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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01706-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01706-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Número único de radicación: 110010315 000 2022 01706 01 Actora: UNIÓN TEMPORAL URBE CAPITAL SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01706-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01706-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: UNIÓN TEMPORAL URBE CAPITAL

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS
DEFECTOS ALEGADOS. LA PROVIDENCIA CUESTIONADA ESTÁ
DEBIDAMENTE MOTIVADA CON FUNDAMENTO EN LA
NORMATIVIDAD Y LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
APLICABLES AL CASO CONCRETO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora

contra la sentencia de 22 de abril de 2022, mediante la cual la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1, denegó el amparo solicitado.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 110010315 000 2022 01706 01
Actora: UNIÓN TEMPORAL URBE CAPITAL

La UNIÓN TEMPORAL URBE CAPITAL, integrada por las

sociedades INDECON S.A. y CARLOS A. OLANO & CÍA

INGENIEROS LTDA., actuando a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicita la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales consideró vulnerados por la SECCIÓN TERCERA

-SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2, al proferir la

providencia de 27 de agosto de 2021, dentro del medio de control de

controversias contractuales identificado con el número único de

radicación 25000-2336-000-2016-01344-02.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 2 de octubre de 2007, suscribió con la sociedad

FIDUCIARÍA DE BOGOTÁ S.A., como vocera del FIDEICOMISO

SAN VICTORINO, el contrato de gerencia del proyecto denominado

“Renovación Urbana San Victorino Centro Comercial Cielos Abiertos

y Centro de logística manzana 3 10-22 (Centro Internacional de

Comercio Popular de Bogotá)”.

2
En adelante la Sección Tercera.

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Número único de radicación: 110010315 000 2022 01706 01
Actora: UNIÓN TEMPORAL URBE CAPITAL

Señaló que el 13 de julio de 2011, la junta del FIDEICOMISO SAN

VICTORINO le notificó la terminación unilateral del contrato de

gerencia celebrado, sin efectuarse la liquidación y el pago de las

sumas invertidas en el proyecto.

Manifestó que el 10 de octubre de 2013, promovió acción de

reparación directa contra la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

DE BOGOTÁ -ERU-, identificada con el número único de radicación

25000-2336-000-2013-01755-00, cuyas pretensiones consistieron

en obtener el reconocimiento y pago de las acreencias dejadas de

percibir en virtud de la terminación unilateral del contrato de

gerencia.

Sostuvo que la actuación fue conocida por la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “A”- del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA3 que, mediante providencia de 11 de diciembre

de 2013, admitió la demanda y ordenó el traslado a las partes

demandadas.

Señaló que el 22 de julio de 2014, se llevó a cabo la audiencia inicial

en la que no se declararon probadas las excepciones propuestas por

3
En adelante el Tribunal.

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Actora: UNIÓN TEMPORAL URBE CAPITAL

la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ -ERU-,

decisión que fue objeto de recurso ante el superior.

Aseveró que el recurso de apelación fue resuelto por la SECCIÓN

TERCERA que, mediante providencia de 15 de abril de 2015, declaró

la existencia de una cláusula compromisoria y, ordenó la remisión del

expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de

Comercio de Bogotá.

Manifestó que el 15 de junio de 2016, el Tribunal Arbitral declaró el

cese de sus funciones por la falta de pago de los honorarios a cargo

de las partes.

Aseguró que el 5 de julio de 2016, acudió ante el TRIBUNAL

promoviendo nuevamente medio de control de reparación directa

contra la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ -

ERU-, actuación que fue identificada con el número único de

radicación 25000-2336-000-2016-01344-00.

Indicó que mediante auto de 8 de noviembre de 2016, el TRIBUNAL

rechazó la demanda, decisión que fue objeto de recurso ante la

SECCIÓN TERCERA que, mediante providencia de 8 de agosto de

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2018, revocó el proveído y, en su lugar, ordenó determinar el trámite

que debía dársele al proceso.

Aseguró que el TRIBUNAL a través de auto de 19 de diciembre de

2018, inadmitió la demanda ordenando adecuar las pretensiones al

medio de control de controversias contractuales, orden que fue

atendida a través del escrito de reforma de 24 de enero de 2019.

