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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01809-01

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01809-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 11001-03-15-000-2022-01809-01 Demandante: José Antonio Duque Beltrán Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01809-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

17 de junio de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01809-01
Demandante: José Antonio Duque Beltrán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01809-01
Demandante: José Antonio Duque Beltrán
Demandado: Presidencia de la República y otros

Temas: Tutela contra actos administrativos de contenido general.
Incumplimiento de requisito de procedencia. Subsidiariedad de la
acción. No se acredita perjuicio irremediable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
tutela del 28 de abril de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera,
que declaró improcedente la acción.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor José Antonio Duque Beltrán, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la autonomía, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, a la
locomoción, a la reunión y asociación, al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad de conciencia y culto, al uso y goce del espacio público, al trabajo, a la

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Demandante: José Antonio Duque Beltrán

libertad de profesión, al mínimo vital, a la objeción de conciencia y al acceso a la
administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos el Decreto 1615
de 2021, expedido por el Gobierno nacional, así como el Acuerdo PCSJA22-11930 del
2022, del Consejo Superior de la Judicatura; se advierta al ejecutivo que, en lo
sucesivo, se abstenga de continuar practicando la elusión normativa por vía de
decretos y se remita al procedimiento de ley para la presentación, trámite, debate,
expedición, promulgación y sanción de leyes estatutarias que regulan los derechos
fundamentales; se exhorte a las organizaciones públicas y privadas, autoridades,
servidores públicos y personas naturales para que se abstengan de vulnerar los
derechos humanos y fundamentales, como de discriminar y limitar las libertades
individuales por acción y/u omisión de las personas no vacunadas; y se declare que
la ratio decidendi de la sentencia tiene efectos erga omnes.

Como medida provisional solicitó que se suspenda de manera provisional el Decreto
1615 de 2021 del Gobierno Nacional y el Acuerdo PCSJA22-11930 del 2022 del
Consejo Superior de la Judicatura, así como cualquier otro acto y/o decisión
prohibitoria y restrictiva de los derechos fundamentales y libertades individuales de
los no vacunados contra el COVID-19.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Mediante el Decreto 1615 de 2021, derogatorio del Decreto 1408 del 2021, el
Gobierno Nacional estableció que ninguna persona podrá asistir a ningún evento
público y privado de carácter masivo sin el carnet de vacunación de COVID-19.

ii) Dado lo anterior, a través del Acuerdo PCSJA22-11930 del 2022, el Consejo
Superior de la Judicatura prohibió el ingreso y permanencia en las sedes judiciales
del país, sino se contaba con el esquema de vacunación.

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Demandante: José Antonio Duque Beltrán

iii) Presentó acción de tutela contra el Decreto 1408 de 2021, que se tramitó con el
radicado 11001-03-15-000-2021-08016-00, acumulada a otra con radicado 11001-
03-15-000-2021-07948-00, resueltas mediante fallo del 21 de febrero 2022, en el que
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, habida cuenta de la derogatoria del Decreto 1408 del 3 de
noviembre de 2021.

iv) Comoquiera que dicha sentencia no fue impugnada, que se trata de hechos
nuevos y que no existe cosa juzgada en el asunto, interpone la presente acción.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

El accionante presentó como fundamentos de tutela los siguientes:

Las disposiciones en cita y otras que se han expedido por diversas autoridades,
constituyen el acta de defunción del individuo, como categoría real, humana y jurídica,
pues queda reducida su autonomía, libertad y dignidad a simples cenizas, ya que se le
excluye y segrega de la vida social, política, económica y cultural, a través de una
disposición típica de estados totalitarios, autoritarios y dictatoriales, lo que las
convierten en decisiones arbitrarias, desproporcionadas e irracionales.

[…] Esta situación, constituye una perplejidad y una paradoja en sí misma, un absurdo
y un contrasentido evidente: como ser y poder ser, sin poder estar.

Se ha erigido e institucionalizado por esta vía, una discriminación y una segregación
injustificada para los individuos no vacunados, pues quedarían confinados y guetizados
en el limbo, es decir; sin derecho de existir y coexistir en la dimensión espacio-temporal
pública y privada, no ser y no estar, no tener y no haber, lo que equivaldría a decir:
estar muerto en vida.

