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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01764-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01764-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por la configuración de la cosa juzgada constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01764-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de agosto de 2022

Demandante: Jorge James López Castillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01764-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01764-01
Demandante: JORGE JAMES LÓPEZ CASTILLO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“B”

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Confirma cosa juzgada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 23 de junio de 2022, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por cosa juzgada
constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

El señor Jorge James López Castillo, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela1 para que le fueran amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
la sentencia de 28 de junio de 2012, de la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por medio del cual se revocó la decisión de primer grado
del Tribunal Administrativo de Risaralda, y en su lugar, se negaron las
pretensiones de la demanda que presentó en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la extinta Caja Nacional de
Previsión Social hoy Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, proceso identificado
con el radicado N.° 76001-23-31-001-2009-00095-00.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales a la DIGNIDAD HUMANA,
MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO MATERIAL A LA

1 La solicitud de amparo fue presentada por correo electrónico el 17 de marzo de 2022.

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Demandante: Jorge James López Castillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01764-01

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO, del señor
JORGE JAMES LÓPEZ CASTILLO, lesionados por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante la sentencia del 28 de junio de 2012, proferida
dentro del expediente 66001 -23 -31- 001 – 2009-00095-01, al revocar la sentencia
de Primera instancia. Desconociendo el alcance efectivo del parágrafo 5 transitorio
del acto legislativo No 01 de 2005.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia
del 28 de junio de 2012, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B dentro del expediente 66001 -23 -31- 001- 2009-00095-01, y número
interno 2114 – 2011, ordenando que se expida una nueva sentencia, acorde con el
parágrafo 5 transitorio del acto legislativo No 01 de 2005, teniendo en cuenta la
consideraciones hechas por la Corte Constitucional en la sentencia C-651 de 2015 y
en la sentencia T-012 de 2022.

Y en su lugar se confirme la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, el 23 de junio de 2011, bajo el radicado No 66001 -23 -
31- 001 – 2009-00095-00.”. (Negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

1. El señor Jorge James López Castillo prestó sus servicios como funcionario del
INPEC entre el 1° de agosto de 1986 y el 26 de abril de 2005.

2. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 23 de junio de
2011, accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que presentó el señor Jorge James López Castillo contra la extinta Caja
Nacional de Previsión Social -Cajanal EICE-, que tenían como fin el reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación de conformidad con el régimen pensional
previsto en la Ley 32 de 19862.

3. La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de junio de 2012, al desatar el recurso de apelación formulado por la entidad
demandada, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, denegó las súplicas
del contencioso, con fundamento en que el demandante no tenía derecho a la
pensión solicitada.

4. Mediante fallos de 24 de enero y 28 de agosto de 2013, las Secciones Cuarta y
Quinta del Consejo de Estado negaron las súplicas de la acción de tutela que
formuló el señor López Castillo contra la decisión de 28 de junio de 2012, de la
Subsección “B” de la Sección Segunda de la misma corporación.

5. Con petición del 10 de julio de 2014, el tutelante solicitó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
que le fuera otorgada la pensión de jubilación en los términos del artículo 96 de la
Ley 32 de 1986, lo cual fue negado en las Resoluciones Nos. RDP 033197 y 003584
de 2014.

2 “Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”

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6. El 27 de marzo de 2015, el señor López Castillo radicó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los referidos actos
administrativos, asunto que resolvió en primera instancia el Juzgado Sexto (6°)
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira en proveído de 12 de abril de 2018,
en el sentido de declarar probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la
entidad demandada, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Risaralda el 27 de junio de 2018.

7. No obstante, el señor Jorge James López Castillo interpuso otra acción de tutela
contra la misma providencia de 28 de junio de 2012, de la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, con fundamento en la sentencia C-651 de
2015, alegada como hecho nuevo.

