Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01846-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01846-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01846-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01846-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
TESIS: DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE ALEGADO. LA DECISIÓN CUESTIONADA ESTÁ
DEBIDAMENTE MOTIVADA. AUTONOMÍA DEL JUEZ DE
CONOCIMIENTO. NO EXISTE CRITERIO UNIFICADO EN CUANTO AL
CÓMPUTO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6º DEL
DECRETO 546 DE 1971, ESTO ES, SI LOS 20 AÑOS PREVISTOS EN
LA NORMA SE REFIEREN EXCLUSIVAMENTE AL SECTOR PÚBLICO O
SI TAMBIÉN PUEDEN SER INCLUIDOS LOS TIEMPOS DE SERVICIO
EN EL SECTOR PRIVADO. LA SUBSECCIÓN “B” SE APARTÓ DEL
CRITERIO DISPUESTO EN LA SENTENCIA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE
2015.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
1 En adelante la Sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01846-00
Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por la Sección Segunda al proferir la
providencia de 11 de noviembre de 2021, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 73001-23-33-004-2017-00131-01.
I.2. Hechos
Indicó que nació el 31 de diciembre de 1957 y prestó sus servicios al
Estado desde el 9 de febrero de 1976 hasta el 15 de febrero de 1999,
primero en la Rama Judicial y, posteriormente, en la Defensoría del
Pueblo.
Refirió que, una vez cumplidos los requisitos de ley, solicitó ante la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de conformidad con lo
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Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
previsto en el Decreto 546 de 27 de marzo de 19972.
Adujo que Colpensiones mediante Resolución núm. GNR 124175 de
10 de agosto de 2014, negó lo solicitado al estimar que no reunía los
requisitos del régimen de transición, decisión confirmada a través de
las Resoluciones núms. GNR 294702 de 22 de agosto de 2014 y 24
de febrero de 2015.
Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Colpensiones, a la cual le fue asignado el número
único de radicación 2017-00131-00 y correspondió al Tribunal
Administrativo del Tolima que, en sentencia de 2 de febrero de 2018,
declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y ordenó a
la demandada a reconocer y pagar su pensión de vejez, en los
términos del artículo 6º del Decreto 546 de 1971, esto es, con base
en el 75% de la asignación más alta recibida en el último año de
servicio, pero para efectos fiscales a partir del 3 de marzo de 2014.
Sostuvo que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación,
el cual fue desatado por la Sección Segunda que, en sentencia de 11
de noviembre de 2021, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
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“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus Familiares”.
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Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que sólo
acreditó 19 años y 9 días como servidor público, pues los tiempos de
servicio en la Defensoría del Pueblo fueron mediante vinculación por
contrato de prestación de servicios y no era viable computarlos como
tiempos públicos.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente judicial establecido por el Consejo de Estado en las
sentencias de 24 de septiembre de 20153 y 22 de enero de 20214,
por medio de las cuales se unificó el criterio, según el cual, era
posible computar los tiempos laborados en el sector público y en el
privado para reconocer la pensión de vejez con fundamento en el
Decreto 546 de 1971.
A su juicio, la Sección Segunda desatendió los presupuestos
mencionados en la jurisprudencia y se limitó a imponer su propio
criterio, apartándose del esbozado por la Sala Plena y dejando de
lado una valoración jurídica integral sobre el asunto.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de 24 de septiembre de
2015, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, identificada con el número único de radicación
25000-23-42-000-2012-00752-01.
4 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 20. Sentencia de 22 de enero de 2021,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, identificada con el número único de radicación 11001-
03-15-000-2016-02754-00.
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Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERA: Revocar la sentencia proferida el 11 de noviembre
de 2021 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección “B”, consejero ponente: Dr. César Palomino
Cortés, mediante la cual se revocó la sentencia de fecha 2 de
febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda […]
SEGUNDA: Que se profiera una nueva sentencia, confirmando el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación al suscrito JAIME
BARRIOS HERNÁNDEZ, conforme al artículo 6º del Decreto 546 de
1971, en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES (COLPENSIONES) tal como se ordenó en la sentencia
del 2 de febrero de 2018 […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La Sección Segunda pese a ser notificada en debida forma
del presente trámite constitucional, guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la solicitud
de amparo, comoquiera que no se ha materializado ninguna vía de
hecho o vulneración de los derechos fundamentales al actor, además,
la providencia cuestionada no es una orden contraria a derecho.
