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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01878-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01878-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar: DENEGAR el amparo solicitado por la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-01878-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01878-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ELSA BERDUGO PICO

TESIS: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE REVOCA LA
PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE EL AMPARO Y, EN
SU LUGAR, SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta

Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora

contra el fallo de 6 de mayo de 2022, mediante el cual la SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN “C” DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró

improcedente el amparo solicitado.

1 En adelante la Sección Tercera.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01878-01
Actora: ELSA BERDUGO PICO

I – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora ELSA BERDUGO PICO, actuando en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN

CUARTA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE CUNDINAMARCA2, al proferir la providencia de 3 de diciembre

de 2021, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-

37-044- 2019-00154-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 16 de junio de 2017, la Unidad Administrativa

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social -en adelante UGPP-, le envió requerimiento

identificado con el núm. RCD 2017-01009, para que se afiliara al

2 En adelante el Tribunal.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01878-01
Actora: ELSA BERDUGO PICO

Sistema General de Seguridad Social y para que procediera a

declarar y pagar como cotizante los aportes a salud y pensión de los

períodos comprendidos entre enero y diciembre de 2014.

Indicó que el 15 de septiembre de 2017, contestó el anterior

requerimiento indicando que no estaba en la obligación de hacer los

aportes a pensión, dado que ostenta la condición de pensionada; y,

en cuanto a los aportes de salud, que no existía norma que la obligara

como “comerciante” a efectuar esa cotización.

Señaló que el 26 de enero de 2018, la UGPP profirió la liquidación

oficial núm. RDO-2018-00166, en la que determinó las obligaciones

a su cargo por omisión en la afiliación y/o vinculación y pago de los

aportes al Sistema de Seguridad Social en los subsistemas de salud

y pensión durante el año gravable 2014, por la suma de $56.161.700

y le impuso una sanción por valor de $112.323.400, decisión frente

a la cual interpuso recurso de reconsideración.

Afirmó que mediante la Resolución RDC 2018-01775 de 28 de

diciembre de 20183, la UGPP resolvió el recurso incoado, modificando

3 Folios 23-40 del archivo “110013337044201900154-1.pdf” que obra en el documento con certificado

359033D1C118C802 482C62B85215B9C0 67995F20A1E12EC4 773C2959E600162C, índice 9.

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Actora: ELSA BERDUGO PICO

la liquidación oficial en el sentido de eliminar los ajustes por aportes

a pensión, pero mantuvo el valor inicialmente establecido respecto a

los aportes de salud y reliquidó la cuantía de la sanción impuesta,

fijándola en la suma de $46.034.200.

Agregó que inconforme con lo anterior, promovió el medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el numero

único de radicación 11001-33-37-044-2019-00154-00, contra las

resoluciones RDO-2018-00166 del 26 de enero y RDC 2018-01775

del 28 de diciembre de 2018, el cual correspondió por reparto al

JUZGADO CUARENTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ4 que, a través de sentencia de

22 de septiembre de 2020, negó las pretensiones, bajo el argumento

que por su actividad sí le asistía el deber de efectuar el pago

cuestionado y, además que de conformidad con lo establecido en el

artículo 178 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 20125, la UGPP sí

tenía competencia funcional para adelantar la determinación y el

cobro de las contribuciones del sistema de seguridad social.

Adujo que contra dicha decisión interpuso el respectivo recurso de

4 En adelante el Juzgado
5 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”.

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Actora: ELSA BERDUGO PICO

alzada, que fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante

providencia de 10 de septiembre de 2021, confirmó lo resuelto por

el a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que la providencia cuestionada desconoció que a la

administración le corresponde establecer de manera cierta el IBC real

para cada período, procedimiento que no podía ser desatendido por

la UGPP, pretendiendo que fuera ella quien demostrara sus ingresos.

Agregó que el artículo 786 y subsiguientes del Estatuto Tributario no

establecen que el contribuyente deba ser quien esté a cargo de la

prueba de la existencia de ingresos o la periodicidad de su

percepción, por lo cual, en ese caso, la declaración de renta debía

ser considerada por la entidad como un indicio de la capacidad

económica, para determinar el límite de aportes al sistema de

seguridad social, más no podía suplir la carga probatoria que le

correspondía a la administración para acreditar la causación de los

ingresos efectivamente recibidos, los cuales, en su caso eran

inferiores a los determinados por aquella.

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Actora: ELSA BERDUGO PICO

Resaltó que no existe ninguna norma que la obligue a afiliarse y

realizar aportes al sistema de seguridad social, puesto que no es

posible asimilar su condición de comerciante a la de una trabajadora

independiente, habida cuenta que la ley no le otorga tal calidad.

