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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01755-00

Fecha
8 de agosto de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01755-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Declárase ajustada al ordenamiento legal la Resolución no. 00473 de 10 de marzo de 2022, proferida por el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía. 2º) Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente, con las respectivas constancias de secretaría.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01755-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

8 de agosto de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No.12

Bogotá DC, ocho (8) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-0002022-01755-00
Medio de control: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Asunto: REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 00473 de 00473 de
10 de marzo de 2022, proferida por el Ministerio de
Minas de Minas y Energía, “por la cual se
ordena la suspensión del plazo para liquidar los
contratos suscritos por el Ministerio de Minas y
Energía”

La Sala decide a través del medio de control inmediato la legalidad de la
Resolución 00473 de 10 de marzo de 2022 proferida por el Ministerio de Minas y
energía.

I. ANTECEDENTES

1) El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 00473 de 10 de marzo
de 2022 “por la cual se ordena la suspensión del plazo para liquidar los contratos
suscritos por el Ministerio de Minas y Energía”.

2) Dicho acto fue enviado por ese ministerio a esta Corporación para efectos del
control inmediato de legalidad previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y
136 del CPACA, el cual correspondió en reparto al despacho del magistrado de la
referencia (Samai – índices 3 y 4).

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Control inmediato de legalidad
CPACA

II. CONSIDERACIONES

Para efectos de la decisión que debe adoptarse en este proceso se desarrolla a
continuación el siguiente derrotero: 1) problema jurídico objeto de
pronunciamiento, 2) marco jurídico del control inmediato de legalidad, 3) concepto
del Ministerio Público, 4) contenido, motivación y competencia ejercida para la
expedición del decreto objeto de examen, 5) análisis de legalidad del acto y, 6)
conclusión.

1. Problema jurídico objeto del pronunciamiento

Se debe establecer si la Resolución 00473 de 10 de marzo de 2022 se ajusta a la
legalidad y especialmente a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020
invocado para su expedición.

2. Marco jurídico del control inmediato de legalidad

Con el fin de instrumentar en debida forma la procedencia o no del denominado
control inmediato de legalidad respecto de la resolución que ha sido remitida a
esta Corporación para examen es necesario poner de presente la normatividad
que regula dicho medio de control jurisdiccional:

1) La Ley 1437 de 2011, contentiva del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en la Parte Segunda establece la organización
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en esa dirección regula sus
funciones jurisdiccional y consultiva.

2) En esa perspectiva, el Título III de dicho cuerpo normativo tiene por contenido la
consagración y régimen de los denominados “medios de control”, esto es, los
instrumentos específicos a través de los cuales se materializa el derecho de
acción para provocar u obtener el control del juez contencioso administrativo
respecto de los hechos y actos de la administración pública expedidos en ejercicio
de la función administrativa.

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Control inmediato de legalidad
CPACA

3) El artículo 136 del CPACA, concordante literal y sustancialmente con lo
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 19941, prevé y define el contenido y
alcance del llamado “control inmediato de legalidad” en los siguientes términos:

“Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de
carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función
administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos
durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de
legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de
entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de
autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia
establecidas en este Código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos
administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se
efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de
oficio su conocimiento.” (Resalta la Sala).

De la norma antes transcrita es expreso y claro que dicho medio de control
jurisdiccional es aplicable única y exclusivamente respecto de unos precisos y
taxativos actos que cumplan con los siguientes requisitos o condiciones:

a) Debe tratarse de actos jurídicos estatales de contenido general o abstracto, es
decir, están excluidos los de carácter particular o concreto.

b) Los actos deben tener la naturaleza jurídica de actos administrativos, esto es,
haber sido proferidos específicamente en ejercicio de función administrativa.

c) Adicionalmente, de modo puntual y necesario se requiere que tales actos hayan
sido expedidos en desarrollo de los decretos legislativos proferidos durante los
denominados estados de excepción, huelga decir, los previstos en los artículos
212, 213 y 215 de la Constitución Política, denominados, en su orden, i) estado de
guerra exterior, ii) estado de conmoción interior y, iii) estado de emergencia
económica, social y ecológica.

