de la ley.

22. El 29 de octubre de 2015, previo adelantamiento de conciliación extrajudicial
que resultó fallida, la parte accionante promovió el medio de control de reparación
directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el propósito de
que se declarara su responsabilidad por los hechos del 7 de abril de 2007, en los que

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“en una fingida operación militar se asesinó y desapareció al señor ANANIAS
BARÓN RODRÍGUEZ” y obtener reparación por los perjuicios ocasionados. Dicho
proceso se identificó con el número de radicado 850013333002-2015-00485-01.

23. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo
de Yopal, el cual mediante sentencia del 18 de mayo de 2020 resolvió declarar
probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa promovido.

24. En específico, la autoridad judicial de primera instancia señaló que según lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado2, el término para el ejercicio oportuno del
medio de control corrió entre el 9 de abril de 2007 –día siguiente al que la parte
actora conoció de la muerte del señor Ananías Barón Rodríguez- y el 9 de abril de
2009. Pese a ello, la solicitud de conciliación solo se presentó hasta el 6 de marzo de
2015; fecha en la que ya había fenecido el plazo para demandar.

25. Para el juez de primer grado la parte demandante no solo tuvo conocimiento
del deceso de su familiar desde el 8 de abril de 2007, sino que conoció las
circunstancias en que presuntamente perdió la vida, esto es, a manos de miembros
del Ejército Nacional en desarrollo de operativo militar.

26. Sostuvo el juzgador que si bien la parte demandante no tuvo participación en
la investigación adelantada por la justicia penal militar, de la declaración que rindió
Consuelo Barón Rodríguez ante la Unidad de Fiscalías de Derechos Humanos el 4
de agosto de 2016, no existía duda en torno al hecho de que además de conocer la
fecha y las circunstancias de la muerte del señor Ananías Barón Rodríguez, “pudo
advertir desde ese mismo momento las inconsistencias e irregularidades
presentadas en la versión de los hechos”.

27. En providencia de 16 de septiembre de 20213, el Tribunal Administrativo de
Casanare, en sede de alzada, confirmó la decisión de primer grado, de manera que
tampoco emitió pronunciamiento de fondo acerca de la responsabilidad estatal por
los hechos demandados.

28. Señaló el juez de segunda instancia que “para efectos de identificar la opción
de imputar jurídicamente al Estado dicha muerte, es evidente que los deudos
pudieron saber desde el 08/04/2007 que la vida se la quitaron tropas del Ejército
Nacional, esto es, agentes de la Administración con armas oficiales, en desarrollo de
lo que reportaron como presunto combate. Así que nunca quedó en la penumbra
quiénes lo mataron, ni su relación con el Estado”.

2 Exp. 5001-33-33-002-2014-00144- 01(61.033)
3
Notificada en la misma fecha.

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29. Así, el juzgador de la alzada encontró acertado aplicar la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado por cuanto afirmó que en el caso en concreto no mediaban
razones que permitieran inferir que la demandante se encontraba en imposibilidad
material para acceder a la administración de justicia.

30. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Casanare determinó que
comoquiera que la muerte de Ananías Barón Rodríguez (hecho lesivo) ocurrió el 7 de
abril de 2007 y su revelación (daño al descubierto), se dio al día siguiente, resultaba
claro que se acudió tardíamente a demandar (29 de octubre de 2015), pues para
entonces ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control de
reparación directa ejercido.

1.4. Fundamentos de la vulneración

31. Luego de señalar que en el sub judice concurren los requisitos genéricos de
procedibilidad de la acción de tutela, al referirse a los cargos específicos, la parte
tutelante expuso que en el asunto objeto de estudio se encuentran configurados los
siguientes yerros los cuales sustentó, sucintamente, de la siguiente manera:

32. Defecto procedimental absoluto, “por la grave violación del derecho al
debido proceso de la parte actora”.

33. Defecto fáctico, “por la indebida valoración probatoria que habilitaría la
oportunidad de la acción”.

34. Defecto sustantivo, “por decidir conforme a la interpretación del artículo 164
del CPACA que vulnera la Constitución y el bloque de constitucionalidad y el principio
de Convencionalidad”.

35. Desconocimiento del precedente, “por violación al precedente horizontal y
vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes que señalan
el carácter de Fundamental de que goza el Derecho al Acceso a la Administración de
Justicia, a la Igualdad y a la Reparación Integral”.

36. La parte accionante fue enfática en señalar que el único fundamento del
Tribunal de Casanare para decretar la caducidad del medio de control de reparación
directa fue la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la
mayoría de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el expediente 85001-33-33-
002-2014-00144-01, pero omitió tener en cuenta la pluralidad de decisiones que el
mismo órgano de cierre y la Corte Constitucional han dictado y en el que se han
protegido los derechos de acceso a la administración de justicia, a pesar de haberse
demandado después de los 2 años de conocidos los hechos y la participación del
Estado.

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37. La parte demandante citó como desconocidas las siguientes providencias:

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del veinte (20) de junio de dos mil once (2011). C.P:
Alfonso Vargas Rincón. Radicación No. 11001-03-15-000-2011-00655-00(AC).

