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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01809-00

Carácter general: se declara improcedente – el accionante

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01809-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de julio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-03200-00, C.P. Alexander Jojoa Bolaños (e). 10 Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00 Accionante: José Antonio Duque Beltrán la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01809-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00
Accionante: JOSÉ ANTONIO DUQUE BELTRÁN
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
CARÁCTER GENERAL – se declara improcedente – el accionante
dispone de otro medio de defensa judicial para la salvaguarda de
los derechos fundamentales que aduce transgredidos con la
expedición de los actos administrativos acusados y no demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención
del juez constitucional como mecanismo transitorio

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano José Antonio
Duque Beltrán en contra del Presidente de la República1, del Ministerio del
Interior y del Consejo Superior de la Judicatura.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano José Antonio Duque Beltrán solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la «VIDA DIGNA, AUTONOMIA Y LIBERTAD, IGUALDAD, NO
DISCRIMINACION, LOCOMOCION, REUNION Y ASOCIACION, LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD, LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE CULTO, USO Y GOCE DEL
ESPACIO PUBLICO, DERECHO AL TRABAJO Y LIBERTAD DE PROFESION, MINIMO
VITAL, OBJECION DE CONCIENCIA Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA», cuya vulneración le atribuyó: i) a la Presidencia de la República y al
Ministerio del Interior como consecuencia de la expedición del Decreto 1615 de
2021, y ii) al Consejo Superior de la Judicatura por haber expedido el Acuerdo
PCSJA22-11930 de 25 de febrero de 2022.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, a través del Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021,
se dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de
bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad coronavirus Covid-19, para eventos presenciales que impliquen

1
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00
Accionante: José Antonio Duque Beltrán

asistencia masiva y para el ingreso a «bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias».

2.2. Afirmó que, con fundamento en lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió el Acuerdo PCSJA22-11930 de 25 de febrero de 2022, mediante el cual,
según su juicio, se «prohíbe el ingreso y permanencia en las sedes judiciales del
país, si no se cuenta con el esquema de vacunación».

2.3. Señaló que: «las disposiciones en cita y otras que se han expedido por diversas
autoridades, constituyen el acta de defunción del individuo, como categoría real,
humana y jurídica, pues queda reducida su autonomía, libertad y dignidad a simples
cenizas, ya que se le excluye y segrega de la vida social, política, económica y
cultural, a través de una disposición típica de estados totalitarios, autoritarios y
dictatoriales, lo que las convierten en decisiones arbitrarias, desproporcionadas e
irracionales».

2.4. Adujoque el Decreto 1615 de 2021 «no es mas que una velada pena, se
punitiviza y estimagtiza al individuo no vacunado, se le impone una marca, se le
expone a la picota y al escarnio público, se le condena al ostracismo, se le
destierra y se le desarraiga de su dimensión espacio-temporal, de su espacio vital,
de su hogar y de la sociedad». (sic en toda la cita)

2.5. Indicó que el Decreto enjuiciado constituye «una típica elusión normativa, pues
la regulación de los derechos fundamentales requiere de una ley estatutaria y no
de un simple Decreto como el que se acusa aquí».

2.6. Puntualizó que: «en virtud del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, no
se me permite el ingreso a los Juzgados, restringiéndose mi ejercicio profesional
como abogado, actividad de la cual derivo mi sustento e imposibilitándome la
gestión e inmediación de los procesos que adelanto y que pueda adelantar en un
futuro».

III. PRETENSIONES

3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: DECLARAR. Vulnerados y violados mis derechos humanos,
fundamentales y libertades individuales.

SEGUNDO: DECLARAR. Sin valor ni efecto las disposiciones indicadas y
demás que se hayan expedido en tal sentido.

TERCERO: ADVERTIR. Al Ejecutivo que, en lo sucesivo, se abstenga de
continuar practicando la elusión normativa por vía de Decretos y se remita al
procedimiento de Ley para la presentación, tramite, debate, expedición,

3

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Accionante: José Antonio Duque Beltrán

promulgación y sanción de Leyes Estatutarias que regulan los derechos
fundamentales.