[…] Esta disposición no es más que una velada pena, se punitiviza y estimagtiza al
individuo no vacunado, se le impone una marca, se le expone a la picota y al escarnio
público, se le condena al ostracismo, se le destierra y se le desarraiga de su dimensión
espacio-temporal, de su espacio vital, de su hogar y de la sociedad.

Todo esto prohibido por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, constituye este
Decreto una típica elusión normativa, pues la regulación de los derechos
fundamentales requiere de una ley estatutaria y no de un simple Decreto como el que
se acusa aquí.

[…] Así mismo se viola la intangibilidad de los derechos humanos y derechos
fundamentales en los estados de excepción, a voces del artículo 93 de la C.N., como la
voluntariedad de la vacunación, a no ser coaccionado para recibir tratamiento médico,
a la prohibición de la experimentación de vacunas, medicamentos y drogas en seres
humanos, a la falta de responsabilidad civil contractual y extracontractual de las
farmacéuticas y del Estado ante efectos colaterales, secundarios, adversos y la muerte
que pueda producir las vacunas en los pacientes inoculados, ya se mantendrán

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Demandante: José Antonio Duque Beltrán

indemnes ante cualquier daño a la salud y a la vida que se genere a potenciales
víctimas.

Sea agregar que, en virtud del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura no se me
permite el ingreso a los juzgados, restringiéndose mi ejercicio profesional como
abogado, actividad de la cual derivo mi sustento e imposibilitándome la gestión e
inmediación de los procesos que adelanto y que pueda adelantar en un futuro.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 29 de marzo de 2022, el consejero Julio Roberto Piza
Rodríguez remitió el proceso al despacho del consejero Roberto Augusto Serrato
Valdés, para que decidiera sobre la posible acumulación del asunto a la acción de
tutela con radicación 11001-03-15-000-2021-07578-00.

1.2.2. A través de auto del 8 de abril de 2022, el consejero Roberto Augusto Serrato
Valdés negó la solicitud de acumulación, toda vez que en el expediente 11001-03-
15-000-2021-07578-00 se dictó sentencia el 17 de enero de 2022; sin embargo
avocó el conocimiento del asunto, al cumplirse los supuestos del artículo 2.2.3.1.3.1
del Decreto 1834 de 2015, esto es, en aras de garantizar de que frente a una misma
situación de hecho no se produzca una decisión disímil en detrimento de la seguridad
jurídica y la igualdad.

En consecuencia, admitió la acción de tutela; negó la medida provisional presentada
por el accionante; ordenó notificar del proveído al presidente de la República, al
ministro del Interior, al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y al agente
del Ministerio Público para que en el término de dos días rindieran informe sobre el
particular; vinculó al trámite al director del Departamento Administrativo de la
Función Pública, a los ministros de Salud y Protección Social, y de Comercio,
Industria y Turismo, como terceros con interés en las resultas del proceso, y ordenó
remitirles copia de la solicitud de tutela, para que en el término de dos días se
pronunciaran en el asunto.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la

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Demandante: José Antonio Duque Beltrán

República presentaron el mismo escrito de contestación a la acción de tutela en el
que solicitaron negar por improcedente el amparo, dado lo siguiente:

i) El Decreto objeto de debate es una norma de carácter general, impersonal y
abstracto, lo cual ubica la controversia constitucional en el numeral 5º del artículo 6
del Decreto Ley 2591 de 1991, según el cual la acción de tutela es prima facie
improcedente, pues el accionante tiene un mecanismo de defensa judicial ordinario
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como es el medio de control de
simple nulidad, para controvertir los actos administrativos que ahora censura.

