Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01769-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01769-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01769-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2022 01769 01
Referencia: Acción de tutela
Actora: María Lourdes Polanía Alencar
TESIS: SE MODIFICA SENTENCIA IMPUGNADA. LA ACCIÓN DE
TUTELA ES IMPROCEDENTE PARA ESTUDIAR LOS REPROCHES
SOBRE LA CONDENA EN COSTAS EN PROCESOS ORDINARIOS. EN
LOS PRECEDENTES QUE INVOCA LA ACTORA NO FUERON
RESUELTAS SITUACIONES FÁCTICAS NI JURÍDICAS SIMILARES A
LAS SUYAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, A LA SEGURIDAD
SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA Y AL DEBIDO
PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora
contra el fallo de 26 de abril de 2022, mediante el cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente parte de la acción de tutela y denegó en otros
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En adelante SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 110010315000 2022 1769 01
Actora: María Lourdes Polanía Alencar
aspectos la solicitud de amparo.
I – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora MARÍA LOURDES POLANÍA ALENCAR, actuando a
través de apoderado, instauró acción de tutela con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso,
los cuales consideró vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “F” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA2 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”-
DEL CONSEJO DE ESTADO3, al haber proferido las sentencias de 8
de noviembre de 2019 y 14 de octubre de 2021, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 250002342000 2018
01127 01.
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En adelante el TRIBUNAL.
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En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
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I.2.- Hechos
Afirmó que prestó sus servicios como auxiliar de servicios de salud
en el Hospital San Rafael de Leticia, durante varios períodos
comprendidos entre el 17 de enero de 1987 y el 31 de agosto de
2006, fecha en la que se retiró de forma definitiva.
Indicó que en el año 1997, se trasladó del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad y
regresó al primero en el año 2002.
Manifestó que mediante resoluciones núms. 031774 de 8 de agosto
y 042129 de 18 de octubre de 2006, el INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES -ISS ordenó el reconocimiento y pago de una pensión
vitalicia de vejez a su favor, efectiva a partir del 1o. de septiembre
de 2006, con base en el 75% del promedio del salario devengado en
los últimos 10 años de servicios, de acuerdo con la Ley 33 de 29 de
enero de 19854.
Sostuvo que el 5 de febrero de 2016, presentó una petición ante
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“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público.”
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COLPENSIONES para obtener la reliquidación de su pensión de
vejez con la inclusión de todos los factores salariales devengados en
el último año de servicios, por régimen de transición y la indexación
de la primera mesada.
Señaló que la anterior petición fue denegada a través de las
resoluciones núms. GNR 126101 de 28 de abril y GNR 368899 de 6
de diciembre de 2006 y VPB 5014 7 de febrero de 2017, expedidas
por COLPENSIONES.
Adujo que, inconforme con lo decidido en sede administrativa,
promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación
250002342000 2018 01127 01, con la finalidad de obtener la
reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios y la indexación
de la primera mesada.
Refirió que dicho proceso fue atribuido para su trámite en primera
instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 8 de noviembre
de 2019, denegó las pretensiones de la demanda, en razón a que, a
su juicio, no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria del
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régimen de transición, por lo que tampoco tenía derecho a la
indexación de la primera mesada.
Resaltó que interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que, a
través de sentencia de 14 de octubre de 2021, confirmó la decisión
del a quo, al estimar que, en efecto, no había acreditado 15 años de
servicios previos a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 23 de
diciembre 19935, requisito necesario para que todas las personas que
se acogieron al régimen de ahorro individual con solidaridad y que
posteriormente retornaron al régimen de prima media con prestación
definida, pudieran conservar el régimen de transición.
Señaló que respecto a la indexación de la primera mesada la
SECCIÓN SEGUNDA indicó que no era procedente, porque el retiro
del servicio se dio el 1o. de septiembre 2006, año en el que le fue
reconocida la prestación y en el que, además, se ingresó a nómina
de pensionados, sin que se evidenciara entonces devaluación alguna
en el monto pensional que le fue reconocido.
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“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, las providencias cuestionadas incurrieron en el
defecto “[…] por desconocimiento del precedente judicial, y
consecuentemente los defectos por; violación directa de la
constitución, y sustantivo o material […]”.
Arguyó que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en
cuenta las reglas fijadas “[…] tanto por el mismo Honorable Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda,
como igualmente, las reglas de la Honorable Corte Constitucional,
mediante las cuales se resolvieron casos donde se plantearon
problemas jurídicos iguales al presente […]”.
Explicó que, en efecto, las autoridades judiciales desconocieron la
sentencia de 7 de marzo de 2013, proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA del Consejo de Estado, dentro del expediente 25000-23-
25-000-2010-01214-01(1913-12), en el que se resolvió un caso
similar al suyo sobre la conservación del régimen de transición, con
el sólo cumplimiento del requisito de la edad.
Agregó que, en ese orden de ideas, al ser beneficiaria del régimen
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de transición por cumplir con el requisito de la edad, tiene derecho a
que su pensión se reliquide de acuerdo con el Decreto 758 de 11 de
abril de 19906.
Apuntó que, en relación con su derecho a la indexación de la
primera mesada, las autoridades judiciales accionadas
desconocieron la sentencia de 7 de mayo de 2018, proferida por la
SECCIÓN SEGUNDA del Consejo de Estado, dentro del expediente
23001-23-33-000-2013-00208-01(0228-15), según la cual, a su
juicio, tal derecho surge cuando la pensión es reconocida después de
un tiempo considerable de su consolidación.
Explicó que para el caso concreto adquirió el estatus pensional el 10
de junio de 2001, cuando cumplió 55 años de edad, no obstante, la
pensión le fue reconocida el 18 de octubre de 2006, lo que significa
una pérdida del valor adquisitivo de su mesada.
Argumentó que, en ese mismo sentido, las autoridades judiciales
accionadas desconocieron la sentencia T-528 de 15 de diciembre de
2020, relacionada con “[…] el momento de la efectividad de los
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“Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios”.
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derechos pensionales […]”, conforme con la cual la indexación debe
efectuarse “[…] desde la fecha en que se reunieron todos los requisitos para
la causación de la pensión, evento que para el caso de la tutelante, tal como
está probado dentro del expediente declarativo, ocurrió el 10 de junio de
2001, procediéndose a su reconocimiento solo hasta el 18 de octubre de
2006 […]”.
Sostuvo que, de forma consecuente, las autoridades incurrieron en
un desconocimiento de los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política, en lo que concierne al derecho a la seguridad social.
Expuso que, en relación con la condena en costas, la providencia
que concluyó el proceso ordinario desconoció las sentencias de 8 y
12 de agosto de 2019, proferidas por la SECCIÓN SEGUNDA del
Consejo de Estado, dentro de los expedientes 76001-23-31-000-
2011-01517-01 y 76001-23-31-000-2010-01357-00,
respectivamente, en las que se desestimó la condena en costas por
no advertirse actuar doloso de la parte vencida dentro de la actuación
procesal.
