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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01865-00

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01865-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de amparo presentada por Gilberto Antonio Duarte Torres, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 24 Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00 Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01865-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres
Demandado: Presidente de la República

Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición1, ii) igualdad, iii) debido proceso,
iv) dignidad humana y v) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Presidente de la
República, porque, a su juicio, al no haber dado respuesta a la petición enviada el
10 de noviembre de 2021, a través de la cual le solicitó a dicha autoridad la “[…]
postulación para adquisición de vivienda usada […]”, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 La Sala precisa que, pese a que expresamente el actor no adujo la vulneración del derecho fundamental de

petición, lo cierto es que el hecho vulnerador al que hace referencia en su escrito de tutela corresponde a la
falta de respuesta a la petición enviada el 10 de noviembre de 2021, a través de la cual le solicitó a la autoridad
demandada la “[…] postulación para adquisición de vivienda usada […]”; es decir, en el fondo del asunto se
advierte un debate en torno a si existe o no vulneración del derecho fundamental de petición del actor.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el
Presidente de la República, porque, a su juicio, al no haber dado respuesta a la
petición enviada el 10 de noviembre de 2021, a través de la cual le solicitó a dicha
autoridad la “[…] postulación para adquisición de vivienda usada […]”, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, es “[…] desplazado por la violencia del Corregimiento de Saiza
Jurisdicción del Municipio de Tierralta Córdoba, con asentamiento en el Barrio
Versalles Manrique Oriental perteneciente al Municipio de Medellín — Antioquia […]
soy víctima con mi grupo familiar que está compuesto por seis (06) personas, entre
ellos dos (02) menores de edad […]”.

4. Expresó que, “[…] en varias oportunidades he solicitado la postulación para
que de esta manera pueda acceder al Subsidio familiar de vivienda para que de esta
forma puede tener una vivienda digna, ya que, por el desplazamiento forzado no
tengo en donde vivir con los míos, por ello el paso (sic) 10 de Noviembre de 2021,
le envié una solicitud al señor Presidente para que como la primera autoridad
Administrativa me ayude a solucionar este problema, es decir la postulación para
que de esta manera pueda acceder al referido Subsidio Familiar de Vivienda para
que pueda tener una vivienda digna, ya que por el desplazamiento forzado no tengo
en donde vivir con los míos […]”.

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Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

5. Manifestó que, “[…] de mi solicitud hasta la presente fecha nada se sabe de
la citada solicitud lo que con estas actuaciones se violan los derechos de los
desplazados y estos son prevalentes […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos constitucionales fundamentales a la VIDA
DIGNA, AL MÍNIMO VITAL, A LA POSTULACIÓN Y POSTERIORMENTE LA
ENTREGA DEL SUBSIDIO PARA COMPRAR VIVIENDA USADA y demás derechos
invocados a que haya Iugar, tal y como lo establece la Iey.

SEGUNDO: En virtud de lo anterior, se ordene al señor Presidente de la República
que en la mayor brevedad posible se sirva ordenar al señor Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio que se me haga la Postulación y una vez que sea postulado se
me haga entrega del Subsidio Familiar de vivienda para comprar vivienda “usada”, tal
y como lo establece la normatividad vigente […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que:

“[…] Como consecuencia de lo anterior me permito señalar, que en vista de que mis
derechos están siendo violados por el señor presidente de la República, quien de
manera caprichosa desconoce mis derechos y como la primera autoridad de la nación
debe darnos “ejemplo lo que no estamos viendo y esto es algo que nos preocupa y el
articulo (sic) 188 y 209 de la Norma Superior hablan de las funciones del presidente
y de los servidores públicos” por ello invoco este instrumento público jurídico ante los
Honorables Magistrados del Tribunal Superior de Medellín para que mis derechos
sean protegidos, tal y como lo establece la ley […]”.

[…]

“[…] Son derechos subjetivos que emanan de la dignidad humana y que la
resguardan, porque ellos combaten la dominación arbitraria y apoyada en desiguales
relaciones de poder social, mediante la cual unos seres humanos imponen a otros ser
instrumentos de sus propios, por ello acudo a la justicia colegiada para que mis
derechos sean protegidos, tal y como se encuentran diseñados en el ordenamiento
Jurídico […]”.

