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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01852-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01852-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 26 de abril de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó los derechos fundamentales del actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 33 Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01 Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01852-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

23 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros1
Demandado: Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii)
acceso a la administración de justicia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas por la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación contra
la sentencia de tutela de 26 de abril de 2022 proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó los derechos
fundamentales del actor.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 John Darío Ocampo Cárdenas y Amanda del Socorro Arango González.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la
Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 23 de septiembre de 2021, dentro del proceso del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 050013333001201400087-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, el 29 de octubre de 2014, los actores presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que dichas entidades fueran declaradas administrativa y patrimonialmente
responsables de los perjuicios derivados de la presunta privación injusta de la libertad
de Andrés Darío Ocampo Arango.

3.1. Precisaron que, como fundamento de dicha demanda se señaló que:

3.1.1. El 20 de diciembre de 2011, el señor Luis Eduardo Mejía Caballero, dueño
y administrador de una estación de servicio, fue abordado por tres personas que lo
amenazaron con un arma de fuego, lo amarraron y hurtaron distintos bienes de la
estación. El señor Luis Eduardo Mejía Caballero logró liberarse e informó los
hechos a la Policía Nacional: indicó que dos de las tres personas se subieron a un
auto rojo y la tercera se subió a una moto como parrillero; también precisó que se
dirigían por la carretera en dirección a Medellín.

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Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

3.1.2. La Policía Nacional detuvo a los vehículos que cumplían con la descripción
y halló los bienes hurtados y el arma de fuego. En el retén también detuvieron al
señor Andrés Darío Ocampo Arango, el cual, en ese momento pasaba en moto.

3.1.3. Al día siguiente se celebró la audiencia de legalización de captura contra
Andrés Darío Ocampo Arango y los demás capturados, se formuló imputación por
la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y agravado, porte de armas
y concierto para delinquir, y se impuso medida de aseguramiento privativa de la
libertad en establecimiento carcelario, concedida por el Juzgado Promiscuo con
Funciones de Control de Garantías de Yalí – Antioquia.

3.1.4. El 16 de octubre de 2012, la Fiscalía General de la Nación solicitó la
preclusión del proceso en contra de Andrés Darío Ocampo Arango de conformidad
con la causal establecida en el numeral 4 del artículo 332 de la Ley 906 de 1 de
agosto de 20042, toda vez que, según los testimonios de Miller Quintero Arboleda
y Kevin Loaiza Avendaño (también capturados), aquel no había hecho parte del
grupo que cometió el hecho delictivo.

3.1.5. El juzgado de conocimiento, en audiencia de 19 de noviembre de 2012,
decretó la preclusión y ordenó la libertad inmediata de Andrés Darío Ocampo
Arango. El actor estuvo privado de la libertad entre el 21 de diciembre de 2011 y el
19 de noviembre de 2012.

3.1.6. Los actores señalaron que durante el proceso penal seguido en contra de
Andrés Darío Ocampo Arango, tanto él como sus familiares sufrieron
inconvenientes de salud y presentaron problemas económicos, en la medida en
que, con ocasión de la privación de la libertad, a su juicio injusta, Andrés Darío
Ocampo Arango se encontraba en imposibilidad de trabajar y ayudarle a sus
padres, a lo cual se sumaron los gastos derivados del desplazamiento que ellos
tenían que hacer desde Medellín hasta el Municipio de Santo Domingo donde su
hijo se encontraba recluido.

2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

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4. El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín,
mediante sentencia de 24 de febrero de 2016, accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó a las autoridades demandadas.

5. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía
General de la Nación presentaron recurso de apelación contra la decisión
mencionada supra.

Sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por la Sala Segunda de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 050013333001201400087-01

6. La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia de 23 de septiembre de 2021, resolvió:

“[…] PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Medellín el 24 de febrero de 2016, en cuanto accedió
a las pretensiones del demandante.

SEGUNDO.- INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las
pretensiones formuladas por los señores JOHN DARÍO OCAMPO CÁRDENAS y
AMANDA DEL SOCORRO ARANGO GONZÁLEZ, quienes no agotaron el requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial.

TERCERO.- NEGAR las pretensiones […]”.

6.1. Frente a la configuración del daño, consideró que:

“[…] En el plenario se encuentra plenamente acreditada la privación de la libertad
que sufrió el señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO, en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Santo Domingo –Antioquia, con
ocasión del proceso penal seguido en su contra, radicado bajo el número
058906000318201180049, por la conducta punible de hurto calificado, fabricación o
porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, en el que fue decretada la
preclusión por atipicidad de la conducta, decisión que por la parte actora se
considera determinante en la generación del daño objeto de demanda.

Así mismo, existen dos certificaciones expedidas por el Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Santo Domingo –Antioquia que
difieren del periodo en el que el señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO
permaneció privado de la libertad, en el primero de ellos se indica que ello sucedió
entre el 21 de diciembre de 2011 y el 19 de noviembre de 2012 (Fl. 103) y en el otro,
que la privación fue desde el 23 de diciembre de 2011 hasta el 21 de noviembre de
2012, pues solo hasta esta fecha se recibió vía fax la decisión adoptada por el

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Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó de conceder la libertad, la cual fue
promulgada en audiencia el 19 de noviembre de 2012.

Analizado en su integralidad el expediente, la Sala concluye que el periodo en el que
el señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO permaneció recluido en
establecimiento penitenciario, fue desde el 21 de diciembre de 2011, conforme se
desprende del Informe Ejecutivo –FPJ3- (fls.34-36) Acta de la Audiencia en la que
se impuso la medida de aseguramiento (Fl. 19 vuelto) hasta el 19 de noviembre de
2012 cuando el Juez Promiscuo del Circuito de Yolombó decretó la preclusión en
favor del demandante y ordenó su libertad inmediata, tal y como se constata en la
grabación que de dicha diligencia quedo (sic) registrada en el medio magnético
rotulado como “PRECLUSIÓN” y que obra en el sobre Anexo del expediente.

