Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01823-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01823-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01823-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01823-00
Accionante: OFELIA DÍAZ VEGA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito de la relevancia constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana Ofelia Díaz Vega
en contra de la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Ofelia Díaz Vega presentó acción de tutela con miras a obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 26 de agosto de
2021, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 18001-23-33-000-2013-00008-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que «Silvio Rubiano Suárez (q.e.p.d.) y yo compartimos mesa y
lecho, bajo el mismo techo, desde el 2 de febrero de 1980 hasta el día de su
fallecimiento, 26 de marzo de 2019, de cuya unión nacieron Claudia Marcela
Rubiano Díaz, Pilar Rubiano Díaz y Andrés Francisco Rubiano Díaz».
2.2. Comentó que el Fondo de Pensiones Territorial del Departamento del Caquetá,
mediante Resolución número 748 de 27 de diciembre de 2000, reconoció al señor
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01823-00
Accionante: Ofelia Díaz Vega
Rubiano Suárez, pensión de jubilación por aportes, efectiva a partir del 1° de
enero de ese mismo año.
2.3. Indicóque la pensión de jubilación por aportes que le fue reconocida a su
compañero permanente «no contempló el verdadero ingreso base de cotización,
verbigracia los gastos de representación que devengó en la duma departamental
del Caquetá, emolumento sustancial, que estipula el Decreto 1158 de 1994, lo que
influyó de manera negativa en el quantum de su mesada pensional».
2.4. Comentó que, por lo anterior, el señor Silvio Rubiano Suárez, a través de
apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra del departamento del Caquetá – Fondo
de Pensiones Territorial del Caquetá, con el propósito de obtener la
reliquidación de su pensión de jubilación por aportes.
2.5. Señalóque la Sala Oral del Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante
sentencia de 16 de enero de 2014, resolvió negar las pretensiones de la demanda,
con fundamento en que se encontraba derogado el artículo 6° del Decreto 2709 de
1994.
2.6. Puntualizó que esta Corporación -sin especificar la Sección o Subsección que adoptó la
declaró nulo el decreto que había derogado el artículo 6° del
decisión judicial-
Decreto 2709 de 1994, por lo que, a su juicio, volvió «a la vida jurídica la norma
que habilitada la prosperidad de la demanda».
2.7. Expuso que en contra de la decisión de primera instancia se presentó recurso
de apelación y que, encontrándose el expediente para fallo en segunda instancia,
se produjo el deceso del señor Rubiano Suárez, por lo que, el 8 de junio de 2021,
solicitó ante la Subsección accionada que fuera reconocida como sucesora
procesal del demandante, dada su condición de compañera permanente del ahora
occiso.
2.8. En dicha oportunidad, también le solicitó a la Subsección accionada que se
produjera la vinculación, como litisconsorte necesario, de la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, por ser la entidad que había asumido el
pago de la pensión objeto del litigio. Igualmente, le informó a la misma autoridad
judicial que: «el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante sentencia proferida
dentro de la acción de lesividad No. 18001333100220100033800 declaró la
nulidad absoluta de la Resolución No. 748 del 27 de diciembre de 2000, esto es el
mismo acto administrativo atacado de manera parcial en esa demanda».
2.9. Destacó que: «al momento de incoarse el medio de control ante el Tribunal
Administrativo del Caquetá, existía un criterio jurisprudencial unificado que motivó
su interposición, es decir que avalaba la incorporación de todos los factores
salariales bajo una definición axiológica de salario, pero, como ya es tradición,
entre la radicación de la demanda y el fallo definitivo la postura ha variado, por lo
que se ve con frecuencia sentencias echando de menos sustento probatorio que
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Accionante: Ofelia Díaz Vega
no se encuentra en los expedientes por obvias razones, porque el estado de cosas
jurisprudencial invitaba un enfoque probatorio distinto al que termina requiriéndose
para aplicar la nueva postura jurisprudencial».
