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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01695-00

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01695-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Alexander Guerrero Yáñez en lo que concierne al cargo relativo a la decisión sin motivación de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y deniégase respecto de lo demás defectos invocados, por los motivos descritos anteriormente. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01695-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

21 de abril de 2022

Demandante: Alexander Guerrero Yáñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01695-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01695-00
Demandante: ALEXANDER GUERRERO YÁÑEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Decisión sin motivación –
procedencia del recurso extraordinario de revisión. Defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente –
reconocimiento pensión de sobrevivientes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Alexander Guerrero Yáñez, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al mínimo vital, a la
salud, a la seguridad social, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la
eficiencia de la tutela judicial.

Lo anterior, con ocasión de la providencia de 10 de septiembre de 2021 proferida
por la referida autoridad judicial, en la cual revocó la decisión dictada el 14 de junio
de 2019 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, en adelante, UGPP.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

“PRIMERO: Que se declare que el Tribunal Administrativo del Norte de Santander

1
Mediante escrito radicado el 15 de marzo de 2022 en el Sistema de Recepción de Tutelas y
Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial.

!!
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Demandante: Alexander Guerrero Yáñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01695-00

vulneró mis derechos fundamentales, tales como la igualdad y no discriminación, el
acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso,
seguridad social y mínimo vital y movil. Igualmente, que se declare que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander lesionó todos los demás derechos que
aparezcan evidenciados en el curso de la presente acción constitucional.

SEGUNDO: Que se amparen mis derechos fundamentales a la Igualdad y no
Discriminación y de Acceso a la Justicia y al debido proceso, seguridad social y
mínimo vital y móvil; y todos aquellos que el Juez estime fueron lesionados.

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ANULE la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada bajo
el N° 54-001-33-40-010-2016-00448-01, por medio de la cual se revocó la sentencia
ordinaria de primera instancia, y se negaron los derechos pensionales solicitados.

CUARTO: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo del Norte de Santander, que
en un plazo perentorio y razonable, contado a partir de la comunicación del fallo que
ampare mis derechos fundamentales, proceda a reahacer la sentencia de segunda
instancia, incluyendo una valoración integral, constitucional y bajo una visión
humanista, de la totalidad de las pruebas que obraron en el proceso excluyendo las
motivaciones fundadas en discriminaciones por motivos de genero, edad o cualquier
otra condición subjetiva, atendiendo los principios constitucionales y legales del
derecho a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital y móvil; y que como
producto de ello, se me notifique una nueva decisión judicial que resuelva mis
pretensiones relacionadas con el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes,
sin discriminación fundada en motivos de género, edad o cualquier otra condición
subjetiva, mediante la que se confirme la decisión de primera instancia, dentro del
proceso con radicado No. 54-001-33-40-010—2016-00448-01, Medio de Control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

QUINTO: Invítese al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que se
abstenga de incurrir en actuaciones discriminatorias, tales como las que dieron
origen a la presente acción.” (Sic en toda la cita y negrilla del texto original)

1.3. Hechos

El señor Guerrero Yáñez indicó que mediante la Resolución 1066 del 2 de febrero
de 1984 se reconoció pensión de jubilación a favor de la señora Alicia Silva Flórez,
efectiva a partir del 1º de enero de 1982, quien en vida se desempeñó como
enfermera.

Relató que fue el compañero permanente de la señora Alicia Silva desde el año
1994 hasta el 1º de julio de 2004, fecha en la que contrajeron matrimonio ante la
Notaría Segunda del Círculo de Pamplona, Norte de Santander.

Narró que su cónyuge falleció el 29 de marzo del 2007, motivo por el cual solicitó
ante la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. (hoy en día la UGPP)
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, al tenor de lo
previsto en el artículo 472 de la Ley 100 de 1993.

2
“Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital

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Sostuvo que la referida entidad le negó el reconocimiento y pago del beneficio
pensional reclamado, mediante Resolución UGM 047127 de 18 de mayo de 2012,
debido a que existía una diferencia de edades de más de 41 años entre su esposa
y él3, aunado a que no se probó el vínculo que tuvieron como compañeros
permanentes.

Adujo que demandó a la UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho4 para controvertir la legalidad del mencionado acto y
obtener el reconocimiento de la pensión que, en su sentir, tiene derecho en los
términos establecidos en la Ley 100 de 1993.

Explicó que del asunto conoció el Juzgado Décimo Administrativo Mixto del
Circuito Judicial de Cúcuta, que en sentencia de 14 de junio de 2019 accedió a las
súplicas de la demanda, tras concluir que se cumplieron los requisitos exigidos
para acceder a la sustitución pensional en tanto que su unión marital con la señora
Alicia Silva Flórez surgió a partir del año 1994.

Comentó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en providencia de
10 de septiembre de 2021 resolvió el recurso de apelación que interpuso la parte
demandada, mediante la cual revocó el fallo del a quo por cuanto no encontró
demostrado que existió una verdadera relación sentimental entre él y la
pensionada durante los 5 años anteriores a su deceso.

1.4. Sustento de la petición

El tutelante afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, toda vez que en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 no se
determinó que sea necesario acreditar que compartió metas, espacios de amor o
proyectos con su difunta esposa, pues bastaba solo con probar el “vínculo
familiar”.

En ese sentido, expuso que la finalidad perseguida con el reconocimiento de la
sustitución pensional es dotar a los integrantes del núcleo familiar del pensionado
o del afiliado de un instrumento suficiente, necesario y útil que le permitiera
sobrellevar la vida posterior al deceso de su apoyo, es decir, su familiar
pensionado o afiliado fallecido.

Invocó la configuración de un defecto fáctico al considerar que se valoraron
erradamente las declaraciones rendidas por los señores Arturo Calderón Rangel,
Jesús Alberto Álvarez Suárez y Domingo Portilla Afanador, así como por la señora
María Elizabeth Flórez Bautista, en la audiencia de pruebas que se realizó el 3 de
septiembre de 2018.