Sostuvo que, al proferir la providencia cuestionada, la autoridad

judicial accionada desconoció el precedente jurisprudencial de la

Sección Cuarta del Consejo de Estado contenido en la sentencia

dictada el 11 de junio de 2020, dentro del proceso identificado con

el núm. único de radicación 05001-23-31-000-2012-00928-01

(21640), ya que en la misma se estableció que el trámite sancionador

tributario no puede ser estudiado bajo formas de responsabilidad

objetiva y que lo determinante para que el sujeto resulte exonerado

de la sanción es establecer “si el «criterio» desplegado por el

administrado tuvo causa en un equivocado juicio de comprensión

sobre la interpretación, vigencia o existencia del tipo infractor y sus

respectivos ingredientes normativos”.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos

fundamentales invocados up supra y, además:

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Actora: ELSA BERDUGO PICO

“[…] esto con el fin de que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B tenga en cuenta
que era deber de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección –
UGPP- demostrar cuáles fueron en realidad mis ingresos, para
que, con fundamento en ello, se establezca exactamente cuál
es el monto que debía reconocer.
Adicionalmente se debió tener en cuenta que no era posible
que fuera sancionada por la presunta omisión en el pago de los
aportes de salud y pensión, específicamente, porque no existe
norma expresa que obligue a los comerciantes a afiliarse y
realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social y que no era
posible asimilarla como trabajadora independiente, puesto que
solo los reglamentos eran los que le daban tal calidad,
argumento que, dicho sea de paso, se propuso en el recurso de
apelación […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El Tribunal solicitó declarar la improcedencia de la acción

constitucional de la referencia por carecer de relevancia

constitucional, en tanto que lo pretendido por la tutelante era

constituir una instancia adicional para discutir asuntos del proceso

ordinario.

Afirmó que la sentencia cuestionada efectuó una interpretación

conforme a los postulados de razonabilidad jurídica y compatible con

la Constitución Política y lo decidido obedeció a un estudio juicioso

de las normas aplicables al caso específico, a la jurisprudencia y a los

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hechos y pruebas obrantes en el proceso, en ejercicio de la

autonomía e independencia de los jueces.

Sostuvo que la discusión jurídica se suscitó porque la actora, entre

otros aspectos, consideró que la providencia controvertida convalidó

que, en efecto, en el año 2014 contaba con capacidad de pago y

omitió realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social;

igualmente, sostuvo que expuso con suficiencia que el legislador

estableció que toda persona con capacidad contributiva está obligada

a realizar el pago de sus aportes sin importar que se trate de rentistas

de capital, asalariados, comerciantes, etc.

Argumentó que la actora persigue una tercera instancia judicial con

la tutela de la referencia, desconociendo que en el curso de las

oportunidades procesales en sede administrativa y judicial, no

cumplió con sus cargas probatorias, pues, si bien la UGPP parte de

unas presunciones que se apoyan en las propias declaraciones

privadas de los contribuyentes de renta, también lo es que al

requerirse más información y soportes a la actora no satisfizo sus

cargas y nunca logró desvirtuar su capacidad contributiva reportada

en la declaración de renta por la percepción de ingresos brutos de

más de dos mil millones de pesos; tampoco allegó los soportes

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respectivos que permitieran realizar la imputación de los ingresos en

meses específicos y, además, omitió realizar los pagos al sistema, lo

cual la obligaba a soportar la imposición de la sanción respectiva.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo

en las resultas del proceso, sostuvo que tanto en el acto de

liquidación oficial como el que resolvió el recurso de reconsideración,

se motivó con suficiencia las razones por las cuales la actora sí estaba

obligada a realizar los aportes al Sistema General de Seguridad

Social.

Destacó que efectuó un estudio exhaustivo de la normatividad y la

jurisprudencia aplicable al caso, por lo que no había ninguna

vulneración a los derechos deprecados y lo que se evidenciaba era

que la actora pretendía usar la acción de tutela para controvertir las

decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después

de haberse agotado un procedimiento establecido en la ley para el

efecto, lo cual, desbordaba la competencia de esa Unidad.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 6 de mayo de 2022, la SECCIÓN TERCERA

declaró la improcedencia del amparo pretendido, en razón a que

había incumplido el requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo que los argumentos expuestos por la parte actora no

cumplían con el requisito de relevancia constitucional, habida cuenta

que fueron los mismos que fueron debatidos, analizados y resueltos

en el trámite del proceso por parte de la autoridad judicial accionada

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el núm. único de radicación 11001-33-37 -044-

2019-00154-01.

