Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01842-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01842-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01842-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
9 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 01842-00
Demandante: Antonio Luis González Navarro
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá
Temas: Incumplimiento del requisito de procedibilidad de subsidiariedad /
Solicitud de cambio de radicación / Control de convencionalidad
difuso / Ley 1123 de 2007 / Ley 2094 de 2021
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
1. La acción de tutela
El señor Antonio Luis González Navarro a través de apoderado promueve acción de
tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial Bogotá, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la
defensa técnica, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, y por
desconocer el control de convencionalidad difuso.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
A. Se dejen sin efecto jurídico las actuaciones desarrolladas el día 27 de enero de
2022 en las cuales el ponente SUÁREZ VARÓN adelantó la etapa de juzgamiento
(alegatos) con un defensor de oficio, desconociendo al abogado de confianza
elegido por el disciplinado; y por no haber suspendido la actuación cuando ya
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Demandante: Antonio Luis González Navarro
conocía que la petición de cambio de radicación estaba desde el 11 de enero de
2022 en la Comisión Nacional Judicial (corporación competente para decidir).
B. Se conceda el CAMBIO DE RADICACIÓN (artículo 59 No 3 Ley 1123 de 2007)
haciendo por medio de esta figura legal un control de convencionalidad difuso
para aplicar la norma convencional (artículo 8) y la jurisprudencia vinculante de
la Corte Interamericana de derechos humanos en la materia y se garantice que
el JUZGAMIENTO y fallo final lo conozca un magistrado diferente al consejero
instructor que integra la sala plural con el homologo que NO haya intervenido en
este asunto; de esta manera se GARANTIZA LA IMPARCIALIDAD OBJETIVA, un debido
proceso en punto de la imparcialidad objetiva “Quien instruye no juzga” que sin
duda es un derecho fundamental de aplicación inmediata tal como lo he
demostrado ut supra.
C. Subsidiariamente se depreca como la Ley 2094 de 2021 ya reguló la separación
de funciones entre la instrucción y el juzgamiento en los procesos disciplinarios
en cabeza de funcionarios diferentes y entra a regir el día 29 de marzo de 2022;
por aplicación del Control de Convencionalidad Difuso es viable para que se
garantice un debido proceso -(imparcialidad objetiva) que se suspenda la
actuación disciplinaria en este caso concreto hasta el 29 de marzo de 2022 y por
ende el juzgamiento se debe adelantar con otro magistrado distinto a quien tuvo
a cargo la instrucción y emisión del pliego de cargos; teniendo presente lo que
indica el artículo 12 de la Ley 2094 de 2021 en concordancia con el parágrafo 2.°
del artículo 239 de la precitada ley que componen el Código Único Disciplinario.
1.2. Hechos de la solicitud
Por considerarlo pertinente, la Sala transcribe integralmente los antecedentes que la
parte accionante consideró como relevantes:
1. El 20 junio 2019, presidió la audiencia HM. Héctor Realpe Chamorro, asistió, el
disciplinable, indica que no va a rendir versión libre debido a que no le dieron las copias
a su asistente. Solicita suspensión, se niega la petición y se decretan pruebas.
2. El 3 octubre 2019, se citó a audiencia de pruebas y calificación provisional, el HM.
Héctor Realpe Chamorro, no se realizó la audiencia debido a que la fecha fue notificada
en estrado y no se envió correo por parte del Despacho, el disciplinado incurrió en un
lapsus al no informarle de la fecha a su Dependientes para que fuera ingresada en el
calendario de la oficina, sin embargo, ese día se tenían programadas cinco (5)
Audiencias convocadas por la Personería de Bogotá, el Juzgado 50 Penal del Circuito
de Bogotá, El extinto Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado de Control de
Garantías de Mosquera Cundinamarca y el Juzgado 1 Especializado de Medellín ; El
Magistrado indica que el disciplinable no compareció aun cuando fue notificado y le
concedió 3 días para justificar la inasistencia so pena de ser declarado abogado ausente
y nombrarle defensor de oficio .
3. El 13 febrero 2020 se convocó a audiencia de Pruebas y calificación provisional
Pruebas y calificación provisional, dirige el HM. Héctor Realpe Chamorro, asistieron la
doctora Valentina Blanco – Defensora Confianza y la doctora Diana Aldana – Defensora
Oficio, Se solicitó el aplazamiento de la Audiencia debido a que el disciplinable designó
una defensora de confianza la cual requería de un término razonable para estudiar el
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expediente; sin embargo, la defensora asistió a la Diligencia. El disciplinado tenía
Audiencia de Sustitución de Medida ante el Juzgado 58 de control de garantías de
Bogotá. El Despacho efectúa control de legalidad a las pruebas decretadas, se releva a
la defensora de oficio condicionalmente y se decretan pruebas.
4. El 3 de junio de 2020, no se llevó a cabo la Audiencia debido a la suspensión de
términos de todos los procesos desde el 16 de marzo de 2020, con ocasión a la
pandemia derivada del virus denominado Coronavirus.
5. El 29 de septiembre de 2020 se convocó a audiencia de Pruebas y calificación
provisional por el Magistrado Martin Leonardo Suarez, asistió la defensora de oficio
Diana Aldana, se solicitó aplazamiento debido a que el disciplinado tenía programada
otra diligencia, aunado a ello, el expediente digital solo fue remitido 2 días antes, lo que
no permitió el estudio respectivo. El Magistrado realiza un recuento procesal, acepta la
solicitud de aplazamiento del disciplinable y deja la constancia que el proceso ya ha sido
dilatado.
6. El 3 noviembre 2020 se convocó Pruebas y calificación provisional, asistieron el
defensor Antonio Luis González, defensora de confianza Valentina Blanco, la doctora
Diana Aldana Defensora Oficio y el doctor Nelson Torres Ministerio Público. El
Magistrado Martin Leonardo Suarez realiza un recuento procesal, solicita agencia
especial, el disciplinado rinde versión libre, se decretan pruebas, se niegan dos
testimonios y se apela por el disciplinado concediéndose en el efecto suspensivo ante el
Superior.
7. El 14 octubre 2021 se convoca audiencia para pruebas y calificación provisional,
asistieron el disciplinado Antonio Luis González, la doctora Diana Aldana – Defensora
Oficio y el doctor Nelson Torres - Ministerio Público; el disciplinado formuló Recusación,
el Magistrado indicó que se interpuso en el momento que se iba a practicar el testimonio
de Luis Alejandro Herreño, se rechaza la Recusación y se remite, a su vez, se remite
copia de la audiencia al Magistrado Báez para que constante los supuestos actos
irrespetuosos del disciplinado .
8. El 28 de octubre de 2021 se realizó audiencia de Pruebas y calificación provisional,
asistieron Luis Alejandro Herreño Pérez y Johana Bocanegra, en calidad de testigos, la
doctora Diana Aldana – Defensora Oficio, el doctor Nelson Torres - Ministerio Público,
Se solicitó aplazamiento debido a que el disciplinado tenía programadas con anticipación
una serie de diligencias y se allegan las respectivas constancias. El Magistrado deja
constancia que fue declarada infundada la Recusación, informa que el 26 de octubre fue
solicitado el aplazamiento por parte del disciplinado, a su vez, el Procurador corrobora
que el Disciplinado se encuentra en otra Diligencia y se acepta por última vez el
aplazamiento.
9. El 25 noviembre de 2021 se convocó audiencia de pruebas y calificación provisional,
asistieron Antonio Luis González, Luis Alejandro Herreño y Johana Bocanegra, en
calidad de testigos, la doctora Diana Aldana – Defensora Oficio y el doctor Nelson Torres
• Ministerio Público. Se practican las pruebas testimoniales y el Despacho
inmediatamente resuelve formular pliego de cargos en contra del Abogado por la posible
inobservancia a los deberes que le imponen los numerales 6º, 7° y 8°del artículo 28 de
la Ley 1123 de 2007, dada su presunta incursión en las faltas descritas en el numeral 8°
del artículo 33 ibidem, el literal i del articulo 34 y el inciso 2° del articulo 32 ibidem, a título
DOLO; se decretan pruebas de oficio. Al otorgarle el uso de la palabra al disciplinado
solicita suspensión al Magistrado para preparar las peticiones de prueba, el magistrado
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rechaza dicha petición. Se le concede nuevamente la palabra al disciplinado solicita y
sustenta cambio de radicación y el Magistrado la rechaza de plano.
