Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01816-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01816-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01816-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
28 de abril de 2022
Demandante: Jairo Hernández Franco
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
Rad: 11001-03-15-000-2022-01816-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01816-00
Demandante: JAIRO HERNÁNDEZ FRANCO
Demandados: NACIÓN, RAMA JUDICIAL, TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
Temas: Tutela de fondo – acto administrativo de desvinculación por
cumplimiento de la edad de retiro forzoso
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor
Jairo Hernández Franco en contra de la Nación – Rama Judicial – Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social
integral, a la dignidad humana y al debido proceso, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
El señor Jairo Hernández Franco, en nombre propio, ejerció acción de tutela1
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales, los que
estimó vulnerados con el acto administrativo contenido en el Acta 02 del 26 de
enero de 2022, expedido por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, por el cual se dispuso el retiro inmediato del cargo de juez
Laboral del Circuito de Envigado (Antioquia), por cumplimiento de la edad de
retiro forzoso.
En consecuencia, el actor solicitó:
“PRIMERO. TUTELAR a mi favor, los derechos constitucionales
fundamentales al MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL,
1 La acción de tutela se presentó el 14 de marzo de 2022 ante la Corte Suprema de Justicia, y
mediante auto del 15 siguiente fue remitido al Consejo de Estado por competencia.
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Demandante: Jairo Hernández Franco
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SALUD, DIGNIDAD HUMANA, AL DEBIDO PROCESO, acorde con lo
supuestos fácticos referidos en los acápites anteriores.
SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, ORDENAR A la NACIÓN-
RAMA JUDICIAL-TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, que de manera
inmediata me reintegre y/o suspenda de manera transitoria la decisión de
mi desvinculación, al cargo de JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE
ENVIGADO, hasta tanto me sea reconocida mi pensión de vejez”.
2. Hechos
La parte actora narró, en síntesis, los siguientes supuestos fácticos:
Señaló que se desempeñó como juez de la República desde el 1º de octubre de
1982, para un total de treinta y nueve años de servicio.
Sostuvo que el 22 de enero de 2022, cumplió 70 años de edad, razón por la cual
fue requerido por la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, con el propósito de que presentara la renuncia al cargo de juez del
Circuito de Envigado, por haber llegado a la edad de retiro forzoso, solicitud que
fue respondida en el sentido de indicar que aún no tenía la condición de
pensionado, para lo cual aportó la respectiva constancia.
Acotó que, por lo anterior, le fue solicitado nuevamente que informara el estado
del trámite dirigido a la obtención de la pensión de jubilación, para cuyo efecto
remitió constancia de haber radicado una petición el 16 de diciembre de 2021
ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin de
que se accediera al reconocimiento de la prestación económica.
Añadió que no había solicitado con antelación el reconocimiento de la pensión,
dado que no aparecían reflejadas las semanas cotizadas en la extinta Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal), por lo cual tuvo que presentar una
solicitud de corrección de la historia laboral2.
Afirmó que el 27 de enero de 2022 recibió un oficio del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, en el que le notificaron la separación del cargo por
haber cumplido la edad de retiro forzoso; asimismo, adujo que con la notificación
del retiro le suministraron la grabación de la sesión de la Sala Plena de la
referida Corporación, en la que se adoptó la decisión objeto de cuestionamiento.
Manifestó que dentro de la oportunidad legal interpuso recurso de reposición,
bajo el argumento de que no está pensionado y no cuenta con otras fuentes de
ingresos para suplir sus necesidades básicas y las de su grupo familiar, aunado
al hecho de que tiene hijas en proceso de formación académica y, además,
2 En el escrito de la demanda no se señaló la fecha en la que presentó la corrección de la
historia laboral.
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quedaría desprotegido en la cobertura del servicio de salud.
Expresó que el 10 de marzo del año en curso le fue comunicado el oficio por el
cual se decidió no reponer el acto administrativo de retiro.
3. Sustento de la petición
A juicio de la parte actora, el acto administrativo objeto de censura carece de
motivación, en la medida en que solo le entregaron las grabaciones de las
sesiones en las que se efectuó la votación por parte de los magistrados del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, y de las que se evidencia la
ausencia de soporte jurídico para la adopción de la decisión de retiro, omisión
que vulnera el derecho al debido proceso y el principio de confianza legítima.
Adujo que la decisión del recurso de reposición tampoco fue sustentada en
causales objetivas, si se tiene en cuenta que en la sesión plenaria del tribunal
los magistrados se limitaron a realizar una nueva votación, pero sin resolver el
fondo del medio de impugnación promovido.
Esbozó que en las comunicaciones que le fueron enviadas para notificarle del
retiro del servicio no se estableció la fecha exacta de la desvinculación o el
momento a partir del cual produce efectos, situación que genera una
indeterminación jurídica, ya que tales oficios no pueden ser presentados ante
Colpensiones para efectos de la inclusión en la nómina de pensionados, una vez
sea expedido el acto administrativo de reconocimiento de la pensión.
