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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01737-01

Fecha
15 de julio de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01737-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de mayo de 2022, por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto Tapia Ahumada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 15 Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01 Demandante: Roberto Tapia Ahumada Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-01737-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

15 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / REVOCA por
IMPROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD – la parte actora cuenta con el recurso
extraordinario de revisión / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - la parte actora
pretende reabrir un debate ya surtido y crear una instancia adicional al no estar de
acuerdo con lo decidido en el proceso.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en contra de la sentencia
proferida el 4 de mayo de 2022, por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado, mediante la cual se resolvió:

<< PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del
señor Roberto Tapia Ahumada por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 9 de noviembre
de 2021 por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico en el marco
del proceso de acción de cumplimiento de radicado No. 08-001-33-33-008-
2021-00172-01.

TERCERO: ORDÉNASE a la Sección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico dictar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, una nueva sentencia que se ajuste a lo expuesto en la parte motiva
del presente fallo de tutela.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación>> (negrillas del texto original).

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 18 de enero de 2022, el señor Roberto Tapia Ahumada, instauró demanda de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de que se proteja su
derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad
judicial accionada, al proferir el fallo de 9 de noviembre de 2021, por medio del cual
revocó el fallo proferido el 24 de septiembre de 2021 por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Barranquilla y, en su lugar, declaró improcedente la
acción de cumplimiento No. 08-001-33-33-008-2021-00172-01.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a las siguientes1:

<< Roberto Tapia Ahumada, abogado en ejercicio, identificado con la cédula
de ciudadanía No.8.662.906 expedida en Barranquilla, portador de la tarjeta
profesional de abogado No.31.774 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi
condición de accionante dentro del proceso de la radicación 08-001-33-33- 008-
2021-00172-01 que se tramitó en primera instancia en el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y en segunda instancia en el
Tribunal Administrativo del Atlántico, con todo respeto presento acción de
tutela, contra la sección “C” del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico conformada por los magistrados Jorge Eliecer Fandiño Gallo, Javier
Bornacelly Campbell y Cesar Augusto Torres Ormaza, a fin de que en sede de
tutela se declare la nulidad de la sentencia de fecha 9 de noviembre del 2021
notificada por correo electrónico el 10 de noviembre del mismo año y que
resolvió la apelación de la sentencia de primera instancia proferida dentro de la
acción de cumplimiento de la misma radicación, por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Barranquilla en el proceso en que aparece como
accionado el Distrito de Barranquilla, con fecha 24 de septiembre del 2021 todo
ello basado en el artículo 86 de la Constitución nacional reglamentada por
decreto 2591 de 1991, para que se revoque en sede de tutela la sentencia de
segunda instancia con fecha 9 de noviembre del 2021 y en su lugar deje en
firme la sentencia apelada >> (negrillas del texto original).

1
Expediente digital, Folio 1 del escrito de demanda.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.1.- El 15 de febrero de 2021, el accionante, mediante petición, le solicitó a la
Alcaldía de Barranquilla, que, en cumplimiento de las disposiciones consagradas en
el artículo 5 del Decreto 1678 de 1958, reformado por el Decreto 2759 de 1997,
ordenara el desmonte y retiro de las placas que, por ser obras construidas durante
su administración, aparecen los nombres de los alcaldes, ubicadas en: (i) el Palacio
de Combate Sugar Baby Rojas, ubicado en la calle 55 Carrera 54; (ii) el Gran
Malecón del Río Magdalena, ubicado en la vía 40 en las calles 72, 79; el Parque
Bellavista, ubicado en la calle 72 con carrera 61; (iii) el Parque Tomás Suri Salcedo,
ubicado en la calle 72 con carrera 46; (iv) la Galería Artesanal y Comercial 72,
ubicado en la calle 72 No. 44-101; (v) la Escultura del Joe Arroyo, ubicada en la
carrera 46 con calle 72; (vi) el Parque Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicado en la
carrera 44 con calle 72; (vi) el Parque Eugenio Macías, ubicado en la carrera 45 con
calle 80; (vii) el Parque del Sagrado Corazón, ubicado en la carrera 42F con calle 80;
(viii) el Parque de la Electrificadora, ubicado en la carrera 64 con calle 85; (ix) el
Parque Dos Villas, ubicado en la carrera 65 con calle 85; (x) el Parque de Tivoli,
ubicado en las carreras 64C y 65 con calle 94; (xi) la Unidad Deportiva y recreativa
Parque Bosques del Norte, ubicado en la calle 94 con carrera 53; (xii) la Escultura
en el estadio Edgar Rentería, ubicado en la calle 47 con carrera 56; (xiii) el Nuevo
Puente Pumarejo; y “en todos aquellos sitios en la ciudad de Barranquilla en donde
aparezcan los nombres de los funcionarios en cuyos periodos se llevaron a cabo
dichas obras”2.

