RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01698-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01698-00

Fecha
6 de mayo de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01698-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Ana Delia Cortés de Rubiano, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01698-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

6 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202201698 00

Accionante: ANA DELIA CORTÉS DE RUBIANO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA POR ALTA
CORTE / TUTELA CONTRA UN PROCESO DE LA MISMA NATURALEZA – Procedencia
excepcional / DECRETO 806 DE 2020 EN PROCESOS DE TUTELA – No aplica.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Ana Delia Cortés de Rubiano, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

La señora Ana Delia Cortés de Rubiano, por conducto de apoderado judicial,
instauró demanda de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. La tutelante elevó las
siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal, con posibles errores
incluidos):

1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, vulnerados por la accionada con el auto de 28 de
enero de 2022, notificado mediante correo electrónico el 10 de febrero de
2022, decisión con la que RECHAZÓ conceder la IMPUGNACIÓN contra la

1

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Sentencia de Tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2021-00349-00.

2. Ordenar a la accionada que CONCEDA la IMPUGNACIÓN presentada y
envíe el expediente a quien corresponde decidir.

2. Hechos relevantes

La señora Ana Delia Cortés de Rubiano interpuso demanda de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por considerar que con la
decisión dictada el 12 de junio de 2021, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra la UGPP, se vulneraron sus
derechos fundamentales.

Adelantado el trámite respectivo, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, mediante fallo del 6 de diciembre de 2021 –notificado el 11 de
enero de 2022–, declaró la improcedencia del amparo solicitado, tras considerar
que no se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.

El 18 de enero de 2022, la tutelante presentó la impugnación contra la anterior
decisión, la que se rechazó por medio de auto de 28 de enero de 2022 –notificado
el 10 de febrero de 2022–, bajo el argumento de que “el término para impugnar
vencía el 14 de enero de 2022”.

3. Fundamentos de la demanda

La parte accionante señaló que se incurrió en un defecto sustantivo “al no aplicar
el Decreto 806 de 2020, normativa que gobierna las notificaciones personales
hasta el 4 de junio de 2022 y que tiene que ser aplicada a las notificaciones
personales de las acciones constitucionales”.

Adujo que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… Conforme con la jurisprudencia de la Sección Cuarta y demás Altas Cortes,
las reglas establecidas en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 también
aplican para las acciones de Tutela.

Por tanto, la notificación enviada el martes 11 de enero de 2022 a las 20:04
p.m., se entiende surtida en los dos (2) días hábiles posteriores al envío y el
término empieza a correr al día siguiente.

Ello significa que, la notificación quedó surtida transcurridos el miércoles 12 y
2

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

jueves 13 de enero de 2022, empezando a correr el término el viernes 14 de
enero de 2022 y venciendo el martes 18 de enero de 2022.

El 18 de enero de 2022 a las 11:18 a.m., radiqué la IMPUGNACIÓN, estando
dentro del término (negrilla del original).

4. La oposición

4.1. Mediante providencia de 22 de marzo de 2022, se admitió la demanda de
tutela de la referencia, se ordenó notificar al magistrado Fredy Ibarra Martínez
–integrante de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado– y se
vinculó, como tercero con interés, al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, los que se pronunciaron en los siguientes términos:

4.1.2. El magistrado Fredy Ibarra Martínez se opuso al amparo solicitado tras
considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales de la tutelante y que
la decisión de rechazar por extemporánea la impugnación interpuesta contra el
fallo de tutela se sustentó en las disposiciones del Decreto 2591 de 1991 –norma
especial que regula el trámite de las acciones de tutela–.

Explicó que, según lo previsto en los artículos 30 y 31 de la referida norma, la
notificación de las sentencias de tutela se puede realizar por telegrama o por
cualquier otro medio expedito que asegure su eficacia y, en ese sentido, la
posibilidad de impugnar el fallo es dentro de los 3 días siguientes a su notificación.

Precisó que, si bien es cierto que el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 dispone
que la notificación que debe realizarse “personalmente”, se debe entender
efectuada 2 días hábiles después del envío del mensaje de datos y que los
términos corren desde el día siguiente a la notificación, también lo es que esa
disposición no aplica en los procesos de acción de tutela porque estos “se rigen
por una norma especial como lo es el Decreto 2591 de 1991, el cual no prescribe
que la notificación de los fallos deba hacerse personalmente, sino, por el contrario,
que debe realizarse por el medio más expedito y eficaz”, tal y como lo sostuvo la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia en fallo de 2 de
diciembre de 2020 (STC10854-2020, radicado Nº. 760012210000202000081 01).

Insistió en que “como el citado Decreto 806 de 2020 hace referencia específica a
las providencias que deben ser objeto de notificación personal y entre esas no
3

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

están incluidas las que se expiden en el trámite de la acción de tutela, el amparo
pretendido por la parte actora no está llamado a prosperar”.