Mencionó que el TRIBUNAL mediante auto de 26 de abril de 2019

admitió la demanda y ordenó el traslado a las partes demandadas, y

una vez allegadas las contestaciones de las demanda, mediante

providencia de 3 de diciembre de 2020, declaró probada la excepción

de caducidad al considerar que el lapso para presentar la demanda

caducó, en tanto no se suspendió el término de caducidad durante el

proceso de arbitramento.

Indicó que la anterior decisión fue apelada ante la SECCIÓN

TERCERA que, mediante providencia de 27 de agosto de 2021,

confirmó el auto proferido por el a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

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Actora: UNIÓN TEMPORAL URBE CAPITAL

Señaló que la providencia emitida por la SECCIÓN TERCERA

incurrió en defecto material o sustantivo por indebida

interpretación de las normas jurídicas que rigen la declaratoria de la

caducidad, al tomar una determinación desproporcionada e irracional

conforme los hechos del caso.

Indicó que se desconocieron las circunstancias procesales y se omitió

que la controversia fue puesta en conocimiento de los jueces desde

el año 2013 y, a pesar de que se han surtido varias etapas, se le ha

impedido acceder a la administración de justicia, impidiéndole así

obtener una decisión de fondo y privándolos del derecho de acción.

Asimismo, manifestó que la decisión objetada fue proferida con

desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto la

sentencia en la que se fundó la decisión que declaró probada la

excepción de caducidad, no es aplicable en el caso concreto.

Consideró que la situación fáctica planteada en la sentencia de 8 de

mayo de 2019 es distinta a la que rodea la presente controversia,

dado que la demanda fue presentada el 10 de octubre de 2013,

cuando no había caducado la acción y, con ocasión al trámite de un

recurso de apelación, el superior jerárquico ordenó remitir el

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expediente al Tribunal Arbitral, actuación que se llevó a cabo con

posterioridad a la radicación de la demanda, por lo que consideró que

la demanda si fue radicada en tiempo.

Señaló que la declaratoria de caducidad fue desproporcionada, por

cuanto acudió en tiempo ante la justicia y por el medio de control

que consideró viable, por lo tanto solicitó la intervención del juez

constitucional a fin de que se le protejan sus derechos fundamentales

y se le brinde una solución definitiva a la controversia.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] 1. Que se DECLARE que el Consejo de Estado VULNERÓ los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL.

2. En virtud de lo anterior, SE DEJE SIN EFECTOS el auto
proferido el 27 de agosto de 2021 por el Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección A.

3. Se ORDENE al Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
A emitir una nueva decisión no vulneratoria de los derechos de
mis clientes y ajustada a los parámetros constitucionales
expuestos en este documento […]”.

I.5.- Defensa

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I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA indicó que la acción de tutela resulta

improcedente, toda vez que la parte actora pretende una nueva

revisión de la controversia convirtiendo el mecanismo constitucional

en una tercera instancia.

Señaló que si bien la actora presentó una demanda en el año 2013,

dicha actuación se dio por terminada al prosperar la excepción de

cláusula compromisoria según lo previsto en el inciso 4 del numeral

2 del artículo 101 del CGP.

Mencionó que la demanda radicada en el año 2016 no podría

considerarse como una continuación del proceso radicado en el año

2013 sino que se trataba de una nueva demanda, por cuanto no eran

aplicables los eventos de interrupción del término de caducidad

conforme lo determina la ley y la jurisprudencia de esta Corporación.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO

DE BOGOTÁ D.C. manifestó que la acción de tutela es improcedente

al no cumplir con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la

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procedencia del mecanismo constitucional contra providencia

judicial.

Además, solicitó denegar el amparo constitucional al considerar que

la autoridad judicial no incurrió en el defecto sustantivo alegado,

pues, a su juicio, el análisis jurídico planteado en el auto cuestionado

fue sustentado en la jurisprudencia vigente y con el suficiente

sustento legal que llevó a confirmar la decisión apelada.

I.6.2.- La sociedad FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. solicitó su

desvinculación de la acción de tutela de la referencia, por cuanto los

derechos alegados como vulnerados no son consecuencia de una

acción u omisión atribuible a la entidad.

