Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01731-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01731-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01731-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01731-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: EDER RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ Y OTROS
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL TRIBUNAL NO
INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS FÁCTICO Y MATERIAL O SUSTANTIVO
ALEGADO. NO SE PROBÓ LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LOS ACTORES A MANOS DE
GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE1.
I. ANTECEDENTES
1
En adelante Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01731-00
Actores: EDER RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ Y OTROS
I.1.- La Solicitud
Los señores EDER RAFAEL y GENIS ESTHER TORRES
HERNÁNDEZ, ORNELIS PATRICIA y YULIS JUDITH HERNÁNDEZ
ROMERO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitan
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales estiman vulnerados
por el TRIBUNAL al proferir la providencia de 16 de febrero de 2022,
dentro de la acción de grupo identificada con el número único de
radicación 70001-33-33-009-2006-00057-01.
I.2.- Hechos
Manifestaron que son personas desplazadas de los corregimientos y
municipios que conforman la región de los montes de maría por causa
de las acciones desplegadas por grupos al margen de la ley y, que
en la actualidad, se encuentran debidamente registradas en la base
de datos de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS-UARIV-2.
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En adelante UARIV.
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Actores: EDER RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ Y OTROS
Afirmaron que debido a lo anterior, promovieron acción de grupo
contra el Estado colombiano, cuyas pretensiones estaban
encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de la indemnización
colectiva por desplazamiento forzado.
Mencionaron que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 70001-33-33-009-2006-00057-00 y le correspondió por
reparto al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE SINCELEJO3 que, mediante providencia de 13 de junio de 2017,
denegó las pretensiones de la demanda.
Señalaron que la anterior decisión fue apelada ante el TRIBUNAL
que, mediante providencia de 16 de febrero de 2022, confirmó la
decisión de primera instancia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Indicaron que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico al omitir y
no tener en cuenta en la valoración probatoria, los documentos
aportados al expediente con los que pretendieron demostrar la
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En adelante Juzgado.
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omisión en el deber de vigilancia y control que dio origen al
desplazamiento.
Señalaron que la autoridad judicial no valoró adecuadamente el
contenido del Oficio 3010 de 29 de agosto de 2012, emitido por la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO por el cual se anexó el listado de
“grupos al margen de la ley responsables de desplazamientos a nivel
departamental”, además de los listados y declaraciones para el
registro RUV y los informes y estados de valoración expedidos por la
UARIV.
Arguyeron que el documento proferido por la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO constituyó una prueba contundente con la que se pretendió
demostrar la omisión de las autoridades estatales encargadas de la
seguridad ciudadana.
Afirmaron que la sentencia objetada incurrió en defecto material o
sustantivo, en tanto la providencia inaplicó las normas
constitucionales y legales relacionadas con la responsabilidad estatal
y, además, omitió el cumplimiento de las siguientes normas: “[…]
artículos 2º, 90, 93, 216 y 217 de la Constitución Política, artículo 69
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ley 1448 de 2011, ley 742 de 2002, ley 387de 1997, ley 418 de 1997,
ley 548 de 1999, ley 589 de 2000, ley 599 de 2000, decreto 2231 de
1989, decreto 48 de 1990, decreto 2217 de 1996, decreto 976 de
1997, decreto 1458 de 1997, decreto 173 de 1998, decreto 501 de
1998, decreto 2569 de 2000, decreto 2620 de 2000, decreto 951 de
2001, decreto 2007 de 2001, decreto 290 de 1999, acuerdo nacional
18 de 1995, acuerdo nacional 8 de 1996, acuerdo nacional 06 de
1997, acuerdo nacional 59 de 1997 y acuerdo nacional 185 de 2000
[…]”.