Citó como referencia para sustentar su argumento, la sentencia T-419 de 2019
de la Corte Constitucional, relacionada con la aplicación de la normatividad que
regula el retiro forzoso del servicio, para señalar que la Corporación demandada
no debió aplicar en forma automática dicha causal hasta tanto se reemplazaran
los ingresos provenientes del salario con la mesada pensional en orden a que
pueda financiar las necesidades básicas.
4. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 28 de marzo de 2022, se admitió la solicitud de amparo y se
ordenó notificar esa decisión al presidente del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín y al director Ejecutivo de Administración Judicial, como
demandados.
Asimismo, se dispuso la comunicación del inicio del trámite de la acción de
tutela a la persona que se desempeña en la actualidad en el cargo de juez
Laboral del Circuito de Envigado, en la condición de tercero con interés.
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5. Contestaciones e intervenciones
5.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
El presidente de la Corporación manifestó que la decisión del retiro del cargo de
juez Laboral del Circuito de Envigado fue el resultado de una amplia
deliberación de los magistrados, para lo cual se envió al actor una copia de los
registros audibles de las sesiones en los que se evidencian los motivos de la
separación del cargo.
Refirió que el acto administrativo de retiro del servicio está representado en las
determinaciones que se adoptan en las sesiones ordinarias y extraordinarias
llevadas a cabo por la totalidad de los miembros de la respectiva corporación, el
cual queda plasmado en las actas aprobadas en la plenaria, tal como lo
consagra el artículo 14 del Acuerdo 108 de 1997 emitido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Advirtió que el señor Jairo Hernández Franco fue requerido en forma oportuna
por la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, según
oficio 1063 del 2 de noviembre de 2021, con el fin de que, antes de llegar a la
edad de retiro forzoso, gestionara el trámite de reconocimiento de la pensión de
vejez; no obstante, solo lo hizo hasta el 16 de diciembre de 2021, es decir, a
escasos días de cumplir los 70 años.
Señaló que los efectos de la determinación adoptada por la Sala Plena son
inmediatos, de manera que desde el momento del recibo de la correspondiente
comunicación debió separarse del cargo.
5.2. Juez Laboral del Circuito de Envigado (E)
La señora Mirian Andrea González Rodríguez informó que actualmente se
desempeña como juez Laboral del Circuito de Envigado en encargo, hasta tanto
se solucione la situación administrativa del actor o se termine el encargo, razón
por la cual se acoge a la decisión que se adopte en este asunto.
53. El director Ejecutivo de Administración Judicial, a pesar de que fue notificado
en debida forma acerca del trámite de la acción de tutela de la referencia,
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
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conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19913 y el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20154, modificado por el Decreto 333 de
2021, y con el Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín con la expedición del acto administrativo que
dispuso el retiro del señor Jairo Hernández Franco del cargo de juez Laboral del
Circuito de Envigado, por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, vulneró los
derechos fundamentales del actor, por cuanto, en su criterio, la decisión debió
posponerse hasta el momento en que le fuera reconocida la pensión de
jubilación.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y, la ii) improcedencia de la tutela contra
actos administrativos.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un
mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19915, entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar
la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.
Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de amparo
se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y
cuando las circunstancias que invoca se acrediten al menos sumariamente.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.”
5 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política''.
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2.5. Improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela que “el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que ante la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia6.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Ahora bien, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela para cuestionar la
legalidad de actos administrativos, la Corte Constitucional7 ha señalado lo
siguiente:
“la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la
acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los
actos administrativos, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria
de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga razonable
de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control, ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar los
conflictos con la Administración y proteger los derechos de las personas.
En este sentido, la Corte manifestó en la Sentencia T – 030 de 2015: “[q]ue
conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este
mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones
6 En sentencia T-313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales
que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos
de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
7 Corte Constitucional, ver entre otras, las sentencias T-198 de 2006, T-1038 de 2007, T-992 de
2008, T-866 de 2009.
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administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de
tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable
[…]”.
A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de actos
administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la Ley
1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento en que se interponga para evitar la consumación de
un perjuicio irremediable.
2.6. El caso concreto
En la demanda de tutela, el actor solicitó la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social integral, a la
dignidad humana y al debido proceso, en consideración a que con la expedición
del acto administrativo contenido en el Acta 02 del 26 de enero de 2022, por la
Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, no se tuvo en
cuenta que si bien cumplió la edad para la procedencia del retiro forzoso del
servicio, lo cierto es que aún no le ha sido reconocida la pensión de jubilación,
para con ello garantizar la cobertura de sus necesidades básicas y la de su
familia, aunado al hecho de que no tiene acceso al sistema de seguridad social
en salud.