ii) Además, en el caso particular y concreto no se advierte que la exigencia de la
certificación de vacunación sea una medida que obliga a la inoculación, por el
contrario, se establecen excepciones que garantizan, pese a lo enunciado por quien
acciona, su vida como sujeto de derechos. Cosa distinta es que ante la incapacidad
de algunos sujetos de cumplir con el acto humano de la solidaridad en situación
actual como el de pandemia, el Estado esté obligado a restringir de manera
proporcional, razonable, ética y jurídica sus derechos, para dar paso a la garantía de
la vida y salud de todos los colombianos y residentes. Luego entonces, no se
acredita o demuestra que la vulneración de los derechos fundamentales sea una
afectación directa y subjetiva, así como tampoco que con la entrada en vigor del
Decreto 1408 de 2021, se genere un perjuicio irremediable inminente, urgente, cierto
e impostergable.

iii) Con la medida que se adopta no se está afectando la subsistencia de la parte
actora ni de ninguno de los coasociados, comoquiera que la exigencia del carné de
vacunación para asistir a lugares como: bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, actividades de ocio y, en
general, lugares de alta conglomeración, no afectan, en el marco de una pandemia
—donde incluso la totalidad de los ciudadanos debieron restringir la movilidad de
manera total— la subsistencia de los seres humanos.

1.3.2. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Oficina del despacho de
la presidencia, solicitó declarar improcedente la acción. Argumentó lo siguiente:

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Demandante: José Antonio Duque Beltrán

i) El actor dilucida su inconformidad por la expedición del Acuerdo PCSJA22-11930 de
2022, acto de carácter general, impersonal y abstracto que no se dirige a alguien en
particular, por lo que sus efectos no pueden, en principio, ser objeto de reclamo y
control judicial por vía de amparo constitucional.

ii) La acción de tutela es improcedente, dado su carácter eminentemente subsidiario,
comoquiera que el legislador previó otros mecanismos expeditos para controvertir
esta clase de manifestaciones de voluntad de la administración, concretamente, por
vía de la acción de nulidad, contenida en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo, en la que se tiene la garantía de emplear todas las herramientas que
la jurisdicción contenciosa avala para postular las controversias que se puedan
generar con actos como el cuestionado; entre ellas, la de suspensión provisional, a
voces del apartado 229 ejusdem.

1.3.3. El Departamento Administrativo de la Función Pública, por intermedio del
director Jurídico, solicitó declarar improcedente la acción, en atención a lo siguiente:

i) La acción de tutela no procede cuando se controviertan actos de carácter general,
impersonal y abstracto, por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad y,
además, en el caso no se vislumbra la ocurrencia de un perjuicio irremediable, de
manera que el amparo es improcedente como mecanismo transitorio, máxime
cuando el objeto del Decreto 1615 de 2021 es el de impartir instrucciones en virtud
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID- 19.

ii) Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para conjurar la pandemia del
COVID-19, entre ellas la expedición del Decreto 1615 de 2021, constituyen un actuar

legítimo del Presidente de la Republica, de conformidad con sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo
189, los artículos 303 y 315 de la Constitución Política y el artículo 199 de la Ley
1801 de 2016, por lo que el Departamento Administrativo de la Función Pública no
tiene injerencia alguna sobre los hechos argüidos en el contexto de la demanda.

1.4. Sentencia impugnada

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Mediante sentencia del 28 de abril de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró improcedente la acción, en atención a los siguientes considerandos:

i) Los actos administrativos objeto de controversia son pasibles de control judicial, a
través del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, por lo que el accionante dispone de otro medio de defensa para solicitar la
protección de los derechos fundamentales que aduce como transgredidos,
oportunidad en la que puede solicitar el decreto de medidas cautelares.

ii) Tan cierto es lo anterior que contra el Decreto 1615 de 2021 cursan, actualmente,
en la Sección Primera, 15 demandas de nulidad que buscan dejar sin efectos dicho
acto administrativo, siendo la primera en ser admitida la promovida por el señor José
Ignacio Morales Arriaga, con radicación 11001-03-24-000-2021-00884-00, proceso
en el que el demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de
los artículos: 2, parágrafos del 1 al 3, y 3 del Decreto 1615 de 30 de noviembre de
2021, y que mediante auto del 23 de febrero de 2022 fuere negada.

