Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01728-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01728-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01728-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
6 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., seis (06) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01728-00
Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – IMPROCEDENTE / SUBSIDIARIEDAD – El
accionante no agotó los medios ordinarios.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Olga Inés Rodríguez Popayán
contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el Juez
Coordinador del Centro de Servicios Judicial de Pacho Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 15 de marzo de 2022, la señora Olga Inés Rodríguez Popayán, en nombre
propio, presentó demanda de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judicial de
Pacho - Cundinamarca, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
al trabajo, mínimo vital, vida digna, debido proceso, seguridad social, salud,
protección especial como pre-pensionada y madre cabeza de familia, vulnerados
por las accionadas, al publicar el cargo que actualmente ocupa para que se nombre
la persona que gane el concurso de méritos, sin tener en cuenta su condición de
sujeto de especial protección constitucional, pues, no ha cumplido el número de
semanas mínimas de cotización para acceder a la pensión de jubilación.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente2:
<<1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo, a la
seguridad social, vida digna… como sujeto de especial protección por encontrarme en
circunstancias especiales por ser Pre pensionada y madre cabeza de hogar.
2. En consecuencia de lo anterior, ORDENAR SUSPENDER de inmediato, la publicación
del cargo realizada en la página web realizada por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, hasta el cumplimiento de las semanas mínimas de cotización (1.300).
3. Ordenar al Juez Coordinador nominador del Centro de Servicios Judiciales de Pacho
Cundinamarca, SUSPENDER el trámite de la lista de elegibles, enviada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el pasado miércoles 9 de febrero de 2022,
mediante oficio CSJCUO22-410, allegada vía e-mail, hasta el cumplimiento de las semanas
mínimas de cotización, esto es, 1.300.
4. Exhortar al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que se abstenga
de publicar el cargo de Profesional Universitario Grado 14, hasta tanto se cumpla el requisito
establecido de las 1300 semanas de cotización>> (negrilla original del texto).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con
base en el artículo 86 Superior y de las pruebas allegadas se tiene, que3:
3.1.- El 23 de julio de 2004, la señora Olga Inés Rodríguez Popayán se vinculó a la
Rama Judicial y desde el 16 de diciembre de 2015, ocupa, en provisionalidad, el
cargo de Profesional Universitario Grado 14 en el Centro de Servicios Judiciales del
Circuito Judicial de Pacho – Cundinamarca. Afirma que en la actualidad tiene 55
años de edad y cuenta con “1.186” semanas cotizadas al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.
3.2.- Refiere que el 10 de junio de 2021, presentó ante el presidente de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, solicitud
con radicado externo No. EXTECSJ21-2710, a fin de que le fuera reconocida su
calidad de sujeto de especial protección constitucional al estar próxima a causar su
pensión de jubilación y gozar así de estabilidad laboral reforzada.
3.3.- A su vez, manifestó que, mediante oficio de 23 de julio de 2021, conforme a lo
establecido en el Acuerdo CSJCUA20-18 de 2020, le comunicó a la Jueza
Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales su condición de pre-pensionada
ante la proximidad del nombramiento en propiedad del cargo que ocupa y a fin de
“que se adelantara el correspondiente trámite interno en aras de afectar la
publicación de las vacantes definitivas en la página Web de la Rama Judicial”4.
2 Expediente digital, folio 4 del escrito de demanda.
3 Expediente digital, folios 1 a 4 del escrito de demanda.
4 Expediente digital, folio 2 del escrito de demanda.
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3.4.- Seguidamente, mencionó que mediante oficio No. CSJCUO-211642 del 28 de
julio de 2021, se le informó que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca mediante sesión de la misma fecha, al decidir sobre su petición,
teniendo en cuenta su condición de pre-pensionada, dispuso que:
“…conforme la solicitud de protección laboral por Usted presentada y conforme a las
funciones que le competen a esta Seccional, efectivamente la precitada petición fue
considerada en Sesión de este Consejo Seccional… concluyendo que, el cargo del cual
Usted está en provisionalidad quedará excluido de la publicación.