Indicó que la accionada se pronunció en la providencia cuestionada,

respecto de los planteamientos expuestos en la solicitud de tutela,

los cuales están dirigidos a controvertir las conclusiones a las que

arribó el juez natural del proceso ordinario, lo que impedía estudiar

el fondo de los defectos alegados, máxime cuando los argumentos

contenidos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

y los de la acción constitucional son similares y estriban en cuestionar

la obligación de afiliarse y aportar al subsistema de salud, la carga

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probatoria en cabeza de la accionante al interior del proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho, y la utilización de la

información consignada en la declaración de renta para determinar

el monto a pagar.

Sostuvo que no basta con manifestar inconformidades respecto de

las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración

de los requisitos especiales de procedencia, puesto que la discusión

queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al

plano constitucional.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia reiterando

los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.

Señaló que la providencia controvertida a través de la presente

solicitud de tutela incurrió en defecto sustantivo, habida cuenta que

la Ley 1151 de 24 de julio de 20076, establece que a la UGPP le

corresponde determinar de manera completa y oportuna la

6 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.

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liquidación la obligación tributaria y, por ende, debía acreditar la

causación de sus ingresos para efectos de liquidar los

correspondientes aportes al sistema de seguridad social.

Destacó que el artículo 786 y subsiguientes del Estatuto Tributario

establecen las circunstancias especiales que deben ser probadas por

el contribuyente ante la administración, entre las cuales no se

encontraba la prueba de la existencia de ingresos o la periodicidad

en su percepción para determinar la liquidación en aportes, por lo

cual le correspondía a la administración la carga de la prueba de

acreditar sus ingresos.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, afirmó que la

providencia cuestionada desconoció la sentencia proferida el 11 de

junio de 2020 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dictada

dentro del expediente identificado con el núm. único de radicación

05001-23-31-000-2012-00928-01 (21640), ya que en la misma se

estableció que el trámite sancionador tributario no puede ser

estudiado bajo formas de responsabilidad objetiva y que lo

determinante para que el sujeto resulte exonerado de la sanción es

establecer si el criterio adoptado por el administrado tuvo causa en

un equivocado juicio de comprensión sobre la interpretación, vigencia

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o existencia del tipo infractor y sus respectivos ingredientes

normativos.

Afirmó que se encontraba exenta de la sanción que le impuso la

UGPP, porque su condición de comerciante, así como la de los

rentistas de capital, es diferente de la de los trabajadores

independientes, pues “[…] dentro de esa expresión están aquellos

que no cuentan con un contrato de trabajo o una relación legal o

reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago para financiar el

sistema, tales como los citados, comerciantes y rentistas de capital

[…]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales

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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

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judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 3 de diciembre de 2021, proferida por el

TRIBUNAL, por medio de la cual se confirmó la decisión del a quo y

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se denegaron las pretensiones de la demanda promovida dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

identificado con el numero único de radicación 11001-33-37-044-

2019-00154-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al

debido proceso, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada incurrió en los defectos de sustantivo y desconocimiento

del precedente judicial.

Los disensos de la actora radican en que, a su juicio, la autoridad

judicial accionada desconoció que (i) a la UGPP le correspondía

establecer de manera cierta el IBC para cada periodo, más no ella

como contribuyente debía ser quien demostrara la existencia de

ingresos o la periodicidad de su percepción; (ii) la información

consignada en la declaración de renta constituía un indicio de la

capacidad económica, pero tal información no suplía la obligación de

la administración de acreditar la causación de ingresos para efectos

de la liquidación de aportes al sistema de seguridad social, sanciones

e intereses; (iii) su calidad de comerciante difiere de la de los

trabajadores independientes, por lo cual, estaba exenta de la sanción

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que le impuso la UGPP.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que declaró la improcedencia del amparo

solicitado, por cuanto incumplió con el requisito de relevancia

constitucional, pues los argumentos planteados fueron los mismos

que fueron debatidos, analizados y resueltos en el trámite del

proceso por parte de la autoridad judicial accionada dentro del

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La impugnación de la actora está estructurada sobre una reiteración

de los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica

inicial, conforme a la cual la autoridad judicial accionada había

incurrido en desconocimiento del precedente jurisprudencial y en

defecto sustantivo, pues la condición de comerciante en manera

alguna puede asimilarse a la de trabajador independiente, por lo cual

no había lugar a la sanción que le fue impuesta por el no pago de

aportes al sistema de seguridad social, máxime aún, teniendo en

cuenta que es a la administración a quien le corresponde la carga de

la prueba de demostrar sus ingresos para conforme a ello, efectuar

las liquidaciones de los aportes correspondientes.