 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de agosto 11 de
2011, radicado 85001233100020100017701.

 Consejo de Estado. Sección Tercera - Subsección B. Sentencia del 5 de abril
de 2013. C.P: Stella Conto Díaz Del Castillo. Radicación: 19001-23-31-000-
1999-00217-01(24984).

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C. Auto del diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013).
C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación No. 25000-23-26-000-
2012-00537-01 (45092).

 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de tutela segunda instancia del 12 de febrero de 2015. M.P.: Alberto
Yepes Barreiro. Rad.: 11001031500020140074701.

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de tutela de segunda instancia de 12 de marzo de 2015. M.P.: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-15-000-2014-01352-01.

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de tutela de segunda instancia del (7) de septiembre de 2015. C.P:
Alberto Yepes Barreiro (E) Radicación: 11001-03-15-000-2015-01676-00(AC).

 Consejo de Estado. Sentencia del 7 de septiembre de 2015. Sección Tercera
– Subsección C. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 85001-
23-33-000-2013-00035-01(51388).

 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 7 de
septiembre de 2015. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. No. Radicación:
85001-23-31-000-2010-00178-01(47671).

 Consejo de Estado. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). Bogotá, D.
C., Auto de dos (02) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Actor: Maria Faelly
Cutiva Leyva y Otros. Demandado: Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional y
Otros. Radicación Número: 18001-23-33-000-2014-00069-01 (53518).

 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-352-16.

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Demandantes: José Barón Uribe y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01694-00

Referencia: Expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690. M.P: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Auto de (5) de
septiembre de (2016). C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación:
05001233300020160058701 (57265).

 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Auto de (24) de octubre
de (2016). C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación:
05001233300020160172201 (58051).

 Consejo de Estado, Sentencia diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), radicado: 19001-23 31-000-2010-00115-01 (56282), C.P: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.

 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. Auto de (30) de marzo
de (2017). C.P: Ramiro Pazos Guerrero. Radicación: 25000-23-41-000-2014-
01449-01 (AG).

 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia de doce (12)
de octubre de dos mil diecisiete (2017). C.P: Danilo Rojas Betancourth
Radicación: 05001-23-31-000-2010-01922-01(49416).

 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Auto de siete (7) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017), C.P: Jaime Enrique Rodríguez Navas,
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01395-01(59601).

 Corte Constitucional. Sentencia T-296 de 2018. Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado. Expediente T-6.630.845.

 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. Auto de 30 de agosto de
2018. C.P: Stella Conto Díaz del Castillo. Radicación número: 25000-23-36-
000-2017-01976-01(61798).

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B. Auto del Doce (12) de Septiembre de dos mil diecinueve
(2019). C.P: Ramiro Pazos Guerrero. Radicación No. 44001-23-31-000-2010-
00238-01 (53833).

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia de tutela de segunda instancia de 30 de julio de
2020. C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado 11001-03-15-000-2019-
04842-01.

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Demandantes: José Barón Uribe y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01694-00

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia de tutela de segunda instancia de 20 de agosto de
2020. C.P: Gabriel Valbuena Hernández, radicado 11001-03-15-000-2019-
01816-01.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B de 30 de abril de 2021. C.P: Ramiro Pazos Guerrero, radicado 11001-
03-15-000-2020-04068- 01

38. El extremo accionante explicó que en estos antecedentes se aplicó la
Constitución y las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos
de manera preferente sobre la que consideró una interpretación regresiva del artículo
164 del CPACA derivada de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
proferida por el Consejo de Estado que modificó la flexibilización de la regla de
caducidad respecto de la acción de reparación directa.

39. Expuso que también se presentó error inducido, “toda vez que el Tribunal
comete un error grave al seguir erradamente las orientaciones de la sentencia
denominada de unificación de enero 29 de 2020”.

40. En el escrito tutelar se observa de manera clara un argumento transversal
consistente en que en criterio de la parte accionante el operador jurídico tutelado
transgredió sus garantías constitucionales al aplicar a su caso la sentencia de
unificación del 29 de enero de 20204 emanada por la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

41. Lo anterior, en atención a que el cambio de la regla jurisprudencial tuvo lugar
con posterioridad a la radicación de la demanda de reparación directa fecha en la
que existían sendos pronunciamientos de esta jurisdicción que resultaban favorables
a sus pretensiones, razón por la cual infirió que el órgano demandando desconoció el
principio de seguridad jurídica.

1.5. Trámite de la acción de tutela

42. Mediante auto del 8 de abril de 2022, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia, ordenó notificar a la parte accionante y
al Tribunal Administrativo de Casanare, como autoridad judicial accionada.

43. Igualmente, dispuso la vinculación de (i) el Juzgado Segundo Administrativo
Oral de Yopal –por ser la autoridad que profirió el fallo de primera instancia al interior
del medio de control promovido-, (ii) la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional –entidad que actuó en calidad demandada en el referido proceso-, (iii)

4 Radicación No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033A).

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
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Jhoan Uriel Barón Henao5 y, (iv) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare

44. En calidad de autoridad accionada, manifestó que antes de la aludida
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, no existía un criterio sólido sobre
la aplicabilidad del término de caducidad de la reparación directa cuando se trataban
temas de lesa humanidad.