Explicó que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en defecto sustantivo, por
inobservar el inciso segundo del artículo 188 del CPACA, modificado
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por el artículo 47 de la Ley 2080 de 25 de enero 20217 que, en su
criterio, prevé que la condena en costas solo procede cuando la
demanda carecía de fundamento legal de forma manifiesta.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERA. Tutelar a la accionante, señora María Lourdes
Polania Alencar. Su derecho constitucional fundamental a; la
igualdad en la aplicación de la ley, junto con los principios
constitucionales de seguridad jurídica, buena fe y confianza
legitima; como asimismo, amparar sus derechos
constitucionales fundamentales de la seguridad social (reajuste
pensional - indexación de la primera mesada pensional), mínimo
vital, vida digna, y debido proceso.
Los cuales, según los hechos y fundamentaciones puestas de
presente en esta tutela, considera están siéndole transgredidos
por; el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda Subsección A, y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, al proferir la
sentencia de segunda instancia del 14 de octubre de 2021, y el
fallo de primera instancia fechado 8 de noviembre de 2019,
respectivamente; dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el numero 25000-
23-42-000-2018-01127-01 (1898-2020), demandante María
Lourdes Polania Alencar, parte demandada, la administradora
colombiana de pensiones – Colpensiones.
SEGUNDA. A consecuencia de los amparos decretados, se
ordene dejar sin efectos; tanto la Sentencia de segunda
instancia del 14 de octubre de 2021, proferida por el Consejo de
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“Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
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Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección A; como de igual modo, el Fallo de primera instancia
fechado 8 de noviembre de 2019, adoptado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F.
Dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el numero 25000-23-42-000-2018-
01127-01 (1898-2020), demandante María Lourdes Polania
Alencar, parte demandada, la administradora colombiana de
pensiones – Colpensiones […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA solicitó denegar la presente acción,
toda vez que la sentencia C-780 de 2002 proferida por la Corte
Constitucional, que declaró condicionalmente exequibles los incisos
4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100, la interpretación que debía darse
a dichas disposiciones es que solo conservan el régimen de
transición quienes “[…] habiéndose trasladado al régimen de ahorro
individual con solidaridad y regresaran al del prima media con
prestación definida, demostrasen que para el 1.° de abril de 1994 o
30 de junio de 1995 (en el caso de los empleados oficiales del nivel
territorial) tenían 15 años de servicio, excluyéndose para ese efecto
el requisito de edad […]”.
Sostuvo que la indexación de la primera mesada es aplicable en
aquellos casos en los cuales el afiliado se retira del servicio o desafilia
del sistema cuando cumple los requisitos de tiempo de servicio o
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semanas cotizadas, pero para cumplir con el requisito de edad le
faltan uno o más años.
Agregó que en el caso bajo estudio no se configuró dicho supuesto
fáctico en tanto que, si bien es cierto la demandante cumplió los
requisitos para acceder a su prestación el 10 de junio de 2001, para
esa fecha continuaba laborando y solo demostró el retiro definitivo
del servicio el 1o. de septiembre de 2006, por lo que solo a partir de
esa fecha podía disfrutar de la pensión a la que tenía derecho, y no
como lo pretende.
Manifestó que además “[…] el supuesto precedente cuyo
desconocimiento se alega es claro en indicar que, en dicho caso, el
retiro del servicio del beneficiario pensional ocurrió con anterioridad
a la fecha en que acreditó los 55 años de edad, de modo que la
sentencia aludida tampoco sería un precedente válido para aplicar en
el caso de la señora Polanía Alencar […]”.
Afirmó que lo mismo ocurría con la sentencia T-528 de 2020, dado
que en el caso de la accionante no se discutió la fecha en que se
consolidaron los requisitos de edad y tiempo de servicios para ser
beneficiaria de la prestación, sino que la situación fue que su retiro
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se dio en el año 2006, por lo que solo a partir de ese momento podía
empezar a percibir su mesada.
Indicó que, en relación con la condena en costas, advertía que los
precedentes citados tampoco eran aplicables al asunto, dado que se
trataba de procesos tramitados con base en el Decreto 01 de 2 de
enero de 19848, conforme con el cual dicha condena solo operaba
cuando se demostrara la mala fe o temeridad de alguna de las partes.
I.5.2.- COLPENSIONES, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela, en tanto la actora pretende constituir una
tercera instancia del proceso origen de la controversia.
Manifestó que los derechos reclamados por la accionante solo pueden
ser reconocidos por el juez ordinario a través de los mecanismos
legales establecidos para ello, además porque no se demostró la
amenaza de un eventual perjuicio irremediable, que justifique el
estudio del fondo del asunto.
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“CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
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I.5.3.- El TRIBUNAL pese a haber sido notificado en debida forma,
guardó silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 26 abril de 2022, la SECCIÓN TERCERA
declaró improcedente la presente acción de tutela por falta de
relevancia constitucional con respecto a los cargos que se refieren a
la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y a la
indexación de la primera mesada pensional y denegó el amparo sobre
la condena en costas.
Para tal efecto, señaló que los alegatos sobre el régimen de transición
y la indexación son una reproducción de los argumentos planteados
en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
por el TRIBUNAL.
Precisó que, aun considerando los argumentos sobre dichos
aspectos, lo cierto es que “[…] la autoridad accionada concluyó de
forma adecuada que (i) el régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 no era aplicable, pues la accionante se trasladó al
RAIS entre 1997 y 2002 sin contar con 15 años de servicio al 30 de
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junio de 1995 […]”.
Anotó que de igual forma “[…] la autoridad accionada concluyó bajo
las reglas de la sana crítica que la indexación de la primera mesada
no era procedente en el caso concreto, pues para el momento en que
la accionante cumplió con los requisitos para acceder a su pensión
seguía trabajando, y solo demostró su retiro definitivo del servicio el
1° de septiembre de 2006, por lo que solo a partir de esa fecha podía
disfrutar de la pensión, y no como pretende, desde su causación (10
de junio de 2001) […]”.
Explicó que, en relación con la condena en costas, el criterio aplicado
por la SECCIÓN SEGUNDA es consecuente con lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA y la línea jurisprudencial que dicha autoridad
tiene sobre el tema.
Expuso que, en lo que concernía a la presunta inobservancia del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, advertía que “[…] esta norma
corresponde a una regla adicional y específica en materia de condena
en costas en relación con lo dispuesto en el inciso primero del artículo
188 del CPACA, lo cual no restringe la imposición de las mismas en
otros escenarios […]”.
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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque y, en su lugar, se conceda el amparo solicitado.
Señaló que, en relación con la conservación del régimen de
transición, en la sentencia recurrida no se explica por qué no se le
debía dar el mismo trato que se dio al caso resuelto en la sentencia
de 7 de marzo de 2013, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA del
Consejo de Estado, dentro del expediente 25000-23-25-000-2010-
01214-01(1913-12).
Explicó que, frente a la indexación de la primera mesada, tampoco
se explicó por qué no tenía derecho a que se resolviera la
controversia conforme con los precedentes invocados en el escrito
introductorio, conforme con los cuales, a su juicio, tiene derecho a la
actualización de las mesadas pensionales mes a mes “[…] cuando por
efecto del paso del tiempo se ha perdido de manera ostensible y
considerable su poder adquisitivo […]”.