6.2. En relación con la antijuridicidad del daño consideró lo siguiente:

“[…] la grabación de la diligencia en la que se impuso la medida de aseguramiento
se pudo inferir razonablemente que los imputados, entre esos, el señor ANDRÉS
DARÍO OCAMPO ARANGO, eran autores o partícipes del delito que se les
investigaba, pues fueron capturados en flagrancia de conformidad con lo previsto en
el artículo 301 de la Ley 906 de 2004 […]”.

[…]

“[…] Lo que se advierte es que el demandante no sólo estuvo presente en el lugar
de los hechos como lo afirmó el a-quo, sino que fue aprehendido con posterioridad,
huyendo en compañía de quienes perpetraron el ilícito y con los objetos hurtados;
es decir que su captura se produjo en flagrancia.

Recientemente señaló el Consejo de Estado3 sostuvo:

“De manera que, si se limita la libertad de un ciudadano en cumplimiento de una
orden de captura debidamente dispuesta o dentro de los eventos de la flagrancia
y en acatamiento de los términos legales previstos para tal fin, la detención
emerge como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se
justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado,
que propende por la investigación de las conductas que revisten las características
de delitos y la individualización de los presuntos autores de las mismas.

Por tanto, y a pesar de la existencia de un daño (limitación del derecho a la libertad),
este no puede calificarse como antijurídico y, en consecuencia, no surge para el
Estado del deber jurídico de repararlo. (Negrillas fuera del texto)

Además, la medida de aseguramiento era necesaria y además urgente, en tanto
surgía la necesidad de proteger los bienes de la comunidad en general y de la
víctima, aunado a que el concierto para delinquir que se endilgó, permitía concluir
que el imputado constituía un peligro para la sociedad.

Igualmente expuso que era factible que el imputado se ausentara y no se presentara
o compareciera al proceso penal, razón por la cual la solicitud de imposición de la
medida era razonable […]”.

[…]

3 Cita del texto original: “Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. C.P. José Roberto Sáchica

Méndez, sentencia de 21 de mayo de 2021. Radicado No. 76001-23-31-000-2009-10182-02(61952)”.

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Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

“[…] En síntesis, la Corte Constitucional en sentencia de unificación no privilegió
ningún régimen de responsabilidad (objetivo o subjetivo); sin embargo es preciso
analizar en cada caso en concreto si la medida fue legal, razonable y proporcionada.

En este caso en el que el demandante fue capturado en flagrancia, de los elementos
materiales probatorios y la evidencia física recaudada era posible inferir que era
autor o partícipe de la conducta investigada que por cierto tenía prevista una pena
privativa de la libertad superior a los cuatro (4) años. Adicionalmente, por la
modalidad de los delitos y la gravedad de los mismos, la medida de aseguramiento
se mostraba necesaria, proporcional y razonable; es decir que se trataba de una
carga que tenía el deber jurídico de soportar […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] 1. Conceder la protección de los derechos fundamentales invocados, en favor
de mis representados.

2. REVOCAR la decisión tomada por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA SEGUNDA DE ORALIDAD, dentro del proceso.

3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia 86 del 23 de septiembre de 2021, emitida por
la Corporación Accionada.

4. ORDENAR al citado Tribunal que profiera una nueva decisión, en la que se
amparen los derechos fundamentales invocados […]”.

8. Los actores señalaron que, a su juicio, la autoridad judicial demandada
incurrió en un defecto fáctico, el cual sustentaron en los siguientes términos:

“[…] Cuando se analiza el contenido de la audiencia de Preclusión que se celebrara
(sic) ante el señor Juez Promiscuo del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Yolombó, el 19 de noviembre de 2012, no se observa que se esboce, ni en la solicitud,
ni en la sentencia de preclusión, que el señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO
hubiere incurrido en alguna causal de “atipicidad subjetiva”, como lo afirma el Tribunal
accionado […]”.

[…]

“[…] Si lo anterior no fuere suficiente, en el expediente se allegó la copia íntegra del
expediente 058906000000201200014, radicado interno 2012-0269, en el que
estaban, entre otros, las entrevistas y declaraciones que rindieron ante el
investigador de la defensa, tanto el denunciante, como los señores ADOLFO
LEÓN GUTIÉRREZ ROJO, MILLER QUINTERO ARBOLEDA, KEIVI LOAIZA
AVENDAÑO, ALEXÁNDER IBARGÜEN GARCÍA, DANIEL HIGUITA AGUDELO y

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Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

DERLY SORELY SEGURO VARGAS4, en el entendido de que el señor ANDRÉS
DARÍO OCAMPO ARANGO no hacía parte de ese grupo que cometió el delito, y
mucho menos participó en el mismo. Aspecto este que fue corroborado mediante actos
de investigación desplegados por la policía judicial de Yolombó5, con posterioridad a
la privación de la libertad de ANDRÉS DARÍO OCAMPO.

Si el Tribunal accionado hubiere hecho una correcta correlación del acervo probatorio
allegado al proceso contencioso administrativo, habría establecido que la razón por la
cual fue capturado el señor ANDRÉS DARÍO AOCAMPO ARANGO, era simplemente
por el hecho de movilizarse en motocicleta, sobre la vía que conduce de Yolombó a
Medellín […] Huelga acotar que, en ningún momento, la policía halló armamento
alguno a ANDRÉS DARÍO, ni tampoco elementos relacionados con los hechos, cómo
sí lo hicieron con los demás capturados; tal como se relaciona en el Informe Ejecutivo
suscrito el 21 de diciembre de 2011, por el Subintendente CARLOS LEONARDO
ARROYAVE GÓMEZ, comandante del Grupo de Reacción Motorizada de Amalfi.