Precisó que dichas personas atestiguaron que tuvo una convivencia y ayuda
mutua con la señora Alicia Silva Flórez por más de 5 años, especialmente porque
ella lo ayudaba aproximadamente con el 80% de los gastos del hogar debido a

con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte”.
3
“Que la señora ALICIA SILVA FLÓREZ (...) para la fecha de su fallecimiento (...) contaba con más
de 79 años de edad, y el señor ALEXANDER GUERRERO YÁÑEZ (...) con 37 años de edad”.
4
Proceso que se identificó con el radicado 54-001-33-40-010-2016-00448-00/01.!

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que se encontraba sin empleo estable por una lesión que sufrió cuando trabajó
como obrero en Empopamplona EICE.

Resaltó que la colegiatura enjuiciada sustentó la negativa de las pretensiones en
la diferencia de edad que tenía con su cónyuge, con lo cual infirió que existió la
total falta de interés en compartir como pareja dado que no se aportaron al
expediente “fotos, cartas de amor, documentos, pruebas de asistencia a eventos
como pareja [y] paseos”, pese a que en estos casos no existe una tarifa legal.

Aludió que el tribunal demandado incurrió también en decisión sin motivación,
pues se limitó a expresar “las razones irreflexivas, injustificadas o desconectadas
de la realidad probatoria y fáctica del caso,” las cuales no estuvieron dirigidas a
resolver la discusión planteada por las partes y abordar la totalidad de los asuntos
que fueron sometidos a su consideración.

Puntualizó que se resolvió la litis sin estudiar los fundamentos probatorios y
normativos necesarios para evidenciar los vicios de nulidad expuestos en la
demanda, como aquel relacionado con el desconocimiento del principio de
igualdad, el cual se originó por considerarse que no puede existir una relación
sentimental cuando el hombre es muy joven para la mujer.

Expresó que la providencia censurada adolece de desconocimiento del
precedente, pues no se tuvieron en cuenta los pronunciamientos en los que se
establecieron los requisitos para ser beneficiario del reconocimiento pensional y se
indicó que la edad no puede ser un criterio de exclusión, así como tampoco la falta
de identidad de intereses entre los esposos.

Como respaldo de lo anterior, citó apartes de sentencias proferidas por i) la Corte
Suprema de Justicia: el 22 de julio de 2020 SL2533-2020, 16 de agosto de 2017
SL15413-2017 y 13 de junio de 2012 con radicado 41464; ii) la Corte
Constitucional: SU-149 de 2021 y iii) el Consejo de Estado: el fallo de tutela de 16
de abril de 2021 dictado dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-
05113-00.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 24 de marzo de 2022, el magistrado ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a
los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Norte de Santander;
además, decidió vincular al juez Décimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial
de Cúcuta y al director general de la UGPP, por tener interés en el resultado del
presente mecanismo constitucional.

Remitidas las respectivas comunicaciones, mediante correo electrónico el 25 de
marzo de 2022, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Juzgado Décimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cúcuta

Por medio de escrito de 30 de marzo del año en curso, remitió el expediente digital
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 54-

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001-33-40-010-2016-00448-00/01, pero no realizó manifestación alguna respecto
a los reparos expuestos por el accionante.

1.5.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales - UGPP

Se pronunció por intermedio del subdirector de Defensa Judicial Pensional de la
entidad, con escrito remitido vía electrónica el 30 de marzo de la presente
anualidad, quien solicitó declarar improcedente la acción de tutela por cuanto lo
pretendido por el señor Guerrero Yáñez es sustituir un fallo que, en su parecer, fue
acertado dado que se no cumplieron con todos los requisitos necesarios para que
se ordenara el reconocimiento de la pensión reclamada.

Puso de presente que dentro del proceso dentro del cual se dictó el proveído
debatido se surtió el respectivo periodo probatorio en el que no se determinó la
configuración contundente de la relación de compañeros permanentes que el
Consejo de Estado señaló que debe acreditarse de manera efectiva y no
meramente bajo la convivencia del mismo techo.

1.5.3. Tribunal Administrativo de Norte de Santander

En respuesta enviada el 31 de marzo de 2022, el magistrado ponente de la
providencia controvertida citó in extenso apartes de la misma y se opuso al
amparo deprecado por el actor tras argumentar que su decisión obedeció a las
normas y a la jurisprudencia del Consejo de Estado en torno al tema objeto de
debate, además a la valoración de las pruebas que tuvo en cuenta para resolver el
asunto de fondo, estudio que hizo conforme a derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20195.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander vulneró los derechos fundamentales
invocados del actor al incurrir presuntamente en los defectos sustantivo, fáctico,
decisión sin motivación y desconocimiento del precedente planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de

5
Reglamento interno del Consejo de Estado.

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encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7, y en ella
concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”8 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.9

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios

6
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Ibídem.
9
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.

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y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: (i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. Lo primero que la Sala advierte es que el caso objeto de estudio es
relevante desde el punto de vista constitucional, por cuanto al revisar el escrito
que dio origen a la acción de tutela se puede colegir que el accionante pretende
poner de presente las presuntas irregularidades en las que incurrió la autoridad
judicial cuestionada, en tanto involucra la vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad y no discriminación, al mínimo vital, a la salud, a la
seguridad social, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la eficiencia de la
tutela judicial, más allá del debate legal surtido ante el juez natural de la
especialidad.

2.4.2. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte el señor Guerrero Yáñez fue proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la UGPP,
el cual se identificó con el radicado 54-001-33-40-010-2016-00448-00/01.