10. El 11 de enero del 2022, asistieron el disciplinado Antonio Luis González y la doctora
Diana Aldana – Defensora Oficio. El Magistrado le concede el uso de la palabra al
Disciplinado para los alegatos de conclusión y este manifiesta que acordó con su
defensora solicitar el cambio de radicación de manera directa a la Comisión Nacional en
garantía del debido proceso; el Magistrado indica que la Ley le impone el deber de
rechazar todo acto orientado a impedir la realización de las audiencias por lo cual
rechaza la solicitud, se le da nuevamente el uso de la palabra al disciplinado y su
defensora para presentar alegatos y estos manifiestan que van a solicitar el cambio de
radicación directo a la comisión Nacional por el rechazo del comisionado seccional. El
magistrado Seccional dice que, en vista de la imposibilidad de continuar la diligencia, se
finaliza indicando que se releva a la defensora de oficio y se nombrar á otro defensor de
oficio para que presente los alegatos y califica a la abogada Aldana como incapaz y estar
de acuerdo con el disciplinado.
11. Posteriormente el ponente nombró a un abogado de oficio escogido por él, pues
desconocemos cuales son los criterios y los medios legales para escoger un abogado
de oficio, en este caso resultó ser el profesional Johan Clavijo, con el ÚNICO FIN que
presentara alegatos; este abogado y el disciplinado se reunieron virtualmente y producto
de estas reuniones el disciplinado le manifestó que no estaba de acuerdo con la
estrategia defensiva que le proponía y por ende el día anterior a la audiencia es decir el
26 de enero de 2022 le advirtió e informó que iba a nombrar un defensor de confianza,
por lo cual su defensa la iba adelantar era el abogado de confianza que él nombraría.
12. El 27 de enero del 2022 se convocó audiencia de Juzgamiento, asistieron el
disciplinado Antonio Luis González, el doctor Eduardo Acosta – Defensor Confianza, el
doctor Johan Clavijo – Defensor Oficio y el doctor Nelson Torres - Ministerio Público. El
Disciplinado otorga poder a Eduardo Enrique Acosta como su defensor de confianza y
expresó que tiene otra audiencia por lo tanto se retirara; más adelante, a su vez, el
defensor de confianza manifiesta que no rendirá alegatos, sino que presentará una
postulación; el Magistrado Seccional hace referencia según el a los constantes actos de
dilación del disciplinado; e insta al procurador para que presente alegatos de conclusión,
El despacho mismo hace referencia a que hay una solicitud de cambio de radicación y
le concede la palabra al defensor de oficio para que presente alegatos. No reconoce
personería al abogado de confianza y solo hasta el final cuando el de oficio termina los
alegatos lo releva y reconoce al abogado de confianza Eduardo Acosta. El abogado de
confianza hizo la postulación que se suspendiera la etapa de juzgamiento hasta tanto la
Comisión Nacional resolviera la solicitud de cambio de radicación y la sustentó
debidamente, el ponente como siempre rechazó de plano, teniendo conocimiento que
esta petición cursa en la Comisión Nacional desde el 11 de enero de 2022 - .
13. El día 9 de febrero de 2022 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial definió
negando el cambio de radicación, providencia notificada el día 20 de marzo de 2022 al
disciplinado por medio de correo electrónico. (sic a todo el texto)
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
Centró su reparo en las siguientes causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
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Demandante: Antonio Luis González Navarro
1.3.1. Defecto procedimental
1.3.1. En el que presuntamente incurrió el magistrado de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá que adelantó las audiencias del proceso disciplinario
iniciado en contra del accionante, es sustentado en los siguientes argumentos:
1.3.1.1. El 25 de noviembre de 2020 al rechazar de plano la solicitud y sustentación
de cambio de radicación del proceso disciplinario adelantado en su contra, se
desconoció lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007,
aduciéndose como fundamento para negarlo que «se trataba de una maniobra dilatoria
y un acto de mala fe del disciplinado González Navarro», decisión que lesionó sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
El haberse adelantado la etapa de juzgamiento a pesar de que aún no había
pronunciamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial respecto de la solicitud
de cambio de radicación.
La negativa de dar trámite a la solicitud de cambio de radicación «bajo el sofisma de
considerar que era una “maniobra dilatoria y un acto de mala fe”», desconoció a) el
derecho a la defensa, b) el artículo 59 numeral 3.° de la Ley 1123 de 2007, c) la doctrina
del control de convencionalidad difuso que es lo que se pretende con el cambio de
radicación; que quien instruya y acuse en la actuación disciplinaria no sea el juzgador.
El no darle trámite a la petición de cambio de radicación elevada desde el día 25 de
noviembre de 2021, configuró la violación del derecho de acceso a la administración
de justicia, siendo esa la razón por la cual acudió el 11 de enero de 2022 a la Comisión
Nacional «donde se le da trámite a mi petición lo que indica que no era una maniobra
dilatoria, cosa distinta es que [la hayan] negado».
v) Conforme al artículo 48 de la Ley 906 de 2004, por remisión expresa del artículo 16
de la Ley 1123 de 2007, la audiencia de juzgamiento no podía adelantarse hasta tanto
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Demandante: Antonio Luis González Navarro
el superior no decidiera la solicitud de cambio de radicación, como lo sostuvo la Corte
Suprema de Justicia el 24 de noviembre de 2021, expediente radicado núm. 60364.1
En su criterio, «todo lo realizado no tiene efectos legales, debe declararse sin efecto
alguno», y en tal virtud «es necesario que se anulen a través de esta acción de tutela,
las actuaciones realizadas con posterioridad a la solicitud el cambio de radicación,
pues así lo considera la norma ya que la actuación desplegada por el magistrado
seccional se convierte en un defecto procedimental absoluto, en la medida que para
RECHAZAR de plano la petición de cambio de radicación sustentada debidamente el día
25 de noviembre de 2021 en la audiencia donde profirió el pliego de cargos, el ponente
hizo uso del artículo 46 de la ley 906 de 2004, sin embargo para no aceptar la solicitud
de suspensión del interregno de juzgamiento en el proceso disciplinario quebranta lo
dispuesto en el artículo 48 del mismo estatuto procesal penal y desconocimiento del
precedente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia».
1.3.1.2. El 11 de enero de 2022, al relevar el Comisionado Seccional del cargo a la
abogada de oficio Diana Paola Aldana Góngora por no estar de acuerdo con la
estrategia coordinada con el disciplinado dirigida a la unidad de defensa, esta anunció
«radicar, el día de hoy, al terminar la audiencia, solicitud de cambio de radicación ante
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, además presentarán acción de tutela ante
el Tribunal Superior de Bogotá para que estudie una garantía al debido proceso. Por
ello solicitan no se continúe la audiencia de juzgamiento hasta cuando se resuelvan»,
circunstancia que en criterio del accionante estructuró una vulneración a la defensa
técnica y material.
Agrega el accionante que el «magistrado Seccional inconforme y alterado en su ánimo
de juez con la respuesta de la defensora de oficio», decidió revocar su nombramiento,
suspendiendo la audiencia e «impone otro abogado de oficio escogido por él (no se
sabe cómo fue la escogencia de este abogado objetivamente, pues no existe un
mecanismo trasparente que así lo indique) para que presentara los alegatos finales y
de esa manera pasar por encima de la estrategia defensiva del disciplinado».
1 (iv) el juicio oral no puede iniciarse mientras el superior no decida sobre su procedencia (Cfr. CSJ AP, 5 ago. 2013,
rad. 41916 y AP5531 -2014, rad. 44606).
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Demandante: Antonio Luis González Navarro
En su criterio, el actuar del comisionado seccional conculcó las garantías al debido
proceso que le asistían, pues conforme a la sentencia C-069 de 2009 el silencio de la
defensa técnica material es una estrategia legitima, dado «que la actitud que asumió
impidió que el disciplinado y su defensora de la época ejercieran su estrategia
defensiva, esto es, que se garantizara el derecho a que el superior jerárquico resolviera
un cambio radicación (sic) oportunamente radicado».
Consideró que el proceso disciplinario adelantado en su contra contraría el artículo 8.1.
de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues el magistrado instruye
(formula pliego de cargos) y además agrava su situación como disciplinado, al dirigir e
«inmiscuirse» en la forma como debe realizarse la defensa, de modo que,
amparándose en los deberes de dirección del proceso, «releva la defensa de oficio
que no ejerce estrategias defensivas de su agrado, todo un cúmulo de abuso de poder,
se hace como diga el magistrado seccional y nada más, quebrando sus garantías ».
