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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01731-00

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01731-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: ACEPTAR como coadyuvantes de la parte accionante a los señores MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA, CERLY CECILIA VELÁSQUEZ TORRES, ODALIS MARINA TOVIAS CASTILLO, BERLIDES DEL SOCORRO OVIEDO DE TORRES, TEDIS VICTORIA MUNIVE OROZCO, GLERIS ESTHER ALVIS BLANCO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01731-00 Actores: EDER RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ Y OTROS CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01731-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01731-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: EDER RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ Y OTROS

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL TRIBUNAL NO
INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS FÁCTICO Y MATERIAL O SUSTANTIVO
ALEGADO. NO SE PROBÓ LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LOS ACTORES A MANOS DE
GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los

actores contra la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE SUCRE1.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01731-00
Actores: EDER RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ Y OTROS

I.1.- La Solicitud

Los señores EDER RAFAEL y GENIS ESTHER TORRES

HERNÁNDEZ, ORNELIS PATRICIA y YULIS JUDITH HERNÁNDEZ

ROMERO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitan

la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, los cuales estiman vulnerados

por el TRIBUNAL al proferir la providencia de 16 de febrero de 2022,

dentro de la acción de grupo identificada con el número único de

radicación 70001-33-33-009-2006-00057-01.

I.2.- Hechos

Manifestaron que son personas desplazadas de los corregimientos y

municipios que conforman la región de los montes de maría por causa

de las acciones desplegadas por grupos al margen de la ley y, que

en la actualidad, se encuentran debidamente registradas en la base

de datos de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN

INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS-UARIV-2.

2
En adelante UARIV.

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3

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Actores: EDER RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ Y OTROS

Afirmaron que debido a lo anterior, promovieron acción de grupo

contra el Estado colombiano, cuyas pretensiones estaban

encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de la indemnización

colectiva por desplazamiento forzado.

Mencionaron que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 70001-33-33-009-2006-00057-00 y le correspondió por

reparto al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE SINCELEJO3 que, mediante providencia de 13 de junio de 2017,

denegó las pretensiones de la demanda.

Señalaron que la anterior decisión fue apelada ante el TRIBUNAL

que, mediante providencia de 16 de febrero de 2022, confirmó la

decisión de primera instancia.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Indicaron que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico al omitir y

no tener en cuenta en la valoración probatoria, los documentos

aportados al expediente con los que pretendieron demostrar la

3
En adelante Juzgado.

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omisión en el deber de vigilancia y control que dio origen al

desplazamiento.

Señalaron que la autoridad judicial no valoró adecuadamente el

contenido del Oficio 3010 de 29 de agosto de 2012, emitido por la

DEFENSORÍA DEL PUEBLO por el cual se anexó el listado de

“grupos al margen de la ley responsables de desplazamientos a nivel

departamental”, además de los listados y declaraciones para el

registro RUV y los informes y estados de valoración expedidos por la

UARIV.

Arguyeron que el documento proferido por la DEFENSORÍA DEL

PUEBLO constituyó una prueba contundente con la que se pretendió

demostrar la omisión de las autoridades estatales encargadas de la

seguridad ciudadana.

Afirmaron que la sentencia objetada incurrió en defecto material o

sustantivo, en tanto la providencia inaplicó las normas

constitucionales y legales relacionadas con la responsabilidad estatal

y, además, omitió el cumplimiento de las siguientes normas: “[…]

artículos 2º, 90, 93, 216 y 217 de la Constitución Política, artículo 69

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ley 1448 de 2011, ley 742 de 2002, ley 387de 1997, ley 418 de 1997,

ley 548 de 1999, ley 589 de 2000, ley 599 de 2000, decreto 2231 de

1989, decreto 48 de 1990, decreto 2217 de 1996, decreto 976 de

1997, decreto 1458 de 1997, decreto 173 de 1998, decreto 501 de

1998, decreto 2569 de 2000, decreto 2620 de 2000, decreto 951 de

2001, decreto 2007 de 2001, decreto 290 de 1999, acuerdo nacional

18 de 1995, acuerdo nacional 8 de 1996, acuerdo nacional 06 de

1997, acuerdo nacional 59 de 1997 y acuerdo nacional 185 de 2000

[…]”.