Otro aspecto que reafirma la ajenidad total de ANDRÉS DARÍO en los hechos (y que
el Tribunal accionado pasó por alto), fue que tanto en la otra moto, como en el
automóvil había conductor y tripulantes (o pasajeros) y Andrés Darío andaba en su
motocicleta sin parrillero.

Cuando relaciona apartes del acta de preacuerdo entre la fiscalía y los demás
procesados, resalta una “nota” en la misma:

NOTA: el señor Andrés Darío Ocampo Arango, cc 8604983 de Medellín; no acepta
ninguna negociación, asegura no ser parte de este grupo y su presencia el día de los
hechos fue casual, por tanto se mantendrá la acusación contra este por los delitos
imputados y acusados.”. (Negrillas fuera del texto)6 […]”.

[…]

“[…] En relación con los dichos del señor LUIS EDUARDO MEJÍA CABALLERO, falló
el tribunal a la hora de concatenar lo referido en la denuncia y lo manifestado en la
entrevista que se le recepciona por el investigador de la defensoría pública. El Tribunal
sólo translitera la denuncia, pero omite hacer lo mismo con la entrevista. En esta última
diligencia, el señor MEJÍA CABALLERO refiere: […] Tanto en la entrevista con en el
informe de investigador, se refiere que el señor MEJÍA CABALLERO conoce desde
hacía aproximadamente 15 años a ANDRÉS DARÍO, en razón de su vecindad.
Entonces, si ANDRÉS DARÍO hubiera participado en los mencionados hechos, habría
sido reconocido inmediatamente por aquél y, desde el mismo relato inicial lo hubiera
nombrado con nombre propio en la denuncia inicial. Cosa que no llegó a ocurrir […]”.
[…]

“[…] Si se hace retrospección desde la misma audiencia de preclusión, hacia el
momento de la captura del señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO, se puede
establecer que la flagrancia pregonada era meramente formal o aparente […] Es decir,
para el presente caso no se decretó la preclusión por el hecho de no haberse
acreditado el dolo (atipicidad subjetiva), sino que el señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO
ARANGO siempre se mostró ajeno a los hechos que sucedieron; no participó en estos,
ni tampoco hacía parte de ese grupo que perpetró el mencionado hurto. Por tanto,
contrario a lo expresado por la Corporación accionada, lo que se presentó fue un caso
de atipicidad objetiva […]”. (Resaltado por la Sala)

4 Cita del texto original: “Quienes fueron capturados con ocasión al proceso 0589060003182011-80049, y

posteriormente condenados vía preacuerdo”.
5 Cita del texto original: “Desde minuto 10:02 de la audiencia de preclusión, parte considerativa”.
6 Cita del texto original: “Página 29, sentencia accionada”.

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9. Igualmente, los actores indicaron que, a su juicio, se configuró un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, toda vez que:

“[…] Al realizarse un análisis de la sentencia SU-072/2018, si bien es cierto no
circunscribe la reparación directa a un régimen objetivo de imputación (en términos
generales), también lo es el hecho de que determina, para los casos de atipicidad
(en concreto), un criterio de imputación de carácter objetivo. Al respecto, dice la
Corte Constitucional:

105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por
el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente
atípica- es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad
resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar
un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño
antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos […]”.

[…]

“[…] De acuerdo con lo expresado durante la sustentación del fundamento 2 del
presente acápite (defecto fáctico), es claro que para el presente caso no estamos en
un evento de “atipicidad subjetiva”, referida por el Tribunal como una causal que
incidiría en una especie de culpa exclusiva o atribuible a la víctima. Por el contrario,
se comprobó de manera evidente que la conducta era objetivamente atípica, en tanto
que la actuación del señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO no era constitutiva
de conducta punible alguna […]”.

[…]

“[…] Los presupuestos de razonabilidad, necesidad, urgencia y proporcionalidad de
la medida, en los términos del artículo 295, 296, 307-313 del Código de
Procedimiento Penal, en tratándose de privación de la libertad, resultaría inocua en
su análisis por parte del juez administrativo porque, al no cometerse el hecho o al
ser este atípico para el Derecho Penal, la privación de la libertad que se haya surtido
devendría en injusta.

Para el caso de marras, el Tribunal Administrativo refiere que la medida de
aseguramiento en disfavor de ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO se adecuó a los
parámetros y exigencias dentro de la normativa procesal penal; haciendo alusión a
los fines constitucionales de la medida. Sin embargo, deja de lado el primer requisito
para que proceda la medida de aseguramiento; esto es, que antes de analizar los
requisitos, en primer lugar se debe sustentar (argumentativa y probatoriamente), la
inferencia razonable de autoría o participación. Al respecto, el artículo 308 C.P.P.
[…]”.

[…]

“[…] En suma, contrario sensu a lo planteado por la Corporación Accionada, la
privación de la libertad de ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO SÍ FUE
desproporcionada, innecesaria e irracional. Por tanto, sí se generó la producción
de un daño antijurídico en materia administrativa; atribuible a La Rama Judicial y a
La Fiscalía General de la Nación […]”. (Resaltado por la Sala)

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Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

Actuación

10. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 28 de marzo de 2022; i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Segunda de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia; iii) vinculó como terceros con interés legítimo
al Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, a la Nación
– Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular; y iv) ordenó notificar dicha providencia a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en calidad de interviniente, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 610 del Código General del Proceso.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
solicitó negar la acción de tutela, al considerar que “[…] en el trámite y decisión del
proceso no se ha vulnerado derecho fundamental alguno […]”. Al respecto,
manifestó que:

“[…] En el medio de control de reparación directa, radicado con el No. 05001 33 33
001 2014 00087 01 se profirió Sentencia de segunda instancia el 23 de septiembre
de 2021, en la cual se revocó la sentencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Medellín y se inhibió de emitir pronunciamiento de
fondo respecto de las pretensiones formuladas por los señores JOHN DARÍO
OCAMPO CÁRDENAS y AMANDA DEL SOCORRO ARANGO GONZÁLEZ, quienes
no agotaron el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, todo lo
anterior, tras señalar los argumentos de hecho y de derecho que sustentaron la
decisión […]”.