Afirmó que, en lo que concernía a la condena en costas, tampoco se
explicaron las razones por las cuales no se dio alcance a los
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precedentes invocados, conforme con los cuales dicha condena solo
procede cuando se advierte un actuar con mala fe, deslealtad
procesal o temeridad.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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Actora: María Lourdes Polanía Alencar
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
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irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto las
sentencias de 8 de noviembre de 2019 y 14 de octubre de
2021, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA,
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respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 250002342000 2018 01127 01.
A las citadas providencia la actora atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto de
desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, los
de violación directa a la Constitución y sustantivo.
Los disensos de la actora radican en que, a su juicio, conforme con
los precedentes que invoca tenía derecho a que se le aplique el
régimen de transición, al haber acreditado el requisito de edad para
tal efecto, además a que se le indexe la primera mesada desde la
fecha en que adquirió el estatus pensional y el momento en que se
reconoció la prestación.
Por otro lado, en la medida que la SECCIÓN SEGUNDA de esta
Corporación la condenó en costas, la actora estima que dicha
autoridad incurrió en desconocimientos de precedentes en los que se
exige un actuar doloso o de mala fe para tal efecto, además que se
desconocieron las normas aplicables sobre dicho aspecto.
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que declaró improcedente el amparo por falta
de relevancia constitucional en lo que concierne a la aplicación del
régimen de transición y la indexación de la primera mesada pensional
y lo denegó en relación con la condena en costas.
En la impugnación la actora reprochó que el a quo no haya explicado
de forma precisa las razones por las cuales los diferentes precedentes
que invocó en el escrito introductorio no le eran aplicables, en
relación con cada uno de los aspectos desarrollados, esto es, la
aplicación del régimen de transición, la indexación de la primera
mesada y la condena en costas.
En ese orden de ideas, la Sala advierte, por una parte, que el estudio
del presente asunto recaerá en la sentencia de 14 de octubre de 2021
proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, en la medida que fue dicha
providencia la que concluyó el proceso origen de la controversia y,
por otra, que en lo que concierne a esta instancia dicho análisis se
limitará a los argumentos planteados en la impugnación.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, y de
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ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos
deprecados e incurrió en el defecto por desconocimiento del
precedente judicial, al proferir la sentencia de 14 de octubre de 2021
aludida, por negar la aplicación del régimen de transición a la actora,
la indexación de su primera mesada pensional y condenarle en
costas.
La Sala advierte que, contrario a lo señalado por el a quo, frente a
los reproches por la inaplicación del régimen de transición y la
indexación de la primera mesada, la presente acción de tutela cumple
con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la actora
plantea, con suficiente carga argumentativa, las razones por las
cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada frente a
dichos disensos no proceden recursos y tampoco se estructuran las
causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss.
del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la
acción de tutela se interpuso en un plazo razonable9 y, por último, la
solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.
9
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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Ahora bien, contrario ocurre respecto de los disensos por la condena
en costas, dado que frente a este aspecto la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, en razón a que es un asunto
de contenido económico, derivado de un debate estrictamente
normativo y de interpretación judicial.
Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202110, esta Sala señaló:
“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad
judicial demandada, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que
a continuación se explican:
[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los
artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de
carácter legal y económico que no le corresponde decidir al juez
de tutela, sino al juez natural del proceso.
[…]
39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la
Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien enuncia la trasgresión
de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que
tiene como fundamento para su reconocimiento un
debate estrictamente normativo y de interpretación
judicial […]”. (Destacado fuera de texto)
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).
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Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por
esta Sala, en sentencia de 13 de mayo de 202111, en los siguientes
términos:
“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de
contenido económico, como lo es la condena en costas, el
cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en
una instancia adicional.
[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene
como fundamento para su reconocimiento un debate
estrictamente normativo y de interpretación judicial. De igual
manera, la Sala al estudiar la solicitud de tutela tampoco
encuentra establecida de forma clara, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados supra. Con fundamento
en las consideraciones jurídicas establecidas, la Sala considera
que, frente a dicho cuestionamiento, la presente acción de tutela
resulta improcedente […]”
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, visto que el presente caso
cumple con los requisitos generales de procedibilidad, en lo que
concierne al presunto desconocimiento del precedente judicial sobre
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).
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la aplicación del régimen de transición y la indexación de la primera
mesada, la Sala hará mención al marco jurídico del defecto alegado
y en seguida resolverá el caso concreto
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
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Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente12 […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial13.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)14.
12
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
13
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
14
Ver sentencia T-292 de 2006.
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Caso concreto
En la sentencia de 14 de octubre de 2021, en relación con la
imposibilidad de aplicar el régimen de transición a la actora la
SECCIÓN SEGUNDA indicó:
“[…] Primer problema jurídico
¿La señora María Lourdes Polanía Alencar es beneficiaria del
régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad
con lo probado en el expediente, la demandante perdió el
beneficio al régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, pues no acreditó 15 años de servicios
previos a la entrada en vigencia de la mencionada ley, requisito
necesario para que la persona que se acogió al régimen de
ahorro individual con solidaridad y que posteriormente retornó
al régimen de prima media con prestación definida pueda
conservar el régimen de transición, como se explica a
continuación:
Pérdida del beneficio del régimen de transición
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 creó un régimen de
transición en materia pensional cuya finalidad fue la de proteger
las expectativas legítimas de los trabajadores que a la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones estaban cercanos
a la adquisición del derecho a la pensión, para que pudieran
acceder a este con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
semanas cotizadas y monto pensional del régimen anterior. En
ese sentido, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 reguló:
«[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de
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servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley. […]»
Por su parte, los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100
ejusdem regulan los casos en que se pierde el beneficio de la
transición, de la siguiente manera:
«[…] Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que
al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o
más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando
estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro
individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas
las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el
régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse
al de prima media con prestación definida. […]». (Subrayado de
la Sala)
Según lo dispuso la norma en comento, pierde los beneficios del
régimen de transición quien, pese a cumplir el requisito de edad
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se acoja
al régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado
por los fondos privados de pensiones; incluso si luego se
cambiaron al régimen de prima media con prestación definida,
administrado por el ISS y posteriormente Colpensiones.
No obstante lo anterior, al estudiar los apartes citados, la Corte
Constitucional en sentencia C-789 de 2002 consideró lo
siguiente:
«[…] Como se desprende de la lectura del inciso segundo del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador previó el régimen
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de transición en favor de tres categorías de trabajadores que, al
momento de entrar en vigor dicha ley, cumplieran con
determinados requisitos. En primer lugar, los hombres que
tuvieran más de cuarenta años; en segundo lugar, las mujeres
mayores de treinta y cinco y; en tercer lugar, los hombres y
mujeres que, independientemente de su edad, tuvieran más de
quince años de servicios cotizados; requisitos que debían
cumplir al momento de entrar en vigencia el sistema de
pensiones, conforme lo establece el artículo 151 de dicha ley.