La anterior decisión se realizó, sustentada en la jurisprudencia sobre la calidad de
prepensionado, conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia de unificación SU003-2018 (…)
Así, y sin desconocer derechos de condición de prepensionada, conforme a las funciones
establecidas se deben realizar todas las gestiones y trámites pertinentes y condicentes de
Administrar la Carrera Judicial, lo cual está relacionado con los Concursos de Méritos,
advirtiendo que, que la vacante se excluye de la publicación quedando pendiente hasta
el cumplimiento de las semanas mínimas de cotización, por lo que una vez se cumpla
el periodo de protección, la vacante será ofertada con la denominación del cargo de
Profesional Universitario Grado 14 en la Oficina del Centro de Servicios Judiciales de
Pacho, Cundinamarca, por no existir fuero de estabilidad para el precitado cargo”5.
3.5.- Al respecto, indicó que, con base en el reporte de Colfondos de fecha 12 de
febrero de 2022, cuenta con “1.183 semanas cotizadas”, por lo cual, la condición
establecida en el precitado acto administrativo aún no se ha cumplido, pues para
acceder al derecho pensional pretendido requiere haber cotizado 1.300 semanas
como mínimo.
3.6.- No obstante, el 9 de febrero de 2022, el presidente del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, comunicó al Juez Coordinador del Centro de Servicios
Judiciales de Pacho, que en virtud de lo dispuesto en la Resolución No. CSJCUR21-
82 del 20 de mayo de 2021, emitida por el propio Consejo Seccional, se conformaron
los Registro Seccionales de Elegibles para la provisión de cargos de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas, entre estos, “el cargo de “PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL
CENTRO, OFICINAS DE SERVICIOS Y DE APOYO – GRADO 14”, dentro del
concurso de méritos convocado en desarrollo de lo dispuesto en los Acuerdos No.
PSAA08-4856 de 2008 del Consejo Superior de la Judicatura y No. CSJCUA17-1225
de 2017 emitido por el Consejo Seccional. Así, le informó que, mediante Acuerdo No.
CSJCUA22-15, suscrito el 28 de enero de 2022, se había elegido a la persona
respectiva para ocupar el cargo de la accionante para que procediera a su
nombramiento.
5 Expediente digital, folios 24 y 25 del primer grupo de anexos del escrito de demanda.
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3.7.- Posteriormente, el 24 de febrero de 2022, mediante Resolución No. 008 de
2022, el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Pacho –
Cundinamarca, negó el reconocimiento de la condición de prepensionada y de madre
cabeza de familia a la demandante y consecuentemente, nombró a Flor Yanibe
Guzmán Buitrago para desempeñar en propiedad el cargo de Profesional
Universitario Grado 14 que venía ocupando la señora Olga Rodríguez.
4.- Alega que esta más que demostrada la violación directa de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad, a la
Seguridad Social, pues, a pesar de ser sujeto de especial protección por encontrarse
en circunstancias especiales, ser pre-pensionada y madre cabeza de hogar, “debido
a que se estableció por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, la no publicación de [su] cargo, Profesional Grado 14 del Centro de
Servicios Judiciales de Pacho Cundinamarca, hasta tanto no se cumpliera con el
mínimo de semanas cotizadas para optar por la pensión, haciéndose caso omiso a
la decisión adoptada, debidamente notificada, en firme y ejecutoriada, razón por la
cual conforme al artículo 91 del CPACA es obligatorio el cumplimiento del Acto
Administrativo relacionado en el numeral cuarto del presente acápite”6.