Asimismo, señaló que la acción de tutela resulta improcedente dada

la ausencia de las causales de procedencia del presente mecanismo

contra providencia judicial.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 22 de abril de 2022, la SECCIÓN SEGUNDA

denegó la solicitud de amparo.

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Para tal efecto, el a quo encontró probado que: i) la actora fue

notificada de la terminación unilateral del contrato de gerencia el 13

de julio de 2011; ii) el 5 de julio de 2013 solicitó la conciliación

prejudicial, esto es, cuando restaban 9 días para acudir de manera

oportuna a la jurisdicción contencioso administrativa; iii) la

conciliación fue declarada fallida el 2 de octubre de 2013 por lo que

la parte actora debió formular la demanda antes del día 11 de octubre

de 2013, no obstante, la demanda fue presentada hasta el 1o. de

julio de 2016, razón por la que se configuró la caducidad.

Aseveró que no era procedente tener como presentada en tiempo la

demanda, toda vez que si bien inicialmente presentó una demanda

el 10 de octubre de 2013, cuyas pretensiones fueron las mismas

que se formularon en la radicada por segunda vez el 1o. de julio de

2016, ambas controversias son disímiles, porque en la demanda

inicial no se demandó a la Fiduciaria Bogotá y, dicha actuación

culminó por la existencia de la cláusula compromisoria, excepción

previa con la que se dio por terminado el proceso en virtud del

numeral 2 del artículo 100 y el artículo 101 del CGP.

Asimismo, señaló que no eran de recibo los argumentos presentados

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por la actora, quien adujo que no era factible declarar probada la

excepción de caducidad por cuanto las diligencias arbitrales

suspendieron el término de caducidad.

El a quo manifestó que los artículos 20, 30 y 36 de la Ley 1563 de

2012, otorgan la posibilidad de acudir al juez contencioso

administrativo dentro de los 20 días siguientes i) al rechazo de la

demanda arbitral; ii) a la declaratoria de carencia de competencia

para conocer las pretensiones y; iii) cuando no se logra notificar a

alguna de las partes. No obstante, recalcó que la aludida norma no

establece que la omisión en el pago de los honorarios faculte a la

actora comparecer nuevamente a la jurisdicción, por lo tanto reiteró

que dicha circunstancia no tiene incidencia en la suspensión del

término de caducidad.

Finalmente, señaló que la providencia objetada no incurrió en los

defectos alegados pues la decisión no aplicó de manera arbitraria el

artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, sino que comporta una

interpretación que ajusta al ordenamiento jurídico y a los criterios

jurisprudenciales fijados por esta Corporación.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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La actora cuestionó la providencia de primera instancia, al considerar

que el juez constitucional desconoce el contexto del caso concreto,

pues, a su juicio, se omitió las diferentes actuaciones procesales que

han ejecutado con el propósito de defender sus derechos y reclamar

los perjuicios causados.

Precisó que la sentencia objetada avaló la decisión objetada al

estimar que caducó el término para presentar la demanda sin

considerar que la acción inicial que dio origen a la controversia fue

presentada en tiempo el 10 de octubre de 2013 y, a partir de esa

fecha, se ha seguido un mismo trámite procesal sin que se haya

resuelto de fondo la discusión.

Reiteró que la demanda fue presentada en tiempo, pues se surtió el

tramite arbitral a pesar que dicha instancia no era previsible y pese

a que dicha actuación fracasó acudió nuevamente a la justicia

contenciosa bajo las mismas pretensiones de la demanda inicial, por

lo que no era pertinente la declaratoria de caducidad, por cuanto en

la norma arbitral no existe una disposición que indique que la

terminación del proceso arbitral por el no pago de honorarios genere

la caducidad del medio de control.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

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La Sala advierte que la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., formuló

petición de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los

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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuó como parte

demandada dentro del medio de control de controversias

contractuales identificado con el número único de radicación 25000-

2336-000-2016-01344-02, objeto del presente estudio, la Sala

concluye que a la entidad, en calidad de tercera, le asiste interés en

la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la

que se denegará su solicitud de desvinculación, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En

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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 27 de agosto de 2021, proferida

por la SECCIÓN TERCERA dentro del proceso de controversias

contractuales identificado con el número único de radicación 25000-

2336-000-2016-01344-02.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, la SECCIÓN TERCERA

incurrió en defecto material o sustantivo por indebida

interpretación de las normas jurídicas que rigen la declaratoria de la

caducidad, desconociendo las circunstancias procesales y olvidando

que la controversia fue puesta en conocimiento de los jueces desde

el año 2013, pues a pesar de que se han surtido varias etapas

procesales, se le ha impedido acceder a la administración de justicia

y obtener una decisión de fondo.