45. Refirió que la tesis contenida en la mencionada sentencia de unificación
adoptada por el pleno de la Sección Tercera era una de las tres opciones
interpretativas que imperaban en la jurisdicción para la época en que se presentó la
demanda (29/10/2015). Dicha postura venía siendo aplicada con mayor frecuencia
en ese tribunal (no siempre unánime) con los matices del daño al descubierto, y a
partir del proferimiento de la sentencia de unificación, se consolidó el criterio
horizontal en su dirección.

46. Puso de presente que las censuras contenidas en la tutela respecto a la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por quebrantar, presuntamente, la Convención Americana de
Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH, pasan por alto el hecho que
las reglas desarrolladas en tal decisión en torno a la caducidad del medio de control
de reparación directa fueron avaladas y ratificadas por la Corte Constitucional
mediante sentencia SU-312 de 2020.

47. Finalmente, y luego de señalar que en su decisión dejó claramente explicado
por qué en el caso concreto había operado la caducidad del medio de control
promovido a la luz de lo dispuesto en la plurimencionada sentencia de unificación
sobre la materia, solicitó que este tipo de debates procesales trasciendan a la
discusión de la Sala Plena del Consejo de Estado, de manera que los sujetos
procesales y los jueces dispongan de un norte jurídico claro y constante.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo de Yopal

48. La autoridad judicial manifestó que la decisión que adoptó mediante sentencia
del 18 de mayo de 2020 en la que, de oficio, declaró la caducidad del medio de

5 Quien funge como uno de los accionantes de la presente solicitud de amparo, pero del cual no se

allegó el poder que faculte al abogado Rafael Alberto Gaitán Gómez para representarlo.

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control promovido, obedeció a la aplicación de la sentencia de unificación
jurisprudencial proferida por la Sección Tercera de esta Corporación a la que se ha
aludido.

49. Luego de citar y explicar bastos extractos interpretativos de la mentada
providencia unificadora, señaló que la actuación surtida en su despacho se ajustó a
los procedimientos legales establecidos para el efecto y que, en todo caso, las
pruebas allegadas al plenario indicaron que desde el 8 de abril de 2007 la señora
Consuelo Barón Rodríguez –hermana de la víctima- conoció del hecho dañoso que
junto a su grupo familiar pretendieron reclamar vía reparación directa cuando ya
había operado el fenómeno de la caducidad.

50. En conclusión, afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la
accionante, razón por la cual, infirió que este mecanismo constitucional resulta
improcedente.

51. En su concepto, lo pretendido por la parte tutelante es revivir términos y una
especie de tercera instancia no viable en el ordenamiento jurídico; por el contrario,
afirmó que lo que advierte es que la omisión, negligencia o desidia, al dejar
transcurrir el tiempo u oportunidad que estableció el legislador para esta clase de
medio de control, dio al traste con las aspiraciones de los demandantes de que
estudiara de fondo la situación para establecer los probables perjuicios que
reclamaba en dicha época.

1.6.3. Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado

52. La entidad expresó que del contenido del escrito del mecanismo de amparo no
advertía el cumplimiento de las condiciones para que procediera un pronunciamiento
de fondo. Ello, en la medida que la parte demandante no realizó un estudio de los
requisitos específicos de procedencia ni tampoco acreditó la presunta vulneración
alegada. Refirió que si bien se mencionaba una transgresión de garantías
fundamentales con ocasión a lo fallado por el Tribunal Administrativo de Casanare,
en ninguno de los acápites de la tutela se argumenta y justifica tal aseveración.

53. Asimismo, adujo que sin mayores elucubraciones se evidenciaba que las
inconformidades de la parte accionante se dirigen contra la sentencia de unificación
del Consejo de Estado, Sección Tercera, debido que fue el precedente recogido en la
decisión del Tribunal Administrativo del Casanare.

54. Manifestó que se desconocen los motivos con razonabilidad jurídica de la
indebida valoración probatoria en la sentencia acusada, del mismo modo frente a
cuál fue el engaño inducido a los Magistrados del Tribunal, así como qué normas
fueron invocadas o interpretadas erróneamente que provocarían los defectos
imputados a la decisión judicial del 16 de septiembre de 2021.

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55. La entidad solicitó que se nieguen las pretensiones contenidas en el escrito
tutelar por cuanto la decisión censurada proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, atendió acertadamente las reglas del precedente vinculante y obligatorio
emanado de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2022, sin que ello
causara agravio en los derechos fundamentales de los accionantes.

1.6.3. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Jhoan Uriel Barón
Henao no emitieron pronunciamiento, pese a ser notificados en debida forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

56. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor José Barón Uribe y otros, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

57. En primer lugar, la Sala advierte que el grupo accionante está legitimado en la
causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991. En efecto, porque
integraron el grupo demandante en el proceso de reparación directa promovido
contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, en la que se declaró la
caducidad del medio de control.

58. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos
de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

59. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo de
Casanare está legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que
profirió el fallo censurado al interior del medio de control identificado con el radicado
N.º 850013333002-2015-00485-01, que es objeto de esta acción constitucional.

2.3. Problema jurídico

60. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
tutela contra providencia judicial?

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61. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:

 ¿El Tribunal Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales
invocados por presuntamente incurrir en los defectos procedimental absoluto,
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y error inducido al proferir
la providencia del 16 de septiembre de 2021, a través del cual confirmó la
decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Yopal del 18 de mayo de
2020, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control
reparación directa, ejercido por el grupo familiar de la víctima, contra la Nación
– Ministerio de Defensa- Ejército Nacional?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

62. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados y, (iv) análisis del caso
concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

63. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales8.

64. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia10 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial11.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

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65. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y quinto
de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta con los
requisitos especiales.

66. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

67. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará la
carga argumentativa alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el
defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi ) Que no se trate de sentencias de tutela.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.

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68. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

69. En el sub judice se advierte que en lo que se refiere al conteo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa, el asunto es de relevancia
constitucional, por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad
de la providencia proferida el 26 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Casanare, a través de la cual confirmó la decisión de primera instancia que
declaró probada de oficio la excepción de caducidad en el marco de la demanda que
instauró contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, determinación
que, en su criterio, implicó la transgresión del precedente judicial del Consejo de
Estado en lo referido al cómputo del término de caducidad del medio de control de
reparación directa por delitos de lesa humanidad.

70. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, el grupo accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto
el operador jurídico tutelado aplicó la institución de la caducidad a su caso en
concreto, de conformidad con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
siendo que para la fecha en la que instauró el respectivo medio de control, el criterio
jurisprudencial del Consejo de Estado indicaba que, ante la comisión de delitos de
lesa humanidad, no se tendría en cuenta el citado conteo de términos.

71. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende el accionante,
tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo
que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal.

72. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o
judicial establecido por la ley para su protección.

73. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su

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aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.6.2. Tutela contra tutela

74. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno frente al presente requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una
tutela contra decisión de la misma naturaleza12, pues la providencia que se censura
fue proferida dentro del proceso de reparación directa reseñado en líneas
precedentes.

2.6.3. Inmediatez

75. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare fue
dictada el 16 de septiembre de 202113, mientras que la presente acción de tutela fue
incoada el 16 de marzo de 2022. Esto es, dentro de los seis meses que esta Sala ha
considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.

76. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 14,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200515, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

12 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
13
Providencia que adquirió ejecutoria el 21 de septiembre de 2021.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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2.6.4. Subsidiariedad

77. Respecto de este requisito, se tiene que la parte accionante no cuenta con
otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual
transgresión que la aludida decisión pudiera causarle a sus derechos fundamentales;
esto, toda vez que contra la providencia proferido por el Tribunal Administrativo de
Casanare, no procede ningún recurso ordinario. De los argumentos expuestos en el
líbelo inicial tampoco se advierte que sean procedentes los recursos extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia contenidos en los artículos 248 y 256
de la Ley 1437 de 2011.

2.7. Generalidades de los defectos invocados

2.7.1. Defecto procedimental

78. La Corte Constitucional16 ha señalado que el defecto invocado se presenta en
dos circunstancias, la primera cuando el juez se aparta por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico,
denominado como defecto procedimental absoluto, que se ocasiona porque el
funcionario judicial se i) ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente u ii)
omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso.

79. El segundo, se ocasiona en los casos en que la autoridad utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta
vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, conocido como defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto, el cual acontece cuando i) no tiene
presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los
derechos de los ciudadanos, ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica
objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, y iii) porque aplica
rigurosamente el derecho procesal, pese a que dicha actuación devenga en el
desconocimiento de derechos fundamentales. De tal manera que el actor deberá
demostrar que el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido
por la ley.

2.7.2. Defecto fáctico

80. Respecto al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del
17
2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de
alegarse la ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a
colación en la presente decisión así:
16 Corte Constitucional, sentencia T- 429 de 2011, reiterada en las sentencias T-398 de 2017 y T-367

de 2018.
17 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez,

Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
para resolver el problema jurídico sometido a
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no
Omisión de toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
decreto y a la configuración del defecto, ya que este procederá
práctica de cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que,
pruebas solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
indispensables arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Que se expongan las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada el motivo por el cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción
en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los
hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en
Desconocimiento cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere
del acervo que de forma específica, se concrete en el escrito de
probatorio amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
determinante fueron desconocidas por el juez.
para identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Se señalen las razones por las cuales eran

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relevantes para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide
Dictar sentencia el asunto con base en pruebas que no observaron los
con fundamento requisitos legales para su producción o introducción al
en pruebas proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
obtenidas con equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido
violación del en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
debido proceso planteado, al ser esta una prueba que desconoce el
debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.

81. Como se observa, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que
plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su
incidencia en la decisión judicial.

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82. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica,
la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

83. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues ello resulta desacertado.

