Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01789-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01789-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01789-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
19 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01789-00
Demandante: Liliana Montoya Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01789-00
Demandante: LILIANA MONTOYA SUÁREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – defecto fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Liliana
Montoya Suárez contra la sentencia del 4 de agosto de 2021 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, que confirmó la
negativa a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 17 de marzo de 2022 al buzón web
del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la señora Liliana Montoya Suárez, actuando en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de
que le sea amparado su derecho fundamental al debido proceso.
2. La actora consideró vulnerada la referida garantía constitucional con ocasión de
la sentencia del 10 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, mediante la cual revocó el numeral primero del fallo dictado por el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio del 28 de febrero de 2019,
y en su lugar, declaró no probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y
negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de
reparación directa que inició contra el municipio de Villavicencio y el Instituto
Nacional de Vías – INVIAS –, proceso identificado con el radicado Nº 50001-33-33-
007-2014-00239-00/01.
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3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de su derecho fundamental y como
consecuencia de lo anterior, reclamó lo siguiente:
“(…) se deje sin efectos las siguientes sentencias:
2.1. Sentencia primera instancia calendada 28 de febrero de 2019, proferida por
el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito De Villavicencio.
2.2. Sentencia de segunda instancia, proferida el 10 de febrero de 2022 por el
Tribunal Contencioso Admirativo Del Meta.”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Liliana Montoya Suárez, en compañía de su grupo familiar, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se
declarara administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de
Villavicencio y al INVIAS con ocasión a los hechos ocurridos el 13 de marzo de 2013,
cuando al esquivar un hueco, invadió el carril por donde transitaba un colectivo,
sufriendo una colisión. Como consecuencia del accidente, sufrió, entre otras
lesiones, fractura de la epífisis inferior del húmero, fractura costal derecha, fractura
de húmero distal, fractura conminuta supracondílea distal de húmero y lesiones en
el hígado.
5. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio mediante
sentencia del 28 de febrero de 2019 declaró probada la excepción de culpa exclusiva
de la víctima y negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien para
la entidad territorial demandada existía la obligación en el mantenimiento y
reparación de las vías pertenecientes la red vial de Villavicencio, no se logró
establecer si el posible mal estado de estas haya sido la causa del accidente, “porque
se evidenciaron otros factores determinantes en la conducta desplegada por la actora, entre
ellos, que en el croquis de tránsito la moto en la que se movilizaba la demandante, no alcanzó
a sobrepasar los huecos, quedando estos a una distancia prudencial del frente del bus, es
decir, más adelante en el camino de la motocicleta y más atrás de la parte frontal del bus,
punto donde ocurrió el choque…”
6. Respecto a la configuración de la excepción culpa exclusiva de la víctima, precisó
que la conducta de la actora fue determinante en la causación del daño, ya que
constituyó una actuación irresponsable el no guardar precaución y la debida
previsión al conducir por el carril correspondiente , “toda vez que se movilizaba por el
lado izquierdo, cuando su deber era transitar por el lado derecho, a no más de un metro de
distancia con la orilla.”.
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7. Inconforme con la decisión, la parte activa interpuso recurso de apelación, el cual
fue desatado el 10 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Meta y
dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: REVOCAR el Numeral PRIMERO de la sentencia proferida por el
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
VILLAVICENCIO, el 28 de febrero de 2019, mediante el cual declaró probada la
excepción de culpa exclusiva de la víctima.
SEGUNDO: CONFIRMAR el Numeral SEGUNDO de la sentencia del 28 de
febrero de 2019, proferida por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, mediante la cual NEGÓ las
pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
(…)”
8. En primer lugar acotó que debido a la falta de pruebas no se logró acreditar las
condiciones en que ocurrió el accidente, de suerte que se analizaron varias posibles
suposiciones que podrían explicar las causas y pormenores de este, las cuales en
todo caso, se encontraban en el plano de hipótesis, pues no se aportaron las pruebas
suficientes para determinar sin lugar a dubitaciones las condiciones de modo en que
se desarrolló el accidente de tránsito.