8. Dicho mecanismo fue decidido en primera instancia por la Sección Cuarta de esta
Corporación en fallo de 25 de mayo de 2017, en la que advirtió su improcedencia
por temeridad y, en segundo grado, por la Sección Quinta que en proveído de 27
de julio de 2017, lo modificó, para en su lugar, declarar la cosa juzgada. Ello, tras
considerar justificada la presentación de una segunda tutela con ocasión de la
posterior expedición de la sentencia de constitucionalidad referida y, sobre la cual,
se sustentó dicha solicitud de amparo.

9. Asimismo, el actor presentó solicitud de amparo constitucional contra las
sentencias del Juzgado Sexto (6°) Administrativo del Circuito Judicial de Pereira de
12 de abril de 2018 y del Tribunal Administrativo de Risaralda de 27 de junio de
2018. Este asunto fue resuelto en decisiones de 2 de mayo de 2019 de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que lo declaró improcedente por subsidiariedad y,
de 18 de julio de 2019 de la Sección Primera de la misma Corporación, que al
desatar la impugnación la confirmó pero, por falta de relevancia constitucional.

10. El accionante decidió interponer una nueva demanda contenciosa contra los
mismos actos administrativos, con sustento en la mencionada sentencia C-651 de
2015, referida al parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, como un
hecho nuevo sobreviniente.

11. El anterior proceso fue zanjado de forma negativa a los intereses del señor
López Castillo por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, en fallos de 8 de julio de 2020 y 1°
de febrero de 2021, respectivamente, pues, se declaró igualmente prospera la
excepción de cosa juzgada alegada por el extremo pasivo de la litis.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante manifestó que era procedente la presente tutela, en atención a
que, si bien ya se había elevado otra en el año 2012, con los mimos hechos y
pretensiones, en esta se presenta un hecho nuevo sobreviniente referido a la
reciente interpretación que hizo la Corte Constitucional en sede de revisión del Acto
Legislativo 01 de 2005, en la sentencia T-012 de 2022, en la cual se tuvo en cuenta
la regla fijada en la C-651 de 2015, sobre la normatividad que regula el

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reconocimiento pensional para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del
INPEC.

Advirtió que sí existía una circunstancia especial que hacía procedente una segunda
solicitud de amparo, esto es, la regla interpretativa establecida en la sentencia C-
651 de 2015, lo cual estaba directamente relacionado con sus derechos
fundamentales y, comoquiera que se ha intentado después del año 2012 el
reconocimiento judicial de la prestación pensional sin que sea posible pues ha
prosperado la excepción de cosa juzgada, resulta que este el único mecanismo con
que cuenta para el restablecimiento de sus prerrogativas constitucionales.

Respecto del requisito de inmediatez, refirió que se cumple porque pese a que han
transcurrido más de 9 años desde que se profirió la sentencia objeto de censura, en
su sentir, el término de los 6 meses debe computarse a partir del 25 de febrero de
2022, momento en que la Corte Constitucional publicó la sentencia T-012-2022,
mediante el boletín No 016, puesto que la interpretación hecha en esa providencia
respecto del parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, constituye un
hecho nuevo sobreviniente.

De otra parte, afirmó que la magistratura cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo por aplicación indebida e interpretación errónea de las normas que
regulan la pensión de jubilación de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelario Nacional, como son las Leyes 32 de 1982, 65
de 1993 y los Decretos 407 de 1994, 1835 de 1994 y 1950 de 2005, que permiten
acceder a dicha prestación al acreditar 20 años de servicios, sin que sean exigibles
los requisitos previstos en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, como equivocadamente lo advirtió
la autoridad judicial reprochada.

Asimismo, alegó que se presentó el defecto de violación directa de la Constitución
por cuanto, en su parecer, se hizo una interpretación errada en relación con el
parágrafo 5 ° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, pues, conforme a su
contenido literal, al haber ingresado al INPEC antes de la entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003, no se le puede exigir el cumplimiento de las previsiones
contempladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En ese orden, precisó que lo procedente era la aplicación en su caso del criterio
interpretativo fijado en la sentencia T-012 de 2022 de la Corte Constitucional, el cual
además era vinculante, por provenir del máximo órgano de garantía de la Carta
Política.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 13 de mayo de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, y le
otorgó el término de dos (2) días para que rindiera el informe de que trata el artículo
19 del Decreto 2591 de 1991.