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Asimismo, manifestó que la decisión objetada fue proferida con

desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto la

sentencia en la que se fundó la decisión que declaró probada la

excepción de caducidad, no es aplicable en el caso concreto.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que denegó el amparo constitucional, al

considerar que no era procedente tener como presentada en tiempo

la demanda que inicialmente instauró el 10 de octubre de 2013, pues

pese a que las pretensiones fueron las mismas que se formularon en

la demanda radicada por segunda vez el 1o. de julio de 2016, ambas

controversias son disimiles, porque en la demanda inicial no se

demandó a la Fiduciaria Bogotá y dicha actuación culminó por la

existencia de la cláusula compromisoria, excepción previa con la que

se dio por terminado el proceso en virtud de los artículos 100 y 101

del CGP.

Igualmente, señaló que los artículos 20, 30 y 36 de la Ley 1563 de

2012, señalan las circunstancias dentro del trámite arbitral que

permiten acudir al juez contencioso administrativo dentro de los 20

días siguientes para conservar los efectos derivados de la

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presentación de la demanda arbitral, no obstante, recalcó que la

aludida norma no establece que la omisión en el pago de los

honorarios faculte a la actora para comparecer nuevamente a la

jurisdicción y, por lo tanto, reiteró que dicha circunstancia no tiene

incidencia en la suspensión del término de caducidad.

La impugnación de la actora está encaminada a cuestionar los

argumentos del a quo, señalando que el juez constitucional

desconoció el contexto del caso concreto, pues a su juicio, se omitió

las diferentes actuaciones procesales que ha ejecutado con el

propósito de defender sus derechos y reclamar los perjuicios

causados.

Reiteró que la demanda fue presentada en tiempo y no era pertinente

la declaratoria de caducidad, por cuanto en la norma arbitral no

existe una disposición que indique que la terminación del proceso

arbitral por el no pago de honorarios genere la caducidad del medio

de control.

Por lo anterior, la Sala deberá determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

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tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

SECCIÓN TERCERA incurrió en el defecto alegado.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

endilgados y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra

la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se

estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión

(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo

256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo

razonable4 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos

que se estiman lesionados.

Ahora bien, verificado lo anterior la Sala hará mención del marco

jurídico de los defectos alegados, así como a las generalidades

relacionadas con la caducidad del medio de control de controversias

contractuales, para posteriormente analizar los reproches de la

actora en el caso concreto.

4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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Del defecto material o sustantivo

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017

señaló que:

[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta
inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”5;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la
interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables6; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”7
(Resaltado fuera de texto).

En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad8;
(b) es adaptada una disposición de forma contraevidente o contra
legem; (c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una
de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen9; (d) es
manifiestamente errada y desatiende los parámetros de juridicidad
y aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva10 o
contraria a la Constitución11; o (f) cuando dejan de aplicarse
normas constitucionales o legales pertinentes.

5
T-176 de 2015.
6
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
7
SU-770 de 2014.
8
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
9
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
10
T-018 de 2008.
11
T-086 de 2007.

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Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”12[…].

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto

sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)

efectúa una interpretación normativa fuera del rango de

razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,

c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los

intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,

injustificada e inconstitucional.

Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser

indudablemente arbitrario e incongruente respecto al

desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el

caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez

constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis

jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la

independencia para fallar, considerando las vías jurídicas

compatibles con las garantías fundamentales de las partes

12
SU-050 de 2017.

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intervinientes.

Del defecto por desconocimiento del precedente

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que una providencia

judicial adolece de defecto cuando la autoridad jurisdiccional se “[…]

aparta del precedente judicial – horizontal o vertical13 – sin

justificación suficiente […]” pues el precedente es de carácter

obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230 de la

Constitución Política, los jueces si bien tienen una autonomía

interpretativa e independencia para fallar deben hacerlo dentro de

los parámetros que les presenta la ley.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que solo es

procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y

cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) que se

haga una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente

13
Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha
diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es
el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el
Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que
no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados
de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional.
Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014

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aplicado a casos similares y (ii) que se expongan las razones

suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado

al asunto estudiado.

