RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01745-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01745-00

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01745-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, así como por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada. La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. 20 “ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso. (…)” 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00 SEGUNDO: RECONOCER la calidad de coadyuvantes, en el asunto de la referencia, a la Fábrica Nacional de Autopartes – Fanalca – S.A. y a la sociedad Limpieza Integral y Mantenimientos Especiales S.A. E.S.P. TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo formulada por la entidad Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01745-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

28 de abril de 2022

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00
Demandante: CIUDAD LIMPIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente. Declara improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por Ciudad Limpia del
Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La agente liquidadora de la sociedad Ciudad Limpia del Caribe S. A. E. S. P. en
liquidación, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela 1 contra el
“CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A”, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales “al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
y la igualdad”.

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión
de la providencia de 27 de agosto de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado,

1
Con escrito presentado el 17 de marzo de 2022, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y reenviado al correo electrónico de la Secretaría General
del Consejo de Estado, en la misma fecha.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

Sección Tercera, Subsección A revocó la decisión de 15 de marzo de 2019,
dictada por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, que accedió parcialmente a las súplicas del medio de control de
controversias contractuales, interpuesto por la parte actora y otros contra la
Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P en Liquidación Electribol y otros, 2 y que se
identificó con el radicado 13001-23-31-000-2001-00451-00/01.

1.2. Pretensiones

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de mi representado, al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, y a la igualdad, establecidos en los
artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: DECLARAR que la decisión proferida por la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A del
CONSEJO DE ESTADO, de fecha 27 de agosto de 2021, con ponencia de la
Magistrada MARTHA NUBIA VELÁZQUEZ RICO, mediante la que se declaró la falta
de jurisdicción y, consecuencialmente, la nulidad de lo actuado violó los artículos
29, 228, 229 y 13 de la Constitución Política de Colombia.

TERCERO: ORDENAR las medidas necesarias orientadas al amparo de los
derechos fundamentales de mi representado al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, y la igualdad, en el sentido de que la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A del
CONSEJO DE ESTADO se sirva proferir un NUEVO FALLO en el que se emita un
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO sobre la controversia contractual de que trata el
proceso judicial identificado con radicación No. 13001233100020010045101
(65007)”

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La parte accionante informó que el 2 de noviembre de 1993, el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena suscribió dos contratos de prestación de servicios de aseo
urbano; uno con el consorcio LIME (integrado por las sociedades de Limpieza
Integral y Mantenimientos Especiales S.A. E.S.P., Industrias Metalúrgicas
Pescarmona S.A.I. Y F. IMPSA); y el segundo con el consorcio Ciudad Limpia
(conformado por las sociedades Ciudad Limpia del Caribe, Fanalca S.A. e Ipodec
Ordures Usines S.A.), con un plazo de 5 años y 6 meses.

Adujo que en los dos acuerdos se pactó que el referido distrito habría de celebrar
un convenio con la Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. (en adelante Electribol)

2
La Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. Electrocosta, la Electrificadora del Caribe
Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación y al Patrimonio Autónomo de Remanentes de la
Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

para que esta empresa asumiera la facturación y el recaudo de las tarifas por
concepto de prestación del servicio de aseo urbano junto con el de energía.

Indicó que, se estipuló que el distrito acordaría que las sumas recaudadas por
Electribol fueran depositadas directamente en una cuenta especial abierta por la
Alcaldía de Cartagena, y que ello se destinaría para atender las obligaciones con
los contratistas.

Señaló que, en cumplimiento de lo anterior, el 24 de febrero de 1994 el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena y Electribol celebraron el convenio
correspondiente, en el cual se estableció que los dineros debían consignarse
dentro de los tres días siguientes a su recolección, a favor de la Fiduciaria de
Occidente. La duración de este acuerdo fue igual a la de los contratos de
prestación de servicios de aseo mencionados.

Refirió que, el 23 de septiembre de 1997, el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena y el consorcio LIME suscribieron un acta de acuerdo de pago del
contrato de prestación del servicio de aseo, por valor de $ 5.000.000.000 millones
de pesos en favor del último, más el valor de la cartera de usuarios facturados
estimada en $1.000.000.000 millones de pesos.