4.1.- Al respecto, mencionó que la Corte Constitucional en sentencia T-464 de 2019,
dispuso que, en el evento en que haya sujetos de especial protección constitucional
que ejerzan cargos en provisionalidad, las respectivas entidades deben otorgar un
trato preferencial antes de efectuar el nombramiento de quienes ocupan los primeros
puestos en las listas de elegibles del respectivo concurso de méritos, con el propósito
de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Igualmente, expuso
que el Consejo de Estado en fallo de tutela dentro del radicado No. 11001-03-15-
000-2020-03829-00, reiteró el criterio adoptado sobre el particular por la Corte
Constitucional, poniendo de presente además que, en el marco de los derechos
pensionales, “es legítimo presumir la inminencia del perjuicio irremediable del
individuo que pierde súbitamente su única fuente de subsistencia”.7
4.2.- Acto seguido mencionó que la Corte Constitucional en sentencia T-388 de 2020,
en relación con la estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza de familia,
determinó que no toda mujer por el hecho de que esté a cargo de la dirección del
hogar ostenta la calidad de madre cabeza de familia, por lo que se deben acreditar
los siguientes presupuestos: “(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos
menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. (ii) Que la responsabilidad
sobre los hijos sea de carácter permanente. (iii) Que se presente una ausencia
permanente o abandono del hogar por parte del padre, y que este se sustraiga del
cumplimiento de sus obligaciones, o bien que no asuma la responsabilidad que le
corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la
incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte. (iv) Por
6 Expediente digital, folio 3 del escrito de demanda.
7 Expediente digital, folio 6 del escrito de demanda.
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último, que no exista un apoyo amplio y sustancial de ayuda de los demás miembros
de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener
el hogar”8
4.3.- Sobre su condición de madre cabeza de hogar, arguyó que tiene a su cargo la
manutención completa de su hija María Camila Sarmiento Rodríguez, quien
actualmente tiene 18 años de edad y cursa la carrera de Medicina en la Fundación
Juan N. Corpas. Sobre el particular allegó los siguientes medios de prueba: i)
Registro Civil de nacimiento de la señora Sarmiento Rodríguez9, ii) declaraciones
extrajuicio de la accionante, con fecha del 18 de febrero y 19 de marzo de 2022
suscritas ante la Notaría Única del Círculo de Pacho, arguyendo que, no posee
bienes muebles e inmuebles de valor, que tanto ella como su hija, dependen de sus
ingresos como empleada de la rama judicial en el cargo que ostenta en
provisionalidad, sin tener otra fuente de ingresos, en adición a que, el padre de su
hija no responde por ella, por lo que todos sus gastos son cubiertos con el referido
salario10, iii) declaración extrajuicio de María Camila Sarmiento Rodríguez, con fecha
del 19 de marzo de 2022 ante la Notaría Única del Círculo de Pacho, en la que afirmó
que depende económicamente de su madre, pues “[su] padre no [le] ayuda para [su]
manutención ni para [su] estudio”11, iv) recibo de pago de matrícula de María Camila
Sarmiento Rodríguez, expedido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, en el
que consta pagó total de $16.160.000, con fecha del 4 de noviembre de 202112, y v)
certificado de estudios expedido el 10 de marzo de 2022 por el Secretario General
de la Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, en el que
se da constancia que María Camila Sarmiento Rodríguez “se matriculó y está
cursando el Semestre 01 durante el Periodo 202201, comprendido entre el día 24 de
Enero de 2022 y el día 09 de Junio de 2022 en jornada diurna de lunes a viernes con
una intensidad aproximada de 35 horas semanales, del Programa de MEDICINA
PREGRADO…”13.
4.4.- Finalmente, sobre la existencia, eficacia y suspensión de los actos
administrativos refirió que la Corte Constitucional en sentencia C-069 de 1995,
precisó que: “La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la
voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto
administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es
producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de
producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia
del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general
8 Expediente digital, folio 6 del escrito de demanda.
9 Expediente digital, folio 1 del segundo grupo de anexos del escrito de demanda.
10 Expediente digital, folios 4 y 8 del segundo grupo de anexos del escrito de demanda.
11 Expediente digital, folio 6 del segundo grupo de anexos del escrito de demanda.
12 Expediente digital, folio 10 del segundo grupo de anexos del escrito de demanda.
13 Expediente digital, folio 13 del tercer grupo de anexos del escrito de demanda.
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desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación
o notificación del acto, según sea de carácter general o individual”14.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- El despacho sustanciador, por auto del 24 de marzo del año en curso, admitió la
acción de tutela y notificó de su presentación al Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y al Juez Coordinador del Centro de Servicios Judicial de
Pacho Cundinamarca. Además, ordenó vincular en calidad de tercera interesada en
el proceso a la señora Flor Nayibe Guzmán Buitrago.