De la caducidad del medio de control de controversias

contractuales

El literal j) del numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,

modificada por la Ley 2080 de 2021, estableció la oportunidad para

presentar la demanda en el medio de control de controversias

contractuales, así:

“[…] Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La
demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de
dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan
de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará
así:

i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando
se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente
al de la terminación del contrato por cualquier causa;

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iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de
común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la
firma del acta;

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada
unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al
de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por
mutuo acuerdo o no se practique por la administración
unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses
contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro
(4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición
del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga […]”.

Así las cosas, por regla general cuando se trate de pretensiones

relativas contratos en los que se encuentre involucrada una entidad

estatal, el término para acudir al juez de lo contencioso

administrativo será de dos (2) años que se contarán a partir del día

siguiente a la ocurrencia de los fundamentos de hecho o de derecho

que les sirvan de fundamento.

En los demás eventos, el término de caducidad será de dos (2) años

el cual se computará de conformidad con las circunstancias de

ejecución, terminación y liquidación.

Caso concreto

Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,

se debe examinar lo decidido en providencia de 27 de agosto de

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2021 proferida por la SECCIÓN TERCERA, aquí cuestionada, en la

cual se indicó lo siguiente:

“[…] 3. Caso concreto

[…] Conviene precisar que en el sub judice se pretende que se
declare la responsabilidad de la ERU, como único miembro de la
junta del fideicomiso San Victorino, en la terminación unilateral
del contrato de gerencia y de los supuestos perjuicios que se les
habrían causado a los demandantes como consecuencia de esa
determinación.

Para la Sala resulta necesario establecer algunas precisiones en
los hechos que rodearon la controversia, por lo que del material
que obra en el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• La ERU celebró con la sociedad Fiduciaria Bogotá S.A. –en
adelante Fidubogotá- el contrato número 005 de 6 de febrero de
2007 de fiducia mercantil, cuyo objeto fue (transcripción literal).

• Para el desarrollo del proyecto, que consistía en un centro
comercial y un centro de servicios logísticos, se requería de un
gerente de proyecto, el cual sería una persona natural o jurídica,
un consorcio o unión temporal, seleccionado “por la Empresa de
Renovación Urbana y [que] suscribir[ía] el contrato de gerencia
con la FIDUCIARIA, a nombre de la presente Fiducia”.

Como consecuencia de lo anterior, la ERU, mediante concurso 001
de 2007, llevó a cabo el proceso de selección del gerente del
proyecto, que concluyó con la declaratoria de desierto, dado que
no se presentaron ofertas, por lo que adelantó un proceso de
contratación directa y adjudicó el contrato a la Unión Temporal
Urbe Capital, conformada por las sociedades Indecon S.A. y
Carlos A. Olano & Cía Ingenieros Ltda., con la que celebró el
contrato de gerencia, aprobado por la junta del fideicomiso.

• El 30 de julio de 2009 se suscribió un otrosí al contrato de
gerencia del proyecto y en el que se modificó, entre otros, el inciso
14 de la cláusula quinta, la cual quedó así (transcripción
literal):[…]

• El 7 de julio de 2011 se reunió la Junta del Fideicomiso37,
conformada para ese momento únicamente por dos funcionarios

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de la ERU, y en la que concluyó lo siguiente (transcripción literal):
[…]

• La anterior determinación le fue notificada a la Unión Temporal
Urbe Capital el 13 de julio de 2011, a través de oficio elaborado
por Fidubogotá, y en el que se indicó expresamente que, por las
instrucciones impartidas por la junta del fideicomiso, “nos
permitimos declarar la terminación del Contrato de Gerencia del
Proyecto de fecha dos (2) de Octubre de dos mil siete (2007) en
los términos establecidos en el literal B del mismo y en
consecuencia, la presente terminación no generará multa, pena o
indemnización alguna a favor de la Gerencia del Proyecto ni a
cargo del Patrimonio Autónomo”.

