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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01849-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01849-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el fallo proferido el 11 de mayo de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones mencionadas en esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01849-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

4 de noviembre de 2022

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01849-01
Accionante: María Victoria Corredor Puerto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema: Requisitos generales – relevancia constitucional. Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala decide la impugnación presentada por María Victoria Corredor Puerto en contra del fallo de tutela del 11 de mayo de 2022, mediante el cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por ausencia de relevancia constitucional.

ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

María Victoria Corredor Puerto, mediante apoderada judicial, interpuso acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el objeto de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración justicia, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, que consideró vulnerados con la providencia proferida el 29 de julio de 2021 que confirmó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42- 000-2015-04614-01.

2.- Hechos

2.1.- La accionante manifestó que fue nombrada en el cargo de profesional universitaria 3020-06 en la DIAN, para lo cual acreditó su título de abogada y 3 años de experiencia, que eran requisitos de obligatorio cumplimiento para el ejercicio del cargo.

2.2.- Durante su permanencia en la mencionada entidad desempeñó varios puestos desde el 30 de abril de 1993 hasta la actualidad, en los cuales ha obtenido calificaciones satisfactorias en el rango sobresaliente.

2.3.- Indicó que fue incorporada e inscrita en el sistema específico de carrera administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Decreto 2117 de 1992 y que cumplía con los requerimientos de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, así como de las resoluciones No. 3682 de 16 de agosto de 1994 y 8011 de 23 de noviembre de 1995, para ser acreedora del reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada.

2.4.- Así las cosas, la accionante solicitó el pago de la mencionada prima técnica y mediante resolución No. 100000202-00185 de 12 de febrero de 2014, la DIAN resolvió su petición de manera negativa y confirmó lo decidido en respuesta al recurso de reposición mediante resolución emitida el 3 de abril de 2014.

2.5.- Como consecuencia de lo narrado, la accionante incoó demanda en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se dejaran sin efectos las resoluciones que negaron su pedimento en relación con el pago de la plurimencionada prima y, a título de restablecimiento, se ordenara su reconocimiento y pago acompañado de la reliquidación, incluida la prestación reclamada como factor salarial.

2.6.- El asunto contencioso correspondió a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante fallo del 25 de enero de 2017 resolvió negar las pretensiones de la demanda en tanto consideró que estaba demostrado que la señora Corredor Puerto no tenía derecho a lo solicitado, pues fue incluida en el sistema de carrera en la DIAN por cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2117 de 1992 y, en ese sentido, no era acreedora de tal derecho.

2.7.- Inconforme con lo decidido, la accionante apeló y el recurso fue desatado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que con sentencia del 29 de julio de 2021 confirmó la negativa con fundamento en la sentencia de unificación CE-SUJ2-002-16 expediente 4499-13.

3.- Fundamento de la acción de tutela

La accionante expuso que la sentencia atacada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en tanto omitió lo dispuesto en la sentencia C-30 de 1997, así:

“La Sala accionada no atiende lo resuelto por la Corte Constitucional en cuanto ordena que la inexequibilidad declarada s[o]lo surtirá efectos hacia el futuro; por el contrario, la Sala sustenta la providencia de segunda instancia en que las normas sobre ingreso a un cargo de carrera administrativa sin surtir el proceso de concurso son inconstitucionales y por lo tanto no se adquieren los derechos y beneficios de carrera administrativa adquiridos con anterioridad a la vigencia de la sentencia de constitucionalidad. Omisión que desconoce los efectos erga omnes de obligatorio acatamiento ignorando así también el precedente jurisprudencial constitucional y con ello vulnera los derechos fundamentales de mi representada al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima de mi representada”. (Negritas del texto).

4.- Pretensiones

Se elevaron las siguientes:

“Solicito al Honorable Consejo de Estado que se amparen los derechos fundamentales de mi representada a la igualdad, al debido proceso, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia y confianza legítima y en consecuencia:

Ordene dejar sin efectos la sentencia del 29 de julio de 2021, por la cual la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, dentro del proceso de Nulidad de Restablecimiento del Derecho de radicación 25000-23-42-000-2015-04614-01 (1721-2017) resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de reconocimiento de Prima Técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en demanda contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN.