Agregó que, el 7 de octubre de 1997, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
cedió a LIME y a Ciudad Limpia el convenio de facturación suscrito con Electribol.
Con ocasión de lo anterior, el 10 de octubre de 1997 los consorcios cesionarios
acordaron que el 58% del total del recaudo por el servicio de aseo sería de LIME
y el 42% restante para Ciudad Limpia del Caribe.

Aseguró que el 4 de agosto de 1998 Electribol transfirió la totalidad de sus activos,
pasivos y los contratos de facturación a la sociedad Electrificadora de la Costa
Atlántica S.A. E.S.P. – Electrocosta,3 entidad que modificó unilateralmente la
forma de facturar y recaudar en el sentido de separar la deuda pendiente del
servicio de aseo anterior a septiembre de 1998, del valor total de la factura, de tal
forma que “se permitió al usuario que pagara únicamente la factura correspondiente al
periodo anterior, pero no la cartera vencida”.

Adicionó que, a partir de septiembre de 1998, Electrocosta incumplió la obligación
de consignar el dinero recaudado por la facturación de los servicios de aseo en la
cuenta de la Fiduciaria de Occidente.

Puntualizó que, en agosto de 1999 Electrocosta le comunicó al Consorcio LIME y
a Ciudad Limpia la intención de dar por terminado el convenio de facturación por
vencimiento del plazo, a lo cual se opusieron por cuanto la duración del acuerdo

3
Electrocosta se fusionó con la Eectrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – Electricaribe, en el año
2007.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

dependía directamente del periodo de los contratos de prestación del servicio de
aseo suscritos con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. Posteriormente,
en octubre de 1999, Electrocosta propuso seguir con la facturación y el recaudo
pero, incrementó arbitrariamente los costos en un 150%, lo cual se implementó a
partir de 31 de diciembre de 1999, y exigió un pago adicional de $95.000.000 por
concepto de licencias y desarrollo de programas, valor que se descontó
arbitrariamente del recaudo, pese a que LIME y Ciudad Limpia alegaron que
debían respetarse las condiciones iniciales del convenio.

Manifestó que, en enero de 2001 LIME y Ciudad Limpia rechazaron la referida
deducción y exigieron a Electrocosta el reintegro, petición que fue negada al
señalar “que no había dineros dejados de facturar y recaudar”.

Alegó que, el incumplimiento del convenio de facturación por parte de las
demandadas “ocasionó perjuicios a las demandantes, correspondientes a la cartera
dejada de facturar a septiembre de 1998, junto con sus intereses moratorios, los valores
no trasladados por concepto de facturación y recaudo durante el periodo comprendido
entre septiembre de 1998 y marzo de 2001 y sus intereses moratorios, entre otros
conceptos”.

Refirió que, el 21 de marzo de 2001 el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena,
el Consorcio LIME y la sociedad Ciudad Limpia ejercieron el medio de control de
controversias contractuales, asunto que en primera instancia fue conocido por el
Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia que, con sentencia de 15 de
marzo de 2019 resolvió:

“PRIMERO: DECLARASE PROBADA la excepción de caducidad de la acción frente
a la reclamación por incumplimiento correspondiente al recaudo por concepto de la
cartera por el servicio de aseo urbano hasta el mes de septiembre de 1998, por lo
expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARASE probada la excepción de falta de legitimación por pasiva
de ELECTRIBOL por las razones expuestas en la sentencia.

TERCERO: DECLARASE el incumplimiento contractual de ELECTROCOSTA, hoy
ELECTRICARIBE, respecto del convenio de recaudo y facturación conjunta de los
servicios de aseo urbano en la ciudad de Cartagena, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENASE en abstracto a ELECTROCOSTA hoy ELECTRICARIBE a
pagar a favor del consorcio LIME Cartagena y la sociedad Ciudad Limpia del Caribe,
por concepto de perjuicios materiales, lucro cesante y daño emergente, conforme
las pautas previstas en esta sentencia, mediante trámite incidental de conformidad
con lo regulado en el artículo 172 del C.C.A.