A su vez, como se desprende del texto del inciso 4º, este
requisito para mantenerse dentro del régimen de transición se
les aplica a las dos primeras categorías de personas; es decir, a
las mujeres mayores de treinta y cinco y a los hombres mayores
de cuarenta. Por el contrario, ni el inciso 4º, ni el inciso 5º se
refieren a la tercera categoría de trabajadores, es decir, quienes
contaban para la fecha (1º de abril de 1994) con quince años de
servicios cotizados. Estas personas no quedan expresamente
excluidos del régimen de transición al trasladarse al régimen de
ahorro individual con solidaridad, conforme al inciso 4º, y por
supuesto, tampoco quedan excluidos quienes se trasladaron al
régimen de prima media, y posteriormente regresan al de ahorro
individual, conforme al inciso 5º. […]» (Subrayas fuera del texto)
De acuerdo con lo anterior, la Corte resolvió declarar la
exequibilidad condicionada de los incisos 4 y 5 del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, en el entendido de que dichas «[…]
disposiciones no se aplican a quienes habían cumplido quince
(15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones […]».
Por otra parte, el artículo 3 del Decreto 3800 de 2003,
reglamentario de la Ley 100 de 1993, indicó frente a la
aplicabilidad del régimen de transición lo siguiente:
«Artículo 3º. Aplicación del Régimen de Transición. En el
evento en que una persona que a 1º de abril de 1994 tenía
quince (15) o más años de servicios prestados o semanas
cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen
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de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen
anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan
las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de
vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de
ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, y
b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para
el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren
permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los
rendimientos que se hubieran obtenido en este último. […]»
Así mismo, la Corte Constitucional reiteró su posición en la
sentencia SU-130 de 2013 al concluir que:
«[…] Bajo ese contexto, y con el propósito de aclarar y unificar
la jurisprudencia Constitucional en torno a este tema, la Sala
Plena de la Corte Constitucional concluye que únicamente los
afiliados con quince (15) años o más de servicios
cotizados a 1º de abril de 1994, fecha en la cual entró en
vigencia el SGP, pueden trasladarse “en cualquier
tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad
al régimen de prima media con prestación definida,
conservando los beneficios del régimen de transición
[…]». (Resalta la Subsección)
Aunado a lo anterior, esta Corporación también se ha
manifestado respecto a la pérdida del régimen de transición. En
ese sentido, la Subsección B en sentencia del 29 de junio de
2017 indicó:
«[…] Al respecto, esta Sala en sentencia de 2 de agosto de 2012,
después de hacer un análisis del artículo 3º del Decreto 3800 de
29 de diciembre de 2003, reglamentario del artículo 13 de la Ley
100 de 1993 (modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de
2003), determinó que las personas que estuvieron en el régimen
de prima media con prestación definida y se trasladaron al de
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ahorro individual con solidaridad; pero volvieron a él pueden
beneficiarse del régimen de transición siempre y cuando tengan
15 años o más de servicio cotizado a la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993, esto es, 1º de abril de 1994 (o 30 de junio de
1995 para las entidades territoriales, artículo 151), y lo cual
constituye una excepción a la regla de permanencia mínima y a
la prohibición prevista en la letra e) del artículo 13 antes
mencionado.
[…]
Así las cosas, con fundamento en los elementos de juicio
allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el
particular, estima la Sala que ha de confirmarse la sentencia de
primera instancia, puesto que el accionante al entrar en vigor la
Ley 100 de 1993 en las entidades territoriales, el 30 de junio de
1995, no contaba con 15 o más años de servicios prestados o
semanas cotizadas; y, por ende, no puede ser beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]”.
Y en reciente oportunidad, esta Sala sostuvo:
«[…] En virtud de la sinopsis normativa y jurisprudencial
dilucidada, es claro entonces, que para la señora Arana Lasso a
pesar del traslado del RPMPD al RAIS fue procedente el retorno
al régimen de prima media con prestación definida, sin pérdida
de las prerrogativas propias de la transición de la Ley 100 de
1993, pues para la fecha en que entró a regir dicha ley – 1.º de
abril de 1994-, ella había acreditado las 750 semanas de
cotización, o lo que es igual a 15 años de servicios […] lo cual
deja ver el cumplimiento del requisito de tiempo de servicios
[…]».
En ese orden de ideas, la subsección estima que es condición
sine qua non para conservar el régimen de transición de la Ley
100 de 1993, en caso de haber elegido el régimen de ahorro
individual con solidaridad y posteriormente cambiarse al
régimen de prima media con prestación definida, acreditar 15
años de servicio con anterioridad al 1.º de abril de 1994.
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En el sub examine no se acreditó el requisito de los 15
años de servicio previos a la entrada en vigencia del SGP
De conformidad con los elementos probatorios aportados a la
actuación, se advierte que la demandante nació el 10 de junio
de 1946 y reportó como tiempo de servicio, el laborado para la
E.S.E. Hospital San Rafael.
Como se desprende de la Resolución 031774 del 8 de agosto de
2006, por medio de la cual se reconoció una pensión de vejez y
se dejó en suspenso su pago hasta tanto se acreditara el retiro
definitivo del servicio, la señora Polanía Alencar registró como
tiempo de servicios al sector público no cotizado al ISS, el
periodo comprendido entre el 17 de enero de 1983 y el 13 de
mayo de 1997.
Posteriormente, se observa que la Resolución GNR 126101 del
28 de abril de 2016, a través de la cual se ordenó la reliquidación
de la pensión de vejez de la demandante en aplicación de la Ley
33 de 1985, indicó en sus antecedentes que la misma prestó sus
servicios a la ya mencionada E.S.E. Hospital San Rafael entre el
17 de enero de 1983 y el 31 de agosto de 2006.
Por su parte, la Resolución 368899 del 6 de diciembre de 2016,
mediante la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto
por la interesada en contra de la anterior decisión, señaló como
primer periodo cotizado al Sistema General de Pensiones, el
comprendido entre el 29 de diciembre de 1976 y el 30 de junio
de 1977, información que consta igualmente en la Resolución
VPB 5014 del 7 de febrero de 2017, por medio de la cual se
desató el recurso de apelación presentado en subsidio del de
reposición.
Encuentra la Sala que la Resolución 295 del 4 de septiembre de
2006 por la cual se ordena el reconcomiendo de salarios
pendientes de pago y prestaciones sociales a favor de la señora
Polanía Alencar por virtud de su retiro del servicio, precisó que
la demandante prestó sus servicios profesionales en la E.S.E.
Hospital San Rafael de Leticia, entre el 17 de enero de 1983 y el
31 de agosto de 2006. Pese a ello, el oficio GER-6-1-0895 del 9
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de mayo de 2019, expedido por la E.S.E. refirió como periodo de
servicio el causado entre el 1o. de enero de 1996 y el 30 de
agosto de 2006.
Así, al 30 de junio de 1995, la demandante: i) se
encontraba vinculada a una entidad del orden territorial
(E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia), de manera que
para su caso, la Ley 100 de 1993 entró a regir en esa
fecha; ii) contaba con 49 años de edad; y iii) había
cotizado por un total de 12 años, 11 meses y 14 días.