4) La competencia para conocer de dicho medio control jurisdiccional y por tanto
para decidir la legalidad o no de los actos administrativos sujetos a dicho tipo de
control está asignada así: i) al Consejo de Estado, si se trata de actos expedidos

1 Por la cual se reglamentan los estados de excepción.

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por autoridades del orden nacional y, ii) a los Tribunales Administrativos –según el
lugar donde se expidan–, si son dictados por autoridades del orden territorial de
conformidad con las reglas de asignación de competencias contenidas,
respectivamente, en los artículos 149 numerales 1 y 14, y 151 numeral 14 de la
misma Ley 1437 de 2011, cuyos procesos por determinación del legislador son de
única instancia.

5) Las reglas básicas del trámite procesal son las previstas de modo especial en el
artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de las normas complementarias
del proceso contencioso administrativo consagradas en ese mismo cuerpo
normativo para aquellos aspectos de procedimiento que no cuenten con norma
especial y que sean compatibles con dicho procedimiento.

3. Concepto del Ministerio Público

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado considera, en síntesis,
que la Resolución no. 00473 de 10 de marzo de 2022, “Por la cual se ordena la
suspensión del plazo para liquidar los contratos suscritos por el Ministerio de
Minas y Energía”, proferida por el Subdirector Administrativo y Financiero de ese
ministerio se ajusta al ordenamiento jurídico, por cuanto satisface los requisitos de
procedibilidad, formal y material previstos para la expedición de esta clase de
actos en el marco de los estados de excepción, razón por la cual no desconoce
normas de rango constitucional, convencional o legal (Samai – índice 11).

4. Contenido, motivación y competencia ejercida para la expedición de la
resolución objeto de examen

El acto administrativo objeto de revisión es la Resolución no. 00473 de 10 de
marzo de 2022, proferida por el Subdirector Administrativo y Financiero del
Ministerio de Minas y Energía que, según su epígrafe, tiene por objeto suspender
el plazo para liquidar los contratos suscritos por dicho ministerio y cuyo texto
integral se transcribe a continuación para efectos de precisar no solo su objeto y
alcance sino, fundamentalmente, las normas que le sirven de sustento y los
motivos por lo que fue proferida para determinar si es pasible del control inmediato
de legalidad previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley
1437 de 2011:

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CPACA

“MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 00473 DE 2022

(10 Marzo 2022)

Por la cual se ordena la suspensión del plazo para liquidar los contratos
suscritos por el Ministerio de Minas y Energía”

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E) DEL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el
artículo 12 de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2017, la Resolución No.
20397 del 15 de diciembre de 2021 y la Resolución de Delegación No
40071 del 21 de febrero de 2022 y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio
de Salud y Protección Social de acuerdo con lo establecido en el artículo
69 de la Ley 1753 de 2015, declaró la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional y ha sido
prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020; 222, 7381
1315, 1913 de 2021 y 304 de 2022, hasta el 30 de abril de 2022 y, en
virtud de las mismas, ha adoptado una serie de medidas con el objeto de
prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que en atención a lo anterior, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de
la República en ejercicio de sus facultades constitucionales expidió́ el
Decreto 417 a través del cual se declaró́ el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el
termino de treinta (30) días calendario, quedando habilitado para ejercer
las facultades a las que se refiere el artículo 215 de la Constitución
Política.

Que mediante el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el
Presidente de la República adoptó medidas en materia de prestación de
servicios a cargo de todos los organismos y entidades que conforman
las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles,
órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y
a los particulares cuando cumplan funciones públicas, con la finalidad de
prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento
social, flexibilizando la prestación del servicio de forma presencial y
estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de
medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto
entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la
continuidad y efectividad del servicio.