QUINTO: NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.

(…)”

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

Resaltó que, ante la inconformidad con lo resuelto por el a quo, Electricaribe S.A.
E.S.P. en Liquidación y Ciudad Limpia4 presentaron recursos de apelación que
fueron desatados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
mediante sentencia de 27 de agosto de 2021, con la cual se revocó el fallo de
primer grado, para, en su lugar:

“1.- Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena, por las consideraciones expuestas en precedencia.

2-. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la sociedad
Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. Electribol.

3.- Declarar oficiosamente la falta de jurisdicción para conocer el conflicto suscitada
entre el consorcio Lime, integrado por las sociedades Limpieza Integral y
Mantenimientos Especiales S.A. E.S.P., Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.
y F. IMPSA, la sociedad Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. y la Electrificadora de
la Costa Atlántica S.A. E.S.P. Electrocosta hoy Electricaribe en liquidación.

4.- Declarar la nulidad de todo lo actuado, en lo que se refiere a la controversia
suscitada entre el consorcio Lime, integrado por las sociedades Limpieza Integral y
Mantenimientos Especiales S.A. E.S.P., Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.
y F. IMPSA, la sociedad Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. y la Electrificadora de
la Costa Atlántica S.A. E.S.P. Electrocosta hoy Electricaribe en liquidación, a partir
del auto admisorio de la demanda, inclusive, proferido el 26 de abril de 2001, por
las razones expuestas en precedencia.

4.- Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente a la oficina de reparto de
los Juzgados del Circuito de Cartagena, para que, en atención a las consideraciones
expuestas en precedencia, se imparta al trámite correspondiente .”

En síntesis, tal resolutiva obedeció a que: (i) el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena y Electribol, entidades de naturaleza pública, cedieron sus posiciones
en los contratos de prestación del servicio de aseo urbano a los consorcios LIME
y Ciudad Limpia, empresas de orden privado, razón por la que se consideró que
el ente territorial no estaba legitimado para incoar la demanda contractual; (ii) si
bien en el extremo pasivo se encontraba la liquidada Electricaribe S.A. E.S.P., lo
cierto es que la judicatura reprochada señaló que la participación accionaria del
Estado era inferior al 50%, lo cual indicaba que se trataba de una empresa privada;
y (iii) concluyó que, comoquiera que las partes de la controversia estaban
conformadas por empresas particulares, el asunto no debía conocerlo la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

1.4. Fundamentos de la solicitud

1.4.1. Luego de señalar que la presente acción constitucional cumple con los
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, se indicó que la autoridad censurada incurrió en defecto

4
Apelación adhesiva.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

sustantivo con ocasión de la indebida interpretación del artículo 825 del Código
Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, al declarar la
falta de jurisdicción y, en consecuencia, decretar la nulidad de lo actuado en el
proceso contractual a partir del auto admisorio luego de transcurridos 20 años.

Lo anterior, tras considerar que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena no
estaba legitimado para incoar la demanda al haber cedido el convenio de
facturación inicialmente celebrado con la Electrificadora de Bolívar – Electribol,
entidad que, a su vez, transfirió la totalidad de sus activos y pasivos, así como de
los contratos de facturación, a la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.
– Electrocosta, sociedad que era la llamada a responder por una eventual
condena, sin embargo, al ser de carácter privado, igual que las personas jurídicas
que integraban el extremo activo, el conocimiento del conflicto no le correspondía
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

A juicio de la parte accionante, sí le correspondía a esta jurisdicción resolver el
asunto ordinario por cuanto en la demanda el Distrito de Cartagena pretendía el
pago de unas sumas adeudadas por el extremo pasivo derivadas del referido
convenio, generadas de manera previa a la cesión, que no fueron asumidas por
LIME y Ciudad Limpia en Liquidación, razón por la cual no era dable concluir que
la controversia no se enmarcaba en los supuestos del artículo 82 del Código
Contencioso Administrativo.