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Afirmó que la providencia controvertida incurrió en desconocimiento

del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia dictada por

la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso

identificado con el número único de radicación 05001-23-31-000-

2012-00928-01 (21640), conforme a la cual se concluía que se debía

exonerar de la sanción que le fue impuesta por la UGPP.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

e incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del

precedente judicial, al haber proferido la sentencia de 3 de diciembre

de 2021 aludida.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que, contrario a lo advertido por el a quo, en el

presente caso se cumple con el requisito de la relevancia

constitucional, por cuanto la parte actora plantea con suficiente carga

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argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad

judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y

desconocimiento del precedente judicial y vulneró sus derechos

fundamentales invocados; contra la decisión cuestionada no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable7 y, por último, la solicitud

identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, la Sala entrará a estudiar si la autoridad judicial

accionada incurrió en los defectos alegados.

Del defecto sustantivo

Frente al defecto sustantivo, la Corte Constitucional 8 ha precisado

que dicho defecto se presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica

una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que

evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los

7
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.

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postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 20099, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma
que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha perdido su
vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecúa a la situación
fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se
le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación
de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del
margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente
errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica
jurídica aceptable tal decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional10 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

9 M.P Mauricio González Cuervo.
10 Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados

por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta al desconocimiento del precedente judicial se

ha determinado que de acuerdo con lo establecido en los artículos

228 y 230 de la Constitución Política, el poder judicial es autónomo

e independiente y los Jueces en sus providencias solo están

sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de independencia

y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la

realización de otros valores constitucionales, según lo ha definido la

Jurisprudencia constitucional. En efecto, en la sentencia T-267 de

2013, la Corte Constitucional puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), que
supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de
trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la que
se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo anterior,
surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente”.

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De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial11.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)12.

Caso concreto

En el presente caso y como ya se dijo antes, la parte actora sostuvo

que al proferir la sentencia acusada el Tribunal incurrió en defecto

11 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
12
Ver sentencia T-292 de 2006.

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sustantivo, toda vez que desconoció las normas que regulan quiénes

son las personas que tienen la obligación de afiliarse y aportar al

subsistema de salud, la carga probatoria en cabeza de la accionante

al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y la

utilización de la información consignada en la declaración de renta

para determinar el monto a pagar por concepto de aportes al sistema

de seguridad social.

Conforme con lo anterior y para resolver el problema jurídico, es

necesario traer a colación la providencia cuestionada con el fin de

verificar los argumentos esgrimidos, así como los fundamentos de la

decisión.

La providencia cuestionada se translitera a continuación:

“[…]5. ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala procede a analizar los problemas jurídicos esbozados con
fundamento en los cargos de violación expuestos en el libelo; los
cuales por metodología se resolverán así:

5.1. Desconocimiento de las normas superiores en que
debían fundamentarse los actos administrativos

La demandante controvierte que la UGPP no tiene sustento legal
para exigirle el pago de aportes a los sistemas de salud y
pensiones, pues la normativa vigente solo previó esa obligación
en cabeza de los trabajadores independientes que no pueden
asimilarse a los comerciantes, esto es, las personas que obtienen

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ingresos en desarrollo de actividades de comercio, frente a los
cuales el legislador no establecido la base gravable para realizar
aportes al Sistema General de Seguridad Social; por esta razón
estima que los actos acusados infringen el principio de reserva
de ley e incurren el falsa motivación.
En el punto, como quedó expuesto en el marco jurídico de esta
providencia, tal postura no tiene asidero, de cara al
cumplimiento de los principios de universalidad y solidaridad en
que se funda el Sistema General de Seguridad Social Integral
(literal b) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993), frente al cual
todas las personas que tengan capacidad de pago tienen la
obligación de afiliarse y contribuir para el sostenimiento del
sistema. Tal como lo puntualizó la Corte Constitucional en la
sentencia C-578 de 2009, al caracterizar dentro del concepto de
“trabajador independiente” a los rentistas de capital y a los
trabajadores por cuenta propia o que desempeñan actividades
por su cuenta y riesgo, al dar alcance a lo establecido en el
artículo 15 del Decreto 3063 de 1989, pues se entiende que el
fin perseguido es incluir a toda persona económicamente
activa con capacidad de pago14.