iii) Por lo tanto, tal como se consideró en reciente pronunciamiento del 14 de febrero
de 2022, en la acción de tutela con radicación 11001-03-15-000-2021-10157-00, en
la que también se pretendió que se dejara sin efectos el Decreto 1615 de 2021, la
solicitud de amparo deviene en improcedente porque la parte accionante cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial.

iv) Y en lo que se refiere al argumento del actor según el cual el Acuerdo PCSJA22-
11930 de 25 de febrero de 2022, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
transgrede sus garantías fundamentales porque supuestamente restringe su ejercicio
de la profesión de abogado, debe resaltarse que el servicio de justicia se está
garantizando a través de medios tecnológicos, por lo que exigir el carné de
vacunación para acceder a las sedes físicas de los despachos judiciales del país,
prima facie, no limita los derechos de los abogados ni de los usuarios.

1.5. Impugnación

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El accionante impugnó la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y,
en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela. Para dichos efectos, reiteró los
argumentos expuestos en el libelo y agregó los siguientes:

i) En virtud del principio de eficacia directa de la Constitución y del precedente
jurisprudencial establecido en la ratio decidendi de la sentencia T-365 de 2017, cuyos
efectos son erga omnes, es dable considerar que el medio de control de nulidad es
ineficaz para conjurar la violación a los derechos fundamentales invocados, al ser un
hecho notorio y de público conocimiento que la congestión de la Rama Judicial hace
tardía las decisiones puestas en consideración de la jurisdicción ordinaria y de lo
contencioso administrativo.

ii) El Acuerdo demandado parte del supuesto errado de que se garantiza el acceso a
la administración de justicia con la llamada justicia digital y, que con ella, se
reemplaza la presencialidad física de la administración de justicia, lo cual está
alejado de la realidad, pues es sabido que muchos de los expediente judiciales no se
encuentran digitalizados y cargados en aplicativos tales como el TYBA, de suerte que
para poder tener acceso al expediente judicial es obligación acudir de manera
presencial al despacho para poder revisarlo, lo cual no se puede hacer por la
cortapisa impuesta en el Acuerdo acusado, al exigirse el esquema completo de
vacunación para ingresar a la sede judicial.

iii) La falta de inmediación con los expedientes es una barrera de acceso a la
administración de justicia y un impedimento grave para la gestión, trámite y
sustanciación de los procesos por parte de los abogados, toda vez que se ha llegado
al absurdo de que ni siquiera se permite el ingreso a la oficina judicial para hacer un
simple trámite como la presentación personal de la firma en un memorial y/o poder,
lo cual tampoco se puede hacer de manera virtual por cuanto la Rama Judicial no
tiene una aplicación habilitada para ello.

iv) Aunado a ello, se unen los problemas que se presentan en las regiones y/o
periferias del país en las que existe una brecha tecnológica, digital y de servicios
públicos, asociados con la falta de conectividad, falla en la continuidad y calidad del
servicio de internet, así como problemas vinculados a la falta de suministro y cortes

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de energía que afectan seriamente la virtualidad de la justicia y que hace artificiosa la
garantía de acceso al servicio de justicia a través de medios tecnológicos. Las
realidades del país no son uniformes y existen asimetrías entre las regiones
geográficas, en cuanto al acceso a servicios públicos, entre ellos, los servicios
públicos domiciliarios.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Primera de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir actos administrativos de contenido
general y, en caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la expedición
del Decreto 1615 de 2021 y el Acuerdo PCSJA22-11930 del 2022 se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el accionante.

2.3. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos

Es de amplio conocimiento dentro de la jurisprudencia constitucional que la acción de
tutela contra actos administrativos es improcedente, en atención a que contra estos
el legislador ha dispuesto de las vías judiciales ordinarias para su cuestionamiento,

1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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de forma tal que aceptar su procedencia directa desdibujaría su carácter excepcional
y, además, iría en contravía de lo previsto en el artículo 86 constitucional, en el que
de manera clara se señala que el mecanismo de amparo procede solamente cuando
el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial.

Sin embargo, el referido artículo presenta la excepción de que la acción de tutela
puede proceder en caso de que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la
Corte Constitucional debe cumplir con las características de ser i) actual o inminente,
es decir, está ocurriendo o está próximo a ocurrir; ii) grave, o tiene la potencialidad
de dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un
grado relevante; iii) requiere de medidas urgentes; y iv) impostergable, a fin de
garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad.