Lo anterior adquiere relevancia, en tanto de los actos
administrativos demandados se extrae que la señora
María Lourdes Polanía Alencar se trasladó al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) administrado
por la AFP Horizonte, a partir del 1.º de enero de 1997 y
posteriormente regresó al Régimen de Ahorro Individual
con Prestación Definida, administrado por el ISS, hoy
Colpensiones, el 12 de noviembre de 2002, efectivo a
partir del 1.º de enero de 2003.
Los datos referenciados, fueron igualmente señalados por la
demandante en el escrito de alzada al sostener que: «[…] si bien
es cierto, según las pruebas que obran en el expediente, que la
señora MARIA LOURDES POLANIA ALENCAR, para el 1º de enero
de 1997, se trasladó al régimen de ahorro individual (AFP
HORIZONTE); también en(sic) cierto, que regreso(sic) al
régimen de prima media con prestación definida (ISS hoy
COLPENSIONES) el 12 de noviembre de 2002, formalizándose
su reintegro el 1º de enero de 2003.»
Lo discurrido permite entonces sostener que la demandante
perdió el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, pues se trasladó al régimen de ahorro
individual con solidaridad entre los años 1997 y 2002 sin contar
con 15 años de servicio al 30 de junio de 1995, cuando entró en
vigencia el sistema general de pensiones para los empleados
vinculados a entidades del orden territorial, como lo es su caso
[…]”.
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Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que la
SECCIÓN SEGUNDA estimó que en la medida que la actora se
trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en 1997 y
regresó al Régimen de Prima Media con Prestación Definida en el año
2002, para que pudiera conservar el régimen de transición debía
cumplir con 15 años de servicios al 1o. de abril de 1994, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Para efectos de fijar dicha premisa, la autoridad judicial accionada
aplicó los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en
particular, tuvo como parámetros lo señalados en las sentencias C-
789 de 2002 y SU 130 de 2013, proferidas por la Corte
Constitucional, así como otras decisiones de la misma Sección.
A partir de lo anterior, determinó que la actora había perdido el
régimen de transición, porque independiente de su edad, para el 1o.
de abril de 1994, solo había acreditado 12 años, 11 meses y 14 días
de servicios.
Ahora bien, el disenso de la actora radica en que, a su juicio, para la
aplicación del régimen de transición, aun habiendo ocurrido los
traslados de régimen de pensiones aludidos, bastaba con que se
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acreditara el cumplimiento del requisito de la edad para no perder el
régimen de transición, independiente del tiempo de prestación de los
servicios, conforme con lo señalado por la SECCIÓN SEGUNDA en
sentencia de 7 de marzo de 2013, proferida dentro del expediente
25000-23-25-000-2010-01214-01(1913-12).
La referida providencia señala:
“[…] Como se aprecia, el argumento principal de la entidad
señala que al no completar 15 años de servicios o cotizaciones
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
independientemente de la edad, no es viable que el actor
recupere el régimen de transición al trasladarse del régimen de
prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y
luego regresar al de prima media con prestación definida.
[…]
Empero, el origen de tal decisión de la administración se
circunscribe a la falta de cumplimiento por parte del actor del
requisito del cumplimiento de los 15 años de servicios a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, el 1° de
abril de 1994.
Volviendo al génesis de la norma señalado en ésta sentencia, se
colige que tal decisión de la administración obedece a la
interpretación que se ha dado a los incisos 4° y 5° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, pues se le ha querido hacer decir a la
norma un sentido restrictivo que no consagra y que
particularmente afecta a quienes accedieron al régimen de
transición señalado en el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100
por el cumplimiento de la edad señalada y que estando afiliados
al régimen de prima media con prestación definida, se
trasladaron posteriormente al régimen de ahorro individual con
solidaridad y luego, regresaron al régimen de prima media con
prestación definida.
En efecto, recordemos que en el inciso segundo del artículo 36
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de la Ley 100 de 1993, que contempla el sistema general de
pensiones, el legislador previó el régimen de transición en favor
de tres categorías de trabajadores que, al momento de entrar
en vigor dicha ley, cumplieran con determinados requisitos:
En primer lugar, los hombres que tuvieran más de cuarenta
años;
En segundo lugar, las mujeres mayores de treinta y cinco y;
En tercer lugar, los hombres y mujeres que,
independientemente de su edad, tuvieran más de quince años
de servicios cotizados; requisitos que debían cumplir al
momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones,
conforme lo establece el artículo 151 de dicha ley.
Luego, los incisos 4º y 5º en cita contemplan las siguientes
situaciones que excluyen la aplicación del régimen de transición:
(i) Quienes al momento de entrar en vigencia el régimen
tengan (ii) treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres y
(iii) voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual
con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las
condiciones previstas para dicho régimen (iv) quienes habiendo
escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan
cambiarse al de prima media con prestación definida.
Como se aprecia, la norma consagra a partir de allí dos
supuestos de interpretación para la pérdida del régimen de
transición: (i) quien teniendo la edad para que le sea aplicable
el régimen de transición se acoja al régimen de ahorro individual
con solidaridad, (ii) quien teniendo la edad para que le sea
aplicable el régimen de transición se acoja al régimen de ahorro
individual con solidaridad y luego decida cambiarse al régimen
de prima media con prestación definida.
Empero, podemos observar que la norma en ningún momento
previó tal pérdida para quienes a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, se encontraban cotizando para la
correspondiente entidad de previsión y afiliados al régimen de
prima media con prestación definida, que hubieren renunciado a
éste y se acojan al de ahorro individual con posterioridad para
luego volver al de prima media con prestación definida.
Es más, la norma únicamente consagró la pérdida del régimen
de transición al producirse el cambio del régimen de ahorro
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individual al de prima media con prestación definida. Nótese
que la norma nunca dijo “volver”, “retornar” o algo semejante,
para que pueda colegirse que se trata del caso de las personas
que ostentaron el régimen de prima media y decidieron
cambiarse al RAIS y posteriormente decidieron regresar, como
es el caso que nos ocupa.
Pensar lo contrario- es una conclusión excesivamente laxa y
facilista, que no se compadece con la realidad de muchos
ciudadanos que venían laborando y efectuando sus cotizaciones
al ISS, pero desanimados por razones mediáticas, experiencias
personales o descrédito del Instituto de Seguros Sociales (ISS),
optaron por trasladarse al nuevo régimen pensional. ¿Es viable
pensar que si supieran que se iba a presentar tal interpretación
a la norma y la inseguridad que venía para sus reconocimientos
pensionales hubieran optado por tal decisión cuando se
vislumbraba el debate sobre la pérdida de los beneficios que
contemplaba el régimen de transición?.
Para muchos de ellos, el traslado fue altamente perjudicial a sus
intereses, debido a las disquisiciones erróneas que se han
efectuado sobre la norma, sin que sea más obligatorio a los
jueces en estos casos que someterse al precedente judicial de la
jurisdicción y a la ratio decidendi de las sentencias de
constitucionalidad de la Corte Constitucional.
En este sentido, es evidente para la Sala que al tratarse de una
norma de exclusión que limita el acceso al derecho al régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, es claro que sobre la misma
procede una interpretación restrictiva y no una extensiva, como
pretende hacerlo la entidad.