2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez
pues la sentencia en cuestión se profirió el 10 de septiembre de 2021 y fue
notificada por correo electrónico enviado el 27 del mismo mes y año, por lo que sin
que sea necesario precisar la fecha en que cobró ejecutoria, se puede concluir
que el actor acudió en un término razonable ante el juez de tutela en defensa de
sus derechos fundamentales invocados, comoquiera que la acción de tutela se
radicó el 15 de marzo de 2022, es decir que transcurrieron menos de 6 meses.10

2.4.4. En lo referente al requisito de subsidiariedad, se observa que el tutelante no
dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios para censurar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y no se invocó el
desconocimiento de una sentencia de unificación de esta Corporación para que se
formule el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

10
Tiempo que esta Sala consideró razonable para ejercicio de este mecanismo constitucional bajo
los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

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No obstante, respecto del defecto denominado decisión sin motivación se advierte
que la solicitud de tutela no satisface este presupuesto11, en la medida que la
situación descrita por el actor se ajusta a una de las causales de revisión
contempladas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esta es, la prevista en el
numeral 5º que señala: “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

En el sub lite, se tiene que el señor Guerrero Yáñez respaldó la configuración del
aludido cargo en que la autoridad enjuiciada en el fallo de segunda instancia
atacado “omitió valorar, analizar y estudiar los fundamentos probatorios y
normativos necesarios para evidenciar los vicios de nulidad planteados en la
demanda presentada por mis apoderados”.

La razón de ello la justificó en que la colegiatura accionada no realizó un juicio
bajo una óptica de hermenéutica constitucional, ni razonó desde la lesión del
derecho a la igualdad en la que incurrió el acto objeto de control de legalidad,
simplemente abordó el caso a partir de una lectura plana, rígida o literal pues
bastó con que se diera cuenta de la diferencia de edad existente al momento del
fallecimiento de su cónyuge y no tuvo en cuenta que se debían romper las
barreras de genero, los prejuicios sexuales o sesgos sociales para entender que la
relación sentimental nació mucho antes del deceso, además señalo lo siguiente:

“En el caso particular, entonces, se tiene por lesionado el principio de motivación
cuando el juzgador de segunda instancia omitió, inclusive, realizar el test de
igualdad o el juicio de igualdad que de forma reiterada, continua, consistente, ha
afirmado la Corte como alicable (sic) en materia pensional.”

Entonces, el argumento que atañe a que la autoridad judicial censurada incumplió
su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportaron
su decisión, en razón a que solamente tuvo en cuenta la diferencia de edad que
tenía él y su difunta esposa, debe ser expuesto mediante el recurso extraordinario
de revisión, pues la acción de tutela no puede sustituir el medio con el que cuenta
el demandante para la defensa de sus derechos fundamentales invocados, dada
la naturaleza excepcional y subsidiaria de este mecanismo constitucional.

En lo concerniente a la procedencia del aludido recurso cuando existe una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación, el reiterado derrotero jurisprudencial12 ha sido claro en
establecer que pueden existir otros motivos no contemplados en los estatutos
procesales como causales de nulidad, como es el caso de la violación al debido
proceso constitucional en la sentencia, contemplado en el artículo 29 superior.

De manera que el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e

11
En este mismo sentido se pronunció la Sala en las sentencias de 26 de agosto de 2021, rad.
11001-03-15-000-2021-04839-00 y 22 de abril de 2021, rad. 11001-03-15-000-2021-01118-00,
ambas con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio.!!
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro, providencia de 2 de febrero de 2016, rad. 11001-03-15-000-
2015-02342-00.

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infirmarlas cuando se logre demostrar inequívoca que tal decisión es injusta por
incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.

Por lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de la subsidiariedad en relación con el aludido cargo, pues se
observa que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa de los derechos
que pretende sean protegidos en esta instancia, como lo es el recurso
extraordinario de revisión.

En relación con los demás defectos invocados se entiende superado este
presupuesto, por lo que corresponde su estudio de fondo sin perjuicio de resaltar
el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad
de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos
de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

2.5. Caso concreto

En el asunto en estudio el actor solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y no discriminación, al mínimo vital, a la salud, a la
seguridad social, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la eficiencia de la
tutela judicial, los cuales considera vulnerados con ocasión de la providencia de 10
de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, toda vez que revocó la decisión que había accedido a las pretensiones
de la demanda para, en su lugar, negarlas.

Esto, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió contra la UGPP para controvertir la legalidad del acto mediante el
cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la que, en su
sentir, tiene derecho en calidad de cónyuge supérstite de la señora Alicia Silva
Flórez. A juicio del señor Guerrero Yáñez, la autoridad cuestionada incurrió en:

i) Defecto sustantivo, por cuanto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 no
se prevé la necesidad de acreditar que compartió metas, espacios de amor o
proyectos de vida con su difunta esposa; ii) defecto fáctico por indebida valoración
de los testimonios que daban cuenta que convivió con su cónyuge por más de 5
antes de su fallecimiento y iii) desconocimiento del precedente en el cual se
establecieron los requisitos para obtener el reconocimiento pensional, lo cual no
puede ser impedido por la diferencias de edades, así como la falta de identidad de
intereses entre una pareja sentimental.