12. El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín
allegó copia del expediente digital del proceso del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 050013333001201400087-
01.

13. La Nación – Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la
Judicatura guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

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Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

La sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 26 de abril de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales alegados por el señor
Andrés Darío Ocampo Arango, vulnerados por los defectos sustantivo y
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales en los que incurrió el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 23 de septiembre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que
negó las pretensiones del medio de control de reparación directa tramitado bajo el
radicado No. 05001-33-33-001-2014-00087-00/01.

TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Antioquia dictar, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, una nueva sentencia
que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí expuesta […]”.

14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] La Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de Andrés Darío Ocampo
Arango, porque se acreditó su vulneración por parte del tribunal accionado, que
incurrió en un defecto sustantivo y un desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales en materia de responsabilidad del Estado ante casos de
privaciones de la libertad en los que la absolución obedece a una atipicidad objetiva.
La Sala solo (sic) amparará los derechos fundamentales de Andrés Darío Ocampo y
no los de John Darío Ocampo Cárdenas y Amanda del Socorro Arango González,
dado que en el proceso ordinario se advirtió que estos no cumplieron con el requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial, circunstancia que no fue controvertida
en sede de tutela […]”.

[…]

“[…] La Sala considera que el tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo y
un desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, con lo cual vulneró los derechos
fundamentales del señor Ocampo Arango, por cuanto no tuvo en cuenta que la
preclusión de este se debió a una atipicidad objetiva, ante la cual procede analizar
la responsabilidad del Estado por privación de la libertad bajo un régimen objetivo.

10.- A partir del artículo 414 del Decreto 2700 de 19914 esta Corporación
consideraba que era suficiente acreditar la privación de la libertad y la absolución o
equivalente por (i) inexistencia del hecho, (ii) no haberlo cometido, o (iii) por
atipicidad, a efectos de ordenar la indemnización de perjuicios. Lo anterior por
cuanto en esos casos resultaría sencillo para el juez penal determinar la procedencia
de la privación. Si bien esta norma fue derogada, el Consejo de Estado mantuvo su
posición en el sentido de que la absolución por atipicidad era suficiente para acreditar
el daño antijurídico […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

[…]

“[…] La anterior postura fue recogida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
072 de 2018, en la que indicó que en los casos de atipicidad objetiva era procedente
aplicar un régimen de responsabilidad objetiva […]”.

[…]

“[…] La tipicidad objetiva se refiere a la adecuación entre la conducta y la descripción
del delito prevista en la norma y se diferencia de la tipicidad subjetiva, en cuanto a
que aquella se ciñe a los elementos objetivos que configuran el ilícito, mientras que
esta se ocupa de la existencia del dolo o la culpa requeridos para su configuración.
Así, la atipicidad objetiva se presenta cuando la conducta del sindicado no
corresponde a la descripción de delito alguno tipificado en la ley, mientras que la
atipicidad subjetiva se configura cuando, incluso coincidiendo la conducta con un
punible, no se acredita el dolo o la culpa exigido para ese delito.

11.- En este caso, la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General se
enmarcó en el numeral 4º del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 […] Por encontrarse
una causal alrededor del señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO, una causal
de preclusión, porque la conducta de él es atípica, no delictiva, él no participó en el
hecho (…)>>.

11.1.- A partir de la anterior cita, se advierte que tanto la solicitud de la Fiscalía, como
la decisión del juez de conocimiento se fundamentaron en un supuesto objetivo: el
señor Ocampo Arango <<fue ajeno a los hechos>> y <<no ha cometido ningún
delito>>, sin que en ningún momento se evaluara el elemento subjetivo de la culpa
o el dolo.

11.2.- No obstante, en la sentencia tutelada el tribunal accionado consideró que la
atipicidad por la cual se precluyó el proceso era de naturaleza subjetiva, ante lo cual
no cabía aplicar un régimen de responsabilidad objetivo. También señaló que la
media (sic) de aseguramiento fue necesaria, urgente y razonable, debido a que el
señor Ocampo Arango fue capturado en flagrancia, huyendo en compañía de
quienes perpetraron el ilícito y con los objetos hurtados […]”.

[…]

“[…] En opinión de esta Sala las anteriores consideraciones desconocen (i) los
motivos por los cuales se solicitó y se decretó la preclusión (transcritos en la misma
providencia); (ii) la caracterización de la atipicidad objetiva y su diferencia con la
subjetiva; (iii) las reglas jurisprudenciales en torno a la responsabilidad del Estado
por privaciones de la libertad cuando la absolución (o equivalente) se debe a un
supuesto de atipicidad objetiva (desarrolladas en la jurisprudencia de esta
Corporación y reunidas en la sentencia SU-072 de 2018, invocada por el accionante);
y (iv) la presunción de inocencia y la cosa juzgada penal, pues a pesar de su
absolución, el tribunal reitera que el señor Ocampo Arango fue <<capturado en
flagrancia>>, <<huyendo>> de la Policía y en tenencia de <<los objetos hurtados>>
cuando todo lo anterior fue desvirtuado en el proceso penal. Lo anterior constituye
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso
a la administración de justicia del señor Ocampo Arango […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

La impugnación

15. La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado al considerar lo siguiente:

“[…] 1. Esta Corporación al analizar el caso concreto, efectuó un análisis juicioso de
las pruebas recaudadas y efectúo las valoraciones correspondientes para concluir
que el régimen que debía aplicarse era el subjetivo, toda vez que la atipicidad
alegada por la Fiscalía General de la Nación para precluir la investigación a favor del
señor ANDRES DARÍO OCAMPO ARANGO era la subjetiva y no la objetiva.