Postura conceptual que también ha sido compartida por el
Consejo de Estado15, así:

«(…) una interpretación amplia de la expresión “trabajador
independiente” contenida en el numeral 1) del literal a) del
artículo 157 de la Ley 100 de 1993 admite la inclusión de
los rentistas de capital como obligados a cotizar o
aportar al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, bajo el entendido que son personas económicamente
activas que ejercen una actividad económica en forma
personal y directa.
(…)
De igual forma, el alcance dado por la expresión “trabajador
independiente” prevista en la Ley 100 de 1993 [art. 157]
permite cobijar en la misma a los propietarios de
empresas, teniendo en cuenta que se trata de personas
naturales económicamente activas que desarrollan una
actividad de manera personal y directa.
(…)
Así, en virtud de los principios de universalidad y solidaridad,
todos los habitantes de Colombia deben estar afiliados al
Sistema General de Seguridad social en Salud, mediante el
régimen contributivo, si tienen capacidad de pago, o el
régimen subsidiado, si no la tienen.
(…)» (Énfasis de la Sala).

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De acuerdo con lo anterior, reitera la Sala que no es necesario
que las normas relativas al deber de aportar al sistema de
seguridad social a cargo de los trabajadores independientes
deban incluir expresamente a las personas que se categorizan
como rentistas de capital o trabajadores por cuenta propia que
ejercen actividades de manera independiente no sujetos a
contratos de prestación de servicios, pues para los efectos del
marco normativo lo que se propende es que todas las personas
distintas a las empleadas por contrato de trabajo o relación legal
o reglamentaria que tienen capacidad de pago se entienden
incluidos como independientes (sin vínculo) y estos deben
contribuir con la financiación del sistema cuando esté
demostrado que tienen ingresos suficientes que denotan
capacidad de pago.

En consecuencia, al no existir discusión respecto a lo acreditado
por la UGPP sobre la capacidad de pago de la demandante y su
omisión en el pago de los aportes obligatorios al sistema de
seguridad social en salud, así como el deber legal de contribuir
que le asiste en su calidad de trabajador independiente, en tanto
obtuvo ingresos superiores al salario mínimo durante el año
2014 en desarrollo de actividades de comercio, el cargo de
desconocimiento de las normas superiores -por violación del
principio de reserva de ley, en los términos aquí expuestos, no
tiene procedencia, pues ha quedado aclarado que tanto sí existe
norma en la que se entienden catalogados los trabajadores
independientes no vinculados a contratos de prestación de
servicios, como sujetos pasivos de los aportes a salud y
pensiones, por lo cual no está ligada su obligación al desarrollo
de actividades que representen prestación de servicios, pues, se
insiste, es irrelevante el origen de los recursos sino la percepción
de los mismos, sea por dividendos, arrendamientos
participaciones, venta de acciones, honorarios o comisiones,
etc., en tanto lo relevante es la demostración de la capacidad de
pago, aspecto que no está en discusión.

En cuanto al subsistema de pensiones, conforme lo estableció la
Administración, para los periodos objeto de la fiscalización la
señora ELSA BERDUGO PICO tenía la edad de 54, pues nació el
07 de noviembre de 1960, por tanto, no le asistía el deber de
afiliarse y cotizar al Sistema General de Pensiones, según
establecido en el 2° del Decreto 758 de 199016, en concordancia
con el artículo 61 de la Ley 100 de 199317.
Por lo expuesto, el cargo de la apelante no está llamado a
prosperar.

5.2. De la facultad de la UGPP para determinar el aporte a

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los subsistemas de salud y pensión con base en la
presunción de ingresos

El demandante controvierte que la UGPP haya acudido a la
presunción de ingresos para mensualizar aquellos declarados en
el denuncio de renta del año gravable 2014, al considerar que
para el caso de los trabajadores independientes por cuenta
propia no es aplicable la regla de la presunción de ingresos que
se prevé en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, porque lo ahí
dispuesto es para los trabajadores independientes ligados a
contratos de prestación de servicios.

Sobre el particular, debe entenderse superada la discusión con
los argumentos expuestos en precedencia en lo que respecta a
la categorización de los trabajadores por cuenta propia en
ejercicio de actividades liberales dentro del concepto de
trabajadores independientes, por lo cual las reglas para la
definición del ingreso base de cotización que prevé el artículo 25
del Decreto 1406 de 1997 y la presunción de capacidad de pago
del artículo 33 la Ley 1438 de 2011, le son plenamente
aplicables, con lo cual sí era posible que la UGPP tomara la
información obtenida con el cruce de los datos declarados en
renta por el año gravable 2014.

Ahora, frente al procedimiento para determinar los ingresos, el
Estatuto Tributario, en especial los artículos 68618, 74219,
74320 y 74621; que resultan aplicables al procedimiento
adelantado por la UGPP para la determinación de las obligaciones
al Sistema de Seguridad Social y Contribuciones Parafiscales;
esto, en virtud de la remisión expresa que consagra el inciso 6°
del artículo 15622 de la Ley 1151 de 200723; disponen que los
hechos consignados en las declaraciones tributarias se
consideran ciertos; luego, resulta admisible que se verifiquen los
ingresos para realizar los aportes, efectuando cruces con la
información de las autoridades tributarias, más aún cuando así
lo permite el artículo 15 de la Ley 100 de 1993.