3.2.- El 10 de marzo de 2021, a través del Oficio QUILLA-21-057565, la Alcaldía de
Barranquilla negó dicha solicitud, al considerar que la entidad “en el caso en comento
no está infringiendo prohibición alguna, puesto que las placas fueron donadas en su
momento por parte de terceros (contratistas) en los actos inaugurales de las obras
objeto de seguimiento, asumiendo de manera voluntaria los respectivos costos por
su montaje conmemorando así un mensaje a la comunidad de absoluta recordación
en los lugares que se especifican en su misiva dirigida a la administración (…) De
igual modo es preciso indicarle al peticionario que actualmente en el Consejo de
Estado se ventila un recurso de apelación sobre una Acción de Cumplimiento
concerniente a un tema similar (…) En conclusión y de acuerdo con lo relatado, para
la administración no tiene vocación de prosperidad lo requerido en su misiva dirigida
a la administración, es de acotar que la función de la placa no es la de recordar a un
funcionario público determinado que participó en la consecución de la obra, sino que
es un obsequio de unos particulares”3.

2
Expediente digital, Rad. 08001-33-33-008-2021-00172-00/02, 05 Derecho de petición alcalde Jaime
Pumarejo Heins, fl. 1.
3
Expediente digital, Rad. 08001-33-33-008-2021-00172-00/02, 06 443433_RESPUESTA DERECHO
DE PETICIÓN ROBERTO TAPIA AHUMADA QUILLA-21-034379 (1), fl. 2.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3.3.- En desacuerdo con lo anterior, el accionante, en ejercicio del medio de control
de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
previsto en la Ley 393 de 1997, Rad. 08001-33-33-008-2021-00172-00, demandó a
la Alcaldía de Barranquilla, solicitando que se ordenara el cumplimiento del Decreto
1678 de 1958, modificado por el Decreto 2759 de 1997.

3.4.- El 24 de septiembre de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda y resolvió ordenar al
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, cumplir y hacer cumplir lo
establecido en el inciso 2º, del artículo 1 del Decreto 2759 de 1997, modificatorio del
artículo 5 del Decreto 1678 de 1958, otorgando un término de dos (2) meses a la
entidad para retirar las placas conmemorativas señaladas por el demandante y las
demás que se encontraran en iguales condiciones.

3.5.- Inconforme con la decisión adoptada, la entidad demandada presentó recurso
de apelación y adujo que la acción de cumplimiento interpuesta era improcedente
debido a que:

(i) La norma presuntamente incumplida no contiene u ordena la ejecución de un
deber inobjetable, solo se limita a establecer una prohibición para la colocación de
placas o monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios en
ejercicio en la construcción de obras públicas y de la norma tampoco se desprende
el deber de retirar las placas que se hubieren erigido, pues su redacción se limita a
restringir su colocación. Refiere que la autorización de las placas que el actor solicita
sean retiradas, se dio teniendo en cuenta que el objeto de las mismas no es recordar
la participación de funcionarios en la construcción de las obras, sino que son un
obsequio de los contratistas a la ciudadanía en general.

(ii) En la respuesta ofrecida por la Alcaldía, Oficio QUILLA-21-057565, se advierte
que el Distrito de Barranquilla aceptó la donación de las placas que hicieron terceros
contratistas y que fueron ubicadas en los bienes de uso público señalados, razón por
la cual, dicha decisión debía ser cuestionada a través del medio de control de
nulidad. Además, precisó que “la evidencia de la aceptación por parte de la
administración distrital del montaje de las placas en cada uno de los bienes de uso
público enunciados en el libelo precisamente esta dada por la existencia de dichas
placas, su presencia no puede explicarse, sino por la autorización del ente territorial,
decisión cuya legalidad debe someterse al examen por el juez natural y no a través
de la acción constitucional de cumplimiento que a todas luces resulta improcedente
por existir otro mecanismo judicial para que el actor alcance las pretensiones aquí
planteadas”4.