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Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 2022; i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente de la República; y iii) vinculó como
terceros con interés al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, concediéndoles el término
de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela y su desvinculación al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

9.1. Al respecto, señaló que:

“[…] El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no tiene
función alguna relacionada con las reclamaciones propias de quien acciona. En
contraste el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio cuenta dentro de su estructura
funcional cuenta con la capacidad y jurisdicción para dar respuesta de fondo, frente
a las pretensiones de la parte actora y por lo mismo la vinculación de la Presidencia
pone en riesgo la garantía del derecho a la justicia.

Teniendo en cuenta lo indicado en el libelo de la tutela, referente a la presentación
de unos (sic) derecho de petición presentados (sic) por parte del actor a la
Presidencia de la República, se pudo evidenciar que través los (sic) radicados (sic)
Nos. (sic) EXT21-00133113 el accionante presentó derechos (sic) de petición que
se respondieron (sic) en oportunidad, a través de los oficios Nos. OFI21-00158363 y
OFI21-00158367 del 17 de noviembre de 2021. Los referidos oficios dieron traslado
de las peticiones principales a los competentes, informando lo propio al peticionario,
conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 1474 de 2011, sustituido por el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015. Esto en consideración a que la Presidencia no se
encuentra facultada para adelantar procesos de vigilancia a procedimientos
administrativos sancionatorios, así como adelantar investigaciones a las actuaciones
realizadas por los funcionarios de la Administración Pública.

Conforme a lo anterior, es claro que la Presidencia de la República, en el marco de
sus competencias ha obrado conforme a la Ley y no ha vulnerado derecho
fundamental alguno al accionante.

Se anexa a la presente actuación procesal como material probatorio en defensa de
la entidad los oficios enunciados (OFI21-00158363, OFI21-00158367), con los
respectivos reportes de trazabilidad, generados por el Sistema de Gestión
Documental de la Presidencia de la República (ESCRIBE). […]”.

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[…]

“[…] En el caso que nos ocupa, el accionante no acredita la forma en la que la
Presidencia de la República vulnera o amenace sus derechos fundamentales. En
contraste, dicha dependencia actuó con diligencia y conforme a la ley, en tanto una
vez recibidas (sic) las (sic) peticiones (sic) de la parte actora, procedió a remitirlas
(sic) por competencia a las entidades correspondientes […]”.

10. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitó “[…] DECLARAR
IMPROCEDENTE por la carencia actual de objeto por hecho superado la solicitud
de amparo […]”.

10.1. Manifestó que:

“[…] el accionante al invocar la acción de tutela de manera apresurada y
desmesurada, configuró una manifestación desacertada que pretende enervar el
actuar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, habida cuenta que esta entidad
ha procedido de manera oportuna y eficaz para resolver de fondo la petición
radicada, por parte del actor.

Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad
responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando
se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma,
independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición.

Inexistencia de vulneración de derechos fundamentales

Es preciso indicar que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en momento
alguno no ha vulnerado el derecho fundamental de petición, por lo tanto nos
oponemos a la solicitud de amparo del accionante, toda vez que no existen ni
presupuestos fácticos ni jurídicos que las fundamenten y menos la existencia de un
perjuicio irremediable, el cual corresponde al Juez Constitucional determinar si es o
no irremediable, lo que en el presente caso no se configura y de esta manera se
pudiera hacer aplicable la tutela como mecanismo transitorio.

El derecho de petición, se entendería vulnerado cuando la Administración se niega
o evada emitir una respuesta de fondo al peticionario, pues en el caso subexamine
(sic), no puede aducirse negligencia y/u omisión por parte del Ministerio para darle
respuesta a la solicitud objeto de la presente acción, toda vez que la entidad dio
respuesta en los términos legales que se obliga a emitirla, no en un sentido favorable
para el acciónate (sic), y que desde luego es lo que lo ha motivado a invocar la
presente acción.

Sobre este tema, es preciso traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional,
en la sentencia T-464 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, así:

“Una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando no se resuelve
material y oportunamente acerca de la solicitud presentada y otra muy distinta que,
ya respondido lo que la autoridad tiene a su alcance como respuesta, el peticionario

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aspire a que se le conceda forzosamente y de manera inmediata algo que resulte
(sic) actualmente imposible”.

(...)

El derecho de petición no ha sido vulnerado y, por tanto, no cabe la protección
judicial, pues la acción de tutela tampoco es procedente para alcanzar efectos
fácticos que están fuera del alcance de la autoridad contra la cual se intenta.”.