2.7.3. Defecto sustantivo

84. La Corte Constitucional18, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”19.

85. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos: el
fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente20 o porque ha sido derogada21, es inexistente22,
inexequible23 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador24.

86. 70. La Corte Constitucional también ha previsto los siguientes supuestos para
la configuración del defecto referido: no se hace una interpretación razonable de la
norma25; la disposición aplicada es regresiva26 o contraria a la Constitución27; el
ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición28; la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma29;
se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

87. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 de 2012.
19 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 20002.; T-043 de 2005; T-295 de 2005; T-
657 de 2006; T-743 de 2006; T-686 de 2007; T-033 de 2010; T-792 de 2010, entre otras.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001.
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
25 Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009 y T-1101 de 2005.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 2004.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-807 de 2004.

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anteriormente.

2.7.4. Desconocimiento del precedente

88. Para la Sala el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, crea
una regla aplicable a los demás asuntos que se funden en los mismos
supuestos de hecho.

89. Lo anterior tiene lugar en el ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la
forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en
caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

90. Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad creadora de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

91. Sin embargo, se precisa que no todas las decisiones judiciales generan una
regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al
caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin
que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal30.

92. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

2.7.5. Error inducido

93. Sobre las características del defecto de error inducido, la Corte
Constitucional31 ha indicado que se presenta “cuando la autoridad judicial ha sido
engañada por parte de terceros y ese engaño lo ha llevado a tomar una decisión que afecta
derechos fundamentales”. Es decir, se presenta cuando la providencia judicial es
dictada de manera razonada y en apego al ordenamiento jurídico, pero ella involucra

30 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.
31 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-093 de 2019, T-487 de 2018, T-273 de

2017 y T-804 de 2015.

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un yerro oculto, pues “se juzga verdadero lo que es falso porque la situación fáctica o
jurídica planteada dentro del proceso no corresponde a la realidad como consecuencia del
engaño, la manipulación de la información o el suministro fraccionado de la misma al juez”.

2.8. Caso concreto

94. De conformidad con los hechos planteados en el líbelo, la parte accionante
consideró lesionados sus derechos fundamentales con la expedición de la sentencia
del 16 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare,
a través del cual confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Yopal mediante proveído del 18 de mayo de 2020, en la cual se
declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control.

95. La petición de amparo encontró su fundamento en el reproche consistente en
que, en sentir del extremo tutelante, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales dada la aplicación la sentencia de unificación proferida el 29
de enero de 2020 por la Sección Tercera de esta Corporación 32, que estableció las
prerrogativas en torno al cómputo de la caducidad del medio de control de reparación
directa frente a la comisión de delitos de lesa humanidad. Lo anterior, si se tiene en
cuenta que la demanda promovida por los accionantes por el deceso del señor
Ananías Barón Rodríguez se presentó bajo el amparo de la tesis jurisprudencial
anterior, según la cual, no operaba el mentado fenómeno procesal en esos casos.

96. Para la Sala, del análisis de los argumentos presentados por la parte actora
para sustentar los yerros en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
accionada referidos al defecto procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y error
inducido se estructuran, en esencia, en el desconocimiento del precedente.

97. En esta orientación, para esta Sala de decisión resulta válido abordar el
análisis del sub júdice bajo la óptica de dicho defecto; pues se itera que los
argumentos de reproche expuestos a lo largo de toda la acción de tutela se
circunscriben a la aplicación de la plurimencionada sentencia de unificación.

98. Así las cosas, lo primero que resulta importante reiterar es que, en lo referido
a dicho yerro, la posición de la Sala consiste en que la parte que lo señale debe
cumplir con la carga mínima de (i) identificar la decisión que considera desatendida,
(ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la Litis anterior, y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

99. Ahora, sobre el precedente judicial que ha contemplado el tema de la
caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de delitos de lesa

32 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 29 de enero de 2020, radicado

No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033A), MP.: Marta Nubia Velásquez Rico.

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humanidad, la sentencia del 29 de enero de 2020 proferida dentro del radicado
85001-33-33-002-2014-00144-0133 por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, unificó la postura jurisprudencial relacionada con la caducidad
del medio de control de reparación directa en los casos de delitos de lesa humanidad
y crímenes de guerra.

100. En específico, se indicó que el término de dos años de que trata el artículo 164
del CPACA para ejercer el medio de control se inaplicaría, excepcionalmente,
cuando se advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se
encontraba justificada por razones materiales, pues el paso de tiempo no puede
empezar a correr contra quien no puede, efectivamente, acceder a la jurisdicción, lo
cual depende de las circunstancias especiales de cada sujeto.

101. Adicional a lo anterior, en la referida decisión de unificación la Sección Tercera
de la Corporación puso de presente que antes de que se unificara la aplicación de tal
figura en esos eventos particulares existían tesis divididas entre sus subsecciones, lo
que conllevaba a que el juez natural pudiera acogerse a cualquiera de ellas.