Por lo tanto y conforme al marco jurídico expuesto, el IBC se
determina de manera razonada con base en los ingresos
registrados en las declaraciones de los impuestos; al ser el punto
de partida y uno de los principales insumos para realizar la
fiscalización de las contribuciones parafiscales, habida cuenta
que los hechos que se reflejan en los denuncios privados gozan
de presunción de certeza, esto sin desconocer, que por tratarse
de una presunción legal admiten prueba en contrario; además el
aportante, no queda exento de respaldar con pruebas los hechos
que expuso en esos documentos. De otra parte, y para efectos

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de la determinación del IBC se podrán detraer los costos y gastos
incurridos en la actividad productora de renta, siempre y cuando
se cumplan los presupuestos el artículo 107 del Estatuto
Tributario; sin que esto implique una modificación o usurpación
a las facultades de la DIAN para fiscalizar las declaraciones de
su competencia.

[…]

Entonces, como en el presente caso no hay discusión en que la
señora ELSA BERDUGO PICO omitió realizar aportes al
subsistema de salud durante los periodos del 2014, pese a que
obtuvo ingresos superiores al salario mínimo legal mensual
vigente para esa anualidad, como lo estableció la UGPP, y
habiéndosele requerido información con la exposición de los
valores a considerar en el IBC, según su declaración de renta,
con ocasión del requerimiento para declarar y/o corregir, no
desplegó actuaciones probatorias tendientes a desacreditar la
presunción de ingresos y la imputación de valores por periodo,
motivo por el cual no tiene asidero que cuestione la motivación
de los actos, al considerar que incurren en falsa motivación por
no atender la realidad jurídica y económica, ya que pudiendo
haber variado la determinación con los soportes de ingresos
reales imputables a meses específicos y con los documentos que
den cuenta de las erogaciones necesarias en las que incurrió
para obtener las rentas, no atendió la carga probatoria que le
asistía, con lo cual no hay fundamento para desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos acusados, como bien lo
advirtió el a quo en la sentencia de primera instancia.

Debe recabarse que la UGPP, actuó amparada en el orden
jurídico, pues está facultada para verificar las autoliquidaciones
de los aportantes, para lo cual podía solicitar los documentos o
la información necesaria para establecer la existencia de hechos
que generen obligaciones en materia de contribuciones
parafiscales de la protección social, así el artículo 15 de la Ley
100 de 1993, estableció que para determinar los ingresos
efectivamente percibidos, “podrán efectuarse cruces con la
información de las autoridades tributarias y, así mismo,
solicitarse otras informaciones reservadas”; además que como
ya se advirtió, en virtud del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011
la demandada puede tomar los ingresos reportados en las
declaraciones tributarias y con ello presumir la capacidad de
pago.

[…]

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5.3. De la sanción por omisión

Al respecto, el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificada
por la Ley 1819 de 2016, dispone:

[…]

De la norma en cita, es claro que la UGPP puede imponer
sanciones por diferentes conductas, como la omisión o
inexactitud. Respecto a la primera, esta se causa por el
incumplimiento de la obligación de afiliarse a una administradora
del Sistema de la Protección Social y como consecuencia de ello,
no haber declarado ni pagado las respectivas contribuciones; la
segunda, surge cuando se presenta un menor valor declarado y
pagado en la autoliquidación de aportes frente a los aportes que
efectivamente el aportante estaba obligado a declarar y pagar.

La conducta omisiva puede ser sancionada con el 5% del valor
dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes de
retardo, sí se corrige el yerro una vez notificado el requerimiento
para declarar, o será del 10% cuando no presenta y paga las
autoliquidaciones. Como se observa, la norma fija la
proporcionalidad de la sanción dependiendo de la corrección de
la conducta omisiva en las diferentes etapas del procedimiento
administrativo que adelanta la UGPP […]”.