Alegó que, el hecho de que el Distrito de Cartagena y Electribol hubiesen cedido
sus posiciones en el convenio, no modificaba su naturaleza de contrato estatal
según lo señalado en el concepto No. 1865 y 1887 de 19 de junio de 2008 de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,6 así como lo dispuesto
en el artículo 837 del referido estatuto, respecto del cual se advierte que “conoce,

5
“ARTÍCULO 82. Modificado por el art. 12, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art.
30, Ley 446 de 1998, Modificado por el art. 1, Ley 1107 de 2006. La jurisdicción de lo contencioso
administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en
la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales
administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley. (…)”
6
En el cual se señaló: “la noción de contrato estatal es una especie del género de los contratos,
que tiene un régimen propio, con instituciones cuya reglamentación es exclusiva de estos
contratos, como el proceso licitatorio público que es diferente del privado, las cláusulas
exorbitantes, la liquidación del contrato, y en general, la posibilidad que tiene la administración de
pronunciarse a través de actos administrativos que gozan de la presunción de legalidad, los
posibles conflictos que surjan de esta especie de contratos deben ser fallados por la jurisdicción
contenciosa administrativa, no solo por el aspecto orgánico sino por el sustancial, pues en buena
parte se van a manejar principios y relaciones jurídicas propios del derecho público. Por el
contrario, cuando la ley excepciona de este régimen general a ciertos contratos de determinadas
entidades públicas, otorgándoles un régimen especial en relación con el Estatuto General, excluye
también la de aquellos elementos que no se aplica el de la jurisdicción, pues ni no está sujeto al
Estatuto General, tampoco a la jurisdicción que él define”
7
“La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los actos administrativos, los hechos, las
omisiones, las operaciones administrativas y los contratos privados con cláusula de caducidad de
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

esta jurisdicción de los litigios originados en contratos privados con cláusula de caducidad,
para indicar, en todo caso, que aun cuando el contrato que nos ocupa estuviese siendo
ejecutado por personas jurídicas de derecho privado al momento de presentar la
demanda, el fuero de atracción se mantenía, al haberse originado la controversia en uno
de aquellos contratos que contenía cláusulas que validan la posición dominante del
Estado”.

Asimismo, advirtió la interpretación errónea del artículo 14-7 de la Ley 142 de
19948 por señalar que Electricaribe S.A. es de naturaleza privada debido a que la
participación accionaria del Estado en esta era inferior al 50%, con fundamento en
el análisis realizado en la sentencia de 17 de julio de 2019 dictada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo cual, a juicio de la parte
actora “no excluía de considerar que dicha empresa ELECTRICARIBE S.A. – pertenece
a la estructura del Estado, por tanto el conflicto era susceptible de discutirse ante esta
jurisdicción”.

Para tal efecto, citó apartes de las sentencias C-953 de 1999 y C-736 de 2007 de
la Corte Constitucional, en las cuales se señala que tanto las sociedades mixtas,
en las que el porcentaje público de constitución es igual o superior al 50%, como
aquellas privadas en las que la participación accionaria particular es superior, se
encuadran en el literal g) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, es decir, en los
dos supuestos entran a conformar la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Al respecto, hizo énfasis en la siguiente cita de la providencia C-736 de 2007:

“Bajo este razonamiento de la jurisprudencia constitucional, esto es, que las
indicadas sociedades también son entidades descentralizadas que integran la
administración, el Consejo de Estado ha admitido su competencia para
conocer de los litigios en los que ha hecho parte esa clase de entidades, en
particular, empresas de servicios públicos domiciliarios con aportes estatales
inferiores al 50%.

Es del caso señalar, adicionalmente, que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta
Corporación también consideró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
era competente para conocer de las controversias en las que fuera parte las
empresas de servicios públicos domiciliarios cuando estas ejercieran las
prerrogativas y competencias reconocidas en la Ley 142 de 1994, que entrañaran
función administrativa”.

En ese orden de ideas, concluyó que una cosa es que la entidad sea privada
porque está compuesta por mayor capital particular, y otra distinta es si pertenece

las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de
conformidad con este estatuto”.
8
“4.7. Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente
a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse
íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares. NOTA:
Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional
C-736 de 2007.”