2.10. Sostuvo que: «en la [demanda de] nulidad y restablecimiento del derecho No.
2013-008-01, una vez la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dio al
traste con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, no se hizo uso de facultades oficiosas para
recaudar pruebas documentales necesarias para establecer si la aplicación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 resultaba más favorable al pensionado».
2.11. Refirió que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 26 de agosto de 2021, confirmó el fallo apelado. En la
misma providencia, resolvió negar la solicitud de reconocimiento de sucesora
procesal de la ahora accionante, al considerar «que para ello debía ser reconocida
por Colpensiones como compañera permanente supérstite».
2.12. Afirmóque: «la prenotada sentencia, con que se vulneraron mis derechos
fundamentales, obvió estudiar los argumentos que sirvieron para sustentar la
alzada, los cuales no eran otros que la reliquidación consagrada en el artículo 9 de
la Ley 71 de 1988, en tanto que el estatus jurídico de pensionado de mi
compañero permanente se alcanzó el 14 de septiembre de 2000, pero se liquidó
su pensión con las cotizaciones elusivas que realizara la demandada al Instituto
de Seguros Sociales durante todo el año 2000, así, de paso, cohonestó la
liquidación defectuosa e ilegal que gobierna la pensión».
2.13. Señaló que la sentencia enjuiciada erró al no retrotraer el proceso a la etapa
procesal en la que se permitiera demandar el nuevo acto administrativo, lo que, a
su vez, habría permitido que se pudiera vincular a Colpensiones, y en tal sentido
señaló que la providencia acusada:
[...] Valoró inadecuadamente los soportes documentales allegados el 8 de
junio de 2021 por la suscrita, esto es la sentencia judicial de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá dentro de la acción de
lesividad promovida por el Departamento del Caquetá contra Silvio Rubiano
Suárez, con la que se acreditó que feneció la vida jurídica del acto
administrativo demandado. Por lo que vale la pena preguntarse qué efecto
tiene un fallo que estriba sobre un acto administrativo inexistente.
Desconoció el contenido del artículo 3 y 305 del CPACA, que consagran
como uno de los principios orientadores en materia contenciosa, el de eficacia,
el cual tiene como fundamento que los procedimientos logren su finalidad,
removiendo de oficio los obstáculos que conlleven a decisiones inhibitorias,
como en efecto acaeció, a pesar de no haberse anotado expresamente en
ella.
Pretermitió retrotraer el proceso que debido a circunstancias sobrevinientes
(sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá que anuló la Resolución
No. 748 de 2000) requería la intervención litisconsorcial de Colpensiones
(actual administradora de la pensión), para en su lugar fallar un caso ya
juzgado y por tanto carente de objeto que, si bien, sumó a las estadísticas del
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Accionante: Ofelia Díaz Vega
dispensador judicial, también configuró el fenómeno jurídico de prescripción
(daño irremediable), en detrimento de los intereses de la parte actora, como si
el descuido e indiferencia hubiera regido el agenciamiento del litigio. […]
2.14. Igualmente,indicó que la Subsección accionada vulneró sus derechos
fundamentales al haber negado la reliquidación de la pensión de jubilación por
aportes, en tanto que «dejó de aplicar la Ley 6 de 1945, el artículo 10 de la Ley
1723 de 1964, el artículo 3 de la Ley 5 de 1969, Ley 48 de 1962, Ley 77 de 1965,
Ley 4 de 1966 y Ley 5 de 1969, para aplicar la Ley 100 de 1993».
2.15. Por último, afirmó lo siguiente:
[…] Con el fin de acreditar la procedibilidad de la pretensión No. 4 del acápite
respectivo y en caso de que no exista ningún reproche al proceder de la
accionada consistente en sumar a las estadísticas una sentencia a título de
saludo a la bandera, es decir sin que resolviera conflicto jurídico alguno, la
sentencia de segunda instancia del 26 de agosto de 2021, también, adolece
de otras vías de hechos constituidas por defectos facticos, sustantivos y
procedimentales, así:
Valoró indebidamente los documentos pruebas, lo que le impidió percatarse
que en la liquidación de la pensión por aportes reconocida a favor de Silvio
Rubiano Suárez se omitió incluir los gastos de representación, concepto
contenido en el Decreto 1158 de 1994, y por ello se convalidó elevando al
estatus de cosa juzgada una liquidación que no comprende los que legalmente
debe tenerse en cuenta para realizar aportes.