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Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
Señaló que las pretensiones del actor tienen como finalidad invadir
la órbita del juez ordinario y exceder las competencias del juez
constitucional, sin que se advierta la existencia de un perjuicio
irremediable en el asunto.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
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asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso
de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la
sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
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establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 11 de noviembre de 2021,
proferida por la Sección Segunda, a través de la cual revocó la
decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda promovida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2017-00131-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad, habida cuenta
que, a juicio del actor, la Sección Segunda incurrió en
desconocimiento del precedente de las sentencias de 24 de
septiembre de 20155 y 22 de enero de 20216, proferidas por el
Consejo de Estado.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de 24 de septiembre de
2015, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, identificada con el número único de radicación
25000-23-42-000-2012-00752-01.
6 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 20. Sentencia de 22 de enero de 2021,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, identificada con el número único de radicación 11001-
03-15-000-2016-02754-00.
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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la autoridad
judicial accionada incurrió en el desconocimiento del precedente
endilgado.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga
argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad
judicial accionada incurrió en el desconocimiento del precedente y
vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada
no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
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tutela se interpuso en un plazo razonable7 y, por último, la solicitud
identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad,
corresponde determinar si la Sección Segunda incurrió en el yerro
endilgado al proferir la providencia de 11 de noviembre de 2021,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2017-00131-01.
Desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta al desconocimiento del precedente judicial se
ha determinado que de acuerdo con lo establecido en los artículos
228 y 230 de la Constitución Política, el poder judicial es autónomo e
independiente y los Jueces en sus providencias solo están sometidos
al imperio de la ley. Esta regla general de independencia y autonomía
no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros
valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
7 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente8”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial9.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
8 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
9 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)10.
Caso concreto
Con el fin de abordar el cargo alegado, se hace necesario traer a
colación la providencia acusada, que revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] Visto lo anterior, la Sala resalta que en el sub judice no está
en discusión que el accionante es beneficiario del régimen de
transición, dado que, se encuentra acreditado que a la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994), había cotizado
más de quince (15) años de servicios cumpliendo así con la
segunda de las condiciones para acceder a la pensión de vejez.
No obstante, el interesado solo acreditó en calidad de servidor
público 19 años, 0 meses y 9 días, toda vez que no cumple con
el requisito de 20 años de tiempos públicos para acceder a la
aplicación del régimen especial de la Rama Judicial, regulado en el
Decreto Ley 546 de 1971, como pasa a explicarse:
En efecto, el Decreto 546 de 1971 creó “un régimen de seguridad
social y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”,
establecido en favor de aquellas personas que hayan prestado sus
servicios a la Rama Judicial o al Ministerio Público, el cual prevé en
el artículo 6 unas condiciones especiales para acceder al
reconocimiento de la pensión: i) 20 años de servicio de los cuales
10 son exclusivos a la Rama Judicial o al Ministerio Público; y, ii)
55 años de edad, si son hombres y 50 si son mujeres.
10 Ver sentencia T-292 de 2006.
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Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
Frente a la interpretación de los tiempos de servicios
exigidos en el Decreto 546 de 1971, para tener derecho al
reconocimiento de la pensión especial, esta Sala en
sentencia del 15 de mayo de 201911 al hacer una lectura
integral de los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 546 de 1971, se
apartó del criterio fijado en la sentencia de 24 de septiembre
de 201512. Se consideró que el tiempo de servicios de 20
años requerido como condición necesaria para el
reconocimiento de la pensión especial de jubilación es solo
el que se haya prestado en el sector público u oficial, sin que
haya lugar a computar tiempos privados.