9. Por lo anterior, debido a la falta de probanzas, tanto de parte del demandante
como del extremo demandado, consideró que debía revocarse la decisión del a quo
según la cual estaba probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, ya que
lo cierto era que no existía la certeza de que fuera la culpa de la víctima la causal
exclusiva generadora del accidente y el correspondiente daño alegado, “pues se
recuerda, en el presente caso no se contaba con las pruebas necesarias para llegar a esa
determinación, ni a la conclusión contraria, defendida por el extremo demandante, pues no
se aportaron los medios de prueba necesarios para dar por probado ni la responsabilidad
administrativa, ni la causal de exoneración de responsabilidad de la Administración.”
10. Por último, destacó que la parte demandante incumplió con su carga frente al
onus probandi incumbit actoris, lo que impedía determinar la responsabilidad de la
administración y atribuirle determinada consecuencia, dado que no se acreditó la
imputabilidad del daño.
1.3. Fundamentos de la vulneración
11. La parte actora consideró que la sentencia acusada adolece de los siguientes
yerros:
12. Indicó que se vulneró el principio de congruencia “ que regula la comprensión lógica
de una providencia judicial” pues la sentencia de segunda instancia es incoherente ya
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que por un lado, indicó que no se encontró probada la excepción de culpa exclusiva
de la víctima, pero por el otro estimó que la demandante llevaba 8 meses de haber
obtenido la licencia de tránsito y debido a su impericia fue que se chocó con la
buseta. En ese sentido agregó que “las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo”
y en sentido, la parte motiva no iba en consonancia con la parte resolutiva de la
sentencia.
13. Defecto factico: pues se valoraron indebidamente las pruebas obrantes en el
plenario, a saber:
14. El testimonio de la señora Faisuly Pineda, quien declaró que un taxi se
desplazaba delante de ellas y de repente aparecieron dos huecos, “es decir, que el
hecho de que estos existan ya se presenta la falla en el servicio…”
15. Frente al punto, estimó que el testigo presencial es el que tiene mayor poder
suasorio, dada su ubicación en el lugar de los hechos “y porque observa todas las
circunstancias antecedentes, concomitantes y consecuentes de concurrieron que rodearon
éstos.”
16. Agregó que también erró la sentencia cuestionada al indicar que “la única prueba
del accidente es el croquis y como el mismo no es claro, según la magistrada ponente, se
debió haber traído al agente de tránsito que lo elaboró”. Esto pues, a su juicio el tribunal
no puede hacer exigencias probatorias imposibles, pues el agente de tránsito llega
mucho después de lo ocurrido el accidente y plasma lo que objetivamente observa
al llegar al lugar de los hechos, pero todas las circunstancias que fueron
antecedentes y concomitantes a este sólo pueden ser narradas por los testigos
presenciales, como regla de mejor evidencia.
17. Adujo que tampoco se tuvo en cuenta que en la declaración rendida por la testigo
presencial se narró que la señora Montoya Suárez gritó “¡huecos!” y debido a este
perdió el control. Agregó que era un hecho probado e irrefutable la existencia de los
huecos en el lugar del accidente.
18. Adujo que el tribunal accionado partió de argumentos sofísticos, pues presumió
que fue la inexperiencia de la demandante en la conducción la que provocó el
accidente, porque según su criterio, “que por cierto es eminentemente personal y no
probatorio”, encontró que esa impericia se denotaba porque la licencia de conducción
había sido expedida hace 8 meses, cuando lo que está probado en el proceso es
que la demandante no estaba transgrediendo normas de tránsito.
19. Concluyó que el tribunal erróneamente adujo que no existía nexo causal porque
la distancia entre los huecos y el lugar del accidente era de varios metros, pero no
especificó de cuantos metros exactamente y si esa distancia era suficiente para
poder esquivarlos, cuando el vehículo iba a 30 o 40 km/h.