Sin perjuicio de lo anterior, expuso que no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, habida cuenta de que, en los términos del inciso 4º del mismo
artículo 8 del Decreto 806 de 2020 –que se alega como desconocido–, la ahora
tutelante pudo solicitar la nulidad de lo actuado invocando, bajo la gravedad del
juramento, que no se enteró de la actuación, lo que no se hizo en el caso bajo
estudio.

De otra parte, adujo que debía tenerse en cuenta que, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional (T-191 de 1994), cuando se rechaza por
extemporánea una impugnación el expediente debe remitirse a la Corte
Constitucional para que esa corporación defina si la selecciona para su revisión y,
en ese trámite, se analiza si se surtió o no en debida forma la notificación.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.

1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.

5

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado4.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
6

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Conviene mencionar que, la Corte Constitucional ha sostenido que cuando se
controvierten providencias judiciales dictadas por las altas cortes -como en el caso
bajo estudio-, además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y los
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente, en sentencia
SU–573 de 2017, se indicó:

Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:

‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado
a otra conclusión’.

Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.

2. Caso concreto

En primer lugar, la Subsección advierte que, aunque se cuestiona una decisión
dictada en un proceso de la misma naturaleza –tutela–, es procedente el estudio

Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5
Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
7

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

de fondo, dado que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la acción de
tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido
proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones
surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el
cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia”6 (se destaca).

La Subsección procede a verificar si la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo al proferir el auto de 28 de enero de 2022, en el que se señaló
(trascripción literal):

La señora Ana Delia Cortés de Rubiano, por intermedio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación.

El 6 de diciembre de 2021 este despacho emitió fallo de primera instancia, el
cual fue notificado el 11 de enero de 2022 por la Secretaría General del
Consejo de Estado al correo suministrado en el escrito de tutela
“ricardobuitragom@gmail.com” (ver Samai índice 37).

Inconforme con la anterior decisión, el 18 de enero de 2022 la parte actora
interpuso recurso de impugnación.

Así las cosas, al haberse notificado el fallo de primera instancia el 11 de enero
de 2022 el plazo para presentar la impugnación venció el 14 de enero de
2022, por lo tanto, al ser interpuesta el 18 de enero de esta anualidad el
escrito es considerado extemporáneo.

En consecuencia, recházase la impugnación presentada por la parte
demandante contra la sentencia de primera instancia proferida que declaró
improcedente la presente acción de tutela.

Según la señora Ana Delia Cortés de Rubiano, dicho defecto se habría
configurado porque se desatendió lo establecido en el artículo 8 del Decreto 806
de 20207, que consagra que “la notificación personal se entenderá realizada una
vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”, lo que implicaría
que presentó en tiempo la impugnación contra la sentencia de 6 de diciembre de
2021 -18 de enero de 2022-.

6
Sentencia T-286 de 2018.
7
“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la
atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica”.
8

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Esto, bajo el entendido de que la notificación de esa decisión se envió el 11 de
enero de 2022 y, según dicho decreto, debía entenderse que se surtió el 13 del
mismo mes y año y que los términos para presentar el recurso corrían a partir del
14 de enero de 2022.

La Corte Constitucional ha establecido que el “… defecto sustantivo parte del
‘reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e
independencia judicial, no es en ningún caso absoluta’8. En consecuencia este
defecto se materializa cuando ‘la decisión que toma el juez desborda el marco de
acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto’9”10 (negrilla del original).

Pues bien, se estima que no hay lugar a predicar un defecto sustantivo, habida
cuenta de que, como lo indicó esta Subsección en anterior oportunidad, “el
Decreto Legislativo 806 de 2020 no modificó el trámite de la impugnación de los
fallos de tutela”11 y, por ende, en estas acciones constitucionales se deben aplicar
las disposiciones contenidas en los artículos 30 y 31 del Decreto 2591 de 1991
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.

En ese mismo sentido, lo estableció la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado –con la participación de dos integrantes de esta Sala–, en fallo de tutela
del 11 de marzo de 2022, en el que se lee (trascripción literal):

… para analizar la segunda censura, es menester establecer la aplicación del
Decreto 806 de 2020 en el trámite de la acción de tutela. Así, el inciso 3 del
artículo 8 de tal cuerpo normativo reza: (…)

A partir de la lectura de la norma, se advierte que aquella regula lo relacionado
con las notificaciones personales, lo que no resulta aplicable en materia de
tutela por cuanto los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991,
norma especial que rige el trámite tuitivo, no prevé que la notificación de
las actuaciones procesales y de la sentencia deba hacerse
personalmente, en cambio, indica que esta será efectuada por el medio
más expedito, razón por la que, incluso antes de la expedición del

8
Original de la cita: “Ver sentencia SU-210 de 2017”.
9
Original de la cita: “Cfr. Sentencia T-156 de 2009. Ver también Sentencias T-008 de 1998 y C-984
de 1999”.
10
SU 632 -17.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez,
sentencia de 4 de diciembre de 2020, radicado número: 110010315000-2020-02994-01.
9

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Decreto 806, las notificaciones se han surtido a través de correo
electrónico, por ser este el medio más rápido y eficaz.