5.1.- A su turno, negó la medida provisional solicitada por la accionante al considerar
que existe identidad entre esta y las pretensiones de la acción de tutela, pues en las
dos se busca que se le reconozca la condición de pre-pensionada y madre cabeza
de familia a la actora, y, en consecuencia, se deje sin efectos el nombramiento en
propiedad de la señora Flor Guzmán en el cargo que ocupa, de manera que, la
adopción de una medida cautelar podría constituir un prejuzgamiento.
6.- El Magistrado Jesús Antonio Sánchez del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca 15 , solicitó la desvinculación de la entidad del presente asunto.
Empezó por indicar que, el Consejo Superior de la Judicatura tiene como función la
administración de la carrera judicial, y en virtud de ello, a través de la Unidad de
Carrera Judicial, mediante la Circular CJC22-2 del 10 de febrero de 2022, que fue
replicada en la Circular Seccional CSJCUC22-36 del 11 de febrero de la misma
anualidad, dispuso: “…se les recuerda a los Consejos Seccionales de la Judicatura
que las facultades o competencias del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de la Carrera Judicial y de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, que tienen a su cargo la administración de la carrera judicial, involucra la
convocatoria al concurso de méritos, esto es, el concurso, la conformación de los
registros de elegibles, y la elaboración y remisión al nominador de las listas de
elegibles, dentro del ámbito de su competencia, pero no intervienen en el
nombramiento de quiénes ocuparán los diferentes cargos a proveer, tanto en carrera
como en provisionalidad, por ser este un acto propio de cada autoridad nominadora.”
6.1.- Teniendo en cuenta la delegación efectuada para administrar la carrera judicial
a los Consejos Seccionales, mediante Acuerdo SACUN17-1225, se convocó a
concurso de méritos a nivel territorial, lo cual desembocó en que mediante
Resolución CSJCURR21-82, se ordenó la conformación del Registro Seccional de
Elegibles para que, conforme a las vacantes reportadas por el nominador, se ocupen
los cargos respectivos.
14 Expediente digital, folio 7 del escrito de demanda.
15 Expediente digital, intervención contenida en 5 folios.
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Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
6.2.- Acto seguido, citó el artículo 2 del ACUERDO No. PSAA08-4856 DE 2008,
según el cual, “Cada vez que se presente una vacante definitiva en los cargos de
empleados de carrera de la Rama Judicial, la autoridad nominadora correspondiente,
lo informará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, a la Sala
Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según
corresponda”, de lo cual, afirmó que, la decisión final sobre el nombramiento en
propiedad en cada despacho judicial corresponde exclusivamente a la autoridad
nominadora, así como también definir sobre las solicitudes de estabilidad laboral
reforzada de los empleados en provisionalidad, sin que en ello intervenga el Consejo
Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, lo cual fue reafirmado por el
Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, dentro del expediente No.
11001-03-06-000-2021-00183-00, donde se determinó que la competencia general
para tramitar y resolver las peticiones de los servidores judiciales en relación con
asunto de carácter administrativo- laboral, incluidas las solicitud de reconocimiento
de estabilidad laboral reforzada, es del juzgado nominador, lo cual fue socializado a
través de la Circular CJC22-5 del 24 de marzo de 2022.
6.3.- Además, resaltó que el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de
Pacho, allegó al Consejo Seccional el 8 de marzo de 2022, las Resoluciones No. 008
y 014 de 2022, en las que se negó el reconocimiento de la condición de pre-
pensionada y madre cabeza de familia a la señora Olga Rodríguez.
6.4.- Así, reiteró que, escogida la vacante, la decisión respecto del nombramiento
escapa a la competencia del Consejo Seccional de Cundinamarca, cuyas facultades
están fijadas en la Ley 270 de 1996, limitándose la entidad a la administración de la
carrera judicial, lo que implica a grandes rasgos, convocar a concursos de méritos,
conformar las listas de elegibles, “amén, que en el evento de presentarse
controversia de derechos entre el empleado en provisionalidad y el elegible, se
reitera que la decisión corresponde solo a la autoridad nominadora quien debe
decidir sobre la prevalencia de los derechos invocados por parte del empleado en
provisionalidad y el elegible”. De esta forma, evidenció la necesidad de
desvinculación de la entidad del presente asunto.