Que el artículo 6° de esa normatividad permitió́ la suspensión de
términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que en consideración de las disposiciones del Gobierno Nacional, se
expidió́ la Resolución No. 410576 del 03 de Abril de 2020: “Por la cual se
ordena la suspensión del plazo para liquidar los contratos de

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conformidad con el Decreto 491 de 2020”, en la que el Subdirector
Administrativo y Financiero decidió́ suspender los plazos para liquidar
todos los contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía que
sean objeto de liquidación de conformidad con el artículo 60° de la Ley
80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, hasta
el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el Ministerio de Minas y Energía en cumplimiento de la Directiva
Presidencial No. 07 de 2021 y demás normas, adoptó un plan de
bioseguridad, por lo cual se emitió́ la Resolución No. 410904 del 16 de
octubre de 2020, levantando a partir del primero (1o) de noviembre de
2020 la medida de suspensión de términos ordenada mediante la
Resolución No. 410576 del 03 de Abril de 2020.

Que posteriormente, mediante Resolución No. 411218 del 24 de
diciembre de 2020, el Ministerio de Minas y Energía determinó,
nuevamente, suspender los plazos para liquidar todos los contratos
suscritos por la entidad que sean objeto de liquidación de conformidad
con el artículo 60° de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217
del Decreto 19 de 2012, hasta el día hábil siguiente a la superación de la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

Que frente a la anterior resolución se profirió́ sentencia de control de
legalidad No. 11001-03-15-000- 2021-00062-00 del Consejo de Estado,
el día 4 de junio de 2021, en la cual indicó: “En efecto la gravedad de las
circunstancias que justificaron la declaratoria de estado de excepción a
raíz de la pandemia del Covid-19, requería la adopción de medidas
urgentes, necesarias y proporcionales por parte de las autoridades
administrativas con el fin de paliar la crisis y sus efectos desde el punto
de vista sanitario y económico; no obstante, estas disposiciones debían
ser dictadas por el funcionario competente, que, para el presente caso,
correspondía al señor ministro de Minas y Energía, pues, tal como se
expuso en precedencia, la suspensión de los plazos o términos para
liquidar los contratos suscritos al interior de la entidad, resultaba ser una
medida administrativa propia del ámbito de sus atribuciones y
competencias. (...) 4.7.4. De otro lado, esta colegiatura advierte que en
los considerandos del acto sujeto a control se dijo que, de manera previa
a su expedición, el Ministerio de Minas y Energía profirió́ la Resolución
No. 410576 del 3 de abril de 2020 “Por la cual se ordena la suspensión
del plazo para liquidar los contratos de conformidad con el Decreto 491
de 2020”, acto administrativo que fue suscrito por el Subdirector
Administrativo y Financiero de la entidad y que, según pudo verificar la
Sala en el SAMAI, tuvo control inmediato de legalidad por parte de esta
Corporación a través de la sentencia de fecha 16 de junio de 2020,
encontrándola ajustada al ordenamiento jurídico vigente al momento de
su expedición” .

Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía solicitó adición indicando
modulación de efectos mediante comunicaciones con radicado MME No.
2-2021-016288 del 20 de agosto de 2021 y 2- 2022-002071del 10 de
febrero de 2022 y el día 10 de marzo de 2022 se notificó́ al Ministerio del
auto mediante el cual el despacho aclaró la sentencia de 4 de junio de
2021, "en el sentido de indicar que la declaración de nulidad de la
Resolución No. 411218 de 24 de diciembre de 2020, por medio de la
cual el Ministerio de Minas y Energía ordenó la suspensión del plazo

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para liquidar los contratos, producirá́ efectos a partir de la ejecutoria de
dicha providencia", es decir, a partir del día de 11 de marzo de 2022.

Que mediante Resolución 40071 del 21 de febrero del 2022 el Ministro
de Minas y Energía delegó en el Subdirector Administrativo y Financiero
la función de expedir "actos administrativos de carácter general
relacionados con la dirección y manejo de la actividad contractual desde
la etapa precontractual hasta la liquidación del contrato, incluidas las
suspensiones de términos y sus reanudaciones, cuando se requiera".