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

o no a la estructura del Estado, lo cual fue interpretado erróneamente por la
judicatura reprochada al declarar la falta de jurisdicción y la nulidad de todo lo
actuado hasta el auto admisorio, lo cual se constituye en una flagrante negación
de justicia.

1.4.2. Adicionalmente, indicó que se desconoció el precedente contenido en la
sentencia de 21 de febrero de 2021 dictada por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con ponencia de la magistrada María Adriana
Marín, en la que se resolvió una controversia contractual contra Electricaribe S.A.
luego de considerar que esta jurisdicción sí era competente para conocer del
asunto, tras argumentar que si bien Electricaribe S.A. era una empresa de
servicios públicos privada porque la participación pública es inferior al 50%, de
conformidad con el artículo 14-7 de la Ley 142 de 1994, ello no obsta para
establecer que, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hace parte
del Estado. Tal aspecto fue objeto del salvamento de voto de la referida togada en
el asunto ordinario que se analiza en esta tutela.

En ese sentido, también señaló como desconocidas las sentencias de la Sección
Tercera de esta Corporación: (i) de 10 de agosto de 2015, expediente 08001-23-
31-000-2001-01893-01; y (ii) de 15 de julio de 2019, expediente 25000-23-26-000-
2007-00146-01.

Finalmente, concluyó que le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo conocer y resolver los conflictos contractuales en los que está
involucrada una empresa privada de servicios públicos domiciliarios con capital
del Estado inferior al 50%, máxime, por tramitarse en vigencia del Código
Contencioso Administrativo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 22 de marzo de 2022 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener
como autoridad judicial accionada al Consejo de Estado - Sección Tercera –
Subsección A.

En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite
constitucional, se dispuso la vinculación de: (i) el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena, el consorcio LIME y de las sociedades Limpieza Integral y
Mantenimientos Especiales S.A. E.S.P., Industrias Metalúrgicas Pescarmona
S.A.I. y F. IMPSA, Fanalca S.A. e Ipodec Ordures Usines S.A. [parte demandante
en el proceso de controversias contractuales 13001-23-31-000-2001-00451-00/01]; (ii) la
Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P en Liquidación Electribol, la Electrificadora de
la Costa Atlántica S.A. E.S.P. Electrocosta, la Electrificadora del Caribe
Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación y al Patrimonio Autónomo de Remanentes
de la Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P. [parte demandada en el proceso de
controversias contractuales]; y (iii) al Tribunal Administrativo de San Andrés,
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

Providencia y Santa Catalina [autoridad judicial que conoció del proceso de
controversias contractuales en primera instancia].

Finalmente, requirió la copia digital del expediente ordinario y ordenó la
publicación de la información de la tutela de la referencia en la página web de la
Corporación.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron
las siguientes intervenciones:

1.6.1. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena

A través de escrito radicado el 28 de marzo de 2022, la apoderada de la Alcaldía
de Cartagena, luego de exponer los antecedentes del proceso contractual y de
señalar que su intervención es oportuna, alegó que el ente territorial carece de
legitimación en la causa por pasiva en el trámite de la referencia y, en ese orden,
solicitó su desvinculación.

Lo anterior, tras considerar que los hechos, pretensiones y fundamentos de la
solicitud de amparo están encaminadas a reprochar la decisión del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, es decir, no se señaló ninguna conducta
u omisión por parte del distrito que hubiese generado la presunta afectación de los
derechos fundamentales de la parte actora.

1.6.2. Limpieza Integral y Mantenimientos Especiales S.A. E.S.P. (miembro
líder del consorcio liquidado LIME)

Mediante oficio allegado el 25 de marzo de 2022, el representante legal de la
referida empresa manifestó coadyuvar con la tutela promovida por Ciudad Limpia
del Caribe, contra la sentencia de 27 de agosto de 2021 expedida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1.6.3. Electrificadora del Caribe – Electricaribe S.A. E.S.P. en Liquidación

Con memorial recibido el 25 de marzo de 2022, la liquidadora de la electrificadora
solicitó que se declare la improcedencia de la acción por cuanto no se advierte la
existencia de la presunta vulneración de las garantías constitucionales invocadas
por la parte actora.