102. En ese sentido, para esta Sección es dable inferir que antes del
pronunciamiento de la aludida sentencia de unificación, los jueces contenciosos
administrativos, según su criterio e independencia, podían acoger cualquiera de las
posturas existentes al momento en que debían tomar su decisión, y además de ello,
podían acudir a lo que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha denominado
como la teoría del daño al descubierto, según la cual, en casos muy excepcionales,
la caducidad del medio de control no se debe contar desde la ocurrencia del hecho o
el acto, sino desde cuando las víctimas conocieron de la existencia del mismo y este
podía ser atribuido al Estado.

103. La sentencia de unificación citada consideró expresamente:

“3.3. Inaplicación de las normas de caducidad: procede en los eventos en los
que se advierta que los afectados no estaban en la posibilidad material de
ejercer el derecho de acción

A juicio de la Sala, el término de caducidad de la pretensión de reparación
directa no resulta exigible en los eventos en los que se afectan de manera
ostensible los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por la configuración de circunstancias que obstaculizan materialmente
el ejercicio del derecho de acción y, por ende, impiden agotar las actuaciones
necesarias para la presentación de la demanda, dentro de las cuales se
encuentra la constitución de apoderado.

La Sección enfatiza en que se trata de supuestos objetivos, como secuestros,
enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente acudir a

33

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esta jurisdicción, pues lo referente a la imposibilidad de conocer la relación del
Estado con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de
caducidad, sino al cómputo a partir del momento en el que, dado el
conocimiento de los hechos, surge el interés para reclamar la indemnización
de los perjuicios causados, como se explicó en el acápite precedente.

En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe, excepcionalmente,
inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa
cuando advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se
encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del tiempo no
puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la
administración de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias
especiales de cada sujeto.

En las condiciones analizadas, el plazo para demandar no se computará
mientras subsistan dichas situaciones especiales y, una vez superadas,
empezará a correr el término de ley.

(…)”

104. Asimismo, debe advertirse que la Corte Constitucional también se pronunció
frente al término de caducidad cuando el daño tiene su génesis en crímenes de lesa
humanidad. Ciertamente, mediante sentencia SU-312 de 2020 unificó su
jurisprudencia sobre el particular y avaló la tesis del Consejo de Estado en cuanto
expuso que “dicho entendimiento del término de caducidad del medio de control de
reparación directa es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y
convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por
un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio”34.

105. La conclusión anterior la sostuvo de la siguiente manera:

“En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para que las
víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de
acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de
responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los
menoscabos padecidos, porque el término respectivo sólo empieza a
contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han
trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el delito de lesa
humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior,
comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino
la posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos
vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para
presentar la reclamación respectiva.

(…)

Sobre el particular, esta Corporación resalta que, si con efectos de cosa juzgada
constitucional, se estimó que la existencia de una norma que establecía el

34 Sentencia SU-312 de 2020.

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término de caducidad de la pretensión de reparación directa en dos años a partir
de la ocurrencia del hecho dañoso sin modulación alguna, era conforme a la
Carta Política debido a que salvaguardaba la seguridad jurídica y no afectaba el
derecho al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a
los derechos humanos, mutatis mutandis, es razonable sostener que una
interpretación amplia de una disposición que es más benéfica para la protección
de los intereses de los afectados por un perjuicio causado por el Estado (numeral
2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), al incorporar el conocimiento de la participación de
un agente público en la causa del menoscabo para iniciar con la contabilización
de dicho plazo y la posibilidad material de acudir al aparato jurisdiccional,
también es acorde con el ordenamiento superior.

(…)

En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, en la Sentencia del 29 de enero de 2020, la Corte
considera que no es necesario extender la figura de imprescriptibilidad que se
predica de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la
caducidad del medio de control de reparación directa para asegurar los derechos
de las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones jurídicas con
características y lógicas diferentes, el término legal establecido para acudir a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que
lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca
ponderar los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato
de justicia.”

106. En el asunto bajo análisis, la aplicación de esta teoría se tradujo en que el
cómputo del término no se inició a partir de la muerte del señor Ananías Barón
Rodríguez (hecho dañoso), sino a partir del conocimiento de que tal hecho podía
reputarse a agentes del Estado. Por ello, el reconocimiento presencial efectuado por
su hermana el 8 de abril de 2007 era prueba suficiente para determinar que el
desconocimiento sobre el hecho dañoso había sido superado, como en efecto lo
advirtió el Tribunal Administrativo de Casanare. Obsérvese:

“4.4 El 08/04/2007 el cadáver de Ananías Barón Rodríguez fue reconocido por su
hermana, la señora Consuelo barón Rodríguez, así está acreditado en la respectiva
acta, ver folio 17, documento 04, cuaderno de pruebas y fue quedó confesado, en los
términos de los arts. 191 y 193 del C.G.P., por el apoderado judicial de la parte
actora, pues en acápite del líbelo denominado “2. Hechos”, se indicó lo siguiente:

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Demandantes: José Barón Uribe y otros
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01694-00

4.4.1 Acorde con lo anterior, es evidente que el hecho mismo de la muerte del señor
Ananías Barón Rodríguez y su imputación material y jurídica al Estado quedaron
enteramente al descubierto, cuando menos, desde el día 08/04/2007 y desde
entonces para la hermana del occiso y para los demás integrantes de la parte actora
quedaron abiertas las opciones para acudir al estrado, bien fuere en calidad de
víctimas en el proceso penal o por vía de reparación contra la Administración.