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Como terceros con interés, vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y al
Tribunal Administrativo de Risaralda, por su calidad de demandada y de autoridad
judicial de primer grado, respectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho donde se dictó la providencia censurada.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron los siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”3

Por conducto del magistrado titular del despacho ponente de la decisión
cuestionada se pronunció en el sentido de señalar que respecto a los hechos
narrados en el escrito tutelar se atenía a lo que se probara en este proceso y, en
cuanto a los motivos de inconformidad con la providencia, advirtió que las razones
que sirvieron de sustento están consignadas en los fundamentos de esta, los cuales
daban suficientemente cuenta de aquellas.

1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social

Por intermedio del subdirector de Defensa Judicial Pensional de la entidad, se
presentó el 19 de mayo de 2022, escrito en el que se solicitó la declaratoria de
improcedencia de la solicitud de amparo y en consecuencia la negación de las
pretensiones, no sin antes advertir que la actuación del demandante es temeraria,
pues, con precedencia ya había presentado dos acciones de esta misma naturaleza
(2017-00537 y 2018-03838) en el Consejo de Estado, con identidad o semejanza
en los elementos determinadores de una y de otra, esto es, el reconocimiento de
una pensión de jubilación, lo cual ya fue decidido de forma negativa por dos jueces
de tutela, configurándose la cosa juzgada, pues estas, además no fueron
seleccionadas por la Corte Constitucional para su revisión.

Asimismo, alegó que no se cumple con el requiso de la inmediatez, en atención a
que la situación pensional del accionante se encuentra definida desde el año 2012,
sin que exista un motivo valido para el ejercicio tardío de este mecanismo, además
que no se acredito ningún perjuicio irremediable.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Risaralda4

La autoridad judicial se pronunció en el sentido de solicitar que se declare
improcedente la solitud de amparo, para lo cual, en primer lugar, señaló que no se
cumple con el requisito de inmediatez, comoquiera que no podía tenerse como
referente para el acatamiento de este la sentencia T-012 de 2022 de la Corte
Constitucional, pues si el actor pretendía que se aplicara la interpretación que se

3 Por correo electrónico de 18 de mayo de 2022.
4 Mensaje de datos de 19 de mayo de 2022.

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hace en dicha providencia sobre el régimen pensional del INPEC, debía iniciar una
nueva actuación administrativa y, eventualmente, una judicial en la que se analizara
la viabilidad del reconocimiento prestacional pertinente.

En seguida, advirtió que la tutela también carece de relevancia constitucional, pues,
no existe una relación directa con la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados, en tanto la decisión cuestionada se sustentó en la
normatividad aplicable al caso y en la jurisprudencia del propio Consejo de Estado,
sumado a que precisamente el fallo que se alega como hecho nuevo fue proferido
tiempo después y en este se ratifica la posición del máximo órgano de la jurisdicción
contenciosa administrativa, según la cual, para ser beneficiario del regulación
especial de la Ley 32 de 1986, conforme al régimen de transición del artículo 6° del
Decreto 2090 de 2003, se debe contar, además de las 500 semanas de cotización
a la fecha de entrada de dicha norma, 35 años de edad si es mujer o 40 en el caso
de los hombres, o 15 años de servicios, para el 1° de abril de 1994, de conformidad
con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, solicitó que en subsidio, se deniegue el mecanismo constitucional, toda
vez que no se acreditó la vulneración de alguna garantía del accionante con ocasión
de la sentencia del 28 de junio de 2012, de la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, la cual fue dictada en derecho y con fundamento en la
posición sobre el tema de la misma corporación y de la Corte Constitucional.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 23 de junio de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el mecanismo de protección por haberse configurado
la cosa juzgada constitucional.