Además de lo anterior, la Corte también ha desarrollado como excepción adicional, el
evento en que el medio judicial ordinario no sea idóneo u eficaz dadas las
circunstancias del caso concreto, o las condiciones personales de vulnerabilidad o
debilidad del afectado, situaciones que de ser comprobadas harían procedente el
mecanismo de amparo como solución definitiva del asunto. 2

Quiere decir lo anterior que la tutela solo tiene lugar cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse,
o cuando dentro de los diversos medios legales existentes ninguno resulte idóneo
para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado. De no tenerse en
cuenta dichos parámetros el juez constitucional desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del ordenamiento
jurídico.

2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto

Controvierte el accionante la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la autonomía, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, a la

2
Posición reiterada en las sentencias T-396 de 2009, T-820 de 2009, T-354 de 2012, T-140 de 2013,
T-491 de 2013, T-327 de 2014, T-471 de 2014, T-222 de 2014, entre otras.

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locomoción, a la reunión y asociación, al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad de conciencia y culto, al uso y goce del espacio público, al trabajo, a la
libertad de profesión, al mínimo vital, a la objeción de conciencia y al acceso a la
administración de justicia.

Lo anterior, como consecuencia de la expedición i) del Decreto 1615 del 30 de
noviembre de 2021, por medio del cual el Gobierno Nacional «impartió instrucciones
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19», pues, en su sentir, discrimina y segrega injustificadamente a las personas

no vacunadas contra el COVID-19 y porque al regular derechos fundamentales
requería de una ley estatutaria; y ii) del Acuerdo PCSJA22-11930 del 25 de febrero de
2022, mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura «adoptó algunas
medidas para la prestación del servicio de justicia en los despachos judiciales y
dependencias administrativas del territorio nacional», que al no permitir el ingreso a
los juzgados de quienes no tengan el esquema completo de vacunación, restringe su
ejercicio profesional como abogado —actividad de la cual deriva su sustento—, al
imposibilitarle la gestión e inmediación de los procesos que adelanta y que pueda
adelantar en un futuro.

Pues bien, en el sub lite, es claro que los actos administrativos en mención son de
contenido general y, por tanto, pueden ser cuestionados a través del medio de
control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA, en el cual se otorga a la
parte demandante la posibilidad de solicitar la medida cautelar preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión, en términos de lo dispuesto en el artículo
230 del CPACA, y que conforme al artículo 233 ibidem, se puede pedir desde la
presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso, para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, lo que, en principio, genera la
improcedencia de la presente acción de amparo, pues descarta la consideración del
accionante con respecto de la ineficacia del medio de control ante la alegada
congestión de la Rama Judicial.

Con todo, en punto a justificar la utilización del medio de tutela como mecanismo
transitorio, es decir, de demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, el
accionante trae en consideración el hecho de que al no permitirse el ingreso a los

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juzgados de quienes no tengan el esquema completo de vacunación, se le restringe
su ejercicio profesional como abogado, actividad de la cual deriva su sustento, al
imposibilitarle la gestión e inmediación de los procesos que adelanta.

Dicha situación, a juicio de la Sala, no acredita, por sí sola, la existencia de un
perjuicio de carácter irremediable que haga imperativo el pronunciamiento del juez
constitucional en torno a los actos administrativos objeto de discusión, pues es
diáfano que el acceso a la administración de justicia está garantizado a los usuarios
a través de medios tecnológicos.

Por tanto, se concluye que en el sub judice se configura la causal de improcedencia
de la acción de tutela contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del Decreto 2591 de
1991, que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa
judiciales al alcance» y que impone la confirmación de lo resuelto por el a quo que
declaró improcedente la acción de tutela.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que el presente caso se encuentra
afectado por el presupuesto de subsidiaridad y, en tal sentido, confirmará la
sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela, de acuerdo
con lo expuesto en este proveído.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01809-01
Demandante: José Antonio Duque Beltrán

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente con permiso

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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