Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01791-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01791-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01791-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01791-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
28 de abril de 2022
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
F.T: 112
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01791-00
Accionante: ALCIRA LEONOR TARIFA AVENDAÑO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIIL, Y OTROS
Temas: Acción de tutela por negativa sobre la inclusión en nómina de
pensionados. Ampara derecho al debido proceso administrativo frente a
Colpensiones y niega la pretensión relacionada con la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Reconocimiento pensional
La señora Alcira Leonor Tarifa Avendaño afirmó que el 20 de septiembre de 2017
solicitó, ante la Empresa de Obras Sanitarias del Cesar Ltda., en adelante
EMPOCESAR Ltda. en liquidación, el reconocimiento y pago de la pensión, en la
cual laboró desde enero de 1976 hasta el 30 de noviembre de 1989, fecha en la
que fue despedida sin justa causa.
Señaló que la sociedad mencionada, en respuesta a la petición, expidió la
Resolución 002 del 14 de diciembre de 2018, a través de la que concedió la
prestación, en los términos fijados en el artículo 8.° de la Ley 171 de 1961 y el
artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, a partir del 1.° de julio de 2012, pero declaró
prescritas las mesadas anteriores al 20 de septiembre de 2014. Además,
mencionó que ese acto administrativo se encuentra debidamente ejecutoriado y no
ha sido suspendido por ninguna medida cautelar.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
Precisó que el gerente de EMPOCESAR Ltda. en liquidación, en virtud de las
responsabilidades fijadas en la sentencia T-652 de 2009, debía enviar el acto
administrativo a la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante
Colpensiones, con el fin de proceder a la inclusión en nómina de pensionados y al
pago del retroactivo correspondiente y, así lo hizo. Además, indicó que el 13 de
enero de 2022 solicitó a la entidad administradora de pensiones citada su inclusión
en nómina de pensionados y el 14 del mismo mes y año obtuvo una respuesta
negativa.
b) Conflicto de competencia y acción de tutela en el caso del señor
Oviedo Peralta
La accionante manifestó que el 17 de agosto de 2021 la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto negativo de
competencias administrativas, cuyo número de radicación corresponde al 11001-
03-06-000-2021-00067-00, que se suscitó entre la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, Colpensiones y la empresa EMPOCESAR Ltda. en liquidación, frente a la
inclusión en nómina de pensionados del señor Juan Antonio Oviedo Peralta y, en
esa oportunidad, aquella determinó que Colpensiones era la entidad encargada de
realizar la gestión pensional y pagar las sumas de dinero reconocidas por la
sociedad en liquidación.
De otra parte, arguyó que el señor Oviedo Peralta promovió acción de tutela en
contra de Colpensiones y el 12 de octubre de 2021 el Juzgado Único Laboral de
Aguachica amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso
y a la seguridad social del accionante y, en ese orden de ideas, ordenó a la
entidad incluirlo en la nómina de pensionados.
c) Inconformidades
La señora Alcira Leonor Tarifa Avendaño sostuvo que Colpensiones y
EMPOCESAR Ltda. en liquidación transgredieron sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social, al no haberla
incluido en la nómina de pensionados, a pesar de que, por medio de la Resolución
002 del 14 de diciembre de 2018, la segunda de las mencionadas le reconoció la
pensión sanción. Asimismo, señaló que aquellas desatendieron la garantía
constitucional de la igualdad, en tanto que no aplicaron el mismo procedimiento ni
resolvieron su situación en la forma en la que decidieron el caso del señor Juan
Antonio Oviedo Peralta, quien se encuentra incluido en la nómina de pensionados
del fondo especial administrado por Colpensiones desde el mes de enero de 2022
y recibió el retroactivo pensional correspondiente, a pesar de que su situación
fáctica y jurídica es idéntica a la de su compañero de trabajo.
De otra parte, advirtió que la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de
Estado vulneró su derecho fundamental al debido proceso, porque no determinó
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
que la decisión adoptada el 17 de agosto de 2021, frente a la competencia de
Colpensiones en las pensiones reconocidas por EMPOCESAR Ltda. en
liquidación, cobijaba a todos los demás extrabajadores de la empresa, con el
propósito de evitar una dilación injustificada por parte de la entidad administradora
en su inclusión en nómina de pensionados.
