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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01727-00

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01727-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado. 10 https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2300133330012013004450123 00123 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-01727-00 Demandante: NIMIA DEL CARMEN GARCÍA URANGO Segundo.- ÍNSTASE a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por intermedio de la dependencia encargada, para que proceda de manera inmediata a dar cumplimiento a la sentencia de 17 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que confirmó el fallo de 13 de noviembre de 2019, emanado del Juzgado Primero Oral del Circuito de Montería, en el marco de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 23001333300120130044500, incluyendo en nómina de pensionados a la señora Nimia del Carmen García Urango. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01727-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

30 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01727-00
Demandante: NIMIA DEL CARMEN GARCÍA URANGO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01727-00
Demandante: NIMIA DEL CARMEN GARCÍA URANGO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA QUINTA
DE DECISIÓN Y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES (COLPENSIONES)

Temas: Tutela contra autoridad judicial y contra entidad administrativa.
Acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de vejez
de manera transitoria. Carencia actual de objeto porque se
configuró un hecho superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Nimia del Carmen García Urbano, mediante apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión y la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en la que pide el
amparo constitucional de los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad
social, a la vida y al mínimo vital, que considera vulnerados con la falta de
reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que considera tiene derecho.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora manifestó que nació el 12 de agosto de 1948, por lo que actualmente
tiene 73 años. Agregó que laboró para el departamento de Córdoba desde el 1 de
febrero de 1990 hasta el 1 de febrero de 2003, cuando fue vinculada directamente
con el municipio de Montería como auxiliar de servicios generales en donde aún
se encuentra laborando.

Sostuvo que cuenta con un tiempo de servicios de 32 años, el cual corresponde a
11.520 días que equivalen a 1.645,71 semanas de cotización.

Indicó que “es una persona viuda, está muy enferma sufre de enfermedades de
base, hipertensión arterial, y artrosis en sus rodillas, vive sola, tiene un estado de
necesidad precario, cumple con la edad y tiempo de servicios, requisitos para
pensionarse, es afiliada del antiguo I.S.S. hoy Colpensiones en el régimen de
prima media”.

Aseguró que ha presentado varias solicitudes a Colpensiones con el fin de obtener
el reconocimiento de su pensión de vejez sin obtener respuesta favorable. Por lo
anterior, el 30 de agosto de 2013 promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en su contra con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto o
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01727-00
Demandante: NIMIA DEL CARMEN GARCÍA URANGO

presunto que deviene del silencio administrativo negativo a la petición de 1 de
marzo de 2013, mediante la cual se negó el derecho pensional de la actora (exp.
No. 23001333300120130044500).

Indicó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Oral del
Circuito de Montería, que por sentencia de 13 de noviembre de 2019, resolvió
acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó a
Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la demandante en
un monto equivalente al 75% del promedio de los salarios o rentas devengados y
sobre los cuales se haya cotizado durante los últimos diez (10) años de servicio
con el respectivo ajuste de valor sobre las sumas que eventualmente resulten a su
favor según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Adujo que la decisión fue apelada por la entidad demandada por lo que el proceso
se encuentra actualmente en el Tribunal Administrativo de Córdoba pendiente de
que se profiera la sentencia de segunda instancia.

Afirmó que mediante Decreto 0735 de 2019, el municipio de Montería ordenó su
retiro por tener más de 71 años de edad, no obstante, mediante Decreto 0847 de
2019 se le amplió el plazo para permanecer en el cargo hasta el 12 de diciembre
de 2019.

Advirtió que ante tal situación y al necesitar el salario para proveer su
subsistencia, presentó acción de tutela contra la Secretaría de Educación
Municipal de Montería, Departamental de Córdoba y Colpensiones, en la que se
ordenó la suspensión de los efectos de los Decreto 0735 y 0847 de 2019, hasta
tanto sea incluida en nómina, situación que se torna difícil ya que por su edad y
sus padecimientos de salud no debería seguir trabajando.