Sin desconocer lo anterior, recuérdese que la línea
jurisprudencial sobre el tema en la Corte Constitucional no ha
sido consistente como bien lo reseñó el a quo, pues en
sentencias T- 818 de 4 de octubre de 2007, T-320 – 201015 y T
– 232 de 2011 la Corte ha considerado que no existe razón
suficiente para que a las personas que a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 hayan cumplido con la edad y no
con el tiempo de cotización, se les niegue la posibilidad de
trasladarse de régimen sin perder el beneficio de la transición.
Empero en sentencias SU- 062 de 2010, T – 060 de 2010 y T-
15
M.P. Doctor Nilson Pinilla Pinilla. Reitera lo expuesto en la providencia T-818 de 2007, en el sentido
en que las personas que a 1° de abril de 1994 cumplían la edad (40 años hombres y 35 mujeres), pero
no los 15 años de servicios cotizados, no perdían el beneficio de la transición, por tratarse de un derecho
per se y de una garantía legal y legítima.
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324 de 2010, entre otras, ha considerado que solo pueden
trasladarse, en cualquier momento, del régimen de ahorro
individual con solidaridad al régimen de prima media con
prestación definida, las personas que al 1° de abril de 1994,
tenían 15 años de servicios cotizados, independientemente de si
se tratan de hombres o de mujeres, y de la edad que tenían para
esa fecha.
[…]
Ahora bien, de acuerdo con todo lo visto, es apenas
natural que ésta Sala reitere su línea argumentativa sobre
la no pérdida del beneficio de la transición para las
personas que a 1° de abril de 1994 cumplían la edad (40
años hombres y 35 mujeres), pero no los 15 años de
servicios cotizados, cuando ocurre el traslado del régimen
de prima media con prestación definida y luego el cambio
al de ahorro individual con solidaridad, para
posteriormente regresar al de prima media con
prestación definida.
Ahora bien, en lo que interesa a esta acción, el marco fáctico
debidamente acreditado, nos remite a que el nacimiento del
actor se produjo el 1° de octubre de 1952, como se indica a folio
1° del cuaderno segundo, y por tanto a 1° de abril de 1994,
contaba con 41 años, 5 meses y 10 días de edad […]”.
En efecto, en la sentencia en cita, que data de 7 de marzo de 2013,
la SECCIÓN SEGUNDA estimó que no perderían el régimen de
transición quienes hubieren cambiado de régimen pensional y
regresado al de prima media quienes, al 1o. de abril de 1994,
cumplieran con el requisito de edad, independiente del tiempo de
servicios.
Dicha posición se acompasaba con una corriente jurisprudencial de
la Corte Constitucional que sostenía la misma línea, no obstante,
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dicha Corporación, a través de sentencia SU 130 de 13 de marzo de
2013 unificó su criterio sobre dicho tema, así:
“[…] 9.2.4.9. Así las cosas, no existe una línea jurisprudencial
uniforme y consolidada en torno a este tema, por lo que, bajo
ese entendido, resulta necesario que la Sala Plena de la Corte
Constitucional adopte una posición definitiva en relación con la
posibilidad de traslado del régimen de ahorro individual con
solidaridad al régimen de prima media con prestación definida
de los beneficiarios del régimen de transición, y sus
correspondientes implicaciones. En ese orden de ideas, pasa la
Corte a precisar el alcance de su jurisprudencia en esta materia
específica y a resolver el problema jurídico plateado en todos los
procesos.
10. Unificación de la jurisprudencia constitucional en
relación con el traslado del régimen de ahorro individual
con solidaridad al régimen de prima media con prestación
definida de los beneficiarios del régimen de transición y
sus implicaciones.
10.3. Así las cosas, los sujetos del régimen de transición, tanto
por edad como por tiempo de servicios cotizados, pueden elegir
libremente el régimen pensional al cual desean afiliarse, pero la
elección del régimen de ahorro individual o el trasladado que
hagan al mismo, trae como consecuencia ineludible, para el caso
de quienes cumplen el requisito de edad, la pérdida de los
beneficios del régimen de transición. En este caso, para efectos
de adquirir su derecho a la pensión de vejez, deberán
necesariamente ajustarse a los parámetros establecidos en la
Ley 100/93.
10.4. Según quedó explicado, la Corte, al resolver una demanda
de inconstitucionalidad presentada contra los incisos 4° y 5° del
artículo 36 de la citada ley, en la Sentencia C-789 de 2002,
declaró exequibles dichas disposiciones, al constatar que la
exclusión de los beneficios del régimen de transición,
únicamente para las personas que cumpliendo el requisito de
edad se acogieron al régimen de ahorro individual o se
trasladaron a él, no vulnera la Constitución Política, en la medida
en que existe una clara diferencia entre dichos sujetos y quienes
tenían 15 años o más de servicios cotizados a 1° de abril de
1994, lo cual justifica y hace razonable un trato diferencial.
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[…]
10.7. Así las cosas, más allá de la tesis jurisprudencial adoptada
en algunas decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de
trasladado “en cualquier tiempo”, del régimen de ahorro
individual al régimen de prima media, con beneficio del régimen
de transición para todos los beneficiarios de régimen, por edad
y por tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos
pronunciamientos y se reafirma en el alcance fijado en las
sentencias de constitucionalidad, en el sentido de que solo
pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen
de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios
del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de
servicios cotizados a 1° de abril de 1994 […]”.
Corolario a lo anterior, es claro que a partir de la Sentencia SU 130
de 2013, la Corte Constitucional tiene una posición unificada respecto
del tema origen de la controversia, según la cual “[…] solo pueden
trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima
media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen
de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados
a 1° de abril de 1994 […]”, tesis que se acompasa con la planteada
por la SECCIÓN SEGUNDA en la sentencia cuestionada.
Dicha línea, con posterioridad a la sentencia que invoca la actora, ha
sido aplicada de forma pacífica por la SECCIÓN SEGUNDA en ese
sentido.
Así en sentencia de 14 de agosto de 2020, proferida dentro del
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expediente 25000-23-25-000-2012-00724-01, con ponencia del
Consejero César Palomino Cortés la SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO señaló:
“[…] De acuerdo con la normativa que regula el tema y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, es claro que quienes se trasladen al régimen de ahorro
individual con solidaridad y no hayan cumplido 15 años de
servicios cotizados a 1 de abril de 1994 (o 30 de junio de 1995
para las entidades territoriales), pierden la posibilidad de
pensionarse de conformidad con el régimen de transición y sus
beneficios […]”.
En ese orden de ideas, la Sala no encuentra que la autoridad judicial
accionada haya incurrido en el defecto estudiado porque, en lo que
respecta al aspecto analizado, su decisión se ajusta a la línea
jurisprudencial unificada de la Corte Constitucional, así como a la que
esta Corporación ha venido aplicando de forma pacífica con
posterioridad a la providencia que la actora invoca.
Por otro lado, la SECCIÓN SEGUNDA denegó la pretensión de
indexación de la primera mesada de la actora, por las siguientes
razones:
“[…] ¿Hay lugar al reconocimiento de la indexación de la
primera mesada pensional de la demandante?
