Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01861-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01861-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01861-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de julio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01861-01
Demandante: CARMEN SOFÍA SOLÍS DE LOAIZA
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE
DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO EXTRAORDINARIO
DE REVISIÓN. REVOCA FALLO QUE NEGÓ EL AMPARO.
DECLARA IMPROCEDENTE POR RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró su
derecho constitucional fundamental del debido proceso con ocasión del auto del 8 de octubre de
2021 que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 5 de mayo de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por la señora Carmen Sofía Solís de Loaiza, actuando a nombre
propio, en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas y
mayúsculas del original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01861-01
Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
Acción de tutela – Impugnación fallo
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 24 de marzo de 2022 la señora Carmen Sofía Solís de Loaiza presentó proceso de
acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado con el fin de que se protegiera su derecho constitucional fundamental del debido
proceso y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“La presente Acción de Tutela se dirige a la OMISIÓN que existe en la
providencia del Consejo de Estado de fecha 08 de Octubre de 2.021 en
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN que no consideró en su estudio
la PRETENSIÓN del RECURSO DE REPARACIÓN DIRECTA ya que se trata
a la indemnización por causa al daño causado al no darse el trámite del Recurso
Extraordinario de Unificación a su debido momento de la presentación por
causa de la FALLA DEL SERVICIO de los funcionarios de la rama (sic) judicial
(sic).
(…)
Es por lo que muy atentamente se pretende en esta ACCIÓN DE TUTELA
reclamar la INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS, en
diferentes eventos por las autoridades encargadas de administrar justicia,
solicitada ante el juzgado sexto administrativo de Santa Marte en fecha 06 de
Mayo de 2.015 en demanda de REPARACIÓN DIRECTA que la suscrita ratifica
y (ANEXA) en la presente ACCIÓN DE TUTELA a la finalidad de revocar en
parte la providencia de fecha 8 de octubre de 2021 al RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN rad. 11001-03-26-000-2018-00052-00
(61348) y se admita la REPARACIÓN DIRECTA que fue objeto de OMISIÓN en
la referida providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI- mayúsculas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) Instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el Distrito de Santa Marta con el fin de que declarara la nulidad de las
Resoluciones 00453 del 25 de septiembre y 00496 del 6 de octubre de 2009, mediante
las cuales se le negó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.
2) La demanda correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta, que negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por
el Tribunal Administrativo del Magdalena el 28 de noviembre de 2012.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01861-01
Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
Acción de tutela – Impugnación fallo
3) Presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en el que argumentó
que el Tribunal Administrativo del Magdalena había contrariado lo dispuesto en la
sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
el 17 de agosto de 2012, pues desestimó sus pretensiones de nulidad y restablecimiento
del derecho en tanto consideró que la pensión de jubilación era incompatible con la de
invalidez.
4) La Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena remitió el recurso al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, quien mediante providencia
del 6 de febrero de 2012 lo declaró improcedente.
5) Esa decisión fue objeto del recurso de apelación, el cual también fue declarado
improcedente mediante auto del 20 de febrero de 2013.
6) Posteriormente, presentó acción de tutela en la que solicitó la protección de su derecho
fundamental del debido proceso, pues, a su juicio, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta no tenía competencia funcional para resolver el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, amparo que fue concedido por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante fallo del 11 de
diciembre de 2013, en el cual ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del
Magdalena con el fin de que le diera el trámite correspondiente al recurso.
7) El tribunal negó el recurso y el Consejo de Estado confirmó porque consideró que la
sentencia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se
ajustó a su jurisprudencia.
8) De manera paralela, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de que se declarara que se había configurado un error
judicial por remitir el recurso de unificación de jurisprudencia al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta.
9) El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta que, a través de sentencia de 31 de mayo de 2016, negó las
pretensiones de la demanda.
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Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
Acción de tutela – Impugnación fallo
10) Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Magdalena en providencia del 20 de
septiembre de 2017, en la cual confirmó el fallo de primera instancia, pues consideró que,
pese a haberse incurrido en una irregularidad por haberse remitido a un juzgado
administrativo el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el auto al que se
le imputaba el error no había puesto fin al proceso, no se acreditó un actuar doloso de
los funcionarios que lo remitieron y no se configuró el daño alegado ni se acreditaron los
perjuicios materiales y morales deprecados.
11) El 23 de febrero de 2018 presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia del 20 de septiembre de 20217, pues consideró que se profirió con fundamento
en documentos falsos o adulterados.
12) El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que, mediante providencia de 8 de octubre de 20211, lo declaró
infundado, por cuanto los argumentos planteados buscaban la reformulación de temas
ya discutidos propios de un juicio de reparación directa por error judicial, el cual ya se
había surtido, lo cual desconocía el objeto del recurso extraordinario de revisión.
3. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho
constitucional fundamental del debido proceso con ocasión de la providencia proferida el
8 de octubre de 2021, por cuanto no tuvo en cuenta que el medio de control de reparación
directa reunía todos los requisitos y formalidades para su prosperidad, pues la jurisdicción
de lo contencioso administrativo incurrió en una falla del servicio cuando remitió de forma
errada el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Sostuvo que la sentencia desestimatoria de reparación directa se dictó con fundamento
en documentos falsos o adulterados, debido a que tanto el oficial mayor del Tribunal
Administrativo del Magdalena como el Juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta violaron el procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011 pues
archivaron de forma errada el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y no
1 Providencia que fue notificada el 16 de febrero de 2022.
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Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
Acción de tutela – Impugnación fallo
lo remitieron a la Secretaría del tribunal para que se le diera traslado al magistrado
correspondiente.
4. Actuación de primer grado
Mediante providencia de 30 de marzo de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que allegara un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
5. Sentencia de primera instancia
La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 5 de mayo
de 2022 negó el amparo invocado.
Advirtió que las conclusiones a las que llegó la parte accionada para resolver el recurso
extraordinario de revisión no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, sino que se
basaron en las normas jurídicas aplicables al asunto y a lo que la jurisprudencia ha
señalado para el caso concreto, pues tal medio de impugnación no constituye una tercera
instancia dentro del proceso, en la que se puede intentar una nueva valoración de la
prueba o provocar una interpretación adicional de las normas aplicables.
6. Impugnación
La parte demandante impugnó el fallo de primera instancia, recurso que fue concedido
en auto de 27 de mayo de 2022.
Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela relacionados con la falla del
servicio en que incurrieron los funcionarios de la Rama Judicial por dar un trámite errado
al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01861-01
Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
Acción de tutela – Impugnación fallo
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se proteja
el derecho constitucional fundamental del debido proceso presuntamente vulnerado con
ocasión de la providencia proferida el 8 de octubre de 2021, por cuanto no tuvo en cuenta
que el medio de control de reparación directa reunía todos los requisitos y formalidades
para su prosperidad, pues la jurisdicción de lo contencioso administrativo incurrió en una
falla del servicio al remitir de forma errada el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.
En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó las pretensiones de la demanda, pues las conclusiones a las que llegó
la parte accionada para resolver el recurso extraordinario de revisión no obedecieron a
un capricho o arbitrariedad, sino que se basaron en las normas jurídicas aplicables al
asunto y a lo que la jurisprudencia ha señalado para el caso concreto.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01861-01
Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
Acción de tutela – Impugnación fallo
En el escrito de impugnación la parte demandante reiteró los argumentos empleados en
el escrito de la demanda relacionados con la falla del servicio en que incurrieron los
funcionarios de la Rama Judicial por dar un trámite errado al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia Sala revocará el fallo de primera
instancia que negó el amparo invocado y, en su lugar, declarará improcedente la acción
de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones
que procederán a exponerse:
1) Para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente
debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso extraordinario de revisión y
que estaban dirigidos a que se declarara que la sentencia desestimatoria de reparación
directa se dictó con fundamento en documentos falsos o adulterados, debido a que se
omitió el conducto regular para remitir el expediente de unificación de jurisprudencia.
2) Ahora bien, en el recurso extraordinario de revisión presentado contra la providencia
de segunda instancia del 20 de septiembre de 2017 que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa, la parte demandante indicó, en los mismos términos que
ahora plantea, que tanto el oficial mayor del Tribunal Administrativo del Magdalena como
el Juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta violaron el
procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011 por archivar de forma errada el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia y no remitirlo a la Secretaría del tribunal
para que se le diera traslado al magistrado correspondiente. Al respecto, indicó:
“a) Falsos positivos creados por el oficial mayor del Tribunal Administrativo y el
Juez 4º Administrativo del Circuito de Santa Marta, ambos se embistieron a la
FALLA DEL SERVICIO e incurrieron a un (sic) DELITO PENAL, de manera tal
que el OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA se voló el conducto regular haciendo las veces del SECRETARIO
GENERAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, al recibir en
su momento el RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA integrado dentro del término de la ejecutoria en fecha 18
de diciembre de 2012, cómo lo señala el EDICTO de fecha 13 de diciembre de
2012 y lo hace parecer extemporáneo enviándolo al juzgado de origen para su
archivo al Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante el
Oficio No. 7951 de fecha 28 de diciembre de 2012 y este en consideración
cumplió la orden del oficial mayor, archivando el proceso con providencia de 6
de febrero de 2013. Por todo lo anterior ambos funcionarios del orden
judicial ADULTERARON el procedimiento de la ley 1437 de 2011 y del
nuevo código procesal al negarle a mi poderdante, la erradicación del
proceso en la Secretaría General del Tribunal y este hacerle traslado a la
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Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
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magistrada del Tribunal administrativo del Magdalena. De no ser por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B por medio de la SENTENCIA DE
TUTELA de fecha 11 de diciembre de 2013 al corregir todos los argumentos
falsos y adulterados de estos funcionarios se estaría en la pérdida del proceso
al RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
b) Con estas fallas del servicio el Juez Sexto Administrativo del Circuito
de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena han proferido
las providencias a la negativa de las pretensiones de mi poderdante a la
REPARACIÓN DIRECTA, dictando las sentencias con fundamentos (sic)
en documentos falsos o adulterados.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI- mayúsculas del original y negrillas de la
Sala).