I.4.- Pretensiones
Los accionantes solicitaron dejar sin efecto la sentencia objetada y,
en su lugar, ordenar al TRIBUNAL emitir un nuevo pronunciamiento,
en los siguientes términos:
“[…] 1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados
por la actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
contraria al orden jurídico preestablecido y violatorio de las
garantías Constitucionales y legales que integran los derechos
fundamentales al debido proceso y a la correcta administración de
justicia para el accionante.
2.- Como consecuencia del punto anterior que realicen los
siguientes o similares pronunciamientos.
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a.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha
dieciséis (16) de febrero de dos mil veintidós (2022, proferida por
EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, MAGISTRADO
PONENTE: CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS, dentro de la
demanda ACCIÓN DE GRUPO DE RADICADO NO. 70-001-33-33-
009-2006-00057-01, promovida por MANUEL SALVADOR MARIOTA
FERIA Y OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-
POLICÍA NACIONAL, Y OTROS.
b.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda
ACCIÓN DE GRUPO DE RADICADO NO. 70-001-33-33-009-2006-
00057-01, promovida por MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA Y
OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL, Y OTROS, teniendo en cuenta la observancia de:
Oficio 3010 del 29 de agosto de 2012, emanado de la
Defensoría del Pueblo, por el cual se anexa listado de
“grupos al margen de la ley responsables de
desplazamientos a nivel departamental”.
Listados de personas incluidas en el RUV, emanado de la
UARIV.
Copia de formatos de declaración para registro -RUV.
CD-ROM, contentivo de declaraciones.
Copia de informe sobre el estado y fecha de valoración de
los demandantes, emanado de la UARIV.
c.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda
ACCIÓN DE GRUPO DE RADICADO NO. 70-001-33-33-009-2006-
00057-01, promovida por MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA Y
OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL, Y OTROS, teniendo en cuenta la observancia de las
siguientes normas de derecho.
Artículo 2, 90, 93, 216, 217, de la constitución política de Colombia.
Artículo 69. De la ley 1448 de 2011.
LEY 742 DE 2002. - LEY 387de 1997. - LEY 418 de 1997. - LEY 548
de 1999. - LEY 589 de 2000. - LEY 599 de 2000. - DECRETO 2231
de 1989. - DECRETO 48 de 1990. - DECRETO 2217 de 1996. -
DECRETO 976 de 1997. - DECRETO 1458 de 1997. - DECRETO 173
de 1998. - DECRETO 501 de 1998. - DECRETO 2569 de 2000. -
DECRETO 2620 de 2000. - DECRETO 951 de 2001. - DECRETO
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2007 de 2001. - DECRETO 290 de 1999. - ACUERDO NACIONAL 18
de 1995. - ACUERDO NACIONAL 8 de 1996. - ACUERDO NACIONAL
06 de 1997. - ACUERDO NACIONAL 59 de 1997. - ACUERDO
NACIONAL 185 de 2000.
d.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda
ACCIÓN DE GRUPO DE RADICADO NO. 70-001-33-33-009-2006-
00057-01, promovida por MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA Y
OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL, Y OTROS, teniendo en cuenta la observancia de las
consideraciones del máximo tribunal contencioso administrativo de
Colombia, esto es: CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCION TERCERA- Consejera
ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Bogotá D.C., quince
(15) de agosto de dos mil siete (2007) Radicación número: 25000-
23-27-000-2002-00004-01(AG) Actor: YUDY ESTHER CACERES Y
OTROS Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA
Referencia: ACCION DE GRUPO […]”.
I.5.- Defensa
El TRIBUNAL realizó un recuento de las actuaciones judiciales
desplegadas en la acción de grupo objeto de estudio e indicó que la
providencia cuestionada, se sustentó en la interpretación que de
forma autónoma e independiente se formuló frente a la cláusula
general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90
Constitucional.
Manifestó que al realizar la valoración del acervo probatorio, se logró
determinar que los actores no aportaron pruebas que sustentaran el
nexo causal entre la presunta omisión en el deber de vigilancia y
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control que dio origen al desplazamiento por parte de los órganos de
seguridad estatal.