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1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
20. Mediante auto del 5 de abril de 2022, el despacho ponente admitió la demanda
de tutela y ordenó la notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Meta y al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio,
como autoridades judiciales accionadas. Por otra parte, vinculó en calidad de
terceros con interés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto
Ley 2591 de 1991, al municipio de Villavicencio y al procurador 48 judicial II delegado
ante el Tribunal Administrativo del Meta, que conformaron el extremo demandado y
procurador dentro del medio de control de reparación directa que se cuestiona en
sede de tutela.
1.5. Intervenciones
21. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.5.1. Tribunal Administrativo del Meta
22. Mediante escrito del 20 de abril de 2022 la magistrada ponente solicitó negar las
pretensiones de la demanda ya que la parte actora pretendía cuestionar decisiones
ejecutoriadas dictadas dentro del trámite judicial ordinario, en las que se destacó la
falta de diligencia probatoria de la parte demandante, de suerte que, lo que se
intentaba era socavar las decisiones de la jurisdicción administrativa y utilizar la tutela
como como una tercera instancia.
23. Adujo que, en el caso concreto no se incurrió en los errores materiales ni fácticos
que atribuye el tutelante, pues no se realizó una valoración indebida de las pruebas,
ni se tuvo por acreditada la impericia como causal generadora del daño, simplemente
se resaltó, conforme a la valoración del testimonio de la señora Pulido y al escaso
material obrante, que no había certeza sobre las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que rodearon el accidente.
24. Concluyó que de la valoración del testimonio aportado se concluyó que no se
acreditó la responsabilidad de la administración, pues la versión de la señora Faisuly
Pineda no llevó al grado de convicción requerido respecto de las circunstancias de
modo, principalmente, que rodearon el accidente y la determinación en el caso del
nexo causal.
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1.5.2. Municipio de Villavicencio
25. Mediante escrito del 20 de abril de 2022 solicitó declarar la improcedencia de la
acción o en su defecto, negar las pretensiones de la demanda. Argumentó que no
se configuró el defecto fáctico alegado pues no se evidencia arbitrariedad alguna al
momento de valorar las pruebas y por el contrario, lo que busca la actora es utilizar
los mismo argumentos que se esbozaron al interior del proceso ordinario, “las cuales
fueron desvirtuadas de manera juiciosa y con sustento probatorio por el Tribunal”.
26. Concluyó que el tribunal accionado valoró todas las pruebas de manera lógica y
razonable basándose de manera objetiva en lo que obraba en el informe, sin que le
sea posible suponer o introducir elementos para arribar a las deducciones que
pretende la parte accionante.
1.6. Auto de vinculación
27. Mediante providencia del 5 de mayo de 2022 el despacho ponente ordenó la
vinculación como terceros con interés de: i) Instituto Nacional de Vías – INVIAS –
(parte pasiva)1; ii) Fanor de Jesús Montoya Marín, Martha Cecilia Suárez Rodríguez,
Francy Helena Montoya Suárez y Nubia Inés Montoya Suárez (parte activa).
1.7 INVIAS
28. Con escrito del 10 de mayo de 2022 solicitó negar las pretensiones de la
demanda respecto de dicha entidad ya que no desconoció ningún derecho
fundamental y reiteró que la función de protección de las garantías que invoca el
accionante no le son competencia, “en tanto que no es procedente que el INVIAS usurpe
funciones y obligaciones de carácter judicial que no le son asignadas bien sea por la ley o
las acciones constitucionales que el accionante aduce en los hechos”.
29. Lo demás sujetos, pese a haber sido notificados en debida forma, no rindieron
informe.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
30. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Liliana Montoya Suárez, de conformidad con lo dispuesto por los
1
La vinculación obedece a que la demanda inicial fue dirigida contra el municipio Villavicencio y el
INVIAS. Sin embargo, se aclara que esta última entidad fue desvinculada del proceso contencioso en
audiencia inicial del 15 de septiembre de 2015, al declararse la falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de esta. Decisión que no fue objeto de recurso.