2- Se ordene a la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A, que en el término concedido por el Honorable Consejo de Estado, se profiera nueva sentencia en la que se tengan en cuenta los precedentes jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado aquí invocados”. (Mayúsculas sostenidas y negritas del texto).

5.- Trámite de la acción de tutela y fundamentos de la oposición

5.1.- Mediante auto del 28 de marzo de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación.

5.2.- La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó el expediente del proceso ordinario y adujo que su decisión se profirió de acuerdo con los supuestos fácticos, jurídicos y en aplicación de la jurisprudencia vigente.

5.3.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado allegó su respuesta y solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo, en tanto no cumple con los requisitos generales ni específicos de tutela en contra de providencia judicial, adicionalmente, indicó que no se desconoció el precedente judicial, pues en la sentencia atacada se explicó ampliamente cuál era la jurisprudencia vigente aplicable al caso concreto y “se dejó en claro que se acogía el criterio contenido en la sentencia de unificación SUJ-2002/16, del 19 de mayo de 2016”.

6.- Fallo de tutela de primera instancia

El 11 de mayo de 2022 la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional. Para ello adujo lo que sigue:

“23. (…)[S]e se tiene entonces que el juez natural se pronunció de manera razonable frente a lo alegado por la parte actora, tras considerar que no se podían extender los efectos de la Sentencia C-30 de 1997 porque la demandante no accedió a la DIAN a través de un concurso de méritos y, en consecuencia, resultaba aplicable era la Sentencia de unificación de 19 de mayo de 2016, con la cual no se vulneraba el principio de confianza legítima.

24. Adicionalmente, esta Sala no encuentra no encontró una carga argumentativa por parte de la accionante que acreditara la trascendencia constitucional del asunto bajo estudio, lo que impide al juez de tutela estudiarlo de fondo.

25. Finalmente, debe aclarase que las diferencias interpretativas que existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía tutela o la presunta afectación a derechos fundamentales, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional.

26. En todo caso y en gracia de discusión, frente al reparo de aplicación retroactiva de la Sentencia de unificación de 19 de mayo de 2016, no se evidencia tampoco una vulneración de los derechos fundamentales o principios invocados, comoquiera que, a pesar de que los efectos de la aludida sentencia no fueron modulados expresamente, se entiende que, por regla general y salvo que se disponga algo diferente, los efectos son inmediatos; por lo cual, su aplicación era procedente al caso objeto de estudio, ya que el mismo se encontraba pendiente de decisión de primera instancia para el momento en que se profirió el referido precedente”.

7.- Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión tomada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, la accionante impugnó, para el efecto adujo que:

“(…) [D]e ninguna manera puede calificarse la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia, porque precisamente se ha invocado a través del proceso y de la tutela el desconocimiento de una sentencia de constitucionalidad, la C-030 de 1997, lo cual deviene en la vulneración de los derechos fundamentales de mi representada, a la igualdad, al debido proceso, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia y confianza legítima”.

Adicionalmente, y en lo relacionado con la relevancia constitucional indicó que:

“(…) [S]í se argumentó ampliamente la trascendencia constitucional en todo el contenido del memorial de tutela y especialmente en los siguientes epígrafes del mismo:

“DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – SENTENCIA C-030 DE 1997 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL” Desconocimiento del precedente jurisprudencial por Incongruencia entre el principio rector fijado en la sentencia C-030 de 1997 y la consecuencia restrictiva no prevista atribuida por la Sección Segunda Desconocimiento del decisum ordenado en la sentencia C-030 de 1997. DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE HORIZONTAL”. (Mayúsculas sostenidas del texto).

CONSIDERACIONES

I.- Cuestión previa

Encontrándose el asunto en trámite para decidir la impugnación de la acción tuitiva el ponente manifestó impedimento que se declaró infundado mediante auto del 26 de agosto del corriente.