Como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de
gerencia, como se plasmó en los antecedentes de esta
providencia, la Unión Temporal Urbe Capital, por intermedio de
apoderado, presentó demanda el 10 de octubre de 2013; sin
embargo, esta Corporación, mediante auto de 15 de abril de
2015, declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y
competencia para conocer del asunto, ante la existencia de
cláusula compromisoria pactada en el contrato de gerencia, por lo
que otorgó un plazo de 45 días hábiles para que las partes
iniciaran el trámite de integración del tribunal de arbitramento.

Es así como el 2 de julio de 2015, el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá recibió las
diligencias y el tribunal de arbitramento designado, a través de
decisión del 15 de junio de 2016, declaró extinguidos los efectos
del pacto arbitral “estipulado en la cláusula décimo primera del
contrato de gerencia suscrito entre la Unión Temporal URBE y
Fidubogotá S.A.”, ante la evidencia de que las partes no
sufragaron los honorarios y los gastos fijados.

En escrito del 22 de junio de 2016, la apoderada de la Unión
Temporal Urbe Capital le solicitó al centro de arbitraje la entrega
del expediente, el cual fue puesto a su disposición el 29 de junio
de 2016.

Posteriormente, el 1º de julio de 2016, la Unión Temporal Urbe
Capital acudió nuevamente a esta jurisdicción y presentó, por
segunda vez, la demanda que dio origen al proceso 2013 01755,
es decir, allegó el mismo escrito inicial que en su oportunidad el
Consejo de Estado remitió al Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá, al asunto se le asignó el
radicado 25000 23 36 000 2016 01344 00 y le correspondió por
reparto al despacho del magistrado del Tribunal a quo que,
inicialmente, conoció del expediente 2013 01755.

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Así las cosas, considera importante la Sala, en este punto, aclarar
que la demanda radicada el 1º de julio de 2016, se debe
considerar como una nueva demanda y no como continuación del
proceso tramitado bajo el radicado 2013 01755, debido a que
dicho proceso, ante esta jurisdicción, terminó por haber
prosperado la excepción de cláusula compromisoria y, si bien la
parte demandante radicó dentro del término otorgado por el
Consejo de Estado la demanda arbitral (45 días hábiles), lo cierto
es que dicha presentación únicamente tenía el efecto legal de
entender radicada la demanda desde la fecha en que se acudió a
la jurisdicción contenciosa administrativa y, como consecuencia,
la interrupción desde ese día del término de prescripción y la
inoperancia de la caducidad, tal como lo establece el numeral 4º
del artículo 95 del Código General del Proceso.

Ahora, se estima prudente señalar que el recurrente pretende que
se le haga extensiva para el sub lite la interrupción del término
de prescripción e inoperancia de la caducidad que se originó en el
proceso 2013 01755, por el hecho de la extinción del pacto
arbitral, declarada por el tribunal de arbitramento en proveído de
15 de junio de 2016, cuya causa se originó por el no pago de los
honorarios y gastos fijados por ese tribunal, es decir, que se
entienda presentada la demanda desde el 10 de octubre de 2013,
aplicando la misma suspensión de términos por segunda vez.

Sobre esa circunstancia conviene señalar que los eventos de
interrupción o suspensión de la prescripción e inoperancia de la
caducidad deben estar contemplados expresamente en la ley,
dado que dichas figuras jurídicas constituyen aspectos de orden
público, garantías de seguridad jurídica y debido proceso, pues,
como se indicó en precedencia, frente a la caducidad, el artículo
164 del CPACA prevé el término en el que se debe ejercer el
derecho de acción y desde cuándo comienza a correr dicho
término, so pena de que una vez fenecido no se pueda ejercer el
medio de control, dada la naturaleza del fenómeno jurídico de la
caducidad, pues, como lo ha señalado de manera reiterada la
jurisprudencia de esta Sección, dicha figura procesal,

(…) se encuentra instituida para garantizar la seguridad
jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos
eventos en los que determinadas acciones judiciales no se
ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los
interesados les corresponde asumir la carga procesal
de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es
fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo, pierden

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la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer
efectivo su derecho (se destaca).