I.4.- Pretensiones

Los accionantes solicitaron dejar sin efecto la sentencia objetada y,

en su lugar, ordenar al TRIBUNAL emitir un nuevo pronunciamiento,

en los siguientes términos:

“[…] 1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados
por la actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
contraria al orden jurídico preestablecido y violatorio de las
garantías Constitucionales y legales que integran los derechos
fundamentales al debido proceso y a la correcta administración de
justicia para el accionante.

2.- Como consecuencia del punto anterior que realicen los
siguientes o similares pronunciamientos.

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Actores: EDER RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ Y OTROS

a.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha
dieciséis (16) de febrero de dos mil veintidós (2022, proferida por
EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, MAGISTRADO
PONENTE: CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS, dentro de la
demanda ACCIÓN DE GRUPO DE RADICADO NO. 70-001-33-33-
009-2006-00057-01, promovida por MANUEL SALVADOR MARIOTA
FERIA Y OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-
POLICÍA NACIONAL, Y OTROS.

b.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda
ACCIÓN DE GRUPO DE RADICADO NO. 70-001-33-33-009-2006-
00057-01, promovida por MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA Y
OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL, Y OTROS, teniendo en cuenta la observancia de:

 Oficio 3010 del 29 de agosto de 2012, emanado de la
Defensoría del Pueblo, por el cual se anexa listado de
“grupos al margen de la ley responsables de
desplazamientos a nivel departamental”.

 Listados de personas incluidas en el RUV, emanado de la
UARIV.

 Copia de formatos de declaración para registro -RUV.

 CD-ROM, contentivo de declaraciones.

 Copia de informe sobre el estado y fecha de valoración de
los demandantes, emanado de la UARIV.

c.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda
ACCIÓN DE GRUPO DE RADICADO NO. 70-001-33-33-009-2006-
00057-01, promovida por MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA Y
OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL, Y OTROS, teniendo en cuenta la observancia de las
siguientes normas de derecho.

Artículo 2, 90, 93, 216, 217, de la constitución política de Colombia.
Artículo 69. De la ley 1448 de 2011.
LEY 742 DE 2002. - LEY 387de 1997. - LEY 418 de 1997. - LEY 548
de 1999. - LEY 589 de 2000. - LEY 599 de 2000. - DECRETO 2231
de 1989. - DECRETO 48 de 1990. - DECRETO 2217 de 1996. -
DECRETO 976 de 1997. - DECRETO 1458 de 1997. - DECRETO 173
de 1998. - DECRETO 501 de 1998. - DECRETO 2569 de 2000. -
DECRETO 2620 de 2000. - DECRETO 951 de 2001. - DECRETO

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2007 de 2001. - DECRETO 290 de 1999. - ACUERDO NACIONAL 18
de 1995. - ACUERDO NACIONAL 8 de 1996. - ACUERDO NACIONAL
06 de 1997. - ACUERDO NACIONAL 59 de 1997. - ACUERDO
NACIONAL 185 de 2000.

d.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda
ACCIÓN DE GRUPO DE RADICADO NO. 70-001-33-33-009-2006-
00057-01, promovida por MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA Y
OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL, Y OTROS, teniendo en cuenta la observancia de las
consideraciones del máximo tribunal contencioso administrativo de
Colombia, esto es: CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCION TERCERA- Consejera
ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Bogotá D.C., quince
(15) de agosto de dos mil siete (2007) Radicación número: 25000-
23-27-000-2002-00004-01(AG) Actor: YUDY ESTHER CACERES Y
OTROS Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA
Referencia: ACCION DE GRUPO […]”.

I.5.- Defensa

El TRIBUNAL realizó un recuento de las actuaciones judiciales

desplegadas en la acción de grupo objeto de estudio e indicó que la

providencia cuestionada, se sustentó en la interpretación que de

forma autónoma e independiente se formuló frente a la cláusula

general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90

Constitucional.

