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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01834-00

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01834-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Luis Manuel Rivas Parra, quien actúa en nombre propio, en contra del Consejo de Estado – Sección Quinta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-01834-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

12 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01834-00
Accionante: LUIS MANUEL RIVAS PARRA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad / Medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho
/ Medida cautelar de urgencia. Requisitos para su
decreto / Personería de partidos y movimientos
políticos. Requisitos para su reconocimiento /
Artículo 35 transitorio de la Constitución Política de
1991 / Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el
señor Luis Manuel Rivas Parra, quien actúa en nombre propio, en
contra del Consejo de Estado – Sección Quinta, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la
expedición de la providencia de 3 de marzo de 2022, proferida dentro

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ACCIÓN DE TUTELA
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del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-03-28-000-2021-00081-00.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. El 9 de diciembre de 2020, los señores Germán Miranda Lozano,
Alexander Robles Sánchez y Luis Manuel Rivas Parra presentaron
petición ante el Consejo Nacional Electoral solicitando el
restablecimiento de la personería jurídica del Movimiento Séptima
Papeleta, en atención a la participación y representación que este
último obtuvo en la Asamblea Nacional Constituyente que culminó con
la adopción del actual texto fundamental.

1.2. El Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución núm. 1061
del 24 de marzo del 2021, confirmada mediante Resolución 8674 del
25 de noviembre del mismo año, negó lo pretendido, por considerar
que las organizaciones políticas por haber conformado la Asamblea
Nacional Constituyente hace 30 años no tienen derecho a perpetuidad
de la personería jurídica, pues esta se obtiene a través de un número
específico de apoyos en las urnas.

1.3. Con la finalidad de controvertir el acto administrativo precitado,
interpusieron medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Consejo Nacional Electoral, solicitando:

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«Decretar la NULIDAD de la Resolución No. 8674 de 25 de noviembre
de 2021, notificada personalmente el 10 de diciembre del 2021,
proferida por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por medio de la
cual se RESUELVE el recurso de reposición interpuesto en contra de la
Resolución No. 1061 del 24 de marzo del 2021, por medio de la cual
se ‘NIEGA la solicitud de los señores ALEXANDER ROBLES SÁNCHEZ,
LUIS MANUEL RIVAS PARRA Y GERMÁN MIRANDA LOZANO, y
consecuentemente se RESTABLEZCA EL DERECHO NEGADO en la
Resolución No. 8674 de noviembre 24 de 2021, por medio de la cual
se RESUELVE el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
No. 1061 del 24 de marzo del 2021.

Una vez decretada la Nulidad incoada, se ordene a la entidad
demandada reconocer en forma automática la Personería Jurídica al
Movimiento Político, denominado MOVIMIENTO SÉPTIMA PAPELETA,
por haber participado en la Asamblea Nacional Constituyente, de
conformidad con el artículo 35 Transitorio VIGENTE, concordante con
los artículos 40 y 13 de la Constitución Política Colombiana, a la que
tenemos derecho, el que invocamos con pleno derecho, más aún
cuando mediante Resolución No. 0085 de 4 de febrero del 1998 se
nos concedió personería jurídica por presentación de 50.043 firmas
válidas, no por lo dispuesto en la norma constitucional invocada, de la
que hacemos uso legítimo, por el derecho que nos asiste al haber
participado de la Asamblea Nacional Constituyente, hecho evidente,
probado y de público conocimiento, sobre el cual de manera reiterada
hemos notificado al Consejo Nacional Electoral, en la solicitud de
personería que nos ocupa, y en la sustentación de sendas peticiones
para que su trámite se diera de manera legal y oportuna, lo que
evidentemente no ha sucedido, y es el motivo por el que hoy
instauramos esta Demanda ante el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo». (sic en toda la cita)

1.4. El proceso correspondió al Consejo de Estado – Sección Quinta
que, mediante auto de 18 de febrero de 2022, admitió la demanda y
ordenó la vinculación de las partes correspondientes.

1.5. Asimismo, solicitaron el decreto de las siguientes medidas
cautelares de urgencia:

«[…] de acuerdo con lo previsto en el Artículo 234 y concordantes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

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Administrativo, se conceda PERSONERÍA JURÍDICA PROVISIONAL
AL MOVIMIENTO SÉPTIMA PAPELETA, para efectos de ejercer
nuestro Derecho constitucional y legal de participación en las
Elecciones del 13 de marzo del 2022 y las que se presenten hasta el
momento del Fallo que se produzca en la demanda de la referencia,
con el fin de evitar que se vulneren nuestro derecho a elegir y ser
elegidos, consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política de
Colombia, en especial en su numeral 3 […].