Al revisar la decisión controvertida se advierte que el tribunal censurado centró su
estudio en establecer si el demandante cumplía con los requisitos legales exigidos
para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, por lo que hizo alusión a las
normas que regulan su reconocimiento, a partir de lo cual precisó que los
integrantes del grupo familiar del pensionado por vejez tienen derecho a la misma,
según lo previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, así:

“ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

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Demandante: Alexander Guerrero Yáñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01695-00

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por
riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones
(...)”. (Destacado de la Sala)

Igualmente, indicó que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 se refiere a los
beneficiarios de la sustitución pensional, los cuales están catalogados en tres
grupos que funcionan bajo la misma dinámica de los órdenes sucesorales y que el
primero está conformado por el cónyuge, compañera o compañero permanente y
los hijos con derecho, además, aclaró que esta norma fue modificada por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, cuyo texto es el siguiente:

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
(...)”. (Destacado de la Sala)

Bajo este marco normativo la judicatura en cuestión analizó el material probatorio
obrante en el plenario, concretamente las declaraciones extra juicio y testimonios
rendidos por los señores Jesús Alberto Álvarez Suárez y Arturo Calderón Rangel,
así como la declaración extra juicio de la señora Marta Rocío Cadavid Mora, con
los cuales arribó a las siguientes conclusiones:

1) Que la relación presuntamente inició cuando el demandante tenía 25 años y la
señora Alicia Silva Flórez 67 años de edad, es decir que había una diferencia de
edad de 42 años.

2) La declaración rendida por el señor Jesús Alberto Álvarez Suárez evidenció que
la señora Alicia Silva Flórez ingresó en el año 1985 en calidad de arrendataria a su
hogar, en el que vivía con su esposa e hijos, entre estos, el señor Alexander
Guerrero Yáñez.

3) No se probó de alguna manera que existió una situación real de vida ni vínculos
afectivos de amor y auxilios que son propios de la vida en pareja, que han sido
señalados por el Consejo de Estado como claves para poder determinar uno de
los requisitos de la sustitución pensional.

4) En el expediente no obran declaraciones adicionales, tales como de vecinos,
amigos cercanos, familia de la señora Alicia Silva Flórez o personas que les
conste que hubo una relación sentimental que unió al actor a la causante desde el
año 1994 hasta el momento del fallecimiento de esta última.

5) De la declaración extra juicio del señor Jesús Alberto Álvarez Suárez se dedujo
que ni siquiera la familia estuvo invitada al matrimonio civil (teniendo en cuenta
que el declarante es el padrastro del demandante) y en esta él afirmó que: “la
señora Alicia Silva con plena lucidez y capacidad física y mental tranquilamente

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comentó que se habían casado en la notaría segunda de esta ciudad cumpliendo
los requisitos de ley para legalizar su unión libre”, así que se enteraron por lo dicho
por la señora Alicia Silva, mas no porque lo hayan presenciado.

6) Que el señor Jesús Alberto Álvarez Suárez es el padrastro del demandante y en
su testimonio expresó que el señor Alexander Guerrero le debe el arriendo desde
el deceso de la señora Alicia Silva Flórez, lo cual permitía colegir que tiene un
interés directo con las resultas del proceso, ya que requiere que el accionante
tenga un ingreso para que le cancele la suma adeudada.

7) Que el testimonio del señor Arturo Calderón Rangel no era suficiente para
establecer con certeza la unión marital entre el actor y la pensionada, por cuanto
el mismo indicó que era una persona que no estaba todo el tiempo en Pamplona,
Santander, pues estaba en Chiquinquirá, Boyacá donde vivía su esposa y sus
hijos, tanto es así que no estuvo al momento de la muerte de la señora Alicia Silva
Flórez.

De este modo, el tribunal en cuestión consideró que el demandante no acreditó de
manera efectiva el cumplimiento del requisito de la convivencia de 5 años con su
cónyuge hasta el momento de su muerte, pues aunque vivieron bajo el mismo
techo, lo cierto es que no se demostró que existió una unión marital desde el año
1994, en la que primara el amor, la vida entre compañeros permanentes y la
necesidad de conformar un vinculo familiar, en los siguientes términos:

«Así las cosas, considera la Sala que la convivencia existente entre el señor
Alexander Guerrero y la señora Alicia Silva Flórez desde el año 1994 no fue la de
marido y mujer, “con responsabilidad, permanencia, ayuda mutua y con voluntad de
construir una unión familiar, compartiendo, techo, lecho y mesa”.13

Lo anterior, dado que no es posible concluirse de manera diferente, teniéndose en
cuenta la diferencia de 42 años de edad entre el demandante y la causante, de lo
cual se puede inferir que hay una falta de intereses comunes, siendo difícil imaginar
que la señora Alicia Silva haya querido constituir pareja y consolidar una relación
con el hoy demandante.

En efecto, la Sala comprende que el señor Alexander Guerrero fue un compañero
que asistió a la señora Alicia Silva en parte de su vejez pero de ninguna manera se
ajusta a los criterios establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Ahora bien, resalta la Sala que de existir una dependencia económica, vida amorosa
y ayuda mutua la señora Alicia Silva Flórez hubiese afiliado al servicio de salud al
señor Alexander Guerrero.

Igualmente, no observa la Sala alguna prueba adicional como fotos, cartas de amor,
documentos, prueba de asistencia a eventos como pareja, paseos, que permitan
extraer alguna información relevante para indicar la naturaleza de la relación entre el
señor Alexander Guerrero y la señora Alicia Silva Flórez desde el año 1994.»

En lo referente al defecto sustantivo cabe señalar que esta Sección, siguiendo
los lineamientos de la Corte Constitucional, considera que se presenta cuando “la
autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar
la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los

13
“H. Consejo de Estado, providencia del 16 de abril de 2020, Radicado: 25000-23-42-000-2014-
00537-01 (2345-17), Actora: Carmen Nubia Alfonso Romero, MP: Rafael Francisco Suárez
Vargas.”

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postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.14

Para la Sala, no le asiste razón al actor cuando afirma que la colegiatura
accionada incurrió en este yerro por indebida interpretación de los artículos 46 y
47 de la Ley 100 de 1993, toda vez que les dio un alcance que se encuentra
acorde con su tenor literal pues para que el compañero permanente o cónyuge
supérstite sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes no solo debe acreditar
que convivió con el causante mínimo 5 años continuos con anterioridad a su
muerte, sino también que hizo vida marital.