Manifestó que al realizar la valoración del acervo probatorio, se logró

determinar que los actores no aportaron pruebas que sustentaran el

nexo causal entre la presunta omisión en el deber de vigilancia y

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control que dio origen al desplazamiento por parte de los órganos de

seguridad estatal.

Mencionó que si bien en el plenario se acreditó la condición de

desplazados de varios de los integrantes del grupo, tal situación no

demuestra la responsabilidad de la entidad demandada, resultando

evidente el déficit probatorio.

Arguyó que no fueron puestas en conocimiento de la fuerza pública

las acciones delictivas de las cuales fueron objeto los miembros del

grupo y tampoco se demostró si los accionantes formularon

denuncias al respecto con el fin de activar los mecanismos de

seguridad del Estado y su posición de garante conforme lo ordena la

Constitución Política.

Finalmente, indicó que la petición de amparo constitucional es

improcedente, en tanto no se cumple con el requisito de relevancia

constitucional, toda vez que los actores pretenden revivir la discusión

jurídica elevando la acción de tutela a una tercera instancia.

I.6.- Intervinientes

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I.6.1.- La NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA

NACIONAL, manifestó que no hay lugar a considerar una errada

valoración probatoria por parte de la autoridad judicial accionada,

por cuanto se efectuó un análisis coherente y congruente respecto

del nexo causal para efectos de negar la responsabilidad de la Policía

Nacional, basado en la ausencia de material probatorio.

Arguyó que la acción es improcedente, teniendo en cuenta la

inexistencia de un perjuicio irremediable que amerite la protección

de los derechos deprecados y el reconocimiento de las pretensiones.

I.6.2.- El JUZGADO manifestó que dentro del trámite procesal se

respetaron las garantías de las partes, situación que se puede

evidenciar en la actuación judicial en la que se logra evidenciar el

respeto de las etapas procesales surtidas en primera instancia, y la

concesión del recurso de apelación contra la decisión que negó las

pretensiones de la demanda.

I.7.- Solicitud de Coadyuvancia

Los señores MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA, CERLY

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CECILIA VELÁSQUEZ TORRES, ODALIS MARINA TOVIAS

CASTILLO, BERLIDES DEL SOCORRO OVIEDO DE TORRES,

TEDIS VICTORIA MUNIVE OROZCO, GLERIS ESTHER ALVIS

BLANCO, presentaron escrito conjunto coadyuvando las

pretensiones de la demanda de tutela y su vinculación al presente

trámite.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

Cuestión previa

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Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará

respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada por los señores

MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA, CERLY CECILIA

VELÁSQUEZ TORRES, ODALIS MARINA TOVIAS CASTILLO,

BERLIDES DEL SOCORRO OVIEDO DE TORRES, TEDIS

VICTORIA MUNIVE OROZCO, GLERIS ESTHER ALVIS BLANCO.

Encuentra la Sala que los citados señores, mediante escrito conjunto,

solicitaron ser vinculados a la presente acción de tutela en calidad de

coadyuvantes de la parte actora, por cuanto hicieron parte de la

acción de grupo objeto de análisis y al igual que los accionantes

principales fueron víctimas de desplazamiento forzado.

La coadyuvancia está expresamente prevista en el artículo 13 del

Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, en el cual se establece

que las personas que tengan un interés legítimo en el resultado del

proceso también pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u

oponerse a las pretensiones de la demanda.

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al

trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto

306 de 19 de febrero de 19925, prevé que las personas que tengan

relación sustancial con una de las partes del proceso, pueden

intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia

de segunda instancia.