La decisión adoptada por esta Sala fue razonada y, se fundó en la conclusión de la
SU 072 de 1998 […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, la sentencia tutelada efectuó el análisis correspondiente a la
luz de la SU 072 de 2018, para concluir que la medida restrictiva de la libertad fue
razonada y no resultaba injusta ni arbitraria, todo lo anterior, tras señalar los
argumentos de hecho y de derecho que sustentaron la decisión, a los cuales nos
remitimos para que sean tenidas en cuenta […]”.

16. La Fiscalía General de la Nación impugnó la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al considerar lo
siguiente:

“[…] es claro que la autoridad judicial accionada falló de conformidad con el
precedente sentado por la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-072
de 2018 el Consejo de Estado, valoró las pruebas que fueron allegadas al proceso
contencioso administrativo, además, analizó que no basta con demostrar que hubo
condena sino que se debe demostrar que el daño fue antijurídico.

En igual sentido, no se demostró la configuración de un defecto fáctico como uno de
los requisitos específicos para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales […]”.

[…]

“[…] se observa que la privación del señor Andrés Darío Ocampo Arango, no
desbordó los criterios de proporcionalidad inherentes a la adopción de este tipo de
decisiones, toda vez que existían indicios de responsabilidad en su contra que lo
relacionaban con los delitos imputados, situación que la luz de la SU 072 de 2018,
no incide de manera directa en la decisión, ya que el Tribunal Administrativo de
Antioquia realizó una valoración de la prueba bajo los criterios establecidos en esta
sentencia de unificación por lo que este requisito no se cumple […]”.

[…]

13

Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

“[…] Pretende la parte accionante retrotraer, a través del amparo etapas procesales
de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer confusión y proyectar que se
transgreden derechos fundamentales, lo cual es inconcebible por el carácter
subsidiario que acompaña tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en
ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho
fundamental alguno […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20218 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20189
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 10, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

19. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la
sentencia de 23 de septiembre de 2021, dentro del proceso del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
050013333001201400087-01, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en un defecto fáctico, lo que trajo
como consecuencia que se revocará la decisión del A quo que había accedido a
las pretensiones de la demanda.

20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; vii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; viii) análisis del caso
concreto, y finalmente ix) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
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Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

22. Esta Sección12 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

24. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”13.

25. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
13Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
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generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos
parámetros.

27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

30. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

30.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
los actores al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

30.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela

14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
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contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) los actores cumplieron
con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente y en un defecto fáctico.

30.3. Para la Sala exigirle a los actores una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales16, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de los actores, que realmente el operador judicial profirió
una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

30.4. Cumplió con el principio de inmediatez17.

30.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.

30.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

30.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega;
y

30.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

16 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
17 Puesto que la sentencia de 23 de septiembre de 2021 proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal

Administrativo de Antioquia quedó notificada personalmente el 30 de septiembre de 2021, mientras que la
tutela se interpuso el 23 de marzo de 2022, es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses
después de notificada la providencia cuestionada.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

31. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

32. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189618 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200120; C-816 de
201121; C-179 de 201622; y T-102 de 201423.

33. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”24 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

34. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional25, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus

18 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
19 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
20 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
22 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
24 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
25 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

19

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Actores: Andrés Darío Ocampo Arango y otros

decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

35. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria26, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.

36. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala27, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.

37. En efecto, la Sala28 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial29”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.

26 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de

2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
28 ibídem.
29 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez

y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
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38. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos
del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

39. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección

30 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

41. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

42. Atendiendo a que la Corte Constitucional31 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

43. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

31 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”

44. Atendiendo a que, la Corte Constitucional32 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso en concreto

45. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

46. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

47. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

47.1. Copia en medio digital del expediente del proceso del medio de control de

32 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Núm. único de radicación: 110010315000202201852-01
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reparación directa identificado con el número único de radicación
050013333001201400087-01.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial

48. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la Sala Segunda del
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, toda vez que, pese a que hizo referencia a la
sentencia SU-072 de 5 de julio de 201833, a su juicio, no aplicó en el caso concreto
el debido análisis dispuesto en esa sentencia de unificación de la Corte
Constitucional.

49. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario
verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la
sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente34.

Sentencia SU-072 de 5 de julio de 201835

50. La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó dos expedientes de tutela
en los que, se presentaron los siguientes supuestos fácticos:

50.1. Se adelantó investigación penal en contra de un ciudadano a quien se le
impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, no obstante, fue absuelto
en virtud del principio in dubio pro reo, decisión con base en la cual el ciudadano
inició proceso de reparación directa en contra de la Fiscalía General, con el fin de
que se le declarara responsable de los perjuicios que le fueron causados con la

33 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
34 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
35 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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privación de la libertad. Al respecto, el A quo accedió a las pretensiones de la
demanda, decisión que fue confirmada en segunda instancia, no obstante, se
modificó el monto de la condena. La tutela la interpuso la Fiscalía General de la
Nación.

50.2. Se adelantó investigación penal en contra de una ciudadana, a la cual se le
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de
prevaricato por acción en concurso con abuso de autoridad por acto arbitrario e
injusto, con posterioridad se revocó la medida de aseguramiento, por lo que se
ordenó su libertad inmediata. Con fundamento en lo anterior, la ciudadana y sus
familiares iniciaron proceso de reparación directa en contra de la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se le declarara responsable de los perjuicios que le
fueron causados con la privación de la libertad. Al respecto, el A quo negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada al advertirse la culpa
exclusiva de la víctima. La tutela la interpuso la parte demandante dentro del
proceso ordinario de la referencia.