Para sustentar su dicho, trajo a colación unas sentencias de la Corte Suprema de
Justicia 2 relacionadas con la prerrogativa constitucional de la defensa técnica, las que
concluyen que a los operadores jurídicos no les es dable desarrollar valoraciones que
le permitan calificar la eficiencia ni la eficacia de las estrategias que sean asumidas
por los sujetos partes e intervinientes dentro del proceso, pues la táctica defensiva les
compete a los sujetos litigantes, «de suerte que los juicios valorativos están por fuera
de la órbita de la judicatura».
1.3.1.3. En la audiencia de 27 de febrero de 2022, el señor Antonio Luis González
Navarro asistió en compañía de su abogado de confianza con el propósito de adelantar
defensa técnica, anunciando que no presentará alegatos sino otra postulación; en esta
audiencia también hizo presencia el doctor Johann Augusto Clavijo designado por el
despacho como defensor de oficio del disciplinado y el Ministerio Público. Anotó que
el magistrado «se negó a reconocer personería jurídica al suscrito (sic) como defensor
de confianza del disciplinado, por el contrario, dio prelación a la defensa de oficio sobre
la defensa técnica, violentando de esta manera, nuevamente y de manera
consuetudinaria la garantía del derecho a la defensa contenidos en los artículos 29 de
2
Corte Suprema de justicia. Sala de Casación Penal, sentencias del 22 de septiembre de 1998 y 22 de octubre de
1999.
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Demandante: Antonio Luis González Navarro
la Constitución, 12, numeral e) de la Ley 1123 de 2011, precepto 14, numeral e) del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposición 8ª, numeral 2º, literales
d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Leyes 74 de 1968 y 16
de 1972, C-994 de 2006».
Añadió que las actuaciones desplegadas por el abogado de oficio doctor Clavijo
Ramos, coadyuvaron a la afrenta de los derechos fundamentales del accionante que
requieren de la intervención del juez constitucional para evitar su indebida
consumación, pues realizó actuaciones en un proceso disciplinario como lo es
presentar alegatos de conclusión, a pesar de que i) días antes a la audiencia le había
manifestado en reunión virtual no comulgar con su estrategia defensiva y que para tal
efecto iba nombrar un abogado de su confianza y elección, ii) cuando se presentó a la
audiencia el 27 de enero de 2022, observó que el disciplinado había designado
defensor privado que lo desplazaba y a pesar de ello siguió actuando por encima del
derecho de escogencia de su abogado de confianza, iii) «es evidente que este
abogado de oficio impuesto por el magistrado seccional era con la finalidad que
presentara los alegatos y no permitir que el abogado de CONFIANZA planteara otra
estrategia defensiva y por eso cuando el abogado de confianza sustentó la solicitud
que se SUSPENDIERA LA ACTUACIÓN hasta tanto se resolviera el cambio de radicación
presentado a la Comisión Nacional Judicial el día 11 de enero de 2022, lo que hizo el
Comisionado Seccional fue RECHAZAR DE PLANO esta solicitud», iv) el defensor de oficio
«IMPUESTO» por el magistrado seccional presentó los alegatos y cuando terminó de
leerlos, ahí sí «decidió RELEVAR al abogado de oficio y ahí sí reconocer personería al
abogado de confianza; es decir ya HABÍA LOGRADO SU PROPÓSITO por ende ya NO LO
NECESITABA y el abogado se prestó para eso».
Aclaró que el presupuesto sustancial normativo para que la judicatura disciplinaria
nombrara un defensor de oficio es que la actuación se adelantara contra una persona
ausente, situación que no aplica en este asunto pues el señor González Navarro
siempre ha hecho presencia en las audiencias.
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Demandante: Antonio Luis González Navarro
Como sustento de su dicho manifestó que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia ha sido determinante, en sus diferentes precedentes, en que el
abogado de confianza privilegia a la defensa de oficio.3
1.3.2. Defecto procedimental absoluto en el que incurrió la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial
i) Al inaplicar en la resolución de solicitud de cambio de radicación el control difuso de
convencionalidad, desconoció los artículos 9.° y 93 de la Constitución, 1.°, 2.°, 8.° y 29
de la Convención Americana de Derechos Humanos, 26 y 27 de la Convención de
Viena y los precedentes de la Corte Interamericana de derechos Humanos en punto
del control difuso de convencionalidad, en particular la sentencia Petro Urrego contra
Colombia conforme a la cual se dejó claro que se debía cambiar en los procesos
disciplinarios, el sistema de instrucción y juzgamiento en cabeza de diferentes
funcionarios; de igual modo se refirió a los casos Almonacid Arellano y otros Vs.
Chile,4Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú,5 Caso
Cabrera García y Montiel Flores Vs. México,6
ii) Sostuvo de manera errada, que la Ley 1123 de 2007 no contempla la figura del
control de convencionalidad y que, si bien ella está contenida en la Ley 2094 de 2021,
ésta no estaba aún vigente.
iii) Existe un defecto procedimental absoluto al decidir que la presentación del cambio
de radicación es extemporánea, siendo que la primera solicitud y sustentación se hizo
en la audiencia del 25 de noviembre de 2021 y esa petición en un «claro y absurdo
RECHAZO de plano del señor ponente de primera instancia, no le dio trámite ante la
Comisión Nacional que es la corporación competente de conformidad con el artículo
59 Numeral 3 de la ley 1123 de 2007», lo anterior indica que tal solicitud se radicó
antes de la etapa de juzgamiento, ahora bien, resaltó que si en gracia de discusión la
3 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, expediente radicado núm. 44900, 28 de julio de 2020,
expediente radicado núm. 1333 / 111250.
4 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.2 124.
5 Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158.10 128.
6 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220.
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Demandante: Antonio Luis González Navarro
petición hubiera sido presentada por fuera del término, debió aplicarse de oficio el
control difuso de convencionalidad.
Solicitó inaplicar las normas de la Ley 1123 de 2007 y privilegiar la figura del control
de convencionalidad para garantizar la separación funcional de instrucción, y concluyó
que no aplicar el control de convencionalidad era desconocer el artículo 93 de la
Constitución que por virtud de la Convención Americana de derechos humanos hace
parte del bloque de constitucionalidad.
1.4. Actuación procesal
La tutela de la referencia, admitida por auto del 29 de marzo de 2022, ordenó notificar
a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial Bogotá, quienes conocieron de la investigación
disciplinaria con radicado 11001 1102 000 2019 00322 00 [01, 02], para que dentro del
término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
El 19 de abril de 2022, se profirió auto por medio del cual se requirió i) a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá con el fin de que remitiera copia de los
audios y videos de las sesiones de las audiencias llevadas a cabo de forma virtual en
la plataforma Microsoft Teams los días 25 de noviembre de 2021, 11 y 27 de enero de
2022, en el proceso disciplinario identificado con el radicado núm.
110011102000201900322, y ii) a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el
propósito de informar si contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2022 por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, fue presentado recurso de
apelación ante esa corporación, de ser así, si ya fue proferida sentencia y si fuere el
caso, si se encuentra ejecutoriada.
1.5. Intervenciones
1.5.1 El magistrado del Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá,
7Martín Leonardo Suárez Varón, advirtió en primer lugar que, sobre los numerales 1°
al 13 del capítulo primero del libelo tutelar, relacionado con los antecedentes del
proceso disciplinario adelantado por esa corporación, señaló que el abogado Antonio
7 Expediente digital de tutela.
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Segundo González Navarro ha dilatado el proceso empleando una serie de maniobras
orientadas a impedir que se administre justicia, al efecto efectuó un pormenorizado
recuento de las audiencias y las actuaciones adelantadas.
Anotó que el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial, pues tiene a su
alcance el recurso de apelación contra la sentencia disciplinaria proferida por esa
Comisión el 23 de marzo de 2022; además resaltó que el tema objeto de debate no
satisface el requisito de relevancia constitucional porque se trata del trámite de un
proceso en curso donde se han respetado todas las garantías legales y
constitucionales.