Agregó que tampoco cumple con el requisito adjetivo de inmediatez, debido a que
la sentencia censurada data de 27 de agosto de 2021 y para la fecha de la
interposición de la tutela han transcurrido más de 6 meses.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

De otro lado, adujo que no se satisface el análisis de subsidiariedad, habida cuenta
que la empresa demandante cuenta con el medio de reparación directa por error
judicial si considera que lo decidido por la autoridad censurada no se ajustó a
derecho.

Finalmente indicó que la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera
instancia adicional al proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que la
discusión es de carácter económico en la que no está involucrado ninguna
prerrogativa fundamental.

1.6.4. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

A través de memorial enviado el 7 de abril de 2022, el apoderado de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios manifestó oposición a las
pretensiones de la demanda tutelar, al considerar que carece de legitimación en
la causa por pasiva, razón por la cual solicitó la desvinculación de este mecanismo
constitucional.

1.6.5. Fábrica Nacional de Autopartes – Fanalca – S.A.

Con memorial de 6 de abril de 2022, la apoderada de la empresa indicó que los
hechos de la tutela, del 1º al 10º son ciertos y que los demás no le constan.

Agregó que, el consorcio Ciudad Limpia, conformado por las sociedades Fanalca
S.A. e Ipodec Ordues Usines S.A., cedió el contrato de prestación de servicios de
aseo a la sociedad Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P., quien en adelante se
encargaría de la prestación del servicio de aseo urbano y en general de todo lo
que al respecto correspondiera.

Finalmente, señaló que coadyuva las pretensiones de la demanda.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
empresa Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, así como la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios alegaron que carecen de legitimación en la
causa por pasiva por cuanto los hechos, pretensiones y fundamentos de la
solicitud de amparo no están dirigidos contra alguna acción u omisión de dichas
autoridades.

Al respecto, esta Colegiatura anuncia que tales peticiones serán denegadas al
considerar que estas entidades fueron vinculadas en calidad de terceros con
interés en las resultas de este asunto tutelar, no como demandadas.

2.2.2. De otro lado, la Sala señala que accederá a las solicitudes de coadyuvancia
elevadas por la Fábrica Nacional de Autopartes – Fanalca – S.A. y la sociedad
Limpieza Integral y Mantenimientos Especiales S.A. E.S.P.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, inciso 2º,
en el cual se estipula:

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el
fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud.”(Énfasis propio)

En ese sentido, se evidencia que tales personas jurídicas presentan interés en
este asunto tutelar, debido a que conformaron los consorcios que a su vez
integraron con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, el extremo activo del
proceso de controversias contractuales que dio origen a esta petición de amparo
constitucional.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante con ocasión de
la providencia de 27 de agosto de 2021 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A,9 mediante la cual se revocó la decisión de primera

9
Es necesario precisar que, si bien con la tutela se demandaron las sentencias de primera y
segunda instancia del proceso ordinario, lo cierto es que, de proceder el análisis de fondo, este se
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

instancia dictada por el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia que
había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de
controversias contractuales identificado con el radicado 13001-23-31-000-2001-
00451-01, por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de
los defectos invocados; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema11.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 13, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

realizaría a partir del fallo de 27 de agosto de 2021 por cuanto es la providencia con la cual se
puso fin al medio de control de reparación directa.
10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso, de
acceso a la administración y la igualdad”.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de las
garantías alegadas por la empresa accionante, en tanto a su juicio, la autoridad
judicial incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
accionante fue proferida en el marco del proceso de controversias contractuales
promovido por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena junto con los
Consorcios LIME y Ciudad Limpia contra la Electrificadora del Caribe –
Electricaribe – S.A. E.S.P. y otros.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
censurada fue proferida el 27 de agosto de 2021 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, la cual fue notificada por edicto fijado el 23 de
septiembre de la misma anualidad, y la solicitud de amparo se presentó el 17 de
marzo de 2022, razón por la cual, sin que sea necesario establecer la fecha de
ejecutoria de la referida decisión, resulta ser un término que a juicio de la Sala es
razonable, es decir, antes de transcurridos 6 meses.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 14, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

2.5.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en consonancia con la postura de la Sala,16 se advierte que no se
encuentra superado, toda vez que, pese a que contra la providencia de segunda
instancia que se controvierte no proceden recursos, lo cierto es que existen otros
mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico para que la
entidad actora defienda sus intereses.