Por último, manifestó que por cuenta de la tardanza en la resolución del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho “que lleva más de 9 años [y] ha sido
INEFICAZ y no IDÓNEO”, interpuso una nueva solicitud de reconocimiento
pensional de 11 de noviembre de 2021 ante Colpensiones, la cual fue resuelta
mediante Resolución No. SUB-11463 de 18 de enero de 2022, en el sentido de
abstenerse de resolver de fondo la solicitud prestacional por carecer de
competencia ya que existe un proceso judicial en curso en el que se discute la
prestación pensional de la accionante. La actora interpuso recurso de reposición y
en subsidio de apelación contra dicha resolución, los cuales no han sido decididos
por la entidad pensional.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora interpuso acción de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la vida y al mínimo
vital, los cuales considera vulnerados con la tardanza en el reconocimiento y pago
de su pensión de vejez. Por lo anterior, pidió al juez constitucional que se ordene a
Colpensiones que reconozca su pensión de vejez a partir de la fecha de retiro
como empleada del municipio de Montería, resolviendo de fondo la solicitud de 11
de noviembre de 2021, así como los recursos de reposición y de apelación
interpuestos contra la Resolución No. SUB-11463 de 18 de enero de 2022.

Manifestó que está en desacuerdo con la decisión proferida mediante Resolución
No. SUB-11463 de 18 de enero de 2022, en la que Colpensiones declaró su falta
de competencia para pronunciarse de fondo frente a la nueva solicitud pensional
por existir un proceso judicial en curso, a pesar de reconocer que acreditó un total
de 1.315 semanas de cotización, que cuenta con 73 años de edad y, que, por
tanto, cumple con los requisitos para ser pensionada bajo cualquier normatividad
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Demandante: NIMIA DEL CARMEN GARCÍA URANGO

vigente: Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988, Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 o
Decreto 758 de 1990.

Refirió que la entidad demandada como recaudadora y administradora de sus
aportes pensionales tiene la obligación constitucional de reconocer su pensión de
vejez, independientemente de la existencia o no de un proceso judicial.

Adujo que el mencionado acto administrativo le causa un perjuicio irremediable,
pues a pesar de tener derecho a la pensión de vejez se ve obligada a continuar
trabajando como auxiliar de servicios generales en la Institución Educativa Isabel
La Católica del municipio de Montería dado que no cuenta con otros medios para
proveer su subsistencia, lo que afecta gravemente su salud, pues es “un adulto
mayor, es viuda, está enferma, sufre de enfermedades de base, hipertensión
arterial y artrosis en sus rodillas”. A lo que agregó que su riesgo se incrementa
dada que durante el desempeño de sus labores podría contagiarse de COVID-19.

Por lo anterior, sostuvo que al ser un sujeto de especial protección constitucional
la acción de tutela es “el medio más eficaz para la protección inmediata de sus
derechos fundamentales constitucionales, mediante un procedimiento ágil residual
y preferente, derechos a tener una pensión digna después de haber cumplido con
los requisitos de edad 73 años y semanas cotizadas 1.315, exigidos por la ley
colombiana lo que constituye un hecho cierto, indiscutible y probado de derechos
adquiridos, lo que hace procedente excepcionalmente la acción de tutela, ya que
la vía ordinaria no le garantiza ni asegura una respuesta idónea y eficaz de cara a
las circunstancias en que se encuentra”.

A lo que agregó que si bien se encuentra en curso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que interpuso con el fin de obtener el reconocimiento
pensional, han trascurrido más de nueve años (9) años desde que se interpuso la
demanda, sin que a la fecha se haya proferido la sentencia definitiva, pues el
proceso se encuentra actualmente en el Tribunal Administrativo de Córdoba
pendiente de la emisión del fallo de segunda instancia, razón por la cual, aseguró,
dicho mecanismo judicial no resulta idóneo ni eficaz para la defensa de sus
derechos fundamentales.

En este orden de ideas, refirió que la acción de tutela cumple con el requisito de la
subsidiariedad porque se configura un perjuicio irremediable cuya inminencia es
evidente, pues pone en riesgo su vida y salud. Agregó que al ejercer este
mecanismo constitucional no pretende desconocer los recursos ordinarios o
extraordinarios de defensa, ni a los jueces contencioso administrativos
competentes para resolver el asunto, sino por el contrario, obtener la protección de
sus derechos fundamentales teniendo en cuenta que no goza de las condiciones
mínimas para seguir trabajando, “se encuentra cansada y que lo que quiere es
estar en su casa descansando, disfrutando de su pensión de vejez”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela la actora formuló las siguientes peticiones:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de La señora NIMIA DEL
CARMEN GARCIA URANGO, identificada con la cedula de ciudadanía No.
22.390.425, entre ellos el DERECHO AL TRABAJO, en conexidad con el
derecho a la SEGURIDAD SOCIAL Y LA VIDA, vulnerados por la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, Nit
No. 9003360047.