De manera respetuosa solicitamos que sea concedida como Medida
Cautelar de Urgencia, y en consecuencia se oficie de manera
inmediata al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL con el fin de se (sic)
nos otorgue un (1) mes calendario adicional al CALENDARIO
ELECTORAL VIGENTE, para poder inscribir los Candidatos a
Senado y Cámara en cumplimiento de los derechos citados, lo
que buscamos consolidar con la medida cautelar
oportunamente solicitada, ampliación del término a partir del
13 de diciembre del 2021 durante un mes, como termino
prudencial para realizar las pertinentes inscripciones a Senado y
Cámara aquí solicitada en esta medida cautelar, con base en nuestro
legítimo derecho constitucional de elegir y ser elegidos y participar
democráticamente en las elecciones que se avecinan en aras de no
afectar el calendario electoral vigente, para la para la participación en
las elecciones que se avecinan (sic), en aplicación cumplimiento y
aplicación al principio constitucional de igualdad, no discriminatorio
(sic). En consecuencia, se solicita que la medida cautelar de urgencia,
cobije nuestro Derecho a inscribir candidatos para las elecciones del
13 de marzo del 2022 y las Presidenciales que se avecinan en el año
2022». (sic en toda la cita)

1.6. El Consejo de Estado – Sección Quinta, a través de auto de 3 de
marzo de 2022, negó lo solicitado por considerar que la visión
alternativa que se presenta respecto de la vigencia y aplicabilidad del
artículo 35 transitorio de la Constitución, permiten concluir que la
decisión del Consejo Nacional Electoral estuvo fundamentada en una
interpretación razonable y posible de la misma, lo que de entrada y
sin perjuicio a lo que resulte probado en la sentencia, mantiene la
legalidad de la decisión de negar la personería jurídica al Movimiento
Séptima Papeleta.

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2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«PRIMERO: Sea revocado el Auto de tres (03) de Marzo del dos mil
veintidós (2022), Notificado por Estado del Ocho (08) de Marzo del dos
mil veintidós (2022), que Resolvió: “NEGAR las Medidas Cautelares de
Urgencia solicitadas por el Demandante”. Auto de Cúmplase, y con
carácter de firmeza a la fecha de radicación de la presente Tutela, con
el fin de quitarle el Valor y Efecto a la Providencia aquí impugnada por
medio del Amparo de tutela aquí interpuesto.

SEGUNDO: Se nos conceda el amparo Constitucional invocado al
DEBIDO PROCESO, AL DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO A AL
RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LEGITIMACIÓN
A SÉPTIMA PAPELETA COMO MOVIMIENTO POLÍTICO, con el fin de
AMPARAR lo que Constitucional y Legalmente nos Corresponde, que es
el Decreto de las dar a las Medidas Cautelares de Urgencia, solicitadas
de manera Legal y Oportuna, de acuerdo con los requisitos exigidos por
el Artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y Normas Concordantes
Aplicables, con el fin de evitar un Perjuicio Irremediable, por no
amparar los Derechos Fundamentales, que el Demandante considera
vulnerados por los Honorables Magistrados del Consejo Nacional
Electoral – CNE -.

TERCERO: Una vez sea concedida la Medida Cautelar de Urgencia, se
ordene a los Honorables Magistrados del Consejo Nacional Electoral –
CNE -, que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al fallo
de Tutela, que así lo disponga, inscribir el Candidato a la Presidencia de
Colombia, por el Movimiento Político Séptima Papeleta, con su
correspondiente fórmula Vicepresidencial en el Tarjetón para las
Elecciones Presidenciales que se llevarán a cabo el 29 de Mayo del
presente año de 2022, y en su defecto, inscribir el Candidato a la
Presidencia de Colombia, por el Movimiento Político Séptima Papeleta,
con su correspondiente fórmula Vicepresidencial en un Tarjetón Aparte,
independiente, para Participar en las Elecciones Presidenciales que se
llevarán a cabo el 29 de Mayo del presente año de 2022.

CUARTO: Registrar e incorporar a la Organización Electoral, los
Estatutos del Partido Movimiento Séptima Papeleta y el Logo-Símbolo
correspondiente.