4.5 Si se aplica una lista de chequeo similar a la que utilizó el Consejo de Estado en
el ya citado fallo de unificación, para establecer si concurrió alguna imposibilidad
material que impidiera el acceso al medio de control para quienes demandaron en
este proceso, se tiene que la respuesta es negativa. En efecto:

4.5.1 Conocimiento cierto de la ocurrencia del hecho lesivo: se dio desde el
08/04/2007 con el reconocimiento del cadáver del señor Ananías Barón Rodríguez,
efectuado por su hermana; el registro civil de defunción se protocolizó el 25/04/2007
por orden de la Fiscalía, ver documento, folio 93, documento 01, carpeta de 1ª
instancia.

4.5.2 Conocimiento de la autoría del hecho lesivo: para efectos de identificar la opción
de imputar jurídicamente al Estado dicha muerte, es evidente que los deudos
pudieron saber desde el 08/04/2007 que la vida se la quitaron tropas del Ejército
Nacional, esto es, agentes de la Administración con armas oficiales, en
desarrollo de lo que reportaron como presunto combate. Así que nunca quedó
en la penumbra quiénes lo mataron, ni su relación con el Estado”. (Negritas
propias, trascripción incompleta, se suprimen los pies de páginas)”.

107. Del análisis de la providencia atacada, la Sala constató que la autoridad
judicial accionada revisó las circunstancias particulares del caso y encontró que
mediante la valoración del acta de reconocimiento e identificación del occiso del 08
de abril de 2007, la señora Consuelo Barón Rodríguez –hermana de la víctima-
conoció tanto del hecho lesivo, esto es, la muerte del señor Ananías Barón
Rodríguez, como de la información de que el mismo podría atribuírsele al Ejército
Nacional.

108. En consecuencia, la aplicación de la tesis de la Sala Plena del Consejo de
Estado era válida, vinculante, y por ende, de obligatorio cumplimiento para el
Tribunal Administrativo de Casanare para declarar probado que, en el sub judice,

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conforme decidió en primer grado el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal,
operó el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa.

109. Sobre el particular, la Sala advierte que, dado el carácter vinculante del
precedente para todos los funcionarios judiciales, la decisión objeto de reparo fue
proferida con sujeción a las prerrogativas establecidas en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 aplicables a la época en que se decidió el asunto,
resultando irrelevante que al momento de interponer la demanda de reparación
directa existieran reglas más favorables en torno al cómputo de la caducidad de la
reparación directa cuando se pretenda la declaración de responsabilidad patrimonial
del Estado como resultado de hechos derivados de delitos de lesa humanidad.

110. En consecuencia, la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare
encontró sustento en la unificación de criterios sobre la caducidad de la reparación
directa contenida en la sentencia del 29 de enero de 2020, providencia que es
vinculante para toda la jurisdicción contenciosa administrativa.

111. Frente al desconocimiento del precedente de las providencias relacionadas
por la parte accionante frente a la caducidad en casos como el que se analiza, se
observa que las mismas fueron proferidas antes de que se dictaran las sentencias de
unificación del 29 de enero de 2020 por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional que avaló las
reglas desarrolladas en torno a la caducidad.

112. Ahora bien, en el caso de los pronunciamientos de tutela del 20 de agosto de
202035 y 30 de abril de 202136, invocados como desconocidos por la parte actora, la
Sala considera que no constituyen precedente. Si bien dichos fallos de tutela fueron
proferidos con posterioridad a las sentencias de unificación referenciadas con
antelación, ninguno de las dos puede ser invocado válidamente como precedente
judicial, pues no tienen similitud fáctica ni jurídica con el presente caso.

113. En efecto, en el primer pronunciamiento, si bien la Sección Segunda, al interior
del proceso de tutela que conoció del asunto, acogió el sentido de la postura que
ahora predica la parte accionante, esto es, la flexibilización del término de caducidad,
es importante aclarar que en esa ocasión se cuestionó un fallo dictado antes de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 202037, lo que hace que entre aquel caso
y el presente no exista identidad fáctica. Ello, si se tiene en cuenta que la providencia
objeto de censura en el presente trámite fue dictada el 16 de septiembre de 2021,
esto es, con posterioridad a la prurimencionada sentencia de unificación.

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A de 20
de agosto de 2020. C.P: Gabriel Valbuena Hernández, radicado 11001-03-15-000-2019-01816-01.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B de 30 de
abril de 2021. C.P: Ramiro Pazos Guerrero, radicado 11001-03-15-000-2020-04068-01.
37
En específico, en dicha oportunidad se cuestionó el auto de 4 de octubre de 2019 proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó el rechazo de la demanda por considerar que sobre
el medio de control de reparación directa operó el fenómeno de la caducidad.