7.- La Directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura16, pidió desvincular a la entidad del asunto por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, alegando que la decisión sobre los
nombramientos de los empleados de los despachos judiciales y las decisiones sobre
estabilidad laboral reforzada, corresponden al juez titular del despacho, sin que el
Consejo Superior de la Judicatura, representado por la Unidad, tenga injerencia
alguna en ello, tal como se establece en el artículo 131 de la Ley 270 de 1996 y fue
reafirmado por el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento dentro del
expediente con radicado No. 11001-03-06-000-2021-00183-00 de 23 de febrero de
2022. A su turno, justificó la carencia de legitimación por pasiva en que no es la
16 Expediente digital, intervención contenida en 5 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01728-00
Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
autoridad llamada a dar cumplimiento a las pretensiones de la demanda, esto es,
suspender el nombramiento en propiedad del cargo de profesional universitario
grado 14. Con todo, solicitó negar por improcedente el amparo frente a dicha
institución, al no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados por la
accionante. Acorde con lo anterior, indicó que esta acción de tutela no debió haber
sido interpuesta ante el Consejo de Estado toda vez que se trata de actuaciones
administrativas del Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Pacho,
en su calidad de autoridad nominadora para proveer un cargo en dicha dependencia,
en lo cual no tiene injerencia el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, como se podía advertir del escrito suscrito por
la accionante.
8.- El Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Pacho, adujo que el
actuar del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, posiblemente
vulneró el principio el confianza legítima de la actora y con ello, los derechos
fundamentales invocados por ella, pues “al realizar la publicación del cargo de
Profesional Universitario, grado 14, para que optaran los aspirantes de lista al cargo
mentado, evidentemente… [desconoció] la eficacia del acto administrativo proferido
en sesión del 28 de julio de 2021 del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca”, a pesar de que “ya se encuentra dicho acto administrativo en el
ordenamiento jurídico para conocer una prerrogativa de exclusión de la publicación
de la lista para el cargo… teniendo como única condición resolutoria el cumplimiento
del mínimo de semanas de cotización (reglado en el Acuerdo CSJCU20-18 del 13 de
febrero de 2020), demostrándose en el plenario que, faltan por cotizar 214 semanas
para cumplir con el requisito establecido”. Con todo, arguyó que, frente a lo afirmado
en sesión del 28 de junio de 2021 del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, habría de ampararse a la accionante sus derechos fundamentales, y
principalmente, por la violación al principio de confianza legítima. Igualmente, refirió
que podría haber solicitado la desvinculación del despacho del presente asunto, si
no fuera porque una de las pretensiones va dirigida directamente al juzgado.
9.- La señora Flor Yanibe Guzmán Buitrago intervino indicando que desde el
momento en que fue ofertado el cargo de Profesional Universitario Grado 14, “el
mismo se encontraba con la anotación de contar con estabilidad laboral reforzada,
lo cual indicaba que una vez cumplido el periodo de estabilidad laboral… tendría la
opción de posesionarme en ese cargo”. Así, sostuvo que, no se opone a que a la
señora Rodríguez Popayán se le reconozca su derecho a la estabilidad laboral
reforzada y “dar espera” a su posesión, tal como en otras oportunidades la
jurisprudencia lo ha permitido. Con todo, solicitó mantener su derecho al
nombramiento en el cargo referido y que se prorrogue la fecha para posesión en el
mismo, preservando el derecho de estabilidad laboral de la accionante, y que una
vez culmine el periodo del beneficio, pueda posesionarse debidamente.
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
9.1.- Con respecto a la negativa de este despacho sobre declarar la medida
provisional solicitada por la demandante referente a suspender los efectos de la
Resolución No. 008 de 2002, pidió reconsiderar dicha decisión, en razón a que: fue
nombrada en el cargo de Profesional Universitario Grado 14 mediante la citada
resolución, y a partir de ese momento, para tomar posesión del mismo deben
contabilizarse los términos tal como se establece en el artículo 133 de la Ley 270 de
1996. Sin embargo, actualmente se encuentra nombrada en carrera administrativa
en la Alcaldía de Chía en el cargo de Profesional Universitario Código 219, grado 04
en la Dirección de Planeación del Desarrollo – Secretaría de Planeación, “lo que
ingiere la solicitud de licencia para superar el periodo de prueba en la rama judicial”.