No pasa por alto la Sala que esta Subsección, en auto de 15 de
abril de 2015, aplicó el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en sentencia C-662 de 200449, y señaló un plazo
de 45 días para que las partes iniciaran el trámite de integración
del correspondiente Tribunal de Arbitramento, por lo que el
término de caducidad para el proceso 2013 01755 se encontraba
suspendido.

En concordancia con el criterio jurisprudencial, el CGP, aplicable
al presente asunto por la remisión normativa antes mencionada,
en su artículo 95, numeral 4, dispone que no se considerará
interrumpida la prescripción y operará la caducidad “Cuando el
proceso termine por haber prosperado la excepción de
compromiso o cláusula compromisoria, salvo que se promueva
el respectivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que dé por
terminado el proceso” (se destaca).

De igual forma, el Estatuto de Arbitraje -Ley 1563 de 2012-
contempla similar efecto jurídico únicamente en tres eventos a
saber: i) el inciso 5º del artículo 20, en caso de rechazo de la
demanda50; ii) el inciso 1º del artículo 30, cuando el tribunal
declare su falta de competencia, y iii) el inciso 2º del artículo 36,
por la no integración del contradictorio.

Es así como los artículos mencionados regulan de manera
armónica los escenarios en que, por una parte, se presenta la
demanda ante los jueces y prospera la excepción previa de
cláusula compromisoria o compromiso, y, por otra parte, se
demanda ante un tribunal arbitral y este encuentra configurado
uno de los tres eventos señalados.

En esos casos, “demandar nuevamente y dentro del dicho término
establecido en los mencionados estatutos da derecho a perpetuar
o mantener los efectos derivados de la presentación de la inicial
demanda”, es decir, la interrupción de la prescripción y la
inoperancia de la caducidad.

Sin embargo, la Sala considera que el sub examine no se
encuadra en ninguno de los supuestos normativos reseñados bajo
los cuales operaría la suspensión de la caducidad por el trámite
arbitral, o que el Estatuto Arbitral contemple dicho efecto jurídico
por el no pago de los honorarios y gastos del tribunal, debido a
que sobre este último aspecto en particular la jurisprudencia de
la Sección Tercera ha distinguido lo siguiente: […]

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Bajo ese entendido, la Sala, contrario a lo estimado por el Tribunal
a quo, debe reiterar que el presente proceso únicamente se puede
considerar como una nueva demanda y no como continuación del
proceso tramitado bajo el radicado 2013 01755, debido a que
dicho proceso ante esta jurisdicción terminó por haber prosperado
la excepción de cláusula compromisoria, según lo prevé el inciso
4 del numeral 2 del artículo 101 del CGP57, y que al dejar
extinguir los efectos de dicha cláusula, por el no pago de los
honorarios y gastos del tribunal arbitral, se debe entender como
si nunca se hubiesen presentado esas demandas y, como
consecuencia, no se suspendió el término de caducidad.

Por lo anterior, el término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales para el presente asunto se debe
contabilizar según lo contempla el literal j), numeral 2 del artículo
164 del CPACA y, en ese sentido, como la terminación unilateral
del contrato de gerencia es el fundamento de la litis, lo cual
ocurrió el 13 de julio de 2011, dicha circunstancia impone concluir
que el término de caducidad se debe empezar a contabilizar desde
el 14 de julio de 2011 -día siguiente a la notificación de la
terminación del contrato de gerencia-, de modo que el último
plazo para ejercer el derecho de acción, en término, feneció el 14
de julio de 2013; no obstante, dicho término se suspendió por
la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial el 5 de
julio de 2013, cuando el término de caducidad aún no había
fenecido -restaban diez (10) días-, pero se reanudó con la
expedición del acta que declaró fallida la conciliación -numeral 1,
del artículo 2 de la Ley 640 de 2001-58, el 4 de octubre de
201359, y como la demanda se radicó el 1º de julio de 2016, se
concluye que se presentó por fuera del plazo establecido en el
literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

En ese orden de ideas, la Sala confirmará el auto apelado por
medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A declaró probada la excepción de
caducidad en el presente asunto. […]” (Negrillas pertenecen al
texto)