[…]
En este orden de ideas, el citado fallo de 16 de mayo de 2019
concluyó que los 20 años de servicio a los que se refiere el artículo
6 del Decreto 546 de 1971, deben ser solo en el sector público,
tesis contraria a la que sostuvo la Sección Segunda a partir de la
sentencia de 24 de septiembre de 2015, donde se dijo, con
fundamento en la interpretación de la Corte Constitucional en la
sentencia T-430/11, que “teniendo en consideración que el texto
literal del artículo 6º del Decreto 546 de 1971 no exige que
necesariamente los 20 años de servicio hayan sido prestados
exclusivamente en el sector público”, se pueden tener “como
válidos para acceder a la prestación allí ordenada, los tiempos de
servicio tanto públicos como privados, siempre y cuando se
acrediten los 20 años y que 10 de ellos, continuos o discontinuos,
lo hayan sido al servicio de la Rama Judicial y/o el Ministerio
Público”.
Sin embargo, para esta Sala los 20 años de servicio, continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia del Decreto 546
de 1971, se refieren a los prestados al sector público, aun cuando
la literalidad del artículo 6 ídem no lo diga. Así, la interpretación
adecuada del régimen especial de pensiones de la Rama Judicial no
permite hacer extensivos los beneficios que el legislador ha
previsto para un grupo de servidores públicos a quienes solo hayan
prestado sus servicios por 10 años a la Rama Judicial y el tiempo
restante lo complementen con vinculaciones al sector privado, pues
esta interpretación daría lugar a la creación de un régimen
pensional no previsto ni autorizado por la ley13.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente: César Palomino
Cortés, sentencia de 16 de mayo de 2019, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-
00479-01 (2089-2012)
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero
Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de
dos mil quince (2015), Radicación Número: 25000-23-42-000-2012-00752-01(2245-13),
Actor: José Ferney Paz Quintero, demandado: Instituto de Seguros Sociales – ISS.
13 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 85001-23-33-000-
2015-00043-01(4915-15). M P. César Palomino Cortés.
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Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico
planteado es que el demandante no tiene derecho al
reconocimiento de una pensión especial de jubilación de acuerdo
con el Decreto 546 de 1971 porque no cumplió 20 años de
servicio al sector público.
Ello por cuanto, los tiempos servidos por el accionante en la
Defensoría del Pueblo mediante vinculación por contrato de
prestación de servicio son considerados como independientes;
dado que, el régimen de cotización para contratistas del estado se
rige diferente a las relaciones de trabajo; motivo por el cual no es
viable computarlos como tiempos públicos […]”. (Destacado fuera
de texto).
De los apartes transcritos, se infiere que la Sección Segunda, al
conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
segunda instancia, encontró que el actor no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez, en los términos del régimen
especial de la Rama Judicial, esto es, el Decreto 546 de 1971, en la
medida que no cumplió con 20 años de servicio en el sector público.
Para lo anterior, la autoridad judicial accionada estimó que si bien la
Sección Segunda en sentencia de 24 de septiembre de 2015
consideró que era válido tener en cuenta también los tiempos
trabajados en el sector privado, esa Sala de Decisión en providencia
de 16 de mayo de 2019, se apartó de dicho criterio, argumentando
que los 20 años previstos en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971,
se referían a los prestados exclusivamente en el sector público, pues
era la interpretación adecuada al régimen especial de pensiones de
la Rama Judicial, comoquiera que se estaría dando lugar a la creación
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Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
de un régimen pensional no previsto en la ley.
A juicio del actor, la providencia acusada desconoció el precedente
judicial dispuesto por el Consejo de Estado en las sentencias de 24
de septiembre de 201514 y 22 de enero de 202115, por medio de las
cuales se unificó el criterio, según el cual, era posible computar tanto
los tiempos laborados en el sector público, como en el privado para
reconocer la pensión de vejez con fundamento en el Decreto 546 de
1971.