1.- Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 11 de mayo de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad en contra de providencias judiciales, especialmente con el de relevancia constitucional, en tanto fue el descartado por el a quo, para así determinar si se confirma o se revoca la sentencia de primera instancia.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad y de procedencia, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

4.- Verificación del cumplimiento de los requisitos generales en contra de providencias judiciales

4.1.- En el caso bajo estudio la parte actora adujo que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, pues omitió dar aplicación a la sentencia C-030 de 1997.

4.2.- A continuación, la Sala comprobará si se satisface el requisito de relevancia constitucional respecto del cargo alegado, que correctamente correspondería al desconocimiento del precedente constitucional.

5.- De la relevancia constitucional en el caso en concreto

5.1.- La Corte Constitucional ha señalado que con base en la relevancia constitucional el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

5.2.- La Sala advierte que la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues pese a que contiene una carga argumentativa, prima facie, suficiente, se percibe como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por la autoridad judicial accionada, respecto de la aplicación de la jurisprudencia vigente dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42- 000-2015-04614-01, como se procede a explicar.

5.2.1.- Al respecto, la Sala observa que la señora Corredor Puerto solicitó el pago de la prima técnica por formación avanzada y, mediante resolución No. 100000202-00185, la DIAN negó su ruego en tanto consideró que no había desempeñado ningún cargo en propiedad.

En punto de lo último, en la sentencia atacada se señaló que no era procedente reconocer y pagar la solicitada prima técnica por cuanto la accionante no ingresó a la carrera administrativa como consecuencia de un concurso de méritos, sino por incorporación automática con base en el Decreto 2117 de 1992. A esa conclusión se llegó con los siguientes argumentos:

“A partir de lo expuesto, esta Sala encuentra que antes de la expedición de la sentencia de unificación de 19 de mayo de 2016 no existía una posición jurisprudencial suficientemente consolidada respecto de la viabilidad de reconocer la prima técnica a los servidores que fueron incorporados automáticamente en carrera administrativa en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con base en el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada.

Es decir, pese a que la sentencia de unificación de 19 de mayo de 2016 no estableció de manera expresa los efectos que tendría, se puede aplicar a todas aquellas situaciones pendientes de un pronunciamiento judicial, pues precisamente buscó solucionar las divergencias existentes respecto del problema jurídico planteado y, dado que para su fecha de expedición no existía una posición suficientemente consolidada en la jurisprudencia, su aplicación a casos pendientes de solución no vulnera el mentado principio de confianza legítima.

En ese orden de ideas, se advierte que aquellas personas que fueron incorporadas de manera automática a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no tienen derecho al reconocimiento de la prima técnica con base en el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada puesto que no ocuparon los cargos en propiedad como consecuencia de un concurso de méritos.

Luego, es preciso analizar si María Victoria Corredor Puerto ocupó las posiciones en la entidad como consecuencia de un concurso de méritos, o se trató de una incorporación automática. En ese orden de ideas, en el expediente se demostró que ocupó los siguientes cargos (…).

De conformidad con lo anterior, esa Sala encuentra que la señora Corredor Puerto no ocupó ningún cargo en la entidad como consecuencia de un concurso de méritos por lo que no se puede entender que haya ocupado los cargos en propiedad, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de unificación de 19 de mayo de 2016.

Es de señalar que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades no tiene el alcance de suplir requisitos sustanciales para ejercer cargos públicos de carrera administrativa. En concreto, no puede reemplazar la existencia del cargo en la planta de personal; que estén previstas sus funciones y emolumentos en el presupuesto correspondiente; que el nombramiento se realice de conformidad con la naturaleza del cargo, esto es, si se trata de uno de carrera administrativa (que es la regla general), que obedezca a la superación de un concurso de méritos, o si es de libre nombramiento y remoción, que sea provisto de forma ordinaria por el nominador.

En ese orden de ideas se reitera que la señora Corredor Puerto no accedió a las diferentes posiciones en la entidad a través de un concurso de méritos, por lo que no puede pretender derivar derechos que se desprenden justamente de la naturaleza de los cargos ocupados en la entidad, como lo es el reconocimiento de la prima técnica.