Al respecto la sala sostendrá la siguiente tesis: no
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resulta procedente el reconocimiento de la indexación
de la primera mesada pensional de la demandante, por
cuanto la misma solo se retiró del servicio público
definitivo a partir del 1o. de septiembre 2006, anualidad
en la que le fue reconocida la prestación y en la que,
además, se ingresó a nómina de pensionados, por modo
que no se evidencia devaluación alguna en el monto
pensional que le fue reconocido.
La indexación de la primera mesada pensional se encuentra
instituida en el artículo 53 de la Carta Política, como
mecanismo que materializa el principio de equidad, al evitar o
solventar la devaluación de las sumas que se reconocen a título
de pensión; así, su funcionalidad comprende la de traer a valor
presente los montos dinerarios que han perdido poder
adquisitivo por el paso del tiempo.
En pronunciamientos anteriores, esta Corporación ha señalado
que la mencionada pérdida de poder adquisitivo no puede
implicar el traslado de una carga que resulta onerosa al
trabajador, en tanto al romperse la correspondencia que
debería existir entre lo reconocido como pensión y el salario
que se encontraba percibiendo previo al retiro del servicio por
la devaluación monetaria, se desconocen los principios de
equidad y justicia que revisten el sistema pensional por
aportes.
«Finalmente, en punto al argumento del Instituto de los
Seguros Sociales, ISS, según el cual no era procedente que el
Tribunal hubiera ordenado la indexación de la primera mesada
pensional del demandante debe decirse que si bien no existe
norma expresa que la consagre, la jurisprudencia ha
desarrollado, con base en principios constitucionales, en
especial, los previstos en los artículos 48, 53 y 230, una
posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina
que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el
fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el
trabajador no tiene por qué soportar las consecuencias
negativas de dicha situación al tener que recibir al momento
de pensionarse sumas de dinero desvalorizadas que no van en
armonía con el valor real del salario que devengaba cuando
prestaba sus servicios. […]».
En el mismo sentido se ha indicado que:
«[…]
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Entre tanto, la Corte Constitucional ha sostenido que el
derecho a la indexación de la primera mesada se origina
cuando se hubiera producido una depreciación considerable
del ingreso base con que ha de liquidarse la prestación
y la pérdida del poder adquisitivo de ella; así se sostuvo
en la sentencia cuyo aparte se trascribe:
“Más recientemente, en Sentencia T-799 de 2007, la Sala
Tercera de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional reiteró
la posición que viene indicándose al señalar que para efectos
de determinar la titularidad del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, resultaba irrelevante que la
pensión tuviera origen legal o convencional, pues el derecho
implícito en esta garantía es atribuible a cualquier pensionado
que hubiera sufrido los efectos negativos de la pérdida de valor
adquisitivo de su pensión. […]
Es decir, hay lugar a ordenar la indexación de la primera
mesada pensional, cuando por efecto del paso del tiempo se
ha perdido de manera ostensible y considerable su poder
adquisitivo […].
La indexación de la primera mesada se produce, cuando
habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año
determinado, el pensionado alcanza a completar los demás
requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno
o más años después del retiro, de modo que con ese transcurso
de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría
sufrido detrimento; sin embargo, en casos como el que se
analiza, en que el retiro del servicio y el cumplimiento de todos
los requisitos para acceder al derecho pensional se cumplieron
en el mismo año, e incluso, el reconocimiento también se
efectuó en él, no puede hablarse de pérdida del poder
adquisitivo del ingreso base con que se liquidó la pensión, pues
no transcurrió un tiempo que diera lugar a la referida
depreciación; […]». (Negrillas propias)
La anterior línea interpretativa también resulta aplicable para
los casos en que el trabajador cumplió los requisitos de edad y
densidad necesarios para acceder al derecho pensional, y
decidió continuar prestando sus servicios en el sector público
oficial.
Sobre este supuesto, procedente se torna indicar, que el
mismo se edifica sobre la prohibición constitucional de percibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, de
manera que habiendo decidido continuar laborando para el
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Estado, la persona dejó en suspenso el goce y disfrute de su
derecho pensional, susceptible de ser indexado siempre que,
entre el reconocimiento, el retiro definitivo del servicio y el
ingreso efectivo a la nómina de pensionados, exista un cambio
de anualidad, o transcurran más de un año para el pago de la
prestación.
Bajo tales consideraciones se observa que, si bien la señora
María Lourdes Polanía Alencar manifestó haber adquirido su
estatus pensional el 10 de junio de 2001, por cumplir la edad
de 55 años, lo cierto es que la misma solo acreditó su retiro
definitivo del servicio oficial el 1.º de septiembre de 2006, tal
y como se desprende de la Resolución 281 del 22 de agosto de
2006, por medio de la cual se aceptó su renuncia al cargo que
venía desempeñando como Auxiliar Área Salud de la E.S.E.
Hospital San Rafael.
Aceptada dicha renuncia, se tiene que el ISS, hoy
Colpensiones, previa reliquidación de la mesada pensional
reconocida a través de la Resolución 31774 del 8 de agosto de
2006, ordenó el ingreso a nómina de la pensión de la
demandante a partir de la fecha de retiro del servicio público,
esto es, el 1.º de septiembre de 2006, conforme se evidencia
en la Resolución 042129 del 18 de octubre de 2006, de
manera, que en el presente caso no se encuentra probado que
la devaluación o depreciación alegada por la interesada sobre
su mesada pensional se haya causado, en tanto, conforme se
desprende del análisis fáctico aquí relacionado, entre el
reconocimiento pensional, el retiro definitivo del servicio, y la
orden de inclusión en nómina para el pago respectivo, no
transcurrió un tiempo considerable que acarreara la pérdida de
poder adquisitivo y, en consecuencia, considera la Subsección
improcedente acceder a la indexación deprecada […]”.
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que la
SECCIÓN SEGUNDA denegó la indexación de la primera mesada de
la actora, porque la prestación fue reconocida en el año 2006, misma
anualidad en la que se retiró del servicio y comenzó a devengarla.
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La actora estima que independiente de la fecha de retiro, en la
medida que adquirió el estatus pensional en el año 2001 y la
prestación fue reconocida y pagada en el año 2006, tiene derecho a
la indexación reclamada, conforme con la sentencia de 7 de mayo de
2018, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA del Consejo de Estado,
dentro del expediente 23001-23-33-000-2013-00208-01(0228-15),
así como conforme con la sentencia T-528 de 15 de diciembre de
2020.
En la providencia de 7 de mayo de 2018 aludida, la SECCIÓN
SEGUNDA ordenó la indexación de la primera mesada pensional allí
en discusión, porque su titular se había retirado de forma definitiva
del servicio en el año 1993, mientras que el estatus pensional lo
adquirió el 28 de julio de 1994 y el reconocimiento se efectúo el 11
de septiembre de 1995, no obstante que había trascurrido más de
un año y el salario que sirvió de base para calcular la mesada
pensional se encontraba devaluado.