Este último concepto no solo es entendido como el acto de habitar junto al otro,
sino además de tener “la intención de mantener una relación de pareja con
vocación de estabilidad y permanencia”15, según el criterio fijado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado como juez natural de la especialidad.

Quiere esto decir que aunque la sustitución pensional tiene por objeto garantizar
una renta periódica a los integrantes del grupo familiar que dependían
económicamente del pensionado como consecuencia de su muerte, los elementos
que en mayor medida definen la existencia de una convivencia que da lugar a una
sustitución pensional se relacionan, por ejemplo, con el acompañamiento
espiritual, moral, el deber de apoyo y auxilio mutuo.

Entonces el hecho de que se le exigiera al actor que acreditara que compartió
metas, espacios de amor o proyectos de vida con la señora Alicia Silva Flórez
desde la época en que afirmó que tuvieron una relación sentimental no significó el
cumplimiento de un requisito adicional a los contemplados en la ley para acceder a
la pensión solicitada, pues tales aspectos son algunos de los que denotan la
existencia de una vida marital.

El segundo yerro invocado en la tutela es el defecto fáctico, respecto del cual
resulta importante precisar que a juicio de la Sala16 éste se vincula con asuntos
probatorios y se presenta en los eventos en que:

i) Existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o practicar
pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo probatorio
determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes;
iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del
debido proceso.

Esta Sección precisó que al momento de invocar la ocurrencia de esta
irregularidad es necesario que la parte actora i) identifique los elementos
probatorios que no fueron valorados por el juez, ii) demuestre que los aportó en
oportunidad legal y con el cumplimiento de las exigencias legales, iii) argumente el

14
Ver entre otras, Corte Constitucional, sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio y SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
M.P. William Hernández Gómez, sentencia de 10 de septiembre de 2020, rad. 68001-23-33-000-
2015-00049-01(2973-17).
16
Sentencia de 26 de mayo de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2015-02017-
01.

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por qué éstos resultaban relevantes para la decisión y; iv) exponga las razones por
las cuáles, su análisis, hubiera podido variar el sentido del fallo.

Lo anterior aplicado al caso concreto le permite a la Sala advertir que el tutelante
cumplió con la carga argumentativa exigida pues identificó los testimonios que, en
su parecer, fueron valorados de forma errada en tanto que demostraban que tuvo
una convivencia y ayuda mutua con la señora Alicia Silva Flórez por más de 5
años, pues ella lo ayudaba aproximadamente con el 80% de los gastos del hogar.

Adicionalmente, señaló que la colegiatura enjuiciada infirió que existió la total falta
de interés en compartir como pareja con ocasión de la diferencia de edad que
tenía con su difunta esposa, en la medida que no se aportaron al expediente
“fotos, cartas de amor, documentos, pruebas de asistencia a eventos como pareja
[y] paseos”, no obstante que en estos casos no existe una tarifa legal.

Sobre el particular, se encuentra que si bien en el proveído controvertido no se
hizo mención expresa a las declaraciones rendidas por el señor Domingo Portilla
Afanador y la señora María Elizabeth Flórez Bautista, lo que impide realizar el
estudio del cargo respecto a éstos como se plantea en la tutela, es decir, si fueron
o no debidamente analizados, lo cierto es que ello no tiene incidencia para variar
el sentido de la decisión objeto de reproche.

La razón de esto se justifica en que en el escrito de tutela se indicó que lo
atestiguado por dichos ciudadanos fue lo siguiente:

“Que sé y me consta que el señor ALEXANDER GUERRERO YAÑEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía número (...) expedida en Pamplona (N de S), vivía y
convivía bajo un mismo techo y lecho en unión libre, inicialmente desde el año 1997
hasta el año 2004, a partir de esta fecha en legítimo matrimonio debidamente
registrado bajo el serial número 03612080 en la Notaría Segunda del Círculo de
Pamplona, con la señora ALICIA SILVA FLOREZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número (...) expedida en Pamplona (N de S), hasta el día de
su fallecimiento acaecido el día 29 de Marzo de 2007”.

Como se observa, tales testigos no expusieron hechos diferentes a los señalados
por aquellos que la colegiatura atacada sí tuvo en cuenta para proferir su
decisión, ni mucho menos desvirtúan los motivos por los cuales se concluyó que
en el expediente no obraban pruebas suficientes para corroborar que el actor y la
señora Alicia Silva Flórez tuvieron una convivencia sólida desde el año 1994.

Por otro lado, vale la pena traer a colación las manifestaciones realizadas por los
señores Jesús Alberto Álvarez Suárez y Arturo Calderón Rangel dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a partir de las cuales el actor
respalda sus reparos, al igual que los apartes contenidos en la providencia
controvertida para tener un mejor entendimiento del caso:

Sentencia de 10 de septiembre de
Escrito de tutela
2021
Además, de estas mismas “En el año 1985 la señora Alicia Silva
declaraciones se logra evidenciar Flórez se trasladó a vivir a la casa de mi
que con la ayuda económica de propiedad (...) conformada por mi
mi madre, me ocupé de los esposa (...) y sus hijos, uno de ellos
gastos funerarios de mi esposa Alexander Guerrero Yáñez (...) en el