CUARTO: EXHORTAR. A las organizaciones públicas y privadas,
autoridades, servidores públicos y personas naturales, para que se abstengan
de vulnerar los derechos humanos y fundamentales, como de discriminar y
limitar las libertades individuales por acción y/u omisión de las personas no
vacunadas.

QUINTO: DECLARAR. Que la ratio decidendi de la sentencia, tiene efectos
erga omnes. […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que inicialmente tuvo
a su cargo la sustanciación de este proceso, mediante auto de 29 de marzo de
20222, remitió el expediente de la referencia con el propósito de que se resolviera
de su acumulación al proceso con radicado número 11001-03-15-000-2021-
07578-00 (Actora: Ana de Jesús Gallo).

5. El presente expediente fue remitido e ingresó al Despacho del magistrado que
actúa como ponente en esta providencia el 7 de abril de 20223.

6. Mediante auto de 8 de abril de 20224, el Despacho sustanciador del proceso
resolvió: (i) negar la acumulación de la presente acción de tutela al expediente
11001-03-15-000-2021-07578-00 (Actora: Ana de Jesús Gallo); (ii) admitir el
mecanismo de amparo de la referencia, (iii) negar la medida provisional solicitada
por el accionante, y (iv) vincular al Departamento Administrativo de la Función
Pública, a los ministerios de Salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo, como terceros con interés en el resultado del proceso.

V. INTERVENCIONES

7. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se
produjeron las siguientes intervenciones:

7.1. El Presidente de la República, a través de apoderado judicial, rindió informe
en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la transmisión del virus y
entornos de mayor riesgo; iv) la efectividad y seguridad de las vacunas; v) la
inmunidad de rebaño; vi) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas
coberturas de vacunación para evitar nuevos picos; vii) Seguridad de las vacunas;
viii) el certificado de vacunación; y ix) el aumento de casos de Covid-19 en niños
(as) y adolescentes.

2
Índice 4 del aplicativo Samai.
3
Índice 9 del aplicativo Samai.
4
Índice 10 del aplicativo Samai.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00
Accionante: José Antonio Duque Beltrán

7.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que:

[…] 1. La parte accionante sí cuenta con un mecanismo de defensa judicial
que le permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1615
de 2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa
administrativa.

2. Con la expedición del Decreto 1615 de 2021, se fijan restricciones
razonables para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte
la vida del resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos
de pandemia. Es decir, que la norma impugnada propende por la protección
de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en
Colombia, por cuanto procura la garantía de derechos como la protección a la
vida y la salud.

3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1615 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares
[…].

7.3. Ensustento de lo anterior, puso de presente que la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia de 14 de febrero de 2022, resolvió declarar
improcedente las acciones de tutela que pretendían dejar sin efectos el Decreto
1615 de 2021, por lo que en aras de «garantizar el respeto al precedente judicial,
la acción de tutela presentada por la parte actora debe ser resuelta en el mismo
sentido en el que ya se pronunció el Consejo de Estado sobre este asunto».

7.4. Conbase en los argumentos expuestos, solicitó declarar improcedente el
presente mecanismo de amparo ante el incumplimiento del requisito atinente a la
subsidiariedad.

7.5. Losministerios del Interior, de Salud y Protección Social, de Comercio,
Industria y Turismo, por intermedio de sus apoderados judiciales y a través de
escritos separados, rindieron informes en los que plasmaron argumentos
coincidentes con aquellos expuestos por el Presidente de la República e,
igualmente, solicitaron que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia o que, en su defecto, el mismo se negara, ante la ausencia de
vulneración de los derechos que se afirman transgredidos.

7.6. Eldirector del Departamento Administrativo de la Función Pública rindió
informe en el que solicitó que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia, en tanto que, de conformidad «con lo establecido en el numeral 5
del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, según el cual “la acción de tutela no
procederá cuando se controviertan actos de carácter general, impersonal y
abstracto”, como lo es el Decreto 1615 de 2021».

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00
Accionante: José Antonio Duque Beltrán

7.7. Pusode presente que el actor no acredita la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la intervención del juez de tutela, ya que no allegó ni
siquiera prueba sumaria de la supuesta afectación de sus derechos
fundamentales.