51. El problema jurídico que debía resolver la Corte, en síntesis, consistió en:

“[…] De estos interrogantes se deriva una necesidad común que consiste en
establecer si de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución y la interpretación de
la sentencia C-037 de 1996 respecto del artículo 68 de la Ley Estatutaria 270 de
1996, para decidir un proceso de reparación directa por la privación injusta de la
libertad, se debe aplicar un único régimen de responsabilidad […]”.

52. Para resolver el problema jurídico planteado, señaló que el juez
administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de
corrección jurídica exigida, debía efectuar valoraciones que superaran el simple
juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de
la Ley 270 de 7 de marzo de 199636, sustento normativo de la responsabilidad del
Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de
atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se
enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

53. Sin embargo, la Corte consideró que:

36 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.

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“[…] De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el
examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de
imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el
ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por
el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente
atípica- es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad
resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar
un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño
antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro
que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este
tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista
probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que la Fiscalía,
hoy los jueces37, disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza
estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la administración la que acredite
que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la
imposición de la medida.

Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo
para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de interés jurídico
penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida privativa de la
libertad mientras constata esta información, dado que esta debe estar clara desde
los albores de la investigación. No en vano las diferentes normativas procesales
han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de indagación
encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se presentó un
hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender a la categoría
de conducta punible.

El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende
solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la
conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera,
muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de
las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo.

Lo anterior implica que en las demás eventualidades que pueden presentarse en
un juicio de carácter penal, no pueda asegurarse, con la firmeza que exige un
sistema de responsabilidad estatal objetivo, que la responsabilidad del Estado es
palmaria y que bastaría con revisar la conducta de la víctima […]”. (Resaltado del
texto original)

54. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que frente al caso objeto
de estudio existe identidad fáctica y jurídica, en la medida en que i) los tres casos
giran en torno a una presunta privación injusta de la libertad de los actores; ii) en los
tres casos se presentó demanda de reparación directa con el fin de que se
indemnizaran los perjuicios padecidos por los privados de la libertad y sus
familiares; y iii) frente a los procesos ordinarios de reparación directa se presentaron

37 Cita del texto original: “Artículos 39 y 306 de la Ley 906 de 2004”.

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acciones de tutela que cuestionaron, entre otros aspectos, el título de imputación.

55. Ahora bien, con el fin de determinar si se desconoció alguna de las reglas
jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación de la referencia, a
continuación, la Sala hará referencia a cada una de ellas, las cuales cabe mencionar
son de obligatoria aplicación al régimen de responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad:

i) Ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de Ley 270 de 1996
señalan un título de imputación específico en materia de responsabilidad del Estado
por privación injusta de la libertad, razón por la cual el juez administrativo podrá
elegir qué título de imputación se ajusta más al caso puesto en su conocimiento y
resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de
una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía
por qué soportarse; sin embargo, en los casos en los que la medida restrictiva de la
libertad se revoque o la absolución dentro del proceso penal se den en razón a que
el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, es posible predicar que
la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y
desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución
de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin
mayores esfuerzos.

ii) La absolución de un procesado, por sí misma, no torna la privación de la libertad
en injusta, pues para ello es indispensable que el juez contencioso esclarezca “[…]
si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida […]”,
para lo cual “[…] debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de
causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley
270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos,
impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la
decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos
de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad […]”.

iii) En todo caso, es necesario que se analice la conducta del investigado, en la
medida en que, independientemente del régimen de responsabilidad que el juez
resuelva aplicar, dicha valoración “[…] tiene la potencialidad de generar una

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decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria
de irresponsabilidad administrativa […]”.

56. Ahora bien, la Sala observa que los fundamentos de la sentencia
cuestionada, fueron propuestos en los siguientes términos:

“[…] En el plenario se encuentra plenamente acreditada la privación de la libertad
que sufrió el señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO, en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Santo Domingo –Antioquia, con
ocasión del proceso penal seguido en su contra, radicado bajo el número
058906000318201180049, por la conducta punible de hurto calificado, fabricación o
porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, en el que fue decretada la
preclusión por atipicidad de la conducta, decisión que por la parte actora se
considera determinante en la generación del daño objeto de demanda […]”.

[…]

“[…] En este caso la investigación penal se precluyó a favor del señor ANDRÉS
DARÍO OCAMPO ARANGO, lo cual no es suficiente para declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado, pues debe determinarse si la medida restrictiva resultó injusta
y generó un daño antijurídico imputable a la administración.

Recuérdese que la privación injusta no se presenta cuando el proceso penal finaliza
con una sentencia absolutoria o cuando se declara la preclusión, pues es necesario
determinar si la medida privativa de la libertad fue impuesta de conformidad con los
requisitos legales vigentes en ese momento […]”.

[…]

“[…] En este caso, la grabación de la diligencia en la que se impuso la medida de
aseguramiento se pudo inferir razonablemente que los imputados, entre esos, el
señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO, eran autores o partícipes del delito que
se les investigaba, pues fueron capturados en flagrancia de conformidad con lo
previsto en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004 […]”.

[…]

“[…] Lo que se advierte es que el demandante no sólo estuvo presente en el lugar
de los hechos como lo afirmó el a-quo, sino que fue aprehendido con posterioridad,
huyendo en compañía de quienes perpetraron el ilícito y con los objetos hurtados;
es decir que su captura se produjo en flagrancia.