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artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral
7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021. 5. Lo anterior, por cuanto uno de los accionados contra el cual se dirige la
acción de tutela es el Tribunal Administrativo del Meta y, en tal sentido, debe
aplicarse el numeral 5º de la última norma citada, por ser esta Corporación la
instancia superior
2.2. Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan
en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela
contra providencia judicial?
32. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo del Meta vulneró el derecho fundamental al debido
proceso de la señora Liliana Montoya Suárez con ocasión de la sentencia del 10 de
febrero de 2022, mediante la cual se cual revocó el numeral primero del a quo, y en
su lugar, declaró no probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las
pretensiones de la demanda?
33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva;
(iii) generalidades de los defectos alegados y; iv) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 3 y declaró su procedencia.4
35. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que contenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01789-00
Demandante: Liliana Montoya Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
36. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
37. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
38. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito5 se encuentra superado
por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia del 10 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, pues en su sentir se incurrió en el defecto fáctico.
39. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulneradas sus garantías constitucionales por
cuanto la autoridad judicial accionada al dictar la providencia cuestionada valoró
indebidamente una serie de pruebas que a su juicio, demostraban el nexo causal
como elemento de responsabilidad del Estado.
40. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente
por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su
derecho fundamental al debido proceso, omitiendo el deber del juez ordinario de
actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.
5
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01789-00
Demandante: Liliana Montoya Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
41. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, eficacia y
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas.
2.4.2. Tutela contra sentencia de tutela
42. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza 6, pues la providencia cuestionada fue
proferida en el trámite del proceso de reparación directa instaurado contra el
municipio de Villavicencio y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
2.4.3. Inmediatez
43. En relación con el acatamiento del referido requisito7, no se advierte ningún
reproche, en vista que la providencia enjuiciada fue proferida el 10 de febrero de
2022 y, sin que sea necesario precisar su fecha de ejecutoria se advierte que la
acción de tutela se presentó en un término razonable (17 de marzo de 2022) a la luz
de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 8, en la que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059, para determinar la
6
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
7
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
9
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Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis
(6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.4.4. Subsidiariedad
44. En consideración a dicho requisito10, por tratarse de una providencia dictada en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Meta la cual resolvió un recurso
de apelación, no procede ningún recurso, tampoco el extraordinario de revisión ni de
unificación de jurisprudencia, en razón a que los cargos de la acción de tutela no se
enmarcan en alguna de sus causales de procedencia.
45. Sin embargo la Sala11 considera que, frente al cargo de violación al principio de
congruencia, en donde argumentó que en la sentencia acusada hubo una “evidente
incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva” en razón a las
consideraciones expuesta en el numeral 12 de esta providencia, no se cumple con
el requisito de subsidiariedad.
46. Lo anterior, ante la existencia del recurso extraordinario de revisión, que la parte
accionante puede interponer, con fundamento en la causal 5ª de revisión consagrada
en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 “Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
47. Esto por cuanto, dicha alegación se fundamenta en la violación del principio de
congruencia, por considerar que el Tribunal adoptó en la parte resolutiva una
decisión que no iba en consonancia con la parte motiva.
48. Por lo que, al existir un mecanismo judicial idóneo de defensa de los intereses
de la tutelante, la Sala no estudiará estos cargos, toda vez que el juez constitucional
no puede pronunciarse sobre el fondo de esta pretensión, pues ello implicaría
reemplazar al juez natural de la causa, a quien el legislador le confirió la potestad de
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
10
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia
30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y
Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
11
Sobre el particular, de esta Sección pueden apreciarse entre otras las siguientes providencias: 1)
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1° de diciembre de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad.11001-03-15-000-2016-03224-00. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de
octubre de 2017, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2017-00617-01.
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resolver los recursos extraordinarios de revisión y en tal sentido, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela frente a este punto.