De los apartes trascritos de la providencia acusada, la Sala observa

que como fundamento de la decisión cuestionada, la SECCIÓN

TERCERA elaboró un recuento de las circunstancias fácticas y

procesales que rodearon el asunto objeto de controversia, del cual

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encontró que no era factible considerar la suspensión de la

prescripción e inoperancia de la caducidad, pues de conformidad con

lo establecido en el estatuto de arbitraje- Ley 1563 de 2012 –, la

interrupción del término de caducidad opera únicamente en los

siguientes eventos: i) en caso de rechazo de la demanda- inciso 5º

del artículo 20-; ii) cuando el Tribunal declare su falta de

competencia- el inciso 1º del artículo 30-, y iii) por la no integración

del contradictorio- el inciso 2º del artículo 36-, circunstancias que le

permitirían acudir nuevamente ante la jurisdicción contenciosa

dentro de los 20 días hábiles siguientes, a fin de conservar los efectos

derivados de la presentación de la demanda, condiciones que no se

encontraron probadas dentro de la actuación procesal objeto de

estudio.

Así las cosas, la autoridad judicial concluyó que operó el fenómeno

jurídico de la caducidad al constatar que la nueva demanda fue

presentada el 1o. de julio de 2016, esto es, fuera del plazo

establecido en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del

C.P.A.C.A.

En ese sentido, para la Sala la interpretación normativa que

desarrolló la SECCIÓN TERCERA en el ejercicio de la autonomía

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interpretativa no fue arbitraria e incongruente con los lineamientos

establecidos en ordenamiento jurídico en el análisis del problema

jurídico planteado en el proceso ordinario.

Por lo tanto, la Sala no encuentra estructurado el defecto material

o sustantivo alegado por cuanto la decisión objeto de reproche fue

debidamente sustentada, y de conformidad con las normas

procesales aplicables al asunto, con las que se logró señalar que la

terminación del proceso arbitral al que se sometió previamente la

controversia, no se ajustó en ninguno de los tres supuestos que

establece la Ley 1563 de 2012, que le permitirían acudir nuevamente

ante la jurisdicción contenciosa, conservando los efectos de la

interrupción de la caducidad derivados de la presentación de la

demanda arbitral.

Asimismo, para la Sala no son de recibo los argumentos presentados

por la actora en el escrito de impugnación, pues de acuerdo con las

pruebas allegadas al plenario se logró evidenciar el incumplimiento

de sus obligaciones dentro del trámite arbitral, por lo que no puede

pretender remediar la inobservancia de sus deberes con la inserción

del presente mecanismo constitucional.

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Por otra parte, la Sala no evidencia el desconocimiento del

precedente alegado, por cuanto la decisión cuestionada fue

debidamente sustentada en los criterios adoptados por la Sección

Tercera de esta Corporación, en los que de manera reiterada se han

determinado los casos en los que se conservan los efectos de la

presentación de la demanda arbitral de conformidad con lo regulado

en Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y, además se ha

recalcado que la extinción de las funciones del Tribunal Arbitral por

el no pago de honorarios no hace extensiva la suspensión del término

de caducidad.

Al respecto, en providencia de 30 de septiembre de 2020, la Sección

Tercera de esta Corporación, precisó lo siguiente:

“[…] La Ley 1563 de 2012 no dispuso que el auto que concluye las
funciones del tribunal de arbitramento y extingue los efectos de la
cláusula compromisoria por no pagar los gastos y honorarios de los
árbitros (núm. 1, art. 35 de la Ley 1563 de 2012) conserva los
efectos derivados de la presentación de la demanda. De ahí que,
no sea posible -sin infringir la ley- hacer extensiva la suspensión
del término de caducidad en este evento […]”14.

Así las cosas, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no

incurrió en los defectos endilgados, toda vez que la providencia

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 30 de
septiembre de 2020, C.P. Guillermo Sánchez Luque, expediente identificado con el número único de
radicación. 2019-00187-01 (64541).

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cuestionada está debidamente motivada con fundamento en la

normatividad y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso

concreto, por lo que el hecho de que la actora no comparta la decisión

allí dispuesta, no implica la vulneración de los derechos

fundamentales, ni la ocurrencia de algunos de los defectos

específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial.

En ese orden de ideas, en la medida que la autoridad judicial

accionada no incurrió en los defectos alegados y no se evidenció

vulneración alguna a los derechos deprecados, la Sala confirmará la

decisión de primera instancia que denegó el amparo, como en efecto

lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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