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(minutos 50:19 a 50:33 del CD de año 1994 y de mutuo acuerdo con la
la audiencia de pruebas): señora Alicia el señor Alexander se
pasó a dormir en la misma habitación.
“Si claro, eso le tocó ahí a
Alexander y a Nubia (...) la En el año 2004 la señora Alicia con
esposa de Alberto, la mamá de plena lucidez y capacidad física y
Alexander”. mental tranquilamente comentó que se
habían casado (...) para legalizar su
“Que es cierto que desde el año unión libre (...) este matrimonio no fue
1976 conocí́ y trate hasta el día censurado ni objetado por algún
de su fallecimiento a la señora miembro de la familia. ALICIA SILVA FLÓREZ (...) en el
año 1985 la señora Alicia Silva “PREGUNTADO: indíquele al despacho
Flórez se traslado a vivir a la casa si el señor Alexander vivía o sostenía
de mi propiedad (...) junto a mi algún vínculo sentimental con otra
Jesús Alberto
esposa Nubia Yánez y sus hijos, persona, en caso afirmativo señale su
Álvarez uno de ellos ALEXANDER nombre y durante qué periodo. Suárez GUERRERO YÁÑEZ (...) con el CONTESTADO: Él tuvo varias novias
transcurrir de los años se empezó́ pero vivió con Alicia Silva.
a notar un trato muy especial de PREGUNTADO: Durante cuánto
parte de la señora Alicia con el tiempo. CONTESTADO: Él convivió con
señor Alexander que era muy Alicia Silva desde 1994 hasta el 2004
detallista y especial (...) en el año que él se casó. PREGUNTADO: Usted
1994 y de mutuo acuerdo con la sabe o conoce donde residían ellos.
señora Alicia el señor Alexander CONTESTADO: Alexander Guerrero
se pasó a dormir en la misma vivía en mi casa de habitación (...)
habitación (...)”. nosotros le dejamos una pieza para
esta relación, para convivir con doña
“Él tuvo varias novias pero vivió́ Alicia, con Alicia perdón.
con Alicia Silva (...) él convivió PREGUNTADO: Indíquele al Despacho
con Alicia Silva desde 1994 hasta si usted sabe en que laboraba el señor
el 2004 que él se casó... (...) Alexander para el periodo comprendido
Alexander Guerrero vivía en mi entre el año 1997 a 2004.
casa de habitación, ubicada en CONTESTADO: Alexander vivía
Pamplona, Norte de Santander independiente y él se rebuscaba su
(...) en la cual nosotros le dinero en diferentes actividades, en
dejamos una pieza por... para comercio, en vender lotería, vender rifas
esta relación... convivir con Alicia (...). PREGUNTADO: ¿La señora Alicia
(...)”. Silva Laboraba? CONTESTADO: Alicia
“Alexander y Alicia se conocieron laboraba como enfermera del Hospital
pues... en la casa de habitación – de Pamplona y la que aportaba en esa
como comentaba anteriormente- relación el 70 o 80%. PREGUNTADO:
porque Alicia se trasladó a la ¿Usted sabe o tiene conocimiento si él
casa a vivir ahí́ y ahí́ se tenía seguridad por parte de ella?
conocieron (...) Al principio CONTESTADO: No, él no tenía
nosotros ya empezamos a notar seguridad social. (...) PREGUNTADO:
su cercanía, su amabilidad, sus Cómo se dieron cuenta que ellos tenían
detalles, y ya nos dimos cuenta su cuento, como lo dice usted.
que ellos tenían su (...) “cuento”... CONTESTADO: el cuento ya de la
entonces pues ya nosotros mano, besitos, caricias, todo el rollo que
empezamos a aceptar esta implica una relación. PREGUNTADO:
relación (...) el cuento ya de la Qué espacios compartían Alexander y
mano... sus caricias, todo el rollo Alicia? CONTESTADO: Alexander salía
que implica una relación (...) mucho a caminar, a cine, a misa, ahí en
salían mucho a caminar, a cine, a Pamplona, diferentes actividades tenían
misa, ahí en Pamplona, diferentes ellos e iban a fiestas (...)
actividades tenían ellos y (sic) PREGUNTADO POR LA JUEZA:
iban a fiestas (...) A medida que ¿Quién pagaba el arriendo de la
fue pasando el tiempo nosotros habitación? CONTESTADO: El arriendo
aceptamos.... En el amor no hay, de la habitación lo pagaba Alicia. (...)
no hay barreras, entonces PREGUNTADO: ¿Él continuó viviendo
nosotros aceptamos esa relación ahí en la habitación? CONTESTADO:

Si
(...) En esa casa vivieron desde el PREGUNTANDO: Y de dónde paga,
94, hasta que hasta que Alicia... con que se sostiene él
hasta que Alicia murió (...) Ellos económicamente? CONTESTADO: No,
eran muy amables con los amigos porque llegamos a un acuerdo en que
de nosotros, amigos de ellos, muy yo le estoy colaborando, en estos
cordiales y muy afectivos (...)”. meses, para que mientras le llega la
pensión. (...) PREGUNTA: Podría