4
Expediente digital, Rad. 08001-33-33-008-2021-00172-00/02, 11 RECURSO DE APELACIÓN
ACCIÓN CUMPLIMIENTO 2021-00172, fls. 3 - 7.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3.6.- El 9 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico, resolvió
revocar la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla y, en su lugar, decidió declarar improcedente la acción de
cumplimiento.

En el mencionado fallo, el Tribunal consideró que, de conformidad con el precedente
establecido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la Sentencia de 29 de
julio de 2021, 08001-23-33-000-2021-00058-01, las acciones de cumplimiento que
pretenden el retiro de placas que contienen nombres de funcionarios son
improcedentes cuando existen otros medios de defensa judicial para controvertir el
acto que permite y autoriza la instalación de ese tipo de placas, incluso en aquellos
casos en los que el acto administrativo controvertido se expide en forma verbal.

Además, precisó que, de conformidad con el referido precedente, los actos
administrativos verbales, a pesar de no constar en un documento, producen efectos
jurídicos, bien sea porque las decisiones contenidas en estos cumplen con el
requisito de publicidad, lo que indiscutiblemente les otorga eficacia y oponibilidad,
produciendo los efectos para las cuales fueron tomadas, o porque se ejecutan
directamente.

Con fundamento en lo anterior, señaló que, a partir de la respuesta otorgada por el
Distrito de Barranquilla, en el Oficio QUILLA-21-057565, era posible inferir que la
entidad avaló la colocación de las placas conmemorativas a solicitud de los
contratistas de las obras y concluyó que al autorizar o permitir la instalación de las
referidas placas se configuró la existencia de un acto administrativo verbal, razón por
la cual, los demandantes disponían de los medios de control ordinarios establecidos
para controvertir las decisiones que consideraban contrarias a derecho.

4.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que el Tribunal
Administrativo del Atlántico vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
Según el accionante, en la decisión cuestionada, se configuraron los defectos:
fáctico, sustantivo y falta de motivación.

4.1.- En relación con el defecto fáctico, alegó que, a pesar de la ausencia del material
probatorio necesario para acreditar la existencia de un acto administrativo verbal, la
autoridad judicial accionada concluyó que los contratistas de las obras públicas en
las que se exhiben las placas conmemorativas solicitaron al Distrito de Barranquilla
su autorización para colocarlas y que, en virtud de dicha solicitud la entidad manifestó
su voluntad de aceptar dicha instalación. Además, precisó que la Sección Quinta del
Consejo de Estado ha señalado que las autorizaciones verbales para la colocación
de placas deben demandarse en sede de lo contencioso administrativo, sin embargo,
a diferencia del caso objeto de estudio, en los casos en los que esta Corporación
5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, las entidades demandadas
aportaron el material probatorio necesario para acreditar la existencia de un acto
administrativo verbal.

4.2.- Sobre la configuración del defecto sustantivo indicó que, sin justificación o
fundamentación alguna, el tribunal accionado adoptó una decisión contraria a la
norma cuyo cumplimiento se pretendía y desconoció la sentencia proferida el 29 de
julio de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

4.3.- Por último, indicó que la sentencia objeto de controversia violó el principio de
congruencia, ya que no existe una relación entre los hechos y pruebas aportadas por
las partes y la decisión adoptada.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 23 de marzo de 2022, el despacho sustanciador, admitió la
acción de tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico, vinculó al
Distrito de Barranquilla y al señor Fernando Borda Castillo, en calidad de terceros
interesados en el proceso. Además, requirió al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Barranquilla y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico,
Sección C, para que allegaran, en medio digital, las piezas del expediente de acción
de cumplimiento con radicado No. 08-001-33-33-008-2021-00172-01.