Valoró de forma inadecuada la Resolución 748 de 2000, lo que le condujo a
concluir erróneamente que esa defectuosa liquidación resultaba más favorable
a la prescrita en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Omitió emitir auto de mejor proveer (defecto factico negativo) para
establecer con soportes documentales que efectivamente liquidar la prestación
pensional con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta a
Silvio Rubiano para pensionarse (artículo 36 de la Ley 100 de 1993) es más
favorable que la liquidación de la Resolución 748 de 2000.
En ausencia de motivación, léase sin una proyección aritmética, determinó -
sin ser cierto- que era más beneficioso pasar por alto que la liquidación de la
pensión desconoció los factores consignados en el Decreto 1158 de 1994.
Negó la calidad de sucesora procesal a la suscrita accionante,
condicionándolo a un trámite administrativo que, por demás, se encuentra en
curso desde hace ya casi tres años sin que Colpensiones lo resuelva; cuando
no existe tarifa legal que lo supedite a ello. […]
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante, en su escrito de tutela, formuló las siguientes pretensiones:
[…] Se CONCEDA la tutela interpuesta para la protección de mis derechos
Constitucionales Fundamentales denominados DEBIDO PROCESO y
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
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Accionante: Ofelia Díaz Vega
En virtud de lo anterior se ordene a la Sección Segunda - Subsección B de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dejar sin efectos
la sentencia proferida el 26 de agosto de 2021, dentro de la Nulidad y
Restablecimiento del Derecho No. 18001233300020130000801, para que en
su lugar:
1- Se me reconozca en calidad de sucesora procesal de mi compañero
permanente y padre de mis hijos, Silvio Rubiano Suárez (q.e.p.d.).
2- Retrotraiga el proceso hasta la etapa respectiva que permita reformar la
demanda, a fin de adicionar como pretensiones la nulidad parcial de la
Resolución SUB266719 de 2020 y como demandada a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
3- Como pretensión subsidiaria a la contenida en el anterior numeral, se
ordene proferir nueva sentencia accediendo a la reliquidación de la pensión
por aportes de conformidad a la contigua motivación: La pensión del ex
diputado Silvio Rubiano Suárez se causó el 14 de septiembre de 2000, esto es
antes de la incorporación de estos funcionarios a la Ley 100 de 1993
(parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000), en tanto
sus cotizaciones se debieron realizar conforme lo dispone el artículo 10 del
Decreto 1723 de 1964 y artículo 3 de la Ley 5 de 19691, pues hasta la
expedición de dicha ley en el año 2000 no se había atendido el mandato del
Acto Legislativo 1 de 1996 y por consiguiente el régimen prestacional de los
diputados seguía siendo la Ley 6 de 1945 y las disposiciones posteriores que
la han adicionado y reformado, tales como las leyes 48 de 1962, 77 de 1965, 4
de 1966 y 5 de 1969; en consecuencia el ingreso base de liquidación no se
regía por el artículo 36 del estatuto general de seguridad social.