Aunado a lo anterior, se observa que tener en cuenta la ampliación del término
para impugnar la providencia implicaría una dilación en el trámite
constitucional, lo cual contravendría el propósito del Decreto 806, que fue
apresurar los procesos judiciales que resultaron afectados como consecuencia
de la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la
Judicatura a raíz de la emergencia generada por la pandemia del Covid-1912.
Ello sería una razón más por la que la norma antes citada no resultaría
ajustable a la acción tuitiva.

La anterior posición ha sido reafirmada por esta Corporación en los siguientes
términos:

‘[C]abe precisar que las medidas adoptadas en el referido decreto no son
aplicables al trámite de la acción de tutela, pues las mismas fueron establecidas
con el propósito de agilizar los procesos judiciales cuyos términos se
suspendieron con ocasión de los acuerdos expedidos por el Consejo Superior
de la Judicatura desde el 15 de marzo de 2020, disposición de la cual se
exceptuó el trámite, decisión y notificación de este mecanismo constitucional’13.

Lo precedente permite inferir que el citado artículo no resulta considerable en
materia de la acción de tutela y, por ello, se concluye que la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia no incurrió en el defecto procedimental absoluto
endilgado al proferir el auto del 13 de enero de 2021. En efecto, para arribar a
la conclusión ya conocida, se tuvo en cuenta que el fallo objeto del recurso fue
notificado por correo electrónico del 9 de diciembre de 2020, por lo que el
término de tres días para impugnar la decisión, previsto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991, empezó a correr a partir del 10 de diciembre de la
misma calenda y finalizó el 14 siguiente, mientras que el escrito de
impugnación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas fue presentado el
día 15 de diciembre, esto es, por fuera del término legal previsto para el
efecto14 (se destaca).

Lo anterior, a su vez, se reiteró en providencia de 22 de abril de 2022, en la que se
expuso15 (trascripción literal):

… el Despacho considera que lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de
202, respecto de las notificaciones personales, no resulta aplicable en materia
de acción de tutela, toda vez que, en criterio de esta Corporación, medidas
como la consistente en que la notificación personal se entienda realizada una
vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, «fueron
establecidas con el propósito de agilizar los procesos judiciales cuyos

12
Original de la cita: “Acuerdos PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020; PCSJA20-11518 del 16
de marzo de 2020, PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, PCSJA20-11526 del 22 de marzo de
2020, PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020,
PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020 y PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020”.
13
Original de la Cita: “Sección Quinta del Consejo de Estado. Auto del 29 de enero de 2021.
Radicado No. 11001-03-15-000-2020-03943-01; posición que ya había sido adoptada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 4 de diciembre de
2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-02994-01”.
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Nicolás Yepes Corrales, sentencia de
11 de marzo de 2022, radicación número: 11001-03-15-000-2021-01199-00.
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P: María Adriana Marín, auto de ponente
de 22 de abril de 2022, radicado número: 11001-03-15-000-2021-11329-00.
10

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

términos se suspendieron con ocasión de los acuerdos expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura desde el 15 de marzo de 2020, disposición
de la cual se exceptuó el trámite, decisión y notificación de este mecanismo
constitucional»16.

Así las cosas, a juicio de la Sala, el hecho de que se considerara que la
impugnación interpuesta por la señora Cortés de Rubiano contra el fallo de tutela
de 6 de diciembre de 2021 fue extemporánea por no presentarse dentro de los 3
días siguientes a la notificación de dicha decisión –11 de enero de 2022–, no
resulta irrazonable ni caprichoso, sino que obedeció a la aplicación de las normas
especiales dispuestas por el legislador para el trámite de la impugnación en
materia de acciones de tutela -Decreto 2591 de 1991-.

Conviene mencionar que el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiera
analizado e interpretado de manera diferente a como se plantea en la demanda de
tutela, no autoriza la intervención del juez de tutela, pues como se indicó, para ello
se hace necesario que se evidencie la configuración de una grosera e irrazonable
interpretación de la norma, lo que no se evidencia en el caso bajo estudio.

En otras palabras, a pesar de que la decisión no se dictó en los términos
pretendidos por la señora Ana Delia Cortés Rubiano, no se puede predicar que la
labor de la autoridad judicial accionada fue contraria a derecho y menos aun
cuando se trata de una providencia dictada por una alta corte, en la que, tal como
lo estableció la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 2017, debe existir “la
configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención
del juez constitucional”.

En ese contexto, al no encontrarse configurado el defecto sustantivo alegado por
la parte actora, la Sala negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

16
Original de la cita: “Ver, entre otras providencias, (i) el auto del 29 de enero de 2021, dictado en
el proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-03943-01 (AC), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
y (ii) la sentencia del 11 de marzo de 2022, proferida en el proceso con radicado
11001-03-15-000-2021-01199-00, M.P. Nicolás Yepes Corrales”.
11

Radicación número: 110010315000202201698 00
Accionante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Ana Delia Cortés de
Rubiano, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.