SEGUNDO: Ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES - COLPENSIONES, Nit No. 9003360047, que en un término de
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Demandante: NIMIA DEL CARMEN GARCÍA URANGO

48 horas reconozca mi pensión de vejez, a partir de la fecha de retiro como
empleada del MUNICIPIO DE MONTERÍA, en el cargo de AUXILIAR DE
SERVICIOS GENERALES, de la INSTITUCION EDUCATIVA - ISABEL LA
CATOLICA de Montería.

TERCERO: Enviar copia de dicho acto administrativo al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CORDOBA, Magistrado Ponente el Dr. EDUARDO
TORRALVO NEGRETE, radicado 23-001-33-33-001-2013-00445-01, para lo
de su competencia.

CUARTO: Ordenar a COLPENSIONES, resolver de fondo la solicitud de
pensión de vejez de la accionante de fecha 11 de noviembre de 2021,
radicado bajo el número 2021_13531064, y contestado con la Resolución
SUB-11463 del 18 de enero de 2022, retomando la competencia para ello”.

4. Pruebas relevantes

Con la acción de tutela la accionante allegó los siguientes documentos:

• Copia de la historia clínica de fecha 12 de enero de 2022, emitida por la
Nueva EPS en donde se indican antecedentes de hipertensión, así como
una atención médica por “dolor en el tórax derecho posterior a caída de su
altura”.
• Copia de la Resolución No. SUB-11463 de 18 de enero de 2022, proferida
por la Subdirectora de Determinación IX de Colpensiones, en la que se
resolvió “declarar pérdida de competencia para decidir sobre la petición de
reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por la señora GARCIA
URANGO NIMIA DEL CARMEN”, teniendo en cuenta que se encuentra en
curso un proceso judicial en el que aún no obra sentencia debidamente
ejecutoriada.
• Copia del recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado
contra la Resolución No. SUB-11463 de 18 de enero de 2022.
• Copia de la petición de prelación de fallo radicada el 31 de enero de 2022,
ante el Tribunal Administrativo de Córdoba en el marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No.
23001333300120130044501.

Además de lo anterior, el Secretario General del Tribunal Administrativo de
Córdoba mediante correo electrónico de 31 de marzo de 2022, allegó copia digital
del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
23001333300120130044501, demandante: Nimia del Carmen García Urango.

5. Trámite procesal

Por auto de 23 de marzo de 2022, la Magistrada Sustanciadora admitió la
demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial y entidad demandada, así como
al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Montería, a quienes se les
remitió copia de la solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
38094 a 38098 de 30 de marzo de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión1.

1 Las partes demandante y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:

lverbelhernandez@yahoo.es; garciaantonio1984@hotmail.com; notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; jadmin01mtr@notificacionesrj.gov.co;
adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co; tadmin02crb@notificacionesrj.gov.co;
sgtadmincrb@notificacionesrj.gov.co; sgtadmincrb@cendoj.ramajudicial.gov.co;
setradmon@cendoj.ramajudicial.gov.co; des03tacrb@cendoj.ramajudicial.gov.co;
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6. Oposición

6.1. Respuesta de Colpensiones

Mediante escritos recibidos por correo electrónico el 31 de marzo, el 1, 2 y 6 de
abril de 2022, la Directora (A) de la Dirección de Acciones Constitucionales pidió
que se niegue la solicitud de amparo, al considerar que las pretensiones
formuladas por la actora son improcedentes.

Indicó que el 18 de enero de 2022 expidió la Resolución No. SUB-11463, en la
que resolvió la solicitud de reconocimiento pensional elevada por la actora el 11 de
noviembre de 2021 (rad. No. 2021_13531064), en el sentido de declarar la falta de
competencia para decidir de fondo como quiera que se encuentra en curso un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la demandante con
el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de vejez.

Manifestó que dicho acto administrativo se sustentó en la aplicación del Concepto
de 5 de mayo de 2015, proferido por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría
General, según el cual Colpensiones pierde o carece de competencia para
resolver las solicitudes prestacionales respecto de las cuales los afiliados o
pensionados han instaurado procesos judiciales ante la Jurisdicción Ordinaria o
Contenciosa Administrativa desde la notificación del auto admisorio de la
respectiva demanda.

Así mismo, señaló que la decisión de declarar la falta de competencia para
conocer el asunto fue confirmada mediante las Resoluciones No. SUB-75508 de
16 de marzo de 2022 y No. DPE 3740 de 31 de marzo de 2022, las cuales se
notificaron por correo electrónico a la actora el 16 de marzo y el 5 de abril de la
presente anualidad, por lo que consideró que la petición elevada por la actora fue
debidamente atendida a pesar de que no se haya decidido de forma favorable a
sus intereses.