Agregó que la solicitud de cambio de radicación elevada por el accionante fue resuelta
el 9 de febrero de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, advirtió
respecto de la designación de los dos defensores de oficio en el proceso disciplinario,
obedeció a las maniobras dilatorias del disciplinado como está acreditado en los
primeros numerales de los antecedentes del proceso, fue así que otro magistrado
ordenó emplazarlo y declararlo ausente de conformidad con el inciso 3.° del artículo
104 de la Ley 1123 de 2007, pues para el año 2019, se encontraba gozando de año
sabático por razón del premio al mérito judicial Ignacio de Márquez.
En relación al punto de que esa corporación no efectuó el control de convencionalidad
difuso, mencionó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sí lo realizó, prueba
de ello es la providencia a través de la cual se negó el cambio de radicación, y dejó
claro por qué no se extiende la división de funciones de investigación y juzgamiento
prevista en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) al régimen de abogados
(Ley 1123 de 2007); en la providencia se citó la sentencia de constitucionalidad C-028
de 2006, como sustento constitucional.
Como corolario de lo expuesto, frente a las peticiones del accionante solicitó:
i) Declarar la improcedencia del amparo deprecado, pues se trata de una actuación
judicial en curso y el abogado González Navarro cuenta con medios de defensa judicial
idóneos señalados en el procedimiento disciplinario, específicamente la apelación de
la sentencia, la invocación de nulidades allí, y la consulta que opera de forma
automática si no lo hace.
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ii) Rechazar la solicitud de dejar sin efecto la actuación y mantener en firme la decisión
adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial respeto del cambio de
radicación. Advirtió que admitir que la división de las funciones de investigación y
juzgamiento se aplica al régimen disciplinario de los abogados, implicaría su extensión
a todos los procesos en curso que se encuentran en esta jurisdicción en el país, los
que se presenten en el futuro y los que en el pasado se hayan tramitado, es decir, la
labor íntegra de esta Jurisdicción Disciplinaria.
iii) Respecto a la petición de tutela subsidiaria, relacionada con la aplicación directa de
la Ley 2094 de 2021 y la inaplicación de disposiciones de la Ley 1123 de 2007, debo
informar que en el proceso disciplinario 2019-00322 ya se emitió sentencia y fue
notificada. Por último, resaltó la conducta que asumió el abogado disciplinado desde
el 28 de septiembre de 2020, cuando en su escrito empleó términos deshonrosos en
su contra, tales como abuso del poder, entre muchas otras expresiones que ha
empleado; además, manifestó que si no se aplazaba la audiencia del 3 de noviembre
de 2020, lo denunciaría penal y disciplinariamente.
1.5.2. El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, 8 Juan Carlos
Granados Becerra, anotó que esa corporación resolvió la solicitud de cambio de
radicación elevada por el señor Antonio Luis González Navarro, y como quiera que
dicha figura no aparece desarrollada en la Ley 1123 de 2007, esa comisión acudió al
principio de integración normativa, contemplado en el artículo 16 ibídem, trayendo la
normatividad contemplada en los artículos 46 y 47 del Código de Procedimiento Penal.
Indicó que la integración normativa debía efectuarse con esa normatividad y no con el
artículo 86 de la Ley 600 de 2000, como lo sugirió el accionante, pues aplicó la
jurisprudencia de esa corporación proferida en otra solicitud de cambio de radicación
presentada por el señor González Navarro, con relación a otro proceso disciplinario
que actualmente se adelanta en su contra en la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá.
8 Expediente digital de tutela.
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Al efecto, manifestó que esa Comisión negó la solicitud de cambio de radicación por
cuanto fue radicada de forma extemporánea, pues la oportunidad para presentarla
conforme lo ha definido la jurisprudencia, era hasta antes de la formulación del pliego
de cargos.
Solicitó que en caso de no ser declarada improcedente la acción constitucional, fuera
denegado el amparo deprecado por el tutelante, respecto de la vulneración a sus
derechos fundamentales a la defensa técnica, la garantía del debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, y desconocimiento del control de
convencionalidad difuso, por cuanto no se observa desconocimiento de ninguna
garantía constitucional, ni tampoco ningún defecto constitutivo de una vía de hecho.
Lo anterior, toda vez que la afirmación del señor González Navarro que la solicitud de
cambio de radicación no era extemporánea, pues presentó una primera solicitud en la
audiencia del 25 de noviembre de 2021, cuando se terminó de formular el pliego de
cargos, y que como fue rechazada de plano por el magistrado del Consejo Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá debió presentarla directamente ante la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, lo cual implicó que fuera presentada antes de la
audiencia de juzgamiento, pues fue radicada en esa corporación el 11 de enero de
2022, «luego de realizada la primera sesión de la audiencia de juzgamiento, pues en
esa diligencia el abogado GONZÁLEZ NAVARRO anunció que ese mismo día iba a realizar
la mencionada solicitud».
Finalmente, respecto a la aseveración del accionante de que esa Comisión violó la
Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, porque no
aplicó el control difuso de convencionalidad, el cual según a su juicio, debía ser
reconocido de manera oficiosa, en la providencia del 9 de febrero de 2022 aquí
cuestionada, indicó las razones por las que no era aplicable a su caso.
Concluyó que el amparo invocado no tiene vocación de prosperidad pues en el auto
que resolvió la solicitud de cambio de radicación, se respetaron los derechos
fundamentales del disciplinado, aunado al hecho de que la acción de tutela no es una
instancia adicional para debatir argumentos que fueron objeto de pronunciamiento por
el juez natural.
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1.5.3. El funcionario adscrito a la Oficina Jurídica de la Personería de Bogotá, D.
C.,9 Juan Sebastián Ramírez Duque, anotó que no existe conexión entre los hechos y
pretensiones del accionante y la actuación que debe desplegar ese órgano de control,
pues la Personería de Bogotá no ha vulnerado ningún derecho fundamental del
accionante, por el contrario, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, entidades competentes para
atender las pretensiones de la tutela.
En tal virtud, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.4. El apoderado de oficio del abogado Antonio Luis González Navarro,
designado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en el proceso
disciplinario 110011102000201900322,10 Johann Clavijo Ramos, manifestó que en
relación con las afirmaciones que en su contra señaló el abogado Antonio Luis
Gonzáles Navarro, las clarificó de la siguiente manera:
i) Fue notificado y conoció del asunto mediante correo electrónico del 12 de enero de
2022. Recibió comunicado desde la cuenta de correo electrónico:
csjsdtpd01bta@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el asunto de:
«(sic)…NOTIFICACIÓN DESIGNACIÓN DEFENSOR DE OFICIO, CITA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
27 DE ENERO DE 2002 A LAS 8:30 DE LA MAÑANA, FAVOR CONFIRMAR DESIGNACIÓN».
El contenido del mensaje fue el siguiente:
«(sic)… TELEGRAMA núm. 0052-2019-00322-MLSV de conformidad a lo ordenado auto
de fecha 11 de enero de 2022 se comunica que fue designado como defensor de oficio
del doctor ANTONIO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO. Para que se notifique y asista preparado
de manera virtual a la audiencia de JUZGAMIENTO programada para el día 27 de enero de
2022 a las 8:30 de la mañana. Dentro del proceso disciplinario 2019-00322, el cual
comparto.
Se le informa que la designación es de es de forzosa aceptación, conforme lo dispone el
numeral 21 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.
COMPARTO PROCESO PARA SU REVISIÓN FAVOR DAR CLICK: 1100111020002019003220».
ii) El estadio procesal en el que asumió la defensa del disciplinado fue después de la
audiencia de pruebas y calificación provisional del artículo 105 de la Ley 1123 de 2007,
9 Expediente digital de tutela.
10 Expediente digital de tutela.
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y su deber era acudir a la audiencia de juzgamiento del artículo 106 ibídem. Por esa
razón, revisó la audiencia aludida en donde se le formuló cargos y la subsiguiente en
la cual se relevó a la anterior defensora de oficio.
iii) El propósito de su designación era «(sic)… con el ÚNICO FIN que presentara
alegatos». Anotó que era su deber profesional preparar los alegatos de conclusión, en
especial porque dicho acto era propio de esa audiencia y su labor profesional estaba
encaminada a defender los intereses de su defendido.
iv) Respecto de la reunión sostenida con el abogado Antonio Luis González Navarro,
precisó lo siguiente:
«-Es necesario aclarar que, antes de la reunión virtual aludida, le escribí el 20 de enero
de 2022 a la cuenta de correo electrónico para comunicarle formalmente la designación
como su abogado de oficio. Le expresé que el suscrito ya había tenido acceso al
expediente, que lo revisé en lo atinente al proceso disciplinario surtido en la Personería
de Bogotá. Le comenté que me hacía falta evacuar algunas sesiones de audiencia de
pruebas y calificación provisional, que asistiría preparado para la audiencia de
juzgamiento y que estaba capacitado para ello.