Que finalmente, mediante Resolución 304 del 23 de febrero de 2022, el
Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria
hasta el 30 de abril de 2022 en atención a que la variante ómicron
continúa representando un desafío a nivel mundial debido a su alta
transmisibilidad, aumentando rápidamente los casos de personas
contagiadas con COVID19.

Que tal como se mencionó́ , la Resolución No. 411218 del 24 de
diciembre de 2020 se expidió́ en el marco de la emergencia sanitaria la
cual fue prorrogada en los términos del considerando anterior por lo que
persisten las circunstancias que dieron lugar a su expedición.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1o. Suspender los plazos para liquidar todos los contratos
suscritos por el Ministerio de Minas y Energía que sean objeto de
liquidación de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993
modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, hasta el día hábil
siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 2°: Durante el término que dure la suspensión de la presente
resolución y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no
correrán los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007
y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 3°: La presente resolución rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá́ D.C. a los 10 días del mes de Marzo de 2022.

(firmado) l

Julián Eduardo Páez Gil
Subdirector (E)
Subdirección Administrativa y Financiera (mayúsculas sostenidas y
negrillas del texto original).

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Del texto transcrito del citado acto administrativo se advierte lo siguiente:

1) El objeto de la mencionada resolución es suspender los términos para liquidar
los contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía que sean objeto de
liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de
1993 modificado por modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, hasta
el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, evento en el cual tampoco correrán los
términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

No obstante, precisa la Sala que si bien el artículo 3° de la mencionada resolución
establece que esta entra a regir a partir de su expedición, los actos administrativos
generales tienen carácter obligatorio para sus destinatarios a partir de su
publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021, en este sentido el acto
sujeto a control fue publicado en el Diario Oficial no. 51973 del 11 de marzo de
2022.

2) Las razones de hecho y de derecho invocadas como fundamento de la
resolución son las siguientes:

a) El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 385 de 12
de marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 y
adoptó un conjunto de medidas e instrucciones con el fin de prevenir y contener
los contagios, razón por la cual el Presidente de la República expidió el Decreto
417 de 17 de marzo de 2020 por el cual declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de
treinta (30) días calendario.

b) El Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de
20202 por el cual facultó a todas las entidades que conforman las Ramas del
Poder Público, entre otras cosas, para suspender mediante acto administrativo los
términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede

2 Por medio del cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de

los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

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administrativa por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, todo
ello con la finalidad de prevenir la propagación del virus mediante el
distanciamiento social y la flexibilización de la prestación del servicio de forma
presencial, para lo cual se establecerían mecanismos de atención mediante la
utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.

c) La resolución objeto de revisión también invoca las Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2017 como fundamento normativo de la suspensión de los plazos para liquidar los
contratos estatales.

d) También menciona dicho acto administrativo que a través de la Resolución no.
40071 del 21 de febrero del 2022 el Ministro de Minas y Energía delegó en el
Subdirector Administrativo y Financiero la función de expedir "actos
administrativos de carácter general relacionados con la dirección y manejo de la
actividad contractual desde la etapa precontractual hasta la liquidación del
contrato, incluidas las suspensiones de términos y sus reanudaciones, cuando se
requiera".

e) Finalmente, menciona la resolución materia de examen que por medio de la
Resolución no. 304 de 23 de febrero de 2022 el Ministerio de Salud y Protección
Social prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril de 2022, debido a que
la variante denominada ómicron representa un desafío mundial por su alta
transmisibilidad aumentando rápidamente los casos de personas contagiadas por
Covid – 19.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que se cumplen a cabalidad los
presupuestos exigidos en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley
1437 de 2011 para hacer viable la aplicación del control inmediato de legalidad por
parte de esta Corporación a la referida resolución, toda vez que está debidamente
acreditado lo siguiente:

a) Es un acto administrativo expedido por el Subdirector Administrativo y
Financiero (e) del Ministerio de Minas y Energía en ejercicio de función
administrativa por el cual se adoptan una medida en materia de términos para
liquidar contratos estatales celebrados por ese ministerio.