Aseguró que la solicitud de amparo que promueve el accionante no es procedente
desde el punto de vista formal por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, en
la medida en que en la actualidad se encuentra en curso un proceso en el que la
pretensión tiene el mismo fin que la acción de tutela, circunstancia que conlleva la
desnaturalización de este mecanismo de protección subsidiario y residual de los
derechos fundamentales que no puede ser propuesto de manera paralela a los
procedimientos ordinarios, pues ello conllevaría el desconocimiento del artículo 86
superior. A lo que agregó que en caso de decidir de fondo las pretensiones del
accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su
autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la
medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de
un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno.

Por último, en lo que hace relación con la posible vulneración del derecho
fundamental de petición pidió que se declare la carencia actual por hecho
superado, teniendo en cuenta que tanto la petición de 11 de noviembre de 2021,
como los recursos interpuestos contra la Resolución No. SUB-11463 de 18 de
enero de 2022, fueron debidamente resueltos.

6.3. Respuesta del Tribunal Administrativo de Córdoba

A través de escrito de 10 de junio de 2022, el magistrado a cargo del proceso puso
de presente las actuaciones surtidas en ese trámite judicial, y por correo
electrónico allegado días después se remitió el archivo digital de la sentencia de
segunda instancia proferida en el marco del medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho que promovió la demandante, en la que se confirmó
la decisión que accedió al reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

6.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Montería, a pesar de
que fue debidamente notificado del auto admisorio de la demanda de tutela,
guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala debe determinar si Colpensiones vulneró los derechos fundamentales de
la accionante al no emitir respuesta de fondo a la petición de reconocimiento de la
pensión de vejez radicada por la actora el 11 de noviembre de 2021, ni resolver
los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la Resolución No.
SUB-11463 de 18 de enero de 2022. Así mismo, si el Tribunal Administrativo de
Córdoba incurrió en mora judicial injustificada en la resolución de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la parte actora, que cursa en
ese despacho judicial en segunda instancia.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
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si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20152:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela"3. (Negrilla por fuera del texto)

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos4, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

Ahora bien, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional acogida por esta Sala,
ha precisado que “es improcedente como mecanismo principal para proteger
derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados o vulnerados
con ocasión de la expedición de actos administrativos”5, toda vez que para
controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la
jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer
el derecho conculcado6.

No obstante, la Corte Constitucional ha admitido que en los casos en que se
acredite un perjuicio irremediable7, o que el mecanismo de defensa judicial
ordinario no goza de la idoneidad requerida8, se habilita al juez constitucional para

2 Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
5 Sentencias T-514 de 2003, T-435 de 2005 y T-368 de 2008.
6 En sentencia T-629 de 2008, la Corte Constitucional, al referirse a la improcedencia general de la acción de

tutela como mecanismo para impugnar o controvertir los actos administrativos, sostuvo que “ciertamente, el
interés que tiene la Corte en preservar el carácter subsidiario y residual de la tutela radica fundamentalmente
en el respeto o independencia que tienen las diferentes jurisdicciones y la competencia exclusiva que éstas
mismas tienen para resolver los conflictos propios de sus materias, en un claro afán de evitar la paulatina
desarticulación de su organismos y de asegurar el principio de seguridad jurídica”.
7 Sentencia SU-394 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8 Ibíd.

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estudiar el acto administrativo y suspender su aplicación con el fin de restablecer
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El asunto bajo examen

La señora Nimia del Carmen García Urango interpuso acción de tutela con el fin
de que se ordene a Colpensiones que reconozca su pensión a partir de la fecha
de retiro como empleada del municipio de Montería, resolviendo de fondo la
solicitud de 11 de noviembre de 2021, así como los recursos de reposición y de
apelación interpuestos contra la Resolución No. SUB-11463 de 18 de enero de
2022.

Lo anterior, al considerar que aun cuando la entidad emitió la Resolución No.
SUB-11463 de 18 de enero de 2022 para dar respuesta a la solicitud, la misma no
fue resuelta de fondo pues declaró que no tenía competencia para pronunciarse
por existir un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en curso. Aseguró
que la entidad pensional al ser la encargada de la recaudación y administración de
sus aportes pensionales estaba en la obligación de estudiar la solicitud y no
declararse sin competencia para ello.