Así, después de referirse a la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, de la figura jurídica de la cosa juzgada constitucional y, de traer a colación
los apartes pertinentes sobre este tema de la sentencia SU-055 de 2018 de la Corte
Constitucional, advirtió que tal como se decidió en pronunciamiento reciente de 19
de mayo de 2022, el fallo T-012 de 2022, no constituye un hecho sobreviniente que
justifique la interposición de otra solicitud de amparo.

Señaló que en el presente caso se encuentra probado, y además que así fue
manifestado por el actor, que en el año 2012 presentó una primera acción de tutela
contra la sentencia del 28 de junio de 2012, de la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por incurrir en una indebida interpretación de las
normas que gobiernan el régimen pensional de los funcionarios del INPEC, así
como de lo dispuesto en el Acto Legislativo de 2005, la cual fue negada en
decisiones de la Secciones Cuarta y Quinta.

Asimismo, que en el año 2017 interpuso similar mecanismo constitucional y con el
mismo propósito, esto es, dejar sin efectos la providencia de 28 de junio de 2012,
por configurarse los defectos sustantivo y de violación directa de la Constitución,
demanda que fue declarada improcedente por temeridad en primera instancia por

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esta misma magistratura y, modificada en segundo grado por la Sección Quinta, en
el sentido de declarar la cosa juzgada.

De igual forma, advirtió que los referidos fallos no fueron seleccionados por la Corte
Constitucional para su revisión, luego, conforme a lo señalado en la sentencia SU-
150 de 2021, hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional.

Concluyó así, que la presente solicitud de amparo es improcedente por haberse
configurado la cosa juzgada constitucional, respecto de los fallos de tutela de 28 de
agosto de 2013 y 27 de julio de 2017, proferidos por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, por cuanto, por razones de seguridad jurídica y contrario a lo alegado
por el actor, el fallo T-012 de 2022, no constituye un hecho nuevo que viabilice la
presentación de una tercera tutela.

1.8. Impugnación5

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 11 de julio de 2022, la parte
actora impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual solicitó que se revoque y,
en su lugar, se acceda a la protección de sus derechos.

En ese orden, advirtió que si bien existe cosa juzgada constitucional y además que
los efectos de la sentencia T-012 de 2022 son inter partes en tanto la Corte
Constitucional no los moduló, lo cierto es que con dicho fallo se estableció la forma
correcta de interpretación del parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de
2005, lo cual, en su sentir, dejó en evidencia el yerro en que incurrió la autoridad
judicial accionada.

De igual forma, señaló que la ratio decidendi de las sentencia T sí son vinculantes,
para lo cual trajo a colación un extracto de las T-439 de 2000 y T-233 de 2017, para
concluir que, dada la función que cumple la Corte Constitucional, dicha parte de la
sentencia constituye un procedente de obligatorio acatamiento por parte de todas
las autoridades públicas así como del juez de tutela “ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica
determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma”.

Afirmó también que, en su caso operó, en la jurisdicción contenciosa administrativa,
la cosa juzgada, razón por la cual, no le queda otra vía para restablecer su derecho
a la pensión, el cual fue negado por una indebida interpretación del parágrafo 5°
transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, que con la sentencia T-012 de 2022 se
corrigió, luego, la trasgresión de sus derechos fundamentales solo cesará cuando
se deje sin efectos la sentencia atacada.