En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-269 de 29 de marzo

de 20126, precisó:

“…1.4 Precisamente en el trámite de la acción de tutela,
reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prevé que los
terceros con interés legítimo pueden intervenir en el
proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como
se señaló anteriormente, el artículo 13 del Decreto 2591
dispone que “quien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

1.5 En el trámite de las acciones de tutela esta delimitación
del papel de los terceros debe armonizarse con el principio
de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen
el proceso. Es por esto que una persona que no solicitó el
amparo y que luego es vinculada a su trámite, bien por
solicitud de las partes o por decisión oficiosa del juez, puede
advertir que su interés no se reduce al resultado del
proceso, sino que también es titular de los derechos que se
ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto
ocurre en virtud de los mismos hechos más o menos delimitados
desde la instauración de la tutela, y porque es la misma persona o

5
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
6
Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.

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autoridad pública accionada quien con su conducta ha generado
esta situación presentada al juez de tutela.

En estos casos, el juez de tutela está facultado para
involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a
favor de sus propias pretensiones, la convierte en una
verdadera parte dentro del proceso, dejando así de ser un
tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede
pronunciarse sobre los derechos afectados de quien
promovió la acción de tutela, y de otros vinculados al mismo
proceso en calidad de partes del mismo (…)”. (Negrillas y
subrayas fuera del texto original).

Dadas las condiciones que anteceden y teniendo en cuenta que la

solicitud de amparo está encaminada a que se restablezcan los

derechos fundamentales presuntamente vulnerados a los integrantes

de la acción de grupo, se advierte que a los señores MANUEL

SALVADOR MARIOTA FERIA, CERLY CECILIA VELÁSQUEZ

TORRES, ODALIS MARINA TOVIAS CASTILLO, BERLIDES DEL

SOCORRO OVIEDO DE TORRES, TEDIS VICTORIA MUNIVE

OROZCO, GLERIS ESTHER ALVIS BLANCO, quienes coadyuvan

las súplicas incoadas en la acción de tutela de la referencia, les asiste

un interés legítimo en las resultas del proceso por ser titulares de los

derechos fundamentales que se invocan como transgredidos, por

haber sido demandantes dentro de la acción de grupo que dio origen

a la solicitud de amparo de la referencia, razón por la que la Sala

aceptará su intervención como coadyuvantes de la parte actora,

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como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la

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vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que los actores pretenden

que se deje sin efecto la providencia de 16 de febrero de 2022,

por medio de la cual el TRIBUNAL confirmó la decisión de denegar

las pretensiones de reconocimiento y pago de la indemnización

colectiva por desplazamiento forzado, dentro de la acción de grupo

identificada con el número único de radicación 70001-33-33-009-

2006-00057-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, habida cuenta que, a juicio de los actores, la autoridad

judicial accionada incurrió en defecto fáctico y defecto material o

sustantivo.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la autoridad

judicial incurrió en los defectos endilgados.

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La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto los actores plantean, con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra la

decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran

las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248

y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,

ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable7 y, por

último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman

lesionados.

Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los defectos

alegados, para posteriormente analizar los reproches de los actores

de forma conjunta.

Del defecto fáctico

7
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20138, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto
de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una
omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una
valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes
para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas
en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez
desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas
de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha
identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio
constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la
realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa
que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte
de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía

8
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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de que son titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas
del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

Del defecto material o sustantivo

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017

señaló que:

[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta
inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”9;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la

9
T-176 de 2015.

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interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables10; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”11
(Resaltado fuera de texto).

En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o
proporcionalidad ; (b) es adaptada una disposición de forma
12

contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial
para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad
de que estos gocen13; (d) es manifiestamente errada y desatiende
los parámetros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta
injustificadamente regresiva14 o contraria a la Constitución15; o (f)
cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales
pertinentes.

Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”16.[…] (Destacado fuera
de texto).

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto

sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)

10
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
11
SU-770 de 2014.
12
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
13
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
14
T-018 de 2008.
15
T-086 de 2007.
16
SU-050 de 2017.

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efectúa una interpretación normativa fuera del rango de

razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,

c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los

intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,

injustificada e inconstitucional.

Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser

indudablemente arbitrario e incongruente respecto al

desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el

caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez

constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis

jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la

independencia para fallar, considerando las vías jurídicas

compatibles con las garantías fundamentales de las partes

intervinientes.