Mencionó que si bien en el plenario se acreditó la condición de
desplazados de varios de los integrantes del grupo, tal situación no
demuestra la responsabilidad de la entidad demandada, resultando
evidente el déficit probatorio.
Arguyó que no fueron puestas en conocimiento de la fuerza pública
las acciones delictivas de las cuales fueron objeto los miembros del
grupo y tampoco se demostró si los accionantes formularon
denuncias al respecto con el fin de activar los mecanismos de
seguridad del Estado y su posición de garante conforme lo ordena la
Constitución Política.
Finalmente, indicó que la petición de amparo constitucional es
improcedente, en tanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que los actores pretenden revivir la discusión
jurídica elevando la acción de tutela a una tercera instancia.
I.6.- Intervinientes
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I.6.1.- La NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA
NACIONAL, manifestó que no hay lugar a considerar una errada
valoración probatoria por parte de la autoridad judicial accionada,
por cuanto se efectuó un análisis coherente y congruente respecto
del nexo causal para efectos de negar la responsabilidad de la Policía
Nacional, basado en la ausencia de material probatorio.
Arguyó que la acción es improcedente, teniendo en cuenta la
inexistencia de un perjuicio irremediable que amerite la protección
de los derechos deprecados y el reconocimiento de las pretensiones.
I.6.2.- El JUZGADO manifestó que dentro del trámite procesal se
respetaron las garantías de las partes, situación que se puede
evidenciar en la actuación judicial en la que se logra evidenciar el
respeto de las etapas procesales surtidas en primera instancia, y la
concesión del recurso de apelación contra la decisión que negó las
pretensiones de la demanda.
I.7.- Solicitud de Coadyuvancia
Los señores MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA, CERLY
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CECILIA VELÁSQUEZ TORRES, ODALIS MARINA TOVIAS
CASTILLO, BERLIDES DEL SOCORRO OVIEDO DE TORRES,
TEDIS VICTORIA MUNIVE OROZCO, GLERIS ESTHER ALVIS
BLANCO, presentaron escrito conjunto coadyuvando las
pretensiones de la demanda de tutela y su vinculación al presente
trámite.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestión previa
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Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará
respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada por los señores
MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA, CERLY CECILIA
VELÁSQUEZ TORRES, ODALIS MARINA TOVIAS CASTILLO,
BERLIDES DEL SOCORRO OVIEDO DE TORRES, TEDIS
VICTORIA MUNIVE OROZCO, GLERIS ESTHER ALVIS BLANCO.
Encuentra la Sala que los citados señores, mediante escrito conjunto,
solicitaron ser vinculados a la presente acción de tutela en calidad de
coadyuvantes de la parte actora, por cuanto hicieron parte de la
acción de grupo objeto de análisis y al igual que los accionantes
principales fueron víctimas de desplazamiento forzado.
La coadyuvancia está expresamente prevista en el artículo 13 del
Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, en el cual se establece
que las personas que tengan un interés legítimo en el resultado del
proceso también pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u
oponerse a las pretensiones de la demanda.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al
trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto
306 de 19 de febrero de 19925, prevé que las personas que tengan
relación sustancial con una de las partes del proceso, pueden
intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia
de segunda instancia.
En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-269 de 29 de marzo
de 20126, precisó:
“…1.4 Precisamente en el trámite de la acción de tutela,
reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prevé que los
terceros con interés legítimo pueden intervenir en el
proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como
se señaló anteriormente, el artículo 13 del Decreto 2591
dispone que “quien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
1.5 En el trámite de las acciones de tutela esta delimitación
del papel de los terceros debe armonizarse con el principio
de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen
el proceso. Es por esto que una persona que no solicitó el
amparo y que luego es vinculada a su trámite, bien por
solicitud de las partes o por decisión oficiosa del juez, puede
advertir que su interés no se reduce al resultado del
proceso, sino que también es titular de los derechos que se
ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto
ocurre en virtud de los mismos hechos más o menos delimitados
desde la instauración de la tutela, y porque es la misma persona o
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“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
6
Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
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autoridad pública accionada quien con su conducta ha generado
esta situación presentada al juez de tutela.