4- Como pretensión subsidiaria a las formuladas en los dos precedentes
numerales, se ordene proferir nueva sentencia accediendo a la reliquidación
de la pensión por aportes conforme lo establece la Sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, es decir el promedio de lo devengado en el tiempo
que le hacía falta a Silvio Rubiano Suárez para pensionarse al momento en
que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 en el Departamento del Caquetá o,
lo que es lo mismo, desde el 30 de junio de 1995, el cual era de cinco años
dos meses y 15 días, por resultar más favorable a la defectuosa liquidación
que se aplicó en la Resolución 748 de 2000; teniendo como ingreso base de
cotización y liquidación lo preceptuado por el Decreto 1158 de 1994. […]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 25 de marzo de 2022, el consejero sustanciador del presente
proceso admitió la acción de tutela de la referencia en contra de los magistrados
de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y vinculó
como terceros con interés directo en los resultados del proceso al departamento
del Caquetá – Fondo de Pensiones Territorial del Caquetá y al Tribunal
Administrativo del Caquetá – Sala Oral.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01823-00
Accionante: Ofelia Díaz Vega
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a la autoridad judicial accionada y a las
vinculadas, estas optaron por guardar silencio dentro del trámite de la referencia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 18001-23-
33-000-2013-00008-01, vulneró los derechos fundamentales de la
accionante: i) al no haberla reconocido como sucesora procesal del señor
Silvio Rubiano Suárez; ii) al confirmar el fallo de primera instancia que
había negado la reliquidación de la pensión de jubilación, y iii) al no tener
como nuevo acto administrativo demandado, la Resolución SUB266719 de
2020, expedida por Colpensiones, y por no ordenar la vinculación de esta
última entidad.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Accionante: Ofelia Díaz Vega
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
6
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01823-00
Accionante: Ofelia Díaz Vega
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que se encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La ciudadana Ofelia Díaz Vega presentó acción de tutela con miras a obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 26 de agosto de
2021, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 18001-23-33-000-2013-00008-01.
17. En este punto, es preciso indicar que la actora fundamenta la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales en tres argumentos que provienen de
circunstancias distintas, tal como se observa a continuación: i) indicó que la
autoridad accionada debió reconocerla como sucesora procesal del señor Rubiano
Suárez; ii) consideró que se debió acceder a la petición de reliquidación pensional
que había sido elevada por su excompañero permanente, y iii) afirmó que se debió
vincular al proceso contencioso a Colpensiones, por ser la entidad que
actualmente tiene a cargo el pago de la prestación económica objeto de la litis.
18. Resumidos así los motivos de inconformidad planteados por la accionante, la
Sala advierte que para resolver la presente controversia es necesario determinar,
en primer lugar, si le asiste razón a la actora cuando indica que se vulneraron sus
derechos fundamentales por habérsele negado el reconocimiento como sucesora
procesal de la parte demandante dentro del expediente anteriormente
mencionado.
19. Lo anterior es necesario porque en el evento de que no prospere el amparo por
el referido argumento -por no habérsele reconocido la calidad de sucesora procesal-, la
7
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01823-00
Accionante: Ofelia Díaz Vega
actora no se encontraría legitimada en la causa por activa para cuestionar la
providencia de 26 de agosto de 2021.
20. De conformidad con lo expuesto, sería la ocasión para que la Sala entrara a
determinar si la Subsección accionada vulneró los derechos fundamentales de la
actora en tanto resolvió no reconocerla como sucesora procesal del demandante
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 18001-23-33-000-2013-00008-01; sin embargo, ello no resulta
procedente en tanto que, como pasa a explicarse, en el presente caso no se dio
cumplimiento a uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela en el sub examine
VI.4.1.1. De la carga argumentativa, como presupuesto para tener como
satisfecho el requisito atinente a la relevancia constitucional de la
controversia
21. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita
que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental8 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente
legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones9.
22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales10, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11.
23. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación12, que:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
10 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
11 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
12
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01823-00
Accionante: Ofelia Díaz Vega
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede
erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que
de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión
será rechazarla o declararla improcedente […] (Destaca la Sala de Decisión)
24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii)
que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales14.
25. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que el actor invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
26. Porende, en tratándose del tema concerniente a la carga argumentativa,
como presupuesto sine qua non para efectos de la procedencia de la acción de
amparo contra proveídos judiciales, la Sala estima pertinente resaltar que, en tal
eventualidad, el deber de sustentar el defecto alegado adquiere una connotación
aún más precisa y exigente, en tanto que quien cuestiona una decisión de tal
naturaleza está obligado a exponer las razones que apoyan su demanda de
13
«En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional,
contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia
constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión
sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
(LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales».