Caso concreto

Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,

se debe examinar lo decidido en la sentencia de 16 de febrero de

2022 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se

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indicó lo siguiente:

“[…] ANALISIS DE RESPONSABILIDAD

Como se desprende de los supuestos fácticos y súplicas de la
demanda, el daño que se le endilga al Estado en cabeza de la Policía
Nacional, es el generado por el desplazamiento forzado del que
supuestamente fueron víctimas los grupos familiares
demandantes47 y el daño generado por la ausencia y deber de
vigilancia de la institución.

Empero, una vez valorado el acervo probatorio que obra en el
expediente y fue descrito con antelación, observa la Sala, que la
parte actora no trajo al proceso prueba alguna que sustente el nexo
causal del daño con la supuesta omisión en el deber de vigilancia y
control que dio origen al desplazamiento por parte de la Policía
Nacional y /o de los demás órganos de seguridad.

Nótese que en el caso no existe una prueba clara y contundente de
la omisión por parte de alguna de las autoridades estatales
encargadas de la seguridad ciudadana, tales como denuncias,
querellas, alertas en consejos de seguridad, requerimientos a los
órganos de control, vigilancia y seguridad, como la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría, las Personerías y la propia fuerza pública.
Más allá de sola afirmación y declaraciones que solo tienen la
entidad para acreditar la condición de desplazado y el registro en
el RUV, pero que no pueden demostrar la configuración y la
estructuración de los elementos de responsabilidad
extracontractual del Estado.

En ese orden, si bien puede decirse que el plenario se encuentra
acreditada la condición de desplazados de varios de los integrantes
de los grupos demandantes, no está acreditado dentro del
expediente, que ello es consecuencia fáctica y juicamente de la
entidad demandada, siendo evidente el déficit probatorio al
respecto y cuya responsabilidad – consecuencia, recae en los
actores, como quiera que en ello, centran su pretensión de
reparación grupal.

Así pues, una vez valorado el material probatorio obrante en el
proceso, conformado por la documental relacionada, que consiste
en tan solo, se reitera, una parte de las declaraciones de los
accionantes ante las entidades competentes, con el fin de acreditar

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su condición de desplazados y por el listado de personas
registradas en el RUV, se advierte que no fueron allegados al
plenario, elementos que permitan concretar, frente al grupo
demandante, la existencia de una omisión en lo atinente a sus
órganos de seguridad (fuerza pública)

El Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, ha explicado
el alcance del deber de protección del Estado de los coasociados,
en el entendido de que el cumplimiento de sus obligaciones debe
obedecer a la verificación de sus condiciones materiales reales y no
sobre criterios ideales50. De igual forma, se ha establecido que el
grado de exigencia de la prestación de los servicios que competen
al Estado y en particular, el referido a la seguridad, está en relación
con los medios de que éste dispone para su cumplimiento: […]

Determinando además, en la providencia citada, que no puede
ofrecerse como única vía la aplicación de la posición de garante ya
que cuando dicha violación se produce como consecuencia de la
acción de “actores-no estatales”, se exige determinar que la
situación fáctica existió y que respecto a ella se concretaron tres
elementos: “i) los instrumentos de prevención utilizados; ii) la
calidad de la respuesta y iii) la reacción del Estado ante tal
conducta” , que en términos del Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas se entiende como el estándar de diligencia exigible
al Estado54.

En ese orden, no se puede establecer o por lo menos, no está
probado, que los actores hayan puesto en conocimiento de las
autoridades competentes los hechos que originaron su
desplazamiento o las circunstancias que generaron el temor por su
integralidad física y llevaron a su huida, hecho este último
comprensible. No obstante, no fueron puestas en conocimiento de
la fuerza pública las acciones delictivas de las cuales fueron objeto
los miembros del grupo personal e individualmente, familiar o como
comunidad, o si formularon denuncia al respecto y con ello activar
los mecanismos de seguridad del Estado, y a su vez, activar “esa
posición de garante” que le demanda la Constitución Política,
recordando que el Estado no es omnímodo ni omnipresente, pues
ello configuraría un imperativo de casi imposible cumplimiento.