De la providencia transcrita, la Sala advierte que el TRIBUNAL

concluyó frente al primer cargo, esto es, el referente a que la UGPP

no tenía sustento legal para exigirle el pago de aportes a los sistemas

de salud y pensiones, pues la normativa vigente solo previó esa

obligación en cabeza de los trabajadores independientes que no

pueden asimilarse a los comerciantes, esto es, las personas que

obtienen ingresos en desarrollo de actividades de comercio, frente a

los cuales el legislador no establecido la base gravable para realizar

aportes al sistema general de seguridad social, frente al cual

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concluyó que de conformidad con el literal b del artículo 156 de la

Ley 100 de 1993, todas las personas que desarrollen una actividad

lícita y que tengan capacidad de pago tienen la obligación de afiliarse

y contribuir para el sostenimiento del sistema, para lo cual citó

jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que

permitía colegir que a expresión “trabajador independiente” prevista

en el artículo 57 de la Ley 100 de 1993, permitía cobijar en la misma

a los propietarios de empresas, teniendo en cuenta que se trata de

personas naturales económicamente activas que desarrollan una

actividad de manera personal y directa.

Igualmente, resaltó que las sentencias en mención establecían que,

en virtud de los principios de universalidad y solidaridad, todos los

habitantes de Colombia deben estar afiliados al Sistema General de

Seguridad social en Salud, mediante el régimen contributivo, si

tienen capacidad de pago, o el régimen subsidiado, si no la tienen,

por lo cual, era innecesario que las normas relativas al deber de

aportar al sistema de seguridad social a cargo de los trabajadores

independientes incluyeran expresamente a las personas que se

categorizan como rentistas de capital o trabajadores por cuenta

propia que ejercen actividades de manera independiente no sujetos

a contratos de prestación de servicios.

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Respecto al cargo relacionado con la facultad de la UGPP para

determinar el aporte al sistema de salud con base en la presunción

de ingresos, sostuvo que de conformidad con las reglas para la

definición del ingreso base de cotización que prevé el artículo 25 del

Decreto 1406 de 1997 y la presunción de capacidad de pago del

artículo 33 la Ley 1438 de 2011, le son plenamente aplicables, por lo

cual sí era posible que la UGPP tomara la información obtenida con

el cruce de los datos declarados en renta por el año gravable 2014

y, en consecuencia, resultaba admisible que se verificaran los

ingresos para realizar los aportes, efectuando cruces con la

información de las autoridades tributarias, máxime aun, teniendo en

cuenta que el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 lo permite.

Igualmente, evidenció que debido a que la actora demostró capacidad

de pago para el año 2014, al percibir ingresos por valor de

$2.146.069.000, resultaba viable que efectuara los correspondientes

aportes al sistema de seguridad social, sin embargo, la actora nunca

aportó ninguna prueba que permitiera justificar algún yerro en la

determinación del IBC y de la liquidación de aportes realizada por la

UGPP.

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Respecto a la procedencia de la sanción por la omisión, el Tribunal

consideró que no era plausible exonerar a la actora de la sanción por

omisión impuesta, al estar probado que la conducta se cometió, esto

es, la omisión en los aportes al sistema de la protección social en el

subsistema de salud y el no pago de los períodos comprendidos entre

enero a diciembre de 2014, debiendo entonces liquidarse la sanción

conforme al ordenamiento legal aplicable y, en sede administrativa, la

UGPP le aplicó la prevista en la Ley 1819 de 2016, que le resultaba

más favorable.

Lo anterior pone de manifiesto que no se encuentra estructurado el

defecto sustantivo alegado, porque de un lado, la autoridad judicial

accionada bajo la orientación normativa y jurisprudencial expuesta,

concluyó que toda persona con capacidad económica, cuyos ingresos

no provengan de un contrato laboral o de una relación legal y

reglamentaria, clasifica en la categoría de trabajador independiente y,

por ende, debe cumplir con la obligación de afiliarse y cotizar al

Sistema General de Seguridad Social integral mediante el régimen

contributivo.

De otro lado, era claro que no bastaba con que en el proceso ordinario

la actora alegara que la UGPP tenía la carga de la prueba de demostrar

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los ingresos del contribuyente, pues lo cierto es que la UGPP cuenta

con competencia para determinar y liquidar los aportes al Sistema de

la Protección Social y, en virtud de dicha potestad, conforme con el

artículo 1° del Decreto 169 de 2008, puede válidamente efectuar el

cruce de información con otras entidades tributarias e instituciones

financieras y así verificar los valores sobre los cuales se realizó o se

debió realizar la cotización, teniendo en cuenta que la base gravable

debe guardar correspondencia con el total de los ingresos que reciba

el contribuyente como contraprestación de su actividad económica,

independientemente de la modalidad que adopte.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que le asistió razón a la autoridad

judicial accionada al considerar que la información registrada en el

denuncio rentístico de la actora, por la vigencia fiscal 2014, es prueba

legal e idónea de los ingresos que percibió durante los períodos

fiscalizados y que dicho documento al provenir de la propia obligada

acredita con suficiencia su capacidad de pago y, por ende, la obligación

de afiliarse y hacer aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en

salud, circunstancia que, en efecto, invertía la carga de la prueba

debiendo ser la contribuyente quien desvirtuara que los valores

consignados en su declaración, no constituían ingresos y, por lo tanto,

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no era sujeto responsable del pago de aportes parafiscales o lo era por

un menor valor.