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b) Se trata de un acto administrativo de carácter general debido a que su
contenido es abstracto e impersonal por el cual el ministerio adoptó medidas en
materia contractual con apego a las medidas de bioseguridad y protección
adoptadas para los funcionarios y las personas involucradas en esos trámites.

c) La resolución es de orden nacional en cuanto fue expedida por una autoridad
perteneciente al Ministerio de Minas y Energía de conformidad con lo establecido
en la Ley 489 de 1998.

d) Dicho acto se profirió especialmente con fundamento y aplicación del Decreto
Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020 el cual, a su vez, fue expedido por el
Presidente de la República en ejercicio de las facultades legislativas
extraordinarias asumidas en el marco del estado de excepción de emergencia
económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 17 de marzo
de ese mismo año.

En efecto, la citada resolución desarrolló la atribución conferida en el artículo 6 del
Decreto 491 de 2020 mediante la cual las autoridades administrativas estaban
habilitadas para suspender los términos legales de las actuaciones administrativas
hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, por consiguiente, se advierte que el acto
en cuestión fue expedido por funcionario competente a través de la delegación
conferida en la Resolución no. 40071 del 21 de febrero del 2022 por medio de la
cual el Ministro de Minas y Energía delegó en el Subdirector Administrativo y
Financiero la función de expedir esta clase de actos administrativos de carácter
general en materia contractual.

5. Análisis de legalidad del acto

Precisado lo anterior, la Sala examinará la conformidad o no de la Resolución no.
00473 de 10 de marzo de 2022 con el ordenamiento jurídico superior y
especialmente con la normatividad dictada en el marco del estado de excepción
de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417
de 2020, sobre la base de confrontar los siguientes aspectos: a) requisitos
formales y b) el contenido normativo del acto.

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5.1 Requisitos formales

Tal como se expuso anteriormente, la causa y finalidad específicas de la decisión
de suspender los plazos para liquidar los contratos estatales celebrados por el
Ministerio de Minas y Energía adoptada en la Resolución no. 00473 de 10 de
marzo de 2022 corresponden a lo consignado textualmente en la parte motiva de
dicho acto administrativo general que aluden a la situación de emergencia
sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, la cual, como hecho notorio que
es, fue declarada por la Organización Mundial de la Salud y en Colombia por el
Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 del 12
de marzo de 2020, situación excepcional esta que precisamente motivó una
primera declaración del estado de excepción de emergencia económica, social y
ecológica a través del Decreto 417 de 2020 por un término de 30 días calendario
contados a partir de la fecha de su vigencia, esto es, de su publicación 3, y
precisamente con base en este fue expedido el Decreto Legislativo 491 de 2020
que tiene por contenido y finalidad otorgar atribuciones excepcionales a todas las
entidades que conforman las ramas del poder público para garantizar la atención y
la prestación de los servicios a su cargo y proteger a los servidores públicos y
contratistas en el marco de la emergencia.

En ese marco de regulación fue expedida la resolución materia de control y con
esa específica motivación y fundamento normativo tal como expresamente fue
consignado en el acápite de considerandos de dicho acto para cuya constatación
basta con una simple lectura de su texto, por tanto, se encuentra debidamente
acreditada la motivación del acto administrativo general en cuestión y cumplidos
los requisitos de orden formal para su expedición.

5.2 El contenido normativo del acto

Según el texto ya transcrito en precedencia el acto objeto de control tiene por
contenido concretamente lo siguiente:

a) La suspensión de los plazos para liquidar todos los contratos suscritos por el
Ministerio de Minas y Energía que sean objeto de liquidación de conformidad con

3 Luego fue declarado por segunda ocasión a través del Decreto número 637 del 6 de mayo de

2021 también por un término de 30 días calendario a partir de la fecha de vigencia, o sea desde la
fecha de su publicación según lo dispuesto en el artículo 4.

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el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 19
de 2012, hasta el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (artículo primero).

b) También dispuso que durante el término que dure la suspensión prevista en la
resolución y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán
los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan (artículo segundo).