Si bien la falta de jurisdicción no se enmarca de manera taxativa en alguna de las
causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso,
no hay que pasar por alto el parágrafo de dicha norma que establece que “[l]as
demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece ”, aunado a las
previsiones de los artículos 1617 y 13818 ibídem, no obstante, las inconformidades
que se plantean en sede de tutela pueden alegarse ante el juez al que corresponda
conocer el asunto remitido y aludir su falta de jurisdicción en el curso del trámite
del respectivo proceso.

Lo anterior, debido a que, en el evento en que el juez ordinario al que se le asigne
el proceso decida avocar el conocimiento de este, la empresa actora podrá
interponer el recurso de reposición en contra de dicha decisión.

Incluso, la misma autoridad judicial receptora, de oficio, puede declarar su falta de
jurisdicción, escenarios en los que se generaría un conflicto negativo de
jurisdicciones19, cuyo conocimiento corresponde dirimir al superior funcional que

16
Entro otras, ver: (i) Sentencia de 17 de mayo de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
expediente No. 73001-23-33-000-2018-00071-01; y (ii) sentencia de 8 de febrero de 2018, M.P.
Alberto Yepes Barreiro, expediente No. 11001-03-15-000-2017-03067-00.
17“Artículo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La

jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se
declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los
factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere
proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con
posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.
La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no
se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente
lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente.”
18
“Artículo 138. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la
nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el
factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato
al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.”
19“Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un

proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se
declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que
sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten
recurso.
El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el
silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.
El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea
remitido por alguno de sus superiores funcionales.
El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará
remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

tengan en común las dos judicaturas de conformidad con lo establecido en el
artículo 13920 del Código General del Proceso, aspectos que no puede desconocer
e intervenir el fallador constitucional, pues se atribuiría competencias propias de
los jueces ordinarios y se desnaturalizaría el sentido subsidiario de la acción de
amparo.

La Sala recalca que en el marco de esta acción no se pueden desplazar o
suplantar los medios judiciales comunes con los que cuentan los ciudadanos,
máxime cuando estos son idóneos y eficaces.

En conclusión, la solicitud de amparo no constituye un mecanismo alternativo a
los recursos de defensa consagrados en la ley, ni puede convertirse en una tercera
instancia a la que se pueda recurrir con el fin de controvertir unos argumentos que
deben ser materia de estudio por el juez natural, pues de permitir tal posibilidad se
desconocería que la acción de tutela es de carácter residual y subsidiario para la
protección de los derechos fundamentales.

En atención a los argumentos expuestos, resulta evidente que en el sub examine
no procede la intervención del juez constitucional, por tanto, habrá de declararse
la improcedencia del trámite de la referencia por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.

2.6. Conclusión

La Sala de Decisión declarará improcedente la solicitud de tutela promovida por
la empresa Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, por no satisfacer el análisis relativo al
agotamiento de los medios judiciales.

3. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena, así como por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen
funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la
autoridad judicial desplazada.
La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces.
20
“ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un
proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se
declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que
sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten
recurso. (…)”

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01745-00

SEGUNDO: RECONOCER la calidad de coadyuvantes, en el asunto de la
referencia, a la Fábrica Nacional de Autopartes – Fanalca – S.A. y a la sociedad
Limpieza Integral y Mantenimientos Especiales S.A. E.S.P.

TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo formulada por la
entidad Ciudad Limpia del Caribe S.A. E.S.P. en Liquidación por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.