Finalmente, arguyó que es un sujeto de especial protección constitucional, debido
a que tiene 69 años de edad y, por ello, ostenta la condición de adulta mayor;
además, carece de ingresos económicos, por lo que la acción de tutela es el
mecanismo idóneo para ordenar su inclusión en nómina de pensionados y obtener
la materialización de su derecho pensional.
PRETENSIONES
La solicitante de la salvaguarda solicitó amparar sus derechos fundamentales
antes mencionados y, en consecuencia, que se ordene lo siguiente:
1. A Colpensiones, en especial a la gerente de nómina de pensiones, que
realice los trámites internos correspondientes, con el propósito de que sea
incluida en la respectiva nómina de pensionados y se le pague el retroactivo
reconocido, en iguales condiciones a las del señor Oviedo Peralta.
2. A la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que oficie a
Colpensiones, para que aplique el fallo del 17 de agosto de 2021 y, en esos
términos, la entidad la incluya en la nómina de pensionados.
3. Se profiera una decisión con efectos ultra petita, debido a su condición de
sujeto de especial protección constitucional, en la que se ordene su
inclusión en nómina de pensionados y el pago del retroactivo al que tiene
derecho.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil.
La magistrada Ana María Charry Gaitán, presidente de la Sala de Consulta y
Servicio Civil de la corporación, solicitó la desvinculación del presente trámite o, en
su defecto, declarar la improcedencia del amparo constitucional frente a aquella.
En ese entendido, explicó que la prerrogativa para resolver un conflicto de
competencias administrativas se limita a declarar cuál es la autoridad a la que en
el ordenamiento jurídico se le ha asignado previamente la facultad para dictar un
acto administrativo; iniciar o continuar un procedimiento o, en general, ejercer la
función administrativa, en un caso particular y concreto, sin que pueda indicarse o
sugerirse el sentido de la respuesta o de la decisión que la autoridad competente
deba adoptar; la manera como deba cumplir la respectiva actuación o función
administrativa o intervenir en las etapas posteriores.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
En ese orden de ideas, sostuvo que, en el caso bajo estudio, en la decisión del 17
de agosto de 2021, no decidió sobre el reconocimiento pensional de ninguna
persona, sino cuál era la autoridad competente para conocer de la solicitud del
señor Oviedo Peralta, sin que en esa instancia fuera procedente ordenar o requerir
a la entidad declarada competente, con el propósito de que tomara acciones frente
a otras personas que no tuvieron injerencia en el asunto, máxime cuando los
efectos de la decisión de un conflicto de competencia son particulares.
Colpensiones
Malky Katrina Ferro Ahcar, directora de Asuntos Constitucionales de
Colpensiones, indicó que el 1.° de octubre de 2021 la señora Tarifa Avendaño
solicitó información sobre la Resolución 002 de 2018 y el 26 del mismo mes y año,
la resolvió, en el sentido de advertir que no era posible su inclusión en nómina de
pensionados, por falta de competencia. De otra parte, señaló que no tiene
ninguna responsabilidad frente al caso de la accionante, ya que EMPOCESAR
Ltda. en liquidación es quien debe responder por los derechos pensionales
reclamados y expedir el acto administrativo correspondiente, con la finalidad de
que la entidad pensional haga la inclusión en nómina si así corresponde.
Asimismo, advirtió que la acción constitucional es improcedente para solicitar el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas, ya que existe otro medio de
defensa y es el juez ordinario competente quien debe decidir sobre esos
pedimentos. Agregó que el juez de tutela no puede transgredir las competencias
de aquel, menos aun cuando no existe una transgresión de los derechos
reclamados y puede afectarse el patrimonio público. Por lo anterior, solicitó
denegar, por improcedentes, las pretensiones frente a Colpensiones.