(i) Tribunal Administrativo del Atlántico5

6.- El 30 de marzo de 2022, la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico
solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo, al considerar que
“En el caso concreto la acción de tutela se torna improcedente habida cuenta que no
se estructura ninguno de los presupuestos de hecho descritos precedentemente.
Además, la providencia objeto del medio constitucional en estudio es acorde con la
línea jurisprudencial del Consejo de Estado, que ha considerado que las acciones de
cumplimiento que pretenden el retiro de placas que contienen nombres de
funcionarios deviene en improcedente por cuanto existen otros medios de defensa
judicial, como el medio de control de nulidad, para controvertir el acto que permite y
autoriza la instalación de ese tipo de placas”.

7.- A pesar de haber sido debidamente notificados, el Distrito de Barranquilla y el
señor Fernando Borda Castilla, guardaron silencio.

C. Sentencia de primera instancia

5
Intervención contenida en 4 folios.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

8.- Mediante sentencia de 4 de mayo de 2022, la Sección Tercera, Subsección B,
del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor
Roberto Tapia Ahumada. En consecuencia, ordenó dejar sin efectos la sentencia
proferida el 9 de noviembre de 2021 por la Sección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico, en el marco del proceso de acción de cumplimiento, radicado No. 08-001-
33-33-008-2021-00172-01. A juicio del A quo , la decisión cuestionada no resultaba
acertada debido a que en el proceso no se acreditó con suficiencia la existencia de
un acto administrativo verbal, razón por la cual, las reglas establecidas en las
Sentencias No. 08001-23-33-000-2020-00638-01 y No. 08001-23-33-000-2021-
00058-01, no eran aplicables al caso objeto de estudio, en particular, porque en los
mencionados procesos las entidades demandadas aportaron el material probatorio
necesario para demostrar la existencia de un acto administrativo, ya sea porque se
tenía copia de la solicitud formulada por el particular o porque se autorizó por escrito
la instalación de la placa.

Por lo anterior, el juez de primera instancia concluyó que “el tribunal accionado
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Además, la Sala
considera importante resaltar que el accionante señaló una omisión en el
cumplimiento de un deber legal –este es, no instalar o permitir la instalación de
placas conmemorativas en obras públicas– para la cual se dio una excusa
inadmisible: contrario a lo manifestado por el Distrito de Barranquilla, no se trata de
quien pagó por las placas, se trata de que está prohibido colocarlas. Por lo tanto,
más allá de si existió una manifestación de la voluntad por parte de la Administración,
lo cierto es que se debe exigir al Distrito de Barranquilla acatar las normas y
abstenerse de excusar su omisión con argumentos que desnaturalizan el sentido del
artículo cuyo desconocimiento se alega”.

D. La impugnación

9.- En desacuerdo con lo anterior, el Distrito de Barranquilla interpuso impugnación;
para el efecto, señaló que de la respuesta ofrecida por el Distrito de Barranquilla a
través de Oficio No. QUILLA-21-057565 del 10 de marzo de 2021, razonablemente
puede inferirse como una autorización tácita para que los particulares colocaran las
placas que el accionante considera violatorias del ordenamiento jurídico, de modo
que la respuesta ofrecida por el ente territorial y la existencia de las placas en
parques y otros bienes de uso público, constituyen elementos de juicio suficientes
para concluir que existió un acto administrativo no escrito a través del cual el Distrito
de Barranquilla avaló la colocación de dichas placas obsequiadas por los
particulares, razón por la cual no era posible concluir que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto fáctico, por lo que solicitó negar por improcedente la
tutela objeto de impugnación.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

10.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

11.- Le corresponde a esta Sala determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo
impugnado, proferido por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado
que amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Roberto Tapia
Ahumada y ordenó dejar sin efectos la sentencia proferida el 9 de noviembre de
2021, por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, al considerar que se
configuró un defecto fáctico.

12.- Al respecto, es importante señalar que en el recurso de amparo objeto de
análisis la parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió: (i) en un
defecto fáctico, al acreditar la existencia de un acto administrativo verbal, a pesar de
la ausencia del material probatorio necesario para establecer que los contratistas de
las obras públicas en las que se exhiben las placas conmemorativas, solicitaron al
Distrito de Barranquilla su autorización para colocarlas y que, en virtud de dicha
solicitud la entidad manifestó su voluntad de aceptar dicha instalación; (ii) en un
defecto sustantivo, al adoptar una decisión contraria a la norma cuyo cumplimiento
se pretendía, desconociendo la sentencia proferida, el 29 de julio de 2021 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado; y (iii) en una transgresión al principio
congruencia, ya que no existe una relación entre los hechos y pruebas aportadas por
las partes y la decisión adoptada.