Recientemente señaló el Consejo de Estado38 sostuvo:

“De manera que, si se limita la libertad de un ciudadano en cumplimiento de una
orden de captura debidamente dispuesta o dentro de los eventos de la flagrancia y
en acatamiento de los términos legales previstos para tal fin, la detención emerge
como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el
ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propende
por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la
individualización de los presuntos autores de las mismas.

38 Cita del texto original: “Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. C.P. José Roberto Sáchica

Méndez, sentencia de 21 de mayo de 2021. Radicado No. 76001-23-31-000-2009-10182-02(61952)”.

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Por tanto, y a pesar de la existencia de un daño (limitación del derecho a la libertad),
este no puede calificarse como antijurídico y, en consecuencia, no surge para el
Estado del deber jurídico de repararlo. (Negrillas fuera del texto)

Además, la medida de aseguramiento era necesaria y además urgente, en tanto
surgía la necesidad de proteger los bienes de la comunidad en general y de la
víctima, aunado a que el concierto para delinquir que se endilgó, permitía concluir
que el imputado constituía un peligro para la sociedad.

Igualmente expuso que era factible que el imputado se ausentara y no se presentara
o compareciera al proceso penal, razón por la cual la solicitud de imposición de la
medida era razonable […]”.

[…]

“[…] Es que si bien es cierto que la preclusión de la investigación se dio por
atipicidad, ello no obliga al juez a aplicar el régimen objetivo de
responsabilidad, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado recientemente39
[…]”.

[…]

“[…] En síntesis, la Corte Constitucional en sentencia de unificación no privilegió
ningún régimen de responsabilidad (objetivo o subjetivo); sin embargo es preciso
analizar en cada caso en concreto si la medida fue legal, razonable y proporcionada.

En este caso en el que el demandante fue capturado en flagrancia, de los elementos
materiales probatorios y la evidencia física recaudada era posible inferir que era
autor o partícipe de la conducta investigada que por cierto tenía prevista una pena
privativa de la libertad superior a los cuatro (4) años. Adicionalmente, por la
modalidad de los delitos y la gravedad de los mismos, la medida de aseguramiento
se mostraba necesaria, proporcional y razonable; es decir que se trataba de una
carga que tenía el deber jurídico de soportar […]”. (Resaltado por la Sala)

57. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que en la sentencia
cuestionada se señala que, pese a que la preclusión de la investigación se dio por
atipicidad de la conducta, esto no obliga al juez a aplicar un régimen objetivo de
responsabilidad.

58. Como fundamento para no aplicar un régimen objetivo de responsabilidad en
el sub judice, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
i) hizo referencia a que la medida privativa de la libertad impuesta al actor fue
necesaria y razonable, sin que para ello haya traído a colación argumentos
relacionados con los supuestos fácticos propios del caso del actor, sino
consideraciones de tipo general, y ii) a partir de la cita de una sentencia proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera señaló que “[…] si bien es cierto que la

39 Cita del texto original: “Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Consejera Ponente: María

Adriana Marín. Sentencia de 5 de febrero de 2021 Radicado No. 11001-03-15-000-2020-03003-01(AC)”.

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preclusión de la investigación se dio por atipicidad, ello no obliga al juez a aplicar el
régimen objetivo de responsabilidad, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado
recientemente40 […]”.

59. En ese orden de ideas, la Sala advierte que de lo expuesto no resultan claras
las razones por la cuales el Tribunal demandado optó por dicho régimen de
responsabilidad, más aún si se tiene en cuenta que en la sentencia de 23 de
septiembre de 2021, la propia autoridad judicial transcribió, entre otros documentos,
las consideraciones que para dicha preclusión sostuvieron la Fiscalía y el juez de
conocimiento, a saber:

“[…] Indica el señor Fiscal en su petición de preclusión … que quedó demostrado que
el señor ANDRÉS DARÍO fue ajeno a los hechos que sucedieron ese día. Indica
además que se tienen testimonios de dos personas que intervinieron en los hechos
ese día donde indican que ANDRÉS DARÍO en ningún momento ha participado ni
ha hecho parte del grupo que participaron … en la gasolinera de Villanueva y para
ello en su petición de preclusión aportó testimonios de MILLER ANDRÉS QUINTERO
y KEIVI LOAIZA AVEDAÑO en el cual indican que el señor ANDRÉS DARÍO
OCAMPO es ajeno a los hechos… el investigador de la Defensoría Pública de
nombre OSCAR BEDOYA HOLGUÍN realizó diligencias y efectivamente el informe
que presenta es que el señor ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO no participó en
los hechos … Qué observa el Despacho, qué de los hechos ocurridos y de acuerdo
a los testimonios que rindieron ANDRÉS QUINTERO ARBOLEDA, KEIVI LOAIZA
LONDOÑO … aparte del investigador de la Defensoría Pública, el señor OSCAR
BEDOYA HOLGUÍN, concluye que efectivamente el señor indiciado ANDRÉS DARÍO
OCAMPO ARANGO no participó en los hechos objeto de este proceso, porque
efectivamente se presenta a su favor una conducta atípica, es decir, no ha
cometido ningún delito …. Por encontrarse una causal alrededor del señor
ANDRÉS DARÍO OCAMPO ARANGO, una causal de preclusión, porque la conducta
de él es atípica, no delictiva, él no participó en el hecho […]”. (Resaltado por la
Sala)

60. La Sala advierte que, pese a lo transcrito, el Tribunal no efectuó reparó
alguno en relación con la atipicidad objetiva expuesta en la sentencia SU-072 de
2018 de cara a las particularidades propias del caso del actor y a los medios de
prueba que obraban en el expediente; a lo que se suma las consideraciones
genéricas que señaló para determinar que la medida de privar al actor de su libertad
fue necesaria y razonable, sin poner de presente las razones por las que, por
ejemplo, concluyó que “[…] era factible que el imputado se ausentara y no se
presentara o compareciera al proceso penal […]” o que “[…] el imputado constituía
un peligro para la sociedad […]”.