49. Así pues, superado el cumplimiento de los requisitos adjetivos respecto de los
demás cargos, esta Sala entrará a estudiar el caso concreto.
2.5. Generalidades del defecto alegado
Defecto fáctico12
50. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201513 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión:
51. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo
probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las
partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar
sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso,
los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario
de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
importante considerar que no toda negativa a un decreto de
Omisión de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
decreto y práctica que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de pruebas de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
indispensables parámetros arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp: 11001-03-15-000-
2019-04664-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp: 11001-03-15-000-
2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: sentencia del 13
de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
13
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
Desconocimiento el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales
probatorio pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
determinante para desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.
Valoración requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, en ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
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c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
violación del decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta
debido proceso una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
52. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
53. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
54. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida
en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.
2.6. Caso concreto
55. La parte actora consideró vulnerada su garantía constitucional al debido proceso
con ocasión de la sentencia del 10 de febrero de 2022, mediante la cual se cual
revocó el numeral primero del a quo, y en su lugar, declaró no probada la excepción
de culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones de la demanda. Esto, al
considerar que valoró indebidamente una serie de pruebas que a su juicio,
demostraban el nexo causal como elemento de responsabilidad del Estado.
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56. De acuerdo con los argumentos de la demanda, la parte actora invocó la
“valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas”. Así mismo, identificó los
elementos de prueba presuntamente desconocidos y demostró que estos fueron
aportados y/o practicados de manera legal y oportuna en el proceso de reparación
directa, así como su incidencia en la decisión.
57. Para fundamental el defecto fáctico la parte actora argumentó lo siguiente:
-Que se valoró indebidamente el testimonio rendido por la señora Faisuly Pineda
pues ella fue testigo presencial de los hechos y por lo tanto, su declaración tiene gran
peso suasorio. Indicó que este error se evidenció cuando el tribunal accionado
encontró necesario la concurrencia del agente de tránsito que elaboró el informe del
accidente, por lo que las pruebas no fueron apreciadas bajo una óptica objetiva y
racional.
-Refirió que igualmente se incurrió en este yerro porque en la sentencia acusada se
indicó que la única prueba del accidente era el croquis y agregó que el tribunal no
puede hacer exigencias probatorias imposibles como la concurrencia de un agente
de tránsito.
-Estimó que en el fallo de segunda instancia se indicó que no existía nexo causal
porque la distancia entre los huecos y el lugar donde ocurrió el accidente era de
varios metros, sin especificar la distancia. Sin embargo, a su juicio, no se tuvo en
cuenta que fue un hecho probado la existencia de huecos lo cual configura la falla
en el servicio.
58. En primer lugar se tiene que, el tribunal accionado estimó que se configuró el
primer requisito para acreditar la responsabilidad del Estado, a saber el daño
antijuridico. Esto pues se encontraba acreditado de la historia clínica, el dictamen
pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y el dictamen de la Junta de
Calificación de Invalidez del Meta de las lesiones y la disminución de la capacidad
laboral en un 14.30%.
59. Paso seguido se centró en establecer si el daño se dio con ocasión de una falla
del servicio, y si en ese sentido correspondía a la administración resarcir los
perjuicios causados, pero precisó que a la demandante le correspondía acreditar
todos los elementos de responsabilidad, de cara al principio onus probandi incumbit
actori, pues sin acreditarse la existencia de la falla del servicio y su relación causal
con el daño alegado, no podría predicarse en ningún caso la responsabilidad del
Estado.
60. Así, en la sentencia acusada se estimó que no existía claridad sobre las
circunstancias en que ocurrió el accidente del 13 de febrero de 2013, por cuanto si
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bien se contaba con el croquis del accidente y el informe respectivo, lo cierto era que
estos no permitían establecer que el incidente hubiera ocurrido conforme a la versión
de la demandante, como quiera que el único punto resaltado en el croquis era la
ubicación final de los rodantes, la cual estaba a varios metros de la ubicación de los
huecos en la vía.