De lo anterior, se advierte que los argumentos esbozados en la
sentencia cuestionada tienen respaldo en el criterio jurisprudencial
dispuesto en la Sección Segunda, Subsección “B” de la Corporación,
de tal forma que esta Sala no comparte las inconformidades
expuestas por el actor, toda vez que la autoridad judicial accionada
no incurrió en desconocimiento del precedente judicial, sino que el
juez ordinario, dentro del marco de su autonomía, modificó el
precedente judicial a través de la sentencia de 16 de mayo de 2019
y, en ese orden de ideas, al resolver el asunto sub examine aplicó el
criterio vigente que venía señalando, y no el previsto en la sentencia
14 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de 24 de septiembre de
2015, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, identificada con el número único de radicación
25000-23-42-000-2012-00752-01.
15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 20. Sentencia de 22 de enero de 2021,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, identificada con el número único de radicación 11001-
03-15-000-2016-02754-00.
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Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
de 24 de septiembre de 2015.
En efecto, la Sala destaca que no existe un criterio unificado respecto
del cómputo del tiempo establecido en el artículo 6º del Decreto 546
de 1971, esto es, si los 20 años previstos en la normativa se refieren
exclusivamente al sector público o si también pueden ser incluidos
los tiempos de servicio del sector privado, comoquiera que la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se
apartó de la sentencia de 24 de septiembre de 2015.
Así las cosas, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado, a través de providencia de 23 de octubre de 202016,
estableció:
“[…] Frente a la interpretación de los tiempos de servicios exigidos
en el Decreto 546 de 1971, para tener derecho al reconocimiento
de la pensión especial, esta Sala en sentencia del 15 de mayo
de 2019 (sic) al hacer una lectura integral de los artículos
6, 7 y 8 del Decreto 546 de 1971, se apartó del criterio fijado
en la sentencia de 24 de septiembre de 2015, al considerar
que el tiempo de servicios de 20 años requerido como
condición necesaria para el reconocimiento de la pensión
especial de jubilación es solo el que se haya prestado en el
sector público u oficial, sin que haya lugar a computar
tiempos privados […]”. (Destacado fuera de texto).
Más adelante, la misma subsección, en sentencia de 28 de octubre
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
“B”, sentencia de 23 de octubre de 2020, C.P. identificada con número único de radicación
25000-23-42-000-2012-01172-01.
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de 202117, dispuso:
“[…] Pues bien, en criterio distante de la sección, la Sala precisa
que el régimen pensional del Decreto 546 de 1971 tiene unos
destinatarios claros18 enmarcados dentro de una relación de
trabajo que solo existe en el contorno del sector oficial, pues por
regla general solo allí se administra justicia, se ejerce la
representación de la sociedad y el control disciplinario de los
servidores públicos, en lo que atañe al Ministerio Público,
actividades o funciones que por voluntad del legislador eran
merecedoras de ese tratamiento especial, al cumplir con al menos
10 años de servicio en tales condiciones de los 20 totales.
De igual modo, refuerza el parecer de la Sala, el hecho de que la
aplicación supletoria de la norma pensional cuando no se cumplan
los 10 años dentro de la Rama Judicial o en el Ministerio Público19,
lleva justamente al régimen que gobierna la prestación para la
generalidad de los servidores públicos de la rama ejecutiva; lo
cual despeja cualquier duda alrededor de que la exigencia
del tiempo total de servicio, debe ser en el sector oficial así
la literalidad de la disposición no lo exprese.
Vale la pena reiterar, que la posibilidad de derivar una pensión de
las cotizaciones efectuadas a distintas entidades previsionales
ocasionadas por relaciones de trabajo de naturaleza pública y
privada, e incluso por actividades independientes, vino a regularse
por primera vez a través de la Ley 71 de 198820, estatuyendo la
conocida pensión por aportes, que también tiene connotación
especial sin importar el sector o la actividad desplegada, que justo
para el derecho estudiado, si tiene una importancia notable.