Por último, esta sala se permite indicar que si bien es cierto que en la sentencia C-030 de 1997 que invocó el apoderado de la demandante como fundamento de sus pretensiones se estableció el derecho a permanecer en los cargos para aquellos servidores que fueron incorporados de manera automática a pesar de la declaración de inexequibilidad de los artículos 5 y 6 de la Ley 61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de 1992, lo cierto es que no se puede extender sus efectos para pretender adquirir un derecho que tiene como fundamento el nombramiento en propiedad después de haber superado un concurso de méritos, como lo es el de la prima técnica”.

Luego de lo relatado, se observa que en sede de tutela, la accionante pretende que nuevamente se valore la posibilidad de que se le reconozca y pague la prima técnica solicitada, desconociendo el fundamento fáctico, jurídico, probatorio y jurisprudencial de la decisión protestada.

Dicho esto, debe preverse que corresponde al juez de lo contencioso administrativo, dentro de su órbita funcional, analizar la situación fáctica planteada en la demanda y valorar el material probatorio para finalmente determinar el régimen jurídico aplicable y las circunstancias en que habrá de decidir el asunto puesto bajo su conocimiento, por lo que no puede el juez de tutela invadir esta esfera.

5.3.- Al respecto, debe recordarse que la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales es de carácter excepcional y no pretende desconocer la vigencia de la autonomía e independencia judicial, ni el principio de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que dieron origen a la controversia.

5.4.- Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara la improcedencia de la solicitud por falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el fallo proferido el 11 de mayo de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones mencionadas en esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Consejero de Estado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-01299-00

Obra en certificado 18BA0432CB3311C2 CE726345DD69F5B9 6A59AE42F911869B 5AAA5696F8431F52, archivo 863fafa6-fe2b-4a3f-831c-8f38a70d5ee7 (1).zip, cuaderno DEMANDA_22_3_2022, 4_05_55 p. m.pdf, índice 2 en el expediente de tutela digital.
Obra en certificado C140B5A69D536B5E 949330C4C3E89A28 81B287F04444F18B 9F13081821CCC6B1, índice 2, folios 1 a 36 en el expediente de tutela digital.
Obra en certificado 18BA0432CB3311C2 CE726345DD69F5B9 6A59AE42F911869B 5AAA5696F8431F52, archivo 863fafa6-fe2b-4a3f-831c-8f38a70d5ee7 (1).zip, cuaderno DEMANDA_22_3_2022, 4_05_55 p. m.pdf, índice 2, folio 19 en el expediente de tutela digital
Ibidem, folio 32.
Obra en certificado F8474716EFF7B96E 251DA87F625FF811 44E6FF76150233D2 DC2B2BD9B1EF44A6, índice 4 en el expediente de tutela digital.
Obra en certificado 940AC42511E01FE6 F6759844E7CFC5DF 8D32EA356648103F 5D6AEA8FCD367210, índice 10 en el expediente de tutela digital.
Obra en certificado FF5A33E1FCBCF345 4582D88283893DF6 91C00D3A71966D41 84D6C50BF02CC5F8, índice 13 en el expediente de tutela digital.
Obra en certificado 3E9E4CAC887BD2CA 8F6560B16A1A694A 97B30F38A68F8150 CC02FC6CFF24A298, folios 7 y 8, índice 16 en el expediente de tutela digital.
Obra en el certificado 575E6AD4450D32BF 37B18D0DD447DC67 4F7A980DCFC58AE9 8977772F041E7EC6, folio 3, índice 22 en el expediente de tutela digital.
Ibidem folios 5 y 6.
Obra en el certificado C7A066413E3E68D8 CFEBF28F6DB86407 F21535F23C163BF2 A54CCA9F02E6EA72, índice 4 en el expediente de tutela digital de segunda instancia.
Obra en el certificado E20B3AEC20FBE983 DE0050E3475815CC C7150C74C68EB725 51D55BCFD7C7EC16, índice 10 en el expediente de tutela digital de segunda instancia.

De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
Sentencia del 05 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01.
Obra en certificado C140B5A69D536B5E 949330C4C3E89A28 81B287F04444F18B 9F13081821CCC6B1, índice 2, folios 33 a 35 en el expediente de tutela digital.
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01849-01
Accionante: María Victoria Corredor Puerto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

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