61. Ahora bien, en tribunal accionado hizo un análisis los elementos materiales
probatorios que presuntamente fueron indebidamente valorados por el tribunal, como
se observa:
62. Frente al testimonio rendido por la señora Faysuli Pinedo indicó que:
“Téngase en cuenta además, que la versión ofrecida por el extremo demandante
y por la testigo FAYSULY PULIDO, ubica en la escena de los hechos a un taxi,
que según lo indicado, se movilizaba delante de la motocicleta conducida por la
demandante, sin embargo, no existe una versión rendida al interior del proceso
penal que se inició con ocasión del accidente, visible en el anexo 2, proceso
penal, de radicado 50001 6000 563 2013 00404, ni se cuenta con algún dato o
reporte en el informe de tránsito, lo que deja dicha versión sin suficiente
corroboración.
La presencia del taxi solo es relatada por la señora PULIDO, testigo que afirma
que delante del velocípedo se movilizaba un taxi, al momento de los hechos, y
que explica que el mismo cruzo sobre los huecos sin sobresalto.
Advierte la Sala que la versión de la deponente arroja una serie de datos que
resultan poco plausibles, pues no se explica, según su versión, por qué identificó
que el vehículo que iba delante de la motocicleta era precisamente un taxi, ni
como calcula que la distancia entre los vehículos era de 4 a 5 metros.”
63. Frente al croquis advirtió que:
“ante la inexistencia de elementos que den cuenta de cuál fue el punto de
colisión, y si el mismo fue diferente al lugar en el que terminaron los vehículos,
no es posible que se deduzca dicha situación a partir de la aplicación de las
reglas de la lógica o la ciencia, como lo exige el impugnante, pues dichos criterios
no pueden en ningún caso, hacer que la prueba diga más de lo que
materialmente dice o aporta.
Pretender que a partir del croquis se deduzca un punto especifico de colisión no
resulta razonable, dado que el informe y el plano levantado, no referencian
huellas de arrastre metálico ni de frenado, ni indica cual era el punto inicial de
impacto, en caso de ser diferente al lugar final de ubicación de los rodantes, y de
esta manera no resulta plausible, que el Juez introduzca elementos nuevos a la
prueba, para llegar a las deducciones a las que arriba el demandante, afectando
notoriamente el contenido y valoración de la prueba”
(…)
lo cierto es que el croquis del accidente no hace referencia alguna a huellas de
frenado o de arrastre metálico, y no existe ningún medio de convicción que
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permita determinar que efectivamente al momento de colisionar, se presentó el
arrastre metálico de la motocicleta conducida por la hoy demandante”.
64. Respecto a la existencia de los huecos en la vía adujo que:
“No es posible para este Juez colegiado concluir que la existencia de los huecos
en la vía fueran la causa eficiente del accidente, como quiera que las pruebas en
el caso apuntan a que la colisión entre la motocicleta y el bus ocurrió antes de la
ubicación de los baches en la vía. No se tienen claridad sobre las dimensiones
de tales huecos, pues lo único al respecto, fue la afirmación de la testigo
FAYSULY PULIDO, quien menciona que los huecos tendrían una profundidad
de “casi cuarta y media” (min. 19.20 audiencia de pruebas).
Sobre la longitud de los huecos, tampoco existen elementos que den una idea
razonable de su dimensión, pues la testigo asegura en audiencia que eran “mas
o menos así” pero la grabación de la audiencia no enfoca en ese momento a la
deponente, de suerte que ni si quiera se conoce cuál fue la aproximación que
pretendía efectuar la declarante.
65. Así del análisis de las referidas pruebas, en conjunto con todo el material
probatorio obrante en el expediente el tribunal llegó a la conclusión que existían
varias hipótesis sobre las causas reales del accidente de tránsito, pero ninguna de
ellas fue debidamente acreditada y corroborada al interior del proceso y no existan
elementos para concluir que la falla que se reputaba a la administración haya tenido
incidencia en la producción del daño padecido.