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).
11
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Accionante: Ofelia Díaz Vega
amparo y los motivos que, en su criterio, explican la configuración de la causal
específica de procedibilidad.
27. De esta manera se concilia la necesidad de proteger los derechos
fundamentales con el deber de protección de los principios constitucionales
relacionados con la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, los
cuales podrían comprometerse en el evento en que se generalice la práctica de
utilizar la acción de tutela como una tercera instancia judicial15.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso objeto de
estudio, la parte accionante manifestó que la Subsección accionada vulneró sus
derechos fundamentales, entre otros, al no haberla reconocido como sucesora
procesal, como consecuencia del fallecimiento del demandante, Silvio Rubiano
Suárez.
29. Eneste contexto, resulta oportuno traer a colación las consideraciones
expuestas por la autoridad judicial accionada para negar la solicitud de sucesión
procesal presentada por la actora. Veamos:
[…] El apoderado de la señora Ofelia Díaz Vega, mediante memorial
electrónico radicado el 9 de junio de 2021 en la Plataforma SAMAI, solicitó se
continúe el trámite del proceso, en su nombre, en condición de compañera
permanente del señor Silvio Rubiano Suárez, quien falleció el 26 de marzo de
2019, para lo cual aportó copia del registro civil de defunción, copia de tres
declaraciones extra proceso para acreditar la unión marital, y el poder
otorgado al abogado Julio César Díaz Meneses, quien fungía como apoderado
del actor.
De acuerdo con el artículo 68 del Código General del Proceso, la sucesión
procesal procede cuando “fallecido un litigante o declarado ausente o en
interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de
bienes, los herederos o el correspondiente curador (…)”. A su vez, el artículo
70 ibidem dispone que “(…) Los intervinientes y sucesores de que trata este
código tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su
intervención (…)”.
Así entonces, cuando se produzca la muerte de una de las partes, se permite
la alteración o sustitución de las personas que integran, ya sea la parte pasiva
o activa del proceso, a través de la figura de la sucesión procesal. En virtud
de esta, el sucesor asume iguales derechos, cargas y obligaciones
procesales de su antecesor, por lo que no cambia la relación jurídica
procesal iniciada, de suerte que es pertinente emitir pronunciamiento
sobre el fondo de la Litis.
De conformidad con lo anterior, la existencia de la sucesión procesal cuando
se produce la muerte de una de las partes requiere que: i) Exista un proceso,
ii) que en el curso del mismo sobrevenga la muerte de una de las partes y, iii)
que haya un sucesor del derecho debatido que acredite la condición de
heredero o sucesor de quien era parte en el respectivo juicio.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC).
12
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Accionante: Ofelia Díaz Vega
Así las cosas, advierte la Sala que el objeto del presente proceso es la
reliquidación de la pensión del actor; por lo cual, no resulta procedente
reconocer como sucesora procesal a la señora Ofelia Díaz Vega, en
calidad de compañera permanente del señor Silvio Rubiano Suárez,
habida cuenta de que a la fecha, no acredita haber sido reconocida en
sede administrativa como compañera permanente supérstite para
efectos pensionales y/o heredera del actor, y tampoco corresponde a la
fijación de la litis en este proceso definir la sustitución pensional. […]
(negrillas por fuera del texto original)
30. Ahora bien, es de advertir que el único argumento expuesto por la actora para
demostrar que la Subsección accionada vulneró sus derechos fundamentales con
ocasión de la anterior determinación fue planteado en los siguientes términos:
[…] [la autoridad accionada] Negó la calidad de sucesora procesal a la suscrita
accionante, condicionándolo a un trámite administrativo que, por demás, se
encuentra en curso desde hace ya casi tres años sin que Colpensiones lo
resuelva; cuando no existe tarifa legal que lo supedite a ello. […]
31. De lo transcrito en precedencia, la Sala advierte que la argumentación que
expuso la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la Subsección accionada al haber negado la
solicitud de sucesión procesal, contiene serias deficiencias argumentativas que
hacen imposible que el juez constitucional haga un estudio de fondo su
mecanismo de amparo.