De lo anteriormente expuesto se colige que el derecho de petición se satisface a
cabalidad cuando una vez formulada la solicitud, la Administración da respuesta al
peticionario dentro de los términos y parámetros previstos en la Ley, tal como
aconteció en el caso de marras […]”. (Resaltado del texto original)

11. El Presidente de la República guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

6 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

17. La Sala advierte que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, en su
criterio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

18. Al respecto, es preciso indicar que i) el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República no se vinculó como autoridad demandada, sino como
tercero con interés de conformidad con el Decreto núm. 179 de 8 de febrero de
2019, “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República”, el cual dispone en los numerales 1.° y 3.° que dicha
entidad asiste al Presidente de la República en la coordinación y colaboración
armónica con los demás órganos del Estado en la realización de sus objetivos, y en
el deber de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos; y ii) del
informe rendido por dicha autoridad y sus anexos se advierte que le asiste interés,
en la medida en que hizo referencia al recibo de la petición del actor y su remisión
por competencia.

7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República le asiste interés en la decisión de
tutela que esta Sala profiera.

20. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

Problemas jurídicos

21. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; y si la
respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde establecer si se deben
proteger los derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al debido proceso,
a la dignidad humana y al mínimo vital invocados por el actor, los cuales considera
vulnerados por el Presidente de la República ante la falta de respuesta a la petición
enviada el 10 de noviembre de 2021, a través de la cual le solicitó a dicha autoridad
la “[…] postulación para adquisición de vivienda usada […]”.

22. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela, ii) análisis del caso concreto, y finalmente iii) las conclusiones de
la Sala.

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

23. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la

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solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

24. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20058, se pronunció en el
siguiente sentido:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos
sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera
significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la
necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

25. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado9:

“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte
que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada.
Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad
de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que
la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

26. Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección10.

8 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
10 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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27. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.

Análisis del caso concreto

28. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

29. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

30. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:

30.1. Derecho de petición que presentó el actor ante el Presidente de la República
el 10 de noviembre de 2021, en el cual señaló lo siguiente:

“[…] Doctor
IVÁN (sic) DUQUE MARQUEZ (sic)
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Calle 7 número 6 - 54 Santa Fe de Bogotá D.C

ASUNTO: SOLICITUD DE POSTULACIÓN PARA AQUISICIÓN (sic) DE VIVIENDA
USADA, POR CUANTO Y EN VARIAS VECES HE SOLICITADO LA VIVIENDA Y
ESTA ME HA SIDO NEGADA CON ESCRITOS DILATORIOS Y ESTOS DERECHOS
SON PREVALENTES POR CUANTO SE TRATA DE UNA PERSONA VÍCTIMA DE
LA VIOLENCIA Y POR ELLO ME ENCUENTRO SUFRIENDO Y ESTOS DERECHOS

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Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA
NORMATIVIDAD VIGENTE […]”.

[…]

“[…] Como consecuencia de lo anterior, y por cuanto en estos momentos me
encuentro sufriendo porque no tengo en donde vivir y como víctima sobreviviente que
debido a la violencia me encuentro en estado de debilidad por cuanto y (sic) tuve que
abandonar mi residencia y domicilio en donde vivía con mi núcleo familiar y por cuanto
y (sic) el desplazamiento forzado por grupos al margen de la ley es imputable al
Estado Colombiano, tal y como lo estableció el Constituyente, el Legislador, el
Gobierno y la Honorable Corte Constitucional y por cuanto y en varias veces he
solicitado este derecho fundamental que como víctima del conflicto armado interno
me asiste y con escritos dilatorios me ha venido siendo negado, por ello y de
conformidad con lo establecido en el artículo 188 Superior, acudo a su Despacho
señor presidente como la primera autoridad para que me ayude a solucionar este
problema de vivienda, es decir que se sirva ordenar a quien corresponda y se me
haga entrega del subsidio familiar de vivienda para la adquisición de vivienda usada,
tal y como lo establece la ley, por ser este un derecho fundamental que tenemos las
víctimas de la violencia por su conexidad de la vida en condiciones digna, es decir
que se me haga la "Postulación y una vez sea postulado se me haga entrega del
subsidio familia (sic) de vivienda”, tal y como lo establece la normatividad vigente, en
asocio con los pactos Internacionales (art.93 C.N.).

No siendo otro el objetivo de la presente me suscribo ante Usted,

Atentamente

GILBERTO ANTONIO DUARTE TORRES
E-mail: gianduto@hotmail.com […]”.