Ahora, también es cierto que es deber de los contribuyentes poner a

disposición de la administración, cuando esta lo requiera, los medios

de prueba conducentes, de tal forma que sea posible verificar la

exactitud de los activos, pasivos, ingresos, costos, deducciones y

demás datos consignados en las respectivas declaraciones

tributarias.

Por último, frente a la inconformidad relacionada con la sanción por

omisión, la Sala también encuentra razonable que la autoridad

judicial accionada considerara que era procedente la aplicación de la

misma, habida cuenta que, de un lado, el artículo 1° del Decreto 169

de 2008, establece que la omisión en la afiliación genera un

incumplimiento en la obligación y, de otro lado, al haberse

demostrado el incumplimiento de la actora frente a la obligación de

vincularse en condición de cotizante al Sistema de Seguridad Social

en salud mediante el régimen contributivo y realizar aportes a dicho

subsistema durante los períodos de enero a diciembre de 2014, la

consecuencia era que dicha conducta generara una sanción, sin

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embargo, pese a que la misma fue aplicada, se fijó en virtud del

principio de favorabilidad en esa materia.

Conforme con lo anterior para la Sala el análisis normativo que

efectuó el TRIBUNAL en el ejercicio de la autonomía interpretativa

no fue desacertado, ni arbitrario, toda vez que su decisión está

debidamente razonada y motivada en el sustento normativo aplicable

al caso confrontado con el material probatorio obrante en el

expediente, conforme al cual se concluyó que la actora no logró

desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos

demandados.

Así las cosas, para la Sala es evidente que la decisión cuestionada se

adoptó con fundamento en lo prescrito en la normativa que regula el

caso bajo estudio, de tal forma que la autoridad judicial accionada no

incurrió en el defecto sustantivo endilgado, por lo que el hecho de

que la parte actora no comparta la posición allí dispuesta, no significa

que la decisión sea arbitraria, sino que, de conformidad con la

autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, confirmó

el fallo del a quo.

Ahora, en cuanto al alegado desconocimiento del precedente judicial,

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la parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada

desconoció el precedente jurisprudencial de la Sección Cuarta del

Consejo de Estado contenido en la sentencia dictada el 11 de junio

de 2020 dentro del proceso identificado con el núm. único de

radicación 05001-23-31-000-2012-00928-01 (21640), conforme a la

cual se concluía que se debía levantar la sanción que le fue impuesta

por la UGPP, la Sala advierte que tal pronunciamiento no incidía de

manera alguna en la decisión que adoptó el Tribunal, por cuanto la

ratio decidendi aplicada en dicho precedente invocado por la actora

no es aplicable al caso objeto de estudio, toda vez que corresponde

a una materia disímil y no existe identidad fáctica y jurídica con el

caso sub examine.

Al respecto, resulta oportuno precisar que en la sentencia alegada

como desconocida la demandante ejercía una actividad económica

distinta a la tutelante, quien adujo ser comerciante, entre tanto, en

dicho caso, se afirmó que la actividad principal de aquella era

“…prestar el servicio de transporte de carga por carretera y como

secundaria la cría y venta de ganado bovino y bufalino…”, por lo cual

se consideró que su actividad se enmarcaba dentro de la categoría

de “trabajador independiente” con contrato diferente al de prestación

de servicios personales en su condición de comerciante, empresaria

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y rentista de capital, dadas las actividades que desempeñó, tales

como servicios de transporte, venta de ganado, arrendamientos,

ingresos por rendimientos financieros y dividendos; contrario a lo

afirmado por la aquí tutelante, quien sostuvo que no era posible

asimilar su condición de comerciante a la de una trabajadora

independiente, razón suficiente para que existan diferencias fácticas

importantes y no se configure el defecto por desconocimiento del

precedente judicial invocado.

Ahora bien, el hecho de que la actora no comparta la decisión

cuestionada, no implica la vulneración de los derechos

fundamentales, ni la ocurrencia de algún defecto de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial.

En ese orden de ideas, en la medida que no se advierte vulneración

alguna a los derechos deprecados, la Sala revocará el fallo

impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la

referencia y, en su lugar, denegará la solicitud de amparo

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar:

DENEGAR el amparo solicitado por la parte actora, de conformidad

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de septiembre de 2022.

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ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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