A lo que agregó que el proceso que se encuentra en curso no es idóneo ni eficaz
para la protección de sus intereses pues han transcurrido más de nueve (9) años
de la interposición de la demanda, sin que a la fecha de presentación de la acción
de tutela se ha proferido sentencia de segunda instancia.

4.2. Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de Colpensiones

En el asunto bajo examen, la Sala observa que el 11 de noviembre de 2021 la
señora Nimia del Carmen García Urango presentó solicitud ante Colpensiones con
el fin de que se le reconociera y pagara la pensión de vejez, la cual fue radicada
bajo el No. 2021_13531064.

La petición fue resuelta por la entidad pensional mediante la Resolución No.
SUB11463 de 18 de enero de 2022, en los siguientes términos:

“Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 9.209 día laborado,
correspondientes a 1.315 semanas.

Que nació el 12 de agosto de 1948 y actualmente cuenta con 73 años de edad.

Que verificado el expediente administrativo obran radicados donde se verifica
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora GARCIA
URANGO NIMIA DEL CARMEN, identificada con cédula de ciudadanía número
22.390.425 en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES, con radicado número 23001333300120130044500 la cual cursa en
el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE MONTERÍA.

Teniendo en cuenta que, existe un proceso judicial en curso se dará aplicación al
CONCEPTO DEL 05 DE MAYO DE 2015 expedida por la Vicepresidencia Jurídica y
Secretaria General bajo radicado 2015_3939181, en el cual se indica la procedencia
de resolver las solicitudes prestacionales respecto de las cuales se hayan iniciado
procesos judiciales, señalando lo siguiente:

"Cuando se evidencie al momento de resolver una solicitud de prestación económica
que el afiliado y/o pensionado instauró un proceso judicial ante la Jurisdicción
Ordinaria o Contenciosa Administrativa y exista identidad total o parcial de
pretensiones con las del trámite administrativo adelantado ante Colpensiones, habrá

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Demandante: NIMIA DEL CARMEN GARCÍA URANGO

lugar a declarar la falta de competencia para resolver cuando se constate el
surtimiento de la audiencia de conciliación obligatoria prevista en los artículos 180 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través
de la consulta de los aplicativos habilitados para el caso, en los términos estipulados
en la Circular Interna 11 de 23 de julio de 2014.

Ahora bien, en los casos en los cuales no se haya surtido la audiencia de conciliación
obligatoria prevista en ambas jurisdicciones, resulta procedente resolver la solicitud de
prestación económica, dentro de lo que haya lugar a reconocer, de tal forma que el
proceso continuará con las pretensiones que no sea procedente conceder en sede
administrativa.

De igual manera deberá actuarse, cuando pese a la existencia del proceso judicial y al
surtimiento de la audiencia obligatoria de conciliación, la Vicepresidencia Jurídica y
Secretaría General, a través del Comité de Conciliación solicite resolver la solicitud
prestacional, con la finalidad de dar por terminado total o parcialmente el respectivo
proceso Judicial.

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones pierde o carece de
competencia para resolver las solicitudes prestacionales respecto de las cuales los
afiliados o pensionados han instaurado procesos judiciales ante la Jurisdicción
Ordinaria o la Contenciosa Administrativa desde la notificación del auto admisorio de
la respectiva demanda”.

Teniendo en cuenta que se encuentra en curso proceso judicial sin que obre sentencia
debidamente ejecutoriada, se procede a declarar la pérdida de competencia para
decidir la petición de reconocimiento de petición de invalidez.

Por lo tanto, se declara la pérdida de competencia para resolver la petición de
reconocimiento de la pensión de vejez por cuanto se encuentra en curso proceso
judicial interpuesto por la señora GARCIA URANGO NIMIA DEL CARMEN, de
conformidad con los motivos expuestos en la presente Resolución.

Reconocer personería al Doctor VERBEL HERNANDEZ LUIS RAMON, identificado
con la cedula de ciudadanía número 15.590.282 y con T.P. número 91715 del Consejo
Superior de la Judicatura.

Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de competencia para decidir sobre la
petición de reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por la señora GARCIA
URANGO NIMIA DEL CARMEN, ya identificada, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese al Doctor VERBEL HERNANDEZ LUIS RAMÓN
haciéndole saber que, en caso de inconformidad contra la presente resolución, puede
interponer por escrito los recursos de Reposición y/o de Apelación. De estos recursos
podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación,
manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

La señora Nimia del Carmen García, mediante apoderado, interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación contra el referido acto administrativo, bajo el
argumento de que contrario a lo indicado en el Concepto de 5 de mayo de 2015
que se cita en la resolución, no hay en el ordenamiento jurídico norma alguna que
prohíba expresamente a Colpensiones reconocer el derecho pensional por existir
un proceso judicial en curso. Además, sostuvo que de no efectuarse el
reconocimiento se estaría haciendo más onerosa la situación para la entidad, pues
es claro que la accionante ya cuenta con los requisitos para acceder a la
prestación pensional.

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Con el informe de respuesta allegado durante el trámite de tutela por
Colpensiones, se aportaron las Resoluciones No. SUB-75508 de 16 de marzo de
2022 y No. DPE 3740 de 31 de marzo de 2022, mediante las cuales se
resolvieron, en su orden, los recursos de reposición y de apelación interpuestos
por la actora, contra la Resolución No. SU-11463 de 18 de enero de 2022.

La Resolución No. SUB- 755208 de 16 de marzo de 2022, resolvió “confirmar en
todas y cada una de las partes la Resolución recurrida SUB 11463 de 18 de enero
de 2022”, insistiendo ante la existencia de un proceso judicial en curso en el que
se discute la pensión de vejez de la actora la entidad perdía competencia para
pronunciarse de fondo sobre el asunto.

En la Resolución No. DPE 3740 de marzo de 2022, luego de citar el concepto No.
BZ_2015_3939181 de 5 de mayo de 2015, proferido por la Gerencia Nacional de
Doctrina de la entidad, hoy Oficina de Asuntos Legales, se confirmó la decisión
objeto de apelación teniendo en cuenta que “esta Administradora ha perdido
competencia para decidir de fondo el asunto, dado que actualmente se está
surtiendo el trámite de apelación en segunda instancia del proceso”, en el que se
discuten las mismas pretensiones planteadas en la solicitud de reconocimiento de
la pensión de vejez, pues incluso se invoca la misma Ley 33 de 1985 en cuanto a
los requisitos de edad y tiempo de servicio.

Las mencionadas resoluciones fueron notificadas a la actora mediante correo
electrónico de 16 de marzo de 2022 y 5 de abril de 2022, como se observa en las
siguientes constancias de notificación:

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De acuerdo con lo anterior, se observa que la solicitud de reconocimiento
pensional formulada por la actora el 11 de noviembre de 2022, fue resuelta por
Colpensiones, aun cuando no hubiera sido favorable a sus intereses, lo cierto es
que se le indicó que no era posible acceder a lo solicitado por carecer de
competencia para ello, dada la existencia de un proceso judicial en curso en
donde se discutían las mismas pretensiones.

Además, en el transcurso del trámite de tutela se resolvieron los recursos de
reposición y de apelación presentados por la actora contra la Resolución No. SUB-
11463 de 18 de enero de 2022, por lo que para la Sala se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado por lo que cualquier pronunciamiento en
torno a la decisión de los recursos de reposición y de apelación caería en el vacío
dado que Colpensiones ya efectuó el pronunciamiento respectivo a través de las
Resoluciones No. SUB-75508 de 16 de marzo de 2022 y No. DPE-3740 de 31 de
marzo de 2022.

Por otro lado, frente a la pretensión en la que la actora pide el reconocimiento
pensional también se configura la carencia actual de objeto porque el Tribunal
Administrativo de Cordoba profirió sentencia de 17 de junio de 2022, en la que
resolvió confirmar la decisión que accedió al reconocimiento pensional, la cual fue
allegada por esta autoridad judicial durante el trámite de tutela.

Ahora bien, como quiera que las razones de Colpensiones para declarar la falta de
competencia en cuanto a la solicitud de reconocimiento pensional están
relacionadas con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el No. 23001333300120130044501, que actualmente se encuentra en el
trámite de segunda instancia en el Tribunal Administrativo de Córdoba, la Sala
verificará las actuaciones que se han efectuado dentro del proceso, pues aun
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cuando la actora no formuló pretensiones frente a dicha autoridad judicial, la
acción de tutela fue admitida con el fin de analizar una posible mora judicial,
teniendo en cuenta que una eventual tardanza excesiva en dicho proceso podría
significar un riesgo para los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad
social, a la vida y al mínimo vital invocados por un sujeto de especial protección
constitucional, pues de él depende el eventual reconocimiento de la pensión de
vejez de la demandante quien tiene la calidad de adulto mayor por tener 73 años.