-Después de enviado el correo, si sostuve una conversación telefónica con el Dr.
González Navarro, para agendar una cita. Pero lo conversado goza de reserva
profesional.
Posteriormente, se efectuó la reunión virtual, creo que a los días siguientes – no lo
recuerdo. Pero reitero, goza de reserva profesional lo allí ventilado. Manifestó aquel que
colocaría una defensa de confianza. Sin embargo, le reiteré que mi deber era asistir a la
audiencia y nuevamente le indiqué que estaría preparado para alegar de conclusión tal
como lo ordena el artículo comentado (art. 106).
-Para el 27 de enero, se programó la audiencia de juzgamiento. Alegué de conclusión.
Dicha intervención lo hice a la luz del derecho a la defensa. Era evidente que la presencia
como defensor era rodear las garantías en el decurso de la audiencia de juzgamiento.
Mi participación era salvaguardar los intereses de mi defendido, que, como reitero, asumí
con la mayor responsabilidad, igual como si fuera un apoderado convencional. Pues la
inactividad para ese momento y conforme a los cargos endilgados, en mi criterio
profesional, guardar silencio o caer en inactividad sería de gran perjuicio, de allí que los
argumentos esbozados estuvieron encaminados a desvirtuar los cargos y solicitar la
absolución. Finalizado el trámite, si fui relevado de manera, ya que, el disciplinado
contaba con abogado de confianza, el cual se abstuvo de presentar sus alegaciones,
que, para el suscrito, si se constituye como una real afectación a una defensa efectiva».
(sic a todo el texto)
v) En cuanto a la afirmación de la página No. 30 – Capítulo V -VIOLACIÓN DEL DERECHO
A LA DEFENSA TÉCNICA, sostuvo el accionante que: «(sic) No existe duda que las
actuaciones desplegadas por el abogado de oficio Dr. Johann Augusto Clavijo Ramos,
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coadyuvaron a la afrenta de los derechos fundamentales de mi defendido». Al efecto
señaló:
Frente a esta afirmación tengo que disentir y lo hago con profundo respeto. Al afirmar
que desplegué actuaciones tendientes a violentar los derechos fundamentales, esto no
se compadece y no estima mi participación en la audiencia de juzgamiento. Dejo la
salvedad que, para la preparación de la misma, tuve que revisar el expediente; el cual
era copioso (lo leí todo y oí todas las audiencias), fueron largas horas de escucha, no
solo me limité a las audiencias propias del proceso (L.1123), sino a valorar con cuidado
cada una de las audiencias y pruebas originarias del proceso en que éste actuaba como
apoderado de Johana Bocanegra. Con todo, los esfuerzos estaban dirigidos a construir
tan importante pieza procesal como lo es: los alegatos de conclusión.
Considero que mi actuar frente a la defensa estuvo encaminada a una participación
activa y dirigida solo a una misión: proponer mediante un discurso persuasivo, producto
del resultado de la valoración probatoria, a fin de que no se mantuviera la calificación
provisional y se absolviera al investigado. Situación que, en mi sentir, cumplí con el peso
y la saturación argumentativa. (sic a todo el texto)
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de
tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si el medio de amparo de la referencia cumple con
los requisitos mínimos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
en cuyo caso se determinará si la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por razón de las actuaciones cumplidas
dentro del proceso disciplinario 1100111 02 000 2019 00322 00, vulneró los derechos
fundamentales a la defensa técnica, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia del accionante.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
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La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.
Por ello, el artículo 6.º numeral 1.° del Decreto 2591 de 1991, establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional11 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas, que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 11 de enero de 2019 el Personero Delegado para Asuntos Disciplinarios I
compulsó copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá -hoy Comisión
11 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006,
T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas.
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Seccional de Disciplina Judicial Bogotá-, «por presuntas maniobras dilatorias e
irrespeto» con el fin de que fuera investigada la conducta del señor Antonio Luis
González Navarro en su calidad de apoderado de la señora Johana Paola Bocanegra
Olaya dentro del proceso verbal disciplinario IE 14876-2017, adelantado en esa
entidad.12
2.4.2. El 13 de febrero de 2019, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogotá dispuso
la apertura del proceso disciplinario en contra del señor Antonio Luis González
Navarro.13
2.4.3. El 20 de junio de 2019 se llevó a cabo la audiencia de pruebas y calificación
provisional conforme lo estipulado en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, en
disciplinable manifestó que «no va a rendir versión libre debido a que cuando su
asistente fue a pedir copia de la actuación se le informó en secretaría que era imposible
dárselas. Solicita la suspensión de la audiencia para pedir las copias y rendir versión
libre». El magistrado no la suspendió y le informó que en la próxima audiencia podía
rendir versión libre y decretó pruebas. 14
2.4.4. El 3 de octubre de 2019 la audiencia de pruebas y calificación no fue llevada a
cabo porque, aunque su convocatoria fue notificada en estrados, no se envió correo
por parte del despacho, razón por la cual «el disciplinado incurrió en un lapsus al no
informarle de la fecha a sus dependientes para que fuera ingresada en el calendario
de la oficina, sin embargo, ese día se tenían programadas cinco audiencias». El
Magistrado indicó que el disciplinable no compareció aun cuando fue notificado y le
concedió el término de 3 días para justificar la inasistencia so pena de ser declarado
abogado ausente y nombrarle defensor de oficio.15
2.4.5. El 22 de enero de 2020, el magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria de Bogotá hizo constar que había vinculado al señor Antonio Luis
González Navarro a la actuación disciplinaria «como ABOGADO AUSENTE, para cuyo
efecto [designó] como defensora de oficio a la doctora DIANA PAOLA ALDANA GÓNGORA».
Dicha decisión la tomó luego de proferido el auto oral del 3 de octubre de 2019, por
12 Folios 1 y 2 expediente digital original del proceso disciplinario.
13 Folio 27 expediente digital original del proceso disciplinario.
14 Folios 33 y 34 expediente digital del proceso disciplinario.
15 Folio 97 expediente digital del proceso disciplinario.
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medio del cual se dejó constancia de la inasistencia del disciplinable a la audiencia de
pruebas y calificación, y aunque se le otorgó un término de 3 días para justificarla, se
abstuvo de efectuar pronunciamiento alguno, circunstancia que derivó en
emplazamiento conforme al inciso 3.° del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007,
mediante edicto fijado el 15 de enero y desfijado el 17 de enero de 2020.16
2.4.6 El 13 de febrero de 2020 i) se instaló la audiencia de pruebas con la presencia
de las defensoras de oficio y la de confianza, ii) sin la comparecencia del disciplinable,
iii) el despacho consideró relevar a la defensora de oficio de forma condicional, iv) se
efectuó el control de legalidad de las pruebas decretadas el 3 de octubre de 2019 y v)
se solicitó el aplazamiento de la audiencia debido a la designación de una nueva
abogada que requería de un término prudente para estudiar el expediente.17
2.4.7. El 3 de junio de 2020, no se llevó a cabo la audiencia programada debido a la
suspensión de términos de todos los procesos desde el 16 de marzo de 2020, con
ocasión a la pandemia derivada del COVID-19.18
2.4.8. El 28 de agosto de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogotá profirió
comunicado en el radicado 2019-0322, mediante el cual informó: 19
Atendiendo que para prevenir el contagio del Covid-19, el Consejo Superior de la
Judicatura dispuso la suspensión de términos en todos los procesos desde el día 16 de
marzo de 2020 (según Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020), e informó
que levantará la medida desde el día 1 de julio (según Acuerdo PCSJA20-11567 del 5
de junio del año en curso), se ordena reanudar la comunicación y programación de
audiencias de conformidad con la agenda del Despacho.
Por lo tanto, se señala el día 29 de septiembre de 2020 a las 9:30 de la mañana para
llevar a cabo audiencia de pruebas y calificación provisional, de forma virtual.
2.4.9. El 27 de septiembre de 2020, el disciplinado Antonio Luis González Navarro y la
abogada de confianza Valentina Blanco de la Rosa, solicitan aplazamiento de la
audiencia por tener programadas otras audiencias en diferentes despachos
judiciales,20 reiteradas a través de correos electrónicos del 28 de septiembre.