5 La sentencia fue notificada el 5 de julio de 2022, como consta en el aplicativo SAMAI del Consejo

de Estado.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 23 junio de 2022, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 23 de junio de la presente anualidad, a través de
la cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo, por configurase la cosa juzgada constitucional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la
acción temeraria y la cosa juzgada constitucional y; (iii) del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. La acción temeraria y la cosa juzgada constitucional

Esta Sección ha considerado que la temeridad se configura cuando concurren los
siguientes elementos10: (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii)
identidad del demandante, en tanto la segunda petición de amparo se presenta por
la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta
de justificación para interponer la nueva acción11.
En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de
la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado12:

"[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho
cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de
tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares
ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que debe ser
valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras
palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede
ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias
meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión
de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el
proceso […]”

Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos de
cosa juzgada constitucional y temeridad, ha precisado13:

“[…] El precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por
una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el accionante actúa
de mala fe, por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual no se
requiere tal elemento para su consolidación, en consecuencia solo se necesita que el
accionante presente varias veces una demanda de tutela por los mismos hechos sin
justificación alguna. No obstante, esta Corte ante tal ambivalencia concluyó, que
la improcedencia de una acción de amparo por temeridad debe presentarse por
el actuar doloso y de mala fe del peticionario, toda vez que supone una
restricción legitima al derecho fundamental que implica el ejercicio de la acción
de tutela. La temeridad se configura cuando concurren los siguientes
elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de
pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva
demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.

Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de
establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala precisa
que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta
sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes
situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto
decidido previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que existan

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de

junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
11 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
12 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa
juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la
materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una
expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de
amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una
muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más
solicitudes de tutela que presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin
que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada […]”14. (Subrayado y negrilla por
fuera del texto)

Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada
constitucional también se acotó:

“A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha
precisado que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a partir de
triángulos procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o más acciones de
tutela se reúnan las mismas identidades de partes, causa petendi y objeto, puede
entenderse que aquella institución se configura”.

También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente15:

“Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente
y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar
fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación que
la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso
y de mala fe por parte del libelista.

Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de tutela
no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser considerada
como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en la ignorancia
del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o en el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho. En términos de la Corte:

“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación sucesiva
o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que existen
elementos materiales particulares para determinar si una actuación es temeraria o no.
En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela aparentemente similares
no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa complejidad, el juez
constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada
asunto sometido a su competencia”16” (Negrita y subrayado fuera del texto).

2.5. Caso concreto

En el sub examine, el accionante considera que se le vulneraron sus garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia de la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 28 de junio de 2012, por medio de la cual se

14 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas

Ríos.
16 Ob. Cit. “Sentencia T-548 de 2017”.

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revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que había impetrado contra la
extinta Caja Nacional de Previsión Social, que tenían como fin el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación de conformidad con el régimen previsto en la Ley
32 de 1986.

El a quo constitucional declaró improcedente la presente acción de tutela por
haberse configurado la cosa juzgada constitucional, comoquiera que, conforme a lo
acreditado en el proceso, sumado a la propia manifestación del demandante, se
habían presentado dos acciones de tutela con el mismo objetivo, esto es, dejar sin
efectos la sentencia de 28 de junio de 2012, de la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, las cuales, además, no fueron seleccionadas para
revisión por la Corte Constitucional.

Por su parte, el accionante insiste en su impugnación en que el fallo de tutela T-012
de 2022, del máximo órgano constitucional constituye un precedente obligatorio,
pues, realiza la debida interpretación del parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo
01 de 2005, lo cual se encuentra directamente relacionado con la vulneración de
sus derechos fundamentales.

Ahora bien, sea lo primero señalar que, tal como lo concluyó esta Sala de Decisión
en oportunidad anterior17, en este caso no se configura la temeridad, en atención a
que si bien existe identidad de partes, objeto y pretensiones respecto de las
acciones de tutela Nros. 2012-02097-00/01 y 2017-00537-00/01, existe una
justificación expresamente advertida por el actor, tanto en el escrito primigenio como
en la impugnación, para presentar nuevamente la solicitud de amparo contra la
providencia de 28 de junio de 2012, esto es, la sentencia de tutela T-012 de 2022,
que en su sentir, en un caso similar al suyo, se tuvo en cuenta la regla fijada en la
C-651 de 2015, sobre la normatividad que regula el reconocimiento pensional para
los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC.