13.- Al pronunciarse sobre estos alegatos, la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación señaló que el recurso de amparo cumplía con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales al
encontrar que “(i) el accionante indicó de manera clara los hechos y las razones en
las que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es de evidente relevancia
constitucional porque se afirma la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, y se señalan los vicios o defectos en los que habría incurrido la providencia
acusada; (iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, pues el actor
utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales y contra la providencia atacada no procede ningún recurso;
(iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la

6
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

decisión de segunda instancia se profirió el 9 de noviembre de 2021, fue notificada
el 10 de noviembre de 2021 y la tutela se presentó el 16 de marzo de 2022, es decir,
dentro del término de los seis meses precisado tanto por esta Corporación como por
la Corte Constitucional; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela”.

De igual forma, el a quo concluyó que la decisión cuestionada no resultaba acertada
debido a que en el proceso no se acreditó con suficiencia la existencia de un acto
administrativo verbal, razón por la cual, las reglas establecidas en las Sentencias No.
08001-23-33-000-2020-00638-01 y No. 08001-23-33-000-2021-00058-01, no eran
aplicables al caso objeto de estudio, en particular, porque en los mencionados
procesos las entidades demandadas aportaron el material probatorio necesario para
demostrar la existencia de un acto administrativo, ya sea porque se tenía copia de la
solicitud formulada por el particular o porque se autorizó por escrito la instalación de
la placa.

13.1- En este punto, interesa destacar que la relevancia constitucional, como
requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones
legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos
fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la
práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho
constitucional. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada
providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho
requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en
torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer
cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

13.2.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, en ese sentido, evitar que
la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad ; (ii) restringir el
ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde
la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales; e (iii) impedir que la
interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales .

13.3. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela objeto
de estudio no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Esto, debido a
que se trata de una acción de tutela interpuesta en contra de un fallo proferido en el
marco de una acción de cumplimiento, relacionada con el retiro de un grupo de
placas conmemorativas, que incluyen el nombre de funcionarios públicos y que
fueron colocadas en varias obras públicas ubicadas en el distrito de Barranquilla,
discusión que no involucra un debate sobre la trasgresión de derechos
9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

fundamentales, ni de derechos subjetivos de las partes involucradas en el proceso.
De igual forma, la Sala observa que, si bien la parte actora alega la existencia de una
vulneración al derecho fundamental al debido proceso, fundada por la configuración
de un defecto fáctico, un defecto sustantivo y la inobservancia del principio de
congruencia, como pasará a demostrarse, no es posible concluir que la entidad
accionada, en la providencia acusada, haya incurrido en alguno de estos defectos.

14.- Como punto de partida, debe traerse a colación que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 19977, la Sección Quinta del Consejo de
Estado ha establecido que la solicitud del retiro de placas en obras públicas que
contienen nombres de funcionarios es improcedente en aquellos casos en los que
se advierte la existencia de una actuación administrativa orientada a permitir y
autorizar la instalación de las placas objeto de debate, esto debido a que en este
escenario los demandantes cuentan con otros medios de defensa judicial para
controvertir los actos y actuaciones que consideran contrarios a la norma que se
alega como desconocida. Esto se debe a que al pronunciarse sobre las pretensiones
contenidas en la demanda de cumplimiento, la autoridad judicial competente está
obligada a verificar si se encuentra ante la existencia de una obligación clara,
expresa y exigible, contenida en norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo, lo que implica establecer si la decisión que permitió la instalación de
la placa se dictó o no de acuerdo con el ordenamiento legal, por lo tanto, al tratarse
de un juicio de legalidad, el asunto debe tramitarse, a través de los medios de control
ordinarios dispuestos en la Ley 1437 de 20118.