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QUINTO: Como consecuencia de la prosperidad de la Tutela, se ordene
a los Honorables Magistrados del Consejo Nacional Electoral – CNE -, -
que dejen sin valor ni efecto alguno el Auto proferido dentro del
proceso origen de la presente tutela, en contra de los Honorables
Magistrados del Consejo Nacional Electoral – CNE -, para que procedan
a dictar la decisión que en derecho corresponda.

SEXTO: Solicitud del Reconocimiento Constitucional y Legal de la
Personería Jurídica del Movimiento Séptima Papeleta, con base en el
Artículo 35 Transitorio, Vigente, de la Constitución Política Colombiana,
que Preceptúa que el CNE reconocerá la Personería Jurídica a los
Movimientos y Partidos Políticos que participaron en la Asamblea
Nacional Constituyente, origen de la Constitución Política Colombiana,
hecho Evidente es que nuestro Movimiento Político si participó en la
Asamblea Nacional Constituyente, como se desprende de los hechos,
con pruebas demostrados ante el Consejo NACIONAL Electoral -CNE-,
amén de todas las Pruebas que reposan en los anales y archivos de tan
magno evento». (sic en toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que, sobre el reconocimiento de
personería jurídica de una determinada colectividad política, algunas
circunstancias especiales han conllevado que se adopten medidas
específicas que van más allá de la mera aplicación normativa del
contenido del artículo 108 constitucional, como es el caso de la Unión
Patriótica o del Nuevo Liberalismo, por lo que el Movimiento Séptima
Papeleta tiene derecho al restablecimiento de sus derechos políticos
en igualdad de condiciones que los demás competidores en la
contienda electoral.

De igual modo, indicó que la Constitución Política tiene como marco
jurídico al Estado Social de Derecho, con base en el mandato del
pueblo soberano, y por tanto es un Estado democrático y
participativo, pluralista, igualitario sin distingo ni diferencias por
cuestiones de credo, raza, o condición, con libertad religiosa y política,

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con plena autonomía para participar en las contiendas electorales,
bajo el amparo constitucional de elegir y ser elegido de manera libre,
y de constituir partidos políticos, exigiendo ante las autoridades el
respeto del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político, y de constituir partidos y agrupaciones políticas sin
limitación alguna.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 28 de marzo de 2022, esta Subsección admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo de
Estado – Sección Quinta, como accionado, y al Consejo Nacional
Electoral y a los señores Germán Miranda Lozano y Alexander Robles
Sánchez, como terceros interesados en las resultas del presente
proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

5. INTERVENCIONES

5.1. El Consejo Nacional Electoral, a través de la profesional
universitaria de la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial,
solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela de la
referencia, por no haberse culminado el trámite previsto en el proceso
ordinario.

Manifestó que la pretensión del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho tiene como sustento la presunta
vulneración al debido proceso con el fin de afectar la legalidad de los

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actos administrativos demandados, lo cual requiere del agotamiento
del trámite procesal administrativo, que continúa en curso. Por tanto,
la sola confrontación entre los actos demandados y las normas
superiores alegadas como vulneradas no determinan la procedencia
en este caso de la suspensión provisional.

5.2. El Consejo de Estado – Sección Quinta, por medio de la
magistrada Rocío Araujo Oñate, pidió que se rechace por
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

Expuso que contra el auto que negó el decreto de medidas cautelares
procede el recurso de reposición, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 242 de la Ley 1437 de 2011. Por ello, ante la existencia de un
mecanismo ordinario de defensa judicial efectivo, sobre el cual no
existe constancia de su debido agotamiento por parte del accionante,
lo que se evidencia es que se pretende la utilización de esta acción
constitucional como un reemplazo de las vías judiciales comunes, en
una clara invasión de la órbita de competencia del juez natural.

De igual modo, indicó que la providencia acusada no incurrió en una
causal específica de procedibilidad, ni tampoco el tutelante cumplió
con la carga argumentativa necesaria para exigir un estudio de fondo
sobre la decisión adoptada, la cual se dictó con respeto de las normas
procesales vigentes y usando las disposiciones normativas aplicables
al caso concreto.

5.3. Los señores Germán Miranda Lozano y Alexander Robles
Sánchez coadyuvaron las pretensiones de la parte accionante.

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II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».1

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?

1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Quinta, con la expedición del
auto de 3 de marzo de 2022, que negó las medidas cautelares
solicitadas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 11001-03-28-
000-2021-00081-00, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad del parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el principio de subsidiariedad, y vi) el
caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser

2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se

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encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.