EMPOCESAR Ltda. en liquidación
El señor José Agustín Mena Contreras, representante legal y gerente liquidador de
EMPOCESAR, Ltda. en liquidación, expuso que, en razón al argumento empleado
por Colpensiones en varias acciones constitucionales instauradas por diferentes
personas a las que la empresa les reconoció una pensión, sobre la falta de
notificación de los actos administrativos correspondientes, el 12 de abril de 2022
envió, a través de correspondencia certificada y correo electrónico, nuevamente
todas las resoluciones a través de las cuales resolvió las solicitudes pensionales
de sus extrabajadores o cónyuges sobrevivientes de aquellos, entre ellas, la de la
señora Alcira Leonor Tarifa Avendaño, razón por la cual no puede validarse el
argumento de la administradora.
De otra parte, manifestó que Colpensiones pretende evadir su responsabilidad en
estos casos, a pesar de que la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de
Estado determinó que es la competente para pagar las prestaciones económicas
de pensión reconocidas por parte de la empresa e incluir en nómina a los
beneficiarios, al ser una Empresa de Obras Sanitarias (empos) a la que le aplica el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
artículo 149 de la Ley 100 de 1993. Bajo lo anterior, solicitó desestimar las
pretensiones dirigidas contra EMPOCESAR Ltda. en liquidación y ordenar a la
compañía administradora de pensiones que proceda con el pago de la prestación
de la accionante.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20212, el cual regula que:
«[…] Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a
la misma Corporación (sic) y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o
Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento […]».
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:
1. ¿Colpensiones debía remitir la solicitud elevada por la señora Alcira Leonor
Tarifa Avendaño, sobre su inclusión en nómina de pensionados, a la entidad
que consideraba competente para resolverla?
2. ¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado puede oficiar a
Colpensiones, para que decida la solicitud de inclusión en nómina de la aquí
accionante?
Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
debido proceso administrativo, (II) análisis de la vulneración del debido proceso
administrativo, (III) funciones y decisiones adoptadas por la Sala de Consulta y
Servicio Civil y (IV) estudio de la inconformidad de la accionante frente a la Sala
accionada. Veamos:
• Primer problema jurídico
¿Colpensiones debía remitir la solicitud elevada por la señora Alcira Leonor Tarifa
Avendaño, sobre su inclusión en nómina de pensionados, a la entidad que
consideraba competente para resolverla?
I. Debido proceso administrativo
En el artículo 29 de la Constitución Política se determinó que el debido proceso
debe regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
trámites administrativos. En cuanto a estos últimos, debe anotarse que aquel
busca que todas las actuaciones y decisiones adoptadas por los funcionarios se
realicen con cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la
administración pública. En ese sentido, la Corte Constitucional, en uno de sus
primeros pronunciamientos sobre ese derecho1, dispuso que este debe ser
desarrollado en todas las manifestaciones de las autoridades y que los actos
administrativos deben ser dictados previo a los procedimientos y los requisitos
exigidos por la ley.
Más adelante, en la sentencia T-214 de 2004, el máximo tribunal constitucional2
definió el debido proceso administrativo como el conjunto de condiciones
impuestas a las autoridades por el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de
una secuencia de actos, cuya finalidad está previamente determinada
constitucional y legalmente y su objeto es asegurar el funcionamiento ordenado de
la administración y la validez de sus actuaciones; así como proteger los derechos
de los administrados, especialmente los de la seguridad jurídica y la defensa.
Igualmente, en la sentencia C-980 de 2010, el mencionado tribunal manifestó que
aquel es un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata en los
términos del artículo 29 de la Constitución Política y que está en armonía con los
artículos 6° y 209 de la citada disposición sobre la responsabilidad de los
servidores públicos y los principios que rigen la actividad administrativa del
Estado.
Más recientemente, la Corte Constitucional3 precisó que el debido proceso
administrativo constituye un límite al ejercicio de las funciones de las autoridades,
puesto que deben actuar dentro de los procesos previamente fijados en la ley. En
ese orden de ideas, se colige que este es un derecho fundamental que sirve como
garantía para los administrados frente a las actuaciones y decisiones adoptadas
dentro de los trámites instituidos legalmente.