16 Folio 108 expediente digital del proceso disciplinario.
17 Folios 125 expediente digital proceso disciplinario.
18 Expediente digital del proceso disciplinario.
19 Folio 140 expediente digital del proceso disciplinario.
20 Folios 150 y 151 expediente digital del proceso disciplinario.
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2.4.10. El 29 de septiembre de 2020, se instaló audiencia de pruebas y calificación, el
magistrado manifestó que i) compareció la defensora de oficio del disciplinable, ii) se
dejó constancia de la no comparecencia del señor González Navarro y su abogada de
confianza, iii) aceptó la solicitud de aplazamiento por una sola vez, iv) dejó constancia
que el proceso «ya ha sido dilatado por razón de una ausencia anterior del abogado
disciplinable y ya cuenta con una abogada de oficio», así como que los intervinientes
tienen el expediente en sus correos electrónicos v) en la próxima fecha sería
escuchado el disciplinable en versión libre, y de no comparecer estaría perdiendo la
oportunidad de rendirla, vi) se le comunicó al disciplinado y a la defensora de confianza
que en caso de no comparecencia a la siguiente audiencia, se llevaría a cabo con la
defensora de oficio y no se aceptarían solicitudes de aplazamiento. 21
2.4.11. El 3 de noviembre de 2020 se instaló audiencia pruebas y calificación i) el
disciplinable rindió versión libre en presencia de su abogada de oficio y del Ministerio
Público, ii) se efectuó recuento de la actuación procesal y el comisionado ponente
solicitó agencia especial dentro del proceso, se decretaron pruebas y se negaron dos
testimonios solicitados por el disciplinado; contra dicha decisión interpusieron recurso
de apelación el cual fue concedido en el efecto suspensivo. 22
2.4.12. El 19 de agosto de 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al desatar
el recurso de apelación, resolvió confirmar el proveído del 3 de noviembre de igual año
por medio del cual se negaron unas pruebas solicitadas por el abogado Antonio Luis
González Navarro dentro de la investigación disciplinaria que cursaba en su contra.23
2.4.13. El 20 de septiembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
señaló la hora de las 8: 30 a. m. del día 14 de octubre de ese año para llevar a cabo
la audiencia de pruebas y calificación provisional.24
2.4.14. El 28 de septiembre de 2021, la Procuradora Delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales designó a la Procuraduría 1 Judicial Penal para que
priorice la intervención del Ministerio Público en el proceso disciplinario
21 Folios 187 y 188 expediente digital del proceso disciplinario
22 Folios 211 y 212 expediente digital del proceso disciplinario
23 Folios 214 expediente digital del proceso disciplinario
24 Folios 214 expediente digital del proceso disciplinario.
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110011102000201900322, adelantado por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá contra el abogado Antonio Luis González Navarro.25 (folio 234-260)
2.4.15. El 14 de octubre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá i) instaló audiencia virtual, ii) compareció el disciplinado, la abogada de oficio
y el representante del Ministerio Público, iii) se dejó constancia que el disciplinado no
aportó los datos del contacto de la testigo Johana Paola Bocanegra Olaya, a pesar de
que tuvo desde el 20 de noviembre de 2020, es decir, 11 meses para suministrarlos y
solo hasta ese día informó el número de celular y se comprometió a hacerla
comparecer en la audiencia siguiente, iv) se permitió el ingreso del testigo Luis
Alejandro Herreño Pérez, v) el señor González Navarro formuló recusación en contra
del magistrado instructor,26quien la rechazó y ordenó remitir el proceso a la magistrada
que seguía en turno, vi) remite copia de la audiencia al magistrado Wilson Báez para
que haga parte del asunto que conoce con ocasión de los actos irrespetuosos por parte
del disciplinable hacia el magistrado «por el hecho del irrespeto que el mismo abogado
ha venido ejecutando hacia la audiencia y hacia el magistrado», vii) el comisionado
ponente señaló que de ser declarada infundada la recusación, no se aceptarían
solicitudes de aplazamiento, y en ejercicio de los poderes de dirección y ordenación
que le confiere la ley, rechazó las maniobras dilatorias, viii) los testimonios serían
recaudados en la próxima audiencia, ix) se notificó en estrados. 27
2.4.16. El 19 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó
la recusación formulada por el señor Antonio Luis González Navarro contra el
magistrado Martín Leonardo Suárez Varón. 28
2.4.17. El 26 de octubre de 2021, a través de correo electrónico el señor Antonio Luis
González Navarro solicitó aplazamiento de la audiencia de pruebas y calificación
25 Folio 234 expediente digital del proceso disciplinario.
26 Invocó el numeral 4º del artículo 61 de la Ley 1123 de 2007, así como los artículos 56-4 de la Ley 906 de 2004 y
99-4 de la Ley 600 de 2000, y la Ley 734 de 2002, afirmó el señor Antonio Luis González Navarro que el magistrado
Martín Leonardo Suárez Varón debe ser separado de conocimiento del asunto por haber “presentado queja
temeraria en su contra y la misma haber sido archivada”; y también porque él como abogado, denunció penalmente
al magistrado por prevaricato. Luego, entonces, siente animadversión hacia él y debe ser otro funcionario quien
conozca de este proceso disciplinario:
27 Folio 252 y 253 expediente digital del proceso disciplinario.
28 Folios 259 a 270 expediente digital del proceso disciplinario.
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provisional que se llevaría a cabo el 28 de octubre, aduciendo que contaba con
diligencias judiciales programadas.29
2.4.18. El 28 de octubre de 2021, se instaló audiencia virtual de pruebas y calificación
provisional: i) comparecieron la abogada de oficio, los dos testigos y el representante
del Ministerio Público, ii) se corroboró, junto con la Procuraduría, que el señor Antonio
Luis González Navarro iba iniciar audiencia en el Juzgado 35 Penal Municipal de
Bogotá, se accedió «por última vez» a su solicitud, se fijó nueva fecha -25 de
noviembre de 2021- y se dejó constancia de que «sino comparece se llevará a cabo la
audiencia hasta su culminación con la abogada de oficio y serán interrogados los dos
testigos por el despacho. No se aceptarán más solicitudes de aplazamiento», ii) las
partes quedaron notificadas por estrados.30
2.4.19. El 25 de noviembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá i) instaló audiencia virtual de pruebas y calificación provisional, ii)
comparecieron el disciplinado, la defensora de oficio, los dos testigos [quienes
absolvieron las preguntas] y el representante del Ministerio Público, iii) se formuló
pliego de cargo contra el señor Antonio Luis González Navarro «por la posible
inobservancia a los deberes que le imponen los numerales 6.°, 7.° y 8.° del artículo 28
de la Ley 1123 de 2007, dada su presunta incursión en las faltas descritas en el
numeral 8.° del artículo 33 ibidem, el literal i del artículo 34 y el inciso 2.°del artículo 32
ibidem a título de DOLO», iv) el disciplinado solicitó la suspensión de la audiencia, la
que fue negada, v) también solicitó cambio de radicación del proceso, se le dio traslado
al ministerio público quien manifestó que no era viable, vi) el comisionado ponente
negó la petición de cambio de radicación, con fundamento en los casos taxativos en
que procede, vii) después de proponer varias fechas para llevar a cabo la audiencia d
juzgamiento con el fin de que pudieran asistir el disciplinado y la defensora de oficio,
se fijó el día 11 de enero de 2022 a las 8:00 a.m. viii) se aclaró que no serían aceptadas
solicitudes de aplazamiento, ix) quedan las parte fueron notificadas por estrados.31
2.4.20. El 11 de enero de 2022, el comisionado Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá i) instaló audiencia virtual, ii) comparecieron el disciplinado y la defensora de
29 Folios 284 a 287 expediente digital del proceso disciplinario.
30 Folios 310 y 311 expediente digital del proceso disciplinario.
31Folios 323 y 324 expediente digital del proceso disciplinario
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oficio, iii) el ministerio público ausente con excusa, iv) se le concedió la palabra al
disciplinado para que rindiera los alegatos de conclusión, v) el señor Antonio Luis
González Navarro manifestó que «se reunió con la defensora de oficio y acordaron en
unidad de defensa radicar, el día de hoy, al terminar la audiencia, solicitud de cambio
de radicación ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, además presentaran
acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que estudie una garantía la
debido proceso.