Esta Corporación también ha señalado que, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley
1437 de 20119 y el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 393 de 1997 10, en aquellos

7
“Artículo 9.- Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de
derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le
dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela.
Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga
un perjuicio grave e inminente para el accionante”
8
Consejo de Estado – Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2019-00945-01, Demandante:
Jorge Enrique Buitrago Puentes y demandado: Congreso de la República - Senado de la República.
MP Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado – Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-
2021-01752-01, Demandante: Santiago Alarcón Serna y otros; demandado: Congreso de la República
• Senado de la República. MP Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado – Sección Quinta,
radicado 08001-23-33-000-2021-00058-01, Demandante: Roberto Tapia Ahumada y otro y
demandado: Ministerio De Transporte y otros. MP Luis Alberto Álvarez Parra y Consejo de Estado –
Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2021-00638-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
demandante: Marla Alejandra Gutiérrez Alfonso. Demandado: Presidencia de la República y otros.
9
“Artículo 43. ACTOS DEFINITIVOS. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente
el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.
10
“Artículo 10.- Contenido de la Solicitud. La solicitud deberá contener (…) 2. La determinación de la
norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido. Si la Acción recae sobre Acto
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

casos en los que una autoridad estatal no autoriza o permite por escrito la instalación
de una placa conmemorativa que incluye el nombre de un funcionario, es posible
otorgar la calidad de acto administrativo verbal a las decisiones administrativas
adoptadas, siempre y cuando las mismas estén orientadas a producir efectos
jurídicos, bien sea porque, cumplen con el requisito de publicidad, lo que les otorga
eficacia y oponibilidad o porque la mismas se ejecutan directamente, produciendo
así los efectos materiales encaminados a cumplir los fines para los cuales fueron
adoptadas. Esto se debe a que toda manifestación unilateral de voluntad de quien
ejerce una función administrativa que tienda a la producción de efectos jurídicos -
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas-, constituye un acto administrativo,
sin importar la forma que dicha manifestación de voluntad adopte, pues no existe
una norma que de manera expresa exija que las decisiones por medio de las cuales
se permite o autoriza la instalación de una placa conmemorativa deben constar por
escrito.

14.1- Teniendo en cuenta lo anterior, en la Sentencia de 17 de febrero de 2022, Rad.
11001-03-15-000-2021-05824-01, al pronunciarse sobre un caso similar, la Sección
Quinta señaló que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por el Consejo de Estado como órgano de cierre en cada una de sus
especialidades, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones
asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y
seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico. En este
sentido resaltó que de conformidad con el Acuerdo 015 del 22 de febrero de 2011 de
la Sala Plena del Consejo de Estado, establece como competencia de la Sección
Quinta conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las
acciones de cumplimiento”. De esta manera, le corresponde a la Sección Quinta, en
virtud de la competencia por especialidad señalada en materia de acción de
cumplimiento, unificar jurisprudencia en aquellos temas que amerite su
pronunciamiento por la importancia jurídica del caso, la trascendencia económica o
la necesidad de sentar jurisprudencia.

En los términos expuestos, la Sección Quinta señaló que las reglas desarrolladas
por el Consejo de Estado sobre la improcedencia de las acciones de cumplimiento
en las que se solicita el retiro de placas que contienen nombres de funcionarios, en
aquellos eventos en los que la autoridad judicial competente identifica la existencia
de un acto administrativo, verbal o escrito, son de obligatoria observancia por parte
de los jueces contencioso administrativos encargados de tramitar este tipo de
controversias.

Administrativo, deberá adjuntarse copia del mismo. Tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá
anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

15.- Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos, las pruebas aportadas al proceso y el contenido de la providencia
dictada en segunda instancia dentro del expediente cuestionado, se advierte que el
Tribunal Administrativo del Atlántico, no incurrió en los defectos alegados en el
recurso de amparo, al concluir que de la respuesta ofrecida por el Distrito de
Barranquilla, a través de Oficio No. QUILLA-21-057565, se podía inferir que la
autorización para instalar las placas en las referidas obras se dio a través de un acto
administrativo de carácter verbal, ya que, tal y como lo indicó la entidad demandada,
en el proceso se acreditó su existencia.