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indicarle al despacho cuando falleció la
señora Alicia Silva Flórez.
CONTESTADO: Doña Alicia murió
mmm exactamente la fecha no
recuerdo, 2007? No doctora no
recuerdo. CONTESTADO: Por favor
indíquele al Despacho que edad tenía
Alicia Silva Flórez. CONTESTADO: Ella
tenía, ella es de 1926, tendría 65 o 66
años.
“Cuando Alexander se PREGUNTADO: Sírvase indicarle al
enfermaba ehh lo cuidaba Despacho si usted conoció y de donde.
Alicia.... Lo cuidaba Alicia, más CONTESTADO: Pues yo realmente a
que todo le tocaba (...) es la Alexander y a Alicia los conocí hace 26
esposa (...) ahí lo cuidaba a años por intermedio del amigo de
Alexander, Alexander cuidaba a Alberto (...) PREGUNTADO: Indíquele
Alicia porque la llevaba al al Despacho si el señor Alexander
Hospital, la traía... y me contaba convivía o sostenía algún vínculo
por ahí... yo lo encontraba en la afectivo con una persona (...)
calle, llevando las pastillas, las CONTESTADO: Pues si, me consta que
drogas, en fin... llevándole a Alexander convivía con Alicia,
Alicia”. aproximadamente ellos empezaron a
convivir por allá como en el año 1994
“Que es cierto que desde hace 25 sino estoy mal y después contrajeron
años conozco de vista trato y matrimonio en el 2004 (...)
comunicación al señor PREGUNTADO: Dígale o descríbale al
ALEXANDER GUERRERO Despacho de acuerdo con su cercanía
YÁÑEZ mayor de edad con C. C. con la familia (...) cómo era la relación
(...) de pamplona (...) y de igual que usted observaba entre Alexander y
manera doy fe que conocí desde Alicia. CONTESTADO: La relación era
hace 30 años a la señora ALICIA como – como le dijera yo – como muy
FLOREZ SILVA (...) De igual bien, ello siempre los veía ahí
manera conocí la relación de charlando, hablando, los saludaba y yo
Arturo pareja que sostenían el señor iba a la casa, en una ocasión, en varias
Alexander Guerreo Silva y la ocasiones yo iba allá porque soy muy
Calderón señora Alicia Silva quienes amigo de ellos (...) en una época los
Rangel convivían en unión libre desde el encontré ahí en el sofá y ahí tenía a
año 1994 (...)”. Alicia de la mano (...) PREGUNTADO:
¿Y en los momentos en los cuales Alicia
“Me consta que Alexander estuvo enferma quién cuidaba de ella?
Guerrero convivía con Alicia Silva CONTESTADO: Ahí la cuidaba
y aproximadamente ellos iniciaron Alexander, él cuidaba a Alicia porque la
a vivir por allá... en el año... en el llevaba al hospital, la traía y me contaba
año 94 sino estoy mal y por ahí yo lo encontraba en la calle
contrajeron matrimonio en el 2004 llevándole hasta las pastillas (...)
(...) como soy amigo de ellos PREGUNTADO: Usted estuvo presente
conocí bastante la relación entre para las honras fúnebres de la señora
ellos.... (...) en esa casa vivía Alicia. CONTESTADO: No, yo estaba
Alberto, vivía Alicia, vivía para (sic) Chiquinquirá – Boyacá y
Alexander, vivía Nubia y María cuando llegué después fui y lo saludé y
Fernanda (...)”. le di el sentido pésame y encontré a
Alexander triste y me dijo ahora Aturo
que hago yo (...) PREGUNTADO:
¿Cuánto tiempo duró en Chiquinquirá?
CONTESTADO: Yo vivía en
Chiquinquirá porque allá vivía mi
primera esposa y allá estaban mis hijos,
como 15 o 20 días.

Del texto transcrito se puede colegir que el tribunal enjuiciado realizó una
interpretación razonada de los referidos testimonios dado que las conclusiones
que respaldaron la negativa de las pretensiones de la demanda concuerdan con la
información que se expuso en dicha ocasión, la cual no le ofreció un verdadero
convencimiento de que antes de que el actor y la señora Alicia Silva Flórez
contrajeron matrimonio civil –3 años antes del fallecimiento de la pensionada–
existió una relación constante y permanente para que de este modo se cumplieran

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todos los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Aun cuando la Sala considera que el tribunal incurrió en una imprecisión tras
señalar que debido a la diferencia de edad entre los esposos era “difícil imaginar
que la señora Alicia Silva haya querido constituir pareja y consolidar una relación
con el hoy demandante”, comoquiera que es un juicio de valor que va más allá de
lo que se podría inferir de las declaraciones de los testigos, lo cierto es que dicha
circunstancia por sí sola no es suficiente para concluir que se configuró el yerro
planteado.

Nótese que en el asunto sub judice no se puso en tela de juicio que en el año
2004 el demandante y la señora Alicia Silva Flórez contrajeron matrimonio y
tampoco se desconoció que éste la ayudó en su vejez, diferente es que el tribunal
cuestionado considerara que la versión rendida por el señor Jesús Alberto Álvarez
Suárez no era imparcial, pues al ser el padrastro del actor tiene un interés
particular en que reciba ingresos económicos.

Aunado a que lo manifestado por el señor Arturo Calderón Rangel no le brindó a la
judicatura censurada los elementos necesarios para encontrar demostrado con
grado de certeza que la relación marital si existió al menos por 5 años, dado que
este testigo es un amigo solo de la familia del demandante, el cual inclusive no
vivía permanentemente en Pamplona, Santander.

Por ello, en el asunto sub judice se echaron de menos declaraciones de otras
personas que pudieran acreditar de manera libre y desinteresada lo sucedido, lo
cual no obedeció a la exigencia de una tarifa legal probatoria, sino a la obligación
que tienen las partes de demostrar los hechos materia del litigio.

Así las cosas, esta Sección considera que el análisis realizado en la decisión
objeto de discusión se encuentra debidamente justificado en la interpretación que
empleó el juez de la causa sobre los elementos probatorios que tuvo en cuenta
para solucionar el conflicto planteado, los cuales en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, definió que no le daban convencimiento de la existencia de
una relación afectiva desde el año 1994, lo que impide en esta instancia
constitucional cuestionarla.

Para finalizar, se tiene que el accionante invocó el desconocimiento del
precedente de las providencias en las que se establecieron los requisitos para ser
beneficiario del reconocimiento pensional y se indicó que la edad no puede ser un
criterio de exclusión, así como tampoco la falta de identidad de intereses entre los
cónyuges.

Lo primero que resulta importante precisar es que la posición de la Sala en lo que
concierne a este defecto corresponde a la siguiente: “(…) es la decisión, o el
conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe pronunciarse
respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos
fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla…
que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido (…)”.17

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.

!&!
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A este tenor, la Sección en reiterados pronunciamientos explicó que el concepto
de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de
la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está
atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se
especifique una regla o subregla de derecho.

Es de anotar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a
sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento
jurídico.