En ese orden el examen de la resolución objeto del proceso de la referencia
permite establecer lo que sigue:

1) En cuanto a la competencia del funcionario para expidir la resolución que se
examina en este proceso, debe recordarse que el Consejo de Estado en ejercicio
de este medio de control había declarado previamente la nulidad de la Resolución
no. 411218 de 24 de diciembre de 20204, acto administrativo con idéntico
contenido y fundamentos al que se revisa en esta oportunidad, por considerar,
básicamente, que el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de
Minas y Energía no tenía competencia funcional para expedir actos generales de
suspensión de términos contractuales debido a que esa facultad no le había sido
delegada por el titular del ministerio en la Resolución no. 4-0548 de 18 de junio de
2019, sustentada también en lo previsto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007.

No obstante, la Sala advierte que en esta ocasión el Subdirector Administrativo y
Financiero del Ministerio de Minas y Energía sí se encontraba legalmente
facultado para expedir la resolución bajo examen, toda vez que el ministro del
ramo le delegó expresamente dicha facultad en el artículo 3 de la Resolución no.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecisiete Especial de Decisión,

sentencia de 4 de junio de 2021, proceso no. 11001-03-15-000-2021-00062-00, MP Jaime Enrique
Rodríguez Navas. En esta esta providencia salvaron voto los magistrados Julio Roberto Piza
Rodríguez y Luis Alberto Álvarez Parra, quienes, en síntesis, consideraron que el Subdirector
Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía si estaba facultado para expedir la
Resolución no. 411218 de 24 de diciembre de 2020 en virtud de la delegación prevista en el
artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y de la atribución conferida en el Decreto Legislativo 491 de 2020
que se expidió dentro del marco del estado de excepción por la pandemia de Covid 19. Asimismo,
dichos consejeros participaron en la Sala especial 12 que declaró ajustada al ordenamiento jurídico
la Resolución no. 41076 de 3 de abril de 2020 también relativa a la suspensión de plazos para
liquidar los contratos en dicho ministerio; decisión que, básicamente, se apoyó en los criterios
expuestos en sus salvamentos de voto.

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40071 del 21 de febrero del 20225, por lo cual aquel funcionario quedó habilitado
para expedir actos administrativos relativos a la suspensión de los plazos para la
liquidación de los contratos celebrados por dicha cartera ministerial (Samai –
índice 13).

En ese contexto, aunque el Ministro de Minas y Energías ostenta la competencia
prevalente para dictar actos administrativos de carácter general en materia
contractual para la suspensión de los plazos de liquidación de los contratos
estatales de esa dependencia estatal, también podía delegar esa facultad, entre
otros funcionarios, en el Subdirector Administrativo y Financiero de ese ministerio
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, en armonía con lo dispuesto
en la Constitución Política y la Ley 489 de 1998, pues, la delegación es un
mecanismo jurídico que permite el mejor cumplimiento de las funciones
administrativas y el logro de los fines estatales, con base en lo cual concluye la
Sala, sin hesitación alguna, que el referido funcionario si estaba facultado
legalmente para expedir la resolución que se revisa en este proceso.

2) Ahora bien, con relación al contenido material de la Resolución no. 00473 de 10
de marzo de 2022 es especialmente relevante resaltar lo previsto en el artículo 6
del Decreto 491 de 2020:

“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades
administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto,
por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia,
podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de
las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o
total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en
todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o

5 “Artículo 3. Adicionar los numerales 26 y 27 al inciso segundo del artículo 2 de la Resolución 4

0548 del 18 de junio de 2019, adicionado mediante el artículo 2 de la Resolución 4 0327 del 4 de
noviembre de 2020, los cuales quedarán así:

(…) 27 Expedir los actos administrativos de carácter general relacionados con la dirección y
manejo de la actividad contractual desde la etapa precontractual hasta la liquidación del contrato,
incluidas las suspensiones de términos y sus reanudaciones, cuando se requiera”.

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virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de
la situación concreta.” (resalta la Sala).