4.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia de segunda
instancia por lo que se configuró la carencia actual de objeto

De acuerdo con la información suministrada por el Sistema de Consulta de
Procesos Nacional Unificada se observa que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 23001333300120130044501 fue recibido el 23
de septiembre de 2020, en el Tribunal Administrativo de Córdoba para resolver el
recurso de apelación presentado por Colpensiones contra la sentencia de primera
instancia proferida el 13 de noviembre de 2019, por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Montería.

No obstante, en virtud de una orden de redistribución de procesos por la creación
de un nuevo despacho de Magistrado en esa corporación judicial, el 19 de enero
de 2021 se remitió el expediente al Despacho No. 005 a cargo del Magistrado
Eduardo Torralvo Negrete, quien mediante auto de 23 de febrero de 2021, avocó
conocimiento del asunto y ordenó seguir adelante con el trámite judicial de
segunda instancia. El 30 de agosto de 2021 se admitió el recurso de apelación y el
30 de noviembre de 2021 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

Así mismo, revisado el expediente ordinario la Sala encuentra que mediante
solicitud radicada el 31 de enero de 2022, la actora, mediante apoderado judicial,
solicitó la prelación del turno para fallo en los siguientes términos:

“ASUNTO: PETICIÓN ESPECIAL.

(…)

1- La señora NIMIA DEL CARMEN GARCIA URANGO, Identificada con la cédula de
ciudadanía No. 22.390.425, nació el 12 de agosto de 1948, por lo que tiene 73 años
de edad.

2- Presentó solicitud de pensión de vejez varias veces ante COLPENSIONES y
siempre le fue negada, por lo que opto por presentar ACCION DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, correspondiendo al proceso de la referencia,
el cual en fallo de primera instancia le reconoció su pensión de vejez bajo la
normatividad de la ley 33 de 1985, dicho fallo fue apelado por COLPENSIONES, y se
encuentra en su despacho.

3- Desesperada por el retardo de su proceso, el día 11 de noviembre de 2021, solicitó
nuevamente su pensión de vejez ante COLPENSIONES, anexando sus certificados
laborales en formularios CETIL, la cual fue contestada mediante resolución SUB
11463 del 18 de enero de 2022, en la cual se hace un nuevo estudio y manifiesta lo
siguiente ‘el interesado acredita un total de 9.200 días laborados, correspondientes a
1.315 semanas. Que nació el 12 de agosto de 1948 y actualmente cuenta con 73 años
de edad.’ Se abstiene de resolver de fondo la solicitud prestacional por carecer de
competencia ya que existe el presente proceso judicial.

4- Que si fuera por la voluntad de mi cliente, ella desistiría del recurso de alzada, pero
como el fallo fue a su favor quien interpuso el recurso de apelación fue
COLPENSIONES, situación que es ajena a la voluntad de mi clienta.

5- No compartimos el criterio asumido por COLPENSIONES, ya que ella podía
reconocer la pensión de vejez y enviar copia de dicha resolución al proceso en el
estado en que se encuentre.
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PERSONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN:

POR LA EDAD: La señora NIMIA DEL CARMEN GARCIA URANGO, identificada con
la cedula de ciudadanía No. 22.390.425, tiene 73 años de edad, cumple con los
presupuestos para ser beneficiaria de su pensión de vejez, no se encuentra en
condiciones de trasladarse todos días a cumplir horarios de trabajo y tampoco puede
renunciar ya que quedaría desprotegida.

POR SALUD: Por ser una persona de la tercera edad, enferma como lo indica su
historia clínica que le fue diagnostica Hipertensión Arterial, en programa especial y su
declaración juramentada ante notario, no se encuentra en sus condiciones plenas para
cumplir con las funciones de su trabajo como AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES, de la INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA de Montería,
que con su enfermedad de base, se encuentra expuesta al contagio con COVID 19.

VOLUNTAD PROPIA: Manifiesta mi clienta que no quiere seguir trabajando, se
encuentra cansada y que lo que quiere es estar en su casa descansando disfrutando
de su pensión de vejez, que es un derecho adquirido.

ARGUMENTOS DE LA PETICIÓN ESPECIAL:

Somos conscientes de la congestión de la rama judicial, en especial la Contenciosa
Administrativa, con la cantidad de procesos represados y la falta de funcionarios para
su atención, también somos conscientes del orden cronológico con que se tramitan
cada uno de estos procesos, pero toda regla tiene una excepción, en este caso se
hace necesario hacer una excepción al orden cronológico del trámite interno de los
procesos asignados a su despacho en el que se encuentra el de la referencia, es una
acción de humanismo y de justicia social darle un tratamiento especial al proceso de
mi clienta, por el estado de salud en que se encuentra y que dedico el mayor tiempo
de su vida al servicio del estado y que cuando cumple con los requisitos de ley para
pensionarse este derecho adquirido se convierta en un tormento.