7.8. Por lo anterior, concluyó que: «Las reclamaciones del accionante, en razón a su
naturaleza deben ser resueltas en ejercicio de las acciones o medios ordinarios de
defensa, con solicitud de suspensión de los efectos jurídicos del Decreto 1615 de
2021».

7.9. El Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de la magistrada auxiliar
del despacho de la presidencia de la entidad, rindió informe en el que advirtió que
la presente solicitud de amparo no satisface el requisito general de procedibilidad
atinente a la subsidiariedad.

7.10. Ello en razón a que «el actor dilucida su inconformidad por la expedición del
Acuerdo PCSJA22-11930 del 2022, la actual postulación es improcedente,
atendiendo su carácter eminentemente subsidiario, como quiera que el legislador
previó otros mecanismos expeditos para controvertir esta clase de
manifestaciones de voluntad de la administración. Concretamente, por vía de la
acción de nulidad, contenida en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo, donde se tiene la garantía de poder emplear todas las
herramientas que la jurisdicción contenciosa avala para postular las controversias
que se puedan generar con actos como el cuestionado».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

8. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse respecto de la presente
acción de tutela, en virtud de lo previsto en el artíuclo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00
Accionante: José Antonio Duque Beltrán

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
general.

b) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora como consecuencia de la expedición del
Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021 y del Acuerdo
PCSJA22-11930 de 25 de febrero de 2022.

10. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, para posteriormente proceder a ii) resolver el
caso concreto.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter general

11. Sobre el particular, la Sala advierte que, por regla general, la acción de tutela no
procede para controvertir actos administrativos de carácter general, por expresa
disposición del numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, cuyo
tenor literal dice lo siguiente:

[…] ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:

(…)

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]

12. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional7 ha sido
reiterativa en sostener lo siguiente:

[…] en relación con la acción de tutela frente a actos dotados de carácter
general, impersonal y abstracto, ha sido abundante la jurisprudencia
constitucional que ha señalado la improcedencia de la misma para controvertir
tal modalidad de actos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, e independientemente del contenido de los
mismos. Lo anterior, obedece justamente a la necesidad de que el
mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales mantenga su
naturaleza como un medio de defensa judicial subsidiario y residual, y
que se conserve el orden regular de asignación de competencias a las
jurisdicciones, en aras de asegurar la plena vigencia del principio de
seguridad jurídica […]8. (Se destaca)

7
Ver, entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de 2005, T-435
de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
8
Sentencia SU 037 de 2009, proferida por la Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00
Accionante: José Antonio Duque Beltrán

13. Lamisma jurisprudencia de la Corte Constitucional9 ha reconocido que, en
algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, siempre y cuando «se trate de conjurar la
posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible
establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y
abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una
persona determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer
uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para
el caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce
la decisión de fondo por parte del juez competente»10. (negrillas originales del texto citado)

14. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

15. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:

[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados
[…].11

16. Así las cosas, resulta dable concluir que, en principio, la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos de carácter
general, a menos de que se esté en presencia de una flagrante vulneración de
derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procedería el amparo de manera transitoria.

VI.4. Caso concreto

17. El
ciudadano José Antonio Duque Beltrán solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la «VIDA DIGNA, AUTONOMIA Y LIBERTAD, IGUALDAD,
NO DISCRIMINACION, LOCOMOCION, REUNION Y ASOCIACION, LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE CULTO,
USO Y GOCE DEL ESPACIO PUBLICO, DERECHO AL TRABAJO Y LIBERTAD DE
PROFESION, MINIMO VITAL, OBJECION DE CONCIENCIA Y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA», cuya vulneración le atribuyó: i) a la Presidencia
de la República y al Ministerio del Interior como consecuencia de la expedición

9
Ibidem.
10
Sentencia C-132 de 2018, proferida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
11
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00
Accionante: José Antonio Duque Beltrán

del Decreto 1615 de 2021, y ii) al Consejo Superior de la Judicatura por haber
expedido el Acuerdo PCSJA22-11930 de 25 de febrero de 2022.