De otra parte, teniendo en cuenta las diferentes zonas geográficas
o lugares de donde aducen los actores se dio el hecho que produjo
el desplazamiento, no es posible realizar un análisis indiciario de
notoriedad pública de la situación de violencia, lo que igualmente
impide un estudio de la capacidad de repuesta del Estado y de la

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fuerza pública, frente a cada una de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que generaron el desplazamiento. […]

El Estado tiene una obligación positiva frente a la protección de los
derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, sin
embargo, ella no es automática, lo que no implica que deba
imputarse la responsabilidad de éste sin el sustento probatorio
suficiente57-58, como aquí acaece, puesto que del acervo
probatorio no se infiere que los miembros de la Fuerzas Militares,
Fuerza Pública o agentes estatales, participaron directa y
activamente en los hechos demandados, o que tenían conocimiento
previo una situación anormal de amenazas en la zona contra los
pobladores, lo que les permitía y exigía tomar las medidas
correspondientes para contrarrestar la situación adversa a los
demandantes.

No ignora esta Colegiatura la difícil situación de orden público
vivida en el país y que ha golpeado fuertemente al Departamento
de Sucre, debido a la presencia y modo de operar de los grupos
ilegales, sin embargo, no es dable responsabilizar a la
administración por hechos como los que aquí se demandan, si
dentro del plenario no se encuentra debidamente acreditada alguna
circunstancia que concrete su deber general de protección, más
aún, cuando en el plenario no se demostró la situación concreta
ocasionada en cada uno de los distintos sitios o regiones donde se
originó la situación que conllevó el desplazamiento de los actores y
que en su sentir generaron el daño.

Ahora, si bien con las declaraciones realizada por algunos de los
actores, se podría tener por cierto el hecho del desplazamiento, ello
no es prueba conclusiva, para acreditar la imputación a la entidad
demandada, puesto que el deber reparatorio surge en este caso,
sólo en la medida en que se acrediten las acciones u omisiones de
la entidad demandada, que concreten el incumplimiento de su
contenido obligacional, como condiciones necesarias del régimen
de falla del servicio; los cuales acorde con el análisis efectuado
líneas antes, se encuentran ausentes, pues era preciso la prueba
del aspecto fáctico en cada uno de los municipios donde se afirmó
por los actores que tuvieron que desarraigarse, para así realizar el
juicio de imputación.

Ha dicho el Consejo de Estado frente a las obligaciones del Estado,
“que nadie está obligado a lo imposible; sin que ello implique que
la relatividad de sus obligaciones lo justifique en su
incumplimiento, ya que debe verificarse si se obró o no acorde con

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las funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico, o si por el
contrario les fue imposible cumplir su deber en relación con el caso
puesto a consideración”59.

Por tanto, no basta el argumento de la ausencia de presencia
militar y de policía, pues, frente a ello, se ha dicho que esa sola
circunstancia no es determinante para imputar la responsabilidad
a las entidades demandadas por los “perjuicios causados a los
demandantes”, en el régimen de falla probada, y aun bajo la
condición de garante, ya que se hace necesario que las víctimas
del desplazamiento hayan advertido a las autoridades competentes
de los conflictos por los que atravesaban y éstas se hayan negado
a brindar la protección y garantía a sus derechos fundamentales,
como requisito para demostrar la “falta de atención o la atención
irregular o inoportuna de dicha obligación por parte de la
Administración en el caso concreto”.

En tal orden, no se demostró que para los demandantes no haya
habido protección, como componente de la obligación del Estado
de mantener o preservar la seguridad y la respuesta misma,
posterior a los hechos violentos que causaron el desplazamiento y
que impide el retorno a lugares de origen a los desplazados, como
elemento necesario para predicar el daño y la imputación al Estado,
en este caso concreto.