3) Por su parte, en la providencia del 8 de octubre de 2021 que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dispuso que no se configuraba la causal invocada, puesto que las pretensiones
de la demanda de reparación directa no fueron desestimadas debido a que no se hubiera
presentado una irregularidad en la remisión del expediente de unificación de
jurisprudencia al Juzgado Cuarto Administrativo Judicial de Santa Marta, sino porque no
se encontraba acreditado el daño alegado, pues la providencia de remisión no era
definitiva, además, porque no se acreditó un actuar doloso de los funcionarios en remitir
el proceso, como lo indicó la providencia en los siguientes términos:
“Sin embargo, las pretensiones de la entonces demandante no fueron
desestimadas debido a que no se hubiera presentado una irregularidad en
la remisión del expediente de unificación de jurisprudencia al juzgado 4º
administrativo del circuito de Santa Marta, lo que afirmó expresamente el
ad quem, sino porque no se había acreditado el daño, que es el primer
elemento de la responsabilidad extracontractual, ni podía configurarse,
debido a que la providencia no era definitiva y esta había devenido
ineficaz, además de no haberse acreditado el dolo alegado en sustento de
la alzada. No se trata entonces de documentos que hubieran influido
ostensiblemente en la decisión, hasta el punto de definir su sentido, como lo
requiere la causal invocada por la recurrente.
(…)
No aduce la recurrente, sin embargo, que los documentos considerados en el
juicio de instancia no fueran íntegros o que hubieran sido modificados, o que en
ellos se hubiere hecho afirmaciones contrarias a la realidad, ni que esto hubiera
sido percibido cuando el proceso de reparación directa hubiera concluido.
Conforme a lo argumentado, sin que las pruebas practicadas revelen lo
contrario, el oficio con el que el expediente de unificación jurisprudencial fue
remitido a un juzgado administrativo fue suscrito efectivamente por el oficial
mayor que en él aparece y la remisión aludida se produjo efectivamente. No
hay, pues, una falsedad documental o alteración como también se
requiere para la prosperidad de la causal invocada.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01861-01
Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
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4) De igual manera, en dicha providencia se afirmó que las irregularidades procesales
que se hubieren presentado no tenían relación alguna con una alteración o falsedad
documental y que lo que se pretendía con dichos argumentos era reformular unos temas
que ya habían sido objeto de litigio en el proceso de reparación directa. Sobre el particular
sostuvo:
“4.7 La invasión de funciones del secretario del Tribunal Administrativo del
Magdalena y las irregularidades procesales que, a partir de ello, se hubieran
presentado no tienen relación alguna con una alteración o falsedad documental.
Estos argumentos, con los que se sustenta el recurso extraordinario de
revisión sometido al conocimiento de la sala, son propios de un juicio de
reparación directa por error jurisdiccional, como el que se surtió. Al ser
planteados por la recurrente en sede de revisión, se busca así la
reformulación de temas ya litigados, con la introducción de argumentos
nuevos, lo que, como se expuso, es contrario al objeto de este recurso
extraordinario.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI
– negrillas de la Sala)
5) En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos relacionados con la
presunta vulneración del debido proceso por las irregularidades presentadas en la
remisión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y la presunta falsedad
documental con la que se emitió el fallo de segunda instancia en el medio de control de
reparación directa fueron debidamente analizados y resueltos en la providencia del 8 de
octubre de 2021 que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, en la que se
dispuso que la invasión de funciones del secretario del Tribunal Administrativo del
Magdalena y las irregularidades procesales, no daban cuenta de una alteración o
falsedad documental que hubiere influido ostensiblemente en la decisión, por el contrario,
dichos fundamentos eran propios de un juicio de reparación directa que ya se había
surtido.