La parte que invoca el desconocimiento de un precedente jurisprudencial debe
cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera
desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la Litis anterior, y iii) la incidencia de
esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

Según se tiene, el actor cumplió con la carga argumentativa requerida para
estudiar el cargo planteado, pues considera que la decisión debatida se apartó del
precedente señalado por i) la Corte Suprema de Justicia en las providencias de 22
de julio de 2020 SL2533-2020, 16 de agosto de 2017 SL15413-2017 y 13 de junio
de 2012 con radicado 41464; ii) la Corte Constitucional en la sentencia SU-149 de
2021 y iii) el Consejo de Estado en el fallo de tutela de 16 de abril de 2021 dictado
dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-05113-00.

En cuanto a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia invocados
como desatendidos, en criterio de la Sala18 no constituyen precedente pues las
reglas creadas por una Alta Corte son vinculantes según su jurisdicción, teniendo
en cuenta que si bien las distintas jurisdicciones pertenecen a la Rama Judicial, no
puede perderse de vista que éstas son independientes y autónomas en sus
decisiones, tan es así que el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 señala que la
ordinaria conocería de todos los asuntos que no estén en cabeza de otra.

Lo mismo ocurre con la sentencia de 16 de abril de 2021 dictada por el Consejo de
Estado, debido a que al revisar tal proveído se verificó que se trata de aquel
proferido en el marco de una acción de tutela, el cual no puede ser tenido en
cuenta como precedente para el caso objeto de estudio, pues no fue dictado por la
Corte Constitucional, órgano de cierre de la jurisdicción constitucional.

Ahora bien, en lo que atañe a la sentencia SU-149 de 2021 se tiene que el actor
citó los siguientes apartes de este pronunciamiento, en los cuales la Corte
Constitucional señaló que dentro de los requisitos exigidos para acceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se entendían los siguientes:

“40. Por su parte, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, contiene
las disposiciones generales sobre los requisitos necesarios para el reconocimiento

18
En este mismo sentido se pronunció la Sala en las sentencias de 7 de diciembre de 2021, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil, rad. 11001-03-15-000-2021-07422-00 y 24 de marzo de 2022. M.P.
Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2022-00711-00.

!'!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alexander Guerrero Yáñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01695-00

de la pensión de sobrevivientes, tanto en el régimen de prima media con prestación
definida[82], como en el de ahorro individual con solidaridad[83]. Específicamente, el
artículo 47 establece quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
de la siguiente manera:

(...) 41. La Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre las finalidades
concretas de los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100
de 1993. En términos generales, ha dicho que los requisitos fijados por el Legislador
pretenden garantizar la cobertura ante la contingencia de la muerte de quien era el
sostén económico de la familia, por lo que busca salvaguardar a los verdaderos
[86]
destinatarios de la prestación , de tal modo que estos no sean suplantados por
[87] [88]
otros y, de esta manera, evitar cualquier tipo de fraude que pueda ocurrir .

42. Particularmente, la Sentencia C-1176 de 2001[89] analizó la demanda de
inconstitucionalidad contra la expresión “por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o
invalidez” contenida en el literal mencionado. En esta oportunidad le correspondió a
la Corte resolver si la exigencia según la cual, para tener derecho a la pensión de
sobrevivientes, el cónyuge o compañero supérstite debía iniciar la vida marital antes
de que el causante adquiriera la calidad de pensionado, se ajustaba al principio de
igualdad y a la protección de la familia (...)”.

En dicho proveído no se estableció una regla de derecho que respalde lo que
argumenta el actor en el escrito de la tutela, por lo que no es de válido considerar
que la judicatura tutelada desconoció la tesis prevista allí y que se configuró el
cargo invocado, máxime si se tiene en cuenta que la decisión controvertida se
respaldó en la sentencia proferida el 16 de abril de 2020 en la cual la Sección
Segunda del Consejo de Estado19 resolvió un caso similar al del actor, en los
siguientes términos:

“Así las cosas, considera la Sala que la convivencia existente entre la actora y el
causante no era la de marido y mujer, con responsabilidad, permanencia, ayuda
mutua y con voluntad de constituir una unidad familiar, compartiendo, techo, lecho y
mesa; no puede entenderse de forma diferente, en la medida en que existía una
diferencia de 48 años de edad, generando así no solo un contraste generacional
notorio, sino una falta de intereses comunes (...).

(...) Sobre el particular, es necesario resaltar que la finalidad de la unión marital de
hecho, es la de construir una familia bajo una comunidad de vida permanente y
singular acompasado con lazos de amor, de respeto y de ayuda mutua, elementos
que no fueron destacados de manera clara y precisa a través de las pruebas
testimoniales aportadas al proceso.”

De hecho, la Sección Segunda20 de esta Corporación precisó en torno a la
convivencia que da lugar a una sustitución pensional, lo siguiente:

“Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, esta Corporación ha señalado
que «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello para
salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico […]».

Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por lo
tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales,

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 16 de abril de 2020, rad.
25000-23-42-000-2014-00537-01 (2345-17).
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 10 de septiembre de 2020,
M.P. William Hernández Gómez, rad. 68001-23-33-000-2015-00049-01(2973-17).

!(!
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Demandante: Alexander Guerrero Yáñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01695-00

incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida
el fallecido pensionado.”

En este orden de ideas, se concluye que la autoridad judicial accionada realizó un
estudio juicioso y detallado de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con la tesis fijada por esta Corporación y las particulares del caso
sometido a su consideración.

Por lo tanto, la Sala denegará la solicitud de tutela en lo que atañe a los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente planteados y declarará su
improcedencia en relación con el cargo relativo a la decisión sin motivación,
debido a que no se cumple el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Alexander Guerrero Yáñez en lo que concierne al cargo relativo a la decisión sin
motivación de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y deniégase respecto de lo demás defectos invocados, por los motivos
descritos anteriormente.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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