No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

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vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una entidad pública de cualquier índole o de los
particulares, cuya conducta represente una afectación grave a
derechos fundamentales.

Al respecto, el artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991
señala dentro de las causales de improcedencia de la tutela, «cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de
competencias delineada por la carta y el principio de especialidad de
la jurisdicción.

Por lo tanto, el principio de subsidiariedad constituye un requisito
fundamental para la procedibilidad de la acción de tutela, frente a eso
la Corte Constitucional señaló que para que la tutela proceda se debe
cumplir con las exigencias de que el actor: (i) no disponga de otro
medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio
de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo
no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera

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que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.3

El Consejo de Estado estableció que la acción de tutela es de
naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual para debatir asuntos
propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es
improcedente, porque su objeto se encuentra definido de forma plena
en el artículo 104 del C.P.A.C.A., que le otorga «además de lo
dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los
que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa».4

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
el señor Luis Manuel Rivas Parra, quien actúa en nombre propio, en
contra del Consejo de Estado – Sección Quinta, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia de 3
de marzo de 2022, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-28-000-2021-
00081-00.

Al respecto, se tiene que la providencia acusada no es una decisión de
sustanciación sino un auto interlocutorio que decidió de fondo una

3
Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de
2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.
4
Consejo de Estado. Sentencia del 5 de mayo de 2014. Radicación No: 19001-23-33-000-2014-00061-
01. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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medida cautelar de urgencia, por que encaja dentro de los supuestos
del artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, a saber:

«ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. El recurso de reposición procede
contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su
oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General
del Proceso».

Frente a esto, es necesario aclarar que los autos que decretan, niegan
o modifican medidas cautelares son, en principio, susceptibles de
recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
243 del CPACA. Sin embargo, al ser este asunto de única instancia, la
herramienta procesal idónea es el recurso de reposición, pues este
permite que el juez de lo contencioso administrativo que adoptó la
decisión la reconsidere, no siendo entonces labor del juez
constitucional realizar el estudio dentro del proceso ordinario.

Sobre este punto, esta corporación5 ha señalado:

«[…] el recurso de reposición, es un recurso judicial que tiene como
finalidad que el mismo funcionario que tomó la decisión inicial, motivo
de impugnación, la reconsidere, bien sea para revocarla o modificarla;
siendo claro que, al tenor del artículo 242 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), este recurso “procede contra los autos que no sean
susceptibles de apelación o de súplica”, salvo disposición legal en
contrario; lo que quiere decir que por medio de este recurso se
garantiza la regla general de que toda decisión judicial puede ser
objeto de contradicción por los intervinientes, a excepción de que
expresamente la ley señale que i) contra cierta decisión procede otro
recurso o ii) la decisión no es impugnable».

5
Consejo de Estado – Sección Tercera – Sala Plena. Sentencia 13 de febrero de 2013. Radicación
número: 11001-03-26-000-2012-00078-00(45679)A

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En ese sentido, se advierte que la finalidad que persigue el legislador
al adoptar esta figura jurídica es que el juez de lo contencioso
administrativo pueda reconsiderar su decisión y el debate jurídico
ocurra dentro del proceso ordinario. Lo que nos lleva a concluir que la
acción de tutela, al ser un mecanismo residual y subsidiario, no puede
usarse para sustituir la órbita de competencia del juez natural; más,
si tenemos en cuenta que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en cuestión apenas se encuentra en
sede de admisión y tiene múltiples oportunidades procesales por
surtirse en las cuales las partes pueden plantear los argumentos que
hoy traen ante el juez constitucional.

De esta manera, es necesario reiterar que la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional y
debe sustentarse con base en unas causales específicas de
procedibilidad que fueron fijadas por la jurisprudencia. Así, al ser la
tutela un mecanismo subsidiario y al no comprobarse la inminencia, ni
existencia de un perjuicio irremediable, no resulta procedente cuando
la parte accionante no hizo uso de los medios de defensa judicial que
son idóneos y efectivos para obtener el amparo de las pretensiones
contenidas en la demanda.

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección rechazará por
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis Manuel
Rivas Parra, quien actúa en nombre propio, en contra del Consejo de
Estado – Sección Quinta.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

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III. FALLA

PRIMERO.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Luis Manuel Rivas Parra, quien actúa en
nombre propio, en contra del Consejo de Estado – Sección Quinta, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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