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114. Frente a la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación del 31 de abril de 202138, la Sala advierte que ese proceso fue
seleccionado por la Corte Constitucional. En la sentencia T-044 de 2022, el Tribunal
Constitucional decidió confirmar el fallo de tutela proferido por la Sección Tercera,
pero por razones diferentes a las que justificaron la protección de instancia.

115. En efecto, si bien el Alto Tribunal confirmó el amparo contenido en la decisión
dictada en segunda instancia de tutela por la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación, lo cierto es que lo hizo por razones distintas a las que se pretende
en el presente trámite y que tienden a reprochar la aplicación de las prerrogativas de
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en torno al cómputo del término
de caducidad del medio de control de reparación directa cuando se trate de delitos
de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos. Concretamente,
la Corte Constitucional al analizar las distintas fases del proceso ordinario advirtió
que el Tribunal Administrativo del Casanare pretermitió la fase de alegatos, con lo
cual omitió una etapa sustancial del proceso contencioso administrativo que implicó
haber incurrido en un defecto procedimental absoluto que vulneró el derecho al
debido proceso de los demandantes.

116. En definitiva, comoquiera que uno de los requisitos indispensables para
determinar si una providencia judicial puede constituir precedente es la identidad
fáctica, la Sala considera que los fallos de tutela invocados por el actor no
constituyen precedente39.

38
Providencia que amparó los derechos fundamentales de la parte actora en el sentido de dejar sin
efectos una sentencia proferida también por el Tribunal Administrativo de Casanare al interior de un
proceso de reparación directa que declaró la caducidad del medio de control según las prerrogativas
desarrolladas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020.
39
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado expuso en el pronunciamiento del 31 de
abril de 2021 y que fue objeto de revisión que el Tribunal Administrativo de Casanare, al declarar la
caducidad del medio de control de reparación directa incurrió en desconocimiento del precedente
porque “se aplicó una postura jurisprudencial que afectó un presupuesto procesal como el de la
caducidad del medio de control que no puede ni debe verse afectado con los cambios repentinos de la
jurisprudencia”. La Corte Constitucional manifestó apartarse de tal aseveración en los siguientes
términos:

“[L]a sentencia de unificación aplica desde el momento en el que fue proferida, esto es, a los casos
que se encontraban en curso y a los iniciados luego de la sentencia de unificación –efectos
retrospectivos–, mas no solo a los procesos iniciados con posterioridad al fallo de unificación –efectos
prospectivos–, como parece haberlo considerado el juez de tutela ad quem.
(…)

[m]ás allá de la razonabilidad de los argumentos expuestos por los magistrados que fungieron como
jueces de tutela, tales reflexiones no dan cuenta de la configuración del defecto por desconocimiento
del precedente judicial. Sus consideraciones jurídicas, de un lado, ya habían sido expuestas en los
salvamentos de voto del fallo de unificación y, del otro, no tuvieron acogida en la mayoría de sus
colegas de la Sala Plena de la Sección Tercera. Una cosa es que los funcionarios mantengan sus
disidencias con la decisión mayoritaria e, incluso, que persistan en que su tesis sea derrotada en los
procesos en los que son ponentes, y otra, diferente, que califiquen la decisión tutelada, en la cual se
plasma el criterio mayoritario de la Sección Tercera, como violatoria del precedente judicial, pues, es
la posición de la mayoría y no la disidente la que constituye precedente para los efectos del caso en

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117. Así las cosas, esta Sala de Decisión encuentra que la corporación judicial
accionada, a través de su providencia del 16 de septiembre de 2021, no incurrió en el
defecto de desconocimiento del precedente que se le atribuye, pues para resolver el
asunto tuvo en cuenta la regla jurisprudencial establecida en las sentencias de
unificación tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional en torno al
cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa en los
casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

118. En este sentido, como la prosperidad del amparo dependía de la configuración
del desconocimiento del precedente y el mismo, por las razones anotadas, no se
consolidó, no hay lugar a conceder las pretensiones formuladas en la presente
acción de tutela tendientes a dejar sin efectos la sentencia que, en aplicación del
marco jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación sobre la materia,
declaró probada la caducidad del medio de control al constatar que el mismo se
promovió luego de 8 años de conocido el hecho lesivo y la participación en el mismo
por parte de agentes del Estado.

2.8. Conclusión

119. Así las cosas, esta Sección del Consejo de Estado estima que el Tribunal
Administrativo de Casanare no incurrió en la vulneración de los derechos expuesta
por la parte accionante.

120. En consecuencia, y con fundamento en los argumentos expuestos en las
líneas precedentes, la Sala negará la solicitud de amparo formulada por el grupo
demandante contra el Tribunal Administrativo de Casanare, con motivo de la
sentencia del 16 de septiembre de 2021, mediante la cual confirmó lo decidido por el
Juzgado Segundo Administrativo de Yopal en providencia del 18 de mayo de 2020,
en la medida que no se encontraron configurados los defectos atribuidos a la
decisión atacada.

III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por José Barón Uribe y otros
contra el Tribunal Administrativo de Casanare.

particular, ya que los salvamentos de voto no tienen fuerza vinculante, claro está, siempre que la
misma Corporación, mayoritariamente, no altere las reglas que ha unificado”.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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