Por ello solicitan no se continúe la audiencia de juzgamiento hasta cuando se
resuelvan», vi) la defensora de oficio indicó que no es la oportunidad procesal para
presentar alegatos de conclusión, si el despacho lo considera, mientras se resuelven
las acciones constitucionales, vii) el comisionado aclaró que «la asistencia de la
defensora obedece a que el abogado fue renuente a comparecer o ha seguido
dilatando el trámite por solicitudes, peticiones, recursos e incidentes, incluido el que
acaba de presentar, pero no porque requiera una defensa técnica ya que él está en la
capacidad de defenderse. Además, el incidente que el disciplinado promoverá hoy, el
cambio de radicación, es el mismo que intentó el 25 de noviembre de 2021, es decir,
esperó más de un mes y medio para insistir en lo mismo y en aquella oportunidad su
defensora no se adhirió a la solicitud. La acción de tutela no es un motivo para
suspender la audiencia. Agregó que la ley le impone al magistrado el deber de impedir
todo acto orientado a impedir la realización de la audiencia, de acuerdo con los
artículos 42 y 43 del CGP, por lo cual rechaza la solicitud del disciplinado y de su
defensora de oficio», viii) se les concedió nuevamente la palabra para presentar
alegatos de conclusión, ix) el disciplinado y la defensora se rehusaron a presentar
alegatos de conclusión, x) En consecuencia, ante la imposibilidad de llevar a cabo la
audiencia por la renuencia de presentar alegatos, se fija el 27 de enero de 2022, fecha
para la cual la acción de tutela anunciada debería estar resuelta, xii) se releva a la
defensora de oficio debido a que se rehusó a presentar alegatos, en su lugar, se
nombró otro profesional del derecho para que continuara la representación del
disciplinado, xii) el abogado solicita se deje constancia que relevar a la defensora de
oficio constituye una irracionalidad, xiii) ante la pregunta del comisionado si asistirá el
día 27 de enero a la audiencia señalada, el disciplinado expresó que definirá en su
momento si asiste o no, xiv) se dejó constancia que existen varios procesos dilatados
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por razón del mismo tipo de incidentes promovidos por el abogado, xv) se notifica por
estrados.32
2.4.21. El 11 de enero de 2022, se nombró como abogado de oficio al señor Johann
Augusto Clavijo Ramos con el fin de que presentara alegatos de conclusión, éste se
reunió virtualmente con el señor Antonio Luis González Navarro y producto de esas
reuniones el disciplinado le manifestó que no estaba de acuerdo con la estrategia
defensiva propuesta y por ende le informó que el día 26 de enero de 2022, iba a
nombrar un apoderado de confianza. 33 (folio 351 -374)
2.4.22. El 27 de enero de 2022, el comisionado Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá, i) instaló audiencia virtual de juzgamiento, ii) comparecieron el disciplinado, el
abogado de oficio y el de confianza, Eduardo Enrique Acosta de Armas, y el
representante del ministerio público, iii) el disciplinado Antonio Luis González Navarro
manifestó que tenía una audiencia a las 8: 30 a. m. ante el Juzgado 73 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías, por lo que se retiraría de la audiencia a las 9:00
a. m., iv) se le concedió la palabra a los intervinientes para que expresaran si venían
preparados para presentar alegatos de conclusión, a lo que respondieron
afirmativamente el defensor de oficio y el ministerio público. El abogado Acosta de
Armas manifestó que no rendiría alegatos sino que presentaría una postulación, v) el
magistrado hace un recuento sobre la constante conducta dilatoria del abogado
González Navarro y anuncia que escuchará los alegatos de conclusión, vi) el
disciplinado solicita se reconozca personería al abogado de confianza, rechazó al
abogado de oficio y se retiró de manera voluntaria de la audiencia virtual, siendo las 8:
54 a. m., vii) el magistrado le aclara al abogado Acosta de Armas que le reconoce
personería de manera condicionada si está preparado para presentar alegatos de
conclusión y que si se rehúsa el defensor de oficio lo representará en su lugar, viii)
concedida la palabra al representante del ministerio público, presentó su alegato de
conclusión (9:01 a. m. a 10:04 a. m.), dejó constancia del respeto al debido proceso y
a los derechos del disciplinado, ix) el comisionado deja constancia que el abogado del
disciplinado se retiró aduciendo que tenía otra audiencia con la cual de forma voluntaria
se abstuvo de presentar alegato, x) el magistrado le otorga la palabra al abogado
32 Folios 348 y 349 expediente digital del proceso disciplinario.
33 Folio 351 expediente digital del proceso disciplinario.
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Acosta de Armas para rendir alegatos de conclusión, quien, en lugar de ello solicita se
suspender el trámite hasta que la Comisión Nacional se pronuncie respecto de la
petición de cambio de radicación, y que no se tenga al abogado Clavijo Ramos como
defensor de oficio, xi) el magistrado rechazó la solicitud de suspensión y le advirtió al
abogado Acosta de Amas que le había dado la palabra para que rindiera alegatos de
conclusión, rehusándose a presentarlos. Nuevamente el magistrado hace un recuento
de los actos dilatorios del abogado tendientes a impedir e trámite normal del proceso,
xii) Dejó constancia que solo hasta ese momento, después de la presentación de los
alegatos de conclusión del ministerio público, el despacho y los intervinientes se
enteraron de que había una solicitud de cambio de radicación, ya que el disciplinado
había anunciado en la audiencia del 11 de enero de 2022 que la iba a presentar ese
mismo día y allegaría copia al presente asunto y no lo hizo, xiii) frente a la designación
del defensor de oficio, el comisionado enfatizó que no se impuso de manera unilateral,
sino porque el disciplinado ha venido dilatando el proceso y se ha rehusado a presentar
alegatos de conclusión, estrategia a la que ha se unido hoy su defensor de confianza,
xiv) se concedió la palabra al defensor de oficio, quien presentó sus alegatos de
conclusión (10: 46 a. m. a 11: 17 a. m., xv) el representante del ministerio público pidió
la palabra y explicó que no era aplicable el precedente que citó el abogado de
confianza para suspender la audiencia, porque el procedimiento se adelanta bajo el
sistema inquisitivo mixto y no acusatorio, «por lo tanto no podemos regularnos ni
aplicar jurisprudencia relacionada con la Ley 906 de 2004, sino que por el contrario,
Ley 600. Entonces no era viable la suspensión de la audiencia de juzgamiento como
acertadamente lo manifestó el magistrado. Así que desde ese punto de vista no se
está vulnerando el derecho ni la garantía fundamental», xvi) se relevó del cargo al
defensor de oficio de manera condicionada, xv) conforme a lo reglado en el artículo
106 de la Ley 1123 de 2007 se ordenó pasar el expediente al despacho, xvi) así como
remitir a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial un recuento de todo lo acontecido
en el proceso para los efectos pertinentes, desde la primera audiencia hasta hoy y
poner a disposición el expediente, xvii) se notificó por estrados. 34
2.4.23. El 28 de enero de 2022, el magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá Martín Leonardo Suárez Varón remitió a la Comisión Nacional de
34 Folios 362 y 363 expediente digital del proceso disciplinario.
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Disciplina Judicial el expediente contentivo de la actuación adelantada por ese
despacho en el proceso disciplinario 11001 11 02 000 2019-00322, adelantado contra
el abogado Antonio Luis González Navarro, con el fin de resolver el incidente de
cambio de radicación propuestos.35
2.4.24. El 9 de febrero de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial negó la
petición de cambio de radicación. 36
2.4.25. El 23 de marzo de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá, profirió la sentencia 028/22 dentro del proceso disciplinario adelantado contra
el abogado Antonio Luis González Navarro, y al efecto señaló: 37
[…]
VII. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN
El artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 consagra que el profesional del derecho quien
cometa una de las faltas disciplinarias, será sancionado con censura, multa, suspensión
o exclusión del ejercicio de la profesión. Además, para la graduación de la sanción a
imponer se deben considerar los criterios generales, de atenuación y agravación
establecidos en el artículo 45 ibídem.
En los acápites precedentes quedó demostrado que con la conducta desplegada por el
abogado GONZÁLEZ NAVARRO fueron quebrantados los deberes de colaborar leal y
legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, y
observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con las
personas que intervengan en los asuntos de su profesión. En el presente caso no
concurre algún criterio de atenuación, dado que el profesional no confesó la falta ni ha
procurado resarcir un eventual daño causado. Por el contrario, su conducta a lo largo de
este proceso estuvo inequívocamente dirigida a impedir la continuación del trámite, y
con ello obstaculizar la eficiente administración de Justicia.