30.2. Oficio núm. OFI21-00158367 / IDM 12000002 de 17 de noviembre de 2021, a
través del cual, la Asesora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia
de la República, remitió la petición del actor al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, en los siguientes términos:

“[…] Doctor
JORGE ARCESIO CAÑAVERAL R.
Coordinador de Atención al Usuario y Archivo
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
correspondencia@minvivienda.gov.co
OFI21-00158367 / IDM 12000002

Asunto: EXT21-00133113.

Respetado Doctor Cañaveral:

Con atento saludo y para su consideración y fines pertinentes, remitimos la
comunicación suscrita por el señor GILBERTO ANTONIO DUARTE TORRES, en la

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Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

que solicita inscripción en los programas de vivienda del Gobierno Nacional Ley 1448
de 2011 – Ley de Víctimas.

Lo anterior de conformidad con las funciones que le corresponden a la entidad y lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 “Por el cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, sustituido por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que regula el Derecho Fundamental de Petición y
que sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en atención de las competencias asignadas al Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territorio […]”.

30.3. Oficio núm. OFI21-00158363 / IDM 12000002 de 17 de noviembre de 2021, a
través del cual, la Asesora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia
de la República, dio respuesta a la petición del actor, en los siguientes términos:

“[…] Señor
GILBERTO ANTONIO DUARTE TORRES
gianduto@hotmail.com
OFI21-00158363 / IDM 12000002

Asunto: EXT21-00133113.

Respetado señor Duarte:

Con atento saludo hemos recibido su comunicación en la que solicita inscripción en
los programas de vivienda del Gobierno Nacional.

Al respecto le informamos que hemos dado traslado al Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio, con fundamento en las funciones que le corresponden a la citada Entidad.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 que regula el
Derecho Fundamental de Petición y que sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Le sugerimos estar atento para recibir la respectiva respuesta. En caso de presentar
alguna inquietud, le invitamos dirigirse directamente a esa entidad a través de sus
canales de atención dispuestos en el siguiente link:
http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano […]”.

30.4. Oficio núm. 2021EE0134169 de 18 de noviembre de 2021, mediante el cual el
Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio contestó la petición del actor, de la siguiente manera:

“[…] Señor(a)
GILBERTO ANTONIO DUARTE TORRES
gianduto@hotmail.com

14

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

Asunto: Solicitud de Información acerca de la Oferta Institucional del MVCT.

Número de radicación: 2021ER0145563

Respetado(a) señor(a),

Como respuesta a la comunicación radicada en la Presidencia de la Republica (sic)
la cual fue trasladada a esta entidad con el número de la referencia citada, mediante
el presente queremos exponer la oferta institucional, con el fin de que se inscriba a la
propuesta que mejor se acomode a su situación particular, de acuerdo a los requisitos
que cada una de ellas requiere; lea atentamente la siguiente información para poder
postularse a las opciones de subsidio que existen actualmente:

PROGRAMA JOVENES (sic) PROPIETARIOS […]”.

[…]

“[…] Adicionalmente, además del programa de jóvenes propietarios, existen en la
actualidad otros programas de subsidios de vivienda los cuales se relatan a
continuación:

¿Qué es el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana? […]

[…]

“[…] Actualmente existen tres opciones de Subsidios Familiares de Vivienda Urbana
de Interés Social. Puede escoger la opción de su preferencia de acuerdo con las
características y requisitos que presenta cada uno […]”.

[…]

“[…] SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA CASA GRATIS […]”.

[…]

“[…] Requisitos básicos que se deben cumplir para poder postularse […]”

[…]

“[…] Pasos para postularse […]”.

[…]

“[…] En caso de requerir información adicional, esta entidad tiene habilitados los
canales de atención al usuario, correspondencia@minvivienda.gov.co, o puede
ingresar y conocer nuestra oferta institucional a través de la página web
www.minvivienda.gov.co […]”.