6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los analizados en
el trámite del recurso extraordinario de revisión dirigidos de manera exclusiva a revivir la
discusión jurídica relacionada con la falla del servicio en la que presuntamente incurrieron
unos funcionarios judiciales por no remitir el recurso extraordinario de unificación al
Tribunal Administrativo del Magdalena sino al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta, quien por desconocimiento jurídico lo archivó. En la acción de
tutela se indicó:
“Es en este punto de discusión cuando la suscrita impetra la ACCIÓN DE
TUTELA ante el Consejo de Estado para restablecer el derecho al DEBIDO
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Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
Acción de tutela – Impugnación fallo
PROCESO AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA ya que el Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Santa
Marta, se casa con el oficial mayor al recibir por ignorancia el proceso que
no le correspondía a su estrado y este en desconocimiento jurídico
ARCHIVA el proceso en vez de reenviarlo al tribunal administrativo del
Magdalena, configurándose una doble falla del servicio.
(…)
Entre la fecha de solicitud al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia 12 de diciembre de 2012 y la fecha que ordena el Contencioso
Administrativo (Consejo de Estado) de abrir el proceso 11 de diciembre de 2013
transcurre una demora de 341 días que se conjuga la falla del servicio del
servidor público a lo que da lugar a la suscrita interponer la REPARACIÓN
DIRECTA y en la presente la ACCIÓN DE TUTELA al observar que cumple con
requisitos genéricos de procedencia, en razón a que el asunto es de relevancia
constitucional por cuanto se discute el supuesto desconocimiento de derechos
fundamentales, se agotó la totalidad del proceso contencioso administrativo,
cumple el principio de la inmediatez, se identificaron los hechos que generaron
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales, la providencia atacada
no fue proferida dentro de una acción constitucional.
(…)
La presente acción de tutela se dirige a la OMISIÓN que existe en la providencia
del Consejo de Estado de fecha 8 de octubre del 2021 en RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN que no consideró en su estudio la
PRETENSIÓN DEL RECURSO DE REPARACIÓN DIRECTA ya que esta trata
a la indemnización por causa al daño causado al no darse el trámite del
recurso extraordinario de unificación a su debido momento de la
presentación por causa de la FALLA DEL SERVICIO de los funcionarios
de la rama judicial (sic).
Por lo anterior resulta siempre injusta puesto que quien estuvo privado del
DEBIDO PROCESO sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar
y en vigencia del artículo 29 de la Constitución de 1991, se limita bajo el
entendido de que la responsabilidad del ESTADO, pues la privación injusta
del DEBIDO PROCESO de las personas se fundamenta en el error judicial
que se deriva como consecuencia de la violación del deber que tiene todo
juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho.
(…)
No cabe duda las faltas de desconocimientos jurídicos de estos
funcionarios profesionales del derecho que, a pesar de seminarios,
conferencias que le aporta al estado colombiano no asistan a ellas y se vean
abocados a la vergüenza de los usuarios del derecho.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).
7) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso
extraordinario de revisión, los cuales fueron resueltos en el auto de 8 de octubre de 2021
y se dirigieron de manera exclusiva a que se declarara que la sentencia desestimatoria
de reparación directa se dictó con fundamento en documentos falsos o adulterados,
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01861-01
Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
Acción de tutela – Impugnación fallo
debido a que se omitió el conducto regular para remitir el expediente de unificación de
jurisprudencia a la autoridad judicial que era competente.
8) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial accionada en
la providencia objeto de tutela concluyó que había lugar a declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión, pues la invasión de funciones del secretario del Tribunal
Administrativo del Magdalena y las irregularidades procesales, no daban cuenta de una
alteración o falsedad documental que hubiere influido ostensiblemente en la decisión, por
el contrario, dichos fundamentos eran propios de un juicio de reparación directa que ya
se había surtido, por lo cual se advierte que se trata de un planteamiento que fue
analizado y resuelto en la providencia de instancia, sin que le sea dado al juez de tutela
inmiscuirse en asuntos que no son de su resorte con el único fin de imponer su criterio
frente al del juez natural de la causa pues ello desconocería la finalidad de esta
herramienta constitucional así como los principios de independencia y autonomía judicial.
9) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
en lo relacionado con tales defectos no reviste relevancia constitucional porque el objeto
de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del trámite del
recurso extraordinario de revisión y al juez constitucional le está vedado pronunciarse
sobre materias que desbordan su competencia.
10) En ese orden de ideas, esta Sala revocará la sentencia de primer grado que negó el
amparo invocado y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela en atención
a que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Revócase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01861-01
Demandante: Carmen Sofía Solís de Loaiza
Acción de tutela – Impugnación fallo
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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