Así, ruega se tenga en cuenta que el periodo para posesionarse vence el 9 de mayo
de 2022, y “al no existir pronunciamiento de fondo aun en la acción de tutela, [se
encuentra] en una situación de incertidumbre”17.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
10.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en razón a que:
10.1.- La Unidad de Administración de la Carrera Judicial demandada, si bien no tuvo
injerencia directa en la falta de reconocimiento de la condición de sujeto de especial
protección de la accionante ni del nombramiento de la señora Flor Guzmán, tiene a
su cargo la administración de la carrera judicial a nivel nacional, tal como se
establece en la Ley 270 de 1996, y en todo caso, puede verse afectada con las
decisiones adoptadas por los jueces de instancia dentro del presente proceso de
tutela, siendo necesario entonces mantener su vinculación al proceso.
10.2.- Por su parte, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por
delegación, es el responsable de la administración de la carrera judicial a nivel
territorial, en adición a que, tal como lo señaló en su escrito de contestación dentro
del presente proceso, a través del Acuerdo SACUN17-1225, convocó a concurso de
méritos en el que publicó y ofertó el cargo ostentado por la accionante, lo cual
desembocó en que mediante Resolución CSJCURR21-82, conformara el Registro
Seccional de Elegibles, notificado al Juez Coordinador del Centro de Servicios
Judiciales de Pacho, quien respetando el contenido de dicho acto administrativo,
mediante la demandada Resolución 008 de 2022, nombró a la señora Guzmán
Buitrago en el puesto que venía ostentando la demandante, aspecto central de la
discusión que se suscitó.
17 Expediente digital, intervención contenida en 2 folios.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.3.- Además, debe tenerse en cuenta que, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, expidió el oficio No. CSJCUO21-1642 de fecha 28 de julio de
2021, en el que dio cuenta que, en sesión de ese mismo día, se había reconocido la
condición de sujeto de especial protección a la señora Olga Rodríguez al considerar
que ostentaba la calidad de pre-pensionada, acto administrativo sobre el cual la parte
actora sustenta las pretensiones de la demanda, razón por la cual, se estima tiene
legitimación en la causa por pasiva.
D. Análisis del caso concreto
11.- En el caso objeto de estudio, la actora le atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial, al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y al Juez
Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Pacho, i) al proferir el Acuerdo
SACUN17-1225 mediante el cual se convocó a concurso de méritos publicando el
cargo que ostenta en provisionalidad, de forma posterior al reconocimiento que en
audiencia del 28 de julio de 2021 celebrada por el Consejo Seccional, se hiciera a su
calidad de pre-pensionada y consecuentemente, se ordenara excluir la vacante
quedando pendiente hasta el cumplimiento de las semanas mínimas de cotización,
ii) al haberse confirmado el Registro Seccional de Elegibles para el cargo de
Profesional Universitario Grado 14 en la Oficina del Centro de Servicios Judiciales
de Pacho, mediante la Resolución CSJCURR21-82, la cual fue notificada
debidamente al despacho nominador, lo que produjo que iii) se expidiera la
Resolución No. 008 de 2022, en la cual el Juez Coordinador de Pacho, le negó el
reconocimiento de sujeto de especial protección, nombrando a la señora Flor Yanibe
Guzmán Buitrago, ganadora del concurso, en el cargo que ostenta en dicha
dependencia judicial. Frente a estos actos administrativos, solicita la suspensión de
sus efectos para evitar ser desvinculada de la Rama Judicial y evitar perder su única
fuente de ingresos, pues, además, aduce ser madre cabeza de hogar, al tener a su
cargo la manutención de su hija.
12.- Así pues, frente a la pretensión de la accionante referente a que se suspendan
o se dejen sin efectos los actos administrativos mediante los cuales se publicó y
ofertó su cargo, se determinó la lista de elegibles y se nombró a la ganadora del
concurso para su puesto de trabajo, se advierte que carece del requisito de
subsidiariedad, pues la acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de
otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso
de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo
que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01728-00
Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
12.1.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 8618 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 619 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.