16.- Al revisar el material probatorio allegado a la acción de cumplimiento No. 08001-
33-33-008-2021-00172-00, se tiene que al proceso fue allegado el Oficio No.
QUILLA-21-057565, en el cual el Distrito de Barranquilla señaló que “en el caso en
comento no está infringiendo prohibición alguna, puesto que las placas fueron
donadas en su momento por parte de terceros (contratistas) en los actos inaugurales
de las obras objeto de seguimiento, asumiendo de manera voluntaria los respectivos
costos por su montaje conmemorando así un mensaje a la comunidad de absoluta
recordación en los lugares que se especifican en su misiva dirigida a la
administración”.

17.- A partir de la citada prueba, el tribunal accionado, concluyó que:

“El ente accionado en oficio QUILLA-21-057565 del 10 de marzo de 2021, manifestó:
‘para la administración no tiene vocación de prosperidad lo requerido en su misiva
dirigida a la administración, es de acotar que la función de la placa no es la de
recordar a un funcionario público determinado que participo en la consecución de la
obra, sino que es un obsequio de unos particulares’. Lo anterior significa, que el
Distrito de Barranquilla de una u otra manera avaló la colocación de las ampliamente
citadas placas conmemorativas.

El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo precisó que los actos
administrativos verbales, es decir, las decisiones administrativas que a pesar de no
constar en un documento materialmente, producen efectos jurídicos, bien sea
porque, en cuanto a aquellas decisiones se surta el requisito de publicidad, lo que
indiscutiblemente les otorga eficacia y oponibilidad, y por consiguiente produce los
efectos para los cuales fue tomada la decisión, o porque la misma sea ejecutada
directamente, como ocurre en los casos de las placas que autoriza el Distrito de
Barranquilla a solicitud de los contratistas de las obras, en los términos del artículo
43 del CPACA.

Señaló, que nuestro sistema jurídico, reconoce los actos administrativos verbales,
precisamente, tal es el caso de la Ley 393 de 1997 correspondiente a la acción de
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

cumplimiento, que en su artículo 10, al establecer los requisitos de la solicitud que
se debe elevar al juez, estipula en el numeral 2: ‘La determinación de la norma con
fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido. Tratándose de Acto
Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia’,
razón por la cual también es válido concluir la existencia de esa forma de actos en
los casos en que el Distrito de Barranquilla autoriza o permite la instalación de las
referidas placas a instancia de las peticiones que le formulan los contratistas.

En ese orden, la Sala estima que el medio de control en cuestión resulta
improcedente, pues, los accionantes disponen de los medios de control ordinarios
para controvertir las decisiones que considere contrarias a derecho”.

18.- Con base en lo anterior, se advierte no solo que el tribunal accionado resolvió
en su totalidad las inconformidades planteadas por los demandantes y demandados
del proceso ordinario en los alegatos y recursos presentados, sino que, de las
circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión sometida a estudio y de los
fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal Administrativo del Atlántico, no se
deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en una indebida motivación, en un
desconocimiento del precedente judicial o que se haya abstenido de efectuar un
examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya otorgado un alcance
contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la tutela formulada. Por
el contrario, la decisión cuestionada, en esta sede, encuentra claro sustento en el
principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva
o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material
probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales
que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto; por lo anterior, se
advierte que es válida la conclusión arrimada de revocar la decisión del A quo.

19.- Visto lo anterior, se observa que el defecto fáctico alegado, responde, en
realidad, a una discrepancia valorativa sobre los argumentos jurídicos y la
metodología de estimación de las pruebas evaluadas por parte de la autoridad
judicial, que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad
especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate,
conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e
independencia.

20.- Por otra parte, frente al defecto material o sustantivo, se observa que el mismo
no se configura, en la medida en que, contrario a lo afirmado por el demandante, la
Sentencia de 29 de julio de 2021, Rad. 08001-23-33-000-2021-00058-01, no
constituye un precedente aplicable al caso objeto de estudio, por cuanto los
supuestos fácticos son distintos, pues, en dicho expediente, la veeduría ciudadana
solicitó a la entidad territorial la autorización para instalar la placa en la obra pública.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

En dicha oportunidad, la Sección Quinta resolvió el recurso de apelación interpuesto
por las autoridades demandadas en la acción de cumplimiento adelantada en contra
del Ministerio de Transporte y del Ministerio del Deporte y en la cual se solicitó el
retiro de las placas colocadas en el Puente Pumarejo y en el Parque Tivoli ubicados
en Departamento del Atlántico y en todos los municipios de Colombia donde
aparecieran los nombres de los funcionarios públicos en cuyos períodos se llevaron
a cabo dichas obras desde el año 1997.