Según ese precepto, la suspensión de términos es facultativa para las entidades
en función de las necesidades del servicio y del análisis de sus actividades y
procesos previa evaluación y justificación de la situación concreta, ejercicio que
efectuó la resolución objeto de control en su parte considerativa cuando sustentó
la necesidad de suspender los plazos para la liquidación de los contratos por el
impacto que generaba la variante ómicron en la salud de los funcionarios y demás
intervinientes en los procesos y tramites contractuales del Ministerio de Minas y
Energía.

Por consiguiente, resulta plausible y acorde con el ordenamiento jurídico el
objetivo de dicho acto administrativo en el sentido de preservar la salud de
quienes participan en los trámites de liquidación de los contratos celebrados por el
Ministerio de Minas y Energía en atención de la situación de emergencia sanitaria
suscitada por la pandemia de Covid-19, la cual amerita la adopción de rigurosos
protocolos de bioseguridad para evitar su propagación y contagio.

3) De otra parte, la Ley 80 de 1993, con la modificación introducida por el Decreto
19 de 2012, impone la obligación de liquidar los contratos estatales de tracto
sucesivo y los demás que lo requieran.

A su turno, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 consagró el plazo para realizar la
liquidación del contrato estatal de acuerdo con la modalidad de liquidación que sea
acogida, en su orden:

a) La liquidación de mutuo acuerdo en el término que convengan las partes y de
no existir tal término, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del
contrato por cualquier causa.

b) En los casos en los que el contratista no se presente a la liquidación cuando
previamente la entidad le haya notificado o convocado, o las partes no lleguen a
un acuerdo sobre el contenido de la liquidación, la entidad “tendrá́ la facultad de
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes”, al vencimiento
del plazo previsto para la liquidación bilateral.

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c) Una vez vencidos los plazos anteriores, la liquidación podrá́ ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio del ejercicio de la acción contractual, en los términos
de caducidad que resulten procedentes (artículo 164 CPACA).

Igualmente, la Sala encuentra que la suspensión de los términos previstos para la
liquidación de los contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía
adoptada en la resolución objeto de control tampoco riñe con esos preceptos del
estatuto contractual, por cuanto, como se advirtió, esa decisión encuentra soporte
legal en el pluricitado artículo 6o del Decreto 491 de 2020 que permitió a las
autoridades administrativas competentes suspender los términos de las
actuaciones administrativas dentro del marco de la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Protección Social, normativa que a su turno fue expedida al
amparo del Decreto Legislativo 417 de 2020, decretos que fueron declarados
exequibles por la Corte Constitucional con las modulaciones respectivas mediante
las sentencias C-242-20 y C-145-20.

4) Como se ha explicado en esta providencia, las medidas adoptadas en la
resolución que se revisa están orientadas a prevenir y evitar el contagio de la
variante ómicron del Covid-19 a través del distanciamiento social entre los
funcionarios del ministerio y los contratistas que intervienen el procedimiento
administrativo de liquidación de los contratos estatales celebrados por el Ministerio
de Minas y Energía, lo cual, sin duda, protege los derechos fundamentales de los
intervinientes y procura, especialmente, la protección del derecho de defensa y el
debido proceso de las partes que pueden resultar afectados con el vencimiento de
los plazos dispuestos para liquidar el contrato.

6. Conclusión

En los términos antes analizados debe concluirse, sin hesitación alguna, que el
contenido de la Resolución no. 00473 de 10 de marzo de 2022, proferida por el
Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía, en
cuanto tiene que ver con el ámbito y contenido del examen de legalidad realizado
en esta providencia se ajusta al ordenamiento legal que regula la materia y en
particular a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

F A L L A:

1º) Declárase ajustada al ordenamiento legal la Resolución no. 00473 de 10 de
marzo de 2022, proferida por el Subdirector Administrativo y Financiero del
Ministerio de Minas y Energía.

2º) Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente, con las respectivas
constancias de secretaría.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ SANDRA LISSETH IBARRA VÉLEZ
Magistrado ponente Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. Se hace constar que la presente providencia fue suscrita electrónicamente
por los magistrados del Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión número 12 en el
sistema de gestión judicial SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
.

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