En estos casos, el juez de tutela está facultado para
involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a
favor de sus propias pretensiones, la convierte en una
verdadera parte dentro del proceso, dejando así de ser un
tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede
pronunciarse sobre los derechos afectados de quien
promovió la acción de tutela, y de otros vinculados al mismo
proceso en calidad de partes del mismo (…)”. (Negrillas y
subrayas fuera del texto original).
Dadas las condiciones que anteceden y teniendo en cuenta que la
solicitud de amparo está encaminada a que se restablezcan los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados a los integrantes
de la acción de grupo, se advierte que a los señores MANUEL
SALVADOR MARIOTA FERIA, CERLY CECILIA VELÁSQUEZ
TORRES, ODALIS MARINA TOVIAS CASTILLO, BERLIDES DEL
SOCORRO OVIEDO DE TORRES, TEDIS VICTORIA MUNIVE
OROZCO, GLERIS ESTHER ALVIS BLANCO, quienes coadyuvan
las súplicas incoadas en la acción de tutela de la referencia, les asiste
un interés legítimo en las resultas del proceso por ser titulares de los
derechos fundamentales que se invocan como transgredidos, por
haber sido demandantes dentro de la acción de grupo que dio origen
a la solicitud de amparo de la referencia, razón por la que la Sala
aceptará su intervención como coadyuvantes de la parte actora,
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como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
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vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que los actores pretenden
que se deje sin efecto la providencia de 16 de febrero de 2022,
por medio de la cual el TRIBUNAL confirmó la decisión de denegar
las pretensiones de reconocimiento y pago de la indemnización
colectiva por desplazamiento forzado, dentro de la acción de grupo
identificada con el número único de radicación 70001-33-33-009-
2006-00057-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, habida cuenta que, a juicio de los actores, la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto fáctico y defecto material o
sustantivo.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la autoridad
judicial incurrió en los defectos endilgados.
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La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto los actores plantean, con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra la
decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran
las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248
y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,
ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable7 y, por
último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman
lesionados.
Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los defectos
alegados, para posteriormente analizar los reproches de los actores
de forma conjunta.
Del defecto fáctico
7
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20138, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto
de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una
omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una
valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes
para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas
en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez
desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas
de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha
identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio
constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la
realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa
que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte
de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
8
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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de que son titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas
del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Del defecto material o sustantivo
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017
señaló que:
[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta
inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”9;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la
9
T-176 de 2015.
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interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables10; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”11
(Resaltado fuera de texto).
En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o
proporcionalidad ; (b) es adaptada una disposición de forma
12
contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial
para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad
de que estos gocen13; (d) es manifiestamente errada y desatiende
los parámetros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta
injustificadamente regresiva14 o contraria a la Constitución15; o (f)
cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales
pertinentes.
Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”16.[…] (Destacado fuera
de texto).
Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto
sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)
10
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
11
SU-770 de 2014.
12
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
13
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
14
T-018 de 2008.
15
T-086 de 2007.
16
SU-050 de 2017.
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efectúa una interpretación normativa fuera del rango de
razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,
c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los
intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,
injustificada e inconstitucional.
Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser
indudablemente arbitrario e incongruente respecto al
desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el
caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez
constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis
jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la
independencia para fallar, considerando las vías jurídicas
compatibles con las garantías fundamentales de las partes
intervinientes.
Caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
se debe examinar lo decidido en la sentencia de 16 de febrero de
2022 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se
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indicó lo siguiente:
“[…] ANALISIS DE RESPONSABILIDAD
Como se desprende de los supuestos fácticos y súplicas de la
demanda, el daño que se le endilga al Estado en cabeza de la Policía
Nacional, es el generado por el desplazamiento forzado del que
supuestamente fueron víctimas los grupos familiares
demandantes47 y el daño generado por la ausencia y deber de
vigilancia de la institución.
Empero, una vez valorado el acervo probatorio que obra en el
expediente y fue descrito con antelación, observa la Sala, que la
parte actora no trajo al proceso prueba alguna que sustente el nexo
causal del daño con la supuesta omisión en el deber de vigilancia y
control que dio origen al desplazamiento por parte de la Policía
Nacional y /o de los demás órganos de seguridad.
Nótese que en el caso no existe una prueba clara y contundente de
la omisión por parte de alguna de las autoridades estatales
encargadas de la seguridad ciudadana, tales como denuncias,
querellas, alertas en consejos de seguridad, requerimientos a los
órganos de control, vigilancia y seguridad, como la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría, las Personerías y la propia fuerza pública.
Más allá de sola afirmación y declaraciones que solo tienen la
entidad para acreditar la condición de desplazado y el registro en
el RUV, pero que no pueden demostrar la configuración y la
estructuración de los elementos de responsabilidad
extracontractual del Estado.
En ese orden, si bien puede decirse que el plenario se encuentra
acreditada la condición de desplazados de varios de los integrantes
de los grupos demandantes, no está acreditado dentro del
expediente, que ello es consecuencia fáctica y juicamente de la
entidad demandada, siendo evidente el déficit probatorio al
respecto y cuya responsabilidad – consecuencia, recae en los
actores, como quiera que en ello, centran su pretensión de
reparación grupal.
Así pues, una vez valorado el material probatorio obrante en el
proceso, conformado por la documental relacionada, que consiste
en tan solo, se reitera, una parte de las declaraciones de los
accionantes ante las entidades competentes, con el fin de acreditar
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su condición de desplazados y por el listado de personas
registradas en el RUV, se advierte que no fueron allegados al
plenario, elementos que permitan concretar, frente al grupo
demandante, la existencia de una omisión en lo atinente a sus
órganos de seguridad (fuerza pública)
El Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, ha explicado
el alcance del deber de protección del Estado de los coasociados,
en el entendido de que el cumplimiento de sus obligaciones debe
obedecer a la verificación de sus condiciones materiales reales y no
sobre criterios ideales50. De igual forma, se ha establecido que el
grado de exigencia de la prestación de los servicios que competen
al Estado y en particular, el referido a la seguridad, está en relación
con los medios de que éste dispone para su cumplimiento: […]
Determinando además, en la providencia citada, que no puede
ofrecerse como única vía la aplicación de la posición de garante ya
que cuando dicha violación se produce como consecuencia de la
acción de “actores-no estatales”, se exige determinar que la
situación fáctica existió y que respecto a ella se concretaron tres
elementos: “i) los instrumentos de prevención utilizados; ii) la
calidad de la respuesta y iii) la reacción del Estado ante tal
conducta” , que en términos del Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas se entiende como el estándar de diligencia exigible
al Estado54.
En ese orden, no se puede establecer o por lo menos, no está
probado, que los actores hayan puesto en conocimiento de las
autoridades competentes los hechos que originaron su
desplazamiento o las circunstancias que generaron el temor por su
integralidad física y llevaron a su huida, hecho este último
comprensible. No obstante, no fueron puestas en conocimiento de
la fuerza pública las acciones delictivas de las cuales fueron objeto
los miembros del grupo personal e individualmente, familiar o como
comunidad, o si formularon denuncia al respecto y con ello activar
los mecanismos de seguridad del Estado, y a su vez, activar “esa
posición de garante” que le demanda la Constitución Política,
recordando que el Estado no es omnímodo ni omnipresente, pues
ello configuraría un imperativo de casi imposible cumplimiento.