Como fundamento de la vulneración, adujo que el acto administrativo que
dispuso su desvinculación del cargo de juez del circuito carece de motivación,
pues con el oficio por el cual se le comunicó el retiro, solo le fue suministrada
una copia de la sesión plenaria en la que se registraron las votaciones
tendientes a determinar la procedencia o no del retiro, sin que de tal documento
se advierta alguna exposición de los fundamentos jurídicos que tuvieron en
cuenta los magistrados para sustentar la decisión.
Sobre el particular, la Sala encuentra que mediante el acto administrativo
consignado en el Acta 02 del 26 de enero de 2022, la Sala Plena del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín dispuso el retiro del señor Jairo
Hernández Franco del cargo de juez Laboral del Circuito de Envigado, por haber
alcanzado la edad de retiro forzoso, de acuerdo con lo establecido en el artículo
1º de la Ley 1821 de 20168, decisión que fue confirmada en su integridad
8 ARTÍCULO 1º. Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 321 de 2017. El nuevo texto es el
siguiente: La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones
públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo
que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.
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mediante acto expedido en la sesión plenaria del 9 de marzo de esta anualidad.
En ese contexto, la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados parte de la premisa de discutir la presunción de validez y legalidad de
un acto administrativo debidamente ejecutoriado, para cuyo propósito debe
hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en el que podrá solicitar
el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de la decisión
controvertida, tal como lo prevé el artículo 231 ibidem.
Por otro lado, el actor no expuso en forma concreta la razón de la existencia de
un perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de
tutela como mecanismo transitorio, ya que solo manifestó que no tiene otra
fuente de ingresos distinta al salario que devengaba como juez, sin que de ello
se pueda establecer que está en riesgo la garantía de algún derecho
fundamental.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado9, la causal de retiro por edad tiene sustento constitucional10 y procede
aún de oficio por la autoridad nominadora y en un tiempo máximo de seis meses
después de ocurrida la causal, así no se haya reconocido la pensión de
jubilación, según lo establecido en el artículo 130 del Decreto 1660 de 1978,
tratándose de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público.
Ahora bien, en sentencia del 30 de enero de 2020, la Sección Segunda de esta
Corporación sostuvo que a pesar de que la causal de retiro por edad ha sido
entendida como objetiva, existen numerosos pronunciamientos de la Corte
Constitucional en el sentido de que se “deben evaluar las condiciones
especiales de la persona para no vulnerar sus derechos fundamentales, los
cuales deben estar suficientemente acreditados, por lo que, en principio, debe
diferir la decisión hasta el ingreso en nómina de pensionados, sin embargo, se
deben demostrar las circunstancias por las cuales la decisión afecta gravemente
sus derechos fundamentales, entre ellos el mínimo vital”11.
Sobre el particular, es importante poner de presente que el actor no manifestó
en forma expresa que interpuso la acción de tutela como mecanismo transitorio
Inciso CONDICIONALMENTE exequible. Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de
elección popular ni a los mencionados en el artículo 29 del Decreto-ley 2400 de 1968,
modificado por el artículo 1o del Decreto-ley 3074 de 1968.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, exp. 20001-23-33-000-2013-00282-
00(4066-15), sentencia del 16 de agosto de 2018.
10 Artículo 125.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, exp. 76001-23-
31-000-2010-00886-01(6077-18), sentencia del 30 de enero de 2020, MP William Hernández
Gómez.
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para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; no obstante, la Sala
interpreta que el señalamiento referente a que no cuenta con otra fuente de
ingresos que le permita cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo
familiar, está dirigido a esa finalidad, esto es, que se conceda el amparo en
forma transitoria hasta tanto sea incluido en la nómina de pensionados de
Colpensiones, con el fin de que se verifique el reemplazo de los ingresos que
percibía en el cargo de juez con los de la pensión de jubilación.
Con todo, con el escrito de la demanda no se aportó alguna prueba tendiente a
acreditar que actualmente su derecho al mínimo vital se encuentra afectado o en
grave riesgo o que no recibe los beneficios del sistema de seguridad social en
salud, toda vez que simplemente insistió en la manifestación de que no cuenta
con otros ingresos distintos a los que devengaba en el cargo de juez, omisión
que pone de manifiesto el incumplimiento de la referida carga probatoria.
La acción de tutela tiene una naturaleza residual ante la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial, lo que de suyo presupone que no es posible el
ejercicio concomitante de distintas acciones para lograr un mismo propósito,
pues ello implica un desgaste innecesario de la administración de justicia.
Por consiguiente, es claro que el mecanismo de amparo no supera el requisito
de subsidiariedad ante la consagración en el ordenamiento jurídico de otro
instrumento idóneo para cuestionar la legalidad los administrativos ya referidos,
aunado al hecho de que no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable el cual, en todo caso, puede ser sustento de una medida cautelar
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
acto de retiro cuestionado a través de esta acción.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
promovida por el señor Jairo Hernández Franco, debido a que cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial idóneo para reclamar la protección de las
garantías constitucionales que considera conculcadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la solicitud de tutela elevada por el
señor Jairo Hernández Franco, conforme con lo señalado en las
consideraciones de este proveído.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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