12.2- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.
12.3.- No obstante, en los casos en que concurran otros medios de defensa, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que existen dos excepciones que
justifican la procedibilidad de la acción de tutela, previó a que aquéllos hayan sido
agotados, a saber:
<<(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias
no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede
el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio>>20.
12.4.- Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo
cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser
reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que
ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscabo de
derechos fundamentales.
12.5.- Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para
identificar el perjuicio irremediable, a saber: “es aquel (i) que se produce de manera
cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii)
que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente
la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace
18 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
19 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
20 Sentencia T-375 de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01728-00
Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”21.
12.6.- De conformidad con lo expuesto, se advierte que la solicitud de amparo es
improcedente, toda vez que carece del requisito de subsidiariedad, en la medida en
que el accionante no ha agotado los mecanismos judiciales ordinarios, idóneos y
eficaces que el ordenamiento jurídico le otorgaba para proteger sus derechos, pues,
aquel cuenta con el medio de control establecido en el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011, es decir, el de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante, no ha
hecho uso del mismo.
12.7.- Sobre el particular, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece que:
<<Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior.
“Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda
se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.
Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término
anterior se contará a partir de la notificación de aquel>>.
12.8.- También se advierte que los argumentos expuestos por la actora, no son
suficientes para que la tutela sea el mecanismo apropiado para proteger los derechos
que alega fueron vulnerados por las autoridades accionadas, pues dentro de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la señora Olga Rodríguez puede
solicitar, como medida cautelar, la “suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo acusado” 22 , sin embargo, no ha hecho uso de los mecanismos
ordinarios para discutir la legalidad de los actos administrativos proferidos por las
accionadas.
13.- Aunado a lo anterior, no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable
que amerite la intervención del juez constitucional, como mecanismo transitorio, en
asuntos que no son de su competencia, pues si bien la accionante afirma que con
los referidos actos administrativos se le ha causado un perjuicio irremediable; lo
cierto es que no se evidencia situación alguna que imposibilite a la actora ejercer
como profesional del derecho, pues se observa que la misma se encuentra en plenas
capacidades para trabajar y no se avizora alguna limitación o discapacidad que le
impida desarrollar las diferentes labores que eventualmente le sean atribuidas en el
ámbito laboral; más aún, cuando, en el presente caso, la edad no se advierte como
21 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte
Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
22 Ley 1437 de 2011. Artículo 230 #3.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01728-00
Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
un obstáculo para acceder a las diferentes oportunidades que ofrece el mercado
laboral.
13.1.- En este punto, es preciso tener en cuenta que el cargo que desempeñaba la
accionante en el Centro de Servicios Judiciales del Circuito Judicial de Pacho –
Cundinamarca, era un cargo en provisionalidad que, por su naturaleza, es de
carácter excepcional y transitorio, vinculación que tiene como fin atender las
necesidades del servicio, así como garantizar la correcta administración de justicia,
mientras se realizan los procedimientos respectivos para cubrir dichas vacantes23.
13.2.- En ese sentido, el nombramiento en provisionalidad no puede llegar a
considerarse de carácter inmutable o permanente en el tiempo, pues dicha
vinculación permite proveer cargos de forma temporal, en aquellos casos en que no
existan servidores de carrera que cumplan con los requisitos para ocuparlos. Lo
anterior, por cuanto el legislador previó, como regla general, el régimen de carrera
para proveer cargos en la Rama Judicial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 156 de la Ley 270 de 199624.
13.3.- De acuerdo con lo expuesto, se advierte que la actora no se encuentra
amparado por el régimen de carrera y las prerrogativas que el mismo otorga, pues
aquellos servidores vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos que
exige la Constitución y la ley para gozar de tales beneficios.
14.- En ese sentido, al no cumplirse uno de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales -subsidiariedad, habrá de
declararse la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Olga
Inés Rodríguez Popayán.
15.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E:
PRIMERO. - NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO. – DECLARAR improcedente el amparo solicitado por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO. – Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
23 Corte Constitucional, sentencia T-147 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
24 Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01728-00
Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
CUARTO. – De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE25
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
25VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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