II. Análisis de la vulneración del debido proceso administrativo
La señora Alcira Leonor Tarifa Avendaño solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad
social, los cuales consideró vulnerados, entre otras, por Colpensiones, ante la
negativa de esa entidad de incluirla en la nómina de pensionados, a pesar de que
la empresa EMPOCESAR, Ltda. en liquidación y ella remitieron la Resolución 002
del 14 de diciembre de 2018, correspondiéndole a la administradora referida pagar
la prestación pensional y el retroactivo correspondiente.
Pues bien, con el propósito de resolver la inconformidad de la accionante es
necesario referirse al requerimiento que efectuó ante Colpensiones y a la
1 Corte Constitucional. Sentencia T-442/1992.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-214/2004.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-051/2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
respuesta emitida por la entidad y, de esta forma, definir si esta última transgredió
algún derecho fundamental.
Revisado el expediente digital, la Subsección observa que obra copia de la
solicitud enviada el 1.° de octubre de 2021 a Colpensiones, en la que la señora
Alcira Leonor Tarifa Avendaño solicitó su inclusión en nómina y el pago del
retroactivo reconocido en la Resolución 002 del 14 de diciembre de 2018, a través
de la cual EMPOCESAR Ltda. en liquidación, le reconoció a su favor una pensión
especial y ordenó el pago de las mesadas causadas a partir del 20 de septiembre
de 2014, en virtud de la satisfacción de los presupuestos definidos en la Ley 171
de 1961 y en el Decreto 1848 de 1696.
Asimismo, se aprecia que el 26 del mismo mes y año Colpensiones, mediante
Oficio núm. 2021_11579290, emitió respuesta negativa, en los siguientes
términos:
«[…] 1. De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 149 de la Ley 100
de 1993 “Las pensiones de los beneficiarios del Fondo de Pensionados de las
Empresas Productoras de Metales Preciosos creado mediante la Ley 50 de 1990, y
las de las Empresas de Obras Sanitarias liquidadas serán pagadas en adelante por
el Instituto de Seguros Sociales, el cual también asumirá la prestación del servicio
médico asistencial siempre y cuando el pensionado cotice para salud. El Gobierno
Nacional apropiará anualmente en el presupuesto las partidas necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, y hará las correspondientes
transferencias al Instituto de Seguros Sociales.” (Subrayado fuera de texto).
2. Atendiendo la interpretación expresa que deviene del artículo 149 de la Ley 100
de 1993, es claro que, la competencia de esta administradora corresponde a las
empos que entraron en liquidación antes de la ley 100 de 1993, reportadas por el
ISS y para la fecha en que asumió la competencia como pagador el ISS no se
encuentra relacionada EMPOCESAR y no se ha realizado ninguna inclusión, porque
no corresponde a ninguna de las 12 EMPOS habilitadas para surtir trámites
relacionados con ingresos prestacionales.
3. Adicionalmente, existe otro aspecto a tener en cuenta y, es que al validar los
radicados realizado (sic) por EMPOCESAR, identificado con el Nit 892300484, no
obran solicitudes de inclusiones en nómina, toda vez que los registrados
corresponden a certificaciones de tiempos laborados.
Por lo anteriormente expuesto, a esta Administradora no le es dable incluir en
nómina de pensionados la resolución aportada por usted en calidad de apoderado
de la señora ALCIRA LEONOR TARIFA AVENDAÑO […]».