66. Ahora bien, esta Sala considera que no se configuró el defecto fáctico por
indebida valoración probatoria toda vez que frente al testimonio de la señora Pulido
se concluyó razonablemente que esa prueba por sí sola no llevaba a la convicción
absoluta de cómo sucedieron los hechos, siendo necesario su análisis en conjunto,
con los demás elementos de prueba que obraba en el expediente. No obstante estos
tampoco eran suficientes para determinar las causas y cómo ocurrió la colisión.
67. Por ese mismo motivo, se destacó que para lograr el grado de convicción
requerido para acceder a las pretensiones de la demanda, pudo haberse contado
con más pruebas sobre el siniestro, por lo que se hizo alusión a la falta de declaración
en el caso del agente de tránsito, experticias técnicas que respaldaran los supuestos
fácticos expuestos en la demanda, entre otras probanzas, que pudieran dar mayor
claridad sobre los hechos.
68. Lo anterior, resulta razonable pues si bien es cierto que al juez le asiste una
facultad oficiosa para decretar pruebas de conformidad con el artículo 170 de Código
General del Proceso14, también lo es que ésta no es ilimitada, pues no es preciso
14
Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio: El juez deberá decretar pruebas de oficio, en
las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean
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entrar a sustituir las cargas probatorias que les conciernen a las partes. Lo anterior,
cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el artículo 167 del Código General
del Proceso15 establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
69. En palabras de la Corte Constitucional la carga de la prueba “le corresponde a las
partes, quienes deben acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de base para
sus pretensiones. Este deber, conocido bajo el aforismo [onus probandi] exige la realización
de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la demostración de la ocurrencia
de un hecho o el suministro de los medios de pruebas que respalden suficientemente la
hipótesis jurídica defendida. De ahí que, de no realizarse tales actuaciones, según la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el resultado evidente sea la denegación de las
pretensiones, la preclusión de las oportunidades y la pérdida de los derechos”. 16
70. Aunado a lo anterior, esta Sala considera que el estudio del tribunal accionado
fue razonable, pues contrario a lo alegado por la actora no se tuvo acreditada la
impericia como causal generadora del daño, simplemente se estimó conforme al
testimonio rendido y el precario material probatorio, que no existía certeza sobre las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el accidente, y en ese sentido,
no era posible determinar que los huecos que se encontraban en la vía eran la causa
eficiente del daño, o si la actuación de la demandante fuese determinante frente a la
generación del accidente.
71. En este orden de ideas, el referido yerro será negado por esta Sala pues, tal y
como se expuso, la autoridad accionada sí valoró las pruebas en debida forma. No
obstante, concluyó que la parte demandante incumplió con su carga probatoria, lo
que impedía determinar la responsabilidad de la administración y atribuirle
determinada consecuencia, dado que no se acreditó la imputabilidad del daño.
necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. // Las pruebas decretadas de oficio
estarán sujetas a la contradicción de las partes.
15
Artículo 167. Carga de la prueba: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.// No obstante, según las particularidades del
caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante
su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o
por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.// Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso,
otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba,
la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.// Los hechos notorios y
las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
16
Corte Constitucional, sentencia T-074 del 02.03.2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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2.7. Conclusión
72. El Tribunal Administrativo del Meta al proferir la sentencia del 10 de febrero de
2022 no incurrió en el defecto fáctico alegado, y en consecuencia no vulneró el
derecho fundamental invocado, toda vez que de conformidad con lo expuesto resulta
razonable la decisión controvertida, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda al considerar que el material probatorio obrante en el proceso no era
determinante para atribuir a la administración la responsabilidad por el daño
padecido.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción frente a la presunta
vulneración del principio de congruencia invocada, por las razones expuestas en el
presente proveído
SEGUNDO: NEGAR el amparo deprecado por la señora Liliana Montoya Suárez, de
conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
18
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(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Ausente con permiso)
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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