Al respecto, la Sección Quinta concluyó:

“En el presente caso, el INVIAS autorizó y permitió la instalación de la placa
conmemorativa en el Puente Pumarejo con el nombre de varios funcionarios públicos
bajo la solicitud de la veeduría ciudadana “VEECIRECAR”, sin la existencia de
oficio, acta u otra manifestación que constara por escrito, construida por el señor
Jaime Aranjuez y donada por el Consorcio SES Puente Magdalena y la Interventoría.

Lo anterior precisamente da cuenta su manifestación ‘[…] habida
consideración de que no medió instrucción alguna a su contratista de obra o
interventoría para la instalación de la placa […], ni mucho menos la destinación
de recursos del erario cuyo propósito fuera la construcción del elemento
reprochado por el extremo actor; por tanto, si no medió instrucción, ni recurso
público, no pudiera ser la Entidad […] la destinataria de las pretensiones de la
demanda […]’.

En efecto, debe precisarse que de acuerdo con el criterio clásico sobre el concepto
de ‘acto administrativo’ es aquella manifestación unilateral de voluntad de quien
ejerce función administrativa -autoridades estatales o particulares investidos de
función pública-, tendiente a la producción de efectos jurídicos - crear, modificar o
extinguir situaciones jurídicas-, es decir que se trata de una expresión de lo
pretendido por quien ejerce función administrativa y como manifestación de la
misma.

Respecto a la forma en que esa decisión se debe adoptar, a pesar de que no existe
una norma que de manera expresa y general exija que todo acto administrativo
conste por escrito. No obstante, el hecho de que por regla general los actos
administrativos consten por escrito o la obligatoriedad de que así sea en
determinados casos, no significa que pueda descartarse la posibilidad de que se
presenten actos administrativos verbales, es decir decisiones administrativas que a
pesar de no constar en un documento materialmente, producen efectos jurídicos,
bien sea porque, en cuanto a aquellas decisiones se surta el requisito de publicidad,
lo que indiscutiblemente les otorga eficacia y oponibilidad, y por consiguiente
produce los efectos para los cuales fue tomada la decisión, o porque la misma sea
ejecutada directamente, como ocurre en los casos de las placas que permite el
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

INVÍAS a instancia de las peticiones que presentan las diferentes veedurías en las
que permite y autoriza la instalación de estas, en los términos del artículo 43 del
CPACA.

Es preciso señalar que nuestro sistema jurídico, reconoce los actos administrativos
verbales, precisamente, tal es el caso de la Ley 393 de 1997 correspondiente a la
acción de cumplimiento, que en su artículo 10, al establecer los requisitos de la
solicitud que se debe elevar al juez, estipula en el numeral 2: ‘La determinación de
la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido. Tratándose
de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su
existencia’, razón por la cual también es válido concluir la existencia de esa forma
de actos en los casos en que el INVÍAS autoriza o permite la instalación de las
referidas placas a instancia de las peticiones que le formulan las diversas veedurías
ciudadanas” (negrilla y subraya fuera del texto original).

21.- Finalmente, la Sala considera que el cargo referente a la violación del principio
de congruencia carece del requisito de subsidiariedad ya que en relación con este
alegato el accionante se encuentra habilitado para acudir al recurso extraordinario
de revisión, previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, específicamente por
la causal contenida en el numeral 5° del artículo 250 de la mencionada norma.

22.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con los
requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad, máxime, si se
tiene en cuenta que su objeto es reabrir y continuar con un debate tramitado y
concluido, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección
de los derechos fundamentales en un asunto en el que no advertirse la amenaza o
vulneración de un derecho con clara y marcada relevancia desde la óptica
constitucional. De esta suerte, habrá de revocarse la decisión adoptada el 4 de mayo
de 2022, por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en el sentido
de declarar improcedente la solicitud de amparo.

23.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de mayo de 2022, por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE
la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto Tapia Ahumada, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01737-01
Demandante: Roberto Tapia Ahumada
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Con salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

11
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

16

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