De lo transcrito, la Subsección advierte que Colpensiones atendió de manera
desfavorable la solicitud elevada por la aquí accionante, al concluir que no era
competente para asumir el pago de la pensión reconocida por EMPOCESAR Ltda.
en liquidación, porque esta no se encontraba dentro de las doce empresas
productoras de metales preciosos y empos reportadas por el ISS, como una de las
liquidadas antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, esa
respuesta no satisface los lineamientos normativos para concluir el trámite
administrativo, como se explicará a continuación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
Ciertamente, Colpensiones, al determinar que no era la autoridad competente para
asumir el pago de la pensión de la señora Alcira Leonor Tarifa Avendaño y que
debía ser EMPOCESAR Ltda. en liquidación, la que tramitara esa solicitud e
incluyera en nómina a la beneficiaria, debió remitir la solicitud elevada, conforme al
artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, pero no lo hizo así. Además, en caso de que la
sociedad mencionada considerara que no era la encargada de emitir una decisión
que resolviera de fondo lo pretendido por la solicitante de la salvaguarda, podría,
eventualmente, proponer un conflicto de competencia administrativa, de acuerdo a
la norma precitada, con el propósito de que la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado dirimiera si le corresponde a Colpensiones o a EMPOCESAR
Ltda. resolver sobre la inclusión en nómina de la señora Tarifa Avendaño.
Por lo anterior, la Subsección avizora que Colpensiones tenía la obligación de
remitir la solicitud elevada por la señora Alcira Leonor Tarifa Avendaño, sobre su
inclusión en nómina de pensionados, a la entidad que estimaba competente para
resolverla, pero no podía simplemente señalar que no lo era y declarar que no
tenía ningún trámite pendiente frente a la peticionaria.
Así las cosas, se concluye que la entidad mencionada vulneró el derecho
fundamental al debido proceso administrativo de la accionante y, en ese orden, se
ordenará a Colpensiones que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia, remita, a
EMPOCESAR, Ltda. en liquidación o a la entidad a la que estime competente, la
solicitud elevada por la señora Alcira Leonor Tarifa Avendaño, relacionada con el
pago de la pensión especial reconocida a su favor y la inclusión en nómina, para
que sea decidida o, en caso de que exista, sea declarado el respectivo conflicto
negativo de competencia administrativa.
• Segundo problema jurídico
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado puede oficiar a
Colpensiones, para que decida la solicitud de inclusión en nómina de la aquí
accionante?
III. Funciones y decisiones adoptadas por la Sala de Consulta y Servicio Civil
El Consejo de Estado es el tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y el cuerpo supremo consultivo del Gobierno, de acuerdo con el
artículo 237 constitucional. Esta corporación ejerce sus funciones a través de tres
salas: la plena, la contenciosa administrativa y la de Consulta y Servicio Civil, de
conformidad con el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011.
Esta última, de relevancia para el caso bajo estudio, está integrada por cuatro
magistrados, quienes no ejercen funciones jurisdiccionales y, en esa medida, no
dictan providencias judiciales. La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene dos
atribuciones principales, además de otras asignadas en la ley, estas son: 1. Rendir
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
conceptos para resolver consultas particulares y generales formuladas por el
Gobierno Nacional y 2. Solucionar los conflictos negativos de competencia
suscitados entre entidades administrativas.
En relación con las decisiones que se adoptan para resolver los mencionados
conflictos, en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 se regula el procedimiento que
debe seguirse. En efecto, se prevé que la autoridad que se considere
incompetente para decidir una solicitud debe remitirla al competente y si esta
tampoco estima serlo está en el deber de enviarla a la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, cuando el conflicto sea entre autoridades nacionales
o entre estas y autoridades territoriales.
Una vez recibida la petición en la Secretaría, se comunica a las entidades y a los
particulares involucrados, se fija un edicto por el término de 5 días. Vencido aquel,
la Sala decidirá, dentro de los 20 días siguientes. Los pronunciamientos
efectuados por la Sala, en virtud de esta prerrogativa, son decisiones vinculantes
que definen la competencia administrativa, con la finalidad de garantizar un mejor
cumplimiento de las funciones impuestas a las entidades.
IV. Estudio de la inconformidad de la accionante frente a la Sala accionada
La señora Tarifa Avendaño indicó que la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado transgredió su derecho fundamental al debido proceso,
comoquiera que, al decidir el conflicto de competencia que se presentó entre
Colpensiones y EMPOCESAR Ltda. en liquidación, frente a la solicitud elevada por
el señor Juan Antonio Oviedo Peralta, no extendió los efectos de esa decisión a
todas las solicitudes pensionales de los extrabajadores de esa empresa
pendientes de decisión. En consecuencia, requirió ordenar a la Sala mencionada
que oficiara a Colpensiones, con el propósito de que asumiera el conocimiento de
su solicitud de inclusión en nómina de pensionados, de acuerdo con lo expuesto
en la decisión del 17 de agosto de 2021, en el caso referenciado.