De otra parte, teniendo en cuenta las diferentes zonas geográficas
o lugares de donde aducen los actores se dio el hecho que produjo
el desplazamiento, no es posible realizar un análisis indiciario de
notoriedad pública de la situación de violencia, lo que igualmente
impide un estudio de la capacidad de repuesta del Estado y de la
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fuerza pública, frente a cada una de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que generaron el desplazamiento. […]
El Estado tiene una obligación positiva frente a la protección de los
derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, sin
embargo, ella no es automática, lo que no implica que deba
imputarse la responsabilidad de éste sin el sustento probatorio
suficiente57-58, como aquí acaece, puesto que del acervo
probatorio no se infiere que los miembros de la Fuerzas Militares,
Fuerza Pública o agentes estatales, participaron directa y
activamente en los hechos demandados, o que tenían conocimiento
previo una situación anormal de amenazas en la zona contra los
pobladores, lo que les permitía y exigía tomar las medidas
correspondientes para contrarrestar la situación adversa a los
demandantes.
No ignora esta Colegiatura la difícil situación de orden público
vivida en el país y que ha golpeado fuertemente al Departamento
de Sucre, debido a la presencia y modo de operar de los grupos
ilegales, sin embargo, no es dable responsabilizar a la
administración por hechos como los que aquí se demandan, si
dentro del plenario no se encuentra debidamente acreditada alguna
circunstancia que concrete su deber general de protección, más
aún, cuando en el plenario no se demostró la situación concreta
ocasionada en cada uno de los distintos sitios o regiones donde se
originó la situación que conllevó el desplazamiento de los actores y
que en su sentir generaron el daño.
Ahora, si bien con las declaraciones realizada por algunos de los
actores, se podría tener por cierto el hecho del desplazamiento, ello
no es prueba conclusiva, para acreditar la imputación a la entidad
demandada, puesto que el deber reparatorio surge en este caso,
sólo en la medida en que se acrediten las acciones u omisiones de
la entidad demandada, que concreten el incumplimiento de su
contenido obligacional, como condiciones necesarias del régimen
de falla del servicio; los cuales acorde con el análisis efectuado
líneas antes, se encuentran ausentes, pues era preciso la prueba
del aspecto fáctico en cada uno de los municipios donde se afirmó
por los actores que tuvieron que desarraigarse, para así realizar el
juicio de imputación.
Ha dicho el Consejo de Estado frente a las obligaciones del Estado,
“que nadie está obligado a lo imposible; sin que ello implique que
la relatividad de sus obligaciones lo justifique en su
incumplimiento, ya que debe verificarse si se obró o no acorde con
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las funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico, o si por el
contrario les fue imposible cumplir su deber en relación con el caso
puesto a consideración”59.
Por tanto, no basta el argumento de la ausencia de presencia
militar y de policía, pues, frente a ello, se ha dicho que esa sola
circunstancia no es determinante para imputar la responsabilidad
a las entidades demandadas por los “perjuicios causados a los
demandantes”, en el régimen de falla probada, y aun bajo la
condición de garante, ya que se hace necesario que las víctimas
del desplazamiento hayan advertido a las autoridades competentes
de los conflictos por los que atravesaban y éstas se hayan negado
a brindar la protección y garantía a sus derechos fundamentales,
como requisito para demostrar la “falta de atención o la atención
irregular o inoportuna de dicha obligación por parte de la
Administración en el caso concreto”.
En tal orden, no se demostró que para los demandantes no haya
habido protección, como componente de la obligación del Estado
de mantener o preservar la seguridad y la respuesta misma,
posterior a los hechos violentos que causaron el desplazamiento y
que impide el retorno a lugares de origen a los desplazados, como
elemento necesario para predicar el daño y la imputación al Estado,
en este caso concreto.