40 Cita del texto original: “Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Consejera Ponente: María

Adriana Marín. Sentencia de 5 de febrero de 2021 Radicado No. 11001-03-15-000-2020-03003-01(AC)”.

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61. En ese orden de ideas, la Sala observa que, a pesar de que la solicitud de
preclusión por parte de la Fiscalía como la decisión del juez de conocimiento se
sustentaron en que el actor “[…] fue ajeno a los hechos […]” y “[…] no ha cometido
ningún delito […]”, es decir, un supuesto objetivo, el Tribunal no sustentó o justificó
en debida forma y en función de las particularidades y acervo probatorio propio del
caso del actor por qué aplicaba dicho régimen de responsabilidad, a lo que se suma
la falta de análisis del elemento de la culpa o el dolo en la conducta del actor, sin
que sea claro por qué “[…] se trataba de una carga que tenía el deber jurídico de
soportar […]”.

62. Al respecto, es necesario mencionar que la jurisprudencia de esta
corporación judicial ha considerado que:

“[…] En el estado actual de la jurisprudencia no se discute el carácter objetivo
de la responsabilidad estatal cuando, no obstante la privación de su libertad, el
implicado es absuelto o se precluye la investigación a su favor, en los casos previstos
en el art. 414 del Decreto 2700 de 1991, esto es cuando se establece que (i) el hecho
no existió, (ii) el encartado no lo cometió y/o (iii) la conducta no es típica.

En este sentido, la jurisprudencia de la Sección concibe objetiva la responsabilidad
estatal en los casos antes referidos, inclusive una vez derogado el art. 414 eiusdem,
no como aplicación ultractiva del citado Decreto 2700, sino de los supuestos previstos
en él, en razón de la responsabilidad estatal en los términos del artículo 90
constitucional y de la Ley 270 de 1996 […]”41. (Resaltado por la Sala)

63. Lo anterior guarda armonía con lo que al efecto consideró la Corte
Constitucional en la sentencia SU - 072 de 2018:

“[…] De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el
examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación
resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de
una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía
por qué soportarse.

105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos
por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 3

de diciembre de 2012. Exp. No. 25000-23-26-000-1998-02512-01(25571). C.P.: Stella Conto Díaz. Igualmente
se pueden consultar las siguientes providencias: Subsección B, Sección Tercera, sentencias del 15 de
noviembre de 2011, expediente 19001-23-31-000-1999-01134-01(21410) y del 29 de agosto de 2012,
expediente 18001-23-31-000-1997-01244-01(24113). Subsección A de la Sección Tercera sentencias del 16
de noviembre de 2011, expediente 25000-23-26-000-1997-05026-01(22586) y del 16 de agosto de 2012,
expediente 66001-23-31-000-2001-01176-01(25214). Subsección C, Sección Tercera, sentencias del 27 de
abril de 2011, expediente 76001-23-31-000-1997-05248-01(20749) y del 22 de junio de 2011, expediente
05001-23-25-000-1996-02630-01(20713). En sentencia del 25 de marzo de 2010, expediente 66001-23-31-
000-1997-03813-01(17741) la Sección Tercera también apeló al contenido del artículo 414 del Decreto 2700
de 1991.

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atípica- es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su
libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es
factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de
que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que
el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de
casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y
valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que la Fiscalía, hoy los
jueces, disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos
presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la administración la que acredite que fueron
causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la
medida […]”. (Resaltado por la Sala)

64. En ese orden de ideas, la Sala comparte las conclusiones a las cuales arribó
el juez constitucional A quo, a saber, “[…] En opinión de esta Sala las anteriores
consideraciones desconocen (i) los motivos por los cuales se solicitó y se decretó
la preclusión (transcritos en la misma providencia); (ii) la caracterización de la
atipicidad objetiva y su diferencia con la subjetiva; (iii) las reglas jurisprudenciales
en torno a la responsabilidad del Estado por privaciones de la libertad cuando la
absolución (o equivalente) se debe a un supuesto de atipicidad objetiva
(desarrolladas en la jurisprudencia de esta Corporación y reunidas en la sentencia
SU-072 de 2018, invocada por el accionante); y (iv) la presunción de inocencia y la
cosa juzgada penal, pues a pesar de su absolución, el tribunal reitera que el señor
Ocampo Arango fue <<capturado en flagrancia>>, <<huyendo>> de la Policía y en
tenencia de <<los objetos hurtados>> cuando todo lo anterior fue desvirtuado en el
proceso penal. Lo anterior constituye una vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia del señor
Ocampo Arango […]”.

65. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada
desconoció los derechos fundamentales de los actores, en la media en que en la
sentencia cuestionada no se motivó razonada y justificadamente las circunstancias
específicas por las que el caso concreto debía analizarse bajo un título de
imputación de naturaleza objetiva.

66. Finalmente, la Sala advierte que se abstendrá de emitir un pronunciamiento
frente a la limitación que señaló el A quo al indicar que “[…] La Sala solo (sic)
amparará los derechos fundamentales de Andrés Darío Ocampo y no los de John
Darío Ocampo Cárdenas y Amanda del Socorro Arango González, dado que en el

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proceso ordinario se advirtió que estos no cumplieron con el requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial, circunstancia que no fue controvertida
en sede de tutela […]”, lo cual no fue objeto de impugnación.

Conclusiones de la Sala

67. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 26 de abril de
2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por medio de la cual amparó los derechos fundamentales del actor, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 26 de abril de 2022 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la
cual amparó los derechos fundamentales del actor, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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