VI.4.1. La improcedencia de la acción de tutela en el caso sub examine.

18. Sobre el particular, es de recordar que, tal como se señaló en el acápite VI.3. de
esta providencia, tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la de la Corte
Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos administrativos
de carácter general debido a que los asociados cuentan con distintos medios de
defensa, como lo son: el medio de control de nulidad e incluso el de nulidad por
inconstitucionalidad, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según se afirma,
lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

19. Partiendo de la anterior premisa y comoquiera que la parte actora le atribuye la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales tanto al Decreto número
1615 de 2021 como al Acuerdo PCSJA22-11930 de 25 de febrero de 2022, la Sala
advierte que dichos actos administrativos son pasibles de control judicial, a través
del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011,
por lo que es innegable que dispone de otro medio de defensa para solicitar la
protección de los derechos fundamentales que aduce como transgredidos.

20. Tan cierto es lo anterior que, en cuanto al Decreto 1615 de 2021 se refiere,
actualmente cursan en esta Sección 15 demandas que buscan dejar sin efectos tal
acto administrativo, siendo la primera en ser admitida la promovida por el señor
José Ignacio Morales Arriaga, con radicación 11001-03-24-000-2021-00884-
0012, proceso en el que el demandante solicitó medida provisional, la cual fue
negada mediante auto de 23 de febrero de 2022; providencia que en su parte
resolutiva es del siguiente tenor:

[…] DENEGAR la suspensión provisional de los provisional de los efectos
jurídicos de los artículos: 2° -parágrafos del 1 al 3- y 3° del Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021, acto administrativo suscrito por el Presidente de
la República, el Ministro del Interior, el Viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud y Protección Social, la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo y el Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública […].

21. En ese contexto, la Sala de Decisión advierte que, tal como se consideró en
reciente pronunciamiento de 14 de febrero de 202213 -cuyo objeto era que se dejara sin
efectos un acto administrativo de carácter general (Decreto 1615 de 2021)-,
la presente
solicitud de amparo deviene improcedente porque la parte accionante cuenta con

12
Fue admitida mediante auto de 15 de diciembre de 2021, por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Expediente 11001-03-15-000-2021-10157-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00
Accionante: José Antonio Duque Beltrán

otro medio de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad,
oportunidad en la que, se reitera, podrá solicitar el decreto de medidas cautelares.

22. Sumado a ello, debe resaltarse que, tal como lo expuso la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación en pronunciamiento de 16 de julio de 2021,
«la acción de amparo no es procedente por el simple hecho de que su resultado
pueda ser más ágil y rápido, pues aceptar dicha tesis implicaría desnaturalizar su
sentido y alcance, de ahí que si el juez evidencia que existen otros mecanismos
de defensa judiciales y que su fin no es evitar un perjuicio irremediable, está
llamado a declarar la improcedencia de la tutela»14.

23. Adicionalmente, y en lo que se refiere al argumento del actor según el cual el
Acuerdo PCSJA22-11930 de 25 de febrero de 2022, expedido por el Consejo
Superior de la Judicial, transgrede sus garantías fundamentales porque
supuestamente restringe su ejercicio de la profesión de abogado, debe resaltarse
que el servicio de justicia se está garantizando a través de medios tecnológicos,
por lo que exigir el carné de vacunación para acceder a las sedes físicas de los
despachos judiciales del país, prima facie, no limita los derechos de los abogados
ni de los usuarios.

24. En conclusión, la Sala advierte que en el sub examine no se demostró que el
perjuicio irremediable alegado no podía ser protegido en forma oportuna a través
del medio de defensa judicial ordinario, motivo por el cual el juez constitucional no
puede reemplazar al juez natural de la causa y, en ese sentido, no puede
adentrarse en el fondo del presente asunto.

25. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala de Decisión declarará
la improcedencia del mecanismo de amparo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de julio de
2021, expediente 11001-03-15-000-2021-03200-00, C.P. Alexander Jojoa Bolaños (e).

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-00
Accionante: José Antonio Duque Beltrán

la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
P:(18)

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