En síntesis, la responsabilidad del Estado bajo los presupuestos del
artículo 90 de la C.P., exige la configuración concreta y prueba del
daño y la imputación, elementos que dentro de la presente acción
de grupo estima la Sala no se acreditan, razón por la cual, este
Tribunal CONFIRMARÁ la sentencia venida en alzada. […]”
(Negrilla del texto).
De lo anterior, se extrae que la autoridad judicial accionada, al
conocer la acción de grupo en segunda instancia, resolvió confirmar
la decisión del a quo de denegar las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se reunieron los elementos probatorios que
permitieran evidenciar el nexo causal del desplazamiento forzado y
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la presunta omisión en el deber de vigilancia y control por partes de
los órganos de seguridad.
Para arribar a tal conclusión, la autoridad judicial estimó que de las
pruebas allegadas al proceso, no era posible atribuirle
responsabilidad al Estado, por cuanto no obró una prueba
contundente que demostrará que las autoridades demandadas
conocieron los hechos que originaron los hechos de desplazamiento,
o las circunstancias de amenaza que hubiere provocado la migración
de las familias que hicieron parte de la acción de grupo.
Para el TRIBUNAL, del material probatorio obrante en el expediente
y, al verificar las diferentes ubicaciones geografías en las que según
los actores se llevaron a cabo las acciones de desplazamiento, no se
desprenden indicios con los que se lograra inferir la notoriedad de los
hechos de violencia que provocaron el desplazamiento de los actores
y sus familias.
Igualmente, el TRIBUNAL anotó que no desconoce la situación de
orden público que vivió el Departamento de Sucre debido a la
presencia de actores armados, sin embargo, recalcó que no fue
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posible endilgar la responsabilidad al Estado, por cuanto en el
plenario no se acreditó una circunstancia concreta con la que se
determinara la omisión en el deber general de protección por parte
del mismo, en las zonas geográficas en las que se señaló el origen
del desplazamiento de los actores.
En ese sentido, el TRIBUNAL accionado concluyó que era necesario
que las victimas del desplazamiento hubieran advertido de las
circunstancias de amenaza a las autoridades de seguridad y, que
éstas, se hubieran negado a brindar protección a los miembros de la
comunidad. Lo anterior, […] como componente de la obligación del
Estado de mantener o preservar la seguridad y la respuesta misma,
posterior a los hechos violentos que causaron el desplazamiento y
que impide el retorno a lugares de origen a los desplazados, como
elemento necesario para predicar el daño y la imputación al Estado,
en este caso concreto […].
En ese sentido, la Sala no evidencia el defecto fáctico alegado en
tanto la decisión cuestionada fue adoptada a partir de la situación
fáctica planteada en la demanda y en el material probatorio aportado
al plenario, por lo que de conformidad con la autonomía judicial de
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la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL confirmó la
decisión del a quo, que denegó las súplicas de la demanda. Por lo
tanto, el análisis de la decisión contenida en la providencia
controvertida no resulta arbitraria o incongruente.
Asimismo, la Sala no encuentra estructurado el defecto material o
sustantivo alegado, por cuanto la decisión objeto de reproche fue
debidamente argumentada, y de conformidad con la normatividad y
la jurisprudencia aplicable al caso, el TRIBUNAL dispuso que no
había lugar a declarar la responsabilidad del Estado, por cuanto los
accionantes no acreditaron la solicitud de las medidas de protección
en virtud de la condición de riesgo y amenaza que fue alegada en la
acción de grupo.
En ese orden de ideas, en la medida que la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos alegados por los actores, la Sala
denegará el amparo constitucional, como se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: ACEPTAR como coadyuvantes de la parte accionante a
los señores MANUEL SALVADOR MARIOTA FERIA, CERLY
CECILIA VELÁSQUEZ TORRES, ODALIS MARINA TOVIAS
CASTILLO, BERLIDES DEL SOCORRO OVIEDO DE TORRES,
TEDIS VICTORIA MUNIVE OROZCO, GLERIS ESTHER ALVIS
BLANCO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de mayo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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