Las faltas atribuidas fueron dos y se calificaron a título de dolo, pero sobre todo, la
conducta del profesional del derecho impidió durante 14 meses alcanzar el mandato
constitucional de observar con diligencia los términos procesales (artículo 228), y
además afectó gravemente la ponderación y respeto que en los términos de la
jurisprudencia disciplinaria deben exhibir los abogados en sus actos.
En consecuencia, la Sala sancionará al abogado ANTONIO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO con
SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión, por el término de DOCE (12) MESES. La sanción
cumple las funciones de corrección y prevención y está en armonía con los parámetros
fijados en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.
Al margen de lo anterior, se debe enfatizar la conducta exhibida por el abogado
GONZÁLEZ NAVARRO en esta actuación jurisdiccional disciplinaria, dado que durante tres
años dio lugar a una gran cantidad de incidentes orientados evidentemente a impedir el
35 Folios 371 a 373 expediente digital del proceso disciplinario.
36 Expediente digital proceso disciplinario.
37 Folios 374 a 390 expediente digital del proceso disciplinario.
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desarrollo del proceso, y a oponerse por todos los medios a la realización de las
audiencias, a la par de acusar al magistrado instructor de estar parcializado, de no
brindar garantías, y de tener la decisión prejuiciosamente adoptada, lo que deja entrever
la predisposición del disciplinado para este tipo de conductas.
Además, el abogado GONZÁLEZ NAVARRO llevó a cabo conductas de mala fe, entre otras,
cuando manifestó que presentó en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el cambio
de radicación, sin haberlo hecho aún, con lo cual perseguía la suspensión del trámite.
Con fundamento en lo expuesto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá,
administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE al abogado ANTONIO LUIS
GONZÁLEZ NAVARRO identificado con cédula de ciudadanía 12.621.875 y tarjeta
profesional 97.090, de cometer las siguientes faltas disciplinarias, todas a título de dolo:
1) la descrita en el numeral 8º del artículo 33 y con ello incumplir el deber del numeral 6º
del artículo 28; y 2) la prevista en el artículo 32 y con ello desatender el deber del numeral
7º del artículo 28, disposiciones de la Ley 1123 de 2007.
SEGUNDO: En consecuencia, SANCIONARLO con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la
profesión por el término de DOCE (12) MESES.
[…]
2.4.26. El 18 de abril de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Antonio Luis
González Navarro. El 19 de igual mes y año remitió la alzada a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial para lo de su competencia.38
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Primer problema jurídico
2.5.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia en la actuación
adelantada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
En el caso que se analiza, es preciso determinar si por razón de las actuaciones
cumplidas por el comisionado ponente dentro del proceso disciplinario 1100111 02 000
2019 00322 00, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá vulneró los
38Informe rendido el 25 de abril de 2025 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en cumplimiento del auto
del 19 de abril de igual año.
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derechos fundamentales del accionante a la defensa técnica, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, y si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
al desatar la solicitud de cambio de radicación elevada desconoció el principio de
control de convencionalidad difuso.
Al efecto, como pretensión solicitó dejar «sin efecto jurídico las actuaciones
desarrolladas el día 27 de enero de 2022 en las cuales el ponente SUÁREZ VARÓN
adelantó la etapa de juzgamiento», así como la decisión del 9 de febrero de 2022, por
medio de la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial negó la petición de cambio
de radicación.
A fin de resolver la solicitud de amparo, resulta necesario precisar que la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá profirió sentencia el 23 de marzo de 2021
en el caso sub lite, razón por la cual, como quedó expuesto en el acápite de hechos
probados, el proceso disciplinario de la referencia con radicado 1100111 02 000 2019
00322 00, se encuentra actualmente en trámite ante la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial surtiendo la segunda instancia,39 hecho que determina la
improcedencia de la acción de tutela.
La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la acción de tutela
contra providencia judicial no cumple con el requisito de subsidiariedad cuando se
verifica i) que el asunto está en trámite, ii) que no se han agotado todos los medios de
defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, iii) que se utiliza como un instrumento
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico, y iv) que el asunto que dio lugar al defecto no fue
previamente alegado. 40
En este sentido la Corte Constitucional, en la Sentencia T-103 del 26 de febrero de
2014,41 expresó que cuando se atacan decisiones judiciales el proceso debe haber
concluido, pues en caso de que esté en curso, el juez de tutela no puede analizar la
39Informe rendido el 25 de abril de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina judicial: El 18 de abril de 2022, fue
concedido el recurso de apelación y el 29 de igual mes y año fue remitido a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial para lo de su competencia.
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=odfN1HIFYlx4Zt1edAYdPnNS
9xU%3d
40 Ver entre otras, la sentencia SU-062 de 2018 y T-396 de 2014.
41 Corte Constitucional. Expediente T-3.286.505.
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solicitud de amparo, ya que no es posible utilizar la tutela como un mecanismo paralelo
para resolver las controversias que deben solucionarse en un proceso en trámite.
Conforme a lo expuesto, si el fallador constitucional comprueba que el debate que dio
origen a la interposición de la acción de tutela no ha sido resuelto de manera definitiva
y quedan etapas procesales por perfeccionar, como ocurre en el presente caso con la
decisión del recurso de apelación interpuesto y que no ha sido resuelto aún, la acción
deberá ser rechazada por improcedente.42
En efecto, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la Comisión
Seccional de Bogotá está bajo el conocimiento del juez natural del asunto –la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial-, corporación competente para conocer en segunda
instancia el asunto y a la que corresponde valorar las razones de hecho y de derecho
por las cuales la accionante estima vulnerados sus derechos, motivo por el cual resulta
que la acción de tutela intentada es improcedente, so pena de desconocer su
naturaleza subsidiaria y de provocar decisiones contradictorias.
Por tanto, para la Sala es importante preservar y dar estricto cumplimiento al carácter
subsidiario de la acción de tutela, pues, de no ser así: i) esta se asumiría como un
mecanismo de protección alternativo, ii) se correría el riesgo de vaciar las
competencias de otras autoridades judiciales, iii) se concentrarían en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ella y iv) se propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de la jurisdicción constitucional.43
Así las cosas, se evidencia que la presente acción de tutela no supera el examen de
procedencia requerido, pues las circunstancias expuestas la hacen inviable por falta
de agotamiento del mecanismo judicial que está en curso ante la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, previsto en el sistema jurídico en garantía de los derechos del
accionante y que se constituye en requisito ineludible de procedibilidad de la acción de
tutela.44
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 15 de febrero de 2018. Radicado 11001 03
15 000 2018 00127 00.
43 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
44 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-396-14: «En consecuencia, no resulta procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando el actor no ha utilizado o agotado todos los medios ordinarios o
extraordinarios de defensa judiciales que el ordenamiento jurídico le ha otorgado para la protección de sus derechos
fundamentales».
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Dado el carácter subsidiario y residual que identifica la acción de tutela, y con el fin de
evitar que la misma sea utilizada como un medio alternativo o supletivo de defensa, es
deber del actor, antes de acudir a ella, agotar todos los mecanismos judiciales que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
Finalmente, es necesario precisar que una vez analizadas las circunstancias y los
hechos en los que se sustenta la presente solicitud, así como las razones que llevaron
al accionante a acudir a la vía constitucional, la Sala no encuentra que se cumpla
alguno de los criterios establecidos en la jurisprudencia para configurar un perjuicio
irremediable,45 que permita estudiar de fondo el asunto objeto de litis.46
3. Conclusión
Con fundamento en los argumentos que preceden, toda vez que la presente acción de
tutela, intentada contra la actuación disciplinaria adelantada por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no
satisface el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Antonio Luis González Navarro por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.
45 Los requisitos que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para que
proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son los siguientes: su inminencia,
su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
46 En la Sentencia C-590 de 2005, providencia hito mediante en la cual la Corte identificó los requisitos generales
y específicos de procedencia de la tutela cuando la amenaza o violación de los derechos proviene de una decisión
judicial, estableció que constituye presupuesto general de cumplimiento forzoso condición necesaria para que el
juez constitucional pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento (ii) Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, a
menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
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Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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