32. Ello en razón a que la actora no desarrolló un argumento sólido que permitiera
afirmar que se cumplió con la carga argumentativa que es exigible cuando se
controvierte una providencia por vía de tutela; por el contrario, lo que se evidencia
es que la accionante controvierte ese aspecto de la providencia enjuiciada
exponiendo argumentos subjetivos y sin exponer los motivos por los cuales
considera que se afectó el bien jurídico que pretende proteger a través de este
mecanismo constitucional.
33. Adicionalmente, se debe resaltar que los argumentos expuestos por la actora
estuvieron orientados a demostrar las razones por las cuales, a su juicio, se debía
acceder a la reliquidación pensional solicitada por el señor Silvio Rubiano Suárez,
así como a señalar porque era necesaria la vinculación de Colpensiones al trámite
contencioso, sin que tales circunstancias sean suficientes para tener satisfecha la
carga argumentativa frente a la inconformidad asociada con el reconocimiento de
su condición de sucesora procesal del hoy occiso.
34. Sumado a lo anterior, resulta pertinente destacar que cuando la decisión judicial
que se aduce como transgresora de derechos fundamentales es proferida por un
órgano jurisdiccional de cierre -como lo son la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado-, la Corte Constitucional ha señalado que su procedencia es más
restrictiva por cuanto «solo tiene caída cuando la decisión riñe de manera
abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
13
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Accionante: Ofelia Díaz Vega
límite de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos, los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la
condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de
tutela pudiera tener una percepción diferente del caso16». (destacado de la Sala)
35. En este contexto, resulta oportuno recordar que la acción de tutela no está
instituida como una instancia adicional a las previamente establecidas en el
ordenamiento jurídico, por tanto, cuando un sujeto promueve este mecanismo
constitucional en contra de una providencia judicial, tiene el deber de sustentar
desde la órbita constitucional los motivos por los cuales considera que sus
derechos fundamentales resultaron lesivos con ocasión de la providencia,
argumentación que en el sub judice no se cumple.
36. Ello deviene razonable si se tiene en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio
ordinario una tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía
de sus derechos fundamentales, eventualmente lesionados por un
pronunciamiento judicial. De aquí que su procedencia sea excepcional17, toda
vez que lo contrario atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la
seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada18.
37. En ese orden de ideas, para esta Sala de Decisión es claro que esta falencia
argumentativa no puede ser suplida por el juez de tutela, en tanto que si bien la
acción de amparo se caracteriza por la flexibilización de formalidades que impidan
la garantía de los derechos fundamentales, tratándose del reproche contra
providencias judiciales, es exigible un mínimo de argumentación que habilite un
examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser
proferidas por autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los
medios para proteger las garantías constitucionales.
38. Así las cosas, y como se había anunciado con anterioridad, al no haber
prosperado el argumento de la actora asociado con el reconocimiento de su
condición de sucesora procesal del señor Silvio Rubiano Suárez, este último quien
fungió como demandante dentro del proceso objeto de tutela, la Sala no puede
emitir ningún pronunciamiento frente a los demás argumentos desarrollados en el
escrito de tutela, por cuanto se considera que la accionante carece de legitimación
16
Corte Constitucional, sentencia SU 917 de 2010, reiterada en sentencias 050 y 573 de 2017.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01823-00
Accionante: Ofelia Díaz Vega
en la causa por activa para cuestionar el contenido de la decisión judicial
enjuiciada19.
39. Por
los anteriores razonamientos, la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional, motivo por el cual se declarará su improcedencia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente solicitud de amparo de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (18)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
19
Frente al tema de la falta de legitimación en la causa por activa cuando se controvierte decisiones judiciales, ver entre
otras, la sentencia de 14 de octubre de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-05152-00, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.
Sigue leyendo
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