Pues bien, la Subsección advierte que el 17 de agosto de 2021 la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimió el conflicto de competencia
entre la UGPP, Colpensiones y EMPOCESAR Ltda. en liquidación, en relación con
la solicitud de pago de la pensión especial reconocida en favor del señor Juan
Antonio Oviedo Peralta y, en ese sentido, resolvió que la segunda de ellas era la
encargada de decidir sobre el reconocimiento pensional, en virtud del artículo 149
de la Ley 100 de 1993, y teniendo en cuenta que la sociedad entró en liquidación
antes de la entrada en vigencia de la norma citada.
De lo anterior, se sigue que la decisión adoptada por esa corporación se limitó a
resolver el conflicto negativo de competencia administrativa suscitado entre las
entidades antes referidas, lo cual efectuó en atención al mandato del artículo 39
de la Ley 1437 de 2011. En esa medida, como bien lo consignó aquella, en la
respuesta del presente trámite constitucional, los argumentos allí expuestos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
aplican exclusivamente al caso particular y no pueden extenderse a otros asuntos,
puesto que aquellas no tienen ese alcance.
Adicionalmente, la Subsección avizora que, como se explicó en el capítulo
anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil tiene a su cargo dos funciones
principales, la primera, rendir conceptos frente a las consultas formuladas por el
ejecutivo y, la segunda, dirimir los conflictos negativos de competencia, pero no
tiene atribuciones para requerir, oficiar o exhortar a ninguna entidad administrativa,
con el propósito de que realice alguna gestión o se abstenga de hacerlo. Por esa
razón, no es posible acceder a lo solicitado por la señora Tarifa Avendaño.
Por último, se destaca que el amparo concedido en el caso concreto conlleva que
Colpensiones remita la solicitud pensional elevada a EMPOCESAR, Ltda. en
liquidación o a la entidad que considera es la competente para resolverla y, de
esta forma, en caso de que exista un conflicto de competencias, este sea
declarado y la actuación se remita a la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, con el fin de que se defina cuál es la competente para
decidirla.
Así las cosas, la Subsección concluye que a la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado no le corresponde oficiar a Colpensiones, para que decida
la solicitud de inclusión en nómina de la aquí accionante, razón por la cual debe
negarse el amparo invocado frente a aquella. Por consiguiente, se negará la
pretensión relacionada con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.
Ahora, conforme a lo expuesto inicialmente en este proveído, se amparará el
derecho fundamental al debido proceso administrativo de la señora Alcira Leonor
Tarifa Avendaño, frente a la acción de tutela promovida en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y, en consecuencia, se
le ordenará que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la ejecutoria de la presente providencia, remita, a EMPOCESAR, Ltda. en
liquidación o a la entidad a la que considere competente, la solicitud elevada por la
accionante, relacionada con la inclusión en nómina y el pago de la pensión
especial reconocida a su favor, para que sea decidida o, en caso de que exista,
sea declarado el respectivo conflicto negativo de competencia administrativa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA
Primero: Amparar el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la
señora Alcira Leonor Tarifa Avendaño, frente a la acción de tutela promovida en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y negar el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 79 1- 0 0
Ac c io n a nt e: A lc i ra L e on or T ar i fa Av e n da ñ o
amparo constitucional invocado por la accionante, a través de la solicitud elevada
respecto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, remita, a EMPOCESAR, Ltda. en liquidación o a la
entidad a la que considere competente, la solicitud elevada por la accionante,
relacionada con la inclusión en nómina y el pago de la pensión especial
reconocida a su favor, para que sea decidida o, en caso de que exista, sea
declarado el respectivo conflicto negativo de competencia administrativa.
Tercero: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Quinto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
LYGR
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.