PETICIÓN ESPECIAL:

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, y justificaciones, solicito muy
respetuosamente señor Magistrado, HACER UNA EXCEPCION AL ORDEN
CRONOLOGICO, de los procesos de su despacho y dar un trámite rápido de urgencia
al proceso 23-001-33-33-001-2013-00445-01 de NIMIA DEL CARMEN GARCIA
URANGO, contra COLPENSIONES, desatando el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada.

(…)”.

Dicho memorial de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente no fue objeto
de pronunciamiento por la autoridad judicial a cargo del proceso.

Por lo anterior, la Sala observa que ha transcurrido más de un (1) año y ocho (8)
meses desde que se recibió el expediente en la Corporación, más de un (1) año, y
cuatro (4) meses desde que se asignó el caso al Magistrado Ponente, sin que se
hubiera proferido la sentencia de primera instancia, todo ello a pesar de que desde
el 31 de enero de 2022 la demandante pidió que se le diera prelación a su caso.

Ahora bien, mediante memorial de 10 de junio de 2022, el Magistrado Ponente
manifestó que además de las actuaciones antes reseñadas, que se han llevado a
cabo en el proceso las siguientes:

• “Mediante auto de 22 de marzo de 2022, notificado regularmente por estado de 23 de
marzo de 2022, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de
conclusión (Recurso presentado antes de Ley 2080 de 2021). El término para alegar de
conclusión venció el 28 de abril de 2022.
• El proceso pasó al despacho para fallo, el 11 de mayo de 2022.
• A la fecha 10 de junio de 2022, haciendo especial uso de la potestad de flexibilización de
turnos9 para fallar en casos con similitudes fácticas y jurídicas y atendiendo a su naturaleza

9 Artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y artículo 16 Ley 1285 de 2009.

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de asunto pensional, se ha registrado por el Despacho proyecto de fallo de segunda
instancia, para estudio en la próxima sala de decisión, del viernes 17 de junio de 2022”.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia de segunda
instancia, en el sentido de confirmar la decisión que accedió a reconocer la
pensión de vejez a favor de la actora como beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, la cual fue notificada el 28 de junio de 2022, de lo cual da
cuenta el Sistema de Gestión Judicial Samai10:

En este orden de ideas, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno en
relación con el estudio de la mora judicial por parte del Tribunal Administrativo de
Córdoba, teniendo en cuenta, como se acaba de indicar, que el 17 de junio de
2022 esa autoridad judicial profirió fallo de segunda instancia cuya notificación se
surtió el 28 del mismo mes y año, en el sentido de confirmar el reconocimiento
pensional efectuado por el a quo, con lo cual las circunstancias que originaron la
presentación de la acción de tutela relacionadas con la tardanza dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la necesidad de obtener un
pronunciamiento respecto de la pensión de vejez fueron superadas.

Empero, en consideración a que la demandante es un sujeto de especial
protección constitucional en condición de vulnerabilidad con algunas dificultades
de salud (73 años), que los actos administrativos que pretendían desvincularla del
cargo que actualmente ocupa están suspendidos por orden de autoridad judicial y
ante la necesidad imperiosa de que se garantice de manera efectiva la pensión de
vejez que fue reconocida en sede judicial, la Sala instará a Colpensiones, por
intermedio de la dependencia encargada, para que proceda de manera inmediata
a dar cumplimiento a la sentencia de 17 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que confirmó el fallo de 13 de noviembre de 2019,
emanado del Juzgado Primero Oral del Circuito de Montería, en el marco de
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
23001333300120130044500, incluyendo en nómina de pensionados a la señora
Nimia del Carmen García Urango.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado.
10

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2300133330012013004450123
00123
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Segundo.- ÍNSTASE a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, por intermedio de la dependencia encargada, para que proceda de
manera inmediata a dar cumplimiento a la sentencia de 17 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que confirmó el fallo de 13 de
noviembre de 2019, emanado del Juzgado Primero Oral del Circuito de Montería,
en el marco de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 23001333300120130044500, incluyendo en nómina de pensionados
a la señora Nimia del Carmen García Urango.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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