En algunos apartes de la providencia invocada por la actora, la
SECCIÓN SEGUNDA precisó
“[…] Como quedó expuesto, no existe en el ordenamiento
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colombiano norma alguna que disponga o regule la actualización
de la base salarial para el reconocimiento y pago de pensiones
en aquellos casos en que el derecho pensional se reconoce
cuando ha transcurrido un tiempo considerable desde su
consolidación.
No obstante, siguiendo el marco jurisprudencial reseñado, hay
lugar a ordenar la indexación de la primera mesada pensional,
cuando por efecto del paso del tiempo se ha perdido su poder
adquisitivo.
En el caso sub lite, el actor acreditó el retiro definitivo del
servicio el 31 de diciembre de 1993, fecha para la cual no
cumplía el requisito de edad de 55 años, los cuales completó el
28 de junio de 1994.
La entidad efectuó el reconocimiento pensional el 11 de
septiembre de 1995, mediante el acto acusado, y dispuso su
pago a partir del 28 de junio de 1994, fecha en que consolidó su
estatus, sin ordenar la actualización de la suma resultante de la
liquidación realizada con los factores salariales que devengó el
actor durante el último año de servicio, no obstante que había
trascurrido más de un año y el salario que sirvió de base para
calcular la mesada pensional se encontraba devaluado.
En efecto, es evidente que el salario con el cual se liquidó la
pensión reconocida al señor Fernández Berna mediante la
Resolución 010007 de 1995 se había devaluado para el
momento de adquirir el estatus pensional, a partir del cual
empezó a percibir la correspondiente mensualidad. Por
consiguiente, al ser la devaluación de la moneda un hecho
notorio que disminuyó el poder adquisitivo del demandante, de
conformidad con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política
y con los principios de equidad y justicia, la indexación de la
primera mesada pensional es procedente, como lo ordenó el a
quo, lo que impone a la sala confirmar la decisión en tal sentido
[…]”.
En ese orden de ideas, en relación con el precedente invocado por la
actora, la Sala advierte que el mismo ni siquiera comparte una
similitud fáctica con el caso bajo estudio, por cuanto en aquella
eventualidad estuvo probado que al titular le había sido reconocida
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la pensión con el salario que devengaba un año y medio antes, sin
que los factores hubiesen sido actualizados, situación que difiere del
asunto en análisis, porque en este, la prestación fue reconocida y
pagada desde la misma anualidad en que acaeció el retiro del
servicio, sin que hubiera lugar a actualizar suma alguna.
Ahora bien, de la sentencia T-528 de 15 de diciembre de 2020, en el
escrito introductorio la actora citó el siguiente extracto:
“…conforme se establece en los incisos 8 y 13 del artículo 48 del
Texto Superior, en lo que atañe a los derechos pensionales, es
preciso aclarar que ellos se adquieren cuando se cumplen por el
afiliado los requisitos previstos en la ley, esto es, el número de
semanas cotizadas (o tiempo laborado) y la edad mínima
exigida. En efecto, el primero de los incisos en mención
establece que: “Para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas
cotizadas o el capital necesario (…)”; mientras que, en el
segundo de ellos, se dispone que: “(…) Se entiende que la
pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para
acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento” (…)”
De lo anterior, no se advierte que la regla citada de la providencia
invocada tenga que ver con la indexación de las primeras mesadas
que son reconocidas al momento del retiro del servicio, lo que de
entrada descarta cualquier configuración del defecto alegado.
En la sentencia aludida la Corte Constitucional estudió un caso en el
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que se había negado el reconocimiento pensional a un ciudadano
porque, pese a que había prestado sus servicios durante el tiempo
requerido, sobre dichos períodos su empleador no había efectuado
las cotizaciones respectivas, por lo que respondió al siguiente
problema jurídico:
“[…] C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y
ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
40. En el caso bajo examen, GRM interpuso acción de tutela
en contra de Colpensiones para la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Alegó que
es beneficiario del régimen de transición y reúne los requisitos
previstos por el Acuerdo 049 de 1990 para obtener una pensión
de vejez. En particular, argumentó que acreditó el requisito de
500 semanas, si se tienen en cuenta los tiempos laborados y no
cotizados con empleadores públicos.
41. Por su parte, Colpensiones negó la solicitud del accionante,
al considerar que no cumple los requisitos previstos en el
Acuerdo 049 de 1990. Al respecto, sostiene que GRM (i)
únicamente “registra 67 semanas cotizadas al sistema pensional
exclusivamente al ISS”, y (ii) las semanas laboradas y no
cotizadas con empleadores públicos, solo son computables si el
derecho del accionante se causó después de la fecha en la que
se profirió la sentencia SU-769 de 2014, “en la medida en que
el Alto Tribunal no le confirió efectos retroactivos [a dicho] fallo”.
Así, el derecho de GRM se causaría en 1986, fecha en la que
cumplió los 60 años.
42. En consecuencia, le corresponde a esta Sala responder
el siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones vulneró los
derechos de GRM al mínimo vital y a la seguridad social, al
negarle el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
reclamada con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, con base
en el argumento de que las semanas laboradas y no cotizadas
con empleadores públicos, solo son computables si el derecho
del accionante se causa después de la fecha en la que se profirió
la sentencia SU-769 de 2014?
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43. Para resolver el interrogante planteado, la Sala (i)
explicará el alcance y contenido del derecho a la seguridad
social; (ii) presentará las reglas sobre el régimen de transición
en materia pensional; (iii) reiterará la jurisprudencia
constitucional sobre la posibilidad de computar las semanas
laboradas y no cotizadas con empleadores públicos, con los
aportes realizados directamente al ISS, en el marco del Acuerdo
049 de 1990; (iv) abordará el examen de la fecha de causación
o adquisición del derecho a la pensión de vejez para sumar los
tiempos de servicios no cotizados a dicha entidad de previsión
social y, por último, (v) resolverá el caso concreto […]”.
En ese orden de ideas, es claro que la autoridad judicial accionada
no desconoció el precedente contenido en la sentencia T-528 de 15
de diciembre de 2020, dado que en esta no se resolvió un caso ni
siquiera similar al planteado por la actora.
Lo precedente pone de manifiesto que la SECCIÓN SEGUNDA no
incurrió en el defecto estudiado, toda vez que la providencia
cuestionada está debidamente motivada con fundamento en la
jurisprudencia aplicable al asunto, por lo que el hecho de que la
actora no comparta la tesis allí dispuesta no significa que la decisión
sea arbitraria.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la
accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no así
las falencias que alega.
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Así entonces, la Sala modificará la sentencia impugnada, para en su
lugar, por una parte, declarar improcedente el amparo por falta de
relevancia constitucional frente a la condena en costas y, por otra,
denegar el amparo respecto al desconocimiento del precedente
alegado respecto de la pérdida del régimen de transición y la
indexación de la primera mesada, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, para en su lugar:
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo por falta de relevancia
constitucional frente a la condena en costas y DENEGAR el amparo
en lo que respecta al desconocimiento del precedente jurisprudencial
relativo a la pérdida del régimen de transición y la indexación de la
primera mesada, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión de día 17 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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