Por consiguiente, no trata la Sala de mostrar desacato o rebeldía
a las decisiones de la sección segunda, pues claro está que tienen
poder vinculante para casos semejantes. Sin embargo, en este
contexto, haciendo uso de la autonomía judicial, y en todo caso,
de las circunstancias excepcionales que le permiten apartarse del
precedente21, no solo por discrepancia con la regla jurídica fijada,
sino por encontrarla ajena al espíritu del régimen especial; en
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
“B”, sentencia de 28 de octubre de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, identificada con
número único de radicación 25000-23-42-000-2018-01819-01.
18 Artículo 1º. Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio
Publico tendrán derecho a las garantías sociales y económicas en la forma y términos que
establece el presente Decreto. (Hoy día, por razones del régimen de transición.)
19 Artículo 7º. Si el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del artículo anterior se
hubiere prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Publico en lapso menor de 10
años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los
empleados de la rama administrativa del Poder Público.
20 Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones
21 Entre otras, explicadas en la sentencia C-621 de 2015, al declarar exequible el artículo 7
del Código General del Proceso, y SU 354 de 2017.
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Actor: JAIME BARRIOS HERNÁNDEZ
esta oportunidad interpretará que para ostentar la pensión
prevista en el Decreto 546 de 1971, se requiere además de
ser beneficiario del régimen transición de la Ley 100 de
1993 dentro de las limitaciones dispuestas por el Acto
Legislativo 01 de 2005, haber cumplido con 55 años de
edad, si es hombre, y 20 años de servicio en el sector
oficial; pues lo dicho es el resultado hermenéutico que mejor se
acompasa con la integralidad del régimen especial y sus
justificaciones.
[…]
En suma, ante la ausencia de 20 años de servicio oficial, es
improcedente reconocer al actor y reliquidar la pensión especial
prevista en el Decreto 546 de 1971 […]”. (Destacado fuera de
texto).
De lo anterior se desprende que, conforme con la jurisprudencia en
cita, no existe criterio pacífico en cuanto al asunto objeto de
discusión, de tal forma que la autoridad judicial accionada, al conocer
del caso concreto, acogió el precedente que venía aplicando esa Sala
de Decisión, lo cual de ninguna manera desconoce las garantías
constitucionales.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha definido que el cambio
en la postura jurisprudencial de un tema por el respectivo órgano de
cierre, conlleva un carácter vinculante general e inmediato del
precedente.
En efecto, la sentencia SU-406 de 2016, dispone:
“[…] A la luz de lo anterior, se observa que el cambio de una
determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01846-00
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cierre, implica una modificación en la interpretación jurídica, es
decir, del contenido normativo de determinada disposición y que,
en atención al carácter vinculante general e inmediato del
precedente, determina la aplicación judicial -en el orden horizontal
y vertical- del derecho sustancial o procesal, según sea el caso
[…]”.
Además, se resalta que esta Sala, en sentencia de 20 de agosto de
202122, en un asunto similar al presente discurrió sobre el particular
así:
“[…] para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
toda vez que dentro del marco de su autonomía, resolvió
modificar el precedente judicial, por medio de la sentencia de
16 de mayo de 2019, y en ese orden de ideas, al resolver el caso
concreto, aplicó el precedente vigente en la materia, esto es,
la sentencia de 16 de mayo de 2019 y no la de 24 de septiembre
de 2015 […]”.
Siendo así, la Sala encuentra que la providencia acusada se
encuentra debidamente motivada en el precedente judicial dispuesto
para el asunto, por lo que no se configura el desconocimiento del
precedente alegado, advirtiéndose, más bien, una inconformidad con
la interpretación que la autoridad judicial accionada le dio al caso
concreto, situación que no configura una violación de derechos
fundamentales.
Para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en el yerro
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
20 de agosto de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de
radicación 11001-03-15-000-2021-04236-00.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01846-00
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endilgado, por lo que el hecho de que el actor no comparta la posición
allí dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino que, de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, revocó la decisión del a quo y denegó las pretensiones
de la demanda.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del
accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no así
la vulneración de los derechos fundamentales invocados, motivo por
el cual, al no haberse acreditado los defectos endilgados, la Sala
denegará el amparo solicitado, como en efecto lo dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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