30.5. Constancia de envío del Oficio núm. 2021EE0134169 de 18 de noviembre de
2021 al correo electrónico del actor:

15

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

Solución del caso concreto

31. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud presentada por el
actor ha sido tramitada por el Presidente de la República y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

32. La sala advierte que, la petición que presentó el actor el 10 de noviembre de
2021 se propuso en los siguientes términos:

“[…] Doctor
IVÁN (sic) DUQUE MARQUEZ (sic)
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Calle 7 número 6 - 54 Santa Fe de Bogotá D.C

ASUNTO: SOLICITUD DE POSTULACIÓN PARA AQUISICIÓN (sic) DE VIVIENDA
USADA, POR CUANTO Y EN VARIAS VECES HE SOLICITADO LA VIVIENDA Y

16

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

ESTA ME HA SIDO NEGADA CON ESCRITOS DILATORIOS Y ESTOS DERECHOS
SON PREVALENTES POR CUANTO SE TRATA DE UNA PERSONA VÍCTIMA DE
LA VIOLENCIA Y POR ELLO ME ENCUENTRO SUFRIENDO Y ESTOS DERECHOS
SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA
NORMATIVIDAD VIGENTE […]”.

[…]

“[…] Como consecuencia de lo anterior, y por cuanto en estos momentos me
encuentro sufriendo porque no tengo en donde vivir y como víctima sobreviviente que
debido a la violencia me encuentro en estado de debilidad por cuanto y (sic) tuve que
abandonar mi residencia y domicilio en donde vivía con mi núcleo familiar y por cuanto
y (sic) el desplazamiento forzado por grupos al margen de la ley es imputable al
Estado Colombiano, tal y como lo estableció el Constituyente, el Legislador, el
Gobierno y la Honorable Corte Constitucional y por cuanto y en varias veces he
solicitado este derecho fundamental que como víctima del conflicto armado interno
me asiste y con escritos dilatorios me ha venido siendo negado, por ello y de
conformidad con lo establecido en el artículo 188 Superior, acudo a su Despacho
señor presidente como la primera autoridad para que me ayude a solucionar
este problema de vivienda, es decir que se sirva ordenar a quien corresponda y
se me haga entrega del subsidio familiar de vivienda para la adquisición de
vivienda usada, tal y como lo establece la ley, por ser este un derecho fundamental
que tenemos las víctimas de la violencia por su conexidad de la vida en condiciones
digna, es decir que se me haga la "Postulación y una vez sea postulado se me haga
entrega del subsidio familia de vivienda”, tal y como lo establece la normatividad
vigente, en asocio con los pactos Internacionales (art.93 C.N.).

No siendo otro el objetivo de la presente me suscribo ante Usted,

Atentamente

GILBERTO ANTONIO DUARTE TORRES
E-mail: gianduto@hotmail.com […]”. (Resaltado por la Sala)

33. Al respecto, la Asesora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la
Presidencia de la República, mediante Oficio núm. OFI21-00158363 / IDM
12000002 de 17 de noviembre de 2021, dio la siguiente respuesta a la petición del
actor:

“[…] Señor
GILBERTO ANTONIO DUARTE TORRES
gianduto@hotmail.com
OFI21-00158363 / IDM 12000002

Asunto: EXT21-00133113.

Respetado señor Duarte:

Con atento saludo hemos recibido su comunicación en la que solicita inscripción en
los programas de vivienda del Gobierno Nacional.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

Al respecto le informamos que hemos dado traslado al Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, con fundamento en las funciones que le corresponden a la
citada Entidad.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de
2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 que
regula el Derecho Fundamental de Petición y que sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Le sugerimos estar atento para recibir la respectiva respuesta. En caso de presentar
alguna inquietud, le invitamos dirigirse directamente a esa entidad a través de sus
canales de atención dispuestos en el siguiente link:
http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano […]”. (Resaltado por la Sala)

34. Frente a dicha respuesta, la Sala precisa que, conforme al artículo 1.° de la
Resolución núm. 0987 de 15 de diciembre de 201611, expedida por el Director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es competencia de
dicha entidad, a través de sus dependencias, atender y resolver “[…] 1. Las
peticiones respetuosas en interés general y en interés particular que toda
persona dirija al Presidente de la República o a cualquier funcionario del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con el
artículo 23 de la Constitución Política y sus desarrollos legales y reglamentarios.
[…]”. (Resaltado por la Sala)

35. Igualmente, se observa que, de conformidad con los respectivos reportes de
trazabilidad que allegó el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, generados por el Sistema de Gestión Documental de dicha entidad, es
posible advertir que dicha decisión le fue notificada al actor, tal como se observa a
continuación:

11 “Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición, y se dictan otras disposiciones en el

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

36. Al respecto, la Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)

37. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

37.1. En la sentencia de 19 de abril de 202112, se indicó que:

“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de
2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de

2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

37.2. En la sentencia de 30 de junio de 202013, se expresó que:

“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.