De otra parte, con fundamento en el marco jurisprudencial antes referido, en relación
con la cosa juzgada constitucional, esta Colegiatura itera la posición plasmada en
el fallo de tutela de 27 de julio de 2017, ya reseñado, en el cual se advirtió que no
obstante se encontraba justificado el actuar del actor al interponer una nueva
solicitud de amparo, lo cierto es que la razón alegada no desvirtuaba la
configuración de dicha figura jurídica respecto de las decisiones adoptadas por esta
misma Corporación en las providencias que resolvieron las solicitudes de amparo
elevadas en los años 2012 y 2017, tendientes igualmente a dejar sin efectos la
sentencia de 28 de junio de 2012, máxime cuando estas no fueron seleccionadas
para revisión, tal como lo corroboró el fallador de primera instancia del presente
trámite.

Lo anterior, comoquiera que la sentencia T-012 de 2022, contrario a lo alegado por
el actor, no constituye un procedente obligatorio, dado sus efectos inter partes,
sumado a que han transcurrido más de 9 años desde que el asunto relativo al

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de

julio de 2017, expediente No. 11001-03-15-000-2017-00537-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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reconocimiento pensional fue resuelto por el juez ordinario, luego, resulta
improcedente que el juez de tutela reabra un debate ya zanjado con fundamento en
una providencia que no existía para dicho momento.

Asimismo, se tiene que de las manifestaciones realizadas por el accionante y de las
pruebas que reposan en el plenario, se advierte con claridad que aquel presentó
una primer tutela la cual tuvo como radicado el número 11001-03-15-000-2012-
02097-00/01, la cual fue resuelta por las Secciones Cuarta y Quinta de esta
Corporación, en primera y segunda instancia, respectivamente, en el sentido de
negarla, por cuanto no se configuraron los defectos alegados contra la providencia
de 28 de junio de 2012 de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

De igual forma, se acredita que el demandante elevó otro mecanismo de protección,
el cual se identificó con la radicación No. 11001-03-15-000-2017-00537-00/01,
decidido igualmente por las referidas autoridades judiciales, declarándose la
improcedencia por temeridad, en primer grado y, la cosa juzgada, al resolverse la
impugnación, lo anterior en atención que se estaba cuestionando nuevamente el
fallo de 28 de junio de 2012, antes señalado, con sustento en un pronunciamiento
que no había sido expedido para dicha data, esto es, la C-651 de 2015 de la Corte
Constitucional.

Conforme a lo anterior, claramente se observa la triple identidad de sujeto, objeto y
causa, pues en las tres acciones constitucionales el señor López Castillo, como
actor, busca que se deje sin efectos la sentencia de 28 de junio de 2012 de la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado que el negó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en los términos de la Ley 32 de
1986, con sustento en la debida interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005, lo
cual da lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional.

Así las cosas, la inmutabilidad de las decisiones judiciales que se adoptan en virtud
de las solicitudes de amparo constitucional, no se quebrantan por la expedición de
sentencias posteriores que evidencien una interpretación diferente y que resulte
aplicable a un caso concreto. Entender lo contrario daría lugar a un escenario de
inseguridad jurídica respecto de las providencias que dicta el juez.18

Finalmente, la Sala advierte que por tratarse de prestaciones periódicas el actor
puede acudir en sede administrativa a peticionar le sea reconocido su derecho, con
sustento en una nueva postura jurisprudencial que considere que lo beneficie y, de
ser negado, recurrir al juez contencioso administrativo, y no impetrar de manera
anticipada la acciona de tutela.

2.6. Conclusión

Por todo lo anterior, esta Judicatura advierte que en el asunto sub judice se presenta
la figura jurídica de la cosa juzgada constitucional, razón por la cual se confirmará

18 Así lo dijo esta magistratura en el fallo de 27 de julio de 2017, dictado en la acción de tutela 11001-

03-15-000-2017-00537-01.

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el fallo de la Sección Cuarta de esta corporación, pero por las razones expuestas
en esta providencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo por la configuración de la cosa juzgada constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

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