En síntesis, la responsabilidad del Estado bajo los presupuestos del
artículo 90 de la C.P., exige la configuración concreta y prueba del
daño y la imputación, elementos que dentro de la presente acción
de grupo estima la Sala no se acreditan, razón por la cual, este
Tribunal CONFIRMARÁ la sentencia venida en alzada. […]”
(Negrilla del texto).

De lo anterior, se extrae que la autoridad judicial accionada, al

conocer la acción de grupo en segunda instancia, resolvió confirmar

la decisión del a quo de denegar las pretensiones de la demanda, al

considerar que no se reunieron los elementos probatorios que

permitieran evidenciar el nexo causal del desplazamiento forzado y

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la presunta omisión en el deber de vigilancia y control por partes de

los órganos de seguridad.

Para arribar a tal conclusión, la autoridad judicial estimó que de las

pruebas allegadas al proceso, no era posible atribuirle

responsabilidad al Estado, por cuanto no obró una prueba

contundente que demostrará que las autoridades demandadas

conocieron los hechos que originaron los hechos de desplazamiento,

o las circunstancias de amenaza que hubiere provocado la migración

de las familias que hicieron parte de la acción de grupo.

Para el TRIBUNAL, del material probatorio obrante en el expediente

y, al verificar las diferentes ubicaciones geografías en las que según

los actores se llevaron a cabo las acciones de desplazamiento, no se

desprenden indicios con los que se lograra inferir la notoriedad de los

hechos de violencia que provocaron el desplazamiento de los actores

y sus familias.

Igualmente, el TRIBUNAL anotó que no desconoce la situación de

orden público que vivió el Departamento de Sucre debido a la

presencia de actores armados, sin embargo, recalcó que no fue

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posible endilgar la responsabilidad al Estado, por cuanto en el

plenario no se acreditó una circunstancia concreta con la que se

determinara la omisión en el deber general de protección por parte

del mismo, en las zonas geográficas en las que se señaló el origen

del desplazamiento de los actores.

En ese sentido, el TRIBUNAL accionado concluyó que era necesario

que las victimas del desplazamiento hubieran advertido de las

circunstancias de amenaza a las autoridades de seguridad y, que

éstas, se hubieran negado a brindar protección a los miembros de la

comunidad. Lo anterior, […] como componente de la obligación del

Estado de mantener o preservar la seguridad y la respuesta misma,

posterior a los hechos violentos que causaron el desplazamiento y

que impide el retorno a lugares de origen a los desplazados, como

elemento necesario para predicar el daño y la imputación al Estado,

en este caso concreto […].

En ese sentido, la Sala no evidencia el defecto fáctico alegado en

tanto la decisión cuestionada fue adoptada a partir de la situación

fáctica planteada en la demanda y en el material probatorio aportado

al plenario, por lo que de conformidad con la autonomía judicial de

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la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL confirmó la

decisión del a quo, que denegó las súplicas de la demanda. Por lo

tanto, el análisis de la decisión contenida en la providencia

controvertida no resulta arbitraria o incongruente.

Asimismo, la Sala no encuentra estructurado el defecto material o

sustantivo alegado, por cuanto la decisión objeto de reproche fue

debidamente argumentada, y de conformidad con la normatividad y

la jurisprudencia aplicable al caso, el TRIBUNAL dispuso que no

había lugar a declarar la responsabilidad del Estado, por cuanto los

accionantes no acreditaron la solicitud de las medidas de protección

en virtud de la condición de riesgo y amenaza que fue alegada en la

acción de grupo.

En ese orden de ideas, en la medida que la autoridad judicial

accionada no incurrió en los defectos alegados por los actores, la Sala

denegará el amparo constitucional, como se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: ACEPTAR como coadyuvantes de la parte accionante a

los señores MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA, CERLY

CECILIA VELÁSQUEZ TORRES, ODALIS MARINA TOVIAS

CASTILLO, BERLIDES DEL SOCORRO OVIEDO DE TORRES,

TEDIS VICTORIA MUNIVE OROZCO, GLERIS ESTHER ALVIS

BLANCO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de mayo de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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