No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».

La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)

38. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que con ocasión de la
remisión que hizo la Presidencia de la República se dio cumplimiento a lo
establecido en el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en la medida en que, si la autoridad no tiene
competencia para responder, deberá remitir la petición a la autoridad competente e
informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.

39. Ahora bien, en lo que concierne al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
la Sala observa que dicha entidad dio respuesta al actor mediante el Oficio
núm. 2021EE0134169 de 18 de noviembre de 2021, de la siguiente manera:

“[…] Señor(a)
GILBERTO ANTONIO DUARTE TORRES
gianduto@hotmail.com

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

Asunto: Solicitud de Información acerca de la Oferta Institucional del MVCT.

Número de radicación: 2021ER0145563

Respetado(a) señor(a),

Como respuesta a la comunicación radicada en la Presidencia de la Republica (sic)
la cual fue trasladada a esta entidad con el número de la referencia citada, mediante
el presente queremos exponer la oferta institucional, con el fin de que se
inscriba a la propuesta que mejor se acomode a su situación particular, de
acuerdo a los requisitos que cada una de ellas requiere; lea atentamente la
siguiente información para poder postularse a las opciones de subsidio que existen
actualmente:

PROGRAMA JOVENES (sic) PROPIETARIOS […]”.

[…]

“[…] Adicionalmente, además del programa de jóvenes propietarios, existen en la
actualidad otros programas de subsidios de vivienda los cuales se relatan a
continuación:

¿Qué es el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana? […]

[…]

“[…] Actualmente existen tres opciones de Subsidios Familiares de Vivienda Urbana
de Interés Social. Puede escoger la opción de su preferencia de acuerdo con las
características y requisitos que presenta cada uno […]”.

[…]

“[…] SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA CASA GRATIS […]”.

[…]

“[…] Requisitos básicos que se deben cumplir para poder postularse […]”

[…]

“[…] Pasos para postularse […]”.

[…]

“[…] En caso de requerir información adicional, esta entidad tiene habilitados los
canales de atención al usuario, correspondencia@minvivienda.gov.co, o puede
ingresar y conocer nuestra oferta institucional a través de la página web
www.minvivienda.gov.co […]”. (Resaltado por la Sala)

40. Al respecto, corresponde a la Sala establecer si el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio cumplió con los requisitos de i) oportunidad ii) que la respuesta

21

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

sea de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y ii) que haya
sido puesta en conocimiento del peticionario; pues, de lo contrario se incurriría en
una vulneración del derecho fundamental de petición.

41. La Sala encuentra que la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del actor en debida forma, tal como se observa a continuación:

42. En cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición, la Sala encuentra
que si bien no se cumplió14 con el término establecido por el artículo 5°. del Decreto
Legislativo núm. 491 de 28 de marzo de 202015, lo cierto es que a la fecha el actor ya
obtuvo respuesta al respecto, por lo que cualquier orden que sobre el particular se
diera en sede de tutela resultaría inane.

14 La Sala precisa que, si bien el Oficio núm. 2021EE0134169 fue expedido el 18 de noviembre de 2021, lo

cierto es que, según la constancia de envío de dicha respuesta al actor, esta solo se envió hasta el 1.° de abril
de 2022.
15 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por

parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del
Estado de Emergencia Económica”.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

43. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha
exigencia, en la medida en que, lo que el actor pretendía con su petición era que se
ordenara la entrega del subsidio familiar de vivienda al que considera tiene derecho
junto con su familia; en tanto que, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le
respondió al tutelante que, para tal efecto, debía inscribirse al programa de vivienda
que mejor se adecuara a su situación particular, para lo cual le hizo saber: i) la oferta
institucional; ii) los requisitos básicos para postularse; y iii) el procedimiento a seguir
para su postulación.

44. Al respecto, la Sala precisa que la Corte Constitucional ha señalado que “[…]
el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que
recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del
solicitante […]”16. (Resaltado por la Sala)

45. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta
que la respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se notificó durante
el trámite de la acción de tutela, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado.

46. La Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ha señalado lo siguiente17:

“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de
la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de
la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante18. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado19 […]”. (Resaltado por la Sala)

16 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2 de marzo de 2012.
17 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
19 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o

judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

Conclusiones de la Sala

47. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, por lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de amparo presentada por Gilberto Antonio Duarte Torres, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202201865-00
Actor: Gilberto Antonio Duarte Torres

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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